A raíz de la recepción de un Oficio del Juzgado Federal de Bell Ville, los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Villa María", Córdoba efectuaron el registro de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Corral de Bustos.

Como resultado, los funcionarios rescataron a una ciudadana mayor de edad, de nacionalidad boliviana que presentaba indicadores de trata de personas con fines de explotación laboral.

Asimismo, se secuestraron 1.487.400 pesos argentinos, 60 pesos bolivianos, tres celulares, tres computadoras portátiles, dos CPU, un digital vídeo recorder (DVR) y elementos de interés para la causa.

Con respecto a la ciudadana, fue asistida y posteriormente trasladada hacia el "Polo Integral de la Mujer" dependiente de la Secretaría de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la ciudad de Córdoba.

Este accionar contó con la participación de personal del Departamento de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de AFIP, e integrantes del Escuadrón Seguridad Vial “Villa María” dependiente de la Agrupación XX “Córdoba”.

Luego, raíz de la información brindada por parte de Interpol Uruguay, la Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata a cargo de Laura Mazzaferri tomó competencia e intervención del hecho.

La mujer fue rescatada del interior de un vivienda ubicada en el barrio San José en la calle Dorrego al 2900 en un procedimiento solicitado por el juez Santiago Inchausti, informó La Capital de Mar del Plata. En ese lugar funciona una especie de playón de estacionamiento con una vivienda al fondo.

Durante el operativo la Policía logró rescatar a la mujer y detener al principal implicado, un hombre de 70 años, mientras que además secuestró el teléfono celular, ropas y pertenencias de la víctima.

La víctima habría sido retenida con el objeto de no solo de someterla a explotación laboral y realizar tareas domésticas sino también para apropiarse de sus haberes jubilatorios. El cuerpo de inteligencia de la Policía Federal pudieron rescatar a la mujer en momentos en que lograba salir del domicilio.

Los policías se pusieron en contacto discretamente en contacto con ella y corroboró la situación en la que vivía en el lugar. Tras reunir más pruebas, la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata encabezó el procedimiento junto con la oficina de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata de personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A su vez, desde la dependencia municipal le garantizaron un lugar en un hogar de tránsito para que permanezca alojada.

Las nuevas normas son una respuesta a la explosión del trabajo a domicilio como consecuencia de la pandemia del Covid-19, según el Partido Socialista, en el poder en Portugal.

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Según la nueva normativa, los empresarios podrían ser sancionados por contactar con los trabajadores fuera del horario de oficina. Esta regla se extenderá a todos los trabajadores, no sólo a los que teletrabajan. Se permiten excepciones por razones de “causa mayor” limitadas a situaciones realmente imprevistas o urgentes, informa Jornal de Negocios.

Las empresas también tendrán que ayudar a pagar los gastos ocasionados por el trabajo a distancia, como el aumento de las facturas de electricidad e Internet.

Pero las modificaciones de la legislación laboral portuguesa tienen límites: no se aplicarán a las empresas con menos de diez empleados.

Las empresas pueden ahora enfrentarse a multas por ponerse en contacto con los trabajadores fuera de su horario normal de trabajo, según la nueva normativa.

También se prohíbe a los empresarios vigilar a sus empleados mientras trabajan en casa.

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Sin embargo, los diputados portugueses rechazaron una propuesta para incluir el llamado “derecho a la desconexión”, es decir, el derecho legal a apagar los mensajes y dispositivos relacionados con el trabajo fuera del horario de oficina.

La nueva normativa también es una buena noticia para los padres de niños pequeños. Ahora tienen derecho a trabajar desde casa sin tener que acordarlo previamente con sus empleadores, hasta que su hijo cumpla ocho años.

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El juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, ordenó el allanamiento de una finca ubicada en Concordia. Allí rescataron a personas, entre ellos un menor, que eran explotadas laboralmente. Hubo dos detenidos.

