El avance del fuego en la zona cordillerana de Chubut sigue sin dar respiro. Este martes, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el Estado de Catástrofe por los incendios que afectan a la región desde hace más de una semana, y las autoridades advirtieron que no se descarta una evacuación en las próximas horas.

La declaración fue aprobada por unanimidad mediante la Ordenanza Nº 1388/2026, y estará vigente hasta el 30 de junio. Abarca siete áreas clave: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria. La medida también le otorga al intendente, José Contreras, facultades para realizar contrataciones directas y tramitar asistencia económica sin los plazos administrativos habituales.

El incendio, iniciado el 5 de enero en El Hoyo, ya consumió más de 12 mil hectáreas, destruyó viviendas y dejó fuera de servicio redes de agua y electricidad en varios sectores.

En las últimas horas se reactivaron focos en la zona de Puerto Patriada. Según reportaron autoridades locales, las condiciones meteorológicas adversas —con vientos de hasta 40 km/h, altas temperaturas y sequía— dificultan las tareas de control y podrían forzar evacuaciones preventivas.

Ante este escenario, el municipio recomendó a los vecinos mantenerse atentos a eventuales comunicaciones oficiales, especialmente quienes residen en las áreas más cercanas al frente de fuego.

En paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un mensaje en la red social X donde adelantó que pedirá al Senado una actualización del Código Penal para agravar las penas por incendios iniciados de forma dolosa, negligente o fortuita.

Villarruel sostuvo que “Nuestra Patagonia se incendia año tras año” y consideró necesario avanzar en una coordinación más eficiente entre Nación y provincias para prevenir y combatir este tipo de desastres.

El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración de un estado de emergencia en la capital Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao a partir de la medianoche de este miércoles (05.00 GMT), y por un plazo de 30 días, para luchar contra la delincuencia organizada.

En un mensaje a la nación emitido a través de televisión y redes sociales, Jerí dijo que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada”, causando un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional.

Una integrante de la Fuerza Aérea del Perú monta guardia este martes en Lima. Xinhua.

Sin embargo, el mandatario, que todavía no llega a las dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, agregó que “hoy empezamos a cambiar la historia” y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país “recuperar la paz y la tranquilidad”.

“Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.

De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.

El estado de emergencia también contempla que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas y otras situaciones de violencia.

Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.

Mientras, en las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos, a la vez el decreto de estado de emergencia prevé “un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación”, así como “desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas”.

Integrantes de la Fuerza Aérea del Perú montan guardia este miércoles en Lima. Xinhua.

Durante toda la jornada del martes, el Consejo de Ministros estuvo reunido para elaborar el marco legal del estado de emergencia anunciado hace unos días por el mandatario para enfrentar la ola de crimen organizado en Lima, donde reside un tercio de la población peruana.

En el mismo sentido, horas antes de emitir el mensaje a la nación, Jerí alentó, en su cuenta de la red social X, con la publicación: “de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”. El mandatario, en tanto, evitó dar mayor información sobre el desarrollo de la medida.

El estado de emergencia ha sido decretado por el Ejecutivo peruano en los últimos años en varias regiones del país, especialmente en la costa norte para combatir la minería ilegal, e incluso en algunos distritos de la capital para que la Policía Nacional tenga el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad ciudadana.

Asimismo, varios derechos constitucionales quedan suspendidos durante su vigencia como la libertad de tránsito y de reunión, entre otros.

En las últimas semanas se realizaron paros de transportistas y movilizaciones de protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades del país, que han dejado decenas de fallecidos sólo en el gremio de transporte urbano, y esta problemática fue uno de los principales motivos de la destitución de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) el pasado día 9 en el pleno del Congreso.

De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio-agosto-setiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre del 2024.

En el tercer trimestre de 2024, Perú superó el umbral de 500 homicidios por trimestre, después de reportar menos de la mitad de esa cifra hasta 2017.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó el martes el estado de emergencia en cinco provincias costeras debido al "conflicto armado interno".

La medida marca la segunda declaración de emergencia basada en la seguridad por parte de Noboa, quien asumió el cargo en noviembre con la promesa de revertir una situación de seguridad en deterioro que provocó un aumento de muertes violentas y otros delitos.

El estado de emergencia incluye a las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena y tendrá una duración de 60 días, señala el decreto.

La policía y las fuerzas armadas serán desplegadas en las provincias debido a la "necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados", agrega el documento.

El gobierno culpa de la violencia -incluida la dramática invasión de una estación de televisión y la toma masiva de rehenes de guardias priónicos en enero- a las bandas de narcotraficantes.

El Gobierno determinó este lunes el estado de emergencia del Sector Energético Nacional de Argentina.

El mismo fue presentado en el Decreto 55/2023 publicado en el Boletín Oficial y con firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y todo el gabinete.

Se da en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural. Aplicará desde el 31 de diciembre de este 2023.

Se instruyó además al Ministerio de Economía de Luis Caputo a que ponga “en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.

Por otro lado se intervendrá el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) desde el 1 de enero “hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el artículo 8° del presente decreto”. Los entes se someterán a una auditoría.

También se extendió una invitación a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción.

