Por Ornella Pazzi

Tras permanecer prófugo por más de un año y medio, se entregó Alexis Guarda. Es señalado como el jefe de la organización criminal que estafó a al menos 60 santafesinos, investigada en la causa conocida por el nombre de una de las concesionarias que utilizaban como fachada: “Vendo Tu Auto”.

Acompañado por el abogado José Ignacio Mohamad, Guarda se presentó este martes, pasadas las 10 de la mañana, en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) ubicada en San Jerónimo 3219 de la capital provincial, poniéndose a disposición de la fiscal Gabriela Arri.

El venadense, sería imputado en los próximos días como jefe de la asociación ilícita que estafó a al menos 60 santafesinos entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, a través de la compra-venta de vehículos usados, tanto en la ciudad de Santa Fe como en los alrededores. En junio de 2023 se estimaba que el monto total de las estafas superaba los 60 millones de pesos.

El pedido de captura se encontraba vigente desde finales de diciembre de 2022. Guarda se había comprometido a entregarse, pero luego de que la causa por estafas trascendiera públicamente y su socio y empleados fueran detenidos, decidió huir a Uruguay.

El cruce al vecino país fue el 29 de diciembre de 2022 a las 19.43. El pedido de captura fue informado a Interpol. Desde entonces, no se volvió a registrar el ingreso de Guarda a Argentina.

La banda criminal liderada por Alexis Guarda operó a través de cinco agencias que trabajaban en forma de red: “Vendo Tu Auto” (San Luis 3200), “Concesionaria La Rioja” (La Rioja 2300), “Élite Concesionaria” (Ruta 1 Km 2,7), “Élite Concesionaria” (Calchines 1700) y “Bastian Automotores” (Av. Facundo Zuviría 5400).

Contaban con perfiles en redes sociales, vendedores, servicio de gestoría propio, publicidad y recursos económicos para operar.

Así es como, asegura la fiscalía, estafaban a quienes acudían a ellos interesados en vender sus vehículos usados y cambiarlos por otros modelos. Estas personas les entregaban dinero junto a sus autos usados y la respectiva documentación, además de fotocopias firmadas de sus DNI.

La banda disponía de los vehículos para fines no aprobados por sus legítimos dueños, y se apropiaba de lo obtenido.

Desde el momento de las primeras detenciones la fiscalía sostiene que la cabeza de la organización era Alexis Guarda, quien junto a Héctor Andrés Figuerero conformó la asociación ilícita.

Como “miembros” de la misma fueron imputados Sandra Aquino, Adriel Guarda, Elizabeth Dutruel, Walter Castro, Gerónimo Ramírez y Sebastián Nicolás. Algunos de ellos ya fueron condenados y realizaron reparaciones económicas a las víctimas.

La causa judicial que tramita en la justicia de la capital provincial no es la única que tiene a Alexis Guarda como principal implicado. El fiscal rosarino Pablo Lanza está al frente de una investigación similar, en el marco de la cual detuvo a 9 personas y sostiene que todas respondían a Guarda.

Entre los detenidos e imputados aparecen otros dos venadenses: Nelson “Coqui” Ugolini y Camila Giselle Mendoza. 

Las estafas en Rosario fueron cometidas con un modus operandi similar, a través de tres concesionarias ubicadas en Pellegrini 3100, Pasaje Independencia 3200 y Pellegrini 4800 de esa ciudad. Guarda habría abierto las agencias utilizando una identidad falsa: Rodrigo Dipp.

Fuentes vinculadas con la investigación informaron que con la detención de Florencia Álvarez, quien se presentó espontáneamente en la Fiscalía de Villa María, Cositorto y Batista son los únicos que se mantienen en calidad de prófugos que, según lo que se conoce públicamente, se encontrarían en el exterior.

Mientras tanto la fiscal Juliana Companys, a cargo de la investigación, continúa con la recepción de pruebas documentales y materiales, además de avanzar con las indagatorias, y una vez concluida con esa instancia resolver la situación procesal de cada uno, particularmente sobre la eventual responsabilidad penal y continuidad o no de la prisión preventiva.

La causa se conoció el 18 de febrero último luego de varios operativos de allanamientos ordenados por la fiscal Companys en Villa María y Buenos Aires, a partir de denuncias promovidas por ahorristas damnificados que habían invertido en Generación Zoe con promesas de importantes dividendos en conceptos de intereses.

El presunto ilícito consistía en captar inversores que aportaban capital, que la organización mantenía cautivo, y mensualmente se pagaban rentabilidad de hasta alrededor del 20% mediante un sistema piramidal que se conoce como esquema ‘ponzi’.

Paralelamente a la causa que se instruye en Villa María, sede principal de Generación Zoe, el organismo de Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 14, Sec. 28, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 51.