El 14 de febrero de 2025 no fue un día más en el país. Casi a final de esa jornada, el Presidente de la Nación promocionó (o difundió, según quién lo cuente) en X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después generando pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores.

La revelación de que previamente había mantenido reuniones con los responsables del proyecto dio una nueva dimensión a la polémica y disparó denuncias judiciales y la conformación de una comisión investigadora en el Congreso.

Un año después, el presidente de esa comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) repasa en diálogo con El Litoral las circunstancias en las que se llevó adelante esa iniciativa, para qué sirvió y qué puede esperarse sobre el caso.

- A un año de que el caso $Libra tomara estado público, ¿qué tanto impacto considera que tuvo en la opinión pública?

- Sin lugar a dudas, tuvo un impacto enorme. Es, para mí, junto con las coimas en la Agencia de Discapacidad, el caso más relevante en la Argentina durante el último año, porque en $LIBRA se combina corrupción, alcance internacional y, sobre todo, el involucramiento directo del presidente de la Nación utilizando su investidura para promover un emprendimiento privado que terminó en estafa.

El diputado Maximiliano Ferraro, diputado nacional de Coalición cívica, presidió la comisión investigadora del caso $LIBRA desde agosto a noviembre de 2025.

Eso lo vuelve distinto. No fue un episodio marginal, puso en discusión la responsabilidad presidencial y un patrón de conducta del gobierno que siempre confunde lo público y lo privado.

- Y se mantuvo en agenda.

- Sí. Porque cada revelación, los contratos, las reuniones entre Milei y los organizadores de $LIBRA y las transferencias sospechosas, fueron confirmando la gravedad institucional, gracias al trabajo de periodistas, especialistas técnicos y de los Diputados que integramos y promovimos la Comisión Investigadora.

A pesar de no ser un tema tan fácil o tan común, gran parte de la sociedad entendió que no era un simple escándalo más, sino un grave hecho de corrupción con impacto global, y por eso siguió presente en la agenda pública durante todo el año.

- ¿Se fue modificando a medida que circulaba más información?

- Sí. A medida que avanzaron las investigaciones del periodismo, del Congreso y de manera muy lenta de la Justicia, lo que al principio el Gobierno intentó instalar como una simple “difusión” del Presidente negando vínculos con estos personajes del mundo cripto, terminó quedando claro que había sido un proyecto planificado y premeditado en el que se utilizó la investidura presidencial para legitimar un negocio privado que terminó en estafa.

$LIBRA dejó de ser un hecho aislado o como dijo el presidente una difusión de algo que vió en redes. La aparición de un contrato confidencial de asesoramiento firmado el 30 de enero de 2025 entre el Presidente y Hayden Davis, desmintió de manera directa la versión oficial de que no existía ningún vínculo previo.

Ese contrato legitimó a Davis como representante de Milei y confirmó frente a terceros la participación que iba a tener el Presidente quince días después en el lanzamiento de $LIBRA.

- ¿Considera que este episodio dejó expuestas debilidades estructurales en los mecanismos de control del Estado como tales?

- Sin ninguna duda. Lo de $LIBRA dejó expuesto al Presidente y a su círculo de funcionarios más cercanos, en su falta de integridad pero también en su irresponsabilidad. Durante meses no funcionó ningún resorte institucional para proteger la investidura presidencial; permitieron y facilitaron reuniones con dos lobbystas y pseudo empresarios crypto como fueron Novelli y Terrones Godoy, que se sospecha que cobraban decenas de miles de dólares para facilitar reuniones con el Presidente.

Tampoco hubo controles preventivos respecto de los contratos, cartas de intención y propuestas técnicas por parte de la Secretaría Legal y Técnica o de la Procuración del Tesoro. Los organismos creados justamente para evitar que el Estado asuma compromisos sin respaldo jurídico y administrativo adecuado, no funcionaron.

Todo lo que pasó fue llevado por el Presidente y su círculo con total secretismo y ocultamiento a las estructuras institucionales que debieran haber intervenido.

Y lo peor es que tampoco hubo un control posterior al escándalo que podamos decir que se haya hecho siguiendo algún estándar de transparencia o integridad pública.

Impulsaron una “auto investigación” creando la Unidad de Tareas de Investigación que jamás publicó su informe, y le pidieron a la Oficina Anticorrupción que emita un dictamen que terminó hecho a medida del Presidente para lavarle la cara en el escándalo.

Más aún, los funcionarios a cargo de estas investigaciones, se negaron a concurrir a declarar a la Comisión Investigadora.

- ¿Cómo evalúa el desempeño de la comisión investigadora del Congreso?

- Fue un trabajo de meses sumamente serio y responsable. El grupo de diputados que impulsamos la investigación dejamos de lado, por un momento, las diferencias políticas que tenemos por nuestra historia. Y lo hicimos, además, teniendo que sortear permanentemente la estrategia de obstrucción y entorpecimiento del oficialismo y sus aliados.

Aún así, nunca renunciamos ni a nuestra facultad de contralor ni a nuestra obligación de investigar para cumplir con el derecho de la sociedad a saber la verdad sobre $LIBRA.

Y lo hicimos siempre dentro de las prerrogativas que la Constitución, la jurisprudencia y el derecho parlamentario reconocen a las comisiones investigadoras. Cumplimos con nuestro deber, con responsabilidad, con firmeza y con absoluto respeto institucional.

Oscar Agost Carreño, uno de los diputados que integró la comisión investigadora y viajó a Estados Unidos para analizar documentación. Foto: Archivo.

Me parece fundamental poner en valor el gran equipo de diputados que trabajamos con tanta seriedad técnica y responsabilidad política. Juan Marino me acompañó en la Secretaría de la Comisión. Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva, Mónica Frade, Fernando Carbajal, y, en general, los catorce diputados de la oposición que sostuvimos la investigación con templanza y compromiso.

- ¿El informe final cumplió su cometido?

-El Informe Final reconstruye los hechos con un análisis minucioso de lo ocurrido, en base a documentación probatoria que logramos incorporar a través de la participación de especialistas técnicos, periodistas y a los requerimientos de información realizados a las plataformas crypto exchanges sobre las cuentas y transacciones de los involucrados de $LIBRA.

