Los audios de Marcelo Sain haciendo referencia a la abusiva detención de una ciudadana durante la cuarentena, con expresiones de tono amenazante para funcionarios y fiscales de la provincia, y con alusiones a la fabricación de causas en perjuicio de personalidades de la provincia (como el caso del CEO de El Litoral, Nahuel Caputto), generaron fuertes reacciones a nivel nacional y, específicamente, planteos desde la oposición para que sea apartado del Ministerio de Seguridad, donde pasó a revestir como asesor de Aníbal Fernández.

En sendas notas a Aníbal Fernández y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el legislador reclama que, ante la gravedad de los hechos, “articulen las medidas necesarias, de manera urgente, para que el Estado se constituya como querellante contra Sain por abuso de autoridad y violación a los derechos humanos”.

Mientras tanto, en la Legislatura santafesina, la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ximena Sola, presentó un proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo inicie un sumario administrativo.

En sus fundamentos, Sola indicó que, a estar por lo expresado en los audios, durante la cuarentena se cometieron detenciones que “no cumplieron con los derechos de quienes fueron detenidos” y que, de comprobarse la veracidad de las declaraciones, “se trataría de un claro caso de violación de los Derechos Humanos”. En rigor, la diputada se refiere al audio en el que Saín narra lo siguiente: “Había una mina paseando el perro. La hicimos detener, la tenemos enjaulada acá con los perros y todo. No van a comer por tres días. La tenemos acá abajo, habilitamos una sala especial. Está llorando y la vamos a dejar llorando 10 o 12 horas, sin comer y sin agua”.

Este proyecto se suma al que presentó este lunes el concejal del PRO en Rosario, Charly Cardozo, quien también solicitó al gobierno provincial investigar el accionar de la Policía de Santa Fe a partir de audios atribuidos Saín, y sostuvo que, de corroborarse los hechos confesados, se lo denuncie penalmente. “Esto no puede naturalizarse bajo ningún punto de vista”, afirmó el edil, quien agregó que “también hemos elevado un pedido similar al Ministerio de Seguridad Nacional”, porque “es una muestra más de las aberraciones que se cometieron en la cuarentena”.

En tanto, Sola consideró que el gobernador Omar Perotti “no puede ignorar los hechos declarados por Saín, que se suman a otras declaraciones recientes, donde el ex ministro ataca a sectores políticos de la provincia y además, celebra los ataques de jefes del crimen organizado y el narcotráfico”.

“Santa Fe ha sido totalmente abandonada en materia de seguridad por la Nación, por lo que no es casualidad que Sain forme parte hoy de un Ministerio que ningunea a nuestra provincia, mientras todos los días contamos nuevas víctimas de homicidios”, finalizó la diputada.

A través de Twitter, el ex intendente santafesino y actual integrante del Enacom, José Corral, aludió a los dichos que Sain que aluden a Nahuel Caputto y sostuvo que “esto tiene una relevancia institucional sin precedentes en la historia de Santa Fe en democracia. El gobierno de ⁦

“Omar Perotti ⁩ debe una explicación. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, aunque no nos guste lo que los medios digan”, expresó Corral.

En tanto, la senadora nacional Carolina Losada expuso que “los santafesinos ya sabemos q estamos indefensos ante la inseguridad. A partir de los audios de Sain, queda más en evidencia que ni al gobierno provincial de Perotti, ni al nacional de Fernández les importamos. Cuantas victimas más necesitan para hacer algo”.

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay publicó que “Marcelo Sain se presentaba como un campeón de los DDHH, pero resultó ser un nazi consumado. Los audios que se han dado a conocer son espeluznantes. Luego de haber sido removido de Santa Fe recaló en el Ministerio Nacional de Seguridad con el “bueno” se Anibal. Bella giunta…”.

A su vez, el diputado nacional Federico Angelini advirtió que “hay que recordar que Marcelo Saín es asesor de Anibal Fernandez. No es casualidad la inseguridad que tenemos: aplican MANO FIRME con una joven que pasea a su mascota y MANO BLANDA con las bandas narcocriminales. Incluso, liberaron presos. ¡No olvidar!”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió enérgicamente “el plan de espionaje y criminalización contra un editor periodístico de Santa Fe” por parte del ex ministro de seguridad de esa provincia, Marcelo Sain. 

