Hay en la Argentina una desembozada pelea de modelo político -de plata y poder- entre Javier Milei que reclama a los gobernadores bajar impuestos distorsivos -en especial Ingresos Brutos- y gobernadores que no ceden el recurso alegando que sin rutas, escuelas y salud -que Nación abandonó- el país se hunde.

Más aún, en la carrera electoral es una disputa tan fuerte, Martín Llaryora, el gobernador cordobés, dijo el jueves ante empresarios del Coloquio de Idea que “si el modelo no genera empleo, inversión y trabajo, a la larga en los países democráticos se cae”. Fue una frase pronunciada en un helipuerto de frontera, entre el diagnóstico y la amenaza.

¿Debe la Argentina achicar más el gasto o cobrar más impuestos? La pregunta -que bien puede definir la propuesta de una y otras fuerzas hacia los comicios- tiene por ostensible ausencia a los pagadores de impuestos. Y los empresarios dejaron ayer en el Coloquio un relevamiento que deja en evidencia que hay una añosa deuda de la política a la hora de contabilizar la mejor respuesta.

ARCA calcula que la Argentina tiene una tasa de evasión del 37% en el Iva; en Colombia es 23%, en Chile 19% y en Uruguay 15%. Si el país redujera su tasa de evasión al promedio de esos vecinos, mejoraría la recaudación 4 puntos porcentuales del PBI, es decir la mitad de lo que hoy se recauda por impuestos distorsivos, con Ingresos Brutos, retenciones y tasas municipales por servicios que no se prestan.

Matías Surt, socio-director de Invecq y profesor de Macroeconomía UBA-UCEMA-CIAS, expuso los resultados del trabajo de un año de la “célula fiscal” de los empresarios reunidos en IDEA.

"Pasamos de un gasto público que en promedio en los ‘90 representaba aproximadamente 29 puntos del PBI; nos fuimos a 43 puntos en el año 2015, que fue el récord de la serie", reseñó el especialista.

Comentó que “en los últimos 10 años y obviamente muy concentrados en el esfuerzo fiscal que hizo este gobierno en 2024 particularmente y lo pudo mantener durante el 2025, hemos visto una reducción a 32,5, que es lo que estimamos que va a estar cerrando este año”.

Añadió Surt que “de esos 10 puntos y medio, 8 puntos y medio fueron reducción del gasto público nacional, un 1,8 puntos es reducción del gasto público provincial y 0,2 puntos del PIB es una reducción del gasto público municipal”.

“Que el jefe de Gabinete reasigne partidas”, dice la oposición cuando aprueba leyes que incrementan el gasto. “No se pueden cumplir las leyes que no asignan recursos”, replica el oficialismo. La dialéctica es institucionalmente corrosiva.

El informe del especialista de la Célula Fiscal de Idea les recordó a unos y otros que el Pacto de Mayo señala un gasto de 25 puntos del PBI. Los recursos tributarios están en 27,8 puntos del PBI y los no tributarios facilitan el polémico superávit fiscal.

“La voracidad recaudatoria pisa las asignaciones específicas: eso no es ahorro fiscal”, se quejó el gobernador Ignacio Torres, de Provincias Unidas, en un panel junto a su par cordobés. “Eso es subejecución presupuestaria y tenemos que hacernos cargo de la seguridad, de la educación, de la justicia ordinaria, de las rutas nacionales”, añadió en precisa descripción.

Para Surt, la perspectiva del abordaje es otra. El sector formal de la economía es el que paga impuestos, por lo que la carga tributaria efectiva va del 35% al 52% según la cadena de valor (a más eslabones, más impuesto distorsivo de Ingresos Brutos por su efecto cascada).

La distorsión se hace más aguda si se tiene en cuenta además que es una carga efectiva sobre el sector formal de la economía, que es por definición el que paga los impuestos.

“Cuando uno mira la composición interna de esta carga tributaria, encuentra que entre el 20% y el 35% de todos los impuestos que están contenidos en estos productos son esos impuestos distorsivos”, detalló.

