El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una actualización de los montos de tres programas clave vinculados al abordaje de los consumos problemáticos y al acompañamiento comunitario.

Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, apuntan a reforzar el funcionamiento de instituciones y dispositivos que asisten a personas en situación de vulnerabilidad, en un contexto de incremento de la demanda y suba de costos operativos.

Las Resoluciones 2924/2025, 2925/2025 y 2926/2025, firmadas por el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, establecen aumentos en los subsidios de tres programas dependientes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).

Cada una de estas normativas reemplaza a las resoluciones vigentes desde 2024 y fija nuevos montos a partir del 1° de noviembre de 2025 para:

El Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático.

El Programa de Subsidios a las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC).

El Programa de Subsidios a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC).

Las tres resoluciones comparten un diagnóstico común: desde la última actualización de aranceles, en septiembre de 2024, las instituciones prestadoras enfrentaron incrementos significativos en costos fijos y operativos.

A esto se sumó un aumento en la demanda de atención por consumos problemáticos, lo que llevó a la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas a recomendar una actualización urgente.

La Resolución 2924/2025 redefine los montos del Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático, creado originalmente en 2023.

Este programa está orientado a asegurar el acceso a un tratamiento especializado para personas mayores de 18 años que no cuenten con obra social ni otra cobertura médica que garantice el abordaje.

Se trata de un subsidio personal, no reintegrable, que se destina al pago total de la prestación mensual en instituciones convenidas con SEDRONAR.

Aunque las personas son las beneficiarias, el Estado transfiere el dinero directamente a las instituciones que brindan la asistencia. Esta modalidad —según se explica en el anexo del programa— responde a la necesidad de facilitar el acceso al tratamiento y evitar obstáculos administrativos para quienes atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad.

El aumento de los montos busca evitar un deterioro en la calidad de las prestaciones, garantizar la continuidad de los tratamientos e impedir que la suba de costos afecte la cobertura.

La resolución deja sin efecto la normativa anterior y aprueba una nueva escala prestacional, clasificada por categorías y modalidades de atención.

La Resolución 2925/2025 actualiza los montos del Programa de Subsidios a las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC), creado en 2020.

Estos dispositivos brindan alojamiento y acompañamiento comunitario a personas que atraviesan un consumo problemático y que, además, se encuentran en grave vulnerabilidad social, sin acceso a una vivienda o con contingencias habitacionales severas.

Las CCC ofrecen contención, acompañamiento y herramientas para la inclusión social con un objetivo claro: favorecer la mayor autonomía posible y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas.

El subsidio a estas casas se calcula según “módulos convivenciales”, definidos por la población atendida y las características de las prestaciones. El incremento aprobado por la resolución se basa en la necesidad de sostener servicios esenciales como alimentación, alojamiento, apoyo terapéutico y actividades de reinserción social.

En su fundamentación, la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento advirtió que la suba de costos desde 2024 impactó directamente en el funcionamiento de estas instituciones, especialmente en rubros como alimentos, alquileres, servicios y personal especializado.

La Resolución 2926/2025 actualiza los montos del Programa de Subsidios a las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), un dispositivo creado en 2021 y considerado central dentro de las políticas territoriales de prevención y asistencia.

Estas casas funcionan en articulación con organizaciones locales y cumplen roles múltiples:

Prevención y promoción de derechos.

Construcción o fortalecimiento de redes comunitarias.

Acompañamiento integral de personas que consumen sustancias.

Actividades de inclusión y participación social.

A diferencia de los programas anteriores, los subsidios de las CAAC se destinan al sostenimiento general de las actividades comunitarias, y no al pago directo de una prestación específica. Cada casa recibe un monto mensual según la modalidad y categoría a la que pertenece.

El Ministerio de Salud señaló que el aumento busca fortalecer estos espacios, que cumplen una función clave como complemento de la red sanitaria formal, especialmente en localidades donde no existen dispositivos especializados.

Las medidas entran en vigencia el 1° de noviembre y serán financiadas con las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud.

Aliados tradicionales de Israel cada vez reconocen más, o se posicionan para reconocer la existencia de Palestina como Estado.

Pero las medidas seguidas por países como Francia, Canadá y, potencialmente, el Reino Unido, para reconocer un Estado palestino no van a poner necesariamente fin a la guerra ni van a garantizar las fronteras territoriales, ya que el proceso para reconocer un Estado no es sencillo.

¿Qué es lo que define a un Estado? Hay Estados de todas las formas, tamaños y estructuras. Actualmente, 193 son miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas.

Pero no ser miembro de pleno derecho de la ONU no impide participar en funciones de la organización, ni unirse a otros organismos internacionales, e incluso tener misiones diplomáticas. Tampoco es necesario ser miembro de la ONU para ser un Estado.

Una de las guías más sencillas para definir lo que es un Estado está en la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, la llamada Convención de Montevideo, firmada en 1933.

En ella, se enumeran cuatro criterios para tener la condición de Estado: límites territoriales definidos, una población permanente, un gobierno que represente a ese pueblo y la capacidad de entablar acuerdos internacionales. A veces se dice que un Estado existe cuando es reconocido por un número suficiente de países fuera de su propio territorio.

