En una extensa presentación, el equipo de abogados que representa a Maximiliano Pullaro formalizó una acusación formal ante el Colegio de Jueces Penales de la provincia contra Marcelo Sain y otros funcionarios por, entre otros puntos, espionaje ilegal.

El documento, de 174 páginas, firmado por los letrados Jorge M. Ilharrescondo e Ignacio E. Martín que representan al gobernador de la provincia, acusan al nombrado ex ministro de Seguridad y ex funcionarios de delitos como defraudación, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de la ley 25.520, relacionada con el espionaje ilegal.

El ex ministro es acusado por el equipo letrado del ahora gobernador.

La acusación detalla cómo los imputados, muchos de ellos funcionarios públicos, habrían organizado un sistema para recopilar ilegalmente información personal, política y laboral de individuos, incluyendo al propio Pullaro y su entorno, utilizando recursos del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones.

Cabe recordar que para ese entonces, el ahora gobernador ocupaba una banca como diputado provincial en el bloque de la UCR, opositor al gobierno del cual formaba parte Sain.

El texto presenta pruebas documentales, comunicaciones y testimonios que respaldan la existencia de esta red de espionaje, cuyo objetivo era influir en la vida política y la opinión pública de la provincia de Santa Fe, y se solicita la apertura de un juicio.

Sobre el final del documento, los abogados solicitan la imposición de las siguientes penas:

a Marcelo Fabián Sain: 10 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

a Nadia Schujman y Débora Cotichini: 8 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

a Esteban Germán Montenegro: 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

a Diego Alfredo Rodríguez: 5 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

a Milagros Bernard: 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo;

Fiscalía de Estado también acusó a Sain y su equipo. Foto: Fernando Nicola

En simultáneo, se conoció que la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, también acusa a los anteriormente citados y pide pena superiores en el caso de Sain (11 años de cárcel).

La oficina a cargo de Domingo Rondina presenta un documento de más de 400 páginas con fundamentos para alcanzar esta acusación en carácter de querellante en la causa que se investiga.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados de la causa en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al gobierno de Mauricio Macri, y del propio expresidente, a jueces y fiscales, informaron fuentes judiciales.

La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició a Macri; a su asesor Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.

La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señalo que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.

"La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias", sostuvo la jueza en el fallo firmado el 7 de diciembre.

"Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal", continuó.

Y prosiguió: "Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad".

"Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones", aseguró la jueza.

El fallo al que accedió Télam -y que fue revelado este lunes por el portal de noticias Infobae- benefició también al exministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti el 14 de diciembre con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces gobierno de Macri.

Uno de los ejemplos salientes de la investigación, invocado en el dictamen fiscal, tiene que ver con la supuesta presión ejercida sobre la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó para que dejara su cargo.

El fiscal remarcó en su apelación que lo que se investiga en la causa no son la sucesión de hechos aislados sino un conjunto de maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, protagonizados por los miembros de la denominada 'mesa judicial'.

Las maniobras habrían estado destinadas a interferir indebidamente en la actuación funcional de ciertos magistrados para lograr fallos o decisiones en los que el gobierno de Macri tenia interés: esa presión se habría llevado a cabo con la sistematización de denuncias contra magistrados, visitas personales y comunicaciones telefónicas y las acusaciones a través de medios y redes sociales.

La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada 'mesa judicial' durante el anterior gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Macri.

En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).

Según dijo, ese funcionario le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso.

Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el gobierno de Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como la 'mesa judicial' de aquella administración.

En la causa judicial, el fiscal Gabriel De Vedia declaró como testigo y ratificó las declaraciones periodísticas en las que contó que en 2017, antes de que la entonces procuradora presentara su renuncia, intentó frenar la embestida en su contra.

En declaraciones ante distintos medios de comunicación, De Vedia había contado que intentó frenar lo que él consideraba una "persecución", a través del vínculo familiar que tenía con Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, uno de los supuestos integrantes de la mesa judicial macrista.

"Yo le planteo el tema de la Procuradora. Primero negó la persecución. Para ellos no había persecución. Me dijo que el Ministerio Público iba a cambiar, que iba a haber un proyecto de ley para modificar el esquema y ahí le pregunté lo que me interesaba, que era que se acabe la persecución: ¿no se puede acabar? Me dijo que la Procuradora tenía que renunciar para no ir presa", contó De Vedia, sobre su diálogo con Rodríguez Simón, en una entrevista radial.

La renuncia de Gils Carbó se dio en un contexto de creciente presión por parte del gobierno de Macri, que no escondía su interés en desplazarla, pero además en un año en el que los números de teléfonos de los celulares de familiares suyos fueron publicados en el diario Clarín, y luego de que se la involucrara en una causa penal por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación.

A pesar de este sobreseimiento, Rodríguez Simón sigue en condición de "rebeldía" en la causa en la cual lo investiga la jueza María Romilda Servini por la presunta persecución a los accionistas del Grupo Indalo: allí fue llamado a indagatoria en el 2020 y nunca se presentó.

En el marco de una nueva reunión de la comisión de Juicio Político, los representantes de la oposición se preparaban para increparlo pero la presidenta del cuerpo, Carolina Gaillard, evitó esa situación levantando la reunión de manera abrupta.

No pudo, sin embargo, tapar el escándalo que alcanza también a segundas líneas de La Cámpora, que tenían fluido contacto a través de Whatsapp con el espía detenido, según las pericias informáticas ordenadas por el fiscal Gerardo Pollicita.

De lengua filosa y estilo verborrágico, Tailhade construyó a lo largo de los años una fama de "provocador serial". Es acusado por sus pares de la oposición de estar siempre proclive a introducir conflicto y romper a los gritos y con acusaciones infundadas los pactos de convivencia pacífica en cada una de las reuniones de trabajo legislativo.

En la comisión de Juicio Político, se dirigió de forma especialmente agresiva hacia los testigos Silvio Robles y Marcelo D´Alessandro, ambos salpicados por el culebrón de Lago Escondido e implicados en una trama de tráfico de influencias y connivencia entre los miembros de la Corte Suprema y sectores políticos de la oposición.

Junto a Vanesa Siley, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés, el camporista es una de las voces cantantes del oficialismo en su embate contra los integrantes del supremo tribunal.

Diputado nacional desde el 2015, Tailhade ya lleva ocho años siendo una de las espadas judiciales más importantes del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, y tendrá cuatro años más de mandato al haber renovado su banca por la provincia de Buenos Aires en las pasadas elecciones del 22 de octubre.

Es, además, uno de los laderos judiciales de Cristina Kirchner, habiendo sido consejero de la Magistratura en representación del Frente para la Victoria entre el 12 de julio de 2016 y el 12 de noviembre de 2018.

Desde la oposición siempre abonaron la hipótesis de que el diputado cercano a Máximo Kirchner es un "servicio" implicado en tareas de inteligencia para ensuciar a sus adversarios políticos.

En su currículum vitae, el dirigente oficialista tiene un antecedente que alimenta esta teoría: fue director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) nombrado por Cristina Kirchner en 2014 luego de la salida tempestuosa de Jaime Stiuso.

Tailhade quedó nada menos que tercero en el escalafón jerárquico del organismo detrás de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Además, se supo que fue egresado de la Escuela Nacional de Inteligencia antes de ingresar a la ex SIDE.

A lo largo de su carrera, el legislador dejó un tendal de polémicas a su paso. Una de las más recordadas es cuando acusó a la UCR y al titular de su bancada de diputados, Mario Negri, de estar "sodomizados" por ex presidente Mauricio Macri. Esos dichos le valieron críticas por misoginia y homofobia.

En la colección de controversias que acumula, también se recuerda una pelea verbal que tuvo este año con el diputado catamarqueño de la UCR Francisco Monti.

"¿Qué te pasa, qué te pasa? Un minuto me durás", le espetó Tailhade el 1 de agosto pasado mientras ambos cruzaban gritos en una de las reuniones de la comisión de Juicio Político.

También son memorables sus frecuentes duelos con Fernando iglesias, su espejo en Juntos por el Cambio. Un cruce violento se produjo el 23 de noviembre del año pasado cuando el kirchnerista le señaló al del PRO que había visto a su hermano Pablo Iglesias en situación de calle.

"@feriglesias, vi a tu hermano Pablo en situación de calle, en el barrio Piñeyro de Avellaneda, mientras te quejabas en el recinto de que no podías alquilar los dos departamentos que dejó tu madre, y que le afanaste en la sucesión. Fernando!", disparó.

En cambio yo, @feriglesias, vi a tu hermano Pablo en situación de calle, en el barrio Piñeyro de Avellaneda, mientras te quejabas en el recinto de que no podías alquilar los dos departamentos que dejó tu madre, y que le afanaste en la sucesión. Fernando! pic.twitter.com/MfvFKHvXAU

"Vos no viste a nadie. Te pasó ese dato el servicio que lo subió a Twitter, pero es falso. Mi hermano no está en situación de calle. Vive en la casa que le quedó de herencia, por acuerdo mutuo. Y vos sos un hijo de puta que te merecés la miserable vida que tenés. Difamador. Basura", le contestó el macrista.

