Menos gastos en subsidios del Estado Nacional, atraso de las inversiones en infraestructura y suba estacional en la importación de gas natural licuado con precios afectados por el conflicto en Medio Oriente, son los principales elementos que explican la fuerte suba del megavatio mayorista en la Argentina dentro de las actuales políticas energéticas de la Casa Rosada.

Pero además, existe un cambio en las regulaciones que nuevamente ató al mercado mundial el valor de los costos en los niveles de la generación y el transporte del gas natural y de los megavatios.

Desde hace más de dos años y medio, el Estado nacional le reconoce a las empresas privadas esas variables internacionales de acuerdo con la legislación original de las concesiones (que data de la década del 90) y al mismo tiempo, retira de a poco los subsidios a los usuarios.

El resultado es que los usuarios industriales y comerciales tienen tarifas que cubren esos costos (y esas ganancias) . Y que los hogares (usuarios residenciales) pagan una parte cada vez más sustancial de los llamados costos reales de generación.

El informe mensual que elabora la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima muestra entre sus datos más relevantes que el valor promedio del megavatio, que compran empresas distribuidoras -como la Epe- alcanzó en julio los 168,6 dólares frente a los 96,8 de igual mes del año anterior, lo que representa una variación de +74%.

Cammesa informó que la demanda total del mes pasado resultó 1.3% mayor a la del mismo mes del año 2025. Que se incrementó considerablemente la energía aportada por las centrales hidroeléctricas que tienen menores costos, pero que no lograron compensar los altos precios de los combustibles importados para la generación con gas natural comprimido importado, fueloil y gasoil.

Además, indica que fue 2% más alto el "despacho térmico" de julio de 2026 que el de ese mes del año pasado, lo que quiere decir que las máquinas para generar electricidad alimentadas con derivados del petróleo tuvieron más actividad.

El consumo medio de combustibles de esos despachos terminó arriba del año pasado:"+3.8% en conjunto si comparamos con julio 2025", y en un 82% fue "de gas natural nacional", agrega el informe.

No se quemó gas natural del país para producir un 18% de la generación térmica y esa porción en buena medida se cubrió con importaciones, mediante 28 barcos cargados con gas natural licuado (GLP), que tiene altísimos costos por la guerra Medio Oriente.

En el invierno de 2025 fueron necesarios solo 27 y en 2024, 30, pero sus valores fueron muy inferiores. Hoy, el 52% de la generación requiere quemar combustibles derivados del petróleo.

Con una infraestructura en gasoductos que solo es suficiente para cubrir el pico de la demanda del invierno de los usuarios residenciales, el país debió usar gas importado y combustibles líquidos caros.

Habitualmente, durante el resto del año los usuarios de la energía eléctrica cuentan con la ventaja de que el gas natural nacional alcance tanto para su consumo doméstico como para alimentar las usinas térmicas que generan electricidad.

En los días más fríos del invierno, cuando solo la capacidad instalada de los gasoductos y de todo el sistema de transporte del gas proveniente de Vaca Muerta cubre una parte de los requerimientos se debe recurrir al gas natural licuado importado mediante buques.

El precio del megavatio es solo uno de los tres componentes de las facturas que la Epe cobra a los usuarios. Una parte corresponde al VAD, Valor Agregado de Distribución que debe cubrir el funcionamiento y las utilidades de la distribución, otra los impuestos, y finalmente el costo de la energía mayorista.

Las ayudas "focalizadas" del Estado Nacional cubren en promedio al 65% del consumo en la totalidad de los hogares del país. Y aunque esos aportes son menores año tras año, para julio hubo un suba de 11 puntos que buscó morigerar los efectos de las políticas regulatorias y los efectos del mercado mundial.

En lo que va del 2026, la brecha de subsidios de los usuarios residenciales (con y sin subsidio) se había achicado del 44% al 31% entre enero y abril. Pero a partir de mayo la tendencia se revirtió y hoy un 65% de la totalidad de los kw/h en el nivel mayorista los cubre el Estado Nacional.

Pero las diferencias son amplias entre los clientes según cuenten o no con ayudas nacionales en la energía eléctrica mayorista. Quienes tienen subsidios solo pagan un 20% del total y aquellos que no, un 54%.

