El gobierno nacional prohibió este jueves el acceso de periodistas acreditados a Casa Rosada por tiempo indeterminado.

La medida fue conocida por los primeros medios de comunicación y periodistas que asistieron desde las 7 horas a la casa de gobierno argentino para comenzar con sus tareas.

Según indicaron los anteriormente acreditados, se borraron las huellas digitales exigidas por el sistema de seguridad, sin distinción de medio.

Los argumentos oficiales son la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal contra dos periodistas.

Dentro de la agenda de este jueves del presidente de la Nación, Javier Milei, en Casa Rosada, destaca que aproximadamente a las 14 horas recibirá Peter Thiel, el fundador de Palantir, una de las empresas de software, monitoreo digital e industria de guerra más grande del mundo.

La Casa Militar presentó una denuncia penal contra la periodista Luciana Geuna y su equipo tras un informe con grabaciones internas en la sede de Gobierno. La acusación califica el hecho como un despliegue de actividades ilegales que vulneró la seguridad nacional.

Esto se dio tras la difusión de un informe televisivo con grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada. El organismo interpretó que ese registro implicó una "intromisión ilegítima" y planteó que pudo afectar la seguridad nacional.

El escrito judicial señaló que la filmación puso en riesgo la seguridad nacional dentro de la sede de gobierno. "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial".

"El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno", indica el documento impulsado por Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia del presidente.

Casa Militar sugirió posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos".

Por último, la Casa Militar afirmó: "El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia", ya que la filmación se habría realizado con "lentes inteligentes", sin conocimiento de los funcionarios ni autorización de los responsables de seguridad.

Este miércoles, Javier Milei reivindicó la acción a través de su cuenta de X. "BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", afirmó.

BASURAS REPUGNANTESMe encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k

(Por María José Valdéz) - El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce una profunda reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional. El documento, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, redefine el funcionamiento del área, crea nuevas agencias, disuelve otras y unifica tareas con el objetivo de centralizar decisiones y facilitar el intercambio de información entre organismos del Estado.

Uno de los ejes centrales del decreto es que todas las actividades de inteligencia pasan a tener, de manera expresa, carácter encubierto. Aunque históricamente esta condición se infería por la naturaleza de la tarea, ahora queda establecida de forma explícita en la ley, reforzando el secreto y limitando los márgenes de publicidad y control indirecto.

El DNU también introduce por primera vez una definición legal de “investigación de inteligencia”. Bajo esta categoría se legitiman tareas orientadas a identificar actores, conductas y procesos considerados de interés estratégico, aun cuando no exista la comisión de un delito concreto, lo que amplía el campo de acción preventivo del sistema.

La reforma amplía las funciones de contrainteligencia e involucra a todo el Estado.

Otro cambio sustancial es la ampliación explícita del concepto de contrainteligencia. El decreto incorpora como amenazas no solo el espionaje y el sabotaje, sino también la injerencia, la influencia y la interferencia externa, categorías amplias que habilitan nuevas líneas de actuación.

Además, se establecen “medidas pasivas de seguridad de contrainteligencia” obligatorias para todo el Sector Público Nacional. Ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos del esquema, bajo la responsabilidad directa de sus titulares, lo que implica un involucramiento institucional inédito.

Si bien el texto mantiene las prohibiciones históricas de realizar inteligencia por motivos ideológicos, religiosos o sobre actividades lícitas, introduce excepciones amplias en materia de contrainteligencia. En determinados supuestos, incluso, se habilitan facultades compulsivas, lo que genera un cambio conceptual relevante respecto del régimen previo.

El decreto reorganiza por completo el Sistema de Inteligencia Nacional. La SIDE se consolida como órgano rector de un esquema altamente centralizado que incluye al Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia, además de los organismos militares y de control interno.

La transformación de la ex Agencia de Seguridad Nacional en Agencia Nacional de Contrainteligencia marca un cambio de enfoque. Deja de intervenir en crimen organizado para concentrarse exclusivamente en amenazas estratégicas, espionaje e influencia extranjera, evitando superposiciones con fuerzas de seguridad.

En paralelo, se separan de manera tajante la ciberseguridad y la ciberinteligencia. Mientras la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia produce información estratégica sobre el ciberespacio, se crea un Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de la protección de infraestructuras críticas y la respuesta a incidentes.

