“Estamos hablando de una persona que ha matado por encargo, a sangre fría. Para decirlo en pocas palabras: no era un soldadito que sale y mata, no era alguien que improvisaba; era una persona de temer”. Así describió el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni a Mauricio “Caníbal” Laferrara, de 28 años, el sicario detenido el viernes a la tarde en Andino, departamento Iriondo, donde se ocultaba tras haberse fugado de la cárcel federal de Devoto en octubre pasado, en un container de basura.

Laferrara era el jefe de sicarios de la banda del narco rosarino Esteban Lindor Alvarado, quien está detenido. El Caníbal cumplía condena por siete asesinatos comprobados. Ahora quedó a disposición del Servicio Penitenciario Federal.

En declaraciones a la prensa, este sábado, el ministro Cococcioni destacó: “Para que se entienda la importancia de esta aprehensión: Laferrara era un objetivo estratégico de seguridad para Nación y Provincia”. Y relató que “se había fugado pocos meses antes de que asumiéramos los nuevos gobiernos provincial y nacional. Se había fugado de una cárcel federal de Buenos Aires donde lo habían derivado precisamente para que no se fugue de Piñero”, recordó el funcionario.

Esa decisión con Laferrara se tomó tras la masiva fuga ocurrida en 2021 de la cárcel de Piñero, en la que escaparon en una operación comando Claudio “Morocho” Mansilla y otros peligrosos delincuentes, luego recapturados. “El gobierno de Santa Fe de ese momento, en aquella gestión, lo define como de alto perfil. Pero para esa esa gestión alto perfil era solo un rótulo: no tenía restricciones en sus movimientos y vida diaria. Le ponían el rótulo de alto perfil pero el riesgo seguía siendo tan alto como antes de esa denominación”. Cococcioni agregó que en ese momento “se hicieron gestiones desde Santa Fe para que se lo lleven junto a otros también considerados de mayor riesgo al Servicio Penitenciario Federal”.

“Laferrara deambuló por varios establecimientos federales, porque en algún momento había coincidido que lo habían trasladado al mismo penal donde estaban los líderes de Los Monos”, rememoró. Vale señalar que la banda de Los Monos y la de Alvarado están enfrentadas. “Se dan cuenta del error, lo trasladan. Va a parar al penal de Devoto hasta que en un momento notan que no estaba. Después descubren cómo fue la fuga, que salió en un container de basura, una maniobra con algo de complejidad”, agregó el funcionario. “En un momento no se sabía si estaba vivo o muerto; si estaba en el país o no. Hablamos del jefe de sicarios de la banda de Alvarado. Así como a él casi lo hacen fugar en un helicóptero se especulaba con que a Ferrara lo habían ayudado a escapar a un país limítrofe. Por eso había alerta roja de Interpol con pedido de búsqueda y extradición”.

Con la asunción de las nuevas gestiones, nacional y provincial, Laferrara pasó a ser un objetivo principal por el peligro que significaba esta persona en libertad. “Había rumores de que Caníbal estaba planeando un crimen de alto impacto político. Solo podemos conjeturar porque de estos temas no suele haber evidencias concretas. Lo cierto es que la persona número 1 a la que habría mandado Alvarado para cometer un hecho de ese nivel de atrocidad o de otros hechos contra la población civil, era él. En cualquier caso era una bomba de tiempo para los santafesinos que esta persona estuviera en libertad”, afirmó el ministro.

Sobre el procedimiento conjunto del viernes, Cococcioni dijo: “Teníamos casi confirmado, pero no lo podíamos confirmar hace algunos meses, que Laferrara estaba en Andino. Era un riesgo muy alto entrar sin tener la certeza de que iba a estar ahí, porque de alguna manera se quemaba la operación y si se descubría lo perdíamos para siempre. Por eso se tomó la decisión de aguardar hasta tener confirmación, evidencia concreta de que estaba, una fotografía incluso y recién ahí se tomó la decisión de intervenir porque el riesgo de perderlo de vista era muy alto, junto al riesgo en homicidios futuros”.

