Un importante avance judicial se produjo a partir de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, que permitió localizar y detener a Eugenia Rosa Pontoriero, una mujer que había sido condenada originalmente a prisión perpetua y cuya pena, posteriormente conmutada a 25 años de prisión, aún se encontraba vigente.

La investigación fue impulsada por la fiscal adjunta subrogante Larisa Celeste Barucca, quien desarrolló distintas diligencias destinadas a establecer el paradero de la condenada, luego de advertirse irregularidades vinculadas con el cumplimiento de su régimen de prisión domiciliaria.

Según surge de los antecedentes judiciales, Pontoriero había sido condenada el 20 de abril de 2006 a prisión perpetua, mediante una sentencia dictada por el entonces juez penal de Melincué, Fernando Vidal.

Posteriormente, el 7 de octubre de 2010, aquella pena fue conmutada a 25 años de prisión, estableciéndose como fecha de vencimiento el 15 de marzo de 2029.

En mayo de 2013, la Justicia de Ejecución Penal de Rosario le había concedido el beneficio de prisión domiciliaria, inicialmente en un inmueble de Venado Tuerto.

Sin embargo, con el transcurso de los años comenzaron a registrarse irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impuestas, particularmente por cambios de domicilio efectuados sin autorización judicial.

Incluso, en junio de 2018, la Justicia había evaluado la posibilidad de revocar el beneficio, aunque finalmente resolvió mantenerlo bajo un último apercibimiento ante la eventual constatación de nuevas irregularidades.

La investigación de la fiscal Barucca permitió establecer que la condenada ya no residía en el domicilio informado a la Justicia.

En efecto, a partir de un informe policial confeccionado el 29 de octubre de 2026, se constató que en el inmueble señalado como lugar de cumplimiento de la prisión domiciliaria residía otra persona, quien manifestó vivir allí desde hacía aproximadamente dos años y desconocer a Pontoriero.

Frente a esta situación, la fiscal Larisa Barucca profundizó las tareas investigativas para determinar el verdadero paradero de la mujer, impulsando distintas medidas de búsqueda y recopilación de información.

Uno de los aspectos relevantes fue el análisis de perfiles de redes sociales, mediante los cuales se obtuvieron números telefónicos, información vinculada con una billetera virtual y posibles lugares de residencia en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Las averiguaciones permitieron orientar la búsqueda hacia General Villegas, Coronel Charlone y Villa Saboya, motivo por el cual se solicitó colaboración a personal policial de la jurisdicción bonaerense.

Finalmente, a través de tareas investigativas realizadas por efectivos del destacamento policial de Cañada Seca, se logró establecer que Pontoriero se encontraría residiendo junto a su pareja en el establecimiento rural La Emilia, ubicado en Villa Saboya, partido de General Villegas.

Con estos elementos, y existiendo una orden de detención y captura de fecha 3 de noviembre de 2026, la fiscal Barucca promovió el correspondiente exhorto judicial ante la Justicia de Garantías de Trenque Lauquen, solicitando autorización para allanar el inmueble rural y proceder a la detención de la condenada.

La medida fue impulsada mediante un oficio fechado el 10 de noviembre, con el objetivo de lograr su localización y asegurar la continuidad del cumplimiento de la pena impuesta.

Según la información comunicada sobre el resultado del procedimiento, la mujer fue finalmente detenida el 12 de noviembre, quedando a disposición de la Justicia para la prosecución de la correspondiente ejecución penal.

La actuación de la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca permitió reconstruir el recorrido de la condenada, identificar su lugar de residencia fuera de la provincia de Santa Fe y promover las medidas judiciales necesarias para hacer efectiva su captura.

El procedimiento pone de relieve la importancia del seguimiento de las condenas judiciales y del control de las condiciones bajo las cuales se conceden modalidades alternativas de cumplimiento de penas privativas de libertad.

En ese sentido, la fiscal Larisa Baruca destacó que “las condenas judiciales deben cumplirse y los beneficios otorgados durante su ejecución implican obligaciones concretas que deben ser respetadas. La prisión domiciliaria no supone la extinción de la pena ni habilita a modificar libremente el lugar de cumplimiento sin autorización judicial”.

Asimismo, se remarcó que “el trabajo investigativo desarrollado permitió localizar a una persona que debía continuar cumpliendo una condena de significativa gravedad, mediante tareas de búsqueda, análisis de información y coordinación con las fuerzas policiales de otra provincia”.

La detención representa un resultado relevante de la labor desarrollada por la fiscal Larisa Barucca y reafirma la importancia de la intervención del Ministerio Público de la Acusación para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y evitar que las irregularidades en los regímenes de ejecución penal queden sin respuesta.