Uno de los puntos más delicados del DNU es la habilitación expresa para que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia o auxilio judicial, con obligación de dar intervención inmediata a las fuerzas de seguridad. Se trata de una atribución inédita que modifica límites operativos históricos.

El decreto también crea dos ámbitos de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por fuerzas armadas, de seguridad y organismos clave, y la Comunidad Informativa Nacional, conformada por áreas civiles como Migraciones, Renaper y Aduana. De este modo, todo el Estado pasa a alimentar el sistema, con distintos niveles de intervención.

En materia de control, la antigua Dirección de Asuntos Internos se transforma en Inspectoría General de Inteligencia, con funciones de auditoría técnica, evaluación de desempeño y control de eficacia. El modelo prioriza el control interno especializado por sobre la supervisión política externa.

El nuevo esquema entra en vigencia inmediata y será comunicado a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que deberá ejercer un control posterior. Mientras tanto, el DNU ya genera debate por el alcance de las atribuciones otorgadas y el impacto que tendrá en el equilibrio institucional y los mecanismos de control democrático.

Corea del Norte anunció que su más reciente satélite lanzado al espacio ya logró fotografiar sin intermediarios ni interrupciones la Casa Blanca y el Pentágono de Estados Unidos.

La información fue brindada no sólo por Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA) y la agencia surcoreana Yonhap, prensas de ambos bandos.

El satélite espía norcoreano fue lanzado la semana pasada y su operación de reconocimiento duró de 25 a 28 de noviembre. El aparato además captó imágenes de la base naval de la Armada estadounidense en Norfolk, un astillero y un área de un aeródromo del Ejército de EE.UU. en Virginia.

El Estado Mayor Conjunto del Ejército de Corea del Sur registró el lanzamiento del satélite este 21 de noviembre alrededor de las 22:43 (hora local). El cohete despegó del área de la localidad de Tongchang, que se sitúa cerca de la costa norte del mar Amarillo, en dirección hacia el sur, y pasó por encima de la isla fronteriza Baengnyeong.

Kim Jong-un observó el despegue en el polígono y felicitó a los funcionarios, científicos y técnicos relacionados con los preparativos del lanzamiento. En lo que respecta a las imágenes captadas, el líder supremo ya las habría observado.

Corea del Norte puso en marcha este lunes una serie de medidas para incrementar su despliegue militar en la frontera con Corea del Sur tras la decisión de Seúl de suspender el acuerdo intercoreano la semana pasada, en respuesta al lanzamiento de un satélite militar por parte de Pyongyang

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur alertó que Corea del Norte comenzó a aumentar la militarización a lo largo de la frontera sur, hasta donde trasladó armamento pesado y reconstruyó varios puestos de vigilancia.

Las autoridades surcoreanas difundieron imágenes en las que se ve a tropas norcoreanas instalando este tipo de puestos y portando armas, además de establecer turnos de vigilancia dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa las dos Coreas.

Las medidas llegan después de que Pyongyang anunciara su intención de restaurar "todas las medidas militares" suspendidas en virtud del pacto, que se remonta a 2018 y busca reducir la tensión en la zona.

La decisión se produjo en respuesta a las medidas adoptadas por Seúl, que criticó duramente el lanzamiento de un satélite que consideró "espía".

La causa que investiga el espionaje sobre jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, avanzó en las últimas horas con varios pedidos del fiscal federal Gerardo Pollicita, que incluyeron indagatorias, allanamientos y pericias.

Por un lado, el fiscal reclamó que se amplíe la indagatoria al espía detenido Ariel Zanchetta, quien según una pericia informática tendría contacto asiduo con el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, uno de los principales impulsores del juicio político a los jueces del máximo tribunal, y antes miembro de la SIDE.

Además, el informe de la pericia arrojó que el espía tenía diálogo con Fabián "Conu" Rodríguez, actual subdirector general de Servicio Al Contribuyente de la AFIP, pero que comenzó siendo integrante del equipo de prensa de La Cámpora. Por esa relación, Pollicita reclamó el allanamiento del domicilio de Rodríguez.

Según la investigación judicial, Zanchetta se movía como agente inorgánico de inteligencia entre 2009 y 2015, y espió a jueces, periodistas, políticos, dirigentes y otras personas, mientras que reportó a distintos individuos.

