En la reciente edición de su herramienta de comunicación interna, denominada Boletín, correspondiente al mes de agosto, la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asignó un espacio relevante en la sección “Por las provincias”, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Primera Nominación de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, cuya titular es Celeste Rosso.

“Este juzgado tiene dos características que lo particularizan: una amplia diversidad de problemáticas cruzadas por las condiciones geográficas y socioeconómicas de la jurisdicción, y la reciente incorporación del sistema de oralidad como método de composición de intereses en un programa piloto de la Justicia de Santa Fe. En cuanto a las materias, trabajamos sobre civil, comercial y responsabilidad extracontractual”, explica la magistrada venadense.

“Las sucesiones, por ejemplo, involucran a las grandes propiedades de campos que forman parte del acervo hereditario como sociedades de trascendencia, situación que determina algunas veces desavenencias importantes entre quienes consideran que les asiste un derecho hereditario, así como juicios de cobro de pesos, ya sea entre particulares o reclamos a entidades bancarias o financieras, quiebras y concursos, juicios relativos a derechos reales, como lo es el juicio de escrituración, o las cuestiones entabladas entre vecinos por ruidos molestos o inmisiones”, enumera Rosso sobre las incumbencias de su juzgado. 

Y agrega: “En este crisol de problemáticas también se atienden los daños y perjuicios emergentes de los accidentes de tránsito, y los amparos en general por cuestiones de salud. En cuanto a tendencias, han venido en ascenso los reclamos de consumidores y consumidoras interpelando ante las frecuentes denuncias de estafas bancarias. Para abordar las causas con celeridad y prontitud y verificar la tutela judicial efectiva, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe por medio de la acordada 48/2017 implementó el Plan Piloto de Oralidad (PPO) en los procedimientos de conocimiento civiles y comerciales, compatibles con los procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos. Uno de sus ejes es la reducción de los tiempos procesales, asegurar y facilitar la accesibilidad del ciudadano a la justicia y transparentar sus actos". 

“Según este plan -continúa-, luego de trabada la litis se dispone una audiencia preliminar a la que denomino multipropósito porque en ella se dan sucesivas etapas de concreción. Primero se busca la conciliación sin abordar el fondo de la cuestión, tratando de acordar pautas de negociación con la presencia de las partes, aunque le hayan otorgado poder a sus representantes para que con inmediatez el juez o la jueza intenten una solución pacífica e inmediata. En caso de no lograrse acuerdo, se continúa con el debate y se exponen los hechos controvertidos y se propone toda la prueba sobre la que el tribunal decidirá cuál se produce para recibirla en una nueva audiencia oral. Con este esquema, conseguimos un promedio de casi el 30% de acuerdos en la audiencia preliminar. Este logro se basa en el previo estudio de cada causa, pues conocer la problemática en debate permite abordarla desde la perspectiva adecuada al punto en conflicto, ayudando así al desarrollo del debate y con una escucha en la audiencia”. 

“Asimismo -prosigue la jueza Rosso-, dicho porcentaje de conciliación también estuvo generado por la implementación de reuniones informativas previas a cada audiencia preliminar en cada expediente, como una modalidad propia del tribunal. Reuniones, y no audiencias, porque son facultativas para las y los profesionales, con el objetivo de explicarles este sistema y escuchar alternativas viables para componer los intereses en juego, sus teorías del caso y potencial material probatorio. Con esta metodología llana, las partes reciben una demostración concreta y efectiva de que el Estado, a través del Poder Judicial, está trabajando para solucionar su problema”.

El joven de 30 años damnificado es oriundo de Venado Tuerto y especialista en marketing. Tras ser víctima de una estafa por $330.000 a través de una plataforma de una entidad bancaria, decidió reclamar por esta transacción no autorizada y la respuesta no fue la esperada, por lo que optó por asesorarse para lograr al menos recuperar lo perdido.

Todo comenzó al recibir un correo electrónico fraudulento que parecía legítimo, pero al descubrir la transacción no autorizada, J.H. contactó al banco, por distintas vías, pero se encontró con una respuesta insensible y sin soluciones claras. Debido a la negativa de la entidad bancaria, con sede en Venado, buscó ayuda y se contactó con la ONG Usuarios y Consumidores y Usuarios (ucuvenadotuerto) que llevó adelante el caso.