La agrupación alude a los audios de 2020 conocidos en los últimos días en los que el ex funcionario ordena «ir perfilando» al CEO y accionista mayoritario de El Litoral, Nahuel Caputto, e «ir contra él». También agregó que «a las autoridades del gobierno le caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal»; a la vez que pidió «poner un grupo para trabajar esto». 

Grave: el exministro Sain había ordenado espiar y “perfilar” al CEO y principal accionista de El Litoral

Como en otras oportunidades, Adepa remarca que “la utilización del poder del Estado, ya sea a través de sus servicios de inteligencia como de otros organismos, para perseguir y hostigar a medios, editores y periodistas, configura un grave atentado contra la libertad de expresión, además de un inadmisible abuso de autoridad que violenta garantías constitucionales básicas. 

“El hecho resulta más serio por su indudable fin disuasorio, al configurar una represalia ante el ejercicio periodístico y al mismo tiempo una actitud persecutoria con fines de silenciamiento o condicionamiento editorial. Todos hechos reñidos con la ley, que vulneran abiertamente la libertad de informar protegida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”, añade la entidad. 

Para Adepa, “es necesario no sólo condenar las autoritarias y violentas manifestaciones del ex funcionario, sino requerir su efectiva investigación y sanción judicial. Y al mismo tiempo, solicitar que Poder Ejecutivo provincial tome distancia de los dichos aludidos a través de un claro y contundente repudio”. 

Marcelo Sain, de polémico y triste paso por el área más conflictiva de la provincia, destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos en el MPA por diez años, se fue sin pena ni gloria pero antes ordenó elaborar y “perfilar” tareas de inteligencia para perjudicar a personas o empresas y “armar carpetas” en su contra. Una de ellas, ahora lo sabemos, es el CEO y principal accionista de este grupo de medios.

Sain -quien fue ministro de Seguridad de la provincia desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2021- dice a algún colaborador o funcionario que va a “ir perfilando” (esto es: generar documentos, dichos o acciones, reales o inventadas para perjudicar a una persona, empresa o institución) a Nahuel Caputto para “ir contra él”. Los audios corresponden al mes de abril de 2020, al inicio de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligagorio (Aspo), la primera modalidad de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Pese a las restricciones, el accionar de la “inteligencia” local no se detenía.

En otro audio, directamente dirigiéndose a colaboradores de su -entonces- ministerio, Sain asegura que “a las autoridades del gobierno les caería muy bien que Nahuel tuviera un problema legal, inclusive en el marco de una investigación criminal. A ver si ponemos un grupo para trabajar esto”. Están claros los objetivos del entonces ministro Sain: “perfilar” expedientes, armar un “carpetazo” (como se dice en la jerga judicial a una causa inventada o armada para perjudicar a alguien).

En el audio se escucha también la sugerencia de generar “una investigación criminal” orientada hacia el mismo empresario periodístico, o sea, para decirlo de una manera sencilla, armar un causa penal de algún tipo, cualquiera. La indicación, al provenir de donde provino constituye un elemento muy grave debido a las eventuales consecuencias sobre persona y bienes del indicado por el exministro.

Finalmente, poner a trabajar a un grupo (dinero y tiempo públicos) para “ir contra” el CEO de un medio de comunicación que, se ha dicho, es específicamente atacar al titular de El Litoral y, a la vez, presidente desde hace seis años de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) y activo miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

La lectura es evidente. Un ministro de Seguridad de la provincia distrajo fondos públicos, personal y tiempo para formular un ataque contra un empresario periodístico y con él a uno de los pilares básicos de cualquier democracia seria: la libertad de expresión.

Resulta totalmente repudiable que en democracia se produzcan persecuciones como las descriptas que violentan la labor periodística. Un valor elemental como la libertad de expresión se impone junto al ejercicio armónico de los derechos y las libertades constitucionales.

El hecho, además, constituye un claro intento de injerencia ilegítima e ilegal en la vida privada y comercial de un ciudadano con el fin ultimo de intervenir en la libertad de expresión.

Como final de la gestión Sain, fue el propio gobierno provincial quien lo destituyó como titular del Ministerio de Seguridad; y la justicia después, lo separó de su cargo en el MPA e introdujo un inhibición por diez años para ejercer allí cualquier función. La investigación sigue su curso.