Investigación

Luego de las revelaciones de presunto espionaje a jueces que salpican al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, diputados de Juntos por el Cambio decretaron que la comisión de Juicio Político que investiga por mal desempeño a los magistrados de la Corte Suprema "terminó muerta por default", y le pidieron al presidente Alberto Fernández que "pida disculpas a los argentinos" por haber impulsado este procedimiento en la Cámara de Diputados.

En tanto, reclamaron al oficialismo que convoque a la comisión Bicameral de Inteligencia "de manera urgente" para investigar el caso del diputado de La Cámpora.

MIRÁ TAMBIÉNQué datos había en los teléfonos del sospechoso de espiar a jueces

"Les quiero decir que en nuestro criterio, hoy la Comisión de Juicio Político terminó muerta por default. La Comisión de Juicio Político no tiene más ningún tipo de legitimidad por parte de quienes la maltrataron, la usaron en servicio del poder exclusivamente para ellos. Y termina de la peor manera", sentenció el titular del bloque de la UCR, Mario Negri.

Milei y Grabois, querellantes

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se presentó como querellante en la causa que lo tiene como víctima de espionaje por parte de Ariel Zanchetta, el ex sargento de la Policía Federal, a quien además le detectaron vínculos con un diputado nacional del kirchnerismo y un hombre fuerte de La Cámpora.

Se trata del ex policía devenido en periodista que tuvo vínculos con Fabián "Conu" Rodríguez, actual funcionario de la AFIP y ex Subsecretario de Coordinación de Medios del Gobierno Bonaerense, y con el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.

"Vengo a promover criminal querella contra Zanchetta y quienes sean sus cómplices, encubridores o instigadores", señala la presentación hecha por el abogado Francisco Oneto.

La misma fue realizada ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva adelante la causa junto con el fiscal Gerardo Pollicita y donde ya están siendo investigados Tailhade y Rodríguez, en tanto que Zanchetta ya cuenta con prisión preventiva.

Ahora, una de las decisiones del juez es si concede o no el rol de querellante a Milei y también a Carolina Píparo, quien lo reclamó y, de ser así, les permitirá formular acusación y tener acceso al expediente, a la par de solicitar medidas de prueba.

Por ahora, son 1,196 los espiados, pero apenas se analizaron unos pocos teléfonos secuestrados a Zanchetta por lo que se prevé aparezcan más o pruebas de esta causa, donde bajo el rótulo de periodista, producía y vendía información sobre jueces, políticos, sindicalistas, periodistas y otras personalidades.

Ahora, el análisis de los distintos dispositivos está a cargo de Gendarmería Nacional y el juzgado deberá resolver si cita como imputados a Rodríguez y Tailhade así como a Zanchetta para una ampliación de su primera indagatoria donde negó los hechos en su contra. .

En tanto que el líder de la UTEP, Juan Grabois, también se presentó como querellante en la reciente causa por espionaje ilegal y aseguró que "el Poder Judicial, las fuerzas y los servicios de inteligencia son más turbios que el Riachuelo".

A través de su cuenta de X/Twitter, el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria dio a conocer la presentación judicial que realizó ante Juzgado Federal número 8.

Teniendo en cuenta que por ciertos medios de comunicación que tienen acceso a expedientes judiciales reservados a través de operadores que utilizan mecanismos tan ilegales como los espías estos (que aparecen siempre un par de semanas antes de las elecciones a embarrar la cancha)…

"Teniendo en cuenta que por ciertos medios de comunicación que tienen acceso a expedientes judiciales reservados a través de operadores que utilizan mecanismos tan ilegales como los espías estos (que aparecen siempre un par de semanas antes de las elecciones a embarrar la cancha) me entero que soy víctima - nuevamente- de espionaje ilegal, me presenté como querellante en la causa famosa en el Juzgado Federal Nro 8", publicó el abogado.

En ese sentido, el dirigente kirchnerista advirtió que ese Juzgado "casualmente tiene el expediente de Revolución Federal, causa donde consta que una banda macri-libertaria te puede amenazar de muerte, se intercambia pistolas 9mm alegremente, planifica atentados políticos, obstruye la investigación, hostiga potenciales testigos... pero preso no va nadie".

Al referirse a la figura del agente inorgánico Ariel Zanchetta, Grabois desestimó que se trate de alguien ligado al kirchnerismo: "Lo que todavía no me explico cómo puede ser k un espía que espía más a los k que a los no-k ni cómo puede estar contratado por La Cámpora un espía que espía al principal dirigente de La Cámpora, entre otras conclusiones de la sagaz oposición y el genial periodismo ensobrado del país".

Luego de las vinculadas a la gestión de la pandemia, el trámite del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la única medida del presidente Alberto Fernández que tuvo una vigencia tan extendida en el tiempo. Presentó el pedido en los primeros días de enero, en disconformidad con la cautelar a favor de CABA dispuesta por los magistrados en el marco de la disputa por la coparticipación. Y añadió también otro fallo de alto impacto: el que descartó la reformulación del Consejo de la Magistratura realizada durante la gestión kirchnerista a instancias de Cristina Fernández, y se volvió a la ley original, con más equilibrio entre sectores, sin poder de veto para el oficialismo y con el presidente de la Corte como titular del organismo. En el afán de dar sustento a la acusación de "mal desempeño", luego se agregó también la sentencia que concedió el beneficio del 2x1 en el cómputo de prisión preventiva a represores, completando así una plataforma apoyada fundamentalmente en el desacuerdo con tres fallos del Alto Tribunal. Y que dio lugar a la circulación de datos, versiones, chats y reproducciones de escuchas de distinto tenor; la mayoría de ellas asociada a tareas de inteligencia de dudosa o inexistente legalidad.

El pedido de Fernández recibió el apoyo de solamente algunos de los gobernadores peronistas a los que le fue requerido, y no tuvo inicialmente respaldo (ni reconocimiento) de Cristina Fernández, ni de La Cámpora. Sin embargo, fue este sector el que, a lo largo de todo el año y con un ritmo de trabajo sin parangón en el ámbito parlamentario, llevó adelante maratónicas sesiones en las que se sucedieron discursos y debates encendidos, búsqueda y acumulación de datos sobre supuestas conductas irregulares de los magistrados y otros miembros del Poder Judicial (en muchos casos sobre temas distintos a los planteados originalmente), citaciones y comparecencias de testigos que sumaron información o simples pareceres concordantes con el discurso oficialista, o se sometieron a interrogatorios tensos y muchas veces hostiles.

El cronograma de trabajo de la comisión que, chicanas al margen, se cumplió a rajatabla y con remarcable dedicación, preveía como fecha tope la emisión del dictamen (o de los dictámenes, ya que se descuentan posiciones enfrentadas y predefinidas) en el curso de la próxima semana. La coincidencia de esa instancia con el tramo final de la campaña, y la advertencia por parte de la oposición de que la cuestión ofrecía un flanco por donde atacar a Sergio Massa asociándolo a las prácticas del kirchnerismo en materia judicial, llevó a instalar el tema en el debate público y a pronunciamientos del candidato sobre la inconveniencia de "juzgar a jueces" en pleno proceso electoral. Quedó pendiente, en todo caso, una definición suya sobre el fondo de la cuestión, que para muchos involucra un posicionamiento mucho más componedor con el Alto Tribunal. El dictamen, en tanto, tiene una nueva fecha tope después del balotaje, por efecto de la extensión del período ordinario de sesiones. No llegará a ser tratado por la Cámara con su actual composición, pero estará listo para su eventual consideración futura.

A ese respecto, y más allá de que se da por hecho la aprobación del dictamen acusatorio por la mayoría kirchnerista de la comisión, es difícil pensar en un escenario en que esa postura obtenga dos tercios de los votos de los miembros de la Cámara, como para llevar adelante el proceso tendiente a la destitución de los jueces de la Corte, con el Senado como cuerpo juzgador. A la vez, resulta aventurado establecer cómo quedarán definidos los bloques, en orden tanto a la implosión de Juntos por el Cambio como a la temida "fuga" de legisladores que teme el mileísmo y a los consabidos reagrupamientos del justicialismo en función del resultado electoral y el balance de fuerzas internas.