“Aceptar que la estructura tributaria argentina tiene que ser relativamente alta no implica necesariamente aceptar que la estructura impositiva tenga que recaer sobre impuestos distorsivos, es decir, que tenga que depender de los peores impuestos que existen para el desarrollo del sector privado”, advirtió Surt.

“Tampoco se deben aceptar los altos niveles de evasión que hacen que esa alta carga tributaria, además de distorsiva, recaiga de forma muy despareja y muy desigual entre empresas, segmentos y mercados.

“La estructura impositiva actual, que es la que tenemos que cambiar, genera principalmente tres problemas”, dijo el analista. “Imposibilita la inversión y el crecimiento económico, encarece bienes y servicios para el consumidor genera una competencia desleal entre los formales y los informales”.

El fenómeno “pone en desventajas a las empresas exportadoras que quieren salir al mundo, que quieren salir a la cancha y que compiten con importaciones en un contexto de apertura económica que creemos que es muy beneficioso, pero siempre que nivelemos la cancha”.

“Ingresos brutos es uno de los impuestos más distorsivos que existe. Por supuesto que sí”, reconoció el gobernador de Chubut. Tras referir un proceso de baja progresiva en su provincia, reclamó de la Nación un abordaje “más amplio que la discusión solamente en términos fiscales”.

Para Llaryora, “hay que armar una reforma integral, de varios temas, no solo de los fiscales”. Recordó que su provincia tiene leyes de promoción fiscal (no cobra IIBB y Sellos) pero pidió una “discusión franca, equitativa y federal”.

“Tiene que haber un marco general de un modelo de país… y sobre ese marco hacer las reformas tributaria y laboral. Argentina tiene que enganchar hacia la producción para generar trabajo y la sostenibilidad fiscal”, concluyó.

La cantante colombiana dejó España hace meses, pero aún debe resolver cuestiones judiciales por presuntamente haber defraudado a Hacienda años atrás.

Ahora, Shakira está llamada a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de este año por una supuesta evasión fiscal de U$S 16,2 millones, que habría tenido lugar en los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014.

Son hechos sobre los que la artista defiende su inocencia. Afirma “haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas”, informó su equipo legal.

Pero a esta causa además se le suma otra investigación por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal en 2018, tal y como notificó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya este pasado mes de julio.

Si bien hasta este martes se desconocía el alcance de esta segunda investigación, se filtró el texto de la querella presentado por la Fiscalía provincial de Barcelona en la que acusa a Shakira por defraudar otros US$ 6,4 millones a la Hacienda española. De este monto, US$ 5,61 millones (5,3 millones de euros) corresponderían a la cantidad no satisfecha por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y US$ 819.000 (773.000 euros) por los rendimientos de la actividad que desarrollaba.

Al residir en España, la Fiscalía entiende que la artista debía tributar la totalidad de su renta mundial sin importar dónde se hubiese producido y cualquiera que fuera la residencia del pagador. Sin embargo, denuncia que la cantante no lo hizo y omitió declarar rendimientos derivando las rentas a una estructura societaria con presencia en “países de baja tributación y alta opacidad”, así como que dedujo gastos que no procedían.

Su equipo legal manifestó: “No se ha recibido notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella en relación con el ejercicio 2018”. Además, aclararon que su equipo de abogados están centrados en la preparación del juicio por los ejercicios 2012 - 2014 que comienza el próximo 20 de noviembre.

Los delitos contra la Hacienda Pública que motivan la denuncia de la Fiscalía por el ejercicio fiscal de 2018, comprendidos en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal son castigados en España con la pena de prisión de dos a seis años y una multa del doble al séxtuple de la cuota defraudada.

Ante el arranque de las vacaciones de invierno, la AFIP destinó medio millar de inspectores en centros vacacionales en busca de evasores, la mirada está puesta en quienes eligieron como destino centros de esquí o se alojan en hoteles de lujo y cabañas. 

