(Por Mariela Goy) - Este año 2025, las universidades públicas argentinas atravesaron una nueva tormenta con luchas gremiales, debates parlamentarios, tensiones con el Poder Ejecutivo y una creciente advertencia por el impacto de la falta de financiamiento tanto en los claustros como en el sistema científico. Entre paros, movilizaciones y facultades con actividad interrumpida, el conflicto planteó discusiones en el Congreso y en la agenda pública en materia universitaria.

El primer gran capítulo del año fue la ola de paros de los gremios docentes nacionales, en reclamo de soluciones al "desfinanciamiento" universitario y de una recomposición salarial. Los sindicatos denunciaron que la falta de un presupuesto claro para 2025, y la prórroga de partidas por segundo año consecutivo, arrastraban a las casas de altos estudios a una situación crítica. Lo mismo señalaron en reiteradas oportunidades desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En total, el gremio nacional docente universitario Conadu Histórica (que tiene como entidad de base en la región a Adul en la UNL) llevó adelante 40 días de paro a lo largo del año, incluidos un par de períodos de semanas completas. Esta situación provocó exámenes reprogramados y clases suspendidas, con impactos diferentes según el profesor y la facultad de que se trate.

Avanzado el año, en junio, se multiplicaron las movilizaciones en apoyo a un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario presentado por rectores y respaldado por sectores del arco político opositor. La intención era lograr una previsibilidad presupuestaria que terminara con el limbo en el que estaban sumidas las casas de altos estudios. En 2024 también había habido un intento similar, pero fue vetado por el presidente Javier Milei.

Institucionalmente, el 2 de junio los rectores de las universidades nacionales públicas con presencia en territorio provincial -Enrique Mammarella (ahora ex rector de UNL), Franco Bartolacci (UNR), la vicerrectora María Cecilia Gutiérrez (UNRaf) y el por entonces decano de la UTN Santa Fe, Eduardo Donnet- presentaron ante legisladores nacionales por Santa Fe el proyecto de ley de financiamiento universitario para pedir su apoyo. El encuentro se realizó en el recinto del Consejo Superior de la UNL, en la ciudad de Santa Fe.

Luego, en todas las ciudades del país donde existen universidades nacionales se llevó a cabo una nueva manifestación federal el 26 de junio, en reclamo de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo proyecto había sido presentado en el Congreso el 28 de mayo.

Marcha de las antorchas en Santa Fe para pedir por la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Crédito: Manuel Fabatía

La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo la actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias.

A mediados de agosto de 2025, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. Luego, el Senado convirtió ese proyecto en ley con una votación mayoritaria, sancionándolo formalmente y enviándolo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

A partir de septiembre, la disputa entre la comunidad universitaria y el Gobierno de Milei tomó aún más carácter político nacional. El presidente vetó la ley el 10 de septiembre, argumentando que carecía de financiamiento concreto y podía desbalancear las cuentas públicas. La decisión provocó una reacción en masa: más paros y otra marcha federal el 17 de septiembre, que en la ciudad de Santa Fe fue multitudinaria. Mientras se realizaba esa movilización, la Cámara de Diputados rechazaba el veto y lo propio hizo el Senado el 2 de octubre, por lo que la ley quedó vigente tras el proceso parlamentario.

Con una multitud de estudiantes, docentes y gremios, la Marcha Federal Universitaria surcó las calles de la ciudad. El acto frente al Rectorado de la UNL combinó festejo y reclamos: “Sin presupuesto no hay universidad ni futuro”.

En este contexto, las huelgas docentes y las protestas estudiantiles -a menudo conjuntas con otros sectores como salud o educación- marcaron un punto de inflexión. La gratuidad y la autonomía de la universidad pública quedaron en discusión porque, a pesar del rechazo al veto, el Gobierno devolvió la pelota a la cancha legislativa: condicionó la aplicación de la ley y alegó la falta de definición sobre cómo financiarla dentro del presupuesto general.