Aunque este criterio no forma parte literalmente de las convenciones internacionales, Gezim Visoka, investigador en estudios sobre paz y conflictos y experto en cuestiones de Estado de la Universidad de Dublín, Irlanda, considera que eso es algo que se aplica de manera efectiva a través de otras medidas.

"El reconocimiento es crucial para que un Estado funcione, exista internacionalmente, entable acuerdos, se beneficie de los tratados internacionales y esté protegido frente a anexiones, ocupaciones y otras formas de intervención arbitraria del extranjero", afirma Visoka.

Ser reconocido como Estado o cumplir los criterios de Montevideo no conduce automáticamente a ser admitido en la ONU.

Para convertirse en miembro de ese organismo, el Estado candidato debe seguir varios pasos: enviar una carta al secretario general de la ONU, realizar una declaración formal aceptando las obligaciones de los miembros de la Carta de las Naciones Unidas y obtener el apoyo del secretario general.

A continuación, el Estado candidato debe obtener el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Concretamente, nueve de los quince miembros del Consejo deben votar a favor del candidato. Y los cinco miembros permanentes -es decir China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos- también deben votar a favor. Históricamente, esta ha sido una barrera difícil de superar para los Estados candidatos, incluso para aquellos que gozan de un alto nivel de reconocimiento.

Palestina, Kosovo y el Sahara Occidental se encuentran entre los Estados que gozan de amplio reconocimiento, pero que no son miembros de pleno derecho de la ONU. Pero, si se logra superar esa barrera, el país candidato solo necesita obtener una mayoría de dos tercios de los votos de todos los demás miembros de la ONU en la Asamblea General.

Aparte de los 193 Estados miembros de la ONU, hay dos observadores permanentes: la Santa Sede y Palestina, que pueden acceder a la mayoría de las reuniones y documentos de la ONU, así como mantener misiones en la sede de la organización.

Algunos Estados reconocidos desde hace mucho tiempo se han resistido a adherirse a la ONU. Suiza, por ejemplo, pasó 56 años como observador permanente antes de adherirse finalmente como miembro de pleno derecho en 2002.

Las ventajas de pertenecer a la ONU son evidentes, ya que este hecho actúa como un reconocimiento de facto, proporcionando integridad soberana en caso de que uno o más Estados dejen de reconocerlo, y una base para la igualdad, independientemente del tamaño y la fuerza.

"Por otro lado, no ser miembro tiene desventajas", explica Visoka. "No se disfruta del mismo acceso a las agencias y programas, se puede estar expuesto a un trato peor, así como a aislamiento y relaciones comerciales y económicas desiguales".

Lugares como los territorios palestinos y Kosovo son ampliamente reconocidos como Estados, pero, aún así, se enfrentan a retos. El hecho de que no hayan recibido la aprobación para convertirse en miembros de pleno derecho de la ONU, subraya Visoka, "no los hace menos Estado que otros Estados, aunque el reconocimiento de un Estado es un proceso flexible y cambiante".

"Desgraciadamente, el reconocimiento sigue siendo la parte más débil del Derecho Internacional, por lo que no existe ningún tratado ni normativa sobre quién es un Estado, quién tiene derecho a reconocer a otros Estados, y qué entidades son candidatas al reconocimiento y a la condición de Estado", explica Visoka.

"Se define en gran medida caso por caso. No todos los Estados tienen una política de reconocimiento unificada, por lo que improvisan, se adaptan y cambian", comenta el experto.

Esto puede dar lugar a violencia y conflictos, ya que los Estados luchan por obtener el reconocimiento y la legitimidad ante otras naciones, con ejemplos recientes como el surgimiento de Kosovo y Sudán del Sur a raíz de conflictos.

(*) Nota original del periodista australiano Matthew Ward Agius, adaptada para su publicación en El Litoral.

El Gobierno anunció que eliminará la jornada no laborable por el "Día del Empleado Público". Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, dejó en claro que "el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático o gozar de cualquier otro privilegio, que el trabajador del sector privado no tienen o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país".

Y remarcó: "Trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano, que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que, de manera directa o indirecta, es responsable del presente y del futuro del país".

Por último, el vocero aseguró que la medida va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno. "Está para allanar el camino de libertad a los argentinos, y no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector publico, en detrimento del privado, es cosa del pasado", cerró.

Precisamente, por el "Día del Trabajador del Estado", las dependencias oficiales iban a estar cerradas y no brindarían atención al público el próximo viernes 27 de junio.

La subsecretaria de Trabajo Mariana Hortal Sueldo renunció este miércoles a su cargo en medio de los despidos que dispuso el gobierno del presidente Javier Milei en esa dependencia y el resto del organismos del estado.

La renuncia de Hortal Sueldo se suma a la de varios funcionarios que salieron del Ministerio de Capital Humano durante las últimas semanas.

