El juez de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, Tomás Orso, resolvió este lunes conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la fiscal Mayra Vuletic en el marco de la causa conocida como “Megaestafa Inmobiliaria 2”, que tiene como principal imputado a Antonio Di Benedetto, quien ya había sido condenado a 12 años de cárcel por la “Megaestafa 1”.

La decisión significa que el expediente será remitido a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que deberá resolver si corresponde revisar el fallo de Orso del mes de mayo pasado, en el que había declarado la prescripción de la acción penal y dispuesto la absolución del acusado.

El recurso de inconstitucionalidad es una herramienta excepcional, prevista para casos donde se alega que un fallo contradice garantías constitucionales. Al concederlo, Orso abrió la puerta a que la Corte santafesina se pronuncie. Si el recurso hubiera sido rechazado, la Fiscalía estaba obligada a presentar una queja directamente ante la Corte, con la incertidumbre de que el máximo tribunal la admitiera o no. Al concederlo, el expediente llega sin ese paso intermedio, aunque la Corte conserva la potestad de rechazarlo si considera que fue mal concedido. En este sentido, la resolución de Orso no asegura un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión (la prescripción), pero le evita a la fiscalía el trámite adicional de la queja. En principio, se estima que la Corte debería resolver en un lapso de unos seis meses, pero, en la práctica, estos procesos suelen extenderse por más tiempo, incluso años.

La controversia se originó en mayo, cuando Orso resolvió que los hechos investigados -supuestas maniobras de estafa y falsedad ideológica ocurridas entre 2015 y 2017- se encontraban prescriptos, ya que habían transcurrido más de seis años hasta la acusación presentada en 2024.

En esa resolución, el magistrado sostuvo que el primer acto interruptivo válido de la prescripción se había producido en mayo de 2024, lo que dejó sin efecto el avance de la acción penal. Con ese argumento, absolvió a Di Benedetto y revocó el rechazo de primera instancia a los planteos de la defensa.

La fiscal Vuletic había sostenido una interpretación distinta: que la imputación original de 2021 era suficiente para interrumpir los plazos, y que la acusación de 2024 no era una nueva imputación sino una readecuación de los mismos hechos.

Durante la audiencia, el defensor de Di Benedetto, Lucio Rossini, planteó que los delitos atribuidos tienen un plazo de prescripción de seis años, y que ese plazo venció en julio de 2023. Según su visión, la acusación de 2024 llegó tarde y no tenía validez para reactivar la persecución penal.

La fiscalía, en cambio, sostuvo que la acusación original de 2021 interrumpió el curso de la prescripción y que las actuaciones de 2024 respondían a una readecuación de cargos, no a una imputación nueva. Esa discusión técnica es la que ahora deberá dirimir la Corte santafesina.

La causa “Megaestafa Inmobiliaria 2” surgió a partir de denuncias radicadas en 2016 por maniobras presuntamente fraudulentas en operaciones inmobiliarias que habrían provocado un perjuicio millonario en Venado Tuerto y localidades vecinas.

La eventual confirmación de la prescripción por parte de la Corte dejaría sin sanción judicial a uno de los expedientes más voluminosos de los últimos años en la región. En cambio, si el máximo tribunal revoca la resolución de Orso, el proceso penal podría reactivarse y avanzar hacia un eventual juicio oral.

En cualquier caso, la decisión de la Corte sentará un precedente que podría proyectarse sobre otros procesos donde la defensa plantea la prescripción de delitos económicos complejos.

Por el momento, la fiscalía logró evitar la instancia de queja y consiguió que el caso sea directamente analizado por la Corte. Mientras tanto, el expediente queda congelado hasta que el máximo tribunal se pronuncie, en un plazo incierto.

La resolución final de la Corte no solo definirá la suerte judicial de Di Benedetto, sino que también marcará el rumbo de futuras investigaciones sobre delitos económicos en la provincia.

Ornella Pazzi

Esta semana la defensa del abogado Alfonso Storni solicitó en tribunales la excarcelación e imposición de prisión domiciliaria por motivos de salud. La jueza Celeste Minniti le concedió la morigeración.

El letrado se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Las Flores, imputado como líder de una banda criminal que se dedicó a cometer estafas inmobiliarias en la ciudad de Santa Fe y alrededores.

La audiencia se concretó el pasado miércoles, durante la cual el abogado particular Claudio Torres Del Sel explicó que su cliente transita una enfermedad crónica que lo llevó a perder 40 kilos en los últimos siete meses, y que lo llevó a requerir una intervención quirúrgica.

Para la jueza Minniti el Servicio Penitenciario no logró brindarle un tratamiento adecuado a Storni, por lo que resolvió otorgarle la domiciliaria. Le prohibió salir de su domicilio, excepto para algún control de salud, así como contactar a los damnificados en la causa judicial que lo tiene bajo investigación.

Los fiscales Barbara Ilera y Federico Grimberg, de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, dirigen el proceso judicial que ya tiene tres condenados mediante juicios abreviados: el corredor inmobiliario Agustín Storni, el comerciante Emiliano Lihuel Chacón y el martillero público Diego Marcelo Parisse.

El resto de los imputados son el abogado Alfonso Storni -señalado como el jefe de la asociación ilícita-, el abogado Javier Andrés Cóceres, el jubilado Atilio Domingo Di Mattía y la ama de casa María Fernanda Guerra.

La fiscalía sostiene que la banda criminal que era dirigida por Alfonso Storni se mantuvo en el tiempo con la conformación de diferentes miembros. Primero, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, momento en el que se dividió en dos grupos. Los mismos siguieron operando hasta agosto de 2024.