La discusión por el estado de las rutas nacionales, el retiro del gobierno de Javier Milei de la obra pública y el destino de los fondos recaudados volvieron a poner el problema en el centro de la agenda política. La problemática fue eje de una reunión convocada por la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación.

Jefes comunales, legisladores y referentes gremiales de distintos puntos del país trasladaron ante la Cámara baja su preocupación por el estado de las rutas nacionales. También expusieron representantes sindicales de de Vialidad Nacional e integrantes de organizaciones de víctimas viales que aportaron datos a la discusión.

El reclamo escaló tras conocerse la subejecución del fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial) y mientras las provincias -como recientemente lo hizo Santa Fe- asumen el mantenimiento de los corredores nacionales con recursos propios.

Entre 2024 y mayo de 2026, según relevó La Nación, ingresaron $1,503 billones al sistema y apenas $394.406 millones fueron aplicados a infraestructura vial. La subejecución alcanzó el 73,8% y, al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que una parte de los recursos es utilizada para sostener el equilibrio fiscal.

En la comisión, extendieron esa cuenta hasta julio. La Federación del Personal de Vialidad Nacional calculó que desde diciembre de 2023 el impuesto a los combustibles recaudó $11,2 billones y estimó que cerca de $1,6 billones correspondían al componente vial. Según la exposición gremial, se aplicaron unos $530.000 millones. También denunciaron una fuerte caída real del presupuesto, obras paralizadas y una red que, de acuerdo con sus inspecciones visuales, presenta entre un 70% y un 75% de sus kilómetros en mal estado.

En representación de Santa Fe, participó de la reunión la senadora provincial, Leticia Di Gregorio. Recordó que el Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó a Vialidad Nacional intervenir las rutas nacionales 7, 8 y 33. Detalló, en su exposición, que se acumulan 707 siniestros y más de 80 muertos durante los últimos cinco años en la 33. “Las rutas las usamos todos los días, no una vez al año para irnos de vacaciones”, planteó al describir el impacto sobre las 31 localidades del departamento General López.

También desde Chabás, el presidente comunal Lucas Fanelli aportó otro ejemplo de la transferencia de costos. Relató que la comuna debió utilizar maquinaria, personal, ambulancias e inspectores para asistir accidentes y realizar tareas sobre la Ruta 33. "¿En qué en qué lo devuelven?", se preguntó. "No es en ruta, ni en hospitales, ni un plan de vivienda, ni de cloacas", dijo. Y agregó: "Me gustaría estar acá por la inauguración de una autopista, no peleando por un pozo".

En tanto, el diputado Pablo Farías del bloque de Provincias Unidas reparó en que las deudas son acumuladas de gobiernos anteriores, pero calificó al actual como “el peor período de gobierno respecto a la obra pública” que recuerda. Y señaló que alrededor de dos millones de camiones convergen hacia las terminales portuarias del sur santafesino de donde salen cerca del 80% de las exportaciones agropecuarias del país: "Esto también tiene otras consecuencias, como la destrucción de toda esa red vial, que no admite dilaciones a la hora de las obras", planteó. Y valoró que el Gobierno de Santa Fe de la Ruta Nacional A012: "es una forma de demostrar que sí se puede se puede gestionar la obra pública sin corrupción".

En el mismo sentido se había expresado previamente Gisela Scaglia, jefa de bloque de Provincias Unidas y ex vicegobernadora de Santa Fe: “las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes”, había advertido al presentar un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique cómo se administraron los recursos del SisVial desde enero de 2024 a la fecha.

En paralelo, Santa Fe puso números al reclamo. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró días atrás que entre enero de 2024 y julio de 2026 los santafesinos aportaron más de $903.000 millones por el Impuesto a los Combustibles y que la provincia recibió $170.510 millones.

“Confesar que sostienen el equilibrio fiscal reteniendo más de $732.000 millones que por ley deberían volver en obras significa subsidiar las cuentas públicas a costa de la rentabilidad de nuestros productores, industriales y exportadores”, cuestionó a través de una publicación en X.

