Juliano Salierno

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe (TOF) condenó este martes 28 de octubre a la escribana Paola Fernanda Bizzotto, de 43 años, al hallarla autora de dos hechos de inserción de declaraciones falsas en instrumento público, cometidos en su carácter de funcionaria pública.

La sentencia, producto de un acuerdo de juicio abreviado, fijó una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.

Además, la profesional deberá cumplir por dos años reglas de conducta, entre ellas fijar residencia en la jurisdicción y someterse al control del Patronato de Liberados, bajo supervisión del juez de Ejecución Penal.

El fallo lleva la firma del juez del TOF, Luciano Lauría, y tuvo la intervención del fiscal auxiliar Guillermo Gschwind, de la Unidad Fiscal Santa Fe. La defensa estuvo a cargo del abogado Federico Kiener.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 31 de julio de 2023 por el titular del Registro Nacional de la Propiedad Automotor Seccional Santa Fe N.º 2.

En el escrito se informó que una auditoría de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) había detectado irregularidades en un formulario 08 utilizado para transferir un vehículo Dodge Journey SE 2.4.

El análisis caligráfico realizado sobre la firma de la supuesta vendedora concluyó que “las divergencias halladas permiten establecer que la firma atribuida no concuerda con las ofrecidas para el cotejo”.

La investigación descubrió además que la mujer había fallecido el 15 de diciembre de 2021, mientras que la escribana Bizzotto certificó su firma el 10 de diciembre de ese año, apenas cinco días antes del deceso.

A pesar de ello, el trámite de transferencia fue ingresado al Registro recién el 22 de septiembre de 2022, a través de una gestora. Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal impulsó la acción penal por falsificación de documento público agravada por la condición de funcionaria pública.

Mientras el expediente avanzaba hacia el juicio, en junio de 2025 ingresó al Tribunal Federal una nueva causa, también con Bizzotto como imputada. El caso se originó en la denuncia de una mujer que, al realizar una consulta en el Registro Automotor N.º 7 de Santa Fe, descubrió que su vehículo Peugeot Partner había sido transferido sin su consentimiento.

La damnificada advirtió que en el formulario 08 figuraba su nombre como vendedora, aunque el espacio destinado a la firma estaba vacío. El documento, sin embargo, contenía la rúbrica y el sello de la escribana Bizzotto, lo que permitió concretar la operación.

El Colegio de Jueces de Primera Instancia en lo Penal declaró su incompetencia y remitió el expediente al fuero federal, donde se unificó con el anterior. El Colegio de Escribanos de la Primera Circunscripción confirmó que las fojas notariales utilizadas correspondían al Registro Notarial N.º 608, cuya titular era la acusada.

En los fundamentos, el juez consideraron acreditado que Bizzotto certificó como auténticas dos firmas apócrifas, vulnerando los deberes inherentes a su función de fedataria pública. La pericia caligráfica fue determinante: “las grafías no corresponden a un mismo puño escritor”, sostuvo el perito interviniente.

“Las actuaciones y su ratificación jurisdiccional colocan a Bizzotto como autora penalmente responsable de la falsificación que cometió en su carácter de funcionaria pública, abusando de las funciones propias de su cargo”, señalaron los magistrados en su fallo.

Como resultado, se abrió un expediente ante el Colegio de Escribanos, mediante el el cual el Tribunal de Superintendencia del Notariado de la Primera Circunscripción, mediante Resolución de 5 de junio de 2025, “dispuso destituir a la Escribana Paola Fernanda Bizzotto del cargo de Titular del Registro Notarial N° 608 con asiento en la ciudad de Santa Fe de esta Provincia de Santa Fe”.

Las diputadas provinciales Georgina Orciani y Silvia Ciancio, impulsan un proyecto de ley para que al momento de producirse por cualquier motivo la vacancia de un registro, el adjunto pueda continuar como titular. El fin es que no se llame a concurso cuando se acrediten cinco años de antigüedad ininterrumpida en ese registro -por parte del adjunto- contados desde la fecha en que autorizó la primera escritura.

Además, hacen hincapié en que los profesionales no deben haber incurrido en faltas que motivaran la aplicación de medidas disciplinarias que conlleven la suspensión en el ejercicio de sus funciones. La ley vigente, plantea que ante una situación de este tipo, un escribano adjunto se desempeñe como regente interino hasta que ese registro se titularice.

“En la práctica se transforma en una injusticia dado que el adjunto debe postularse a la titularidad en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, contando solamente en su haber con la prioridad de tener los mayores puntajes”, explicaron las legisladoras radicales.

En esta línea, aclararon que “es una manera de brindar estabilidad laboral al profesional que viene demostrando su idoneidad para ocupar la vacante”, al mismo tiempo que destacaron que Santa Fe está lejos de ser pionera en esto ya que existen numerosos antecedentes legislativos en la mayoría de las provincias del país.

Orciani y Ciancio coincidieron en que volver a someter a estos profesionales a concurso para acceder a la titularidad, del mismo registro donde actúan, “es un despropósito y genera una situación de desigualdad”.

“La defensa los derechos de nuestros jóvenes profesionales que vienen capacitándose durante muchos años y desempeñan una tarea muy importante en la sociedad, es una de las tareas que las y los diputados no podemos perder de vista”, concluyeron las legisladoras que integran el bloque UCR Evolución liderado por Maxi Pullaro.

Ordenamiento en el ámbito de los escribanos. Diputadas Orciani y Ciancio