Por lo pronto, el episodio sirvió también para que los integrantes de Juntos por el Cambio de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica dieron una muestra de unidad, acotada estrictamente a la condena de la actuación del oficialismo con respecto a este tema, y exigir explicaciones e incluso pedir el desafuero de Rodolfo Tailhade, una de las más duras espadas del kirchnerismo contra la Corte, ahora involucrado en la investigación sobre espionaje a los propios miembros del Máximo Tribunal, junto a otros magistrados, políticos, empresarios y periodistas. Un escándalo que, entre otros, tuvo el efecto de potenciar la repercusión de un debate que el kirchnerismo mantuvo en primer plano durante todo el año, pero que en este momento resulta inconveniente para la estrategia electoral de Unión por la Patria. Y un cimbronazo que, a la vez y más allá de que el diputado implicado lo haya catalogado como una "operación" alentada por el propio Horacio Rosatti a tal efecto, inevitablmente sacude las bases mismas de todo el proceso.

El diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade se desvinculó del escándalo de espionaje y afirmó que no conoce al agente inorgánico Ariel Zanchetta, al tiempo que denunció que se trata de "una operación para descalificar el juicio político" a los integrantes de la Corte Suprema.

"Hace 17 días hice una presentación ante el Juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, cuando trascendió que mi contacto estaba en el teléfono de esta persona detenida: pedí que me convocaran si consideraban que tenía que explicar algo", sostuvo el dirigente kirchnerista.

En entrevistas televisivas y radiales que brindó luego de que se lo vinculara con Zanchetta, el legislador oficialista explicó: "Tuve tres intercambios con esta persona, a quien no conozco, no tengo la menor idea de quién es, nunca le pedí información y mucho menos le compré información. Solamente tuve un contacto cuando un compañero me dijo que lo atendiera, que era un periodista de Junín". Y lanzó: "No era muy serio el muchacho, así que no le di bola".

Al ser consultado sobre esos intercambios que mantuvo, Tailhade comentó que Zanchetta primero le escribió para ofrecerle el listado de causas en las que está involucrada la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió; luego para decirle que tenía "algo interesante" sobre el senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez; y finalmente, en diciembre de 2022, para pasarle el link en el que se habían subido los chats del escándalo del viaje de miembros de la Justicia, funcionarios porteños y directivos mediáticos a Lago Escondido.

El diputado nacional apuntó contra la Corte Suprema y afirmó que "lo que están haciendo es una operación, que fue armada por Horacio Rosatti y Silvio Robles".

"Esto no tiene un objetivo contra mí, para meterme preso, sino para descalificar el juicio político" a los integrantes de la Corte Suprema, consideró. Y añadió: "Nos apretaron y extorsionaron para que dejáramos el juicio político".

Asimismo, el dirigente kirchnerista negó estar vinculado con el mundo del espionaje ilegal: "No tengo absoluta nada que ver con ninguna cuestión que esté en el límite de la democracia. Me dedico a laburar, a investigar, a juntar información, a combatir las mafias. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas".

El juez Jorge Patrizi rechazó la declaración de incompetencia del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe que había solicitado la defensa del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, con lo cual la causa no pasará a la órbita federal, sino que seguirá tramitándose en los tribunales de la Justicia santafesina.

Los abogados Hernán Martinez y el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, abogados defensores de Sain y los demás imputados en la causa por espionaje ilegal, presentaron un recurso de incompetencia de la justicia provincial, por entender que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por la pretendida asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje.

Prohíben salir del país a Marcelo Sain

El fiscal Ezequiel Hernández disentía con la objeción. “La competencia federal es excepcional. De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”, sostenía, ante la consulta de Sur24.

El juez Patrizi rechazó la pretensión de la defensa, por entender que las tareas de inteligencia criminal supuestamente irregulares, formaron parte de un curso de acción “circunscripto al ámbito provincial”, y no quedó acreditado que hubiesen intervenido organismos nacionales.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

Siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el juez aplicó el criterio de que “el accionar de policías locales en abuso de sus funciones no involucra materia federal, ya que no actúan como agentes naturales del gobierno federal, incluso si hubiesen infringido normas nacionales”.

Y que tal marco es aplicable a este caso, por cuanto “la seguridad de la Nación no se encontró afectada, ni se ha perjudicado directa y efectivamente a la Nación, toda vez que no se ha involucrado personal del gobierno federal, y los hechos han quedado dentro de la órbita exclusiva de la provincia de Santa Fe”.

(Por Ivana Fux) – En una suerte de salida salomónica, el juez Martín Torres resolvió una serie de medidas cautelares en el marco de la causa por espionaje ilegal, que dejaron satisfechas a todas las partes. En la investigación ya fue imputado el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y siete de sus ex colaboradores por asociación ilícita. A través de esa organización, según la acusación, cometían otros delitos como malversar fondos y recabar indebidamente y con fines políticos, información sobre empresarios, gremialistas, periodistas, referentes de la oposición y magistrados.

Además de prohibir la salida del país y la portación de armas, el magistrado ordenó a Sain evitar contacto con víctimas y testigos, fijar domicilio, establecer una caución real y designar una persona a cargo.

“Estamos satisfechos porque son las medidas que habíamos solicitado al juez desde la Fiscalía; es un logro”, dijo el fiscal Hernández ante la consulta de El Litoral. En tanto, consideró que al haber existido un acuerdo con la defensa con respecto a las cautelares que se solicitarían, ello implica – de parte del imputado- reconocer la materialidad de los hechos. “Así lo entendimos y así lo entendió el juez. Sin embargo, hubo una maniobra de la defensa de intentar plantear a pesar del acuerdo, que estábamos ante conductas atípicas y que había una cuestión de competencia. No conocemos los argumentos del juez, pero estamos seguros de que la calificación surgida de la fiscalía es la correcta”, aseveró.

Pablo Cocochioni, representante de Maximiliano Pullaro en su carácter de querellante, consideró “razonables” las medidas resueltas por el juez. “Entendemos que se logra una mayor protección de los testigos, de las víctimas y del proceso. Se mitiga el peligro de fuga que para nosotros sigue estando, pero consideramos que es razonable cómo se ha conjurado ese peligro procesal. Estamos conformes y adelantamos que no vamos a recurrir la resolución porque nos parece razonable”, insistió. El abogado consideró importante la decisión del magistrado de prohibirle la tenencia de cualquier tipo de arma a Sain, puesto que “muchas personas fueron amedrentadas por él colocando el arma sobre el escritorio; de hecho, una de las querellantes (Evelyn Andreozzi) dijo tener miedo… Es una querellante, pero las víctimas y testigos que sufrieron hostigamiento son miles”, planteó.

Finalizada la audiencia de medidas cautelares, se realizó la de “competencia” para definir si la causa se sigue tramitando en los tribunales provinciales, o si pasa al fuero federal, como solicita tanto la defensa de Sain como Juan Lewis, defensor de otros cinco imputados. Los letrados consideran que la violación a la Ley nacional de Inteligencia es un delito federal y que, en consecuencia, no corresponde ser investigado en el fuero local.

La fiscalía disintió con ello. Para el fiscal Hernández, “está claro que la competencia federal es excepcional y para casos cometidos por funcionarios propios de los diferentes poderes y que afecten a la institucionalidad del país. En los casos que investigamos -sostuvo- eran funcionarios provinciales cometiendo delitos en la provincia y utilizando medios y herramientas provistos por la provincia y contra personas que residen también en Santa Fe, entonces, sin dudas es de competencia provincial. Y está muy bien que las instituciones de la provincia salvaguarden su propia actuación y sancionen a quienes cometen delito en los ámbitos provinciales”, concluyó.

En la línea argumental opuesta, Hernán Martínez (padre), defensa de Sain, objetó la competencia provincial y consideró que “no entender eso es ofender la razón; no tiene sustento ni sentido”, sentenció. “No quiero ser autorreferencial -aclaró ante una consulta de El Litoral- pero he sido juez federal. Sé muy bien cuáles son los delitos federales y la ley 25.520 (de Inteligencia Nacional) es absoluta y totalmente de material federal. Tiene que entender en esto, pero sin ninguna duda, un juez federal y sea quien fuere quien cometa el delito de espionaje. Creo que la confusión puede venir por ahí; cualquier funcionario o no funcionario provincial o de cualquier nivel puede cometer delito de espionaje en la medida que afecte la inteligencia nacional. Y si no afecta la inteligencia nacional, como sucede aquí, entonces directamente no hay delito”, planteó.

La decisión de definir la competencia está en manos del juez Patrizi, que resolverá pos escrito en los próximos días.

La audiencia de medidas cautelares por la causa del presunto espionaje ilegal en Santa Fe habilitó a los imputados, entre ellos ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Fabián Sain y otros ex funcionarios de esa cartera a continuar lo que resta del proceso en libertad, debiendo cumplir varias medidas alternativas a la prisión preventiva. Para Sain, el juez Martín Torres impuso la prohibición de salir del país por ende deberá entregar el pasaporte, y de portar armas de fuego.

Durante la audiencia que encabezó el juez Torres en los Tribunales de Santa Fe, la querellas y la defensas debatieron la prisión preventiva de los imputados.