Vale señalar que para el procedimiento fue clave el trabajo entre la creada área de Inteligencia Criminal en la Provincia, y el trabajo mancomunado con Nación, la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación, y el Poder Judicial. Eso terminó en la detención de Laferrara, y que además quedaran a disposición de la Justicia un hombre y una mujer.

La Policía de Investigaciones (PDI), fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este jueves 39 allanamientos en la ciudad de Rosario y en localidades de la región, en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de activos. Además se llevaron a cabo otros cuatro procedimientos en Córdoba capital. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Marisol Fabbro y Miguel Moreno, del MPA de Rosario.

Los agentes de la PDI, en conjunto con grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, detuvieron a siete personas: cinco investigados en la causa y los dos restantes por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Asimismo procedieron al secuestro de 6.077.000 pesos; 139.200 dólares; 40 equipos de telefonía celular; dos autos, un utilitario y dos motos; cuatro armas de fuego, una pistola de réplica, un rifle de aire comprimido y municiones de distintos calibres.

“Dentro del plan de seguridad diseñado por el gobernador Maximiliano Pullaro, ejecutado a través del ministerio que conduce Pablo Cococcioni, no solamente se trabaja en la prevención y en el incremento de la presencia policial en calle, sino también en las investigaciones por delitos complejos por intermedio de la PDI y del Ministerio Público de la Acusación. En este caso se trata de una causa por lavado de activos y asociación ilícita liderada por Esteban Lindor Alvarado”, apuntó Marcelo Albornoz, subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

“Se trata de una investigación que venimos realizando desde hace varios meses, en un trabajo silencioso y coordinado entre las direcciones de Inteligencia y Operativa de la Policía de Investigaciones con la fiscal Fabbro. También trabajamos en conjunto con la Policía de Córdoba en cuatro allanamientos, en los cuales secuestramos material de suma importancia para esta causa”, indicó Natalio Marciani, director provincial de la PDI.

Los procedimientos se realizaron en domicilios de Biedma al 2700 y 3600, Moreno al 3500, Juan B. Justo al 7700, Fournier al 1100, Forest al 5800, Guatemala al 2200, Camino Viejo a Soldini al 3900, Barra al 2300, Liniers al 1800, Juan de Garay al 6200, Perú al 2300, Lamadrid al 2200, Reconquista al 2100, Mendoza al 7200, White al 7300, Brasil al 1500, Jacobacci y Ramos, Bv. Seguí al 2900, Virasoro al 3600, Av. Carballo al 200, Moreno al 3500, Ituzaingó al 6800, 27 de Febrero al 100bis, Bolivia y Viamonte, Gálvez al 6100, 6300 y 6700, Pasaje Colibrí al 100bis, y Bolivia al 2300, todos de Rosario.

También se llevaron a cabo allanamientos en Santa Cruz al 500 de Capitán Bermúdez, Dante Alighieri al 2500 y Namuncurá al 500 de Granadero Baigorria, Chavarini al 700 de Pérez, Santa Clara al 100 de Roldán, y Suiza al 500 de San Lorenzo. La audiencia imputativa será llevada adelante en principio la próxima semana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con fecha y horario a confirmar.

“En primera instancia, lo que se puede decir sobre la metodología de esta banda de Alvarado es que recibían autos provenientes de ilícitos y a través de documentación apócrifa lo metían en el mercado legal. Hay galpones y cocheras allanadas. Como quien dice en la jerga policial, se “enfriaban” hasta que nadie supiera de los vehículos. Una vez realizada la documentación correspondiente, se introducían en el mercado”, explicó Marciani.

El Consejo de la Magistratura de la Nación abrió una investigación contra el juez federal Marcelo Bailaque, de Rosario, acusado por fiscales de la provincia por su desempeño en la investigación de la causa contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery (actualmente suspendido), que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, denunciaron que Bailaque denegó tres pedidos de intervenciones telefónicas y así obstaculizó la investigación penal. El planteo está firmado también por la fiscal regional María Iribarren, paradójicamente también hoy transitoriamente apartada de su función por una intervención.

Según confirmaron a El Litoral fuentes del Consejo de la Magistratura, la decisión tomada por el organismo consiste en notificarle al juez que se abrió una investigación en su contra para que, si así lo desea, pueda "ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días".

