Es en el marco de la causa donde el juez federal Julian Ercolini investiga el supuesto espionaje ilegal sobre jueces, fiscales y periodistas, entre otros; y a partir de una denuncia de la actual candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Según consta en la causa, utilizando una clave de usuario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) monitorearon los registros migratorios de Stiuso y Arroyo Salgado. Las tareas de espionaje ilegal sobre Stiuso y Arroyo Salgado estuvieron vinculadas a sus movimientos migratorios, y cuando la ex pareja de la jueza, el fiscal Nisman, apareció muerto en su departamento, algo que se está investigando como homicidio.

"Hasta el momento, la fiscalía y el juez posaron especialmente la atención en determinadas consultas de movimientos migratorios que fueron materializadas desde un usuario de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia", explicaron.

"Las consultas se refirieron a Antonio Stiusso y a Sandra Arroyo Salgado, exmujer de Nisman. Las identidades en cuestión – como se ve- no son inocuas; responden a la lógica de la trama que se viene describiendo. También lo hace la sede en que se produjo el origen de la averiguación. Y el cuadro se completa con las fechas en que ello sucedió", sostuvo el Tribunal.

No se trató sólo de una consulta, pues sobre los movimientos de Stiuso lo hicieron en 38 oportunidades, la primera de ellas el 18 de enero de 2015, el día de la muerte de Nisman.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron los procesamientos contra las dos personas que realizaron el espionaje desde la ciudad de Paraná, en Entre Ríos.

"Hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos, en un contexto (por la época de los acontecimientos y los hechos que se produjeron por entonces) particularmente relevante", marcaron los camaristas, quienes además ordenaron al juez Ercolini profundizar la investigación.

"Las implicancias, derivaciones y alcances de lo anterior deben seguir siendo profundizadas, pero ya a esta altura, lo expuesto fortalece la hipótesis de que habría existido involucramiento de funcionarios de los organismos en danza en el seguimiento y búsqueda de información de los damnificados", añadieron.

La prueba sobre los dos procesados es que la dirección IP asociada a la consulta es en un domicilio de Paraná que ocupaban los dos acusas y a un teléfono también vinculado a ellos.

"Los datos quedaron registrados en la Dirección Nacional de Migraciones, que los informó. Incluyen usuarios de la Agencia Federal de Inteligencia (o SIDE o SI, según anteriores denominaciones), de la Dirección de Inteligencia Criminal - Ministerio de Justicia-, de la AFIP (tanto de la DGI como de la DGA), de la UIF y del Banco Central. Aún se está profundizando la investigación sobre si existieron fundamentos legales de todas aquellas averiguaciones. Esta tarea no está completa y debe ser continuada. Pero algunas informaciones ya fueron colectadas", sostiene el fallo.

La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento a favor del empresario Lázaro Báez en una causa en la que había sido denunciado por la AFIP durante el Gobierno de Cambiemos por supuesta evasión de aportes a la seguridad social.

La causa fue iniciada ante la Justicia en lo Penal Tributario a raíz de la denuncia por "la falta de pago de aportes de la seguridad social por parte de varias empresas de Lázaro Báez", revelaron fuentes con acceso al expediente.

Durante la etapa de instrucción, los informes pedidos a los organismos supuestamente víctimas de la evasión, entre ellos varias obras sociales a las que derivaban sus aportes los trabajadores, demostraron que los aportes estaban en regla.

Piden que fijen valor de muebles del jefe de Revolución Federal para Vaca Muerta

El Tribunal de Tasaciones de la Nación recibió un pedido para auditar los muebles que supuestamente se fabricaron en la carpintería del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, por encargo de la empresa Caputo Hermanos, para proveer a un edificio en Añelo, en la región del yacimiento de Vaca Muerta.

El fiscal Gerardo Pollicita le formuló el pedido al juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la investigación sobre las actividades de la agrupación de ultraderecha en los meses previos al atentado contra Cristina Kirchner.

El fiscal aclaró en su pedido que busca "un posible financiamiento de la actividad ilícita atribuida a la agrupación Revolución Federal por parte de terceras personas".

El Tribunal de Tasaciones, según su definición oficial, es "un organismo técnico de carácter permanente dirigido por profesionales propuestos tanto por el Estado como por entidades profesionales privadas, que tiene por misión primaria establecer los valores objetivos de los bienes cuya adquisición, enajenación, locación o valor contable, sea requerido por el Poder Judicial de la Nación y por organismos nacionales, binacionales o multinacionales de los cuales el Estado Nacional sea parte".

El peritaje deberá determinar "si existió una vinculación de la firma Fideicomiso Espacio Añelo con el financiamiento en cuestión o si, de contrario, las transferencias efectuadas por aquella a Morel, a sus allegados y a distintos proveedores a él relacionados se habían efectuado pura y exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados".

Pollicita busca establecer "el valor de los bienes a las fechas respectivas deberá ser definido de manera unitaria (con y sin IVA), en su condición de nuevos" y también el valor de los fletes para transportar el mobiliario desde a provincia de Buenos Aires hasta Neuquén.

El fiscal advirtió, además, que "con relación al objeto de investigación se acreditó que, en varios casos, el mobiliario fue adquirido en cantidades que podrían implicar una variación sustancial respecto de su precio de venta unitario".

El pedido fue formulado "en atención al estado actual de la investigación y con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de los hechos".

"Deviene esencial a los efectos de obtener un panorama completo y acabado sobre la temática abordada", resumió el fiscal.

Este martes se hizo público un audio en el cual el ex ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, pedía investigar a Nahuel Caputto, dueño del multimedios El Litoral. En una ronda de prensa en Rosario este miércoles, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, negó que haya instrucciones del gobernador Omar Perotti para realizar esta metodología. De hecho, el propio gobernador se comunicó con Caputto para expresar su solidaridad y desvincularse de cualquier acción de ese tenor.

“Hay que dejar actuar a la Justicia con lo que ha pasado con las declaraciones del ex ministro. Nosotros las hemos recibido recién el viernes. Me parece que hay un coqueteo entre la política, tratando de jugar con esto, tratando de sacar partido. Me parece que no es razonable. Ninguna de las cosas son pertinentes con la causa. La causa es las escuchas ilegales. Lo que sale ahora evidentemente no tiene nada que ver con la causa”, manifestó Corach.

Sobre la distribución de los archivos, el funcionario afirmó: “No somos los más indicados para contestar quién es el que lo distribuye. Cada uno de los querellantes ha recibido las copias de los audios. Nosotros la recibimos el día viernes. El fin de semana ya empezaron a ser distribuidas, editadas. Claramente la política juega”.

Negó que haya órdenes de investigar por parte del gobierno. “No existe ninguna orden del gobernador ni de ninguno de los funcionarios para hacer investigaciones que no tengan que ver con causas judiciales. Si a metros del despacho del gobernador se hizo un allanamiento, es porque dejamos actuar a la Justicia. Nosotros no nos metemos en eso”, subrayó.

El ministro Corach dijo además: “Los audios se distribuyen a los querellantes. El hecho que los medios de comunicación tengan acceso a los audios ya no depende de nosotros. Hay una intencionalidad y se nota. Es manifiesta. En un momento además donde se están concursando los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Que hayan pasado dos años y la causa no tenga ningún imputado por lo menos para mí es un poco raro”.