Los patrocinantes de Sain y otros acusados habían planteado su continuidad en libertad en lo que resta del proceso incluso con acuerdo de la fiscalía. El pedido de prisión preventiva de los imputados había sido formalizado por las querellas del diputado Maximiliano Pullaro y de Upcn.

El juez Torres determinó que los imputados, para poder seguir el resto del proceso en libertad, deberán cumplir varias medidas alternativas: prohibición de salir del país así como de portar armas, además de abonar un caución real y entregar pasaportes, entre otros puntos.

Entre las instituciones públicas de las que se obtuvo información, “sin autorización o requerimiento”, cabe nombrar a: “Municipalidad de Leandro N. Alem; Municipalidad de Necochea; Municipalidad de Azul; Yacimientos Carboníferos Río Turbio; Municipalidad de José. C. Paz; Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero; Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional de Córdoba; Municipalidad de Dolores; Colegio Privado Santa Teresita del Niño Jesús; Club Atlético Rosario Central”

Este material es de una causa judicial en trámite, en el “Juicio a Sain”, que involucra a muchas personas acopladas a sus designios, órdenes o favores personales que terminan en supuestos delitos estas personas, conforman más de tres a un mismo fin: delinquir. Clásica definición de los ignaros, como quien escribe: asociación ilícita. Eso suponemos desde fuera del expediente. En el “Juicio a Sain” se pide que se investigue a muchísimas personas e instituciones, de las que mencionamos algunas. Pedimos que se repare en el carácter de las mismas. Su sitio y su función. Se está más cerca de una categoría siquiátrica/sicológica (paranoia), que de un verdadero servicio de protección del estado.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

El tema permite otro abordaje, diferente al de los empleados del estado que lo llevan a cabo (reitero, empleados del estado provincial a esta fecha, primeros días de diciembre del 2022), junto con los abogados de quienes se han convertido en querellantes, acompañando la denuncia de un funcionario, del estado, que fue quien iniciara este asunto. Se insiste, es un funcionario quien denuncia a otro funcionario. El resto son admitidos como querellantes. Ojo con eso, no confundir.

John le Carré y su personaje (Smiley) definen cuestiones que nosotros, los ignorantes, podemos entender muy bien. Recomiendo su lectura. Los gobiernos tienen espías; los espías hacen eso: verbo espiar. Se vigilan entre si y mandan informes a oscuras jefaturas de personajes ocultos. Un espía que es reconocido deja de ser espía y toca el timbre. Todos se preguntan sobre la inutilidad del trabajo. Convengamos: en el otro extremo de la artesanía del espionaje están los satélites. Va en serio la cosa.

Graham Greene hace lo suyo y “nuestro hombre en La Habana” es un bellísimo texto literario. Admiro a los dos. Vladimir Putin fue Jefe de Espías. Hoy comanda Rusia y protagoniza una guerra fuera de escala y de lógica. Hay excesos que vuelven irrefrenable los secretos de Estado, el poder y la paranoia. Repito: ojo con eso. Mucho cuidado, también, con los gobernantes a los que les gusta conocer secretos e intimidades de sus opositores. El reino del carpetazo es argentino y no es de ayer.

Sain dijo que su accionar fue legal y que el gobernador Perotti “estaba al tanto”

Iann Fleming, que fue espía, creó un personaje que nos define en este tema: James Bond. Pero el punto más alto en el terreno lo consigue Mel Brooks que al crear el “Súper Agente 86” llevó el tema a su extremo más comprensible: la risa. En la provincia de Santa Fe apareció un personaje que reúne todas las condiciones para la risa y el recontra espionaje. Pero una cosa es el “Súper Agente 86”, y su lucha contra Caos, y otra muy distinta Marcelo Fabián Sain.

Con un concurso amañado, para que fuese a medida, es la administración socialista con Lifschitz gobernador y Pullaro ministro quienes lo traen. Trabaja con ellos. Hay notas elogiosas de Pullaro para con Sain, cuando este ya era parte del gobierno peronista. Lo que dice Sain de los socialistas, de Lifschitz y Pullaro, corre por su cuenta. La historia no es la memoria ni el relato.

Los doce años de gobierno provincial socialista/radical coinciden con los años más duros de la narcocriminalidad. Eso es almanaque e historia. Pullaro fue el último ministro de Seguridad del último gobernador socialista. Después de la referida dupla retornó el peronismo. Perotti nombró ministro a Sain. En sus declaraciones (defendiéndose, por lo tanto puede mentir) Sain dice que lo que hace con Perotti ya se hacía con Pullaro, y que Perotti estaba al tanto de todo lo que hacía.

Lo dice él… no los mencionados. Es su alegato defensivo y se repite: puede mentir. Corta ancho Sain, pone a todo el sistema de gobierno, la división de poderes, los pactos entre los mismos, en este plan: espiar a cualquiera es lícito. Recordar: estuvo con los dos gobiernos.

Está claro que el espionaje existe en el mundo civilizado y en los sótanos de la democracia se cuecen mondongos malolientes. En todos. Está más claro, si cabe, que el argumento, aún en las democracias más solemnes, es este: “Tenemos espías y espiamos porque de ese modo cuidamos nuestra forma de gobierno, nuestra libertad, la patria, la bandera, la libertad de nuestros amigos, etc”. Premisa mayor: asumamos, los espías existen. Premisa menor: Sain es espía. Conclusión: hace muchos años tenemos un espía en el poder.

El juicio actualmente en sustancia tiene, desde donde estamos parados, un componente universal: la desconfianza. Pérdida de fe. Sain contribuye, de manera peligrosa y constante a la desconfianza en la democracia, en sus funcionarios y en sus funciones.

El interbloque de la UCR pide explicaciones a Perotti sobre su relación con Saín

Sain ha mandado a espiar a dueños de medios periodísticos y a intendentes. ¿Qué instituciones defiende con esas órdenes? De qué se trata el armado de legajos de actividades de personajes públicos. ¿Necesita, la democracia, la división de poderes, el necesario entendimiento que se espíe como parte de la conversación y el acuerdo entre los distintos estamentos de nuestra forma de gobierno?

Sain interpela la sustancia de nuestra forma de vivir y de confiar en los que mandan. Creerle a Sain es aceptar que cualquier conocimiento retorcido, escondido, secreto y básicamente delictual es la base de los acuerdos democráticos de gobierno.

Sigamos: se llega a los acuerdos de parte porque se conocen putrefacciones del interlocutor. Cuando Sain manda a espiar a los arriba mencionados (hay más, hay muchos nombres propios de fuera de la provincia), extiende la enfermiza necesidad de conocer secretos del otro para charlar con el otro. La Matanza, Necochea, Dolores… Caramba… ¿de qué va este asunto?

Se hace necesario reflexionar si lo suyo es una enfermedad particular o, simplemente, Sain es parte de un cuerpo social enfermo que se extiende a todo el país y que, repito, necesita los secretos del otro para hablar con el otro. Estamos ante una forma diferente de relación social. Se hace necesario reflexionar y requerir (se) si esto es parte del patrón de juego de la democracia.

Espionaje: el miércoles se discutirá si la causa Sain pasa al fuero federal

Se impone una pregunta que duele. ¿Rompió Sain la inocencia del hombre común y en el juicio que se sustancia se muestra la bajeza de la actividad política, o es una enfermedad particular que lo atraviesa y provocó daños institucionales muy graves, pero que se curan amputando las partes enfermas de un cuerpo de gobierno que -se insiste- atraviesa los cuatro poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y MPA).

Suelo esquivar la conclusión aclarando: no me pregunte, soy periodista, soy el que hace las preguntas sin tener las respuestas. Una cuestión aparece muy clara: su presencia hizo daño al total de la clase política. No mejoró la democracia. Empeoró la relación con los representados. Apuntó contra la fe de los votantes. El súper agente provocaba la broma por el disparate y la exageración. Y Saín demuestra que el disparate y la exageración, de por sí, no llaman a la sonrisa. Se necesita otra cosa. De nuevo: no pregunte qué es. Yo sólo soy periodista, en este caso con un derecho: la aflicción.

El juicio actualmente en sustancia tiene, desde donde estamos parados, un componente universal: la desconfianza. Pérdida de fe. Sain contribuye, de manera peligrosa y constante a la desconfianza en la democracia, en sus funcionarios y en sus funciones.

La causa por presunto espionaje ilegal en la que se investiga al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, tendrá el próximo miércoles un nuevo capítulo. Es que para ese día, a las 17 y en los Tribunales locales, se realizará una audiencia para discutir la competencia de la justicia provincial en la tramitación de la causa. Fue convocada por el juez Jorge Patrizi, a propósito de un planteo formulado tanto por el abogado defensor de Sain, Hernán Martínez; como por Juan Lewis, patrocinante de otros de los cinco imputados. Concretamente, solicitan “excepción de incompetencia, reclamando que se remitan las actuaciones a la justicia federal”.

