En segunda instancia, la justicia santafesina consideró que corresponde a su jurisdicción el caso contra el ex ministro de Seguridad y ex titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, conocido en los medios como la “causa espionaje”, aunque técnicamente no corresponde esa denominación sino la de otras figuras como la de “uso indebido de datos”, entre otras, como “abuso de autoridad”.

El fallo difundido al mediodía del viernes 14 comprende también los pedidos de los ex funcionarios Esteban Montenegro, María Agustina Moulins, Nadia Schujman, Débora Cotichini, Milagros Bernard, Diego Rodríguez y Pablo Álvarez, que según el caso se desempeñaron en el Ministerio de Seguridad o en el MPA.

“Conforme los supuestos de hechos que habría planteado la acusación en las audiencias imputativas, por las acciones que habrían desplegado los imputados estaríamos en presencia de ilícitos de competencia de la justicia ordinaria, la mayoría de ellos vinculados a la función pública (Abuso de Autoridad, Peculado, Malversación de Caudales Públicos, etc.). Es por estos fundamentos que considero que corresponde la competencia de los tribunales de la Provincia, para la investigación y juzgamiento de posibles ilícitos penales cometidos por personas que ejercían funciones públicas en la administración central provincial”, dice el magistrado.

Con este nuevo traspié judicial, al ex ministro Sain y sus colaboradores en esa cartera y en el órgano de la Acusación le queda por delante la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para completar las quejas por agravios presentadas por la defensa.

En los considerandos, el juez entiende que se debe confirmar lo resuelto en primera instancia, “aunque con distintos fundamentos”. Y se explaya: “no se puede compartir el análisis que efectúan los acusadores de los tipos legales. En efecto, los tipos penales contemplados en la Ley 25.520, son delitos especiales, que requieren que los sujetos activos reúnan las cualidades exigidas por la propia norma”, vinculada al espionaje ilegal en el ámbito del Estado federal dentro de la denominada “Ley de Inteligencia Nacional”.

En otras palabras, “no es correcto la interpretación que efectúan los acusadores, de que cualquier funcionario o empleado puede realizar las conductas prohibidas en el cuarto de la Ley 25.520, sino solo aquellos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional. Así, entonces, cuando la ley prescribe una pena a “todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes… 25.520… ” (art. 43 ter, Ley 25.520-t.o. Ley 27.126), debemos entender que refiere a cualquier funcionario o empleado público que integre el Sistema de Inteligencia Nacional, quedando excluídos todo otro empleado o funcionario, ya sea nacional o provincial, que no forme parte de dicho sistema”, tal el caso de los funcionarios provinciales tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial.

En los últimos días, Marcelo Sain volvió a ser noticia en la provincia, a partir de que se divulgaron fragmentos de grabaciones enviadas -seguramente por whatsapp- desde el celular del ex ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y ex titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Las publicaciones periodísticas que han revelado los audios, así como los medios que luego las reprodujeron, carecen de una información clave para establecer cuál es el valor de los dichos de Sain: el momento en que se realizaron. De todos modos, está claro que se trata de afirmaciones, imputaciones e incluso una autoincriminación que de ser cierta hubiera vulnerado derechos humanos elementales, que parecen expresadas en una conversación privada del ex funcionario del gobierno provincial y del Poder Judicial (que mantuvo esos dos cargos simultáneamente).

Sain es investigado por espionaje ilegal. De esa causa provienen las nuevas grabaciones. Se desconoce si ese material será o no parte de las pesquisas de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Ambos allanaron en noviembre de 2021 las oficinas de esa cartera e incautaron bases de datos y teléfonos que ahora “se filtraron” según las publicaciones mencionadas y que, cabe destacar, por decisión judicial dejaron de estar bajo reserva y tuvieron acceso a ella tanto los imputados como sus abogados defensores. En tanto, hasta ahora no hay ningún imputado formal por esa causa.

