La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) que integra Confederaciones Rurales Argentina (CRA), respaldó los cambios propuestos por el gobierno nacional mediante el DNU 70/23 y la Ley Bases, "reconociendo la necesidad de superar el estancamiento de más de una década en nuestro país".

No obstante, el ruralismo manifestó su desacuerdo con las retenciones, un impuesto que recaudó más de 200.000 millones de dólares en las últimas décadas. "Consideramos que estas retenciones limitan la producción y empobrecen a los productores, sin contribuir al abaratamiento de los alimentos", subraya el pronunciamiento a pocas horas de que en la Cámara de Diputados se conozca el dictamen a llevar al recinto.

En contraposición con las retenciones, CARSFE acompaña a CRA pregonando por un enfoque proactivo para aumentar la producción. Carsfe hoy es presidido por el santafesino Carlos Castagnani y señala que "tras los desafíos enfrentados por las sequías de los últimos años, se anticipa la segunda cosecha más grande en la historia y se proyecta un aumento significativo para el 2025; siempre y cuando se brinden las señales adecuadas". También advierte sobre la importancia de decisiones acertadas en los próximos 90 días para la siembra de trigo, con la posibilidad de superar las 20 millones de toneladas de producción.

"Queremos señalar además, que el Impuesto País sobre fertilizantes e insumos va en detrimento del objetivo de aumentar la producción y por eso se solicita su eliminación, especialmente en las cadenas exportadoras", dice en otra parte del pronunciamiento.

El documento advierte que las retenciones afectarán a diversas economías regionales, citando ejemplos como la vid en Mendoza, tabaco en Jujuy, carne ovina en la Patagonia, entre otros, que no pueden soportar un aumento del 15% en las retenciones.

Por otra parte, destacan la importancia de una nueva Ley de Semillas que equilibre los derechos entre productores y empresas, rechazando la adhesión al convenio UPOV 91 y solicitando su eliminación. "Desde nuestras entidades se reconoce la necesidad de equilibrio fiscal, incentivando la producción como solución a largo plazo".

En conclusión, el ruralismo argentino instó "al Congreso y a todos los dirigentes, sin distinción de tipo y origen, a que se orienten sin demoras a buscar ahorros en el presupuesto en lugar de aumentar impuestos, reiterando que el país necesita más producción, no más impuestos. Pretendemos la eliminación definitiva de las retenciones en un futuro cercano".

Antes del pronunciamiento público, Cra expuso ante el plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que discuten la llamada Ley Ómnibus. Fue Pablo Ginestet, coordinador de la Comisión de Agricultura, el encargado de fijar la postura institucional. "La Argentina precisa un shock productivo, no un shock impositivo. Las señales y medidas correctas ahora, para que en el futuro la recaudación sea mayor", pidió ante legisladores.

El diputado santafesino Roberto Mirabella ratificó su rechazo a la aplicación y suba de retenciones al sector agrícola, las economías regionales y la industria que pretende aplicar el Gobierno perjudicando a la provincia de Santa Fe.

Rechazo de organizaciones ambientalistas

Organizaciones ambientalistas juveniles enviaron una nota a los diputados en rechazo al DNU 70/2023 y al Proyecto de Ley Bases, y lanzaron una campaña para que la gente "exija que no voten las modificaciones a la Ley de Bosques, la de Glaciares, la de Control de Actividades de Quema, la de Pesca y los capítulos de Energía y de Privatización de Empresas Públicas".

"Estas modificaciones representan un claro retroceso en los niveles de protección alcanzados, en franca violación al Art. 41 de la Constitución Nacional y los principios de progresividad y no regresión, presentes en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que deben modelar la política ambiental", informó en un comunicado la organización "Jóvenes por el Clima".

La nota elevada a los diputados lleva las firmas de "Agenda para el Futuro, Ahora Qué?", "Alianza x el Clima", "Climate Save Argentina", "Consciente Colectivo", "Correntinos contra el Cambio Climático", "Eco House", "Isla Verde", "Jóvenes por el Clima", "Red Universitaria por la Crisis Climática", "Salvarnos Salvando" y "Sustentabilidad sin Fronteras".

"Las organizaciones ambientalistas juveniles aquí firmantes nos dirigimos a Ustedes, los representantes de pueblo argentino, para expresar nuestro profundo rechazo a la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y la sanción del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, los que fueron remitidos a la Cámara de Diputados de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)", dice el texto.