El gobierno de Pullaro contrapone esa cifra con su propio programa de infraestructura. El ministro de producción afirmó que Santa Fe ya invirtió más de US$2.200 millones y reparó 3.400 km de rutas. “Acompañamos sin dudas el equilibrio fiscal, la baja de inflación y el ordenamiento macroeconómico. Pero el verdadero crecimiento sólo llega si somos competitivos a nivel global”, apuntó Puccini.

El SisVial fue creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Si bien no todo lo recaudado tiene como destino específico la red vial ni contempla una correspondencia automática entre lo pagado en una provincia y lo que debe regresar a ella, el debate expone las prioridades de gobierno y el manejo de fondos para atender los asuntos de orden público.

"Exigimos que los fondos asignados por ley vuelvan en obras que mejoren las rutas que pasan por nuestra provincia. Sostener el empleo y apostar al país requiere infraestructura eficiente; no le quiten competitividad a la provincia que es el motor productivo de la Argentina", completó Puccini resaltando que el orden fiscal no puede construirse deteriorando infraestructura que condiciona la competitividad.

El vocero presidencial confirmó este martes que el presidente Javier Milei presentará, con un mensaje grabado a emitirse el jueves a las 20, los ejes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.

Se trata de una de las grandes apuestas legislativas de la gestión nacional para el segundo semestre del año, un período en que espera grandes apoyos del Congreso Nacional, con la Reforma electoral a la cabeza, seguida por la sanción definitiva del Súper Rigi, el Régimen de zonas frías y el meneado tema de la Ley de Tierras con varios intentos fallidos de tratamiento en el Senado.

“Es un tema fundamental para este gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, dijo el portavoz presidencial para graficar la importancia del proyecto.

No obstante, no dio ningún detalle de los cambios que impulsa el propio Milei junto a su equipo económico.

El eje del proyecto a enviar al Congreso es restringir la capacidad del Banco Central para financiar a los gobiernos, otorgarle mayor independencia en la toma de decisiones y recuperar el mandato único de preservar el valor de la moneda.

En definitiva y tal cual trascendió en medios nacionales, una de las metas principales es revertir las reformas introducidas en 2012 durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando a través de la ley 26.739, se ampliaron los objetivos del organismo al incorporar metas vinculadas al empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera.

La Carta Orgánica del Banco Central está regida por la Ley 24.144, sancionada en 1992 (modificada luego por la mencionada norma). En sus 60 artículos fija la misión central del organismo, define sus objetivos, determina sus facultades y establece los límites bajo los cuales puede actuar.

Entre sus principales ejes, regula las funciones del directorio del Banco Central, la administración de las reservas, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y los límites a la asistencia financiera al Estado.

Creado en el año 1935, el Banco Central tuvo varias modificaciones en su funcionamiento, prioridades y competencias.

La iniciativa que impulsa la gestión de La Libertad Avanza propone endurecer los requisitos y mecanismos para la remoción de su presidente y directores con el objetivo de incrementar la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo. Se apunta a que las autoridades del Banco Central no puedan ser reemplazadas por simple decreto, reforzando su autonomía institucional.

Desde el gobierno también se anticipó que la reforma contempla penas de prisión para funcionarios que autoricen la emisión monetaria sin respaldo, incluyendo tanto a directores del Banco Central como a miembros del Ejecutivo y legisladores.

El anuncio de Milei se hará luego de su visita a Perú, donde asistió a la asunción de la flamante presidenta Keiko Fujimori.

Gonzalo Zentner

El 24 de diciembre y a través del Boletín Oficial, el gobierno nacional designó a la nueva titular de la Agencia de Bienes del Estado (AABE), luego de la renuncia de Nicolás Pakgojz quien asumió una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En su lugar, la administración de Javier Milei puso en funciones a Tania Alejandra Yedro, quien ya se desempeñaba en la citada agencia. Así lo establece el decreto 919/2025, publicado en el Boletín Oficial, con firma del propio presidente y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Hasta la fecha, Yedro se desempeñó como directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina dependiente de la AABE. Con este cambio, la funcionaria tomó las riendas de la agencia que vela por los destinos de tierras e inmuebles propiedad del Estado Nacional en todo el territorio.