Esto último fue fundamental porque logramos hacer la trazabilidad de la ruta del dinero entre Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales que era asesor en la Comisión Nacional de Valores. Utilizaron intermediarios dentro y fuera del país para intentar que se pierda el registro y para transformar el dinero crypto en dinero físico a través de cuevas que hacen este tipo de operaciones.

- ¿Qué conclusiones relevantes logró establecer la comisión y cuáles quedaron pendientes?

- La Comisión logró establecer que no estábamos frente a un hecho aislado sino ante un patrón de conducta reiterado, vinculado a la promoción de cripto activos por parte del Presidente. Pudimos identificar antecedentes claros como el caso de la moneda $KIP que mostró un modus operandi similar a $LIBRA, y como decía, confirmamos vínculos y transacciones crypto directas entre los principales actores de $LIBRA en la blockchain.

También quedó acreditado que la promoción presidencial fue determinante para el volumen de compras de $LIBRA, es decir, que sin ese impulso desde su cuenta oficial de X verificada el lanzamiento de la moneda no hubiera tenido la magnitud que tuvo.

A su vez, se constataron 16 reuniones en Casa Rosada y Olivos en las que participaron los lobistas Novelli o Terrones Godoy con alguno de los hermanos Milei, todas ellas autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia.

También se verificó que el número de contrato para comprar LIBRA fue publicado por primera vez en internet por el Presidente en el tweet del 14 de febrero. Antes esa información no era de circulación pública y hasta hoy el Presidente no puede explicar cómo accedió a ese link de 43 caracteres.

Queda mucho por investigar aún, sobre todo por la falta de cooperación y la estrategia de obstrucción del Presidente y los funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes se negaron a responder y a comparecer permanentemente ante la Comisión.

Ni Javier Milei, ni Karina Milei respondieron los requerimientos de la Comisión; le deben al Congreso explicaciones sobre dudas centrales sobre su participación en $LIBRA, algo que en una investigación de esta magnitud institucional es incomprensible.

- ¿Cree que el Congreso estuvo a la altura de las circunstancias?

- El Congreso no miró para otro lado y eso no es un detalle menor. Ahora bien, también es cierto que no todos los sectores del Congreso estuvieron a la altura con la misma convicción. Hubo bloques y dirigentes que entendimos que investigar era una obligación, y otros “republicanos de ocasión” que eligieron dilatar, poner obstáculos o minimizar los hechos.

- ¿Cómo observa hoy el curso de la investigación judicial?

- La verdad que con mucha preocupación, la investigación a cargo del fiscal Eduardo Taiano está avanzando a un ritmo demasiado lento frente a la gravedad institucional de los hechos. La Justicia tiene en su poder una enorme cantidad de documentación probatoria que en parte hemos remitido desde la Comisión Investigadora, y sin embargo, no actúa con celeridad.

Hace unos días, junto a la diputada nacional Monica Frade, le solicitamos al fiscal que incorpore formalmente la información publicada por Clarín, que confirmó la existencia y el texto completo de un contrato confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei, cuya existencia no fue oportunamente informada y habría sido ocultada por el Presidente y otros funcionarios.

Esta causa no puede quedar en un cajón ni depender de la buena voluntad o del timing político del fiscal Taiano o el juez (Marcelo) Martinez de Giorgi. Tienen que acelerar el ritmo y demostrar que pueden estar a la altura del trabajo riguroso que hicimos desde el Congreso, lo necesita una sociedad harta de la corrupción y la impunidad.

- ¿Considera que la información aportada por el Congreso fue debidamente aprovechada por la Justicia?

- La verdad que no. La Comisión Investigadora produjo un volumen de información técnica, documental y probatoria muy significativo. Todo ese material fue puesto a disposición de la Justicia.

Sin embargo, lo que vemos hasta ahora es que la voluntad de investigación judicial no refleja la magnitud de la prueba aportada. Hay elementos suficientes para avanzar con medidas más firmes y con más celeridad.

- ¿Qué perspectivas ve para la evolución del caso en los próximos meses?

- El Congreso hizo su parte, ahora le toca a la Justicia. La evolución de la investigación depende del Juez y el Fiscal. La causa debería entrar en una etapa de definiciones más concretas y no de mera acumulación en el expediente.

$LIBRA no es un tema cerrado ni del pasado; sigue teniendo consecuencias institucionales, la investigación sigue su curso en los Estados Unidos y muchos periodistas siguen investigando el caso.

"$LIBRA no es un tema cerrado", advierte el diputado Maximiliano Ferraro que aspira a que la Justicia acelere la investigación. Foto: Archivo.

Hay preguntas elementales que siguen sin respuesta, pero en cualquier escenario, la investigación es irreversible: hay responsabilidades políticas expuestas, evidencia, pruebas y un informe del Congreso muy fuerte.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó tres años de prisión efectiva para un hombre acusado de haber estafado por $9.000.000 a un vecino de Wheelwright, en el sur santafesino, desde una unidad penitenciaria ubicada en la ciudad de Córdoba.

La acusación fue presentada por el fiscal de Distrito de la Unidad Fiscal Melincué, Julián Cochero, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria contra Gastón Emanuel F., con último domicilio conocido en barrio Villa Páez, Córdoba capital.

Según la investigación, el imputado se habría hecho pasar por personal del área de seguridad de la plataforma Mercado Pago para engañar a la víctima, Germán M., a quien contactó el 14 de agosto de 2024 y días posteriores.

Engaño digital

El acusado, que se encuentra detenido en una cárcel cordobesa, se comunicó en primera instancia por teléfono y luego mediante videollamada, en la que evitó mostrar su rostro. Bajo la excusa de brindar asistencia por una supuesta transferencia errónea, logró que Germán M. compartiera información sensible, incluyendo su clave y su imagen facial.

De esta manera, Gastón F. obtuvo los datos biométricos necesarios para ingresar a las cuentas personales de la víctima, tanto de Mercado Pago como del Banco Macro, y concretó múltiples transferencias hacia cuentas que él mismo controlaba, entre ellas en el Banco Santander.

El monto total del perjuicio económico asciende a nueve millones de pesos ($9.000.000), dinero que el imputado habría utilizado para su propio beneficio.

Argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía consideró que el hecho encuadra en el delito de estafa, agravado por el uso de tecnologías de la información y la comunicación, así como por la planificación del accionar delictivo y la pluralidad de actos ejecutivos necesarios para consumar el fraude.