Espionaje ilegal: imputan a Sain y a otros siete ex funcionarios

El mismo día en el que el ex ministro y siete de sus ex colaboradores eran imputados por integrar una asociación ilícita montada en el propio Ministerio de Seguridad, los letrados advertían que formularían un planteo de competencia por considerar que uno de los delitos imputados y presuntamente cometido por dicha asociación ilícita es de competencia federal. Se trata de la violación a la Ley Nacional de Inteligencia (Nro. 25.520), o delito de espionaje. También en el mismo día de la imputativa, el fiscal Ezequiel Hernández disentía con la objeción. “La competencia federal es excepcional. De ninguna manera la ley que nosotros citamos (de Inteligencia Nacional) prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba serlo”, sostenía, ante la consulta de Sur24.

Sain dijo que su accionar fue legal y que el gobernador Perotti “estaba al tanto”

Tras la presentación formal del planteo de parte de las defensas, el juez Patrizi resolvió convocar a la audiencia del miércoles. Fueron citados para la ocasión abogados, imputados y querellantes. Lo que allí se resuelva será clave para la acción inmediata que tenían prevista los fiscales: la realización de la audiencia de medidas cautelares.

En los argumentos del escrito presentado ante Patrizi, las defensas califican a la acusación como “imprecisa, confusa y que describe hechos manifiestamente atípicos”. Según los abogados, de acuerdo al Artículo 116 de la Constitución Nacional, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación”. Más adelante analizan el ámbito de la Ley 25.520 y advierten que en ella “se observan numerosas referencias al ámbito federal regulado”.

El MPA resuelve sobre la destitución de una ex funcionaria de confianza de Sain

Patrizi es el mismo magistrado que en febrero de este año había ordenado el levantamiento de la reserva de las actuaciones, y dispuso que dejasen de ser secretas. Así lo había solicitado la defensa de Sain. “La reserva o el secreto del sumario penal – argumentaba Patrizi en su resolución- tienen carácter excepcional y solamente pueden imponerse en aquellos casos y dentro de las condiciones que las normas legales o reglamentarias establecen; ello deriva de la publicidad de los actos que caracteriza a la forma republicana de gobierno. De lo expuesto – concluía-, no se advierte motivo alguno para continuar con la reserva, perjudicando el derecho de las personas a las que se le hizo conocer los derechos del imputado de imponerse de los motivos por los cuales se encuentra bajo investigación”.

(Por Ivana Fux) – Con la pretensión de que se realice antes de fin de año, los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg solicitarán en los próximos días la audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa por espionaje ilegal en la que ya fue imputado Marcelo Sain. Ante la consulta de El Litoral, evitaron confirmar si pedirán la prisión preventiva, aunque tampoco la descartaron; sólo adelantaron que la decisión será conversada con las partes intervinientes, esencialmente, los querellantes.

Al exministro se le atribuye haber comandado dicha asociación que se proponía -en términos generales y según los fiscales- recopilar de manera ilegal y violando la Ley Nacional de Inteligencia (espionaje) información sobre empresarios, políticos, sindicalistas y periodistas. Además, hacerse de dineros públicos para beneficio propio (peculado). “Se apropiaban de parte de los recursos de los Gastos Reservados del Ministerio. A partir del 20 de cada mes, había movimientos y comunicaciones entre ellos que aludían al cobro de un dinero; a veces lo hacían de modo solapada y otras no”, describió Hernández.

Asociación ilícita es el delito más grave de los imputados este martes; prevé una pena mínima de cinco años. “De todos modos – aclaró el fiscal-, es una gran cantidad de delitos la que se ha atribuido y en función de las reglas del concurso real del ordenamiento nacional, se deben sumar los máximos”.

La primera reacción de los abogados defensores tras las audiencias fue cuestionar la imputación de espionaje; tanto Hernán Martínez (defensor de Sain) como Juan Lewis (defensor de otros cinco imputados) adelantaron que harán un planteo de competencia porque consideran que se trata de un delito que debe investigar la Justicia Federal. El fiscal Hernández disintió, y advirtió que la competencia federal es “excepcional”. “De ninguna manera la ley que nosotros citamos, que es la de Inteligencia Nacional, prevé la competencia federal. No hay ley que establezca que este delito deba ser de competencia federal”, insistió.

Martínez, por su parte, cuestionó por “deficiente” la imputación; habló de “hechos dudosos y aseguró que las conductas que se imputan “forman parte de la función que tiene un ministro de Seguridad o un Organismo de Investigaciones”. Asimismo, objetó “la selección arbitraria” que se hizo de la evidencia. “Por qué sólo llegan (los audios y evidencias) hasta el ministro y no hasta el gobernador, hacia arriba; y por qué no hacia abajo, siendo que hay muchos miembros del propio ministerio de Seguridad que no están involucrados”, se preguntó. A su criterio, también hubo arbitrariedad en la selección temporal de la investigación. “Las conductas que se identifican aquí ya se llevaban adelante en 2019, durante la gestión de Maximiliano Pullaro”, planteó.

Durante su exposición en el marco de la audiencia, Sain acusó a los fiscales de “salir a reclutar querellantes”, e insistió con el argumento de una “persecución política y causa armada” en su contra. Negó haber incurrido en acciones ilícitas, y sostuvo que la recopilación de información fue siempre “legítima, legal e inherente” a las funciones propias de un ministro de Seguridad. “Ustedes tal vez piensan que el ministerio no debía mover las manos y ser un apéndice de la Corte Suprema”, ironizó. “La política y las estrategias de persecución del crimen que desarrollamos eran claras y fueron manifiestamente decididas por el gobernador -expresó-. Teníamos como eje trabajar fuertemente en los delitos de poder que comprometían a estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado. Fue un mandato del gobernador. Desde el Ministerio recibimos directivas expresas; el gobernador siempre estuvo al tanto de todo lo que nosotros desarrollamos en esta materia”.

Sain asegura que Perotti “estaba al tanto de todo”, pero en paralelo niega los hechos que se le imputan. El dilema pasa entonces por dilucidar la legalidad de ello, porque las acciones que según Sain eran lícitas y estaban en conocimiento del gobernador, para los fiscales son ilegales y constituyen delito. El fiscal Hernández ante la consulta de El Litoral, dijo que, por las evidencias reunidas hasta aquí, la investigación no alcanzaría a la figura del gobernador.

“En el desarrollo de esas estrategias para combatir el crimen y la connivencia con las estructuras de poder -explicó Sain-, había que producir algo básico que es el análisis criminal de aquella problemática sobre la que teníamos que desarrollar acciones institucionales concretas. El grueso de esa información se elaboró sobre la base de datos de acceso público. Acá nadie ha tenido información sin la debida autorización”, aseveró. Y advirtió que esa metodología de trabajo le vino heredada de gestiones anteriores. “La verdad, la forma de trabajo haciendo análisis criminal sobre fuentes públicas se inauguró con un nivel de sistematicidad importante en las gestiones precedentes, sobre todo, en la de Pullaro. Allí había áreas en el ministerio específicamente avocadas a la producción de información de análisis criminal sobre fuentes públicas que han hecho gran cantidad de informes. Hacían perfilamientos áreas como la Secretaría de Análisis Criminal al frente de Rolando Galfrascoli o la secretaría de Seguridad Comunitaria a cargo de Angel Ruani. No digo que esto sea ilegal; digo que esto también lo hacían en la gestión anterior. También la Dirección de Investigación Patrimonial a cargo de Margarita Zabalza y Nicolás Rolón. Allí se perfiló, por ejemplo, a Jorge Molina. Si esto para ustedes es una asociación ilícita, en todo caso empezó con Pullaro y ustedes deberían hacer un estiramiento para atrás…”, reprochó.

Se realizan este martes las audiencias imputativas en el marco de la causa en la que se investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia. Los presuntos imputados son ocho; además de Sain, otros ex funcionarios de la cartera y del Organismo de Investigaciones (OI).

Si bien el esquema original preveía ocho audiencias individuales – así fueron convocados, incluso, cada uno de los involucrados-, la metodología implicaría dos grandes audiencias que agrupan a los presuntos imputados en función de su abogado defensor. Así, desde las 9.30 comparecerán los tres clientes del Dr. Hernán Martínez. Se trata del propio Sain; del ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro; y de la ex asesora del OI, María Agustina Moulins. Los tres, al igual que el letrado, participarán de manera virtual.