Este cambio en la dirección impacta en los intereses de la ciudad de Santa Fe de concretar proyectos en dominios de Nación, algunos de ellos con destino de subasta pública tal lo anunció la propia AABE y aparece como “futura” en el sitio web oficial.

Se trata de los terrenos detrás de la Estación Belgrano, un lote en el norte de la ciudad capital, cercano a Av. French y una franja importante sobre el límite norte de barrio Guadalupe, predio que décadas atrás se pensó para construir una circunvalación.

El “patio trasero” de la ex estación de trenes de barrio Candioti es motivo de interés para la ciudad de Santa Fe porque existen proyectos urbanísticos, de desarrollos inmobiliarios y de espacios públicos para transformar una zona importante de la ciudad capital.

Conocidas las intenciones del gobierno de subastar este predio, la gestión de Juan Pablo Poletti presentó un proyecto para transformar la zona. Se sucedieron sendas reuniones con funcionarios nacionales, incluso el propio Pakgojz visitó la ciudad y conoció de primera mano los intereses santafesinos.

A fines de 2024 se firmó un convenio marco para avanzar en la urbanización. Según el acuerdo, la mitad de las tierras serán destinadas a espacios públicos en manos de la ciudad, junto a la apertura de calles y la construcción del bulevar Vélez Sársfield. Asimismo, se ratificó la exclusión del edificio central de la Estación Belgrano del proceso de subasta pública.

Con el año electoral en marcha, las negociaciones y los debates públicos quedaron relegados y ahora ocurrió este cambio de mando; lo que necesariamente implicaría un reacomodamiento de las gestiones con la nueva administración.

Sobre los otros terrenos no se han hecho público proyectos, mismo presente para el edificio del Correo Argentino, ubicado sobre la Av. 27 de Febrero de cara al puerto. Un inmueble invaluable desde el punto de vista no sólo económico, sino que histórico y arquitectónico, que ve pasar los años en el olvido.

La postura del gobierno nacional quedó clara desde el inicio de la gestión libertaria. Desprenderse de terrenos ociosos u obras inconclusas por la administración peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Un ejemplo fue lo ocurrido días atrás con un proyecto edilicio enmarcado dentro del plan Procrear que quedó abandonado en el Parque Federal.

Según consta en la Resolución 499/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, en su Art. 1°, se autoriza a la “convocatoria mediante el procedimiento de Subasta Pública N° 504-0003-SPU25 para la venta del inmueble denominado predio “Parque Federal” ubicado en Av. Belgrano 5000, entre calles Padilla y Agustín Delgado, Ciudad de Santa Fe”.

El documento indica que la superficie de mensura consta de 6.418,47 m2 y fue cotizada en un valor de base de venta en $ 5.291.500.000 o US$ 3.649.310,34, tomando como referencia el tipo de cambio del Banco Nación $/US$ 1.450.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ratificó que desde marzo ningún empleado podrá ingresar a la Administración Pública sin aprobar previamente un examen de idoneidad. Además, anticipó que este mismo requisito se extenderá a las empresas con mayoría estatal, como parte de las medidas para garantizar la eficiencia y reducir el gasto del sector público.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sturzenegger recordó que la iniciativa responde al Decreto 1149/24 y señaló que, al finalizar el período de evaluación, “no serán posibles altas en el sector público sin aprobar el examen de idoneidad, los que también deberán instituirse en empresas con mayoría estatal”.

La normativa establece que los representantes del Estado que integran órganos de decisión en empresas, sociedades y otras organizaciones empresariales con participación estatal mayoritaria deberán impulsar medidas similares a las establecidas para el sector público centralizado.

Los tweets de Sturzenegger. Créditos: X de Sturzenegger

Sturzenegger fue más allá y precisó que, a partir de 2025, cualquier incorporación en el Estado solo será posible si previamente se produjeron tres bajas dentro del mismo organismo. "La motosierra continúa", advirtió el ministro en un tono alineado con el discurso de ajuste fiscal que impulsa el gobierno de Javier Milei.

En paralelo, el decreto también establece que las contrataciones del Sector Público Nacional, enmarcadas en el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, que inicien a partir del 1° de enero de 2025, tendrán una duración máxima hasta el 30 de junio de ese mismo año.