Incluso, hasta ser detenido este año, este ex Policía Federal de 1988 a 2013, estuvo realizando tareas de inteligencia ilegal y apelando a todo tipo de recursos para "reunir" información, como ser el uso de drone para seguimientos o cámaras ocultas para registrar imágenes.

Zanchetta se había formado en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y en contrainteligencia en la "Escuela del Cuerpo Federal de Inteligencia de la PFA".

También trabajó como asesor de la Cámara de Diputados de la Nación en materia de seguridad e inteligencia hasta el 10 de diciembre de 2017.

El presidente argentino también estaba en la lista. Crédito: Reuters

El ex policía, según surge del allanamiento realizado sobre su domicilio, contaba con un archivo de datos sobre distintas personalidades, periodistas, políticos, dirigentes y obtenía información amparándose en su nuevo rol de "periodista".

Pero Zanchetta siguió realizando tareas de inteligencia entre 2016 y 2023 y a tal punto que se registraron que hizo más de 12 mil consultas a bases de datos de acceso restringido, bases de datos privadas y bases de datos ilegales. .

"La actividad de espionaje desarrollada por el encausado no se limitó a la obtención y reunión de información, sino que incluyó también la tarea de sistematización y análisis de la misma, la que era volcada en ´informes de inteligencia´, respecto de los ´objetivos´ primarios y secundarios -esto es, de vínculos cercanos de los primeros tales como familiares, parejas, amigos, etc.-, siendo que han podido hallarse 1196 documentos compatibles con ello", según el dictamen fiscal.

Bullrich, entre las dirigentes de la oposición en la lista de espiados. Crédito: Reuters.

La lista de las personas investigadas por Zanchetta es extremadamente extensa e incluye al actual presidente, Alberto Fernández, y a la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y su contrincante en las PASO, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En la lista están incluidos el gobernador santafesino Omar Perotti, y el ex mandatario provincial Antonio Bonfatti.

"En la mayoría de los informes de inteligencia, Zanchetta tuvo como 'objetivo' personas de exposición pública, tales como políticos: Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri", consigna el informe judicial.

En la lista aparece el nombre del ex jefe de gabinete bonaerense Martín Insaurralde, junto a los la esposa de Massa, Malena Galmarini; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y el diputado nacional Máximo Kirchner.

También figuran los nombres de "Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Julio Zamora, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier, Daniel Lipovetzky".

Los espiados abarcan todo el espectro político, del oficialismo a la oposición en todas sus formas y en diversos ámbitos geográficos.

El fiscal Gerardo Pollicita también consignó entre los funcionarios judiciales sobre quienes Zanchetta elaboró informes de inteligencia al procurador interino Eduardo Casal; el ex juez Rodolfo Canicoba Corral; el actual magistrado Sebastián Casanello; el fiscal Carlos Stornelli y su colega de Mercedes Juan Ignacio Bidone, hoy suspendido y condenado por actividades junto al falso abogado Marcelo D'Alessio.

Insaurralde, el funcionario de la polémica por su viaje a Europa, también en la nómina.

En un acápite identificado como "funcionarios públicos" víctimas del espionaje aparecen "Victoria Tolosa Paz, Guillermo Dietrich, Alberto Remigio Abad, Martín Ocampo, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, José María Olazagasti, Matías Kulfas, Juan Martín Mena, Carla Vizotti, Sergio Berni, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, César Gerardo Milani, José Potocar, Juan Martín Paleo, Juan José Gómez Centurión y Nicolás Kreplak, entre otros".

El dictamen menciona entre los espiados a los periodistas — Jorge Fontevecchia, Claudio Savoia, Luis Novaresio, Roberto Navarro, Christian Sanz, Ángel "Baby" Etchecopar y Pablo Duggan; y entre los empresarios a Angelo Calcaterra, Ernesto Clarens, Marcelo Tinelli, Alfredo Coto y Hugo Krajnc.

Entre los personajes vinculados con el mundo de la cultura y el espectáculo aparecen el ministro Tristán Bauer, Teresa Parodi, Alfredo Casero, David Adrián Martínez ("el Dipy"); también los dirigentes sociales Juan Grabois y Milagro Sala; y del ámbito del deporte: los ex presidentes de Boca Juniors y River Plate Daniel Angelici y Rodolfo D´Onofrio; el de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La enumeración también incluye a "dirigentes sindicales" como Hugo Moyano, Roberto Baradel, Pablo Micheli y Omar Plaini.

