La causa Vialidad volvió a tener un movimiento judicial de alto impacto. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de Cristina Fernández de Kirchner y de Lázaro Báez, y ordenó ejecutar 111 bienes inmuebles para cubrir el decomiso fijado en el expediente.

La medida alcanza a propiedades vinculadas a la expresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, al empresario santacruceño y a firmas ligadas a su estructura empresarial. El objetivo es resarcir al Estado nacional por el fraude determinado en la causa, valuado en $685.000 millones.

Según el fallo, el decomiso comprende 84 inmuebles de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner, 19 de Máximo y Florencia Kirchner, dos de Austral Construcciones S.A., tres de Kank y Costilla S.A. y dos de Loscalzo y Del Curto S.R.L.

La Sala IV de Casación ordenó ejecutar 111 inmuebles en el marco de la causa Vialidad. Foto: Reuters

La decisión fue firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. La mayoría del tribunal rechazó los cuestionamientos contra la resolución del Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que los criterios usados para identificar los bienes decomisables fueron adecuados.

En esa línea, los jueces remarcaron que no es exigible una reconstrucción contable perfecta de cada flujo de dinero en expedientes de criminalidad económica organizada y prolongada en el tiempo. Para Casación, en estos casos alcanza con establecer una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable.

La sentencia también dejó una definición fuerte sobre el sentido del decomiso. Los magistrados entendieron que exigir un rastreo exacto y absoluto del dinero terminaría vaciando de contenido una herramienta central para recuperar activos provenientes del delito.

Los activos decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema para su administración y eventual venta.

Las defensas de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner habían objetado el decomiso de varios inmuebles al sostener que parte de esos bienes provenían de herencias de Néstor Kirchner o de cesiones posteriores, incluso ajenas al período investigado en la maniobra delictiva.

Además, argumentaron que algunos inmuebles habían sido adquiridos antes del lapso temporal analizado en la causa y que, por lo tanto, no existía un nexo directo entre esos activos y los fondos de origen ilícito. También invocaron la buena fe de los adquirentes.

Casación rechazó esos planteos. El voto mayoritario sostuvo que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, siempre que exista una vinculación razonable con la maniobra investigada.

La defensa de Lázaro Báez y de otros condenados también cuestionó la medida. Su argumento central fue que no había una fundamentación suficiente para vincular de manera concreta cada uno de los inmuebles con los beneficios obtenidos del delito.

Ese criterio tampoco prosperó. La mayoría de la Sala IV entendió que, dada la fungibilidad del dinero y su mezcla con activos lícitos, no puede exigirse una trazabilidad absoluta bien por bien para habilitar el decomiso en una estructura de corrupción de largo alcance.

Hubo, sin embargo, una diferencia parcial dentro del tribunal. Mariano Borinsky acompañó los lineamientos generales del fallo, pero consideró que en el caso de algunos inmuebles heredados por los hijos de la expresidenta existían defectos de fundamentación. Por eso propuso anular esa parte y ordenar un nuevo pronunciamiento.

El voto mayoritario no aceptó esa disidencia y confirmó la ejecución total del decomiso. De esta manera, la Justicia avanzará sobre los 111 inmuebles identificados para transformar esos activos en recursos que permitan cubrir el monto fijado como perjuicio al Estado.

El fallo dispuso además que todos los bienes decomisados pasen a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Será el máximo tribunal el que quede a cargo de su administración y de una eventual venta, en el marco del proceso de ejecución.

La resolución reabre así un capítulo sensible de la causa Vialidad, una investigación que giró alrededor del direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, con sobreprecios, incumplimientos y contratos otorgados de manera sistemática.

La causa ya había terminado con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ese fallo sigue siendo uno de los expedientes más pesados del frente judicial de la exmandataria.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple la pena bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. Ahora, el nuevo paso de Casación vuelve a poner el foco en la dimensión patrimonial del caso y en la recuperación de activos vinculados a la maniobra investigada.

El fallo no reabre la discusión sobre la responsabilidad penal, pero sí acelera una consecuencia concreta de la condena: la ejecución del decomiso para intentar resarcir económicamente al Estado por el daño fijado en el expediente.

La Justicia federal de Lomas de Zamora procesó con prisión preventiva a Micaela Sánchez, tesorera de la firma Sur Finanzas. El juez Luis Armella la acusó formalmente por el delito de encubrimiento, en el marco de una causa que investiga a la financiera por presunto lavado de activos.

Micaela Sánchez fue procesada por encubrimiento y seguirá detenida.

El fallo se conoció este martes, luego del allanamiento realizado en un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera, donde Sánchez se encontraba junto a dos choferes. En el procedimiento se incautaron seis celulares, una computadora, documentación y otros elementos relevantes para la causa.

Los dos acompañantes también fueron procesados, aunque el magistrado les concedió prisión domiciliaria tras el pedido de sus abogados.

El juez Armella ordenó tres allanamientos y secuestró celulares y documentos.

Sur Finanzas pertenece a Ariel Vallejo, un empresario con vínculos directos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. La investigación apunta a determinar si desde esta firma se habrían canalizado fondos de origen ilícito vinculados a negocios del fútbol y otros rubros.

Tras el operativo en Turdera, la Justicia ordenó dos nuevos allanamientos: uno en el mismo depósito y otro en el domicilio de Sánchez. Los resultados de esos procedimientos aún no fueron informados públicamente.

El expediente avanza con reserva, pero todo indica que se ampliarán las medidas y que podría haber nuevos imputados en las próximas semanas.