En su publicación, Sturzenegger destacó los avances del Gobierno en materia de desregulación y austeridad fiscal, y atribuyó estos logros al liderazgo de Javier Milei. “Hemos logrado catalizar desregulaciones y reformas que dan más libertad a los argentinos y buscan un Estado más austero. Gracias presidente @JMilei por tu liderazgo en este desafío”, expresó el funcionario.

El ministro también subrayó el rol del equipo de gobierno: "Una cosa notable del presidente Milei es haber conformado un equipo pequeño, eficaz y plenamente comprometido con el equilibrio fiscal, creyente en los beneficios de la libertad y con un deseo inclaudicable de dejarle una Argentina mejor a nuestros hijos”.

En el cierre de su mensaje, Sturzenegger se tomó un momento para agradecer a sus colegas de gabinete: “Nuestra tarea en el Ministerio de Desregulación, el de ser catalizadores de algunos cambios, no hubiera sido posible sin la ayuda permanente de nuestros compañeros de gobierno. Hoy que termina el año, es el momento de agradecer. Por eso, aunque lo hago todos los días, no puedo sino empezar agradeciendo a los ministros y compañeros de gabinete que hacen que todo funcione”.

El Gobierno Nacional emitió el Decreto 1084/2024, a través del cual introduce importantes restricciones sobre el uso de los bienes públicos. Esta resolución busca evitar que los recursos estatales sean utilizados para promoción personal, propaganda política o glorificación de figuras políticas, priorizando la neutralidad y el interés colectivo.

La medida, publicada en el Boletín Oficial tiene como eje principal garantizar la transparencia en la administración pública y erradicar prácticas que, según el Poder Ejecutivo, atentan contra los principios republicanos y la equidad política.

El decreto prohíbe expresamente la colocación o difusión de imágenes, símbolos o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como propaganda política en edificios, monumentos, obras públicas, oficinas y otros bienes estatales. Esta medida tiene como objetivo eliminar prácticas que promuevan la imagen de funcionarios públicos o partidos políticos mediante recursos financiados con dinero de todos los ciudadanos.

“La administración pública debe mantenerse neutral y ajena a los intereses partidarios o personales. Es fundamental garantizar que los bienes del Estado sirvan únicamente al bien común”.

Uno de los puntos más destacados del decreto es la prohibición de utilizar nombres de personalidades políticas para denominar bienes públicos antes de que hayan transcurrido al menos diez años desde su fallecimiento. Esta restricción busca evitar el uso de estas denominaciones como herramientas de autopromoción o partidismo. Además, no podrán recibir homenajes aquellas personas que hayan ejercido cargos mediante actos de fuerza contra el orden democrático y constitucional.

Esta disposición responde a la necesidad de preservar la objetividad en las denominaciones públicas, evitando que las mismas sean influenciadas por decisiones políticas momentáneas. Según el Gobierno, el tiempo permite emitir un juicio más equilibrado sobre las figuras públicas, reduciendo el riesgo de personalismos antirrepublicanos.

El decreto también habilita a cualquier ciudadano a denunciar violaciones a estas normativas a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), un mecanismo digital que busca facilitar el acceso a la justicia y promover la participación ciudadana en el control de la gestión pública.

Las infracciones a las disposiciones del decreto serán consideradas como faltas graves en el ejercicio de la función pública. Los funcionarios que las incumplan podrían enfrentar responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales, según lo establecido en las normas vigentes.

“Es fundamental que los recursos del Estado no se desvíen hacia intereses particulares o partidarios. Este decreto es un paso importante hacia la construcción de una administración más ética y transparente”.

El último día de diciembre, la Iglesia dejó de percibir el aporte económico del Estado, que se asignaba mensualmente a los obispos, al concluir el período de renuncia progresiva, que se había acordado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Llegó a su fin, así, el pago de $55.000 al centenar de arzobispos y obispos de todo el país, que se dispuso históricamente, en virtud del artículo 2 de la Constitución nacional, según el cual “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

La renuncia a esta asignación comenzó a aplicarse progresivamente en 2018, a partir de una decisión de la asamblea plenaria de los obispos, en acuerdo con el gobierno de Macri, en momentos en que algunas voces de la sociedad comenzaban a reclamar la separación entre la Iglesia católica y el Estado.