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El operativo fue a instancia de una solicitud de la fiscal Josefina Minatta. En el predio, conocido como El Duraznal, encontraron a ocho personas, incluida un niño de 13 años, trabajaban en condiciones infrahumanas.

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Las víctimas, oriundas de la provincia de Misiones, se encontraban en condiciones de explotación, carentes de agua potable, sanitarios y luz eléctrica. Vivían en carpas precarias hechas con toldos de naylon negro y puntales de madera. Dormían sobre colchones que eran elevados del piso con troncos y comían en condiciones precarias.

En el operativo intervinieron profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos y el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (GOIP) de Gendarmería Nacional Argentina, de Concordia.

Fueron detenidos, en ese contexto, el dueño y el patrón de la estancia.

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Imagen ilustrativa

La Policía Federal Argentina, rescató a cinco personas víctimas de explotación laboral en una zona rural de la localidad santafesina de Las Bandurrias.

Como consecuencia de una exhaustiva investigación que comenzó en noviembre de 2020, el personal de la División Unidad Operativa Federal San Francisco detectó un campo llamado “San Julián” (ubicado en proximidades al kilómetro 115 de la Ruta Provincial 40, en la Localidad de las Bandurrias) donde se explotaba laboralmente a un grupo de personas.

Ante esta situación, el Juzgado Federal de Rafaela, a cargo del Dr. Reinando Rubén Rodríguez, ordenó el inmediato allanamiento del predio.

Los policías presentes lograron rescatar a cinco personas, dos de ellas menores de edad. El encargado del lugar, que resultó imputado, abusando de la necesidad de trabajo de estas cinco personas, les prometió a sus víctimas estabilidad laboral y remuneraciones acorde a lo establecido en el convenio colectivo de trabajo rural.

Sin embargo, una vez que se hallaban en el lugar, sólo se les abonaba 1.000 pesos semanales y se los obligaba a realizar trabajos de cuidado vacuno, alambrado, siembra y mantenimiento de maquinaria agrícola.

A su vez, se los sometía a vivir en condiciones precarias y bajo un régimen laboral de 16 horas durante los siete días de la semana.

Vale la pena destacar que, durante los operativos, se contó con la colaboración de funcionarios del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, del RE.NA.T.R.E. (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El peón, de 43 años, había sido llevado engañado a ese lugar, con la falsa promesa de conseguirle una vivienda para él y su mujer, y un empleo. Los inspectores estiman que el objetivo del empleador no era tenerlo para trabajar, ya que nunca tuvo las herramientas ni menos trabajo registrado, ni salario mínimamente decente. 

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) delegación Santa Fe Sur participó el martes 13 de abril del allanamiento y rescate de un peón rural con indicios de situación de reducción a la servidumbre y trata de persona con fines de explotación laboral durante un operativo en un establecimiento agrícola en el sur de Santa Fe, realizado junto a la UATRE Delegación Rosario, Gendarmería Nacional, el Programa Nacional de Rescate, y el apoyo de Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas.

A través de un allanamiento sorpresa en un campo dedicado a la siembra de soja ubicado en cercanías del casco urbano de la ciudad de Villa Mugueta, en sur de la provincia de Santa Fe, las fuerzas federales ingresaron por la fuerza al predio donde se ubica una precaria vivienda para formalizar el rescate de un trabajador rural para requisar la vivienda, toma de muestra de agua y de huellas dactilares entre otras acciones instrumentadas por fiscalía federal. 

El peón, de 43 años, había sido llevado engañado a ese lugar, con la falsa promesa de conseguirle una vivienda para él y su mujer, y un empleo. Los inspectores estiman que el objetivo del empleador no era tenerlo para trabajar, ya que nunca tuvo las herramientas ni menos trabajo registrado, ni salario mínimamente decente. 

El trabajador relevado no se encontraba registrado en la seguridad social, percibía una remuneración de $ 20.000 por mes, trabajando de lunes a lunes y se le descontaban los alimentos. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]