Grave: el exministro Sain había ordenado espiar y “perfilar” al CEO y principal accionista de El Litoral

Al mediodía se prevé la segunda gran audiencia para el segundo grupo de presuntos imputados, cuya defensa está a cargo del ex ministro de Justicia durante la gestión de Antonio Bonfatti, Juan Lewis. Se trata de Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia Criminal Zona Sur del OI; Diego Rodríguez, ex responsable de Asuntos Internos; Nadia Schujman, ex directora de Control Policial; Pablo Alvarez, del área de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad; y Milagros Bernard, ex asesora del OI. Los cinco concurrirían de manera presencial.

Para esa hora, organismos de derechos humanos anunciaron una concentración frente a la fiscalía para respaldar a Nadia Shujman, abogada de HIJOS; consideran que en su caso, la investigación se trata de una persecución política.

Según pudo saber Sur24, durante la audiencia, el fiscal Ezequiel Hernández impondrá a los citados sobre los cargos a imputar, y se les dará la posibilidad de que hagan uso de la palabra. No se ventilarán las evidencias porque se entiende que todas las partes, tanto imputados como querellantes, ya han accedido a ellas a través del expediente.

Los vínculos de Sain con dos fiscales se revelan en una escucha judicial

Las audiencias se realizarán sin presencia de un juez y en las oficinas de la Fiscalía de Delitos Complejos. Será así, puesto que todos los imputados transitan el proceso en libertad. Aún así, en las últimas horas la defensa de Sain solicitó formalmente la presencia de un magistrado y la publicidad de la audiencia. Pero ambos pedidos fueron denegados.

El acto procesal se realizará a un año de que se realizasen los primeros allanamientos en la sede del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario, cuando la cartera estaba a cargo de Sain. La justificación de parte de los fiscales para fundamental la dilación estuvo siempre asociada a la necesidad de contar con tiempo suficiente para procesar y analizar las abultadísimas pruebas y evidencias.

La investigación en torno de Sain tiene que ver con la recopilación indebida de información y con métodos inapropiados, sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios y periodistas de la provincia. Si bien se identifica el accionar como de un presunto “espionaje ilegal”, éste no sería un delito posible de imputar puesto que es federal. Los cargos pasarían por asociación ilícita, malversación de fondos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.

El exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Saín fue citado para el 29 de noviembre próximo a una audiencia imputativa en la ciudad de Santa Fe donde será acusado, según informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación, de supuesto espionaje ilegal. También participarán del proceso otros siete funcionarios que estaban dentro de la cartera de Seguridad entre 2020 y 2022.

Saín se desempeñaba actualmente como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero una vez conocida la citación el ministro Aníbal Fernández le pidió la renuncia. “La situación no daba para más”, admitió una fuente cercana Fernández, que advirtió que la salida de Saín del Ministerio de Seguridad se produjo de “común acuerdo”.

La imputación contra el exministro de Seguridad de Santa Fe se produce más de un año después de que fueran allanadas las oficinas de esa cartera y se secuestraran computadoras, teléfonos celulares y gran cantidad de documentación. No es frecuente en el sistema procesal penal de Santa Fe, que es acusatorio, que haya demoras tan extensas para que se lleve adelante una imputación.

La causa que investigan los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, bajo la figura de asociación ilícita, apunta a que desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se habrían realizado tareas de espionaje ilegal a personas y empresas sin el aval de una orden judicial.

La causa llamada de “espionaje ilegal” tendrá su audiencia imputativa el próximo 29 de noviembre. Desde el Ministerio Público de la Acusación enviaron citaciones a 8 ex funcionarios de Seguridad de la Provincia, entre ellos el ex ministro Marcelo Sain.

La investigación fiscal deriva del hallazgo de “carpetas” y distinto tipo de archivos con información recopilada de manera indebida en el ámbito del Ministerio, sobre dirigentes políticos, gremiales, empresarios y periodistas, que fueron obtenidas luego de un allanamiento a las oficinas de esa cartera en Rosario y Santa Fe.

Los procedimientos tuvieron lugar a fines de noviembre del año pasado, pero el equipo de fiscales, integrado inicialmente por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (ésta última ahora jubilada) se tomó todos estos meses para evaluar el caudal de información obtenido y volcarlo en lo que será la acusación formal. En las últimas semanas trascendieron registros de audio que estaban en teléfonos celulares de ex funcionarios que fueron secuestrados en aquella operación, en los cuales Sain mencionaba a distintas personalidades e incluso actuales funcionarios de gobierno.

A partir de las audiencias imputativas se podrá conocer concretamente cuál es la acusación que los fiscales producirán contra Sain, Nadia Schujman, Pablo Álvarez, Milagros Bernard, Débora Cotichini y Diego Rodríguez. Se llevará a cabo una audiencia para cada uno de ellos de manera sucesiva en la jornada indicada, podrían ser virtuales y hasta aquí no serán públicas. En caso de que se solicite la prisión preventiva de alguno de los imputados, luego será el momento de la audiencia de medidas cautelares, esta vez ante el juez de la causa y de manera pública.

En las últimas horas se presentó un pedido a la fiscalía para que se notifiquen los derechos del imputado a Roberto Mirabella y Héctor Somaglia, diputado nacional kirchnerista y secretario de Justicia de Santa Fe respectivamente, ambos cercanos al gobernador Omar Perotti. La presentación la hizo el abogado del diputado Maximiliano Pullaro, quien figura como querellante en la causa por entender que es víctima de una operación sobre su persona llevada adelante por Sain junto a su equipo y orquestada por el diputado Mirabella, de acuerdo a lo que surge en uno de los varios audios que figuran en la causa. En otro, se lo escucha a Somaglia admitir que había intervenido para dar viso legal a una actividad que no lo era. “He decidido pedir a la Justicia que avance en la notificación de los derechos a Mirabella y Somaglia por los audios en los que hablan de dar cobertura a actividades de inteligencia ilegal y en el que Saín menciona que Mirabella le habría encargado información para intentar manchar mi nombre”, señaló Pullaro. El doctor Pablo Cococcioni, letrado del legislador expresó: “Es presumible que esa información haya estado destinada a una campaña de desprestigio sobre la persona de Maximiliano Pullaro. Hacia la fecha del audio de Saín, aparecen publinotas tendenciosas en distintos medios y perfiles pagos”. “El delito es grave, pero se agrava aún más si pensamos que estos individuos están en la función pública para solucionarles los problemas a la gente. Mientras las bandas criminales hacen lo que quieren, ellos se dedican a espiar empresarios, trabajadores y opositores”, enfatizó el legislador radical de Juntos por el Cambio. La notificación o comunicación de derechos es una medida que asegura garantías de las personas a su legítima defensa y a su vez evita que quienes vayan a ser imputados presten testimonios como testigos o intenten ingresar en la causa como querellantes o víctimas.

Por unanimidad, aunque con diferentes argumentos, la Cámara de Diputados resolvió crear ‘la comisión para el seguimiento sobre espionaje ilegal y desempeño de la función pública del Ministerio de Seguridad durante la gestión 2019 – 2021 a cargo del ex ministro Marcelo Sain”. Fue a instancias de Ximena Sola (Pro – Juntos por el Cambio) quien sería designada presidenta de ese cuerpo en la próxima sesión y en dicha comisión habrá un representante de cada bloque. Se especifica que el objetivo de la comisión “es el seguimiento de las causas y hechos en relación a la actuación del Ministerio de Seguridad en la gestión a cargo del ex ministro Marcelo Saín con la finalidad de elaborar informes bimestrales detallando el curso de la de las acciones llevadas a cabo y remitiendo el mismo a la Cámara, realizando las denuncias correspondientes ante la justicia y/u organismos competentes producto de los resultados arrojados por el desarrollo de su labor”.

Entre las funciones asignadas está la “de recabar todos los datos que estén a su alcance sin entorpecer las investigaciones que se estén llevando adelante por parte de la justicia; elaborar y publicar los informes bimestrales así como elaborar y promover mecanismos de control para evitar que en un futuro suceda algo similar a lo investigado convocando expertos en la materia. El plazo de duración fue establecido en 360 días.

La decisión de avanzar con la creación de la Comisión fue resuelta en la comisión de Labor Parlamentaria que recibió al secretario de Gobierno, Oscar Urruty, quien fue a invitar a las autoridades de la Cámara y a los jefes de bloque a una reunión con la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el Fiscal de Estado, Rubén Weder, para el 18 de octubre a los fines de analizar la marcha del concurso para elegir autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa. En los hechos, la presencia de Urruty evitó la interpelación a la ministra Arena que proponía el bloque UCR Evolución y que iba a pedir el tratamiento sobre tablas. Dos semanas atrás la oposición dio una conferencia de prensa advirtiendo sobre algunas irregularidades en la designación de jurados de ese concurso. “Nos quedamos cortos en las apreciaciones que hicimos en ese momento” subrayó el radical Fabián Bastia al señalar que las escuchas que se conocieron luego hablan de cosas gravísimas ocurridas y que se infieren de algunas de los audios que han trascendido. Este jueves volvió a reclamar que se garantice la transparencia del concurso, no sin antes señalar que Sain no pudo haber realizado la tarea de espiar a dirigentes, empresarios y periodistas sin el apoyo de otras autoridades del Estado provincial. Su par de bancada, Juan Cruz Cándido abonó la idea de que la comisión debe abocarse “a Sain y afines” en dos durísimos discursos cuestionando el accionar del Estado santafesino.