A partir de la repercusión que tuvieron en medios nacionales, el ex ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, habló por dos radios de la Capital Federal sobre los audios suyos que se filtraron a la prensa en los últimos días. Formuló declaraciones en la AM 750 y en Mitre para subrayar que ese material grabado no debió nunca haberse filtrado de la causa por espionaje que le siguen en Santa Fe, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

El ex funcionario del gobierno provincial y ex titular del Organismo de Investigaciones del MPA ratificó que se trata de su voz y adelantó que llevará a tribunales una queja porque entiende que sus expresiones de la órbita privada le fueron suministradas “a los querellantes”.

Dijo que eran conversaciones “del equipo” y dijo no recordar en qué contexto dijo en un audio que “salí al balcón y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo. La vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin agua y sin comer”.

A los medios de Buenos Aires les aseguró que “la actuación de la policía de Santa Fe durante los primeros meses de la cuarentena” fue correcta porque “lo tomó en serio”, lo que no ocurrió en otros aspectos de una fuerza que “deja bastante que desear”, dijo.

“Eso se trabajaba con fiscales. Había fiscales abocados a la aplicación de las normas de la cuarentena. Son conversaciones privadas. Son audios entre el equipo. Santa Fe”.

Afirmó que la causa en su contra es “lawfare a la santafesina” y que pese a que ya ha pasado un año no fue imputado. Repitió que la investigación fue “armada” el año pasado “tras una enorme difusión mediática” y advirtió que hasta ahora los fiscales “no han mostrado pruebas, todo lo contrario. Cuando abrieron algunos de los discos duros secuestrados cuando estaba saliendo nuestro equipo de la gestión encontraron evidencias del ministro anterior haciendo perfilamientos de dirigentes sindicales que quedaron en la causa”, afirmó por AM750.

“Ahora llegaron el jueves los teléfonos que habían secuestrado de forma ilegal. Comenzaron a difundir un conjunto de audios de conversaciones del día a día nuestras en el tratamiento de un tema que era una situación de guerra. Porque era contra todos estos sectores históricos, que yo los llamo ‘la mafia’, que gobierna Santa Fe hace años”, añadió, precisamente, sobre la filtración de mensajes con su equipo.

El Litoral consultó a varios legisladores de todo el arco político opositor y del oficialismo sobre los recientes audios del ex ministro de Seguridad y ex titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain y de otros funcionarios provinciales. Se publican aquí las respuestas que se han obtenido. El requerimiento fue a las fuerzas políticas con más peso en la Legislatura y por ahora solo han decidido manifestarse dirigentes de la UCR.

“Lo más grave que yo escuché -siguió-, que es lo que se transcribe, es un supuesto audio del secretario de Justicia (Gabriel Somaglia) donde habla de legalizar o de blanquear escuchas ilegales. Y que habló con jueces para que esto suceda. Claramente, por lo que presumo, hay ahí dos o tres delitos penales que son sumamente graves y que tendría que explicar lo ocurrido, no sólo ante las autoridades políticas sino también ante las autoridades judiciales. Por supuesto, yo esperaría una reacción muy fuerte del gobierno provincial si esto es real y si los audios son reales. Es un funcionario que hoy tiene la máxima responsabilidad de llevar adelante los concursos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación (y de defensores públicos), en el Consejo de la Magistratura”.

En el mismo sector partidario, el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) subrayó su “estupor” al “escuchar a este hombre, que casi que cuenta como que somete a tortura a una mujer”, porque supuestamente había violado la cuarentena. “En verdad me produce vergüenza ajena algo así, hablar así de una persona que estaba presa y llorando”, observó.

“Ratificamos lo que hemos dicho tantas veces desde nuestra banca, y cuando hicimos el pedido de destitución: que él no sabía ni conocía de seguridad, ni tenía un compromiso con la seguridad de los santafesinos, y que además de tener un marcado desprecio a la Provincia de Santa Fe, y que en realidad se dedicaba al espionaje ilegal. Lo más importante es que esto no arranca y termina en Sain, quien lo designó, lo sostuvo y quien no tuvo el coraje de decirle que se vaya fue Omar Perotti. El gobernador es responsable, él le vendió a la sociedad santafesina el buzón de la seguridad con Sain como ministro. Hay que recordar que Sain se tuvo que ir ante el embate que hicimos desde la Legislatura. Habrá que revisar todo lo que ocurrió durante su gestión utilizando métodos ilegales de espionaje con fines políticos”, destacó el jefe del bloque radical en la Cámara alta.

