El juez federal Ariel Lijo decidió enviar a juicio oral a la causa en la que se investiga a la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo, que tiene 17 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos, informaron este lunes fuentes judiciales. Además, dispuso la clausura parcial de la investigación, tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal federal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mangano, rechazando los pedidos de sobreseimiento y las nulidades planteadas por las defensas.

A través de un escrito con más de 400 páginas, en la elevación a juicio se les imputó a los acusados "haber formado parte de una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza espiritual".

Además, se apuntó que "captaba personas mediante engaños o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, con el único objetivo de explotar a sus miembros y obtener un beneficio económico".

Y "construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la República Argentina y en los Estados Unidos de América, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes".

La organización contaba con la que participación de aproximadamente 179 alumnos, repartidos entre sus diversas sedes ubicadas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y en las ciudades de Las Vegas, Chicago y Nueva York, a quienes se le otorgaba un rango.

La organización, formada bajo una fachada filosófica del yoga, se organizaba verticalmente en jerarquías, en las que cada número tenía un significado: 4) "el ser humano filosóficamente equilibrado"; 5) "el genio"; 6) "el santo" y 7) "el ángel".

En la cúspide estaba Juan Percowicz, a quien llamaban "el ángel", "maestro" o "papi", y sobre quien los testigos que declararon en la causa dijeron "llegaba Juan al edificio y era como si llegara el mismísimo Dios, todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos", según surge de la causa judicial.

Además, durante los allanamientos fueron secuestrados más de un millón de dólares en domicilios vinculados a los tres líderes de la organización: Juan Percowicz, Marcela Sorkin y Susana Barneix, un monto que no pueden justificar de acuerdo con el patrimonio y la actividad declarada ante la AFIP.

En ese sentido, el escrito aseguró que se logró probar que los acusados "efectivamente formaban parte de una organización delictiva con rasgos de secta coercitiva".

También que "lograron montar una estructura económica basada principalmente en las ganancias obtenidas a partir de la explotación sexual de por lo menos siete alumnas, estructura que les permitía mantener sus abultados gastos, inversiones, compras y viajes".

Además, se verificó que la organización contaba, al menos, con tres ámbitos de captación y despersonalización de nuevos miembros: la "Clínica CMI Abasto", la empresa de coaching "BA Group" y las clases impartidas en el Café de la sede central.

La investigación seinició a raíz de la denuncia realizada por la Protex. en el marco de la Investigación Preliminar Nro. 3540/21, por el funcionamiento de una organización denominada Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), fundada en la década de los 80 y que funcionaba en el barrio porteño de Villa Crespo, contando también con sedes en los Estados Unidos.

Tres personas que estaban siendo explotadas sexualmente fueron rescatadas de un hotel en el barrio de Balvanera, en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación fue impulsada luego de una reunión entre vecinos de la Comuna 3 y las autoridades competentes.

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 21, a cargo del fiscal Federico Battilana, solicitó una orden de allanamiento para el hotel donde se ejercía la prostitución.

La investigación reveló que el hotel ubicado en la zona de Once, era utilizado para la prostitución, especialmente en los sectores de planta baja y entrepiso. Se recopilaron pruebas a través de tareas de campo, revisión de redes sociales, bases de datos y análisis de las grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas.

Rescataron a 16 estudiantes víctimas de explotación sexual: hay remiseros y guías de pesca involucrados

Se comprobó que el propietario del lugar alquilaba habitaciones específicamente acondicionadas para actividades sexuales, las cuales carecían de condiciones higiénicas y de seguridad adecuadas. Con las pruebas obtenidas, el fiscal Battilana solicitó y obtuvo la autorización para el allanamiento por parte del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 23.

Durante el procedimiento, se encontraron varias mujeres ejerciendo la prostitución, violando la clausura impuesta al lugar. Se confiscaron diversos elementos de prueba, incluyendo teléfonos celulares, una réplica de plástico de un revólver, cuchillos, cortaplumas, registros de pasajeros, documentación relevante, preservativos y dinero en efectivo.

Como resultado, se ordenó la clausura de todas las habitaciones investigadas, bloqueando el acceso con placas de madera. Los responsables del delito, un hombre y una mujer, fueron imputados y serán citados a comparecer ante la fiscalía en los próximos días.

(Por Joaquín Fidalgo) – María Altagracia Henriquez Mota fue detenida el pasado martes en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la ciudad de San Nicolás, en un operativo de la Policía Federal. Estaba prófuga desde mediados de 2019 y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 3 millones de pesos para quien ayudara a capturarla. Está acusada de explotar sexualmente al menos a cinco mujeres, entre las que figuran dos de sus hijas. Ella fue indagada este viernes por el fiscal federal que tiene en sus manos la causa, el doctor Gustavo Onel.

El doctor Onel sostiene que María Altagracia era cómplice de un conocido proxeneta que ya fue condenado en 2021: José Luis Vega. Este hombre fue sentenciado a 5 años y medio, y enviado al penal de Marcos Paz, por “explotación económica del ejercicio de la prostitución, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”.

Para el fiscal, Henríquez Mota -junto con Vega- habría acogido a S.D.P. y A.M.M. (se reservan las identidades por tratarse de víctimas) en el prostíbulo que funcionaba en calle Alvear al 1300 de la ciudad de Rafaela, con la finalidad de explotarlas sexualmente, desde una fecha no precisada y hasta el 9 de mayo de 2018, cuando Gendarmería allanó el edificio.

En el marco de la investigación, también se supo que la mujer, antes de cometer los mencionados delitos en Rafaela, había tenido como “último domicilio conocido en calle 39 Nº 1957, localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe”.

La mujer fue hallada por las fuerzas policiales en un domicilio de la localidad de San Nicolás.