Primero se divulgaron en Rosario audios que lo muestran como partidario de métodos violentos contra los ciudadanos y con amenazas a rivales dentro del MPA. En ellos habla de la posibilidad de detener a una funcionaria y generar un escándalo, se expresa con tono y palabras amenazantes sobre quienes lo investigan (para entonces seguramente ya ha dejado de ser el ministro de Seguridad), y llega a expresar que sería bueno que “a los rosarinos” el “Guille” (de la banda de los Monos) los “cague a tiros”.

“Hay que buscar un caso, tipo Ana Morel, detenerla, y ahí producir el escándalo”. Morel es una funcionaria proveniente del Ministerio de Economía de la provincia, de confianza del titular de esa cartera Walter Agosto, que fue enviada a Seguridad justamente después de la salida de Sain como responsable de la administración financiera.

En otro audio, dice “Salí al balcón y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo; la vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin comer y sin agua”, señala Sain en lo que luce como una de expresión autoincriminatoria o una fanfarroneada que revela su pensamiento profundo. Y que de ser cierta vulneraría garantías básicas en materia de derechos humanos de los detenidos.

En un tercero nombra a Carlos Arietti, fiscal regional de Santa Fe, sobre quien también descarga expresiones amenazantes. “Hay una denuncia de Arietti por espionaje ilegal, yo no tengo problema con eso. ¿Pero esto cómo va a terminar? Con violencia, porque a mí me gusta a los hijos de puta cagarlos a trompadas u otra cosa”.

En otro, parece ironizar sobre la repercusión que causara su declaración a un medio porteño respecto de que ya no iba a Rosario “porque lo iban a cagar a tiros”, en tono de (inconveniente) broma. “Qué maravilla boludo, la mariconeada de todo el progresismo putarraco de Rosario porque dije que los iban a cagar a tiros. Me encanta, que el Guille los recontra cague a tiros”, sostiene el ex ministro.

Otro audio con la voz de Sain parece recoger una conversación, o un mensaje a un interlocutor no identificado: “La política engorda a estos tipos. El otro día me quería convencer Omar que tenía que juntarme con Perona y el habló una hora a Perona. Por supuesto, terminó Perona de hablar con Perotti y difundió a cuatro vientos, después me enteré, de que había hablado una hora con el gobernador. Es pueblerino, Santa Fe es un gran pueblito y tiene un sistema político de mierda, pueblerino, aldeano”, dice el ex funcionario, no se sabe cuándo. ni a quien, ni el propósito de sus expresiones, sobre el titular del Poder Ejecutivo Provincial junto al apellido del fallecido “rey del juego ilegal en Rafaela” según la expresión que se repite en esa ciudad.

El Litoral La provincia de Santa Fe había solicitado formalmente constituirse como querellante en la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por el presunto delito de espionaje ilegal y asociación ilícita. Las supuestas irregularidades habrían sido cometidas mientras se desempeñaba como ministro de Seguridad de Santa Fe. Según confirmó a El Litoral el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, el escrito con la solicitud redactado por el fiscal de Estado, Rubén Weder, fue ingresado ante la Fiscalía de Delitos Complejos. Los fiscales intervinientes (Mariela Giménez y Ezequiel Hernández) fueron los encargados de remitir, con el dictamen respectivo, las actuaciones a la Oficina de Gestión Judicial. Se deberá constituir, luego, un tribunal para resolver. Este mediodía fue aceptado el pedido del fiscal de Estado, Rubén Weder, y el Ejecutivo podrá intervenir en el asunto que tiene como involucrados a varios ex funcionarios de la gestión que encabezó Marcelo Sain, en Seguridad. Mientras tanto, avanza en el ámbito de Fiscalía de Estado la investigación administrativa que, también por decreto, ordenara el año pasado el gobernador para intentar desentrañar qué fue lo que sucedió en el Ministerio de Seguridad mientras lo conducía Marcelo Sain.

