El Gobierno de Javier Milei informó este lunes, a través del Boletín Oficial que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el organismo estatal encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en Argentina, será intervenido con el objetivo de evaluar y reorganizar el panorama de los servicios de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el país.

La medida, que inicialmente tendrá una duración de 180 días, busca abordar incumplimientos legales y promover una mayor eficiencia en el sector, en línea con las políticas de desregulación y modernización emprendidas por el gobierno.

La intervención, que será liderada por el licenciado Juan Martin Ozores como Interventor, junto a los interventores adjuntos, la doctora Patricia Zulema Roldan y el doctor Alejandro Fabio Pereyra, tiene una serie de objetivos claves. Entre ellos se encuentra la elaboración de un informe detallado sobre la situación actual del ENACOM, evaluando el cumplimiento de sus competencias y analizando las implicancias en el mercado de las TIC tras el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 690/20.

Además, se busca revisar las medidas cautelares judiciales vigentes y las sentencias judiciales relacionadas con actos administrativos de competencia del Enacom. Esto responde a conflictos judiciales generados a partir de decisiones tomadas por el organismo desde diciembre de 2020, las cuales, según críticos, podrían haber incumplido las disposiciones legales vigentes.

La intervención también abordará la estructura organizativa del Enacom con el objetivo de propiciar su reorganización funcional y operativa, promoviendo la profesionalización y eficiencia del ente. Se propone simplificar procesos administrativos y reducir trámites excesivos para mejorar la agilidad y eficacia del organismo.

Otro aspecto relevante de la intervención es la revisión de los programas y proyectos asociados al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). La evaluación incluirá el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables, así como la definición de acciones para poner al día las tramitaciones pendientes relacionadas con asignaciones de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros.

En el marco de la intervención, se considera crucial un análisis exhaustivo de las regulaciones vigentes, con el objetivo de determinar si estas han quedado obsoletas o si están obstaculizando el avance tecnológico. En caso necesario, se propondrán acciones para actualizar y modernizar dichas regulaciones, manteniendo el equilibrio entre el interés público y el avance tecnológico.

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/23, que declara la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, también se toma en cuenta en la intervención. Se espera que las medidas implementadas contribuyan al fortalecimiento democrático, la educación, la identidad cultural y el desarrollo económico, industrial y tecnológico en línea con los principios establecidos en la Constitución Nacional.

Enacom by El Litoral

La medida aprobada en la última reunión de directorio del ENaCom había sido solicitada por José Corral, que integra el organismo en representación de la UCR. Entre otras disposiciones, las empresas que prestan servicio de telefonía celular deberán solicitar datos biométricos para autorizar el cambio o reposición de tarjeta SIM. “El delito muta permanentemente, y lo que buscamos es evitar la técnica conocida como SIM Swapping, que permite al impostor acceder a aplicaciones, claves y otra información de la víctima”, destacó el santafesino. Este lunes a las 11 se reunirá con el Defensor del Pueblo de la Provincia, Jorge Henn, para ofrecer detalles de la nueva normativa.

A partir de mediados de mayo, la empresas prestadoras del servicio de comunicaciones móviles deberán solicitar a los usuarios datos biométricos que permitan validar su identidad para autorizar el cambio o reposición de una tarjeta SIM, con el objetivo de garantizar la entrega a su verdadero titular. Así lo estableció el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) en su última reunión de directorio, aprobando una solicitud presentada por el representante de la UCR en el organismo, el santafesino José Corral, y su par del PRO, Silvana Giudici.

“Se trata de un pedido que hicimos para impedir una modalidad de delito conocida como SIM Swapping, que permite al impostor acceder a aplicaciones, claves y otra información de la víctima”, explicó José Corral. “El delito muta permanentemente, y la reglamentación tiene que disponer medidas para evitarlo. Lo que habíamos pedido entre otras disposiciones, y que fue aprobado, es la implementación de datos biométricos para el cambio o reposición del chip, medida que comenzará a regir a partir de mediados de mayo”, anticipó.

El exintendente santafesino -que este lunes a las 11 se reunirá con el Defesor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn para conversar sobre el tema- recordó que “en su momento se podía comprar un chip en un kiosco sin tener que asociarlo a ninguna persona. Eso favoreció que se cometan algunos ilícitos, como secuestros y estafas virtuales, y resultaba muy complejo rastrear quién había utilizado ese celular. En la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad se pasó a la nominación de cada línea, y se alcanzó un 98 %, con un nombre y un número de documento. Pero luego el delito va mutando y se generó esto que se llama SIM Swapping, donde una persona se hace pasar por otra para conseguir el chip con el número de esa persona y puede acceder a datos e información valiosa, y acceder incluso a sus cuentas bancarias. Para evitar eso, pedimos estas medidas más estrictas, que fueron desarrolladas por las áreas técnicas del ENaCom, y que el directorio ya lo aprobó”.

Según la nueva reglamentación, a la hora de gestionar un nuevo número, las empresas deberán solicitar entre otros datos, el número de trámite del DNI y la fecha de emisión del mismo; y para el cambio o reposición de la tarjeta SIM, “deberán revalidar la identidad de su usuario empleando mecanismos de validación de sus datos biométricos”, estableciéndose que “en caso de utilizar imágenes de rostros, éstos deberán capturarse utilizando los lineamientos de la Normativa 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”.

Además, se definió que las empresas deberán implementar los mecanismos necesarios para que las líneas sin usuario asociado -es decir, sin una persona debidamente registrada- no puedan contar con el servicio y sólo tengan acceso a un centro de atención telefónica y a los servicios de emergencia, hasta tanto se encuentre debidamente registrado el usuario titular.