Frente a esta situación, las universidades públicas acudieron a la Justicia para exigir el cumplimiento de la ley, reclamando que se garanticen los fondos necesarios para su aplicación. Días antes de Navidad, la Justicia Federal hizo lugar al amparo presentado por el CIN para que se cumplan los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que el Gobierno debería enviar los recursos que permitan actualizar y recomponer los salarios de docentes y no docentes, así como el monto de las becas estudiantiles.

Sin embargo, la pulseada política no termina. En el debate del Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados había logrado eliminar el cuestionado capítulo 11, que contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento educativo universitario y de la emergencia en discapacidad.

Los senadores aprobaron el Presupuesto.

En el Senado, en cambio, este viernes 26 de diciembre, el foco del debate se trasladó al artículo 30, cuestionado por sectores de la oposición por eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) -establecidos en leyes vigentes- y otorgar al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad sobre la asignación de recursos en áreas estratégicas, que pueden quedar sujetas a decisiones políticas coyunturales y sin mecanismos de protección presupuestaria. No obstante, el oficialismo también logró la aprobación de ese punto polémico.

Laura Tarabella Crédito: Manuel Fabatía.

En medio de este escenario, en diciembre, por primera vez en más de un siglo, la Universidad Nacional del Litoral decidió que su futuro tenga una conducción encabezada por una mujer. Laura Tarabella fue elegida rectora. También hubo recambio de decano en la UTN Facultad Regional Santa Fe, donde Alejandro Tóffolo asumió como nuevo decano. Ambos expresaron el desafío que representará el 2026, que promete ser nuevamente complejo en materia universitaria.

Por Mariela Goy

El plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), reunido de manera extraordinaria este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales para exigir la aplicación inmediata de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, promulgada pero suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional.

El vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, señaló que "el gobierno solo debía cumplir la ley, y optó por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, que niega con artilugios lo que la ley dispone".

Bartolacci consideró que la suspensión de la norma "viola de manera directa la división de poderes" y recordó que el sistema universitario "ha sido muy responsable y serio priorizando siempre los caminos institucionales". En ese marco, confirmó que "corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley".

Consultado sobre la estrategia jurídica que se adoptará, precisó que "la intención es avanzar con un amparo, con la dinámica que definan los equipos técnicos a cargo de la presentación que se realizará en los próximos días". Y agregó: "La decisión del CIN fue recurrir, todo el sistema universitario junto, a la justicia, manteniendo la coherencia y la firmeza en la defensa de la universidad pública".

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, al ser consultado sobre las implicancias de que una ley no se cumpla, fue categórico: "Claramente, el gobierno debe cumplir las normas para garantizar la seguridad, la justicia, la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. No es posible pensar en políticas públicas coherentes y transparentes si no se respeta la ley".

Sobre el impacto particular en la Universidad Nacional del Litoral, detalló a El Litoral que el cumplimiento de la Ley de Financiamiento "es clave por tres motivos: uno para adecuar el presupuesto al efecto de la inflación desde enero de 2024 hasta ahora, pero también para asegurar los recursos para cerrar el año en lo que respecta a gastos de funcionamiento, a becas y salarios. Lo otro fundamental es que esto cambia la base de lo que tienen que ser la ley de presupuesto nacional 2026 que integre las prioridades que tiene el gobierno con las del Congreso y que todos sepamos con los recursos que contamos y necesitamos".

Además de la acción judicial, el CIN acordó elevar al Congreso Nacional una solicitud para que el presupuesto 2026 contemple como base los recursos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, garantizando así la sostenibilidad del sistema público.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en su 5ta Reunión Ordinaria de 2025 -realizada este jueves-, adhirió en todos sus términos al comunicado del CIN del pasado 10 de octubre, que respalda el reclamo por la ejecución plena de la Ley 27.795.

