Una extensa red criminal que realizaba operaciones de compraventa de electrodomésticos y electrónica fraudulentas a través de redes sociales fue desarticulada por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La causa se originó en mayo de este año, cuando una mujer denunció que había sido blanco de una estafa virtual, a través de una reconocida plataforma.

La damnificada contó que había vendido su computadora, pero el supuesto comprador le había enviado un comprobante de pago “trucho” para engañarla.

A partir de este hecho, la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del Dr. Jorge Claudio Sica, encomendó a los efectivos de la División Antifraude de la PFA, las tareas de inteligencia para dar con el paradero de los responsables.

Los uniformados efectuaron diversas medidas de campo y análisis de datos. Así pudieron establecer que tres sospechosos se encontraban alojados en el Complejo Penitenciario de Campana, cumpliendo condena por diversos delitos.

Los detectives determinaron que desde allí "compraban" -a través de la plataforma- productos para el hogar.

Sin embargo, las operaciones no eran reales, puesto que utilizaban comprobantes apócrifos y se respaldaban en un perfil falso de un oficial de la Policía Bonaerense con el objetivo de mostrar cierto grado de seguridad y ganarse la confianza de los clientes. Inclusive, mostraban la credencial de grado de ese efectivo.

Con el avance de las pesquisas, se comprobó que luego de concretar la compraventa de cada producto, enviaban al domicilio de la víctima un automóvil “de aplicación” para retirar el producto de la operación (para lo cual contaban con apoyo y logística desde fuera del penal).

Una vez que el “remisero” arribaba al domicilio pautado, le enviaban al vendedor un comprobante falso de pago como constancia de una supuesta transferencia bancaria. Así lograban que la víctima entregue el producto, sin recibir el pago correspondiente.

Con dicho modus operandi, la banda habría concretado al menos 27 hechos delictivos.

Asimismo, los detectives establecieron la existencia de siete domicilios ubicados en las localidades bonaerenses de Pilar, Hurlingham y José León Suarez, desde donde actuaban otros integrantes de la banda.

Son cinco las mujeres arrestadas que integraban la banda. Foto: PFA

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, Secretaría Nº5 del Dr. Ariel Hernán Roncaglia, ordenó ocho allanamientos que incluían la Unidad Penitenciaria y los demás domicilios marcados por los investigadores.

Durante los procedimientos, fueron detenidos dos hombres y cinco mujeres. Además, resultaron afectados a la causa dos presos que cumplían condena en el penal. Del mismo modo, se procedió al secuestro de once teléfonos celulares, cuatro televisores, cuatro notebooks, consolas de juegos, un aire acondicionado y demás documentación de interés para la causa.

Los detenidos, argentinos y mayores de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por los delitos de “falsificación de documentos públicos y estafa”.

La Brigada Operativa Distrito Casilda de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto con la policía de Córdoba diligenciaron una serie de allanamientos en esta última provincia, donde obtuvieron como resultado la detención de dos mujeres y un hombre de 29, 32 y 33 años respectivamente, que serían parte de una organización delictiva.  Además, secuestraron telefonía celular, dispositivos con acceso a aplicaciones bancarias, chips, blíster y documentación relevante

para la investigación.

Todo comenzó a raíz de una denuncia donde la víctima refiere que constata movimientos y operaciones fraudulentas en su cuenta bancaria del Nuevo Banco de Santa Fe, dando cuenta que le sustrajeron $1.317.590.

Es por ello que los efectivos de la AIC después de nueve meses de investigación, lograron establecer que este delito fue perpetrado por una banda organizada que operaba desde la ciudad de Córdoba capital, quienes utilizaban una técnica conocida como “SIM Swapping”, que consiste en duplicar la información de la tarjeta SIM y cambiar la titularidad de la línea telefónica para acceder a la información bancaria.

Con la información recopilada e informada a la Unidad Fiscal de Casilda, el Dr. Juan Pablo Baños instó al Poder Judicial de la provincia de Córdoba a tomar las medidas correspondientes.

Las personas detenidas permanecerán provisionalmente bajo custodia en las instalaciones de la policía de Córdoba hasta que se emita el respectivo exhorto para su traslado a la ciudad de Casilda, donde se llevará a cabo la correspondiente audiencia imputativa.