El dirigente que tanto tuvo que ver con la candidatura de Carolina Losada en las últimas elecciones, comentó que “vemos, por un lado, lo clásico de Sain, que se corrobora lo que sabíamos de un Ministerio de Seguridad paralelo con espionaje ilegal y, por otro lado, funcionarios actuales del gobierno provincial muy cercanos al gobernador que hayan participado de esa misma operatoria. Creo que obliga a que el propio gobernador lo aclare, que deslinde responsabilidades. Que se avance con las investigaciones judiciales de investigación que están en marcha y que haya una respuesta institucional del Ejecutivo que depure y purifique a aquellos que tuvieron que ver con esta etapa tan nefasta para la Provincia de Santa Fe”.

Juliano Salierno El Litoral

—Hola Papi ¿Cómo estás?”

—¿Quién habla?

—Tú hija papá. ¿No me reconociste la voz?

—No.

—Tengo el barbijo puesto, como estás…?

Es el primer diálogo entre dos desconocidos. Uno que pretende hacerse pasar por un familiar -por lo general una hija- y el otro u otra que desconfía, pero con el correr de los segundos se convence. La charla avanza acerca de estudios médicos, dolores de muelas, remedios para la artrosis y otros asuntos domésticos como el menú para el almuerzo, la próstata y el precio de la carne o el clima. Y la desconocida vuelve a direccionar el diálogo:

—Yo me vine hasta el centro, me vine a hacer unos trámites, no sé si te enteraste lo que está pasando…

—No, ¿Qué pasó?

—Porque me mandaron un turno para presentarme en el Banco Nación, para decirme que no tenemos que recibir más los billetes de los animales. ¡No sabés la cantidad de gente que hay acá para sacar las planillas!

La expresión exagerada y el tono de urgencia generan una nueva tensión en la charla. El receptor del mensaje, por lo genera una persona de edad avanzada, vuelve a desconfiar, pero claro, como dudar si habla con su propia hija.

Y la voz femenina va una vez más a la carga: “Los billetes son los de 100, 200, 500 y 1.000 con las caras de los animales, hay que cambiarlos por los otros nuevos que tiene la cara de los presidentes”. Y no conforme con la posibilidad de hacerse de la moneda nacional, redobla la apuesta: “Ahhh y acá me están entregando otra planilla por las monedas extranjeras, los dólares y los euros… ¿Vos de esas planillas necesitás alguna?”. La trampa está instalada. No hay amenaza, ni violencia que se le pueda atribuir a esta gente, más allá del ardid y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de quien lentamente va quedando afuera del mundo moderno. La llamada es el anzuelo, la punta de lanza de una banda organizada que una vez que logra convencer a sus víctimas de concretar la operación bancaria, mandan a un supuesto gerente o un contador amigo para recoger el dinero contra reloj, antes del horario de cierre bancario.

En la calle, un vehículo con al menos dos ocupantes llega al domicilio marcado. Uno se baja, bien peinado, con pantalón de vestir y camisa, para dar el perfil del bancario. Recoge el dinero, saluda a la dueña de casa quien le agradece las gestiones y lo despide sin más. La banda realiza un puñado de maniobras similares en un determinado pueblo o ciudad y una vez recaudado cierto monto, abandona el lugar, en algunos casos, dejando rastros que con el tiempo permiten su arresto, tal como sucedió semanas atrás con dos gitanos radicados en Guaymallén -en la provincia de Mendoza-, acusados de haber cometido al menos dos estafas en enero y marzo en el departamento Las Colonias. Las escuchas que aquí se reproducen no son de los hechos imputados, pero sirven de ejemplo para determinar un patrón de comportamiento de estas bandas, que de manera cíclica hacen su paso por Santa Fe con el siempre vigente “cuento del tío”, que en este caso es reemplazado por el “cuento de los animales y los presidentes”.