La apertura de la investigación fue solicitada por Schiappa Pietra y Matías Edery, en el marco de los alegatos de cierre del juicio contra Alvarado, condenado por asociación ilícita e instigar un homicidio y a su vez por el contrabando de un cargamento de marihuana que fue hallado en la provincia de Río Negro. En aquel pedido, los fiscales solicitaron al tribunal que se remitieran las actuaciones del caso al Consejo de la Magistratura para que desde el organismo nacional se evalúe por qué Bailaque no autorizó medidas de prueba para investigar en el ámbito de la Justicia federal a Esteban Lindor Alvarado entre el 2013 y 2015. El planteo se hace en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la PSA Emilio Maximiliano Lencina.

Por otra parte, el Consejo también ordenó investigar al juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, a quien acusaron de haberse "arrogado la competencia" en expedientes en los que no le correspondía intervenir y de haberse extralimitado; por ejemplo, en causas vinculadas con la expresidenta Cristina Kirchner, con Karina Moyano (la hija de Hugo Moyano, a la que Villena le devolvió casi medio millón de dólares en plena feria judicial) y con Martín Insaurralde. Fue el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien promovió esta investigación contra Villena.

A Villena también lo denunció la fiscal Cecilia Incardona, que según el expediente que se inició en el Consejo de la Magistratura, advirtió sobre el trámite irregular de cuatro sumarios iniciados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como "actuaciones de prevención", cuando de su contenido inicial y del resto de lo actuado se desprendía claramente que eran consecuencias de denuncias de particulares. La PSA habría actuado de ese modo por indicación de Villena y según Incardona, eso constituye un acto de gravedad institucional porque con esa orden genérica del magistrado a la fuerza de seguridad omitía la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima.

El plan fue desbaratado este viernes tras un trabajo de inteligencia llevado a cabo por personal de la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que logró secuestrar el helicóptero y puso bajo arresto a los cuatro sujetos, integrantes de la organización criminal santafesina.

Mientras se espera la indagatoria de los capturados, en las últimas horas se conocieron algunos chats de conversaciones que tuvo Alvarado con sus cómplices para organizar la fuga.

Las charlas a través de WhatsApp con Alvarado, quien utilizaba una foto de perfil con la cara de Al Capone, eran frecuentes.

El pasado 4 de marzo, así hablaban sobre el plan:

“Lobo”: A mí me gustaría saber si aerodinámicamente no es perjudicial para nada, sería mucho mejor para la operación, pero de última. Lo estuvimos viendo ahí con el “Gringuito”, de bajar sin las puertas atrás y en los patines, ustedes suben, pegan el salto y se ve como que es viable también la operación, pero bueno, déjame que investigo un poquito lo de la red, más que nada por el tema aerodinámico.

“Gringuito”, cuyo nombre es Gianluca Orpianesi, fue identificado y arrestado ayer en Gualeguaychú. A lo largo de los días, Alvarado estudiaba en Youtube: había encontrado una serie de videos de despegues y aterrizajes de helicópteros Robinson 44 Raven, que le enviaba a “Lobo”. Hablaron incluso de cómo podría subir a la aeronave, de “una red atada a los patines”. “Para mí va a ser lo mejor y en la aerodinámica no afecta porque va ser tipo red de arco. Con sogas más gruesas”, especificó Alvarado. “El Lobo”, en otro momento, le sugiere comprar “dos GoPro”, para tal vez filmar la fuga..

“Lobo, miro videos y no se van ni a rescatar. Va a ser tan rápido, que no le vamos a dar tiempo a nada, tenés que encarar directo como te marqué yo”, le dijo el capo. Así, establecieron un tiempo de aterrizaje: “Máximo, 20 segundos”.

Según confirmaron fuentes del caso, el operativo del escape consistía en aterrizar el helicóptero en el patio o la cancha de fútbol del módulo donde Alvarado estaba preso y luego volar hacia un punto en General Rodríguez. Allí, los esperarían miembros de su banda, armados y con una flota de vehículos a disposición.