La Selección Argentina Sub 20 fue informada por su par de Guatemala ante la FIFA por un supuesto espionaje, el día previo al partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial, un hecho que fue desmentido de plano desde la delegación nacional.

Según informaron desde el equipo bicolor detectaron el ingreso de un integrante de la delegación argentina en el entretiempo del partido entre Guatemala y Nueva Zelanda, del sábado pasado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para tener registros tácticos de los dirigidos por el mexicano Rafael Loredo.

La respuesta de AFA ante esta acusación fue desmentir el hecho: “Una persona de la delegación se confundió de vestuario, están uno al lado del otro. No hubo fotos ni nada por el estilo. Es insólito”

“Los argentinos me trataron excelentemente bien, pero esta persona se preocupó porque en el momento donde había menos gente en el vestidor se metió a grabar todas las hojas de la charla técnica, todo lo grabó”, dijo el DT de Guatemala en rueda de prensa, luego del entrenamiento en el predio de Central Córdoba.

“La FIFA está muy preocupada por el Fair Play y se va a encargar. Hay fotos, es una persona acreditada, está totalmente identificada”, acusó Loredo.

En el seno de la delegación guatemalteca confirmaron que se elevó un informe y que desde la AFA le respondieron que no necesitaban ningún tipo de espionaje porque tenían “los videos de los cuatro partidos amistosos” que jugaron en Buenos Aires durante la preparación para el Mundial.

En la previa del partido entre la Selección Argentina y Guatemala, el entrenador del elenco bicolor habló en conferencia de prensa y confesó que se “siente confiado”.

“Tengo toda la confianza contra Argentina, y estoy seguro que mis jugadores tienen talento; lo tenemos que saber aprovechar. Espero que en este partido lo demuestren”, expresó Loredo luego del entrenamiento bicolor en el predio de Central Córdoba.

Loredo adelantó que la idea de su equipo es “hacer bloque” para contrarrestar el avance argentino y descartó la marca personal. “Nunca me gustó y no lo haré ahora. Prefiero que mis equipos hagan zona y así vamos a trabajar”, apuntó el seleccionador de Guatemala en rueda de prensa.

El partido entre Argentina y Guatemala será mañana martes, a las 18, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

A pesar de que se trata de una violación a la privacidad, varios argentinos confesaron haber revisado el celular de su pareja en algún momento. Concretamente, la empresa de seguridad informática Avast entrevistó a mil personas y dio cuenta de que el 63% de ellas había practicado el “snooping”.

Sea por seguridad o control, se trata de un acto indebido. Por ello, es importante que los usuarios estén atentos a los indicios que demuestren accesos indebidos en el celular.

WhatsApp sumó nuevas funciones para los estados: cuáles son

Si bien es difícil estar 100% seguro de que alguien haya revisado nuestro celular, existen algunos métodos que permiten darse alguna idea. Uno de ellos tiene como protagonista a WhatsApp, la aplicación de mensajería preferida a nivel mundial.

Dentro de la plataforma, el usuario debe ir a “Configuraciones” y “Dispositivos vinculados”. En esa sección se podrá ver si hubo un ingreso a la cuenta de WhatsApp desde una ubicación o dispositivo sospechoso, que no sea del dueño de la cuenta.

WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares a partir de este 1 de febrero: enterate cuáles son

En caso de que el internauta note un dispositivo ajeno, tendrá la posibilidad de darlo de baja en un solo click. Así, el “espía” nunca más podrá acceder a esa cuenta privada.,

Más allá de WhatsApp, hay otras maneras de especular sobre una posible invasión a la privacidad. Son señales que tienen que ver con el mal funcionamiento del celular y las aplicaciones, que pueden indicar un hackeo o ingreso sospechoso a la cuenta personal:

Irán ejecutó al exviceministro de Defensa, Alireza Akbari, condenado a muerte por espionaje a favor de los servicios secretos británicos.

El también ciudadano del Reino Unido, había presentado un recurso de apelación, pero el tribunal se negó a cambiar el veredicto.

Ante el anuncio, el Reino Unido calificó la condena como “un acto insensible y cobarde”. El ministro de Exteriores británico, James Cleverly, había llamado a Irán a cancelar la ejecución pero no obtuvo respuesta.