En la nota advierten que "en un contexto en el cual la crisis climática se agrava y amenaza nuestros medios económicos y la salud de nuestra población, creemos fervientemente en la necesidad de adoptar medidas que sean fruto de amplios consensos, y que permitan mitigar y adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, fortaleciendo las capacidades estatales para asegurar nuestra soberanía y defender los intereses de la Nación".

Mercedes Pombo, integrante y co-fundadora de la organización Jóvenes por el Clima, habló en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto de la ley Bases impulsado por el Poder Ejecutivo, sobre el cual el oficialismo aspira a dictaminar en los próximos días.

Allí, afirmó que "votar esto en este contexto no se puede calificar de ninguna otra manera que como traición a la patria, y como traición a nuestra generación que va a pagar estas modificaciones con su futuro".

Las últimas lluvias en la llamada región núcleo que comprende el sur santafesino, señala que las lluvias mejoraron la condición del maíz y en los productores hay optimismo en superar el récord de rendimientos de 115 qq/ha, dice el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. "Pasó de un 80 a 95% la condición muy bueno/ excelente del maíz temprano. Con comentarios de técnicos que repiten: "hace años no se veían los maíces en estas condiciones", hay optimismo en alcanzar niveles récord", señala el trabajo.

La región tendría que superar una media de 115 qq/ha y lo más cerca que estuvo de ese rinde fue en el ciclo 2018/19 con 110,9 qq/ha. Además de las lluvias, en esta ocasión hay mejoras genéticas y de manejo de suelo y por eso se habla de marcas que pueden ser superadoras de los techos históricos. Casi todo el maíz temprano está de muy bueno a excelente.

Hace un año, para esta misma fecha, la región perdía 60.000 ha por la falta de agua y había un 35% del área sembrada regular a mala. Hoy no se observan cuadros regulares a malos; la condición más precaria es un 5% en buenas condiciones. En cuanto al maíz tardío tampoco le va mal: el 85% de los cuadros está excelente/muy bueno.

Ing. Agr. María Eugenia Carrizo (*)

Debido al comunicado emitido por CARSFE en varios medios de comunicación, debo aclarar algunos puntos relacionados con la política agropecuaria que implementamos durante esta gestión de gobierno.

En primer lugar, no hubo desidia gubernamental, no hubo falta de respuestas hacia el sector agropecuario. Siempre respondimos con acciones concretas hacia los productores de todas las actividades. El gobernador Omar Perotti, en el mes de enero de 2022, declaró el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario (Decreto 20 y 80/22) en 18 Departamentos de la provincia (excepto Gral. López, dado que asi lo indicaban los informes de INTA). Posteriormente estos Decretos se prorrogaron a partir del 1º de julio de 2022 (Decreto 2476/22) hasta el 31 de Mayo de 2023 en los 19 Departamentos provinciales para todas las actividades productivas.

Seguidamente se prorrogó el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario hasta el 30 de septiembre de 2023 a través del Decreto 627/23, estableciendo que los productores que contaban con certificado de emergencia agropecuaria emitidos en el marco de los Decretos Nº 0020/22, 0080/22 -y que fueron prorrogados y mantuvieron su condición (emergencia agropecuaria) en el Decreto N° 2476/22- pasaron automáticamente a Desastre Agropecuario.

En síntesis, la Provincia de Santa Fe decretó desde enero del 2022 hasta el 31 de marzo de 2024 el estado de emergencia y desastre agropecuario en toda la provincia de Santa Fe y para todas las actividades agropecuarias.

Esto refleja que el campo santafesino no está en soledad ni que hemos actuado con desidia. Somos conscientes de que una lluvia o una medida gubernamental aislada no pueden resolver el problema. Por lo tanto, nuestra decisión ha sido acompañar a los productores hasta el 31 de marzo de 2024, y con la debida homologación de este decreto, los productores tendrán acceso a los beneficios previstos por la ley nacional hasta septiembre de 2024. Además, todas las obligaciones fiscales se aplazarán hasta septiembre de 2024. Los productores con certificado de emergencia o desastre acceden a los beneficios nacionales de la ley. Es más, no hay beneficios diferenciales entre las categorías.