En el procedimiento llevado a cabo por efectivos de la Policía Federal (PFA) y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), además de Alvarado, de 44 años, quedaron detenidos Andrés Alcides Donet, piloto de avión, y Gianlucca Orpianessi. Donet, fue aprehendido en el Aeródromo de Gualeguaychu, mientras que a Orpianessi, los efectivos lo detuvieron en las calles de la ciudad entrerriana.

El plan de Alvarado para evadirse del penal de Ezeiza incluía nada menos que un helicóptero Marca Robinson 44, enmascarado con matrícula adulterada LV-ZXN, que fue secuestrado junto a otros elementos importantes, según indicaron las fuentes.

Ocho inmuebles decomisados en operativos contra el narcotráfico serán subastados este lunes. Según confirmó a El Litoral el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, se inscribieron 98 interesados en participar del proceso. Todos los bienes pertenecían a Esteban Alvarado, el narco rosarino que está siendo juzgado en estos momentos en la ciudad del sur. Fueron valuados en más de 213 millones de pesos y están distribuidos en las ciudades de Rosario, Roldán, Funes y Coronel Bogado. Se rematarán terrenos, casas, departamentos, cocheras, un campo de diez hectáreas, y un lote de bienes muebles y enseres de uso hogareño. 

La subasta estará a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El dinero recaudado será destinado a políticas sociales y al Ministerio Público de la Acusación. 

Entre los bienes incluidos en la subasta hay tres terrenos. Uno de ellos se encuentra en la ciudad de Roldán de 11 por 37 metros, mientras que otro, de dimensiones más importantes, está ubicado en la localidad de Coronel Bogado; posee diez hectáreas. Este último está valuado con un precio base de $ 14.823.000. Esa propiedad, según el expediente judicial, había sido escriturado a un valor extremadamente bajo y a nombre de un profesional que en ese momento, figuraba en la Afip como contribuyente de riesgo; ello significa que no carecería de capacidad económica para dicha operación. 

Respecto del resto de las propiedades, se destaca una mansión valuada en un precio inicial de $ 60.328.800, ubicada en un barrio privado de la ciudad de Funes. La misma cuenta con una superficie propia de 571 metros cuadrados. En esa misma localidad se subastaría otra propiedad, en este caso, un terreno de 10 x 49 metros, con superficie de 500 metros cuadrados. El precio base fue estipulado allí en 25 millones de pesos. 

Alvarado, sindicado como jefe de una organización narcocriminal y considerado como el principal contrincante de la banda de Los Monos, es juzgado en Rosario por dos casos de homicidios, atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos. La investigación está a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. 

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, prestó declaración el viernes en el juicio contra Esteban Alvarado. Durante su extensa exposición, el actual asesor de Aníbal Fernández volvió a involucrar al senador Armando Traferri en la trama de juego clandestino, y le reprochó a la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas, que archivara una causa sobre narcotráfico, mientras se desempeñaba como jueza penal. 

Tras la declaración, los fiscales Edery y Schiappa Pietra valoraron el testimonio. “Lo importante es que (Sain) contó cómo fue la matriz de la investigación que se realizó con el Organismo de Investigaciones (OI) y de qué manera se fue desarrollando la misma”, dijo Edery. 

“Fue importante lo que contó Sain sobre la faceta policial y cómo desde la fuerza algunos amparaban a Alvarado. Cuál fue y hasta dónde llegaban las relaciones políticas que, como él manifiesta, existen y se ven en toda la investigación. Le da un contexto político, porque Alvarado, Los Monos y distintas organizaciones criminales que despliegan violencia hoy en día no se pueden explicar sin un contexto político. Entender qué pasó en la ciudad y qué pasa ahora es un poco decodificar qué pasó con la política porque formó parte de esto. La toma de decisiones políticas tuvieron que ver con el estado al que se llegó. Él lo contó desde su perspectiva de los roles que fue teniendo como asesor del gobierno del ingeniero Miguel Lifschitz, como director del Organismo de Investigaciones en el gobierno anterior y como ministro de Seguridad de Omar Perotti dando una visión que ya habían sido dadas en las audiencias. Cuenta cómo muchos de los policías que han sido condenados o investigados en la causa Alvarado fueron recalando en la Unidad Regional de San Lorenzo a partir de 2019”, comentó.