La fecha para fijar el cese definitivo de las asignaciones fue fijada con el gobierno de Alberto Fernández, acordada con la Secretaría de Culto de la Nación, que conducía Guillermo Oliveri.

La Secretaría de Culto, en una resolución firmada el 26 de abril de 2023, habilitó a los arzobispos y obispos que hubieran cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez para solicitar de manera particular recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley, con la anuencia de la Nunciatura Apostólica, entre otros requisitos.

Según informó el Episcopado, el próximo paso será la prescindencia de una contribución que perciben los seminaristas diocesanos y el reemplazo de la asignación que se envía a los párrocos de frontera, en concepto de ayuda a la obra solidaria.

El monto global asignado mediante estas ayudas no llegaba al 7% del presupuesto que administra la Iglesia, según algunas estimaciones confiables.

No forman parte de este régimen los aportes que reciben los colegios, en función del régimen de subsidios que las distintas jurisdicciones del país asignan a la enseñanza privada, en virtud del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos.

La Conferencia Episcopal Argentina comunica que el último día hábil de diciembre de 2023, concluye, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950.

Concluye El Proceso de Renu... by El Litoral

A partir de consultas recibidas se comunica también que en una resolución del día 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley.

El monto actual de la asignación es de $ 98.000.-

Buenos Aires, viernes, 29 de diciembre de 2023

Oficina de Comunicación y Prensa

Conferencia Episcopal Argentina

El pasado 29 de diciembre, a través del Decreto 126/2023, el presidente Javier Milei instruyó a la Sindicatura General de la Nación a que elabore en un plazo de 30 días hábiles un completo Informe de Entrega y Recepción, que detalle la situación administrativa, patrimonial y financiera del sector público nacional al 7 de diciembre.

Con esta medida, que forma parte de una batería de decisiones orientadas a realizar un diagnóstico profundo del estado en que se recibió la administración pública.

El nuevo gobierno busca identificar áreas y temas críticos para poder establecer prioridades de gestión, tomar rápido control de la situación, garantizar la continuidad operativa de los organismos públicos y sentar las bases para encarar las reformas que se consideren necesarias.

El informe requerido deberá contener un corte al 7 de diciembre en cada ministerio, secretaría y organismo descentralizado, y la Sindicatura General de la Nación será la encargada de determinar su contenido, requisitos y modalidades, contando con la colaboración de las Unidades de Auditoría Interna de las distintas jurisdicciones.

Por su parte, los titulares de cada área de la administración deberán designar un funcionario responsable de proveer toda la documentación que sea necesaria.

Según expresan los considerandos del decreto, esta medida busca que las nuevas autoridades cuenten con información "precisa y adecuada" sobre la situación existente, de modo de facilitar el proceso de transición, la rápida toma de control de cada organismo y la continuidad de su funcionamiento, así como para identificar los principales desafíos y trazar un plan de reformas en consecuencia.

El informe deberá abarcar todos los aspectos relevantes, desde recursos humanos y dotación de personal, inventario de bienes, estado de los sistemas informáticos, contrataciones y proyectos en curso, pasivos, compromisos asumidos y cualquier otro elemento significativo desde el punto de vista administrativo, financiero o presupuestario.

Con esta radiografía integral sobre la mesa, el gabinete de Javier Milei podrá trazar un diagnóstico claro sobre los puntos débiles y fuertes de la estructura estatal recibida, detectar áreas críticas que requieran atención urgente, y diseñar e implementar las reformas y políticas necesarias para recrear un Estado moderno, eficiente y al servicio de los ciudadanos, conforme la visión planteada durante la campaña electoral.

Migue Blanco fue los últimos 18 años, CEO de la empresa de salud Swiss Medical. "Me llegó este ofrecimiento (SIGEN) en el marco de un nuevo gobierno que viene con una agenda de cambios muy importante, la cual yo también considero hay que hacer en este país para tener un mejor funcionamiento del Estado para beneficio de todos nosotros. Y decidí aceptar ese desafío", explicó Blanco a los trabajadores.

Agregó: "Creo que la capacidad del plantel profesional que tiene la SIGEN puede desempeñar un lugar relevante para ayudar en este proceso de cambios".