El futbolista iraní condenado a muerte finalmente pasará 26 años en prisión

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, a su vez, condenó la ejecución a través de su cuenta de Twitter. “Estoy horrorizado por la ejecución del ciudadano británico-iraní Alireza Akbari en Irán”, escribió.

“Este fue un acto insensible y cobarde, llevado a cabo por un régimen bárbaro que no respeta los derechos humanos de su propia gente”, agregó.

I am appalled by the execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran.

This was a callous and cowardly act, carried out by a barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with Alireza’s friends and family.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 14, 2023

La ejecución se produjo en medio de las protestas que sacuden a Irán tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, después de ser detenida por la policía de la moral. El país acusó a Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia y Alemania de estar detrás de las protestas, en las que han muerto cerca de 500 personas en la represión policial.

La República Islámica de Irán ha sido acusada en numerosas oportunidades de usar a presos con doble nacionalidad o de otros países, como medida de presión o para intercambio de prisioneros, denominado como la “diplomacia de los rehenes” por las organizaciones de derechos humanos.

La confirmación de que el senador Armando Traferri (PJ-NES San Lorenzo) fue víctima de espionaje ilegal generó un verdadero cimbronazo en buena parte de la dirigencia política provincial. No tanto por las tareas de inteligencia clandestina, de las cuales ya circulaban en los medios de comunicación y teléfonos muchas pruebas, sino porque la víctima es uno de los dirigentes más importantes de la provincia, quien venía denunciando esta situación hace al menos dos años.

Fue el propio Traferri quien en la sesión del Senado del último jueves hizo uso de la palabra y, en una exposición de poco más de 10 minutos, les contó a sus pares que su asesor legal había recibido la confirmación de parte del fiscal Ezequiel Hernández de que “reviste carácter de víctima en la CUIJ 21-08689330-1, donde se investiga la violación de secretos por parte de la Ps Débora Cotichini, a raíz de una presentación de la Auditoría General de Gestión”.

La investigación por espionaje ilegal en la provincia comenzó en abril de 2021, poco después de que el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fuera echado del Ministerio de Seguridad. Fue luego de que se notaran movimientos sospechosos dentro de una oficina del Organismo de Investigaciones, que de la noche a la mañana apareció vacía. Eso motivó las actuaciones de la Auditoría General de Gestión del propio MPA, a cargo de María Eugenia Vranicich, quien luego de meses de investigación, de recabar evidencia y secuestrar dispositivos móviles, formalizó la denuncia contra Cotichini, ex jefa de Inteligencia de zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y mano derecha de Sain, quien aún era director del OI, ya que no había renunciado a ese puesto para asumir en la cartera de seguridad.

Por ese entonces, ya circulaban audios en los que Cotichini solicitaba a otros empleados del MPA que convirtieran archivos de audio para pasarle a Sain por fuera de los canales legales. Y también daban cuenta de que organizaba información de diferente tipo para filtrar a la prensa, en evidente contravención a toda la normativa sobre el manejo de esa información

A partir de los allanamientos, los fiscales a cargo de la causa Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (esta última se jubiló) pudieron recabar una gran cantidad de evidencias. En lo que refiere puntualmente al senador sanlorencino, fuentes con acceso a la causa admitieron que existen pruebas de conversaciones entre Cotichini y otros funcionarios del MPA respecto de la decisión de interceptar conversaciones que Traferri mantenía con personas allegadas, de manera ilegal. En uno de los documentos, Cotichini dice textualmente: “Qué raro que Pipi hable así. No sospecha que lo escuchamos”.

La línea argumentativa que se sostiene en el entorno de Traferri es que se armaban causas contra personas ligadas al senador, para poder escucharlos y así registrar sus intercambios con él. Y aluden a recurrentes conversaciones entre Sain y miembros de su equipo de trabajo con funcionarios del MPA, con especial familiaridad en el caso de Edery y Schiappa Pietra. De hecho, en uno de los audios se la escucha a Nadia Schujman, parte del equipo, decir en relación a un pedido para avanzar en la llamativa reapertura reapertura de una causa (luego vuelta a cerrar por falta de mérito): “Genial. Sí, (hablá) con Matías. Porque Marita está de vacaciones y el Chapa (por Schiappa Pietra) está de fiscal Regional. Si querés avanzar y hablar con Matías, hablalo. Si no, el viernes yo lo veo a Mati. Pero hagámoslo con ellos. Vos sabés que Matías nos dice a todo que sí, pero que hay que perseguirlo”.