En un pronunciamiento institucional, el Consejo Superior de la UTN advirtió que la suspensión de la norma "profundiza la emergencia económica y presupuestaria del sistema universitario argentino" y destacó que su no aplicación impide actualizar los gastos de funcionamiento y recomponer los salarios docentes y no docentes.

La institución señaló que el desfinanciamiento afecta con especial dureza a la UTN, por la naturaleza tecnológica de sus carreras, que requieren inversiones constantes en equipamiento e infraestructura. "La falta de recomposición salarial afecta la retención de personal calificado y compromete la calidad académica e investigativa", alertó la universidad tecnológica.

Finalmente, el Consejo Superior de la UTN avaló las gestiones de su rector ante la Mesa Nacional de Rectores del CIN y reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, inclusiva y gratuita.

 Por Mariela Goy

El presidente Javier Milei vetó de manera total la Ley de Financiamiento Universitario que, entre otros puntos, prevé una recomposición salarial para docentes y no docentes. La decisión, oficializada en la tarde del miércoles a través del Decreto 647/2025, desató la inmediata reacción del sector universitario. "La situación de la universidad se agrava día a día" y "sin un presupuesto nacional aprobado para 2026, no podrá seguir funcionando", advirtió Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En tanto, los sectores gremiales convocaron, tal cual lo venían advirtiendo, a un paro nacional para este viernes 12 y a una nueva marcha federal universitaria el día que el Congreso discuta el veto.

El proyecto había sido aprobado el 21 de agosto en Diputados con 158 votos a favor, 75 negativos y 5 abstenciones, pero sin alcanzar los dos tercios. Establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación, además de la convocatoria a paritarias y el refuerzo de becas.

La Casa Rosada rechazó la norma por considerar que implica un costo fiscal "superior a un billón de pesos" y que no se especificaron fuentes de financiamiento "concretas y suficientes". "Este gasto sin respaldo real sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables", argumentó el Gobierno en los considerandos del veto.

La comunidad académica respondió de inmediato con medidas que ya había anticipado cuando el veto era aún una amenaza. Desde la Conadu Histórica, gremio madre del local Adul, anunciaron la adhesión al paro docente y no docente de este viernes en todas las universidades nacionales, junto con actividades de visibilización en cada provincia.

Además, confirmaron que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los gremios y federaciones estudiantiles, ya convocó a la tercera Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. "Si hay veto, hay marcha", se venía repitiendo desde hace un tiempo atrás.

Consultado por El Litoral, Mammarella manifestó su descontento con el veto. "Sin dudas que uno se siente decepcionado, porque cuando se mira los argumentos, el propio decreto reconoce el atraso salarial. Al mismo tiempo que sale una inflación del 1,9% mensual, se asigna un 1,3% mensual para docentes y no docentes. Además, el Gobierno paga 3,9% de interés en licitaciones de Lecaps. Con lo que cuestan 6 meses de intereses de esas operaciones, se financiaría este proyecto", calculó el rector.

Según advirtió, la situación dentro de las casas de estudio "se agrava día a día" y remarcó que "todo esto ocurre porque no hay ley de presupuesto. Es condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de nuestras actividades académicas, de investigación y extensión", afirmó, al tiempo que añadió: "Hoy los recursos están, el tema es la asignación. Si no hay prioridad en la asignación, pasa lo que estamos viendo con discapacidad, con salud y con la universidad".

El Poder Ejecutivo remitió el veto al Congreso, que deberá decidir si lo rechaza o lo ratifica. Para revertirlo, la oposición necesitará los dos tercios de los votos en ambas cámaras, una mayoría difícil de alcanzar. Una sesión especial podría realizarse el próximo miércoles.

Mientras tanto, la conflictividad crece: al paro universitario de este viernes, que sería el número 26 en lo que va del año.

 Ante la grave crisis económica que sufre el sistema universitario argentino el Consejo Superior de la UNL aprobó en la tarde de este jueves -por unanimidad- una resolución que insta al presidente de la Nación a que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente y no docente.