Además, se tuvo en cuenta como circunstancia agravante los antecedentes penales computables del imputado, algunos de ellos por hechos de violencia. Según el informe del Registro Nacional de Reincidencia, el acusado ya contaba con condenas previas.

Por todo esto, el fiscal Cochero solicitó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, al entender que se trata de una conducta grave y sin atenuantes relevantes que justifiquen una reducción en la sanción.

Un hombre de 27 años fue imputado este martes acusado de integrar una organización delictiva dedicada a realizar estafas inmobiliarias en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Entre las víctimas figuran familias de Venado Tuerto, que confiaron sus ahorros en la promesa de acceder a la vivienda propia, promesa que nunca se cumplió.

La audiencia se desarrolló en los Tribunales Provinciales de Casilda. El fiscal Emiliano Ehret le atribuyó a A.M.P. los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y 24 hechos de estafa reiterada, en calidad de coautor. La jueza Mariel Minetti ordenó su prisión preventiva efectiva hasta el 16 de febrero.

Una estafa con rostro familiar

La causa judicial viene desarrollándose desde 2025 y ya cuenta con otros dos imputados detenidos, quienes —según la investigación— ocupaban roles de jefatura dentro de la estructura criminal.

La maniobra era llevada adelante bajo la fachada de la firma “El Techo Moderno S.R.L.”, que operaba con el nombre de fantasía “Emprender Viviendas”. La empresa se presentaba como una constructora de viviendas modulares llave en mano, con supuesta experiencia y decenas de contratos cumplidos.

Sin embargo, su único objetivo era captar clientes, recibir pagos por adelantado y luego no cumplir con las obligaciones contractuales.

Venado Tuerto

La estafa alcanzó a numerosas ciudades, pero Venado Tuerto aparece como uno de los focos con mayor número de damnificados. Familias firmaron contratos, abonaron señas, cuotas o avances de obra, y luego quedaron a la deriva.

Muchas de las víctimas relataron que incluso habían preparado sus terrenos o construido plateas esperando el arribo de los módulos habitacionales que jamás llegaron.

Las consecuencias fueron devastadoras: daños patrimoniales y un profundo sentimiento de engaño y frustración. En muchos casos, los damnificados eran trabajadores que vieron en estas casas industrializadas una oportunidad para acceder a un techo digno.

Roles definidos dentro de la asociación ilícita

Según el Ministerio Público de la Acusación, el grupo operó entre mayo de 2020 y julio de 2025 en al menos siete localidades santafesinas, entre ellas Casilda, Rosario, Armstrong, Bombal, Gobernador Crespo, San Justo y, especialmente, Venado Tuerto.

Los imputados actuaban de forma coordinada consideran desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Todos los integrantes actuaban con conocimiento del objetivo ilícito, manteniendo una estructura delictiva estable y organizada, sostienen desde el MPA.

Un nuevo intento de estafa digital comenzó a circular en los últimos días, en plena etapa posterior a las elecciones nacionales. Se trata de un correo electrónico con dirección multas@gob.ar, que aparenta ser enviado desde Mi Argentina y advierte al usuario sobre supuestas multas por no haber votado.

El mensaje incluye un enlace que redirige a una página falsa para sustraer datos personales y financieros del dispositivo de la persona. Desde la Justicia Nacional Electoral aclararon que se trata de un engaño y recordaron que no se envían correos electrónicos para reclamar el pago de sanciones por no votar.

“La única manera de corroborar la situación del elector es ingresando al sitio oficial https://infractores.padron.gov.ar”, explicaron las autoridades.

Las personas que no asistieron a votar el 26 de octubre pueden ingresar al portal infractores.padron.gob.ar e ingresar su número de documento. Allí el sistema informa el historial de votación y, en el caso de esa fecha, puede aparecer “no informado” hasta que la Cámara Electoral procese toda la información del país.

En la página se despliegan dos opciones: “Justificar voto” o “Pago de multa”.

Si el ciudadano tiene una constancia documentada que justifique la no emisión del voto, debe seleccionar la primera alternativa y subir el documento correspondiente.

Esto aplica a casos en los que la persona estuvo a más de 500 kilómetros del lugar de votación, cuenta con un certificado emitido en una comisaría, o presentó un problema de salud, con certificado médico oficial emitido por entidades nacionales, provinciales o municipales.

Una vez subidas las constancias, el trámite queda bajo relevamiento de la Cámara Nacional Electoral, que evalúa la validez de los justificativos presentados.

Si el elector no posee justificativo, lo recomendable es generar el pago de la multa directamente para evitar futuros inconvenientes.

“Los problemas que pueden surgir son, principalmente, contratiempos administrativos con organismos del Estado nacional”, explicó el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Aristides Lasarte.

Entre los trámites que pueden verse afectados se encuentran la renovación del DNI, la emisión del pasaporte o la gestión de trámites previsionales ante ANSES.

“Desde la Defensoría del Pueblo estamos habilitados por la Cámara Nacional Electoral para asistir a quienes no puedan realizar el trámite de forma virtual”, aclaró Lasarte.

Quienes necesiten ayuda pueden acercarse con la documentación pertinente —como certificados médicos o constancias policiales— para que la institución los acompañe en la carga del trámite o en la regularización del pago de la multa.

Las autoridades insistieron en no ingresar a enlaces sospechosos, no brindar datos personales y verificar siempre la dirección del remitente de los correos electrónicos.

“Los únicos canales válidos son los sitios oficiales del Gobierno y la Cámara Electoral. Cualquier comunicación que prometa resolver multas o trámites a través de un link es falsa”, remarcaron.

El fenómeno de los phishing electorales se repite tras cada elección. Por eso, la Justicia Nacional Electoral refuerza sus canales oficiales de información y llama a la población a mantener la precaución frente a este tipo de fraudes digitales.

(Por Juan Ignacio Novak) - Hay imágenes que quedaron adheridas a la memoria colectiva: un té compartido, una mujer de vida acomodada entre amigas, y el rumor (después, confirmado de manera escabrosa) de que detrás de esa cortesía había cianuro.

"Yiya", la nueva serie que presentó su teaser en Flow (con coproductores como Kuarzo e Idealismo Contenidos), vuelve sobre la vida pública y los secretos de María de las Mercedes "Yiya" Murano, la envenenadora de Monserrat.