El encono personal de Sain contra Traferri también parece quedar en evidencia en los chats recuperados por los investigadores de los celulares de los ex integrantes del Ministerio de Seguridad. En una conversación datada el 14 de agosto del año pasado Sain se burla junto a Germán Montenegro (entonces su segundo) de la supuesta muerte de Traferri. Y manifiestan el deseo de una imputación previa al eventual deceso del senador.

En su intervención durante la última sesión del Senado, el dirigente del NES afirmó sentirse “dolido” por la persecución y el espionaje ilegal. Y advirtió sobre “la degradación institucional que sufrió nuestra provincia, porque se violaron derechos fundamentales de muchas personas”. El pedido de su asesor legal para sumarlo como querellante a la causa promete más novedades sobre este escándalo en el futuro cercano.

La Cámara Federal porteña sobreseyó este viernes al expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El tribunal de apelaciones entendió que no se cometieron delitos en el marco de las denominadas “avanzadas presidenciales” que se disponen para cuidar la seguridad de los presidentes.

El fiscal ante la Cámara de Apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, había pedido la nulidad del procesamiento, porque considera que el presidente fue indagado por unos hechos y procesado por otros, lo que violaría su derecho a la defensa.

“Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, dijo el ex presidente en las redes sociales.

El Litoral Doce entidades de la producción santafesina expresaron su preocupación y exigieron el pronto esclarecimiento ante las denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita desde el Ministerio de Seguridad de la provincia durante la gestión de Marcelo Sain. El pronunciamiento fue emitido por el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la provincia que integran Fisfe, Fececo, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Bolsa de Comercio de Rosario, Carsfe, Federación Agraria Argentina, Federación Gremial, Adeessa, Coninagro, Corenosa y las delegaciones Santa Fe y Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción. “Ante denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita en el ámbito de la provincia de Santa Fe, sobre empresarios, profesionales, organizaciones y entidades productivas, comerciales y de servicios, las instituciones que integran el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe expresan su preocupación e instan a las autoridades competentes a que agoten los medios para investigar los hechos denunciados”, señala la declaración. Agrega que “la confirmación de estos eventos implicaría un hecho de singular gravedad institucional, que perturba la seguridad de las personas humanas y jurídicas, como así también a los valores y principios básicos de la vida en democracia”. En la última semana trascendió un listado de 661 personas, sobre las que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández pidieron información al Fiscal Regional Carlos Arietti, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad. Los nombres, apellidos y números de identificación de las 661 personas constan en un oficio, fechado el pasado 15 de diciembre y se incluyen allí figuras de la política, referentes del sistema judicial, abogados, policías, empresarios y algunos periodistas. También hay CUITs de industrias, medios, cooperativas, clubes, municipalidades, sindicatos, concesionarias y constructoras. En la semana, el diputado radical Maximiliano Pullaro con el patrocinio de Pablo Cococcioni hizo una presentación espontánea ante el Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe ante la aparición del ex ministro de Seguridad en la lista de los seguidos por la gestión de Sain. En el escrito solicitó saber si efectivamente aparece como una de las personas sobre las cuales la gestión institucional del Ministerio de Seguridad habría ordenado tareas de investigación, inteligencia o perfilamiento por fuera de los carriles formales impuestos por la normativa procesal. En tanto, el actual concejal capitalino, Francisco Paco Garibaldi, quien aparece también en la lista sostuvo que “el gobierno que prometió traernos la paz y el orden puso a Marcelo Sain para encargarse de la seguridad de la provincia, y no solo dejó mucho que desear en cuanto a su tarea como ministro, sino que de lo que se ocupó es de investigar a los propios que no compartían su mirada, a los ajenos, empresarios y demás, mientras en Santa Fe vivíamos un aumento de los índices del delito y de la inseguridad gravísimo. Es increíble pensar que en lugar de estar poniendo todas las fuerzas y recursos del Estado para combatir el delito y la criminalidad, esta persona dedica tiempo y dinero de todos los santafesinos para espiar”. En relación a la continuidad de la causa, Garibaldi consideró que en este momento “lo fundamental es que avance la investigación de la justicia, y por supuesto nos ponemos a disposición para todo lo que la justicia nos requiera”.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El juez federal de Dolores Martín Bava procesó al expresidente Mauricio Macri como responsable de presuntos hechos de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del ARA San Juan. En el mismo fallo, lo embargó en cien millones de pesos y le prohibió salir del país.