Y concluyó: "Es un desafío que tendremos, lo vamos a hacer todos y yo espero contar con el apoyo de ustedes para llevarlo adelante. Nos aguardan grandes trabajos y esperamos que nos vaya bien. Quiero desearles muy felices fiestas para ustedes y sus familias y brindemos por un mejor año en 2024. Muchas gracias".

A falta de menos de una semana para la asunción del presidente electo, Javier Milei, el Gobierno adelanta pasos en la transición y acepta anticipadamente las renuncias de varios funcionarios de primera y segunda línea.

A través de seis decretos, publicados este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio curso a la dimisión de 36 integrantes del Banco Nación, PAMI, la Secretaría Legal y Técnica y de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación; Defensa; y Desarrollo Social.

Todas las renuncias se harán efectivas el próximo 10 de diciembre, fecha en que el líder libertario asumirá al frente de la Casa Rosada.

Entre los nombres que figuran hay varios de peso en el saliente oficialismo, como la referente de La Cámpora Luana Volnovich; y el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica que ya vieron aceptadas sus dimisiones fueron la subsecretaria de Asuntos Legales, Jessica Kopyto; la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Florencia Feldman; y el subsecretario Técnico, Emiliano Alberto Suaya.

Por su parte, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Articulación Social del Área Metropolitana Buenos Aires", Sergio Barrionuevo; el secretario de Gestión Administrativa, Javier Caruso; la secretaria de Abordaje Integral, Lorena Ferraro Medina; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Javier García; el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el secretario Ejecutivo del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez; la secretaria de Integración Socio-Urbana, Fernanda Miño; el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano; y el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Norte Grande para la Equidad Social", Francisco Navarro, hicieron lo propio en el Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, en Defensa se avanzó con las salidas de los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; de Asuntos Internacionales, Francisco Cafiero; de Investigación, Política Industrial y Producción, Sandra Castro; de Coordinación Militar en Emergencias, Carlos Ospital; y el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Héctor Mazzei.

Los secretarios de Planeamiento y Políticas, Diego Fabián Hurtado de Mendoza; de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Pablo Paz; la presidenta del CONICET, Ana María Franchi; y la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Mariana Alanis, renunciaron en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el Banco Nación se aceptó la dimisión de su presidenta, Silvina Batakis; su vicepresidente, Carlos Caserio; y los directores, Martín Pollera, Martín Ferré, Martín Di Bella, Julia Strada Rodríguez, José Miguel Ballesteros, Francisco Mercado, Cecilia Fernández Bugna y Raúl Garré.

Finalmente, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enviaron sus renuncias y fueron aceptadas por el presidente Alberto Fernández la directora ejecutiva, Luana Volnovich; el subdirector, Martín Rodríguez; y el síndico general, Nazareno Castro Bergamín.

"Agradécense a las funcionarias y al funcionario renunciantes los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus cargos", concluyen los decretos de la aceptación de las renuncias.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 829/ 2002 el gobierno nacional modificó el presupuesto 2022 y, entre otras partidas, reasignó fondos para el transporte del interior del país.

Según el artículo 19 de la norma, que lleva la firma de Alberto Fernández y los ministros de su gabinete, se prorroga el ”Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, por un importe de $48.000.000.000”.

En ese sentido, en el DNU explicaron que el objetivo de este reasignación presupuestaria es “continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado Nacional”.

Al mismo tiempo, aclaran que será el Ministerio de Transporte “el encargado de establecer los criterios de asignación y distribución de dicho fondo, como asimismo toda la normativa complementaria que resulte menester”.

Y cierra el artículo 19°: “Las provincias que adhieran a dicho fondo deberán juntamente con las empresas de transporte implementar el sistema de boleto único electrónico”.

La semana anterior, una de las partes intervinientes en el sistema de transporte urbano del interior del país había manifestado su preocupación por no saber si iban a contar con los fondos que finalmente se reasignaron este miércoles.

A través de un comunicado de prensa, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), advirtió que ante la falta de estos recursos no podrían afrontar la segunda cuota del aguinaldo y podrían realizar medidas de fuerza, concretamente, restringir los servicios.