El texto pide que se proceda "a su efectiva implementación, con el fin de asegurar la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales, tomando como referencia la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023, conforme a los datos oficiales del Indec y la actualización de partidas que garanticen el funcionamiento de las universidades nacionales".

Además, en su artículo 2 se solicita a legisladores nacionales que insistan con la aprobación de la ley y que sostengan en el Congreso la sanción de la misma, en caso de que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva su veto. "Este acto debe garantizar la protección y el sostenimiento de los recursos destinados a las universidades nacionales, cuya labor resulta fundamental para la sociedad argentina", resalta el texto.

La resolución también manifiesta el "firme compromiso de esta Universidad en defender la educación pública, áreas estratégicas que deben ser sostenidas con una adecuada asignación presupuestaria, entendiendo que una crisis en uno de estos sectores impacta negativamente en el otro".

Por último, se solicita la inmediata atención y solución a la emergencia salarial declarada por la Universidad en marzo de 2024, que afecta a todos sus trabajadores y trabajadoras docentes, no docentes, investigadores y extensionistas.

Por Mariela Goy

Tras la aprobación este jueves por la noche en el Senado de la Nación de la Ley de Financiamiento Universitario, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, expresó su satisfacción dado que la norma refuerza los recursos para el sistema de educación superior. La ley -que significó un nuevo revés parlamentario para el gobierno de Javier Milei- fue sancionada con 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, y ahora enfrenta la posibilidad de veto presidencial.

"Estamos muy contentos porque trabajamos un proyecto de ley, lo fuimos a presentar, a defender, pudimos explicarlo, sufrió las modificaciones que el Congreso creyó conveniente, y finalmente logramos, tanto en Diputados como en Senadores, la aprobación. Esperamos ahora poder contar con esa ley y que quede vigente", afirmó Mammarella.

El rector explicó este viernes a El Litoral que la iniciativa busca devolver a las universidades el nivel de financiamiento que tenían en 2023. "Claramente las modificaciones tienden a ponernos en las mismas condiciones que estábamos en ese año. Es un reconocimiento del Congreso de que nos quedamos atrasados y que no era la voluntad del Congreso dejarnos atrás, sino que no hubo ley de presupuesto y por eso, en las asignaciones temporarias, fuimos quedando por debajo de la inflación y la recaudación", detalló.

En calidad de miembro informante, el senador Eduardo de Pedro (Unidad Ciudadana), repasó detalles de los principales artículos de la iniciativa y destacó que, "el primer artículo garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria argentina". Y especificó que la medida también indica que la auditoría debe ser realizada por la Auditoría General de la Nación, de acuerdo a la información oficial del Senado de la Nación.

"Pedíamos asegurar el financiamiento futuro a partir de una forma automática de asignación de fondos de acuerdo a la recaudación. Eso no quedó en la ley, pero entendemos que esta es la base también para la discusión del presupuesto 2026", indicó Mammarella, sobre una de las modificaciones introducidas al proyecto original.

También destacó que la ley contempla refuerzos para áreas clave: "Tiene que ver con todos los gastos que habitualmente tienen las universidades: gastos de funcionamiento, investigación, extensión, becas y salarios. Eso es lo que mayormente responde. Obviamente estaban las becas estratégicas y demás que ni siquiera se habían dado. Lo que vuelve es a todo lo que estaba en el presupuesto 2023".

En materia salarial, el Ejecutivo deberá recomponer los haberes de docentes y no docentes desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un ajuste que no podrá ser inferior a la inflación acumulada en ese mismo lapso. La ley también obliga a convocar a paritarias dentro del mes posterior a su sanción, con una periodicidad máxima de tres meses.

Consultado sobre la posibilidad de que Milei cumpla con su anticipo de vetar la norma, Mammarella sostuvo: "Volveríamos a trabajar con el Congreso, nunca lo dejamos de hacer. Para nosotros lo importante es que se entiende la situación. No es una cuestión contra el Gobierno, es una necesidad que tenemos de actualizar nuestras partidas para estar al mismo nivel que estábamos. Ni siquiera es un aumento".