En estos momentos, Macri está en Chile. El juez dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”.

Según Bava, está demostrado que la AFI macrista hizo seguimientos ilegales contra parientes y amigos de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri fue quien los autorizó. Por eso, lo encontró “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.

Además de prohibirle salir del país y embargarlo, Bava dispuso que Macri no podrá “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. El expresidente tendrá que informarle a Bava, asimismo, “cualquier cambio de domicilio”.

El juez tomó esta decisión dos semanas después de haber sido ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata. Con las firmas de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, el tribunal rechazó el 18 de noviembre pasado la recusación que la defensa de Macri había presentado contra Bava, a quien acusó de ser “parcial”.

Según la Cámara, no se acreditó “elemento objetivo alguno que avale” el “temor de parcialidad” que alegó la defensa de Macri; tampoco, la supuesta “dependencia” del juez, quien -según el tribunal- no “prejuzgó”.

Esta causa ya tenía once procesados, incluidos los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los últimos procesamientos previos al de Macri habían sido los de dos exdirectores operacionales de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra. El juez consideró a ambos partícipes de las acciones de inteligencia prohibidas, y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos, pero advirtió que ellos dos no habían sido los responsables máximos de estos hechos. Según Bava, lo que hicieron fue omitir adrede los controles sobre lo que hacía la base de la AFI de Mar del Plata.

La causa se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Investiga seguimientos realizados entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, mientras el submarino ARA San Juan estaba desaparecido y los familiares de sus tripulantes reclamaban el esclarecimiento de los hechos.

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(Por Mario Cáffaro) – El gobernador Omar Perotti encabeza desde poco después de las 16 la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, y los diferentes jefes de bloques, convocada para discutir el tema de seguridad aunque con la exigencia de la oposición de conocer la postura del Ejecutivo sobre el presunto espionaje que habría realizado el Ministerio de Seguridad a dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas.

La reunión es en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, a puertas cerradas para la prensa a la que no le permitieron el ingreso a la planta alta ni a los fotógrafos ni camarógrafos la posibilidad de hacer imágenes del encuentro.

Participan además la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el senador Rodrigo Borla como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta y los intendentes Pablo Javkin (Rosario) y Emilio Jatón (Santa Fe).

Cinco policías  y cintas en el hall de Casa de Gobierno marcaron las distancias que el gobierno puso a la reunión con los medios de prensa. El primer legislador en ingresar por la puerta principal de Casa de Gobierno fue el justicialista Leandro Busatto quien dijo estar esperanzado de que la reunión sea un punto de encuentro con la oposición para acordar políticas de seguridad.

Los radicales, en tanto, llegaron caminando por la plaza de Mayo junto a dirigentes de otras fuerzas de Juntos por el Cambio. En tanto, los socialistas ingresaron por las cocheras de Casa de Gobierno al igual que Rodenas y los intendentes.

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y ex director del Organismo de Inteligencia, Marcelo Sain, aseguró que “Santa Fe vive “una situación oprobiosa” y “políticamente complicada” por la investigación judicial por espionaje en su contra.

El ahora asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo del ministro Aníbal Fernández, formuló declaraciones en la porteña Radio 1o y repitió los argumentos de su presentación judicial ante la investigación al considerar ilegales los allanamientos sobre las oficinas del gobierno santafesino en Santa Fe y Rosario.

Advirtió que la documentación secuestrada corresponde a la oficina que “ejercía el control policial, Asuntos Internos” y aseguró que “se llevaron expedientes que comprometían a sectores policiales”.

Subrayó que ese procedimiento fue “de manera absolutamente irregular, sin orden judicial y sin testigos”, aunque los fiscales dijeron que en esa condición quedaron empleados del Ministerio de Seguridad.

Destacó que se trata de una oficina ubicada “a 20 metros” del despacho del ministro y se preguntó cómo es que pudo su sucesor haber convivido con eso desde que presentó su renuncia y asumió Jorge Lagna.