Hortal Sueldo había sido designada como subsecretaria el 15 de febrero pasado, para ser la segunda en el área del Omar Yasín. En ese cargo había sido desplazado con su llegada Horacio Pitrau, a quien en el Gobierno señalaron por buscar entablar negociaciones con los gremios.

Tras la salida de Yasin y la llegada de Cordero, Hortal Sueldo, de vínculos cercanos al ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri Jorge Triaca, quedó en su cargo hasta este miércoles que se conoció su dimisión. La ahora ex subsecretaria también había tenido un paso por la ANSES durante la gestión macrista.

De acuerdo a las fuentes oficiales, su salida del área laboral se relaciona con su cercanía a Yasín, quien fue desplazado del cargo tras una polémica por aumentos de sueldos a distintos empleados públicos.

La renuncia se da en momentos en que se profundiza el conflicto de los gremios con el Gobierno nacional por los despidos que se dispusieron en distintos organismos del estado.

Este miércoles, la Secretaría de Trabajo fue la sede central del reclamo de los trabajadores agrupados en ATE, que anunciaron un nuevo paro para el próximo viernes en el marco de un plan de lucha contra los despidos.

La Justicia chilena dictaminó que el Estado debe indemnizar a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados en 2010 en la mina San José de Copiapó con un total de US$1,4 millones de dólares, lo que se traduce en una compensación de US$46 mil para cada uno.

La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que representa al Estado en juicios, en contra de las demandas de los trabajadores.

Estos mineros, que ya habían perdido la esperanza de que su demanda tuviera éxito, recibieron la noticia del fallo con gratitud, considerando que su espera valió la pena. Argumentaron en su demanda que hubo una falla en el servicio de las instituciones al no verificar las condiciones laborales óptimas en la mina.

Juan Illanes recibe un chequeo médico antes de la operación de rescate para sacarlo de la mina San José en Copiapó el 13 de octubre de 2010. Crédito: REUTERS.

La indemnización de US$46 mil dólares para cada minero busca aliviar las dificultades que algunos de ellos enfrentaron después de su período de fama mundial como los mineros atrapados.

A pesar de esto, algunos, como José Ojeda, el autor del famoso mensaje que confirmó que los 33 estaban con vida, no quedaron completamente satisfechos con la decisión.

En 2018, se les iba a otorgar US$93 mil, pero la CDE apeló la decisión inicial, reduciendo la cifra a la mitad. Según Ojeda, esta resolución fue más un cierre del caso que una verdadera búsqueda de justicia.

Darío Segovia habla con los medios de comunicación mientras está rodeado por trabajadores mineros de San José durante una manifestación.

El abogado de los mineros, Jorge Ríos, estima que tomará entre dos y cuatro meses antes de que los mineros reciban la indemnización. Dos de los mineros no se unieron a la demanda contra el Estado: Juan Illanes, quien cree que la empresa para la que trabajaban debería indemnizarlos en lugar del Estado chileno, y Raúl Bustos, que ha decidido no seguir involucrado en el caso.

(Por Gustavo Capeletti) – “A pesar de haberles ofrecido varias alternativas de adecuación de su situación laboral en la institución” la renuncia de profesionales de efectiviza, dio cuenta en la mañana del lunes el Hospital de Reconquista para explicar el alejamiento de sus cargos de 3 los 4 oftalmólogos que prestaban servicios en el efector de mayor complejidad del norte provincial.

La dirección médica del Nuevo Hospital hizo público así la dimisión de los especialistas a la que calificó como que “en última instancia implica una decisión de orden personal y/o profesional que escapa a nuestra posibilidad de gestión”.

“Esta situación se da debido a la renuncia de oftalmólogos a los cargos que ocupaban, sólo se cubrirán las urgencias con un solo especialista que continuará prestando servicios”, puso en situación la conducción del centro de salud, que además ante la gravedad del panorama suscitada solicitó la “intervención urgente” del Ministerio de Salud para “lograr solución en el corto o mediano plazo”. “Se continúa trabajando denodadamente para resolver la situación, que está vinculada además a la falta de especialistas en nuestra región”, consignó el parte de prensa fechado hoy.

La complejidad del escenario sanitario en el norte ya había sido alertada por los gremios. La “falta de inversión en recursos humanos” fue y es objeto de permanentes reclamos sindicales en la región. Entretanto, en la zona de la Cuña Boscosa, de acuerdo declaraciones de representantes gremiales formuladas a este medio “hay una situación conflictiva porque cumplir, entonces hay médicos que no pueden salir del y los dejan a la ‘buena de Dios’ y que están complicados para trabajar en las mejores condiciones; no puede ser que estén los 365 días del año a disposición de la comunidad porque ningún ser humano puede soportar eso a largo plazo. De hecho, hay muchos que están renunciando y se están yendo”.

En las fuerzas policiales, el parece ser éxodo aún más acentuado. Fuentes confiables con condición de anonimato enumeraron que solo en el departamento Vera son más de dos decenas los numerarios que no esperarán a cumplir 30 años de servicio para retirarse, sino que a partir de sumar 20 años en la fuerza comienzan a delinear su pase a situación pasiva. Hay casos paradigmáticos en los que tan solo con un par de años de revista los empleados declinan de continuar en la labor policial para pasarse a trabajos más rentables, ya sea en el sector público (justicia, AFIP, etc.) o privado.

