Las autoridades de Ecuador intensificaron este lunes la búsqueda de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la mayor banda criminal del país, Los Choneros, encarcelado en la ciudad de Guayaquil y al parecer fugado, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a decretar el estado de excepción por dos meses "por grave conmoción interna".

El decreto 110 de Noboa dispone el estado de excepción "en todo el territorio nacional por grave conmoción interna, incluidos los centros de privación de libertad", incluye un toque de queda de 23 a 5 en todo el país y ordena la movilización de las Fuerzas Armadas y su ingreso a los centros carcelarios, "para mantener el orden público y la seguridad de los privados de libertad y de los visitantes y funcionarios del sistema penitenciario".

Macías había amenazado de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio pocos días antes del asesinato del aspirante, el 9 de agosto pasado, informó la Policía.

Ante la situación de seguridad que vive el país, el presidente @DanielNoboaOk toma acciones concretas para respaldar a las Fuerzas Armadas durante el proceso de intervención y control de cárceles.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/SUCR5aEFZl

Luego de que las autoridades reconocieran que no encontraron a Fito en la cárcel regional de Guayaquil, lo que hace presumir que se fugó, se informó de un incendio y amotinamiento en la cárcel de El Inca, en Quito, y en el penal de Turi, en Cuenca, y de otros incidentes en los penales de Ambato y Riobamba.

Las autoridades, ante el riesgo de que los motines se extendieran, reforzaron la seguridad y la presencial policial en los exteriores de otros dos centros, los de Latacunga y Machala.

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, explicó en una entrevista con Teleamazonas que se sospechaba que la presunta fuga de Macías habría ocurrido horas antes del operativo para trasladarlo a cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en las afueras de Guayaquil, que se suponía era secreto.

"Lo más probable es que se filtró información", señaló Izurieta, quien añadió que la búsqueda de Macías continuaba y aseguró que "ese delincuente va a ser encontrado".

La fiscalía informó a través de la red social X que formuló cargos contra dos funcionarios penitenciarios "que estarían involucrados en la fuga" del jefe criminal.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc formuló cargos por presunta #evasión contra 2 funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga de José Adolfo M. V., alias "Fito", líder de la agrupación delictiva "Los Choneros", registrada ayer. pic.twitter.com/pTzwk48UgI

El domingo, cientos de uniformados ingresaron a un complejo penitenciario del puerto, sin que en principio se supiera la razón de esa operación, pero por la noche la Fiscalía de Estado admitió que no lograron dar con el paradero de Fito, según el diario local Primicias.

En la redada "se pudo percatar la no presencia de uno de los internos; hasta el momento (en) el lugar o en el área donde debía haber estado esta PPL (persona privada de la libertad) no se encontraba", dijo el general César Zapata ante preguntas de la prensa por la suerte de Fito.

Preso desde 2011, Macías paga una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.

Investigaciones independientes señalan el papel clave de Los Choneros en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico.

Por su mando sobre miles de hombres, Fito es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, azotado por la violencia del narco ante la presencia de carteles extranjeros.

Las autoridades no descartan que pueda estar escondido en el mismo complejo penitenciario de Guayaquil.

Se cree que Macías, de 44 años y abogado de profesión, sigue liderando desde la prisión a Los Choneros y, así como otros líderes criminales, goza de privilegios puertas adentro.

La última vez que se le vio fue en septiembre pasado, días después del asesinato de Villavicencio.

Fito fue trasladado de prisión justo después del magnicidio, pues Villavicencio había denunciado amenazas de muerte suyas.

Entonces apareció en fotografías obeso, con pelo largo y barba prominente. Miles de uniformados lo vigilaban, en una de las operaciones militares y policiales más grandes que realizó allí el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-23).

Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones son algunas de las mayores bandas ilegales de Ecuador, que además de disputarse las grandes ciudades se pelean por el control de las cárceles.

El el penal El Inca, al norte de Quito, los bomberos debieron controlar un incendio que formó parte de un motín de presos, mientras un helicóptero sobrevoló el penal; y en la de Turi varios reos fueron vistos caminando por lo techos, y los funcionarios del centro de rehabilitación fueron evacuados.

Primicias sumó que en la cárcel de Ambato, los privados de la libertad retenían a 15 guías penitenciarios en las celdas y que los reos, que no detallaron sus pedidos, estaban también en huelga de hambre.

Finalmente, en Riobamba, se escucharon al menos siete detonaciones de explosivos dentro del centro y otros artefactos fueron lanzaron hacia la calle, lo que hizo retroceder a los policías y militares que se preparaban para entrar.

En este centro de rehabilitación está detenido Fabricio Colón Pico, acusado de planear un atentado contra la fiscal general Diana Salazar.

Como parte de su estrategia de seguridad ante la violencia del narcotráfico, Noboa anunció esta semana que construirá dos prisiones de máxima seguridad similares a la que edificó el mandatario Nayib Bukele en El Salvador y que en la actualidad está repleta de pandilleros.

