Este viernes, en la Sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, el tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Hebe Marcogliese y Facundo Becerra condenó al exfiscal regional Patricio Serjal a la pena de 9 años de prisión efectiva, multa e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Se lo halló culpable de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, cohecho pasivo agravado por funcionario publico y peculado de servicios. Por otra parte, se lo absolvió de la acusación de falsedad ideológica.

Por otra parte, también fue condenado Nelson Ugolini, un empleado judicial que cuando ocurrieron los hechos investigados trabajaba bajo el mando del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que declaró como imputado colaborador en la causa y fue condenado.

A Ugolini, de 38 años, se le impuso una pena de 5 años de prisión efectiva, multa e inhabilitación especial por el termino de 10 años para ocupar cargos u empleos públicos por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho pasivo en carácter de autor.

Los Fiscales Marisol Fabbro, José Luis Caterina y María de los Ángeles Granato atribuyeron a ambos haber conformado una asociación ilícita integrada además por al menos, Gustavo Ponce Asahad (condenado), Leonardo Peiti (condenado), Maximiliano D. (ya imputado), David P. (fallecido), Alejandro Torrisi (condenado) y otras personas no identificadas.

Según se pudo determinar en la investigación, el objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegales y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente.

Para ello, los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.

Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 hasta el 24 de julio de 2020. Se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela, siendo el centro de sus decisiones y negocios la ciudad de Rosario, donde viven sus organizadores.

La Asociación ilícita tuvo tres organizadores: Alejandro Torrisi, Leonardo Peiti y Patricio Serjal. El resto de las personas antes nombradas participaron de la misma en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.

El tribunal dio por probado que Patricio Serjal fue el organizador de la cobertura judicial, quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal.

Alejandro Torrisi le aseguraba a Leonardo Peiti la continuación de la organización, la cobertura policial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.

Peiti tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades.

Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal.

Se valió para ello de la participación de Torrisi, quien aprovechando sus influencias se encargó de vincular a Leonardo Peiti con el ex Fiscal Regional Patricio Serjal y el ex Fiscal Gustavo Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal. El resto de las personas antes nombradas participan de la misma en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.

Patricio Serjal usufructuando ilegalmente su rol como Fiscal Regional de la circunscripción Rosario le brindó a Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función, a cambio de dinero que éste le entregaba periódicamente. Para ello se valió del ex Fiscal Gustavo Ponce Asahad quien se contactaba con Leonardo Peiti, recibía dinero y cumplía con las indicaciones que Patricio Serjal le daba a los fines de evitar que prosperen investigaciones penales.

Los Fiscales Alejandro Benítez y Marcelo Nessier imputaron al exfiscal Mariano Ríos Artacho por abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones en la Fiscalía Regional 2. La atribución delictiva fue realizada este jueves en sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la ciudad de Rosario.

Ríos Artacho se desempeñó como fiscal hasta el 25 de junio del año pasado, luego de renunciar a su cargo.

De acuerdo con la investigación, los funcionarios del MPA también le atribuyeron la autoría de los delitos de lesiones leves dolosas y amenazas.

La presente investigación se enmarca en el Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, que tiene como una de las prioridades institucionales la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos.

Benítez y Nessier explicaron que "uno de los hechos que le atribuimos al imputado fue cometido en el ejercicio de sus funciones como fiscal adjunto". Al respecto, indicaron que "el 29 de noviembre de 2022, el imputado dispuso que un vehículo que se secuestró en el marco de un allanamiento sea entregado en carácter de depositario judicial a un comisario de la provincia".

Los fiscales remarcaron que "esta persona era amiga personal del exfiscal y mantenía con él un vínculo de apego y compañerismo" y aclararon que "por la función que cumplía, el imputado conocía que su accionar era contrario a la legislación vigente".

En cuanto a los otros delitos imputados, los funcionarios del MPA precisaron que "se atribuyó otro hecho cometido el 14 de junio del año pasado en el Casino City Center Rosario".

"El exfiscal se acercó a un hombre y, luego de mantener una discusión con él, le propinó golpes de puño y patadas", relataron Benítez y Nessier. "Después, amenazó a la víctima", agregaron.

Carlos Retamal Este miércoles 16 de febrero, en el marco de una audiencia llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal, se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre el ex fiscal regional Patricio Serjal, quien está imputado en una causa por haber cobrado coimas para no investigar al capitalista del juego clandestino, Leonardo Peiti. Para liberarlo, le impusieron varias restricciones, entre ellas la entrega de pasaporte, la prohibición de salir de Rosario, que siga adelante con un tratamiento psicológico y que abone una caución de 10 millones de pesos. El juez Guillermo Llaudet revocó la decisión que había tomado la magistrada de primera instancia Eleonora Verón, que había extendido la prisión domiciliaria del ex funcionario judicial, quien está imputado de los delitos de cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y en grado consumado; cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con y falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en carácter de coautor y en grado consumado; omisión de persecución en carácter de coautor y en grado consumado y peculado de servicios en carácter de autor, y consumado. La audiencia de apelación había sido solicitada por la defensa del ex fiscal. Cabe remarcar que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada se opusieron a la apelación y solicitaron que el imputado continúe en prisión preventiva con modalidad domiciliaria como la venía cumplimentando hasta el momento. Sin embargo, el juez de 2ª Instancia, Guillermo Llaudet hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso revocar la resolución de primera instancia donde se dictaba la prisión preventiva, sustituyéndola por una medida cautelar no privativa de la libertad con reglas alternativas a la prisión preventiva. El ex fiscal tiene prohibida su salida del país; deberá entregar a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) su DNI y los pasaportes tanto nacional como extranjero, si lo tuviere; evitar todo tipo de contacto, acercamiento o reunión –tanto personal como telefónico o por cualquier instancia de comunicación– con los restantes coimputados o testigos vinculados a cualquiera de las causas en que se encuentra involucrado y hacer frente a caución por una suma no inferior a la de diez millones de pesos. Además, deberá comparecer semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial y mantener las condiciones de abordaje terapéutico dispuestas al momento de concedérsele la prisión domiciliaria. Serjal estaba detenido desde agosto de 2020 y en febrero pasado, el juez de primera instancia, Carlos Leiva, le concedió la prisión domiciliaria, por cuestiones de salud.