El funcionario determinó también que lo mismo hizo María Altagracia con otras tres mujeres (P.R.H., Y.J.L. y A.R.H.) hasta el 25 de mayo de 2019, cuando se produjo un segundo allanamiento en el mismo local clandestino.

Cayó la dominicana que vivió en Venado y tenía pedido de captura internacional

Según se habría establecido, Vega era quien proporcionaba el domicilio para que las mujeres residan y ejerzan la prostitución. La mujer, por su parte, sería quien organizaba y administraba el local.

Durante el allanamiento de 2019 a la casa de calle Alvear los gendarmes incautaron preservativos con y sin uso, geles íntimos y documentación con anotaciones relacionadas a cifras diarias, gastos, deudas y referencias.

Para la Justicia, se habría demostrado que, en ese domicilio, los acusados obtuvieron un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los “pases” realizados por las víctimas. La documentación encontrada comprobaría que las mujeres explotadas aportaban la mitad de lo que recibían por sus servicios. El valor de cada pase en aquel momento oscilaba entre los 400 y los 1.500 pesos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación emitieron una resolución en el Boletín Oficial (891/2022) para dar con el paradero de María Altagracia Henríquez Mota, de nacionalidad dominicana, quien tiene un pedido de captura activo desde mayo de 2019, por el delito de “Explotación sexual, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad Ley 26.842, (Art. 145 bis y 145 ter. inc. 1, inc. 4 y penúltimo párrafo del CP.) en un domicilio ubicado en calle Alvear Nº 1384, ciudad de Rafaela provincia de Santa Fe”.

El mensaje puntualiza que se ofrece “como recompensa dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos tres millones ($3.000.000), destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que permitan lograr la aprehensión”.

Agregando además que la prófuga (DNI Nº 94.937.193) tuvo como “último domicilio conocido en calle 39 Nº 1957, localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe”, ampliando así el espectro de búsqueda.

Además resuelven que “las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de este Ministerio, al número telefónico de acceso rápido 134”.

Y agrega que “el pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada preservando la identidad del aportante”.

Un operativo simultáneo en Francia, España y Colombia, desmanteló una red de trata que explotaba al menos a medio centenar de mujeres latinoamericanas en ciudades francesas. Como resultado al menos doce personas fueron detenidas.

La comisaria Elvire Arrighi, jefa de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Seres Humanos (Ocrteh) en Francia, explicó que las víctimas, de entre 20 y 40 años, eran “principalmente colombianas y venezolanas, pero también de Perú y de Paraguay”.

La red, cuya organización era piramidal, era dirigida desde Colombia por una pareja formada por un colombiano y una venezolana. Las victimas eran reclutadas bajo “promesas de un futuro mejor” en Europa y cobraba los beneficios, que alcanzaban hasta 30 millones de euros anuales.

Al respecto, la comisaria aseguró que el dinero que recibían las mujeres era un monto “que podían difícilmente ganar en sus países de origen”, y la necesidad de “enviar dinero a sus familias” hacían que permanecieran “bajo la influencia de esta red”.

Por último, destacó la “cooperación internacional inédita” entre Francia, Colombia y España, que demuestra que “ante un crimen organizado sin fronteras, las fuerzas policiales pueden aliarse, incluso más allá de los océanos”.

Los investigadores consideraron que la red recaudó “como mínimo” cinco millones de euros, equivalente a 5,3 millones de dólares anuales con la explotación sexual de las víctimas, aunque “las estimaciones pueden elevarse hasta los 20 a 30 millones de euros”.

Durante el operativo policial se arrestó a la pareja en Colombia, seis personas más en España y cuatro en Francia, aunque de nacionalidad española y colombiana.

El caso comenzó hace dos años, tras la denuncia interpuesta por dos mujeres en Burdeos, al suroeste de Francia, y a partir de septiembre de 2021 la justicia francesa abrió una investigación “por proxenetismo, trata de seres humanos agravada, blanqueo en banda organizada y asociación de malhechores”.

Lograron rescatar a 16 estudiantes víctimas de trata en Corrientes y se desarticuló una banda que operaba en dos ciudades. La red incluye a guías de pesca que se encargaban de ofrecer el servicio sexual a turistas. También hay involucrados remiseros que se encargaban de trasladas a las jóvenes hasta un lugar acordado.

Hay 11 detenidos y se allanaron a nueve domicilios en Corrientes y Paso de la Patria. La investigación la realizó la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de Corrientes de la Policía Federal. El operativo se concretó el sábado tras una investigación que se inició en abril.

Las mujeres eran obligadas a realizar trabajos sexuales para hombres, en su mayoría turistas, que a su vez eran captados por personas que se presentaban como guías de pesca. “Cuando captaban su confianza, les ofrecían los servicios sexuales de diversas mujeres y se ponían en contacto con los tratantes que les enviaban un álbum de fotos para los clientes”, de acuerdo al reporte difundido por la Policía Federal.

Personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales hizo un seguimiento con patrullajes virtuales, escuchas telefónicas y trabajos de campo con filmaciones del traslado de las mujeres hacia los encuentros sexuales, tras lo cual el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes ordenó nueve allanamientos el último sábado.

Como resultado, fueron detenidas 11 personas (una de ellas mujer) que formaban parte de la banda dedicada a la trata de personas y fueron rescatadas 16 mujeres, la mitad que se encontraba en una de las viviendas y la otra mitad cuando eran trasladadas para encuentros sexuales. Durante los operativos fueron secuestrados también siete automóviles, dinero en pesos y dólares, dos armas de fuego, plantas de marihuana, celulares y computadoras, entre otras documentaciones.

Las mujeres fueron asistidas por personal de la Oficina de Rescate de víctimas de delito de Trata de Personas correntina, según informó la Policía Federal.