Con el fin de reducir la población carcelaria, el presidente ha dicho que planea expulsar a unos 1.500 reclusos extranjeros, la mayoría originarios de Colombia, Perú y Venezuela.

Las matanzas dentro de las cárceles de Ecuador dejaron por lo menos 460 reclusos muertos desde 2021.

El decreto de Noboa declara "zona de seguridad" a los penales y "el perímetro de 1 km a su alrededor, para que la Policía y las Fuerzas Armadas realicen controles y dispongan cierres viales", y restringe los derechos de libertad de reunión y de inviolabilidad de domicilio, "en estricta relación con los motivos del estado de excepción".

En su mensaje, subido a las redes sociales, el mandatario advirtió que se acabó el tiempo en el que el crimen organizado "le dictaban al gobierno de turno qué hacer", atribuyó el descontrol en los centros de privación de libertad al “resultado de la decisión de enfrentarlos" y reclamó a la a mostrar respaldo hacia los uniformados.

Un Perú bajo estado de sitio vivía este jueves otro día de tensión, con una movilización nacional en apoyo al destituido expresidente Pedro Castillo y una audiencia judicial para definir si sigue preso, en medio de protestas que ya dejaron nueve muertos.

La emisora RPP dijo que la novena víctima por las protestas contra la presidente Dina Boluarte y en exigencia de elecciones inmediatas y la disolución del Congreso es un campesino que murió atropellado en un corte de ruta en el norte de Perú.

También para este jueves, el Congreso tiene previsto reunirse para definir la fecha de las elecciones, luego de que Boluarte especulara con adelantarlas a fines de 2023 después de que una oferta anterior de celebrarlas en 2024 no lograra erosionar las manifestaciones.

El estado de sitio empezó a regir desde la madrugada en todo Perú por 30 días, lo que permite restringir el derecho a la movilización y desplegar al Ejército y a la Policía para “mantener el orden y la seguridad”, según dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al declararlo.

En tanto, un quinto aeropuerto, el de la ciudad central de Ayacucho, suspendió sus actividades para hoy luego de que el Ejército advirtiera que manifestantes tenían previsto ingresar en él, informó Aeropuertos Andinos del Perú, la empresa que lo opera.

Los aeropuertos de otras cuatro ciudades, Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, se encuentran clausurados por las protestas, y la ciudadela inca de Machu Picchu, una de las principales atracciones turísticas del país, anunció su cierre para los turistas.

Castillo, un maestro rural y activista de izquierda de 53 años, fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de que intentara disolver el Congreso antes de que este votara, por tercera vez desde su asunción, en julio de 2021, una moción para destituirlo.

Las Fuerzas Armadas no apoyaron a Castillo, y el Congreso, dominado por la oposición de derecha, votó su destitución.

Las manifestaciones, sin una convocatoria formal y con reclamos disímiles, parecen coincidir en un reclamo de elecciones inmediatas y cierre del Congreso, aunque algunos sectores piden la renuncia de Boluarte o la vuelta de Castillo al poder.

En desafío al estado de sitio, para hoy está anunciada un masiva marcha por el centro histórico de Lima, hasta donde vienen representaciones desde diferentes puntos del país a participar, y manifestaciones en numerosas regiones.

Sometida a creciente presión, Boluarte dijo este miércoles que las elecciones podrían adelantarse a diciembre de 2023, luego de haber dicho inicialmente que completaría el mandato de Castillo, hasta 2026, y después que los comicios se adelantarían a abril de 2024.

El Congreso está citado hoy a las 10 (las 12 de Argentina) para definir la fecha de elecciones y, consecuentemente, el recorte de los mandatos de la presidenta y los legisladores.

En paralelo, la Justicia postergó para este jueves una audiencia en la que evaluará si libera a Castillo, acusado de rebelión y conspiración, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía para que siga en prisión preventiva por 18 meses.

El juez Juan Carlos Checkley aclaró hoy que Castillo deberá seguir detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales, ubicado al este de Lima, hasta la audiencia, a las 8.30 (10.30 en la Argentina).

Castillo, que desde hace tiempo denunciaba intentos de destituirlo ilegalmente, ha condenado su detención y afirma que sigue siendo presidente. Los Gobiernos de Argentina, México, Colombia y Bolivia le manifestaron su apoyo y han pedido su libertad.

En cuanto a la violencia en las calles, anoche se sumó un nuevo muerto, que sería el noveno desde que comenzaron las protestas en respaldo a Castillo, que sacuden sobre todo el sur del país, que es más rural y donde es mayor el apoyo al exmandatario.

La víctima, el campesino Yoni Rosalino Cárdenas Escobal, de 51 años, murió atropellado en una ruta del norteño departamento La Libertad, como resultado de un choque durante una tregua del bloqueo, dijo RPP.

Pablo Haro, presidente de las Rondas Campesinas de La Libertad, dijo a RPP que el hombre fue golpeado por la parte trasera de un camión que previamente había chocado con otro vehículo.

Otras seis personas han muerto en el sureño departamento de Apurímac, una en el de Arequipa y otra más en La Libertad, también este miércoles.