La serie combina drama y material documental para reconstruir el caso y, a la vez, interrogar la figura pública de Yiya. Reúne además a un gran elenco: Cristina Banegas; Julieta Zylberberg; Pablo Rago; Mónica Antonópulos; Cecilia Dopazo; Diego Cremonesi; y Carlos Portaluppi.

Flow

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano es, desde 1979, una de las figuras más inquietantes del crimen argentino. Acusada de envenenar a tres amigas y vinculada a redes de estafa, su juicio y condena ocuparon tapas de diarios y programas de radio y televisión.

Aunque fue imputada y condenada, y pasó más de una década en prisión, su vida pública (entrevistas y escándalos) continuó hasta sus últimos años. El caso dejó mucho que pensar sobre los límites de la transgresión mediática y sobre cómo los medios construyen fascinación por ciertos criminales.

La propia Mirtha Legrand la recibió más de una vez en su programa. Hubo, incluso, un momento antológico, durante el cual Yiya le ofreció masitas. Esto ocurrió en 2008, pero los productores luego advirtieron el nivel de cinismo que implicaba esa acción y Murano no volvió a la mesa de la diva.

La serie llega en un momento en el que el true crime se estableció como un género hegemónico: más allá de los datos policiales, los relatos construyen tipologías, mitos y reflejos culturales. Para ubicar a “Yiya” dentro de este fenómeno, basta mirar algunas películas clave del género.

"El silencio de los inocentes" (1991) desarrolla la fascinación por el carisma del mal. Hay un punto de encuentro con Yiya: una mujer seductora, de intensa vida social, cuya imagen pública generaba magnetismo, al igual que el doctor Lecter.

"Pecados capitales" (1995), de David Fincher, es un thriller en el que el asesino organiza sus crímenes en torno a un sistema simbólico que obliga a la sociedad a revisar sus valores. En este sentido, Yiya Murano puede interpretarse como un espejo sucio de nuestras propias contradicciones sociales.

Flow

Para pensarlo en clave femenina, "Monster" (2003) retrata a una mujer asesina con gran carga empática, cuestionando la delgada línea entre el "monstruo" y la "víctima social".

La fascinación por el asesino serial combina curiosidad morbosa, deseo de explicación y un ejercicio colectivo de anestesia frente al peligro. En el caso de Yiya, ocurre algo particular: la tradición asocia a la mujer con el cuidado y lo doméstico; encontrar allí a un criminal resulta inesperado y, por eso, cautivante.

A su vez, el caso tuvo un fuerte impacto mediático: juicios, entrevistas y reconstrucciones dramatizadas generaron una demanda creciente de nuevas representaciones. En Argentina, Yiya ya era personaje de crónicas periodísticas e incluso de literatura. La serie no hace más que inscribirse en esa genealogía.

Una situación de gravedad estalló en Casilda y otras localidades del sur santafesino, que tiene como epicentro la empresa de viviendas prefabricadas Techo Moderno SRL, cuya operatoria fue denunciada por más de treinta damnificados como una “estafa sistemática”.

La firma, con sede en Casilda bajo el nombre Emprender Viviendas, pero con propietarios que serían de Venado Tuerto, había logrado ganarse la confianza de clientes de varias provincias, prometiendo la construcción de casas con precios competitivos, contratos en regla y supuestos antecedentes positivos. Sin embargo, según advierte el abogado Edgar Rasino, todo formaba parte de una “estructura fraudulenta” que se repitió con distintos nombres y protagonistas.

“Venden, construyen una o dos casas para mostrarlas, y con eso convencen a otros. Se quedan con el resto del dinero y desaparecen. Luego arman otra sociedad y repiten el esquema”, denunció Rasino.

La empresa está integrada por tres socios. Según relató el abogado, funcionó correctamente durante sus primeros meses, lo que generó una buena reputación inicial. Sin embargo, a partir de 2022 comenzó el patrón de incumplimientos.

“Hay casos de incumplimientos de más de dos años. La gente espera, aguanta, porque se trata de la vivienda familiar, algo muy sensible. Pero finalmente, no hay respuestas y no se construye nada”, explicó.

El propio Rasino resultó damnificado: en 2023, su hijo firmó contrato con la empresa por recomendación de un vendedor que conocía personalmente. El pago se realizó en tiempo y forma, pero nunca se avanzó con la obra. “Ahí me di cuenta que no era un caso aislado, que éramos muchos, y decidí convocar a otros afectados para organizarnos”, detalló.

Actualmente, son al menos seis los abogados que trabajan en la presentación penal que se realizará la semana próxima, además de las acciones civiles que seguirán su curso para intentar recuperar parte del dinero perdido.

“Esto no es simplemente un incumplimiento contractual. Por la reiteración de casos, la continuidad de la maniobra y la utilización sistemática de nuevas razones sociales, entendemos que se trata de un delito penal con dolo. Es una estafa”.

Uno de los datos más alarmantes revelados por Rasino es que al menos uno de los integrantes de la empresa estaría operando actualmente con una nueva firma, vendiendo viviendas en localidades como Salto Grande, bajo una fachada distinta, pero con la misma mecánica.

Además, los vendedores que operaban en Casilda y fueron la cara visible de la empresa ya no están en la ciudad.

Los montos perdidos por los damnificados varían enormemente. “Hay personas que pagaron hasta 70 millones de pesos, otras entregaron vehículos como parte de pago. Es devastador. Algunos entregaron todos sus ahorros”, lamentó.

Asimismo, planteó que la confianza de los clientes fue cimentada también a través de publicidad en redes sociales, sponsoreo de equipos de fútbol y presencia mediática. Según Rasino, esa estrategia fue clave para generar legitimidad.

La denuncia penal será presentada en los próximos días y, según adelantó el abogado, incluirá no solo a los socios de la empresa sino a los vendedores y a cualquier persona que haya participado de forma activa en la maniobra.

“Queremos que se investigue todo. Esto no puede volver a pasar. No se trata solo de recuperar dinero, sino de ponerle fin a una cadena de estafas que afecta a familias enteras”.