“Como representantes de los santafesinos, tenemos la responsabilidad de ir a fondo con este caso, al menos desde nuestro lugar, garantizando la independencia del Poder Judicial, en quien confiamos para esclarecer los hechos”, afirmó Sola. “Lamentablemente, Santa Fe tuvo un ministro de Seguridad que se encargó más de estar pendiente de Twitter y de cuestiones ajenas a su función que de gestionar la problemática que hoy nos tiene en vilo a todos. La inseguridad no nació con Sain en nuestra provincia, pero sí es una realidad que la empeoró y, dada la investigación judicial que está en curso, tenemos que saber, lo antes posible, en qué estuvo concentrado el exministro mientras debía estar ocupándose de bajar los índices delictivos y golpeando la puerta de Nación para coordinar esfuerzos o pedir más recursos”, afirmó la legisladora.

El socialista Joaquín Blanco dio el respaldo de su bloque y cuestionó el silencio de Perotti sobre el tema en los quince días en que se vienen conociendo audios. No fueron ajenos a exponer argumentos Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Sebastián Julierac (CC), Juan Argañaraz (Vida y Familia), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Rubén Giustiniani (Igualdad), Walter Ghione (Uno) y Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) quien advirtió que se está ante una caja de Pandora. Desde el oficialismo fue Cesira Arcando (Fe) quien reclamó prudencia y entendió que los audios conocidos tienen poca relevancia para la causa. “No soy defensora pero tampoco ingenua” para señalar que la oposición intentará instalar una serie en capítulos sobre este tema.

Sobre el final, Bastia pretendió agregar otros elementos al artículo central del proyecto, el justicialista Ricardo Olivera dijo que ellos iban a votar lo acordado en Parlamentaria y el resto del cuerpo asintió.

Fuera del momento de las manifestaciones y desde su banca, este jueves el senador Armando Traferri (PJ- NES-San Lorenzo) expresó su opinión sobre la creación de una Comisión de seguimiento de escuchas en la Cámara de Diputados y sostuvo que el Senado debería hacer lo mismo, a propósito de las investigaciones sobre espionaje ilegal que afectan a la gestión del ex ministro de seguridad y ex titular del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain.

En tono de fuerte reproche, Traferri recordó qué muchos de los diputados que han votado por la creación de esa instancia no creyeron en sus denuncias de dos años atrás cuando fue “el primero en advertir” lo que ocurría en esa cartera. Traferri también lamento que la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa hubiera pasado al archivo sus acusaciones contra los fiscales que pidieron su desafuero en 2021. Y afirmó que “hubo una pata judicial que es tolero los graves hechos institucionales que sacuden a Santa Fe”, afirmó.

El ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y la secretaría de coordinación técnica y administración financiera del ministerio de Seguridad, Ana Morel, fueron citados a interpelación por la Cámara de Diputados a instancias de la bancada socialista que ingresó el proyecto con la firma de Lionella Cattalini y Joaquín Blanco.

Antes, hubo fuertes críticas de los tres integrantes de la bicameral de seguimiento de la emergencia en seguridad -Cattalini, Juan Cruz Cándido y Ximena Sola- sobre la reunión con Rimoldi del miércoles donde se volvió a cuestionar la escasa ejecución del presupuesto asignado a la cartera. También se lamentó la ausencia de Morel en la reunión por lo cual la Cámara usó la facultad constitucional de citarla a interpelación.

Delivery

Con fuertes aplausos desde la barra, un grupo de trabajadores de aplicaciones y de delivery festejaron la media sanción de un proyecto de ley de Oscar Martínez (Frente Renovador) obligando al Estado a dotarlos de GPS o botones antipánico para resguardar la seguridad. “El Estado tiene que hacerse cargo de la seguridad de estos jóvenes que trabajan y no reciben planes ni asistencias” afirmó el legislador.

Gabriel Real, diputado provincial por el Partido Demócrata Progresista (PDP).

En declaraciones formuladas este martes, el diputado provincial Gabriel Real observó que “transitamos días complejos en la provincia de Santa Fe. Nos preocupa la idea de persecución política que sobrevuela en la filtración de los últimos audios que evidencian operaciones políticas y ponen en el centro de la escena, una vez más, al ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, por espionaje ilegal”.

“Vivimos una decadencia institucional en Santa Fe y se cruzaron límites. No es posible que el aparato del Estado y los recursos se destinen a intentar manchar a dirigentes opositores y a diferentes actores sociales que incomodan al oficialismo. La crisis de seguridad en nuestra provincia nos azora y eso es lo que requiere de todos los esfuerzos máximos para combatirla. Sin embargo, hay tiempo para perseguir”, cuestionó el firmatense.

“Párrafo aparte le dedico al silencio de quienes tienen las máximas responsabilidades. Llegaron a un gobierno y fueron elegidos legítimamente con el eslogan de ‘la paz y el orden’. Me pregunto si la realidad los interpela como corresponde. La sociedad necesita escuchar a quienes conducen la provincia, no se puede promover semejante silencio en estos temas tan sensibles. No alcanza con apartar a quienes estaban en funciones clave, lo que sucede es grave y como tal, requiere de seriedad y responsabilidad cívica”, enfatizó el secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista (PDP) santafesino.

(Por Ivana Fux) – Mediante el decreto N° 1888, con fecha 26 de setiembre, el Poder Ejecutivo resolvió apartar al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del concurso que se lleva adelante para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa (MPA y MPD). La decisión se conoció tras la difusión de un audio que sería parte de la evidencia de la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, y en la que se reconoce la voz del propio Somaglia. Sin embargo, la fundamentación del decreto es otra.

El jueves último, de hecho, diputados de prácticamente todos los bloques no oficialistas advirtieron en una conferencia de prensa que el procedimiento para seleccionar a los futuros fiscales y defensores regionales, además de fiscal y defensor general, no brindaba garantías de transparencia e imparcialidad. Y lo argumentaban apuntando que a días de que se abriese la inscripción de postulantes se cambiaba por decreto la composición del Consejo de la Magistratura; que un día de paro de estatales y casi sin testigos se realizaba el sorteo para constituir el cuerpo evaluador; y que en los criterios para la elaboración de los planes de trabajo que deben presentar los concursantes para ser evaluados, poco y nada se requería respecto de las políticas de persecución penal a instrumentar. Sobre la base de todo ello es que la oposición avisaba que se reservaba la potestad de rechazar los pliegos que fuesen enviados a la Legislatura como resultante de esos concursos.

En respuesta a ese planteo -o al menos eso es lo que expresamente se hace constar en los considerandos- es que el gobernador por decreto decide apartar a Somaglia de este concurso puntual. La antesala de la determinación fue una serie de conversaciones mantenidas entre Omar Perotti y algunos referentes de la oposición, que no pasaron por alto los audios privados difundidos este fin de semana en los que el actual secretario de Justicia aparece reportando a Sain supuestas acciones para brindarle “protección” al ex ministro. Por eso hecho, ya hay legisladores que han solicitado la renuncia del secretario de Justicia.

De todos modos, el decreto alude pura y exclusivamente al reclamo de la oposición de la semana pasada. En los considerandos se remite directamente a “las apreciaciones formuladas por legisladores pertenecientes a distintos sectores políticos en relación al proceso de selección” de autoridades del MPA y MPD. Y se aclara que dichas objeciones no son compartidas por el gobierno puesto que “se ha cumplido con los recaudos legales, usos y costumbres que desde hace años rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”. Aun así, sigue diciendo el decreto, a los fines de “despejar dudas y sospechas”, es que se acepta la excusación de Somaglia como conductor del proceso de selección. Su lugar será ocupado por la actual ministra de Gobierno, Celia Arena, con “la asistencia” y el asesoramiento permanente del Fiscal de Estado, Rubén Weder.

Esta modificación es una consecuencia del pedido de legisladores opositores de mayor transparencia en el proceso de selección en el MPA y la posterior solicitud de excusación del mismo Somaglia con el fin de que dicho procedimiento “llegue a su fin despejado de toda duda y sospecha”, según indica el documento publicado este lunes.

El contexto de la filtración de audios del ex ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, junto a los de otros funcionarios, colaboró en esta medida del Poder Ejecutivo. En ellos se lo escucha detallar que va a “enjaular” a una persona por violar la cuarentena.