Por otra parte, la provincia de Santa Fe ya ha emitido más de 15.600 certificados de desastre agropecuario que corresponden a 10.000 productores agropecuarios. Además, hemos realizado una gestión histórica ante AFIP para que todos los productores que obtengan un certificado en Santa Fe puedan prorrogar automáticamente sus obligaciones fiscales. Otra acción que demuestra el interés del estado provincial en acompañar a los productores de nuestra provincia

Es importante destacar que el 40% del total de los certificados emitidos a nivel nacional corresponden a la provincia de Santa Fe, lo que demuestra la gran cantidad de productores que han sido acompañados con esta medida. Además de cumplir con la normativa de Emergencia Agropecuaria a nivel provincial como nacional, hemos implementado una serie de herramientas para apoyar a nuestros productores.

Hemos brindado asistencia financiera a través de asociaciones para el desarrollo, priorizando a pequeños y medianos productores tanto agrícolas, legumbreros, apícolas, frutihorticolas y ganaderos -de leche y carne- de toda la provincia de Santa Fe. Gracias a un sistema de inscripción al alcance de todos los que deseaban acceder al financiamiento, más de 5.000 productores agropecuarios han recibido apoyo para reponer parte de su capital de trabajo con créditos sin interés y con plazos de gracia de hasta un año. Hemos entregado más de $4.500 millones a los productores, que posteriormente se constituyen en fondos rotatorios para que ellos mismos u otros productores puedan acceder a través de este mecanismo. Es importante que más del 98% de los productores que se inscribieron accedieron al financiamiento, lo que demuestra la aceptación del acompañamiento por parte del estado provincial.

Además, hemos trabajado con distintas instituciones intermedias y gobiernos locales para acompañar, mediante aportes no reintegrables, especialmente destinados a los productores del norte santafesino. Estos fondos se han utilizado para el acarreo de agua, el acondicionamiento de distintas represas y la adquisición de alimentos.

Para acompañar con otra herramienta a todos los productores, independientemente de su escala de producción, hay vigente una línea de financiamiento a través del Nuevo Banco de Santa Fe por $5.000 Millones, en la cual la provincia bonifica parte de la tasa de interés. Se trata de créditos, de hasta tres millones de pesos, ofrecen un plazo de gracia de seis meses y un plazo total de pago de 18 meses, con una tasa de interés del 54%.

Como resultado de una fuerte sensibilización, hemos sido la provincia que más productores ha inscripto en el Programa Impulso Tambero a nivel nacional, otorgando más de 3.300 millones de pesos a más de 1800 tamberos en aportes no reintegrables a los productores de nuestra cuenca lechera santafesina.

Por otra parte, CARSFE hace un llamado a los gobiernos para reconocer el papel fundamental del sector. Nosotros no necesitamos este llamado para entender la importancia del sector agroindustrial de nuestra provincia. Compartimos su preocupación y hemos trabajado -y lo seguiremos haciendo- para honrar nuestro cargo y a un sector tan importante y estratégico. Nunca nos faltaron ganas ni interés porque estamos al lado de los productores agropecuarios en cada recorrida, en distintas capacitaciones y en cada necesidad que hubo.

Respecto de la necesidad de mitigar la sequía que plantea la entidad, bregamos hace más de 1 año por la nueva ley de emergencia agropecuaria. Desde el Poder Ejecutivo hemos elaborado y enviado un proyecto de ley de emergencia que, lamentablemente, lleva nueve meses sin ser tratado en la Cámara de Diputados de la Provincia. Este proyecto, elaborado en colaboración con diversas instituciones del sector agropecuario, ya ha sido aprobado por unanimidad en el Senado.

Es una Ley que le hubiera permitido a los productores hoy contar con mayores beneficios. Por un lado, que los productores no sólo tengan la condonación del impuesto inmobiliario sino también la condonación de la patente de un vehículo afectado a la actividad productiva. También prevé tener un fondo específico para acompañar a través de subsidios o de créditos, tareas en prevención y recomposición de daños cuando hay un evento climático adverso. La normativa también prevé una tercer componente de vanguardia a nivel nacional, vinculado a los seguros agropecuarios, que cuenta con dos aspectos fundamentales: el desarrollo de nuevas coberturas de seguros para sequías y/o inundaciones, el cual actualmente no existe o bien -en caso de haber- los costos de las primas son tan elevadas que impiden que cualquier productor agropecuario pueda tomarlas. En segundo lugar un seguro agropecuario que permita cubrir el costo básico de producción y que estén vinculadas a economías regionales de la provincia de Santa Fe.