Reiteró, como en su presentación judicial, que el acta de secuestro dice “carpetas varias” y atribuyó ese procedimiento a una maniobra en su contra en la que involucró a “sectores judiciales” y del Ministerio Público de la Acusación, que integraba.

Sain recordó que fue el fiscal general Jorge Baclini, además de los fiscales de la causa, fue quien en una entrevista avaló que se la caratule el caso como de “violación a la Ley Nacional Inteligencia” y agregó: “Si es así es federal” la competencia.

Ante una pregunta sobre si hizo o no espionaje y si tenía “carpetas”, respondió: “Bajo ningún punto de vista. Siempre hicimos investigaciones dentro del marco de las causas judiciales”. Y admitió que no solo se actuaba con órdenes judiciales de jueces y fiscales, ya que “el misterio contribuía mucho con el Organismo de Investigaciones”, al que no había renunciado siendo ministro (solo estaba de licencia). De todos modos, subrayó que siempre se actuó “en el marco de investigaciones judiciales” desde el Poder Ejecutivo.

En un momento de la entrevista con el periodista Pablo Duggan, expresó: “Se habló en la prensa de que había carpetas con información… ¡¿sobre periodistas?! ¡¿sobre empresarios?!, porque fue un gran lawfare, lo desmiento rotundamente”.

Además, “yo me fui hace ocho meses del ministerio y si yo hubiera hecho algo así, si hubiera formado toda una estructura de inteligencia en el Ministerio, ¿la hubiera dejado en una oficina que está a 20 metros del despacho del ministro? ¿Y el ministro convivió con todo eso hace 6,7,8 meses? Es una locura. Hace un año que vienen diciendo que yo hago operaciones de inteligencia, esa es la acusación que me hace (el senador provincial Armando) Traferri”.

“No tengo palabras para decir lo que está pasando en Santa Fe, es algo extremadamente oprobioso y complicado desde el punto de vista político. Y yo creo que el objetivo no soy yo, es el gobernador. En Santa Fe está en ciernes un golpe blando”, advirtió. Luego mencionó a “sectores del peronismo liderados por Traferri” junto con “el Frente Progresista y el radicalismo”.

De inmediato, coincidió con una afirmación del periodista en el sentido de que el titular del Poder Ejecutivo Provincial de Santa Fe “está a merced” de la oposición en la Legislatura y agregó: “hay un bloque de un sector del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y la prensa… Porque todo esto que se ha dicho… Dijeron que tenía ¡mil carpetas de inteligencia!, ni que fuera yo la KGB”, bramó. “Fuimos contundentes pensando en que podíamos doblegar estas cuestiones: Los Monos son la cara más rústica del narcotráfico, pero de lo que se trata es de las complicidades” de otras estructuras y mencionó sectores políticos y empresarios sin dar mayores precisiones que, según su visión, lavan dinero de ese origen.

Emerio Agretti-Ivana Fux El Litoral El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, presentó escritos impugnando el procedimiento que llevó a cabo el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal, practicado mientras estaba al frente de esa cartera. Los abogados del ex funcionario, que también fue desplazado de su cargo al frente del Organismo de Investigación del mismo MPA, presentaron este lunes ante la Fiscalía Regional de Rosario un recurso de habeas corpus, para solicitar que se informe si pesa orden de detención sobre Sain, y para pedir la devolución de la documentación secuestrada. A la vez que este último pedido fue denegado, también se les informó que no existe orden de detención alguna. El segundo escrito fue presentado este martes, en Santa Fe. En este caso, se objeta el hecho de que se hayan llevado a cabo allanamientos sin orden judicial, y niegan que haya sido (como se dijo) una simple “solicitud de informes”, en la medida en que se llevó a cabo de forma compulsiva. También objetan que se haya requerido al personal la entrega de sus teléfonos celulares, billeteras y carteras, y documentación que obrase en su poder. Por lo demás, Sain pone en tela de juicio la competencia, ya que si lo que se está investigando es una violación a la ley de Inteligencia Nacional 25.520, la causa debe ser ventilada en el ámbito de la Justicia Federal. Finalmente, y como parte de una presentación que hasta el momento no tuvo respuesta oficial, se requiere además el apartamiento de los fiscales y se invoca la “enemistad” que sobre el ex ministro profesa el fiscal regional Carlos Arietti, reclamando que las actuaciones pasen a la Fiscalía de Rosario.