Sobre la actual situación salarial de los docentes universitarios que vienen con gran cantidad de paros, Mammarella indicó que "en nuestro caso particular tenemos escuelas preuniversitarias. Allí también el paro es muy fuerte y a diferencia de lo que sucede con la provincia, nuestras escuelas están de paro cuando el resto no. Eso nos preocupa y estamos ocupados en tratar de ayudar a resolver esta situación, que es justa".

El rector de la UNL también se refirió al reclamo de la comunidad científica. "La situación del Conicet es peor que la de las universidades. Hay un desfinanciamiento total de la ciencia en la Argentina. Esto ya es muy grave, es tal vez más complicado que lo del Garrahan y que lo de las universidades. Estamos todos juntos, porque muchos científicos del Conicet en Santa Fe son también profesores universitarios. Algunos se sostienen con fondos que conseguimos desde la universidad, pero otros no, y están peor", señaló.

Mammarella adelantó que participará la semana próxima en Rosario -los días 28 y 29- del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria, organizado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). "Queremos mostrar todo lo que se viene trabajando y se sigue trabajando, porque pareciera que lo nuestro es solo reclamar salarios, cuando en realidad seguimos pensando hacia adelante. Tenemos que pensar en la educación, la ciencia, la tecnología y la extensión del futuro, aunque no tengamos el acompañamiento de las autoridades que deberían estar marcando ese camino", concluyó.

Durante dos jornadas se desarrollarán conferencias, paneles y mesas de trabajo en torno a los grandes ejes que atraviesan hoy al sistema universitario, bajo el lema "Enseñanza, investigación, gestión y territorio". Ya hay 800 proyectos presentados y se espera la convocatoria de unas 2.000 personas de todo el país.

"La dirigencia política tiene que entender lo que pasó: 20 años de decadencia que nos llevó a la pobreza del 53%, con la principal responsabilidad del kirchnerismo pese a recitar consignas progresistas; fueron los que implantaron un modelo autoritario, feudal, de capitalismo de amigos y prebendario. La gente dijo: me tienen hartos estos, como también los de Cambiemos por el fracaso del gobierno de Macri. Y votaron lo más disruptivo".

Juan Schiaretti lo dijo sobre el cierre del Encuentro y Diálogo "Perspectivas Federales, modelo productivo Argentina 2050", que la Asociación para el Desarrollo Regional organizó en la sede de la Universidad Católica de Santa Fe.

Al aludir a Milei, Schiaretti advirtió: "no quiero que le vaya mal. Simplemente que hay cosas que son de sentido común: no puede desafiar la ley de gravedad porque termina mal. Lamentablemente uno ve las medidas que va tomando, que no vamos por el rumbo adecuado".

En la platea estaban el rector anfitrión Eugenio Martín De Palma; su par de la UNL, Enrique Mammarella; la presidente de la Cámara de Diputados, Clara García; los legisladores provinciales Omar Perotti y Juan Garibaldi y el secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Ignacio Mántaras.

Ileana Hotschewer ofició de moderadora del diálogo que el ex mandatario cordobés compartió con el diputado nacional bonaerense por la UCR, Facundo Manes.

Manes advirtió que queda poco tiempo para que la "clase media intelectual" que fue a la Universidad, pueda motorizar el desarrollo que podrá reducir la pobreza. Crédito: Luis Cetraro

El dirigente radical advirtió que "no existe el país que quiere el presidente actual sin Estado". Concedió con Schiaretti en la necesidad de "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.

"El problema no es el Estado sino generar productividad, generar dólares". Más adelante, Manes expuso que "el presiente que habla todo el día de economía, no entiende que la economía del SXXI es el conocimiento, el valor agregado, la investigación, la ciencia y la tecnología. Tenemos que sacarnos de la cabeza que los recursos naturales nos van a salvar", subrayó, para señalar la necesidad de "sumar valor agregado".