Es fundamental reemplazar la ley de emergencia agropecuaria dado que el 70% de la tierra se encuentra en manos de arrendatarios y hoy esos productores que invierten, producen y arriesgan no tienen beneficios directos. Más de $3.000 Millones se condonaron en impuesto inmobiliario rural, que impactaron en los propietarios de la tierra y no en los productores que producen; por ello sería fundamental que todo el sector agropecuario inste por una nueva normativa. Y como dice el gobernador, es un proyecto que puede tener mejoras pero no demoras. Especialmente ante esta sequía histórica -que no sucedía hace más de 80 o 100 años, según las regiones- no podemos privar a los productores agropecuarios de mayores y mejores herramientas de acompañamiento por parte del estado.

(*) Secretaria de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) emitió un comunicado contundente en el que denuncia la falta de respuesta por parte de los gobiernos nacional y provincial ante la devastadora sequía que afecta al campo santafesino.

Bajo el título "Entre la sequía y la desidia gubernamental, el campo santafesino sigue en soledad", el parte arremete contra la falta de atención y acción de los gobernantes en medio de una crisis climática que está afectando gravemente a los productores y la economía de la región.

La sequía, que ha afectado a la provincia durante tres años, ha alcanzado niveles críticos en el último año, causando estragos en la producción y la economía local. Según Carsfe, a pesar de las advertencias reiteradas por parte de la Confederación y otros actores del sector, los gobiernos nacional y provincial no han tomado medidas efectivas para mitigar los efectos de la sequía ni para brindar apoyo a los productores.

El comunicado de los ruralistas señala que tanto el gobierno de la provincia de Santa Fe como los legisladores, provinciales y nacionales, no han demostrado interés en enfrentar la situación con determinación ni en generar soluciones urgentes. Además, critican la falta de atención del gobierno nacional, cuyas políticas económicas erráticas han agravado aún más la difícil situación de los productores.

También aseguran que la situación se agrava a medida que la sequía persiste. Los agricultores que se atrevieron a sembrar en el otoño se encuentran ahora más endeudados y sin esperanzas de recuperación debido a la falta de humedad. La ganadería, tanto de leche como de carne, también ha sufrido pérdidas significativas, afectando gravemente la forma de vida, especialmente en la región norte de la provincia.

Además, Carsfe criticó especialmente la especulación de los candidatos políticos y sus economistas, quienes "parecen dar por sentado que las condiciones climáticas mejorarán y que la futura cosecha resolverá todos los problemas". Al respecto, la entidad citó un adagio de los agricultores locales: "La ganancia de la cosecha se cuenta cuando el dinero está en el bolsillo", destacando la desconexión entre las promesas políticas y la realidad en el campo.

En respuesta a esta crisis, el gobierno provincial ha decretado el estado de desastre en tres departamentos del norte provincial y ha retrotraído a emergencia al resto de los departamentos. Sin embargo, Carsfe considera que estas medidas son insuficientes y que subestiman la gravedad de la situación.

En su comunicado, la entidad hace un llamado a los gobiernos a reconocer el papel fundamental que desempeña el campo santafesino en la economía y sociedad de la provincia. Destacan que lo que se necesita no son ayudas o subsidios, sino respeto, consideración y una visión compartida de Nación que incluya al sector agropecuario en el camino hacia el crecimiento económico y social sostenible.

Finalmente, los ruralistas esperan que esta denuncia pública sirva como un llamado de atención a los líderes gubernamentales y que se tomen medidas concretas para abordar la crisis de sequía que afecta al campo santafesino.

Entre la sequía y la desidi... by El Litoral

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro de la Producción, Daniel Costamagna, se reunirán este miércoles con representantes de Carsfe y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a las 10, en el Ministerio de la Producción.

Carsfe pide los productores que tramiten la Emergencia Agropecuaria

Ambas entidades del sector agropecuario habían solicitado el martes un encuentro con el mandatario provincial para evaluar el impacto de la sequía y analizar diferentes alternativas de asistencia.