Asimismo, un policía de General Obligado con varias obleas doradas en sus hombros graficó: “Tenemos profesionales que llegan a los veinticinco años y se van porque no les conviene”, sino que “les conviene quedarse con la jubilación, el retiro y hacer otro laburo». «Suman el haber jubilatorio más lo que sacan afuera y les conviene más, y están tranquilos afuera y no renegando adentro”, contó, sobre la sangría de personal.

Con pedido de reserva de su nombre, este oficial de la plana mayor de la policía del norte provincial comparó que “para ingresar a un banco o a tribunales solo piden el secundario, pero a nosotros para entrar a la policía, aparte del secundario, nos exigen los tres años del Isep, pero resulta que cuando vos salís cobrás menos que los demás”. “Y encima de todo trabajan medio día y no tienen responsabilidad penal. Y nosotros tenemos una doble responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal”, expuso.

En tren ahondar el análisis de la realidad policial no pudo evitar la comparación con los sueldos de otras reparticiones: “Siempre salvando las distancias, hoy por hoy un defensor público está en los 2,8 millones pesos, un médico forense llega a 3 millones de pesos por mes de sueldo. Estamos muy lejos nosotros de esos números”.

Por último, sumó otro dato: “Hay comisarios con años de carrera que también piden el retiro porque son pocas los cupos para ascender y al ver que eso prefieren irse y no arriesgarse a tener algún problema que les afecte el retiro”.

Por cuarto mes consecutivo, el Tesoro Nacional sintió con fuerza el impacto negativo en la recaudación asociada a los tributos del comercio exterior producto de la sequía, que en abril fueron de 29.515,4 millones de pesos (-33 por ciento respecto al mismo mes del año pasado) y en el primer cuatrimestre del año sumó 580.000 millones de pesos menos respecto a las proyecciones sobre los derechos de exportación contenidas en la Ley de Presupuesto 2023.

De acuerdo a lo informado por el gobierno, el Sector Público Nacional registró durante abril un déficit primario de 331.372,8 millones de pesos y un déficit financiero de 407.388,0 millones de pesos, producto del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzó los 76.015,2 millones de pesos por lo que el déficit primario acumulado al primer cuatrimestre alcanzó 1.021.300,6 millones de pesos (0,59 por ciento del PBI) de acuerdo a estimaciones preliminares del Producto Bruto Interno.

Santa Fe aportó US$ 21.930 millones, el 13 % del total de la recaudación tributaria nacional

De acuerdo a lo que se informó, en abril se priorizaron las gastos destinados a las políticas de inclusión social y a los programas de inversión pública con énfasis en la infraestructura energética, siendo ralentizada la ejecución del resto de los gastos presupuestados, lo que significó una caída interanual real del gasto primario del 9,7 por ciento.

En abril, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los 1.866.320,6 millones de pesos, 71,9 por ciento más que el mismo mes del año anterior, afectados por los tributos al comercio exterior.

En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de 102,7 por ciento en términos interanuales si se excluyen los tributos antes mencionados; mientras que, de ser incluidos, dicha variación alcanza el 87,9 por ciento, al menos 15 puntos menos que la inflación del mismo período.

Quines amortizaron parcialmente la pérdida de ingresos producto de la sequía fueron los recursos asociados al mercado interno y a la seguridad social.

La inflación de abril fue del 8,5% en Santa Fe

Los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social mantuvieron durante abril una tasa de crecimiento interanual similar a la ocurrida en marzo (+110,5 por ciento i.a.), como consecuencia del aumento del salario medio del sector privado y sector público.

Respecto a los ingresos vinculados con la actividad económica, se destaca la recaudación correspondiente al IVA neto de reintegros (+221.207,9 millones de pesos; +115,2 por ciento i.a.), mientras que el impuesto sobre Débitos y Créditos y el impuesto a las Ganancias registraron subas de +97,7 por ciento i.a (+90.552,3 millones de pesos) y 91,7 por ciento i.a (+84.186,9 millones de pesos).

Los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron en abril los 2.197.693,4 millones de pesos (+88,7 por ciento i.a.) priorizando durante el primer cuatrimestre la política de seguridad social y educativa; y la inversión pública en obras de infraestructura con especial énfasis en infraestructura energética y vivienda.

En lo que refiere a las prestaciones de la seguridad social de abril, las mismas ascendieron a 794.431,2 millones de pesos (+90,9 por ciento i.a.).

Por otra parte, la erogación asociada a remuneraciones alcanzó los 279.644,4 millones de pesos (+127 por ciento i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de los acuerdos salariales alcanzados, en tanto las transferencias corrientes alcanzaron los 768.768,2 millones de pesos (+71,8 por ciento i.a.).

