La morosidad en el pago de las expensas viene aumentando con fuerza en Rosario, según advierten con preocupación desde el Consejo Asesor de la Vivienda local.

Es que con la desregulación de los contratos de alquiler, sumado a los aumentos de servicios e impuestos, quienes tienen que alquilar “no están llegando”, señaló a El Litoral el referente de la entidad, Ariel D’Orazio.

“Esto provocó que la oferta de alquileres en la ciudad crezca, pero las personas no logran pagar los alquileres, lo que tira la demanda hacia abajo, sumado a las complicaciones para afrontar los costos corrientes”.

En este sentido, “venimos detectando que en el último trimestre el aumento de la morosidad en el pago de las expensas, por ejemplo, aumentó un 30%, aunque estimamos que hay mucho más y que podría incrementarse próximamente ese número en un 40, 50%; Estábamos en un 18% el año pasado. Se incrementó un 50% a esta fecha”.

D´Orazio contó que detectan morosidad “tanto para pagar alquileres como expensas”. Además de los aumentos de luz y agua en nuestra provincia, las expensas también incrementaron notablemente.

“Vemos que hay una morosidad que venía en el alza en el pago de expensas. Estamos en un pico máximo en los últimos años. Se va generando una bola de nieve. Hoy tenemos muchas mediaciones para resolver situaciones de morosidad con intereses muy difíciles de abordar porque vienen muy golpeados".

A partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el nuevo presidente de la Nación en diciembre pasado -apenas asumió-, quedaron sin efecto las leyes 27.551 y la 27.7370, que regían los contratos de alquileres, y a partir de ese momento se firman contratos en los que priman los acuerdos entre partes.

Haciendo un rápido recorrido por el microcentro de la ciudad, se puede vislumbrar que los negocios están vacíos exponiendo el desplome de la demanda en el ámbito comercial local.

“Cuando alguien vuelca una propiedad al mercado locativo, quizás pueda estar un mes sin habitarse. Eso era algo que no estaba sucediendo en los últimos tiempos porque la demanda superaba la oferta en materia habitacional”, añadió D’Orazio.

“Esta supuesta autoregulación del mercado, que nos ofrecen como una panacea, claramente está fracasando y se lleva puesto a ciento de miles de argentinos producto de la especulación del mercado y de la deshumanización que plantea el gobierno al retirar las leyes y dejar a inquilinos e inquilinas mano a mano frente a inmobiliarias o propietarios”.

“Aunque se plantea que ha crecido la oferta de propiedades en alquiler, comparada con diciembre del año pasado, en otro contexto, la demanda ha caído mucho, producto de un desfasaje económico cuando la expectativa de rentabilidad del mercado supera ampliamente las posibilidades de las económicas de quienes alquilan", concluyó.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) aseguran que la oferta de inmuebles en alquiler comenzó a crecer. Mientras que el 17 de octubre de 2023 en la ciudad la oferta disponible de departamentos en alquiler era de 500 propiedades y el 19 de octubre de 481, en el nuevo año -el 3 de enero de 2024- la cifra ascendió a 554 y el 9 de enero a 703 unidades, según datos del portal Propia que agrupa a la oferta de los profesionales matriculados en el colegio y es el resultado de un trabajo que lleva adelante el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Explican que la reactivación tiene que ver con que en la región arriba del 80% de los propietarios tiene entre 1 y 2 propiedades y esto quiere decir que un inmueble desocupado no se puede “aguantar” más de uno o dos meses sin alquilar.

La tendencia del mercado muestras número en crecimiento, pero el panorama todavía es incierto y el final está abierto. Agrupaciones que representa los inquilinos se manifestaron en contra del DNU y realizaron presentaciones para dejar sin efecto el decreto.

Desde que entró en vigencia la nueva ley de alquileres a nivel nacional, en Rosario nunca se logró adaptar, tanto por malestar de los propietarios como por parte de los inquilinos. Es por eso que el Congreso tiene pendiente reformularla para poder encauzarla de un modo que encuentre un equilibrio.

La Oficina del Consumidor elaboró un informe en el que expone que 7 de cada diez consultas que les llegan por parte de las personas tiene que ver con incumplimientos a la nueva ley nacional de alquileres.

En ese orden, el coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda de la oficina del Consumidor, Ariel D’Orazio, indicó a Mirador Provincial que entre los principales puntos de los reclamos se destacan, por ejemplo, cobro indebido de expensas no habituales, las cuales las inmobiliarias no las reconocen, “en un contexto de liquidación de expensas poco claras”.

En concreto, en base al relevamiento realizado en la primera mitad del año por parte de la oficina, se detectó que la mitad de las presentaciones fueron motivadas por problemas vinculados al alquiler, 45% por cuestionamientos a los administradores de consorcio y el 5% restante por denuncias formuladas por usuarios a empresas que comercializan planes de financiación anticipada para la adquisición de viviendas o construyen casas prefabricadas.

En el ranking de lo más consultado se destacan las expensas poco transparentes en las que se cobran asuntos que debería pagar el propietario y no el inquilino como las expensas extraordinarias que “no se repiten periódicamente”.

Para tener una dimensión de qué tipo de acciones son las que generan confusión, D’Orazio señaló: “Las impermeabilizaciones de los edificios, la compra de artefactos, cerraduras eléctricas, cámaras de seguridad, entre otras que deben afrontar los dueños y no los inquilinos”.

Otro punto que resaltó el funcionario es que los tres años de contrato impuestos por la nueva ley “no se cumplen”. “Se detecta entre los seis meses y un año los contratos, de modo de eludir los índices que regulan los alquileres, según establece la nueva legislación”; también, vemos problemas en aumentos desmedidos en renovaciones contractuales (que no regula la nueva ley)”.

“Otros casos que estuvimos observando es que se fija un valor mayor a la hora de firmar el contrato de locación y luego se bonifican los primeros seis meses, lo cual es ilegal y son muchas inmobiliarias que lo están haciendo”, añadió.

“En el informe expresamos que nos encontramos con falencias graves que tienen los administradores como balances y rendición de cuentas, falta de convocatorias de asambleas ordinarias y extraordinarias, lo que generó que, ahora, los y las inquilinas nos busquen para conocer si las administraciones de sus edificios están inscriptas o no, de modo de chequear si están operando dentro de la ley o de forma ilegal”, continuó D’Orazio.

En la línea telefónica gratuita de la Oficina (0800-666-8845) se recibieron, en el primer semestre del año, 145 llamados, un promedio de 15 por día, lo que está por encima del total de llamados recibidos en igual periodo de 2022.

En las redes sociales (@rosarioconsumidor y en su web oficinaconsumidor@concejorosario.gov.ar) se mantiene estable el caudal de consultas. Se recibe un promedio de 9 consultas por día, llegando a 1107 en este período.

Hay que contemplar que este malestar no es exclusivo de la ciudad de Rosario, sino que se vislumbra conflictos a nivel general en todo el país, desde que se instaló la nueva ley de alquileres.

De las denuncias recibidas de este tipo, el 67% tuvo una resolución favorable, un 10% negativa y un 23% se encuentra en trámite. Y también aumentó el porcentaje de extranjeros que se quejaron por el alquiler, llegando a un 5% de las denuncias radicadas, según informan desde la Oficina del Consumidor.

Es por eso que el Congreso de la Nación tiene prevista una sesión especial pautada para el próximo 23 de agosto, tras las elecciones primarias nacionales, que si reúne los 129 diputados para habilitar el quórum se abocaría a analizar un proyecto que reduce a dos años el plazo del contrato de alquiler y ajustes en periodos por debajo de lo interanual, entre otros ítems.