Ya en el año 2023, la firma Techo Moderno SRL había sido denunciada por varias familias en la ciudad de Rosario por estafa en la construcción de viviendas modulares, no sólo de esa ciudad sino de varias localidades de la provincia de Santa Fe.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) registró pérdidas por unos 1.591 millones de pesos, luego de que las facultades de Derecho y de Odontología cayeran en una estafa en la que se hicieron distintas transferencias desde cuentas del Banco Nación a personas físicas y jurídicas inexistentes.

Tanto la UBA como la entidad bancaria involucradas iniciaron investigaciones internas, lo que derivó en la detención de 17 personas, en el marco de una causa que encabeza el juez Sebastián Ramos.

Los movimientos de dinero se concretaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal de Tesorería de la UBA e impartieron diversas órdenes de transferencias bancarias MEP (Medio Electrónico de Pago).

De acuerdo con el informe judicial "se lograron individualizar trece transferencias por un total de 1.591 millones de pesos.

No conformes con eso, los estafadores "habían intentado que se autoricen otras tres transferencias", en este caso por 341 millones de pesos.

Las órdenes "se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico, y luego en formato papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas".

Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: tesoreria@ubatic.net.ar, utilizada para enviar los formularios de transferencia.

Catorce a catorce fue la votación entre los 28 integrantes de la Comisión Investigadora del caso de la criptomoneda $Libra que debía quedar conformada este miércoles por la mañana. La comisión fue votada en la sesión del 8 de abril de la Cámara de Diputados, junto con la interpelación a varios integrantes del gabinete nacional, de los que solo concurrió el martes por la tarde el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

En definitiva, al no llegar a un acuerdo sobre quién presidirá la comisión, que tendrá como finalidad investigar las responsabilidades en torno al caso definido como estafa que estalló el 14 de febrero pasado, su creación oficial quedó en suspenso.

No es un mero detalle el nombre de quién presidirá el grupo de trabajo que fue impulsado por la oposición. Precisamente, Sabrina Selva (UxP) fue la candidata que designó el bloque justicialista y que avalaron el Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y Nacional y Popular.

Por el lado del oficialismo, se propuso a Adrián Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, que tuvo el acompañamiento del Pro aliado con el Mid (de Oscar Zago),

Liga del Interior, Innovación Federal y la UCR que integra la comisión.

La diferencia entre una candidata y otro es elemental: la primera votó a favor de la creación de la comisión investigadora y el segundo en contra.

Así las cosas y sin posibilidades de destrabar el empate en la reunión, se decidió levantar la sesión que fue dirigida por Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara baja.

Este martes y por varias horas se realizó la interpelación al Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, por el tema de la criptomoneda que promocionó el presidente Javier Milei.

La composición de la comisión, que debe fijar día y hora de reunión además del reglamento, mutó desde la sesión del 8 de abril cuando fue aprobada por 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones, hasta este miércoles: comenzó siendo de 24 integrantes, pasó a 26 y totalizó 28 con la creación de interbloques y reacomodamientos entre las fuerzas.

Entre las opciones que se escucharon en la sesión de este miércoles, figuraban un cuarto intermedio para tratar de acordar un nombre capaz de reunir una mayoría, la vuelta del debate al pleno de Diputados o el levantamiento de la sesión para buscar un acuerdo, alternativa que primó entre los integrantes.

La previsión, ahora trunca, era conformar la comisión investigadora un día después de la interpelación que se realizó el martes por el mismo caso $Libra al Jefe de Gabinete de Ministros en el recinto de Diputados. Allí estaban convocados también los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona quienes invocaron cuestiones de agenda para no asistir. Igual, fueron llamados nuevamente para el 14 de mayo.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 20 años, cuyas iniciales son ATV, al que se investiga como autor de una falsa denuncia en Rufino. Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Lorena Garini, en una audiencia desarrollada de forma remota en los tribunales rufinenses.

La fiscal Rafaela Florit está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. En tal sentido, indicó que “si bien la Defensa propuso medidas alternativas, la magistrada consideró que estaban acreditadas las condiciones necesarias para hacer lugar a nuestro requerimiento”.

Florit precisó que “la jueza dispuso la prisión preventiva hasta el 5 de mayo próximo a los fines de completar la investigación y presentar la acusación correspondiente”.

La fiscal precisó que “alrededor de las 2:20 de la madrugada del jueves de la semana pasada, el imputado se presentó en la Comisaría Tercera para denunciar que le habían sustraído un teléfono celular”.

“Manifestó que tres hombres lo habían interceptado en la vía pública y lo habían amenazado con un cuchillo para robarle el dispositivo”, detalló Florit.

La representante del MPA relató que “el imputado dijo que podía reconocer a uno de los involucrados y que además sabía el lugar en el que estaban”.

“Luego se realizó una requisa voluntaria en el domicilio indicado, donde se procedió al secuestro de un teléfono y se realizó el traslado a sede policial de algunas personas”, informó Florit.

La funcionaria sostuvo que “luego de tomar testimonios, analizar imágenes de cámaras de vigilancia y de distintas diligencias investigativas, se pudo comprobar que ATV había vendido el teléfono a uno de los hombres al que denunció como autor del supuesto robo”.

“El imputado no solamente realizó una falsa denuncia y cometió el delito de falso testimonio, sino que además intentó estafar a la persona que le compró el móvil, y quiso engañar a los funcionarios de la policía, del MPA y del Poder Judicial que intervinieron”, manifestó Florit.

Delitos

Al hombre que quedó en preventiva se le atribuyó la autoría de falsa denuncia, falso testimonio agravado (por ser prestado en causa criminal) y tentativa de estafa procesal. 

Un intento de estafa en una agencia de motos de Firmat terminó con la aprehensión de dos jóvenes oriundos de Venado Tuerto. El hecho se registró este jueves, cuando el propietario del local comercial denunció que uno de los sospechosos había intentado concretar la compra de una moto presentando un comprobante de pago apócrifo.

Según informaron desde la Comisaría 4ta de Firmat, el comerciante envió material fílmico del momento en que el sujeto intentaba validar la operación con un comprobante falsificado. Al ser descubierto, el individuo se retiró del local a bordo de un Chevrolet Astra color champagne.

Rápidamente se activó el protocolo de búsqueda y la central de monitoreo localizó un vehículo con esas características en la estación de servicio ubicada en la intersección de Ruta Nacional 33 y Ruta Provincial 93.