En varias ocasiones los disertantes coincidieron en la defensa de la universidad pública, pero además en la necesidad de invertir en ciencia y tecnología; Schiaretti recordó que Brasil invierte 1,12% del PBI, Estados Unidos e Israel más del 4%, mientras que en el presupuesto 2025 "se deroga la ley que decía que la Argentina tenía que llegar al 1%".

El ex gobernador mediterráneo advirtió además que "no es necesario resolver el déficit fiscal a los machetazos" sugirió concentrarse en los 4 puntos de evasión fiscal para mejorar los recursos. También dijo que las empresas -privadas o públicas- no pueden perder dinero (en alusión a las del Estado nacional en esa condición), pero sostuvo que, en Córdoba, el Banco y la Empresa de Energía "pagan ganancias" aun cuando son del Estado.

"Las personas necesitamos un propósito para vivir; los países también. La Argentina no tiene un propósito; lo tuvo con la democracia cuando no importaba si éramos peronistas, radicales, socialistas, independientes… estábamos todos a favor de la democracia.

Tras recordar la figura de Raúl Alfonsín, Manes señaló que el propósito nuevo de la Argentina es el desarrollo. "Lo tenemos que lograr entre todos; como decía Juan (Schiaretti) con el aporte de lo público y lo privado, como lo fue la democracia en algún momento. Si no hay desarrollo, va a peligrar la democracia", afirmó.

Dijo que eso "no se puede hacer sin cohesión social" y advirtió sobre la "nueva grieta". También sostuvo que "no se puede hacer sin ejemplaridad de los dirigentes, sin instituciones, por más que invirtamos en ciencia. Sin una geopolítica inteligente, de Estado, sin un proyecto de país vamos a hacer pequeñas cosas pero no a desarrollarnos".

Agroindustria, gas, petróleo, minería, pesca. Hubo coincidencia en las potencialidades argentinas; los disertantes plantearon la necesidad de consensos para la productividad. Crédito: Luis Cetraro

En esa línea, Schiaretti, alertó "basta de ambacentrismo", al reclamar que en la Argentina "el desarrollo tiene que tener la impronta del federalismo".

Reclamó el alineamiento del Estado, el sector privado y el complejo académico científico para gestionar el desarrollo, al tiempo que advirtió -en clara referencia al cepo- que "los responsables de la economía se enamoran de los instrumentos y los mantienen hasta estrellarse".

"Se puede tener déficit fiscal pero no siempre como lo ha tenido la Argentina en el hilo conductor de la inflación y la decadencia; puede atar su moneda a otra en la medida que la productividad sea la misma. Lo que determina el progreso de los pueblos y los países son las ganancias en productividad. Son aquellas que permiten en los diversos momentos, con diversos instrumentos de política económica, salir de una crisis o profundizar el crecimiento. Enamorarse de los instrumentales es un riesgo que la Argentina corrió permanentemente y se corre el riesgo de repetir los errores.

"Lo provisorio son los instrumentos, lo permanente es la ganancia de productividad", insistió.

Nicolás Cabó, presidente de Ader, repasó los coloquios que viene proponiendo la entidad. "Desde la gremial empresaria entendemos una profunda necesidad de construir consensos en materia productiva y pensar la Argentina que queremos para los próximos años".

Tras explicar que eso motivó las invitaciones a Juan Schiaretti y Facundo Manes, el dirigente gremial empresario apuntó la relevancia de sumar las voces de un cordobés y un bonaerense "a estas charlas en el camino del consenso.