La producción industrial santafesina cayó en marzo y acumula un trimestre de retroceso

Por otro lado, los subsidios económicos crecieron en +122.713,2 millones de pesos (+75,7 por ciento i.a.), explicados principalmente por la dinámica de los subsidios energéticos, (+113.086,5 millones de pesos; +96,9 por ciento i.a.), que incluye la compra anticipada de GNL. .

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en abril alcanzaron los 151.977,9 millones de pesos (+54.052,1 millones de pesos), que incluye las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación a las provincias en el marco del FONID por (+11.616,5 millones de pesos; +131,6 por ciento) y a las Universidades (+42.161,9 millones de pesos; +123,2 por ciento).

El gasto de capital alcanzó durante el periodo de referencia los 176.998,7 millones de pesos (+99,4 por ciento i.a.), producto de la inversión asociada a obras de infraestructura energética y vivienda.

En lo que respecta a Inversión Real Directa, la misma se incrementó en +49.939,6 millones de pesos (+97,4 por ciento i.a.), destacando el gasto realizado por ENARSA (+25.000 millones de pesos), para financiar la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Por su parte, las Transferencias de Capital a Provincias registraron un crecimiento de +84,8 por ciento i.a., entre las que se destaca el incremento de las transferencias realizadas por los Fondos Fiduciarios para la Vivienda Social y de Integración Socio Urbana.

Después de haberlo presentado a los principales actores del mercado, el Gobierno oficializó vía decreto la decisión de que los bonos en dólares en manos de los organismos públicos pasen a pesos.

Ordenan canjear a organismos públicos sus bonos en dólares por títulos en pesos

Lo hizo mediante el decreto 164/2023. En el mismo dispone que : “Los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas en el marco de los Decretos Nros. 622 del 17 de septiembre de 2021, 576 del 4 de septiembre de 2022 y 787 del 27 de noviembre de 2022 serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, ambas dependientes del Ministerio de Economía”.

El decreto de necesidad y urgencia tiene apenas cuatro artículos.

En el primero, se indica que los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas en el marco de los Decretos 622 del 17 de septiembre de 2021, 576 del 4 de septiembre de 2022 y 787 del 27 de noviembre de 2022 serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por las secretarías de Finanzas y de Hacienda.

El DNU lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todo el Gabinete de ministros nacional.

La medida entrará en vigencia formalmente apenas se publique en el Boletín Oficial.

El decreto recuerda que mediante el artículo 3° del Decreto N° 622/21 se autorizó emitir letras denominadas en dólares estadounidenses por US$ 4.334 millones a diez años de plazo con amortización íntegra al vencimiento, precancelables total o parcialmente.

Más de un millón de jubilados argentinos recibirán un plus en abril y mayo

Y que se estableció que esas letras devengarían una tasa de interés igual a la que devengaran las reservas internacionales del Banco Central para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual.

A su vez, enumera una larga lista de decretos y resoluciones que respaldan lo que finalmente se decidió: el canje obligatorio por títulos en pesos de los bonos en dólares.

El DNU señala que “la urgencia en la adopción de esta medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, relativizó este lunes las críticas que hizo el mandatario nacional, Alberto Fernández, el 1 de marzo pasado en el Congreso tras remarcar que “siempre hay tensión entre los tres poderes” y explicó que los integrantes del máximo tribunal no deben dejarse ganar “por la pasión, ni por la simpatía ni por la antipatía”.

“Cuando recibimos la invitación, conversamos entre los cuatro ministros de la Corte sobre cómo iba a ser nuestra representación. Decidimos que fuera Presidente y Vice y sabíamos cuál podía ser el clima, pero estábamos convencidos de que nosotros no nos tenemos que dejar ganar por la pasión, ni por la simpatía, ni por la antipatía porque expresamos una representación institucional”, detalló Rosatti.

El presidente del máximo tribunal consideró que “siempre hay una especie de tensión entre los poderes representativos y el Poder Judicial” y agregó que suele haber “un reclamo de incomprensión de un poder con relación al otro” por los diferentes roles que representan.

En ese aspecto, explicó que esa situación se da en la mayoría de las democracias consolidadas en el mundo.

“El político reclama porque quiere transformar la realidad con una norma y el juez lo impide porque lo declara inconstitucional. Allí el juez suele decir `no se pueden hacer las cosas de esta manera`. Es una tensión casi permanente que hace a la dinámica del sistema republicano y hay acostumbrarse a esta situación”, precisó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Rosatti sostuvo que esa “tensión a veces es mayor, a veces menor, con las formas diferentes, pero en un sistema democrático hay que acostumbrarse”.

Durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias, el Presidente cuestionó al máximo tribunal: “Desde hace un tiempo el Poder Judicial no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente ni se muestra con independencia”.

Además, remarcó que los miembros de la Justicia tienen vínculos “poco transparentes” con empresarios y miembros de la política.

Respecto al juicio a la Corte Suprema, estimó: “Asistimos a estas situaciones y la sobrellevaremos como consideremos en cada momento que debemos sobrellevarla. La Corte no inventa un caso, sino que se lo llevan. La Corte actúa, pero no se puede decir después de haber pedido la actuación, ustedes no son competentes para esto. Sino no se entiende por qué golpeó la puerta y pidió justicia para después decir que no es competente”.