Personal policial se presentó en el lugar y, tras corroborar la patente, identificó a los ocupantes del vehículo: dos hombres de 20 y 27 años domiciliados en Venado Tuerto. Con autorización del conductor y en presencia de dos testigos, se realizó un registro del auto, encontrando elementos de interés para la causa.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió al secuestro del vehículo, de los teléfonos celulares y de otros objetos que podrían estar vinculados a la maniobra delictiva.

Ambos jóvenes quedaron imputados por el delito de tentativa de estafa y se les formó causa judicial.

El pasado viernes 5 de abril, efectivos de la Patrulla Rural de Olavarría, junto a personal judicial, realizaron un allanamiento en un establecimiento ganadero de Berabevú, departamento Caseros, al sur de la provincia de Santa Fe. Allí se encontraron 365 terneros Angus, negros y colorados, denunciados como parte de una operación fraudulenta.

La hacienda fue identificada como propiedad de una consignataria de Olavarría, que había entregado los animales a un cliente habitual en febrero, bajo la promesa de pago a 48 horas. El valor total de los terneros se estima en más de $300 millones.

Según la denuncia presentada el 25 de marzo por la firma damnificada, el comprador incumplió los pagos de cuatro remates consecutivos. Luego se descubrió que se había presentado en concurso de acreedores en enero, ocultando la operación y minimizando la deuda total ante la Justicia.

El hombre declaró un pasivo de $180 millones, aunque las pruebas presentadas indican que la deuda real supera los $260 millones. Esta subdeclaración habría sido parte de una estrategia para negociar condiciones más favorables con los acreedores.

Además, el productor ya había estado vinculado a una causa anterior por estafa en operaciones ganaderas, en la que se habrían defraudado US$2 millones.

Durante el allanamiento, el dueño del feedlot en Berabevú aseguró no estar al tanto del origen irregular de los animales. La jueza de Garantías, Fabiana San Román, resolvió que la hacienda permanezca en el establecimiento como depósito judicial, mientras avanza la investigación.

La Justicia deberá determinar si el feedlot actuó de buena fe o si fue parte de una maniobra de ocultamiento. En paralelo, la consignataria busca recuperar la hacienda o ser indemnizada.

Este caso encendió las alarmas en el sector agropecuario, donde las operaciones de compra y venta de hacienda dependen en gran medida de la confianza. La falta de herramientas legales eficaces para verificar la situación financiera de los compradores vuelve vulnerables a consignatarias y productores.

Entidades rurales y cámaras del sector ya están reclamando la creación de registros de deudores concursados y mecanismos de alerta temprana ante situaciones de cesación de pagos.

"Esto fue una operación montada con total premeditación. El productor conocía su situación financiera y aún así continuó comprando. Lo más grave es que ni siquiera lo declaró en el concurso. Nos sentimos absolutamente desprotegidos", expresó un representante de la consignataria damnificada.

*Con informacion de La Nación

Elías Piccirillo fue detenido por la Policía al quedar involucrado en una causa por posible robo y estafa. Su denunciante, Francisco Hauque, declaró en los medios que conoce a Jesica Cirio y considera que ella está al tanto del accionar delictivo de su marido.

Pero la modelo optó por no responder y se encuentra recluida junto a sus seres queridos. El que habló fue su abogado, Claudio Caffarello, que dijo a TN Central que “no hay ningún tipo de prueba ni de evidencia que direccione la investigación hacia Jesica Cirio. Ni por parte del Ministerio Público Fiscal ni el juzgado. No han encaminado la investigación para el lado de Jesica Cirio”.

“Jesica en este momento no tiene ninguna imputación ni investigación en su contra por parte de la fiscalía o del juzgado. ¿Sabés qué es lo que me llama más la atención? Que todo ese tipo de declaraciones las dejan consignadas en los medios, pero no en el expediente", dijo.

"Y hasta donde yo sé y aprendí en la facultad, las defensas son en los expedientes. Sería bárbaro que todo lo que dice Hauque, su abogado lo vuelque en el expediente, porque la verdad que yo no lo vi”, remarcó el abogado de Cirio.

Caffarello confirmó que el trámite de divorcio con Piccirillo ya está iniciado: “Ella judicialmente no está ni investigada ni imputada por ningún tipo de participación en la conducta que, sí, sabemos todos, se le imputa a un marido, por qué lo digo así, porque ya los trámites de divorcio están iniciados”.

El abogado destacó que la modelo y conductora no la está pasando bien: “Ella está conmovida, no es una situación fácil. Pero, bueno, ya está, es lo que vive y está afrontándola. Está conmocionada. Es muy fuerte lo que está viviendo, es una situación muy fuerte, en la que ella es absolutamente ajena, la salpica desde lo público, por supuesto, desde lo mediático”.

Por último, desmintió que Cirio sea propietaria de 42 departamentos, como trascendió en los últimos días: “Las declaraciones juradas de la señora Cirio están agregadas en la otra causa, la que ustedes recién aludieron, y que obviamente, por razones obvias, no voy a exhibir, ni voy a enumerar. No es eso que están diciendo ahí. Ahí no hay 42 departamentos”.

Esa declaración llegó a cuento de una supuesta lista de propiedades que la modelo tendría en su patrimonio.

Un hombre de 54 años, cuyas iniciales son CDE, quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que se lo investiga por haber cometido un robo con un arma de fuego en Venado Tuerto. La víctima es una persona que pretendía comprarle dólares al imputado.

La cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Paula Borrello, en una audiencia que se desarrolló este jueves en la mañana en los tribunales venadenses.

La fiscal Andrea Cavallero está a cargo de la investigación y es quien solicitó la preventiva. En tal sentido, informó que “la jueza valoró las evidencias que presentamos y sostuvo que son suficientes para acreditar la materialidad del hecho y la posible autoría por parte del hombre investigado, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa del proceso penal”.

Además, la fiscal afirmó que “se contempló que la pena en expectativa es a prisión de cumplimiento efectivo”. En tanto, indicó que “la magistrada consideró que el peligro de fuga estaba latente, en función de las propias circunstancias del hecho ilícito, así como de las medidas investigativas que resta realizar”, y mencionó que “todavía no se hallaron ni el arma de fuego utilizada en el robo ni el dinero sustraído”.

Por otro lado, Cavallero destacó que “antes de que el imputado ingresara a la sala de audiencias, la víctima fue escuchada por la jueza”.