Agroindustria, gas, petróleo, minería, pesca. Hubo coincidencia en las potencialidades argentinas; los disertantes plantearon la necesidad de consensos para la productividad. Crédito: Luis Cetraro

"Entendemos -dijo- que tenemos que buscar coincidir en cuatro o cinco ejes que marquen el futuro de nuestro país. Desde Ader defendemos y proponemos entre esos puntos la defensa y la protección de la industria nacional. Es necesario defenderla y trazar un camino por delante. Venimos de gobiernos que promocionaban la sustitución de importaciones, la industrialización. Y hace 48 horas una medida del gobierno nacional baja aranceles para determinados productos y abre la economía para muchos de los productos que se fabrican en nuestra provincia y nuestro país. Estas cosas debemos evitarlas", aseguró.

Ignacio Mántaras rescató la tarea de Ader en "generar espacios y ámbitos de discusión para pensarnos como ciudad, como región, como comunidad. Celebramos esa reputación desde el ministerio", dijo el secretario de Agricultura y Ganadería santafesino.

Tras reseñar las presencias de dos ex mandatarios provinciales -Perotti y Schiaretti-, Mántaras apuntó que "la Constitución del '53 tenía la hoja de ruta de abrirnos al mundo" con "una raigambre federal". Dijo que "venimos de un período de desencuentros" y apuntó que "desde ámbitos institucionales de relevancia se siguen cultivando las grietas.

En esta provincia -resaltó- el gobernador ha sido claro en sus ejes: seguridad, educación y producción. Estamos convencidos que la agenda de producción es de federalismo: es el momento de los gobernadores, del Congreso que está cumpliendo un rol. Es el momento de la Región Centro, de darle volumen a la Región Litoral en la hidrovía… hay grandes capítulos con provincias vecinas. La agenda federal es clave", concluyó.

(Por Mariela Goy) - El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, se refirió al paro por 72 horas que lleva adelante la docencia universitaria desde este lunes y que afecta el inicio del segundo cuatrimestre. La medida de fuerza fue lanzada en todo el país por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos frente a la inflación. "Las categorías más bajas quedaron relegadas", admitió Mammarella.

Este lunes, en el acto del lanzamiento de la agenda de actividades por los 30 de la Reforma Constitucional, el rector de la UNL consideró que determinadas definiciones de Nación afectan los sueldos. "El problema radica en dos cuestiones -explicó Mammarella a CyD Litoral-. Una es la inflación, pero también un hecho trascendental del Gobierno en una decisión: por un lado, en lo que es la garantía salarial, de dejarla fija a valores del año pasado; y, por otro lado, de quitar el Fonid. Entonces, las categorías más bajas, no solo que no han alcanzado el ritmo de la inflación sino que han quedado relegadas porque han perdido una gran parte de su componente salarial, al no estar estos complementos".

Cabe destacar que la "garantía salarial" es el valor mínimo del salario y no se actualiza desde diciembre. Anteriormente se establecía con un acuerdo en la Paritaria Nacional Docente, para toda la docencia del país, incluida la universitaria. En tanto, el Fonid es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno de Javier Milei decidió no abonar más, con un alto impacto sobre los haberes del magisterio, entre ellos, los docentes de las escuelas preuniversitarias que también lo percibían.

"Hoy en algunas facultades los exámenes han sido reprogramados o se están tomando modalidades virtuales. En otras facultades empiezan las clases y ahí hay diferentes situaciones. Y fundamentalmente las preuniversitarias que hoy están de paro, y donde vamos a tener que recuperar para cumplir los 180 días mínimos", indicó el rector. Crédito: El Litoral

Si bien hubo recomposiciones salariales -siempre por debajo del índice de inflación a excepción de julio-, Mammarella expresó su expectativa: "Esperemos que esto que se avisó el viernes, que era la propuesta del 3% (para agosto) y del 2% (para septiembre), tenga de alguna manera una modificación a lo largo de los días que queden, antes de que lleguemos al fin de mes".

El viernes pasado, en una reunión realizada en el Palacio Sarmiento entre funcionarios nacionales y los representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios, se anunció el pago de esos porcentajes de aumento, que enseguida fueron rechazados por los gremios por insuficientes y porque, además, los considera una "imposición".