El presidente de la CSJ afirmó que deben “actuar de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes, y eso deja disconforme a uno de los dos actores y a veces a los dos”.

Asimismo, consideró que “técnicamente es un juicio a la Corte Suprema”, el que se lleva a cabo contra los cuatro ministros, al tiempo que señaló que se está “viviendo un momento especial donde hay un clima ampliamente mayoritario de respaldo hacia los jueces para que apliquen libremente la Constitución, apoyados por la Corte Suprema y la opinión pública”.

En otro orden, Rosatti se refirió a su postura en el Congreso cuando Fernández criticaba al Poder Judicial y señaló: “Así como uno reclama que hay que tener prescindencia de cualquier circunstancia de afecto o de simpatía cuando dicta una sentencia, donde solo vale el expediente y lo que nosotros debemos resolver, debemos comportarnos de la misma forma cuando expresamos una representación institucional”.

“Si el principal tribunal del país tomara sus decisiones en función del afecto o desafecto, ¿qué podría esperar un jubilado, un trabajador o un empresario que quiere radicar una industria en el país o que quiere realizar una inversión?”, planteó.

Asimismo, enfatizó: “Para nosotros primero está la institución y por sobre la institución está la Constitución Argentina”.

“Si no expresamos una templanza de ánimo o una serenidad espiritual para tomar nuestras decisiones, estaríamos como el piloto de un avión en turbulencia al que la tripulación encuentra desesperado, a los gritos o persignándose. ¿Qué le esperaría a ellos?”, aseguró.

Por último, rechazó la chance de retirarse en ese momento del Congreso por las críticas del Presidente, ya que para él “hubiera sido un triunfo de la subjetividad por sobre la objetividad que expresa la institución” que ellos representan.

En otro tramo de la entrevista, Rosatti aseguró que el avance del narcotráfico en el país iba a darse “en tres o cuatro años, pero se acortaron los plazos”.

“Había dicho que el principal problema en la Argentina iba a ser el narcotráfico en tres o cuatro años, pero se acortaron los plazos”, aseguró.

Para Rosatti, la problemática tiene que ser abordada desde distintas perspectivas y planteó: “No rige el mismo código de procedimiento penal; en algunas provincias está separado el narcomenudeo y el narcotráfico. Ahí habría que tener un abordaje articulado”.

“Eso no está pasando ahora y uno ve que el crimen está organizado, pero la forma de combatirla no y lo debe resolver la política”, indicó.

Rosatti afirmó que “acá hay que expresar una clara vocación política y que se articulen todas las partes que intervienen”, al tiempo que consideró: “Yo creo que de esa forma se va a combatir en serio”.

El objetivo es volver a los niveles de personal de 2016 en un plazo de tres años, reveló el secretario del Gabinete de Boris Johnson, Simon Case, en una carta enviada a los funcionarios.

Case reconoce en la carta difundida por la cadena pública BBC, que la reducción de puestos de trabajo sería un “reto” y que el personal de la administración pública había crecido “sustancialmente” desde 2016, en parte debido a la pandemia.

“Debemos considerar cómo podemos racionalizar nuestra fuerza de trabajo y equiparnos con las habilidades que necesitamos para ser un servicio aún más eficaz, ágil e innovador que continúe cumpliendo con las personas a las que servimos”, escribió.

En 2016 había 384.000 funcionarios públicos, el número más bajo desde la Segunda Guerra Mundial, pero mientras el Reino Unido se preparaba para salir de la UE, la cifra aumentó de forma constante hasta alcanzar los 475.000 a fines del año pasado.

Se estima que los ministros informen dentro de un mes los planes para lograr los recortes de sus departamentos, lo que permitiría un ahorro anual de 3.750 millones de libras, según el ministro de la Oficina del Gabinete, Jacob Rees-Mogg.

El Reino Unido sufre la peor crisis del costo de la vida en 50 años, con una inflación que está aumentando un 7% al año, la tasa más alta en 30 años, originada debido a la guerra de Ucrania y a la reactivación de la economía global tras levantarse las restricciones por la pandemia y el Brexit, según los expertos.

El Banco de Inglaterra advirtió que la inflación podría llegar al 10% en unos meses, ya que el precio del combustible y los alimentos ejercen presión sobre la canasta familiar. ]]>

El Gobierno británico quiere recortar hasta 91.000 puestos de trabajo en la administración pública para reducir gastos, en medio de la crisis del cost...]]>

Senador provincial Lisandro Enrico (UCR del departamento General López)

La violencia del narcotráfico en Argentina nos muestra una cara del problema: la narcocriminalidad. Ante eso vemos que el Estado hace un despliegue para actuar a través de sus diferentes organismos como la justicia o las fuerzas de seguridad; decenas de hombres abocados detrás de cada caso (como corresponde): policías, fiscales, jueces, investigadores, etc., y los medios de comunicación que le dan una gran cobertura.