La representante del MPA planteó que “alrededor de las 7:30 de la mañana del lunes pasado, el imputado fue hasta el domicilio de un hombre al que le había ofrecido 6.000 dólares a la venta”, y explicó que “habían acordado previamente que el comprador pagaría 7.560.000 pesos”.

“Cuando estaban por concretar la transacción, el investigado apuntó un arma de fuego hacia la cabeza de la víctima y le sustrajo el dinero que tenía en moneda nacional”, relató Cavallero. “Tras apoderarse ilegítimamente del efectivo en pesos, conservó consigo los dólares, que pertenecían a un tercero que se los había entregado para cambiarlos”, aseguró.

Asimismo, señaló que “antes de irse, el imputado agredió a la víctima con una patada que la hizo caer al suelo y, una vez allí, la golpeó de nuevo de la misma forma”. Al respecto, subrayó que “en el marco de la situación violenta, el investigado amenazó de muerte al hombre atacado y lo instó a que no denunciara lo sucedido”.

En cuanto a la aprehensión de quien quedó en preventiva, la fiscal precisó que “momentos después del hecho delictivo, una vecina de la víctima advirtió lo que había sucedido y se comunicó con la Central de Emergencias 911”, y añadió que “el imputado fue privado de su libertad ese mismo día por agentes policiales”.

El imputado es investigado como autor de robo calificado (por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada).

"Milei debe asumir la responsabilidad de su cargo. No puede seguir actuando como un comentarista más cuando sus palabras tienen impacto directo en la economía y la relación del país con el mundo", sostuvo el diputado nacional Mirabella, del bloque “Defendamos Santa Fe”. 

Además, recordó que ya cuando era legislador nacional había ocurrido un caso similar y el hoy jefe de Estado admitió haber cobrado 10.000 dólares por la promoción de criptomonedas. "El pueblo argentino merece un liderazgo comprometido, no actitudes que lo subestimen", señaló.

En la misma línea, el rafaelino sostuvo que “el Presidente no puede comunicar beneplácitamente sobre un tema financiero” y que su accionar deja dudas sobre si fue parte de una estafa o simplemente actuó sin conocimiento. “Si lo sabía, está siendo parte de la estafa. Y si no lo sabía, no lo tendría que haber hecho”, afirmó.

Además, consideró que la Justicia debería investigar el caso “de manera natural y oficial” y que el Congreso debería avanzar con una interpelación. “Me parece grave lo que está pasando y no se puede hacer como que no pasa nada”, advirtió. También cuestionó la reacción del mandatario ante las críticas: “Se defiende atacando, insultando y diciendo barbaridades”.

Un hombre de 40 años fue condenado a 17 meses de prisión al ser encontrado culpable de estafar a una mujer oriunda de Venado Tuerto que intentaba comercializar dos neumáticos en una conocida red social. Se trata de Pedro Santiago Vera, oriundo de Bell Ville, y actualmente detenido en el penal de Villa María, provincia de Córdoba. 

El hecho se registró a mediados de 2023 y, en el marco de un juicio abreviado, el hombre aceptó la culpabilidad. El representante del Ministerio Público de la Acusación fue el fiscal Damián Casullo y el juez, Leandro Martín.

Además, las partes acordaron un resarcimiento económico para con la víctima. 

Los hechos

Según consta en el expediente, al que accedió Sur24, “a través de la utilización de aparatos de telefonía celular y chips de líneas telefónicas con diversos códigos de área, Pedro Santiago Vera procedía a contactar usuarios de redes sociales que ofrecían productos a la venta a través de la plataforma Marketplace”.

Utilizando “usuarios de aplicaciones sociales apócrifos (con nombres y fotografías extraídas de distintas redes) se ponía en contacto con los oferentes para pedirles números de teléfono” y luego se comunicaba con ellos vía mensajes o llamadas telefónicas de WhatsApp y hacía una oferta económica sobre el producto en cuestión. 

En el caso por el que fue condenador, posteriormente solicitó a la víctima una cuenta bancaria para realizar la transferencia. Le enviaba un comprobante falso, donde además figuraba una cifra con un cero de más del monto acordado. 

A renglón seguido, el malviviente decía que se había comunicado con atención al cliente de la entidad crediticia para informar el error, y que en minutos ellos mismos llamarían (a la víctima) para señalarle los pasos a seguir.

De esta manera, otro ladrón se hacía pasar por empleado del banco e indujeron a la mujer de Venado Tuerto a realizar diferentes maniobras con sus cuentas bancarias, amenazándola que sus cuentas serían bloqueadas y que AFIP estaba monitoreando dicha operación.

Una vez que se hacían de los datos bancarios procedían a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias y/o virtuales que suelen ser propias, hackeadas o compradas para luego transferirla a otras cuentas y así hacerse con el dinero sustraído. 

En este caso robaron en total 341.675. Finalmente, Pedro Santiago Vera, admitió su culpabilidad, aceptó devolver el dinero y fue condenado por “estafa” a un año y cinco meses de prisión de ejecución efectiva por contar con antecedentes condenatorios. 

En la jornada del miércoles personal policial perteneciente a Comisaría Segunda, momentos en que realizaban tareas de investigación, observa en calle Tonelli al 600 un automóvil en estado de abandono. Es por ello que verifican a través del servicio de emergencias 911 el dominio del vehículo, arrojando que sobre el mismo pesa un pedido de secuestro activo a solicitud de la fiscalía local.

Seguidamente los efectivos policiales se entrevistan con la propietaria de la vivienda de calle Tonelli al 600, la cual manifestó que el automóvil es de su hija.

En consulta con el fiscal en turno y puesto en conocimiento respecto de que el rodado estaría vinculado a un ilícito,  dispuso que notifiquen a la mujer que dice ser la propietaria del auto de la causa por el delito de estafa y procedan al secuestro del mismo.

El Gobierno de Venado Tuerto alerta a la ciudadanía sobre intentos de estafa mediante avisos apócrifos colocados en vehículos, que simulan ser notificaciones de infracciones de tránsito. Estos avisos incluyen códigos QR que redirigen a sitios fraudulentos, con el objetivo de obtener datos personales, bancarios o instalar software malicioso.

Estos documentos falsos suelen presentar mensajes como "Vehículo en infracción" y "Usted se estacionó mal", con instrucciones para "ver la multa" a través de un código QR, buscando generar alarma en los conductores.