Dentro de los argumentos se resalta la situación económica a noviembre de 2023, las escasas reservas y por el sostenimiento de la importación de recursos desde Bolivia.

El documento expresa que “las circunstancias señaladas en el considerando precedente colocan en condiciones de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica a los usuarios del centro y norte del país, habida cuenta de que las principales centrales termoeléctricas e industrias radicadas en dicha región dependen del gas importado desde el Estado Plurinacional de Bolivia para poder generar energía y no tienen como alternativa la posibilidad de utilizar combustibles líquidos”.

Unas 2.700 casas en 15 poblados de Nueva Kajovka en la provincia de Jersón, disputada por Ucrania y Rusia, quedaron inundadas tras el ataque contra la central hidroeléctrica de Kajovka.

El alcalde de esa localidad impuesto por Rusia, Vladímir Leóntiev, comunicó este miércoles que al menos siete personas se encuentran desaparecidas como resultado de las masivas inundaciones. Las operaciones de evacuación continúan, así como el suministro de alimentos y agua.

Las autoridades locales han decretado el estado de emergencia en la provincia de Jersón. Una medida similar se adoptó la jornada anterior en el territorio del distrito urbano de la ciudad de Nóvaya Kajovka.

En las poblaciones afectadas vivían al menos 22.000 personas, y de ellas, alrededor de 1.300 fueron evacuadas. Se habilitaron 40 centros de alojamiento temporal con una capacidad total para 5.500 personas.

En las zonas previamente inundadas de la urbe, el nivel del agua sigue reduciéndose y para las primeras horas de la mañana de este miércoles bajó unos 50 centímetros más, dijo el alcalde, destacando que “esta es una tendencia positiva”. Este martes, el nivel del agua en la zona urbana superó los 11 metros de altura.

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Aproximadamente a las 2:00 (hora local) de este martes, la central hidroeléctrica fue objeto de ataques que destruyeron 11 de las 28 válvulas y la parte superior de la represa, provocando que el agua de la represa comenzara a descargarse de forma descontrolada.

Al reportar las primeras evacuaciones de pueblos inundados, el gobierno de Volodimir Zelensky señaló que Moscú destruyó la infraestructura para retrasar la ofensiva que pretende recuperar los territorios ocupados por las tropas de Vladimir Putin.

“Este es un acto terrorista contra una infraestructura crítica ucraniana que busca causar el mayor número de bajas civiles y la mayor destrucción posible”, subrayó el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad.

Kyslytsya recordó que tropas rusas llevan más de un año controlando la instalación y subrayó que es “físicamente imposible” volar la presa desde el exterior. “Fue minada por los ocupantes rusos y la hicieron estallar”, insistió el diplomático, que consideró que Rusia ha optado por una táctica de “tierra quemada” al “ser consciente de que el territorio capturado no les pertenece y de que no van a ser capaces de mantenerlo”.

En contraparte, Rusia asegura que se trató de un ataque nocturno del Ejército de Ucrania tuvo como objetivos Kajovka, Nóvaya Kajovka y otras localidades de la provincia de Jersón, contra las que dispararon 37 proyectiles de obuses y otros dos del sistema Alder MLRS.

El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, calificó el ataque a la presa de “sabotaje deliberado por parte de Ucrania”, que “puede tener consecuencias muy graves para varias decenas de miles de personas de la región, consecuencias medioambientales y consecuencias de otra naturaleza que aún están por determinar”.

“Al parecer, este sabotaje también está relacionado con el hecho de que, habiendo lanzado una ofensiva a gran escala hace dos días, las fuerzas armadas ucranianas están ahora fracasando en alcanzar sus objetivos”, añadió el vocero, asegurando que “estas operaciones ofensivas se están ahogando”.

El Gobierno de Dina Boluarte extendió el estado de emergencia en la sureña región Puno por 60 días para que las Fuerzas Armadas dirijan el control del orden interno en esa jurisdicción, con apoyo de la Policía Nacional de Perú (PNP), de acuerdo con un decreto publicado este domingo (04.06.2023).

Puno es una región surandina, fronteriza con Bolivia, donde se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de inicios de 2023 y que mantuvo el bloqueo de caminos y carreteras por más tiempo.

La semana pasada, las organizaciones sociales de Puno convocaron a un paro de 24 horas para retomar las movilizaciones de protesta contra Boluarte, pero el acatamiento a la medida fue bajo.

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La prórroga del estado de emergencia en Puno responde a la aplicación del artículo 137 de la Constitución Política, inciso 1, que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

El Ejecutivo peruano dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) continúe asumiendo el Comando Unificado del Ejército y la PNP en Puno, de acuerdo con las normas legales vigentes que definen los alcances de un comando militar en una situación similar.

Durante este periodo de emergencia, las Fuerzas Armadas tienen la labor de proteger los activos críticos nacionales -con intervención y apoyo de la PNP- y la protección a instituciones públicas, privadas e instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y vías que determine la Policía.

En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno, se acordó también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en las próximas semanas, similar a la que hicieron a inicios de 2023 y que fue uno de los últimos actos de movilización tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado de Castillo y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo al Gobierno de Boluarte, quien asumió el Ejecutivo por ser la vicepresidenta.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 decesos ya que otras personas, entre ellas varias haitianas, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.