Pero… ¿y la otra cara del problema? ¿Y el consumo? Es decir, la enorme cantidad de jóvenes que ya no pueden controlar sus adicciones y que convierten sus familias en lugares de mucha angustia y desesperación.

El crecimiento de las adicciones no tiene la misma respuesta del Estado como el enfrentamiento al narcotráfico; pero son dos caras de la misma moneda: crecen las adicciones y crece el narcotráfico, con la diferencia que al problema del narcotráfico se lo aborda con cientos de personas y recursos mientras que ante el problema de las adicciones no se ve el mismo despliegue o presencia del Estado.

¿Qué hace falta? ¿Crear más estructura estatal, organismos o dispositivos con cargos y empleados públicos? No parece ser lo más efectivo… sería enorme el gasto y de poca eficiencia. Sí, lo que hace falta, es una estrategia de abordaje del tratamiento de las adicciones que parta del estado pero que se lleve adelante con las ONG, con las iglesias de barrios, con los acompañantes terapéuticos, con las clínicas y profesionales privados y, sobre todo, aquellas personas que han superado sus adicciones y que puedan ayudar a otros que no pueden recuperarse.

Esto implica que el Estado se abra y trabaje en conjunto con cientos de actores sociales que están en el territorio, en los barrios y en las ciudades para acompañar y asistir a jóvenes con adicciones y sus familias. No puede ser una respuesta dada desde lo estatal, sino una red de acción impulsada desde los estados pero llevada adelante por fundaciones, asociaciones, iglesias y demás mujeres y hombres que puedan tomar los casos particulares.

Las adicciones no se curan, pero sí se tratan. El fantasma de la recaída está siempre acechando y mantener la sobriedad es un esfuerzo que sin ayuda no se puede lograr. El consumo es una salida ante un vacío espiritual, y la ayuda debe venir desde lo espiritual (además de lo terapéutico y lo farmacológico que ayuda mucho) y para esa asistencia espiritual el estado no está preparado, pero sí puede promover la interacción de personas, profesionales y entidades que salgan a tomar los caso de adictos que hoy no reciben ningún tratamiento.

La otra cara de la moneda del narcotráfico son las adicciones, por eso el Estado debería promover acciones permanentes para fomentar:

Este es el desafío del presente para toda la dirigencia política. A diferencia de décadas atrás, el consumo no se da en círculos cerrados, se ha masificado peligrosamente y las adicciones crecen como una nueva pandemia en los más jóvenes. Es hora de empezar a hacer cosas distintas y sostenidas en el tiempo.

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) de La Pampa aseguró este miércoles que la interpelación de tres ministros y un funcionario del Gobierno provincial, que se llevará a cabo entre el viernes y el lunes próximo, será para analizar las “responsabilidades” del Estado en el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado a golpes el 26 de noviembre pasado por el cual está detenida la madre y su novia.

“No pretendemos juzgar ni hacer una caza de brujas sino analizar el funcionamiento del Estado”, dijo el presidente del bloque de diputados de la UCR pampeana, Francisco Torroba, al fundamentar el pedido de interpelación de los ministros de Educación, Pablo Maccione; de Seguridad, Horacio Di Nápoli; de Desarrollo Social, Diego Alvarez y al Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca.

Torroba dijo que el objetivo es “analizar el funcionamiento del Estado, recibir sus explicaciones, determinar si hay una presencia del Estado y si éste funciona con calidad o está deteriorado”.

Tras estimar que las interpelaciones podrían comenzar el viernes próximo o lunes de la semana que viene, Torroba opinó que el crimen de Lucio fue “aberrante, doloroso y dramático” y consideró que “el Estado tiene responsabilidades”.

“Este niño asesinado pasó por una escuela, ingresó varias veces a centros de salud con golpes, vecinos alegan que han denunciado ante la Policía situaciones de violencia en la casa donde vivía con su madre y su pareja -ambas imputadas y detenidas por la causa- y por eso nos interesa escuchar las explicaciones de los ministros”, señaló.

El crimen de Lucio ocurrió en ciudad de Santa Rosa el viernes 26 de noviembre pasado y tras su muerte se determinó mediante testimonios y la historia clínica que sufría maltratos en su casa.

Por el crimen de Lucio se encuentran acusadas y bajo prisión preventiva su mamá Magdalena Espósito Valenti (24) y su pareja, Abigail Páez (27), la primera acusada por homicidio agravado por el vínculo y la segunda por homicidio simple.

En la causa interviene el juez Daniel Ralli, quien dispuso que ambas permanezcan tras las rejas mientras se instruye la causa y hasta que sean sometidas a juicio.

Las dos mujeres están alojadas en en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, adonde fueron trasladadas luego de los incidentes que se produjeron tras una marcha de familiares, vecinos y amigos de la víctima a la seccional donde estaban detenidas en Santa Rosa.

La autopsia entregada al equipo de fiscales constituidos especialmente para investigar el caso indica que Lucio murió a raíz de politraumatismos y de una hemorragia interna y que además de ello tenía lesiones de reciente y antigua data, entre ellas golpes, quemaduras y mordeduras, dijeron fuentes de la pesquisa.