Se recomienda: no escanear el código QR; verificar siempre en canales oficiales; evitar proporcionar datos personales o bancarios en sitios web que no sean oficiales; estar atentos y reportar estos intentos de estafas al teléfono 15520066 (Inspección General).

Una pareja de origen chino radicada en Santa Fe, dueños del supermercado "Estrella", fueron víctimas de una millonaria estafa en la provincia de Córdoba. La historia comenzó cuando Yan Shubin, de 31 años, y su pareja, Yang Qigxia, de 54, establecieron contacto a través de Facebook con una persona que ofrecía mercadería en la vecina provincia, a lo cual accedieron por el atractivo precio.

El lunes por la tarde, alrededor de las 17 hs, la pareja emprendió el viaje hacia Córdoba, convencidos de que se trataba de una oportunidad confiable. Sin embargo, al llegar al lugar pactado en el barrio Bella Vista, fueron recibidos por seis personas que los invitaron a entrar a una vivienda vacía. Allí, cumpliendo con el trato inicial, Yan y Yang entregaron 21 millones de pesos en efectivo, esperando recibir la mercadería a cambio.

Tras unos minutos de conversación, los supuestos vendedores tomaron el dinero y, sin ninguna explicación, abandonaron la casa, dejando a Yan y Yang solos y sin el cargamento que esperaban. La pareja intentó pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde: el dinero había desaparecido junto con los estafadores.

Este incidente, que afectó de manera grave a los comerciantes orientales, está siendo investigado por la policía cordobesa, mientras se refuerzan las recomendaciones de seguridad para operaciones comerciales que involucren altas sumas de dinero y contactos no verificados.

Un joven de 19 años fue estafado en una cifra cercana al millón de pesos cuando intentó comprar una motocicleta de 150 cc mediante la red social Facebook a través de Marketplace.

El hecho se registró en la jornada del viernes, y el damnificado radicó la denuncia en sede de la Comisaría 12 de Venado Tuerto, aunque por el momento no surgieron novedades en la investigación.

Fuentes del caso consultadas por Sur24 indicaron que la víctima (M.A.A.) observó hace una semana una publicación en Facebook donde un hombre vendía una motocicleta Honda XR 150 cc modelo 2016 a 2 millones de pesos.

Tras un breve intercambio de mensajes, continúaron la conversación por WhatsApp. El malviviente prometió que viajaría desde Cañada de Gómez en una camioneta para trasladar el birrodado a Venado Tuerto.

Pero en el medio del viaje “surgió un inconveniente”: el ladrón se comunicó para informar que fue retenido en un control policial, y que para poder continuar los agentes le exigían una coima de un millón de pesos, dinero que no tenía en su poder. En consecuencia, solicitó que le adelante parte del pago. El joven accedió y realizó una transferencia por 430.000 pesos y otra de 500.000. 

Posteriormente el malhechor fue por más, asegurando que los uniformados le iban a secuestrar la camioneta, y para evitar que eso pase, necesitaba el resto del dinero. Pero en esta oportunidad la víctima se percató que estaba siendo engañado y se acercó a la comisaría a informar sobre lo padecido. 

Un hombre de 51 años y una mujer de 42 que es su pareja fueron imputados por estafas vinculadas al denominado "Fondo del 30%" que se distribuye entre empleados del hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Federico Grimberg en la sede de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.

Al imputado, cuyas iniciales son JAC, se le atribuyó la autoría del delito de estafas. De acuerdo con la investigación, era la persona que estaba a cargo de la liquidación y el pago de haberes al personal activo del efector. En relación a la mujer investigada, sus iniciales son MBM, trabaja en otra área del nosocomio y se le endilgó ser partícipe secundaria del delito. Al momento de ser imputadas en el MPA, las dos personas entregaron sus pasaportes.

El funcionario judicial remarcó que "ambos se beneficiaron económicamente a partir de las maniobras ilegales". A su vez, recordó que "otras 10 personas también son investigadas y ya fueron imputadas en el marco del mismo legajo por haber obtenido ganancias como resultado de los ilícitos".

Por otra parte, Grimberg indicó que "el hombre de 51 años además fue imputado por actividades relacionadas a la captación de juegos de azar de manera clandestina".

Grimberg señaló que "las estafas fueron por un total de 38.337.865 de pesos, monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos". Al respecto, aclaró que "el número surgió del análisis de las sumas de dinero recibidas de manera ilegítima por las 12 personas involucradas", y añadió que "tales movimientos se registraron entre enero de 2020 y octubre del año pasado".

El fiscal remarcó que "conforme lo establece la normativa, el comúnmente denominado 'Fondo del 30%' debía ser distribuido entre todas las personas que trabajan en el nosocomio". Según explicó, "se trata de la recaudación generada por los servicios que se brindan en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares".

"Durante años, el hombre de 51 años remitió al Consejo de Administración del hospital el detalle de las liquidaciones con información verídica acerca de cuánto dinero le correspondía a cada uno de los empleados y luego tergiversó las listas en el procedimiento administrativo mediante la cual se realizan los pagos", relató Grimberg.

"El responsable de enviar el archivo al banco para materializar las transferencias alternaba datos tales como montos dinerarios, números de cuenta bancaria, números de DNI y nombres originariamente consignados", sostuvo el funcionario del MPA. "En función de ello, se concretaban transferencias a personas que no debían recibirlas –entre ellas, el investigado como autor de la estafa y su pareja–, y por cantidades que no eran las previamente informadas y aprobadas", especificó.

En cuanto al otro delito que se investiga, el fiscal refirió que "sin autorización, el imputado y otras personas que aún no fueron individualizadas ofrecieron la creación de usuarios habilitados para utilizar plataformas de casino en línea disponibles en alrededor de 20 páginas web diferentes".

A su vez, expuso que "también vendían y canjeaban créditos virtuales por dinero que los jugadores les transferían a cuentas bancarias o billeteras económicas".

"El hombre investigado brindó estos servicios ilegales entre diciembre de 2020 y octubre del año pasado y obtuvo rédito económico de ello", concluyó.

Delitos

Al hombre de iniciales JAC se le atribuyó la autoría de estafas y la coautoría de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro. Su pareja, por su parte, es investigada como partícipe secundaria de estafas.