Entre las pruebas que la organización civil recibió del joven están las capturas de todo lo que pudo recuperar de las falsas operaciones en su nombre. 

Entre ellas están movimientos de dinero, datos del posible estafador; mails enviados desde su casilla a otros usuarios para estafarlos; la gestión de un préstamo el cual el representante del banco vía telefónica le negó en reiteradas oportunidades que estuviera tramitado; llamada al 0800 de la entidad; consumos en dólares y de una empresa de telecomunicaciones desde su cuenta de homebanking que nunca realizó.

Tras una investigación personal, el joven determinó que los consumos en la compañía de telefonía correspondían a cargas de créditos de líneas desconocidas. 

Superada la instancia de reclamo no satisfactoria, se realizó una mediación privada que no prosperó entonces el damnificado judicializó el reclamo, requiriendo además del dinero sustraído de su cuenta la reparación de daños y perjuicios. Finalmente, en instancia de conciliación se logró un acuerdo en el cual la entidad financiera ofreció una compensación de $1.000.000 para evitar mayores consecuencias legales.“Este caso subraya la importancia de defender nuestros derechos como consumidores que tienen derecho a un trato digno y a soluciones efectivas por parte de las entidades bancarias, debiendo reparar el daño ocasionado”, destacan desde UCU.

Debido a las reiterados casos de este tipo de casos, el representante legal de UCU, José María Conzoli, explicó a Sur24 como ONG vienen “alertando de esta problemática antes de la pandemia; por ejemplo, los bancos deberían enviarte, mínimamente un mensaje de texto para ver si la transferencia se realizó previo a la convalidación o un llamado, es decir, debe haber alertas y no lo están haciendo y por eso convalidan las transferencias”. 

Y agegó que se trata también de “una falta de inversión de parte de las entidades y no hay capital humano. Hoy uno pasó a ser cajero de su propio banco y de ahí denota el tema”, consideró el abogado.

Por último, recomendó hacer la denuncia si se es víctima de este tipo de transacciones apócrifas, ya que “los reclamos no llegan a dos dígitos, vale decir menos de un 10 por ciento de la gente que le pasa algo lo reclama, entonces de ahí viene, por eso hay que difundirlo y que esto de a poco se vaya modificando”, completó.

En la sesión de este jueves 24 se aprobó el proyecto de comunicación del diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, donde solicita al Nuevo Banco de Santa Fe, que es el agente financiero del Estado Provincial, y al resto de las entidades bancarias que operan en el territorio provincial, que refuercen e incrementen las medidas de seguridad para evitar las estafas bancarias de las que son víctimas los usuarios de sus servicios.

Gabriel Real, diputado provincial del Partido Demócrata Progresista.

En la misma iniciativa, se solicita suspender el cobro de las cuotas de créditos personales de aquellos clientes que manifiesten haber sido estafados y acompañen la correspondiente certificación de denuncia realizada ante las distintas Unidades Fiscales. Esto, hasta tanto se pueda determinar fehacientemente la trazabilidad de las operaciones efectuadas y descartar la responsabilidad de las entidades bancarias en la vulnerabilidad del sistema de seguridad.

“Deben ser las instituciones bancarias las garantes de la seguridad en el sistema, que están obligadas a llevar registros y es su deber contar con las capacidades para tratar los incidentes detectados, que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente y que puedan advertir situaciones sospechosas. No alcanza con campañas de concientización dirigidas al consumidor. Hoy se ha profesionalizado el delito bancario como consecuencia de la utilización de las herramientas virtuales y, en ese sentido, los bancos quedan rezagados”, enfatizó Real.

En estos días, muchos medios de comunicación informaban sobre la última modalidad de estafa bancaria: el débito inmediato (DEBIN). La misma consiste en que una persona avise a un tercero que le hará un pago a través de este método y, en lugar de enviar el dinero, se lo extraen.

“Los bancos enviaron mails a sus clientes en los últimos días, alertando por esta modalidad y recomendaron que, para evitar ser víctima del engaño, hay que asegurarse que la persona que solicita el DEBIN es con quien se acordó una transacción. En realidad, las instituciones bancarias deben prevenir con soporte técnico y herramientas, antes de ser cometido el delito. Luego el cliente ya fue estafado y en la mayoría de los casos nunca recupera nada”, finalizó el legislador del PDP.