Por Luis Rodrigo (El Litoral)

El director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, dijo que concurrirá a la Comisión de Acuerdos que lo ha citado para el próximo miércoles 27 de octubre. El ex ministro de Seguridad ha sido convocado en el marco de un proceso por realizar actividades políticas públicamente, pese a formar parte del Poder Judicial y confirmó que asistirá aunque tiene la chance de presentar un escrito.

El funcionario del MPA ha dicho que irá, pero puso como condición que la sesión de esa comisión que integran ocho diputados y cuatro senadores sea pública y con la presencia de la prensa. El Litoral consultó a miembros de Acuerdos, revisó antecedentes y recurrió a cronistas memoriosos: todos coincidieron en que “es de práctica” que Acuerdos sesione a puertas cerradas. No hay antecedentes de que haya deliberado, tomado alguna entrevista o recibido información directa de un funcionario de otro poder con la presencia de periodistas y mucho menos de cualquier otro ciudadano.

El detalle no es menor porque fue esa cuestión la que sirvió de excusa a Sain para no concurrir, en febrero de este año, a una invitación a una “reunión de trabajo” que le había formulado al entonces también ministro de Seguridad, la comisión de esa área de la Cámara de Diputados. Por entonces, sus exigencias no fueron satisfechas por la mayoría opositora y el presidente de la Comisión, el diputado radical Juan Cruz Cándido rechazó la posibilidad de abrir las puertas ante el tipo de información que iba a ventilarse. Finalmente, como se trataba de un requerimiento sin las formalidades previstas en la Constitución, el encuentro no se produjo.

Ahora la situación es distinta: Acuerdos citó formalmente a Sain para que se defienda, lo que hasta ahora no ha hecho y ya se ha cerrado la primera etapa de recolección de pruebas por parte del miembro de la comisión bicameral que actúa como acusador, el senador radical Lisandro Enrico (General López), que es quien presentó la denuncia.

Enrico advirtió que ya restablecido a sus funciones como titular del OI del MPA, Sain siguió hablando públicamente como si fuera ministro, con una fuerte carga político partidaria en medios de comunicación y en sus redes sociales, donde -por ejemplo- en su perfil de twitter se presentaba al mismo tiempo como “peronista” y como titular del Organismo de Investigaciones. La filiación partidaria luego fue quitada, pero como otras pruebas colectadas por el legislador del sur, figura en el expediente por el que puede ser sancionado por el Poder Legislativo.

Al cierre de esta edición, no había aún ingresado un escrito del ex ministro en su calidad de integrante del MPA. En al menos dos publicaciones periodísticas se adelantó que esta semana (la anterior a la que ha sido convocado) habrá un escrito de Sain para la comisión que preside el diputado radical Fabián Bastia. Los trascendidos periodísticos sobre ese documento hablan de objeciones a la potestad de los legisladores de aplicar sanciones a integrantes de los institutos de la acusación y la defensa pública en el sistema penal santafesino, una cuestión que ya fue legitimada por la Corte Suprema santafesina. (Tanto la ley que les otorga a los diputados y los senadores la chance de suspender o separar de sus cargos a fiscales y defensores como los procedimientos establecidos por la norma son parte de la sentencia del máximo tribunal a la que se han opuesto asociaciones de fiscales).

El texto parece tener la intención de dejar en claro que no se convalida desde la posición de Sain esa facultad del Poder Legislativo y contiene según esas publicaciones un adelanto importante: el ex ministro piensa pedir una medida cautelar contra el proceso en marcha.

El caso contra Sain por la “violación del ’89”, así se nombra al tema en los pasillos de la Legislatura, no debe ser confundido con otro intento anterior de la oposición mayoritaria de aplicarle una dura sanción. El 1ro de julio, en la sesión conjunta de ambas cámaras, se impuso un cuarto intermedio al tratamiento de una suspensión con la reducción a la mitad de su salario. Por entonces, de la jueza laboral Paula Calace Vigo ordenó pasar al archivo ese proceso iniciado por el MPA ante Acuerdos. La mayoría optó entonces por no tomar una definición y llevar la cuestión ante la Corte santafesina, tarea para la que el diputado Bastia fue designado en aquella sesión.