“El mensaje de las urnas fue claro. Es hora de ponerle un punto final a los atropellos del kirchnerismo. Nos toca liderar esa esperanza que yo llamo ‘esperanza patriótica’, porque es la esperanza de la gente que quiere trabajar por un país mejor”, dijo Carolina Losada, candidata a senadora nacional, durante el encuentro “Desafíos para la Argentina del futuro”, del que participaron los referentes nacionales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau; el candidato a senador nacional Dionisio Scarpin y los candidatos a diputados nacionales Mario Barletta, Vicky Tejeda y Luciano Laspina; el ex intendente de Santa Fe, José Corral y el diputado provincial Maximiliano Pullaro.

Los candidatos subrayaron la importancia de las próximas elecciones. “Las de noviembre no son una elección más. Es una elección que va a marcar un antes y un después, que va a poner en juego una Argentina que atrasa y otra que mira al futuro, con trabajo, gestión y conectada con el mundo. Ese es el cambio que proponemos”, agregó Losada.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, agregó: “El objetivo es ponerle un freno al kirchnerismo y Santa Fe es clave para hacerlo. Equilibrando el poder en el Senado vamos a cortar por primera vez el quorum automático que le permitió a Cristina avanzar con iniciativas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Además, sumando un diputado lograremos una mayoría que nos va a permitir a nosotros proponer leyes para generar trabajo en Argentina”.

Los candidatos de Santa Fe recalcaron que durante las PASO la gente dejó en claro lo que no quiere. “No queremos que nos mientan, no queremos que nos dividan, no queremos la concentración de todos los recursos en unos pocos kilómetros cuadrados con fines electorales, por eso ahora, estamos juntos y más unidos que nunca aquí para transitar el camino de lo que sí queremos: potenciar la sociedad frente a un Estado agobiante. Darle herramientas a quienes tienen la capacidad de crear puestos de trabajo, darles previsibilidad e incentivar a quienes se capacitan para trabajar con mayor productividad”.

“Queremos una Patria protagonizada por su gente y no por el Estado. Tenemos todo para lograrlo. Hace falta un liderazgo positivo, y acá está ese liderazgo positivo, somos nosotros”, concluyó Losada.

Maximiliano Pullaro y toda la lista de precandidatos de Evolución, dentro de Juntos por el Cambio, recibieron el apoyo de Martín Lousteau para las próximas elecciones. Y este jueves por la mañana, en el marco de una conferencia de prensa en un hotel céntrico de Rosario, junto su compañera de lista para el Senado nacional, Carolina Piedrabuena; el precandidato a diputado nacional, Gabriel Chumpitaz, y la cabeza de lista para concejales, Anahí Schibelbein, hicieron referencia a la balacera contra el Centro de Justicia Penal y la crítica situación en materia de inseguridad que atraviesa la ciudad.

“A mí no me van a encontrar, como a Perotti y el resto del peronismo, intentando sacar ventaja de esta situación”, dijo Pullaro, y agregó que “la política tiene que responder de manera contundente para caerles con todo el peso del Estado a estas organizaciones criminales y mafiosas, que intentan amedrentarnos mostrándose impunes”. En el mismo sentido, el exministro se Seguridad aseguró que “todos los poderes y actores del Estado tenemos que estar juntos en la lucha contra estas organizaciones criminales complejas, para que no haya impunidad en la provincia de Santa Fe.”

Al respecto, Schilbenbein remarcó que si bien “hoy el principal reclamo de los rosarinos es que se trabaje en serio por combatir la inseguridad, pareciera que no es la prioridad de nadie. Falta decisión y gestión a nivel nacional y provincial”, concluyó la precandidata a ocupar una banca en el Concejo.

Por su parte, Lousteau afirmó que “el Estado en Argentina tiene cada vez más peso, pero menos fuerza, y eso se ve agravado cuando estamos frente a organizaciones criminales, porque no solamente afectan nuestros sistemas de convivencia, sino que tienen la capacidad suficiente de atacar instituciones fundamentales de la vida democrática, como acaba de ocurrir acá.”

En el mismo sentido, el senador nacional por la ciudad de Buenos Aires dijo que “para reconstituir la fuerza del Estado tenemos que ordenar su funcionamiento y para eso, primero necesitamos ejemplaridad ética, porque nunca sabemos qué es lo que pasa una vez que el narco es demasiado fuerte a través de sus vínculos; en segundo lugar necesitamos capacidad de gestión y, en tercer lugar, coraje. Sin esos elementos no vamos a poder revertir lo que le pasó al Estado argentino.”

Finalmente, en relación a una información que se filtró en la prensa, Pullaro señaló que “si realmente existía inteligencia que preveía la posibilidad de un ataque de estas características en función del juicio que se iba a llevar adelante en el día de hoy, más aún considerando el antecedente de las balaceras que sufrimos en 2018 y que fueron investigadas por un grupo especial de fiscales y efectivos de la Policía de Investigaciones, no se comprende qué sucedió para que no se haya armado un operativo de prevención para evitarlo.”