Según indicaron fuentes del organismo, las tareas de fiscalización ya comenzaron y se dispusieron decenas de multas y cierres de locales. El objetivo de la campaña desplegada es reducir la evasión y aumentar la recaudación, en medio de las dificultades que tiene el Estado para achicar el desequilibrio fiscal. 

Por ello la mira de los agentes que buscan maniobras de evasión tributaria y fraude laboral está puesta en centros de esquí, restaurantes, hoteles y comercios que reciben a turistas con capacidad contributiva. 

Como resultado de las tareas la AFIP ya hicieron 350 controles impositivos sobre diversos establecimientos. De acuerdo a esta primera etapa, los agentes detectaron “graves inconsistencias en materia laboral”, dijeron fuentes de la AFIP. También se verificaron irregularidades tributarias que llevaron a labrar casi medio centenar de actas de infracción. 

Los procedimientos se centran en ciudades que durante la temporada de invierno tengan mayor afluencia de turistas con elevado poder adquisitivo, como Las Leñas (Mendoza), Bariloche y San Martín de los Andes, entre otros. 

La AFIP además fiscalizará el acceso a parques temáticos, restaurantes y bares; cadenas de hoteles de lujo y cabañas de alta gama. 

En Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Juan, San Luis, Salta y La Rioja las tareas se concentrarán en comercios, gastronomía y alojamientos. 

Las tareas de fiscalización y control consisten en verificaciones electrónicas y presenciales sobre la facturación de las firmas, el pago de impuestos y los medios de cobro y el cumplimiento con obligaciones de registración de empleados. 

Unos 32.746 contribuyentes recibieron intimaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por una gama de inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas tales como valuación de inmuebles en el exterior, uso de facturas apócrifas, liquidaciones de granos no declaradas y la falta de presentación de declaraciones juradas referidas a rendimientos financieros. Las inconsistencias se detectaron a partir de las fiscalizaciones electrónicas automáticas, que son verificaciones y controles no presenciales que se basan en información de distintas bases de datos para detectar el eventual incumplimiento tributario, explicaron fuentes vinculadas al tanto de las intimaciones. A raíz de falta de respuestas en las fiscalizaciones, la AFIP intimó a 32.746 contribuyentes para que procedan aclarar las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, confirmaron fuentes del organismo recaudador. Las principales razones por las cuales se iniciaron fiscalizaciones electrónicas están vinculadas a la falta de presentación del Impuesto Cedular, liquidaciones de granos no declaradas, subvaluación de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales y utilización de facturas apócrifas. También se detectaron rendimientos no declarados por diversas inversiones financieras en el Impuesto a las Ganancias, acreditaciones del exterior no declaradas y falta de declaración de contratos de arrendamiento. Los datos de la AFIP muestran un elevado nivel de respuestas de los contribuyentes a estas fiscalizaciones, que fueron rectificando declaraciones juradas y cumplieron la pretensión fiscal. No obstante, el organismo identificó a un grupo de contribuyentes que no cumplieron con los requerimientos o que no se allanaron a la pretensión fiscal. La herramienta es utilizada por la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont, y a lo largo de los últimos dos años, los ingresos generados por la herramienta automática superan los $ 4.500 millones en casi dos años. Las notificaciones enviadas este lunes por el organismo representan el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial que, ante la persistencia de los incumplimientos por parte de los contribuyentes, permitirán profundizar en el análisis de las inconsistencias identificadas. Las misivas enviadas por la AFIP al Domicilio Fiscal Electrónico de los contribuyentes incumplidores recuerda la vigencia hasta el 15 de marzo de 2022 de la moratoria establecida por la Ley de Alivio Fiscal. El plan de regularización permite incluir obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021. La herramienta ofrece un avance tecnológico en materia de fiscalización para abordar distintas maniobras que afectan la recaudación, y el mecanismo permite realizar fiscalizaciones de amplio alcance a partir de distintas fuentes de información que, en la mayoría de los casos, no requieren ningún tipo de información adicional de los contribuyentes.

Con información de Télam