Oportunamente, Ilera arrojó luz sobre el modus operandi utilizado: "A través de las estructuras delictivas, le daban apariencia legal a la venta de terrenos cuyos legítimos propietarios no los habían autorizado a ofertar, publicitar ni transferir".

Así, "engañaron a personas interesadas en adquirir lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes".

El fiscal Federico Grimberg, de la Unidad de Delitos Complejos. Crédito: Pablo Aguirre

La fiscal indicó que la oferta se realizaba por medios físicos -como cartelería- y digitales -como publicidades y publicaciones en redes sociales y páginas web con nombres de fantasía, que principalmente eran administradas por el condenado Chacón-.

La asociación ilícita contaba con varias oficinas en la ciudad de Santa Fe en las que tenían instaladas sus “sedes comerciales”: Seguí 1.700; 4 de Enero 1.000; Bulevar Pellegrini 2.800; Juan de Garay 2.900; 9 de Julio 1.200; Hipólito Irigoyen 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del Puerto.

Las víctimas eran citadas a esas oficinas, donde se les exhibían planos y documentos relativos a los inmuebles ofrecidos y les proponían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado.

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En esa línea, la fiscalía sostuvo que "los grupos delictivos falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes", y detalló que "contaban con formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales".

“Una vez que las víctimas accedían a concretar el negocio, los abogados imputados presentaban la documentación falsificada en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe, con el fin de iniciar juicios ordinarios o de escrituración", relató Ilera, "así, lograron defraudar a diferentes magistrados que emitieron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas".

En el marco de los engaños, numerosas personas les entregaron a los estafadores dinero en moneda nacional y extranjera, así como automóviles, camionetas y motocicletas, todo como parte de pago de lotes que finalmente no obtuvieron.

El próximo lunes la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Rosario comenzará a revisar la sentencia a 12 años de prisión contra Antonio Di Benedetto en el marco de la Megaestafa Inmobiliaria, donde también fueron condenados el gestor Raúl Jaime a 10 años de cárcel y Marcelo J. Sava a tres años y medio. Los tres, junto a otras 15 personas que accedieron a juicios abreviados, fueron acusados de apropiarse ilegalmente de decenas de terrenos en Venado Tuerto, la región y un gran campo en la localidad de San Eduardo.

Fuentes oficiales confirmaron el mecanismo, indicando que “va a ser una revisión de la resolución y de los puntos de agravios. No hay ofrecimiento de prueba, sino la posibilidad de cada parte de marcar los puntos en que considera que hubo un error en la sentencia”.

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Inicio de la investigación

Las maniobras defraudatorias comenzaron a ser investigadas por la Agencia Fiscal de Delitos Complejos en 2017.

Avanzado el juicio se pudo comprobar que los integrantes de la asociación ilícita se hicieron de más de 500 hectáreas de campos y decenas de terrenos en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, por un monto estimado en 20 millones de dólares, con un sistema coordinado y repitiendo metodologías.

Durante el proceso existieron “arrepentidos” y otros integrantes del engranaje que aceptaron la culpabilidad y accedieron a juicios abreviados con condenas de prisión efectiva y condicional: María de los Ángeles Sarría (cuatro años de prisión efectiva); Luis Restovich (cuatro años de prisión efectiva) y Danisa Elisabet Pintos (cuatro años de prisión efectiva).

A la lista se suma el escribano de Armstrong, Ángel Emilio Moreale, a tres años de prisión condicional, seis años de inhabilitación profesional y una cifra de reparación de daño.

En tanto, Eugenio Luis Casadei, Fernando Astigarraga, Walter Diaz Franco, Roberto Miguel Sainz, Alberto Enrique Long, Alejandro Dalla’rmellina, Milena Fischer, Juan Carlos Rullo, Luis Alejandro Bentati, y Marcelo Alejandro Rodríguez fueron sentenciadas a penas de ejecución condicional y en algunos casos inhabilitación para ejercer profesiones.

El juicio

El juicio comenzó el martes 10 de mayo de 2022 y el tribunal pluripersonal estuvo integrado por los jueces Leandro Martín, Eduardo Bianchini y Aldo Baravalle.

Luego de que pasasen decenas de testigos, a comienzos de septiembre se llevó adelante el alegato final del fiscal Matías Merlo, quien aportó “un sinnúmero de pruebas para demostrar cómo funcionaba el mecanismo” dedicado a apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.

En tanto, luego fueron los alegatos de los abogados defensores. Y posteriormente el tribunal contó con un plazo de tres semanas para generar un fallo al respecto, el cual se conoció el 12 de octubre.

El intendente Leonel Chiarella fue citado a declarar como testigo en el juicio.

Antonio Di Benedetto fue condenado “como Jefe y Organizador de una Asociación Ilícita”, sumándose 21 hechos de estafa y falsificación de documentos públicos.

Evidencias

El fiscal a la hora de los alegatos y de defender su investigación dejó en claro que las principales pruebas son “testimoniales, escrituras que se contraponen con partidas de fallecimiento, informes de personal policial que hicieron las investigaciones, donde denunciaban el boleto de compraventa para hacer el juicio de escrituración. A la lista se suman funcionarios públicos que realizaron las denuncias pertinentes, sentencias judiciales ya en juicios civiles y escuchas telefónicas. En la pluralidad de los hechos se ve cómo era el funcionamiento y el rol que tenía Di Benedetto”.

Otra condena que se revisa es de “quien hacía de gestor (Raúl Jaime) y fue beneficiado con 11 operaciones de inmuebles que pasaron a su nombre. Y la otra persona (Marcelo J. Sava) que está condenada por tres hechos ilícitos”, agregó el fiscal regional.

Las tres personas en lo previo no aceptaron condenas o apelaron la sentencia que ya habían aceptado en el juicio abreviado, como el caso de Antonio Di Benedetto.