Maximiliano Pullaro, diputado provincial radical, había manifestado al respecto: “Yo esperaría una reacción muy fuerte del gobierno provincial si esto es real y si los audios son reales. Es un funcionario que hoy tiene la máxima responsabilidad de llevar adelante los concursos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación (y de defensores públicos), en el Consejo de la Magistratura”.

Marcelo Sain, de polémico y triste paso por el área más conflictiva de la provincia, destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos en el MPA por diez años, se fue sin pena ni gloria pero antes ordenó elaborar y “perfilar” tareas de inteligencia para perjudicar a personas o empresas y “armar carpetas” en su contra. Una de ellas, ahora lo sabemos, es el CEO y principal accionista de este grupo de medios.

Sain -quien fue ministro de Seguridad de la provincia desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021- dice a algún colaborador o funcionario que va a “ir perfilando” (esto es: generar documentos, dichos o acciones, reales o inventadas para perjudicar a una persona, empresa o institución) a Nahuel Caputto para “ir contra él”. Los audios corresponden al mes de abril de 2020, al inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligagorio (Aspo), la primera modalidad de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Pese a las restricciones, el accionar de la “inteligencia” local no se detenía.

En otro audio, directamente dirigiéndose a colaboradores de su -entonces- ministerio, Sain asegura que “a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto”. Están claros los objetivos del entonces ministro Sain: “perfilar” expedientes, armar un “carpetazo” (como se dice en la jerga judicial a una causa inventada o armada para perjudicar a alguien).

En el audio se escucha también la sugerencia de generar “una investigación criminal” orientada hacia el mismo empresario periodístico, o sea, para decirlo de una manera sencilla, armar un causa penal de algún tipo, cualquiera. La indicación, al provenir de donde provino constituye un elemento muy grave debido a las eventuales consecuencias sobre persona y bienes del indicado por el exministro.

Finalmente, poner a trabajar a un grupo (dinero y tiempo públicos) para “ir contra” el CEO de un medio de comunicación que, se ha dicho, es específicamente atacar al titular de El Litoral y, a la vez, presidente desde hace seis años de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) y activo miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

La lectura es evidente. Un ministro de Seguridad de la provincia distrajo fondos públicos, personal y tiempo para formular un ataque contra un empresario periodístico y con él a uno de los pilares básicos de cualquier democracia seria: la libertad de expresión.

Resulta totalmente repudiable que en democracia se produzcan persecuciones como las descriptas que violentan la labor periodística. Un valor elemental como la libertad de expresión se impone junto al ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales.

El hecho, además, constituye un claro intento de injerencia ilegítima e ilegal en la vida privada y comercial de un ciudadano con el fin ultimo de intervenir en la libertad de expresión.

Como final de la gestión Sain, fue el propio gobierno provincial quien lo destituyó como titular del Ministerio de Seguridad; y la justicia después, lo separó de su cargo en el MPA e introdujo un inhibición por diez años para ejercer allí cualquier función. La investigación sigue su curso.

A partir de la repercusión que tuvieron en medios nacionales, el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, habló por dos radios de la Capital Federal sobre los audios suyos que se filtraron a la prensa en los últimos días. Formuló declaraciones en la AM 750 y en Mitre para subrayar que ese material grabado no debió nunca haberse filtrado de la causa por espionaje que le siguen en Santa Fe, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

El ex funcionario del gobierno provincial y ex titular del Organismo de Investigaciones del MPA ratificó que se trata de su voz y adelantó que llevará a tribunales una queja porque entiende que sus expresiones de la órbita privada le fueron suministradas “a los querellantes”.

Dijo que eran conversaciones “del equipo” y dijo no recordar en qué contexto dijo en un audio que “salí al balcón y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo. La vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin agua y sin comer”.

A los medios de Buenos Aires les aseguró que “la actuación de la policía de Santa Fe durante los primeros meses de la cuarentena” fue correcta porque “lo tomó en serio”, lo que no ocurrió en otros aspectos de una fuerza que “deja bastante que desear”, dijo.

“Eso se trabajaba con fiscales. Había fiscales abocados a la aplicación de las normas de la cuarentena. Son conversaciones privadas. Son audios entre el equipo. Santa Fe”.

Afirmó que la causa en su contra es “lawfare a la santafesina” y que pese a que ya ha pasado un año no fue imputado. Repitió que la investigación fue “armada” el año pasado “tras una enorme difusión mediática” y advirtió que hasta ahora los fiscales “no han mostrado pruebas, todo lo contrario. Cuando abrieron algunos de los discos duros secuestrados cuando estaba saliendo nuestro equipo de la gestión encontraron evidencias del ministro anterior haciendo perfilamientos de dirigentes sindicales que quedaron en la causa”, afirmó por AM750.

“Ahora llegaron el jueves los teléfonos que habían secuestrado de forma ilegal. Comenzaron a difundir un conjunto de audios de conversaciones del día a día nuestras en el tratamiento de un tema que era una situación de guerra. Porque era contra todos estos sectores históricos, que yo los llamo ‘la mafia’, que gobierna Santa Fe hace años”, añadió, precisamente, sobre la filtración de mensajes con su equipo.

En los últimos días, Marcelo Sain volvió a ser noticia en la provincia, a partir de que se divulgaron fragmentos de grabaciones enviadas -seguramente por whatsapp- desde el celular del ex ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y ex titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

Las publicaciones periodísticas que han revelado los audios, así como los medios que luego las reprodujeron, carecen de una información clave para establecer cuál es el valor de los dichos de Sain: el momento en que se realizaron. De todos modos, está claro que se trata de afirmaciones, imputaciones e incluso una autoincriminación que de ser cierta hubiera vulnerado derechos humanos elementales, que parecen expresadas en una conversación privada del ex funcionario del gobierno provincial y del Poder Judicial (que mantuvo esos dos cargos simultáneamente).

Sain es investigado por espionaje ilegal. De esa causa provienen las nuevas grabaciones. Se desconoce si ese material será o no parte de las pesquisas de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Ambos allanaron en noviembre de 2021 las oficinas de esa cartera e incautaron bases de datos y teléfonos que ahora “se filtraron” según las publicaciones mencionadas y que, cabe destacar, por decisión judicial dejaron de estar bajo reserva y tuvieron acceso a ella tanto los imputados como sus abogados defensores. En tanto, hasta ahora no hay ningún imputado formal por esa causa.

Primero se divulgaron en Rosario audios que lo muestran como partidario de métodos violentos contra los ciudadanos y con amenazas a rivales dentro del MPA. En ellos habla de la posibilidad de detener a una funcionaria y generar un escándalo, se expresa con tono y palabras amenazantes sobre quienes lo investigan (para entonces seguramente ya ha dejado de ser el ministro de Seguridad), y llega a expresar que sería bueno que “a los rosarinos” el “Guille” (de la banda de los Monos) los “cague a tiros”.

“Hay que buscar un caso, tipo Ana Morel, detenerla, y ahí producir el escándalo”. Morel es una funcionaria proveniente del Ministerio de Economía de la provincia, de confianza del titular de esa cartera Walter Agosto, que fue enviada a Seguridad justamente después de la salida de Sain como responsable de la administración financiera.

En otro audio, dice “Salí al balcón y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo; la vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin comer y sin agua”, señala Sain en lo que luce como una de expresión autoincriminatoria o una fanfarroneada que revela su pensamiento profundo. Y que de ser cierta vulneraría garantías básicas en materia de derechos humanos de los detenidos.

En un tercero nombra a Carlos Arietti, fiscal regional de Santa Fe, sobre quien también descarga expresiones amenazantes. “Hay una denuncia de Arietti por espionaje ilegal, yo no tengo problema con eso. ¿Pero esto cómo va a terminar? Con violencia, porque a mí me gusta a los hijos de puta cagarlos a trompadas u otra cosa”.

En otro, parece ironizar sobre la repercusión que causara su declaración a un medio porteño respecto de que ya no iba a Rosario “porque lo iban a cagar a tiros”, en tono de (inconveniente) broma. “Qué maravilla boludo, la mariconeada de todo el progresismo putarraco de Rosario porque dije que los iban a cagar a tiros. Me encanta, que el Guille los recontra cague a tiros”, sostiene el ex ministro.

Otro audio con la voz de Sain parece recoger una conversación, o un mensaje a un interlocutor no identificado: “La política engorda a estos tipos. El otro día me quería convencer Omar que tenía que juntarme con Perona y el habló una hora a Perona. Por supuesto, terminó Perona de hablar con Perotti y difundió a cuatro vientos, después me enteré, de que había hablado una hora con el gobernador. Es pueblerino, Santa Fe es un gran pueblito y tiene un sistema político de mierda, pueblerino, aldeano”, dice el ex funcionario, no se sabe cuándo. ni a quien, ni el propósito de sus expresiones, sobre el titular del Poder Ejecutivo Provincial junto al apellido del fallecido “rey del juego ilegal en Rafaela” según la expresión que se repite en esa ciudad.