(Por María José Valdéz e Ilenana Hotschewer) - El 20° Congreso Internacional de Fopea fue un punto de encuentro para pensar el periodismo en tiempos de hiperconexión, automatización y producción acelerada de contenidos. Entre las charlas más comentadas estuvo la que compartieron Gustavo Grabia e Hernán Lascano, bajo el eje “De la política al estrado: el expediente como noticia”.

Después de su exposición, Grabia conversó con este medio y profundizó sobre la relación entre el periodismo judicial y el territorio. Su mirada fue directa: “Se ha perdido la costumbre de salir a la calle a buscar la noticia”.

Grabia no se refiere solamente a ir a juzgados, comisarías o fiscalías. Para él, la calle es el espacio donde los hechos adquieren textura, contexto y humanidad. Es el lugar donde la información deja de ser archivo y vuelve a ser experiencia.

“Estamos acostumbrados a la virtualidad y al mensaje por whatsapp. Pero ir al lugar de los hechos cambia completamente la mirada”, señaló.

Durante la charla, Grabia recordó una anécdota de sus primeros años en Clarín, que sintetiza su concepción del oficio.

“Cuando pusieron la tarjeta de entrada, me decían que estaba poco en la redacción”, contó. “Un día el director me llamó y me dijo que no estaba cumpliendo las siete horas. Y yo le contesté: preocúpate cuando me veas siete horas acá adentro. Porque eso significa que no voy a traerte ninguna nota de verdad”.

Grabia destacó la importancia de “volver a la calle” como práctica profesional.

Para Grabia, el riesgo de producir periodismo desde la comodidad de la pantalla es evidente: la información se vuelve repetición, y la agenda se uniforma. “Si estoy sentado mirando lo que pasa en la televisión o en redes, voy a terminar contando lo mismo que cuentan otros”, dijo.

El periodismo judicial carga con el mito de que la información se encuentra únicamente en manos de jueces y fiscales. Grabia desarma esa idea: “La fuente no es solo quien lleva la causa. El expediente lo ven muchas personas. Hay abogados, defensores, investigadores, empleados. El acceso es más amplio de lo que se cree”.

Sin embargo, también advierte sobre los límites éticos. “Cuando una causa está bajo secreto de sumario, solo la conocen el fiscal y el juez. Y ahí es donde entra la responsabilidad del periodista. Aunque uno tenga información, debe preguntarse si publicarla entorpece la investigación o afecta a víctimas”.

La noción de responsabilidad aparece como un tema central. No se trata solo de contar. Se trata de comprender la dimensión del daño posible. “No todo lo que se sabe debe publicarse. Ese límite lo define el criterio, y el criterio se construye con experiencia”.

Grabia lleva años investigando episodios vinculados a barras bravas y violencia en el fútbol argentino. Es autor de libros que se han convertido en referencia para entender este fenómeno social y cultural. Pero, aun con trayectoria, reconoce que hay casos que lo marcaron.

“No está bien decir que uno le toma cariño a una causa, pero pasa. Sobre todo cuando la víctima no tenía nada que ver con lo que ocurrió. Cuando alguien muere porque estaba cerca, porque pasaba por ahí. En esos casos, el vínculo con la familia te cambia”.

Esa conexión, dice, también moldea la escritura. La precisión se vuelve una forma de respeto. La distancia entre investigación y empatía se vuelve delgada. Y la humanidad debe pesar más que la primicia.

El reciente episodio violento ocurrido en el partido entre Independiente y la selección de Chile volvió a abrir la conversación sobre el rol de las barras y la cultura futbolera.

Para Grabia, nada ocurre de manera espontánea. “Para que algo así pase, se tienen que conectar varias redes neurales. Y ese día se conectaron todas mal”.

El panel abordó la relación entre el expediente judicial, las fuentes y la responsabilidad periodística.

Explicó que todo comenzó con la provocación desde la tribuna visitante, pero la respuesta escaló a niveles extremos por la interacción entre distintos actores: hinchas, barras, fuerzas de seguridad y autoridades del estadio.

“No fue solo la barra. Parte del estadio alentó que fueran a enfrentarse. Y después hubo facilidades internas para que eso sucediera. Hubo puertas que se abrieron. Hubo policías que miraron hacia otro lado”.

Grabia sostiene que la violencia en el fútbol persiste porque es un fenómeno culturalmente aceptado. “No hablo de todos, pero sí de buena parte del hincha argentino, que cree que la barra ‘defiende los colores’. Está metido en el imaginario”.

Por eso, modificar esa lógica requiere más que reforzar controles. Requiere discutir el sentido mismo de pertenencia y rivalidad en el fútbol.

Un hombre fue imputado luego de haber robado en el juzgado el expediente que lo involucraba en una causa por haber dado positivo en un control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,48 gramos de alcohol en sangre.

El hecho se registró en las últimas horas en la ciudad neuquina de Villa La Angostura donde el funcionario del Ministerio Público Fiscal, Gustavo Vázquez, formuló cargos a un sujeto que se escapó con el expediente.

Conductor borracho puso a su hijo de 11 años al volante y volcaron en la ruta

El delito que le atribuyó fue sustracción de objeto destinado a servir de prueba ante la autoridad competente. El episodio acerca del control de alcoholemia ocurrió el 18 de marzo de 2022.

Según informaron los medios locales, alrededor de las 10:50 de este jueves, el imputado se dirigió al organismo para solicitar ver el expediente y cuando lo tuvo en las manos, comenzó a forcejear con personal del lugar que se lo había entregado, logró tomarlo y escapó.

El juez de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses. Durante la audiencia, se puso en conocimiento del magistrado que existe la posibilidad de resolver el caso a través de un proceso de mediación penal.