Bajo el mismo esquema, el fiscal de Esperanza Alejandro Benítez imputó el 9 de abril a dos integrantes de la comunidad gitana detenidos apenas unos días antes en la provincia de Mendoza. El operativo estuvo a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Las Colonias, que gracias a un puntilloso trabajo de inteligencia logró desbaratar parte de la banda. Los acusados son Boris Esteban (37) y Jorge (39) Traico, quienes el martes pasado consintieron la prisión preventiva, con miras a la realización de un juicio abreviado, cuya condición será el resarcimiento económico para las víctimas, además de una pena de prisión de cumplimiento condicional. Ambos estuvieron asistidos por el abogado particular Juan José Patiño, quien adelantó a la jueza de la IPP, Sandra Valenti, que “no nos vamos a oponer a la cautelar de máxima y estamos a la espera de un abreviado”, tal como lo adelantó el fiscal Benítez. Informalmente, se habla de un resarcimiento a las víctimas de 20 mil dólares y la entrega de un auto VW Gol como parte del futuro acuerdo.

Boris y Jorge Traico son investigados por integrar una asociación ilícita que cometió estafas telefónicas en las ciudades de Esperanza y Franck (departamento Las Colonias). Según informó oportunamente el MPA, “cometieron los ilícitos junto a por lo menos tres menores de edad y otras dos personas que aún no lograron ser identificadas”. El modus operandis es el mismo que el de las escuchas citadas. “La organización criminal se trasladaba por diferentes provincias y seleccionaba víctimas al azar”, señala la fuente oficial. Luego, “con el falso argumento de que los billetes de pesos argentinos con diseños de animales y los dólares de cara chica saldrían de circulación, engañaban a otras personas para que les entregaran dinero en efectivo”. Según se precisó, se les atribuye haber cometido un hecho delictivo el viernes 28 de enero de este año en perjuicio de un hombre que vive en Esperanza; y otro, el jueves 3 de marzo en contra de una mujer de Franck. La Fiscalía detalló que las víctimas recibieron llamados telefónicos de una mujer que se hizo pasar por sus respectivas hijas, y agregó que los impactos de antena de las comunicaciones indican que fueron realizadas desde la ciudad mendocina de Guaymallén. A su vez, se relató que un hombre que simuló ser un empleado bancario fue a los domicilios de cada una de las víctimas y se apoderó de sus ahorros. De acuerdo con lo detallado, la mujer le dio 15.400 dólares; y el hombre, 40.000 pesos y 1.300 dólares.

Rodrigo Sánchez (Mirador Provincial)

Hace apenas dos semanas y un par de días que la Municipalidad de Roldán cambió de signo político después de dos décadas. El traspaso de mando entre el saliente José María Pedretti y el actual intendente Daniel Escalante se dio en un marco histórico para la ciudad del departamento San Lorenzo y en total cordialidad.

Pero algo apareció en los últimos días en la oficina del jefe municipal que llamó la atención. Así lo explicó el propio Escalante a este medio: “Estábamos reunidos junto a mis secretarios y los de Promoción Social, cuando de repente quisieron conectar una de las impresoras. Se encontraron un manojo de cables y una caja como de protección eléctrica, pero al intentar desenredar y acomodar se encontraron con un micrófono. Al tirar hacia arriba observamos que tenía un cable que venía del caño donde se encontraba todo el resto de la instalación. Allí tuvimos que terminar la reunión”.

Al consultarle cuál había sido su reacción, el titular del municipio roldanense expresó: “Nos sorprendió a todos y me cayó muy mal. Luego empecé a asesorarme en cómo seguir con el proceso judicial y durante el fin de semana labramos un acta de denuncia que llevamos este lunes al Ministerio Público de la Acusación”, agregó el intendente.

Además, Daniel Escalante indicó que “por lo que pudieron investigar, se trata de un micrófono ambiental con su plaqueta correspondiente. Lo que no podemos asegurar es que haya estado funcionando o no”.

Por último, sobre este tema, el intendente comentó que no descartan que hayan otros micrófonos en otras partes, pero a su vez remarcó que él no acusa a nadie en particular y espera “que la justicia se encargue de hacer su trabajo”.

El mismo jefe municipal, con tono sorprendido y marcada indignación, subrayó: “Encontramos un municipio devastado, endeudado y complicado financieramente. Estamos constantemente tapando agujeros con deudas importantes y el banco con la cuenta en rojo permanentemente. Además, hay maquinarias rotas y un obrador con herramientas de trabajo en muy mal estado”.

Sin dudas que esto es un hecho grave en caso de que se confirme que el micrófono que encontraron estaba siendo usado para escuchas ilícitas. Por lo pronto, la denuncia ya empezó su curso y ahora la justicia determinará la gravedad de la situación.