El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que se encuentra comprometido en tres causas penales y cuya conducta está siendo analizada por el Consejo de la Magistratura, presentó su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, para que se haga efectiva a partir del 1 de julio.

Bailaque está imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. A su vez, se le impuso prisión preventiva por 90 días y se ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos.

En la audiencia se expusieron los tres legajos penales contra el juez federal. En la primera se lo cuestiona “por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que tramitaba desde 2013”.

El magistrado federal había sido citado a comparecer ante el Consejo de la Magistratura. Foto: Archivo

Desde el Ministerio Público Fiscal refirieron que en este expediente el funcionario judicial tenía como asesor contable personal a Gabriel Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas Alvarado y a su exmujer, Rosa Capuano.

De acuerdo a manifestaciones de los fiscales provinciales que impulsaban las investigaciones contra Alvarado, “el juez estuvo once meses sin despachar medidas”, lo cual obedeció a la connivencia con el contador y el líder narco.

En el segundo legajo se lo acusa de armar una causa contra dos financistas para cobrarles una coima.

A Bailaque se lo apunta por “haber realizado de manera coordinada con el empresario FW y con el extitular en Santa Fe de la ex Administración Federal de Ingresos Público, Carlos Vaudagna, desde 2019 y hasta por lo menos noviembre de 2024, una serie de actos que implicaron la utilización de las facultades de la ex AFIP y del Poder Judicial de la Nación para iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, tanto administrativas como judiciales contra los señores Claudio Iglesias y Jorge Oneto con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión sobre ellos y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”.

Por último, el tercer expediente detalla que el juez federal fue imputado por “dictar resoluciones contrarias a derecho, lo cual configuró los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato, para favorecer al empresario FW, quien también aparece citado en la causa descripta anteriormente”.

Imputado en tres causas. Crédito: Archivo El Litoral.

La investigación está relacionada a la actuación del juez en la causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada en favor de una financiera cuyo titular es FW, amigo personal de Bailaque.

En atención a ello, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura lo citó a declarar para el próximo 17 de junio y aprobó los cargos en su contra. El magistrado podía optar por defenderse y argumentar contra las imputaciones que se le hacen. Sin embargo, decidió presentar la renuncia a su cargo, en una breve nota fechada este martes 10 y en la que no se expresan motivos.

La salida del juez se hará efectiva en los próximos días, si es aceptada por el Poder Ejecutivo nacional, que puede rechazarla y dejar que siga adelante el trámite que podría desembocar en una eventual destitución.

Un arsenal de armas de fuego, cocaína, boletos de compraventa, vehículos de alta gama, cuatriciclos, motos de agua y dinero en efectivo fue el resultado de uno de los golpes más importantes contra el lavado de activos en la ciudad de Rosario, en el que fue detenido Jorge Antonio Benegas, ex testaferro del capo narco Esteban Alvarado.

En el marco del Plan Bandera dispuesto en Santa Fe por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina desmanteló una organización criminal y detuvo a 10 personas, entre ellas a su líder Benegas, tras 12 allanamientos en las ciudades de Rosario y Funes.

El operativo lo llevó adelante personal del departamento de Investigaciones Especiales de PFA, junto con la Procunar. Se relaciona con una organización desbaratada el año pasado, liderada por el ciudadano peruano Julio Rodríguez Granthon, quien desde la Unidad Penitenciaria de Ezeiza dirigía el comercio de la droga en Rosario. En esa oportunidad, se realizaron 26 allanamientos y se detuvo a nueve miembros de la banda criminal, además de incautarse estupefacientes, armas, gran cantidad de dinero y celulares.

Al continuar las pesquisas, los federales analizaron los teléfonos secuestrados e identificaron al principal responsable del “lavado de activos”, procedente de la comercialización de la droga orquestada por Rodríguez Granthon. Este personaje fue identificado como Jorge Antonio Benegas, quien poseía a su nombre una importante flota de camiones que utilizaba como pantalla para lavar el dinero sucio. Un dato no menor es que en la estructura criminal participaba Francisco Rodríguez Villarreal, padre de Granthon.

Cabe aclarar que Benegas había sido condenado a cinco años de prisión (firmó un juicio abreviado) en octubre de 2021, ya que previamente fue el organizador de la asociación ilícita que lavaba dinero para el capo narco Esteban Lindor Alvarado.

Identificada la estructura criminal del testaferro e individualizados sus principales colaboradores, la PFA logró desmantelar la organización y detener a los 10 implicados. Asimismo, secuestraron paquetes de cocaína embalados con cinta amarilla, con el relieve de la figura del delfín.

Se incautaron: seis vehículos, cuatro cuatriciclos, una moto de agua, dos semiacoplados, un tractor y un semirremolque, teléfonos celulares, computadoras y notebooks, revólveres calibre 38 Special y calibre 22 de varias marcas, proyectiles, 6 kilos de cocaína, un frasco de ketamina; alrededor de 3 millones de pesos, boletos de compra-venta de inmuebles y vehículos, y un informe de estado de dominio e histórico de titularidad, entre otra documentación de interés relevante para la causa.

Investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) evitaron un plan de fuga del capo narco rosarino Esteban Líndor Alvarado de la cárcel de Ezeiza en un helicóptero que sus cómplices llegaron a comprar.

Según informó el Ministerio de Seguridad nacional, desplegaron un “complejo y coordinado” operativo de seguridad en el que se “detectó, previno y frustró” una fuga de película.

El plan de Alvarado para evadirse del penal de Ezeiza incluía nada menos que un helicóptero que fue secuestrado junto a otros elementos importantes, indicaron fuentes oficiales.

El procedimiento fue en “hermético silencio y coordinación” por parte de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, con la colaboración de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia Penitenciaria del SPF, y la Procunar.

Al frustrar el plan de fuga, siguieron con la detención de peligrosos narcotraficantes que integran el círculo de confianza de Alvarado. El líder criminal cumple condena a prisión perpetua en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

“Los investigadores lograron obtener información de inteligencia criminal que permitió conjurar un plan que llevaba más de seis meses de planificación y que implicó la compra de un helicóptero en el extranjero mediante complejas maniobras de lavado de activos”, informaron desde los organismos de seguridad.

Los detalles del operativo se mantuvieron en estricta reserva para garantizar su éxito y la seguridad de todos los integrantes de las fuerzas intervinientes.

Además de las detenciones y el secuestro del helicóptero, se allanaron diversos domicilios de varias provincias. También hubo requisas en la cárcel federal de Ezeiza, en un aeródromo privado, se secuestraron armas, automóviles, elementos tecnológicos y gran cantidad de dinero en efectivo.

En el caso intervinieron el juez federal Ernesto Kreplak y los fiscales federales Diego Iglesias y Cecilia Incardona.

El exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, atestiguó en el juicio contra la organización criminal liderada por Esteban Lindor Alvarado. No es la primera vez que el actual diputado provincial se enfrenta cara a cara con los jefes de una banda narco; en 2021 lo hizo ante Los Monos, también para explicar cómo fueron las actuaciones impulsadas desde el Estado para detenerlos. En esta ocasión lo hizo acompañado por su par en la Legislatura, Clara García; el diputado nacional Gabriel Chumpitaz y el exministro de Justicia Ricardo Silberstein.

Para Pullaro, la importancia de la causa radica en que, cuando todavía ocupaba el cargo de ministro de Seguridad, se contaba con la información de que al salir Alvarado de la cárcel la violencia se vería incrementada y focalizada hacia la zona oeste de Rosario. “Que hoy salgan a la luz todos los vínculos que esta organización criminal tenía con el delito y la violencia, es muy importante y sentimos que estamos cumpliendo con lo que nos pidió el gobernador en ese momento”, señaló.

En relación a las declaraciones del testigo “arrepentido” Carlos Argüelles sobre un supuesto plan para secuestrar uno de sus hijos, Pullaro descartó toda connotación personal al afirmar: “Todo lo que hicimos fue en representación de la legalidad del Estado” y consideró que “por eso logramos que cayeran no sólo las primeras y segundas líneas de Los Monos, sino también la única banda que le disputaba poder y territorio, porque Alvarado construyó y lideraba la mayor organización criminal de la provincia de Santa Fe.”

En el mismo sentido, el referente del espacio UCR Evolución consideró que fue la decisión de “ir a fondo contra todas las organizaciones” lo que posibilitó trabajar en las investigaciones junto a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación hasta llegar a dar con la ubicación de Alvarado en Córdoba, donde se mantenía prófugo de la Justicia.

“El operativo fue complejo porque había que llegar a la zona de Río Tercero sin hacer ruido ni que se filtrara información”, contó Pullaro sobre el momento en que la Policía de Investigaciones santafesina bajo su mando logró la detención del líder narco. “Después hubo que viajar a EEUU para desencriptar el celular que rescatamos del fondo del lago, donde lo había tirado el propio Alvarado”, dijo y agregó que “esto fue lo que permitió avanzar en la causa con todo lo que ahora se sabe de su organización.”