Tras "no llegar a un entendimiento", las partes acordaron crear "una Comisión Técnica Tripartita para buscar acercar las diferencias señaladas por los gremialistas, con la oferta del Gobierno", señaló posteriormente un comunicado de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Capital Humano.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales está integrado por Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y Fatun. Estas medidas de fuerza de 72 horas (hasta el miércoles 14) comprenden a los académicos de la UNL, nucleados en Adul, sindicato local que responde a la Conadu Histórica a nivel nacional. Por su parte, los "no docentes" (nucleados en Fatun a nivel nacional y Apul a nivel local) paran sólo por 24 horas este lunes más 48 horas de visibilización.

Al respecto, Mammarella indicó que "claramente estamos trabajando" en evaluar cómo recuperar lo perdido por los paros. "Hoy en algunas facultades los exámenes han sido reprogramados o se están tomando modalidades virtuales. En otras facultades empiezan las clases y ahí hay diferentes situaciones. Y fundamentalmente las preuniversitarias que hoy están de paro, y donde vamos a tener que recuperar para cumplir los 180 días mínimos", indicó.

Con relación a si están llegando los presupuestos nacionales para cubrir los gastos de funcionamiento en la UNL, Mammarella remarcó: "Están las resoluciones que, de aquí a fin de año, van a terminar completando esa actualización que nosotros pedíamos a principio de año del 270%. Están llegando en tiempo y en forma, lo cual, más allá de las restricciones propias de la inflación de este año, permitirían mantener abierta la universidad".

Por otra parte, dijo desconocer si otras casas de estudios, afines a la gestión, vienen recibiendo desembolsos presupuestarios mayores. "La verdad que no nos consta. Nosotros recibimos en función de las resoluciones que nos mandan en forma general y podemos ver lo que pasa en el sistema. No tenemos acceso a información de otro tipo de entregas", adujo.

Universidades públicas de todo el país se movilizarán este martes 23 de abril para solicitar mejoras presupuestarias en busca de afrontar los gastos corrientes y de mantenimiento, y también las necesidades salariales de los trabajadores docentes y no docentes, que aún siguen sin acuerdo de actualización. La medida fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se suman gremios docentes, no docentes y el movimiento estudiantil. 

En Venado Tuerto habrá actividades desde las 17.30, ya que la Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) convocó a un "abrazo simbólico" al edificio de Laprida 651, bajo el lema "Yo Apoyo la Universidad Pública". Allí se procederá a la lectura de un documento elaborado a nivel nacional en defensa de la Universidad Pública y en reclamo de mayor presupuesto, para dar paso a palabras de alumnos, docentes y del decano Jorge Rena.

Luego, en la sede del Instituto de Educación Superior Nº 7, Estrugamou 250, los estudiantes saldrán de las aulas a las 18.30 y se concentrarán frente al edificio, para comenzar a las 18.45 una movilización por las siguientes calles: Estrugamou, 9 de Julio (en el cruce de ambas se agruparán las delegaciones del IES N° 7 y la UTN), para luego rodear la plaza San Martín (Moreno, 25 de Mayo y Casey), siguiendo por Casey, Chacabuco, Belgrano, 9 de Julio, Estrugamou y regreso al Instituto para dar apertura a una Radio Abierta a la comunidad.

El llamado a la "Gran Marcha Universitaria" se originó el 10 de abril, cuando en el marco del 91º Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los representantes de las 73 universidades públicas integrantes del CIN hicieron la convocatoria a Plaza de Mayo para este martes 23 en defensa de la educación y el sistema universitario, en medio de las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei.

"La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y se necesita la respuesta urgente de los poderes del Estado nacional", remarcaban.

"Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros 100 días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema", explicaron las autoridades universitarias a través de un comunicado.

Sobre el "abrazo simbólico", el decano de la Universidad Tecnológica venadense, Jorge Rena, comentó que "fue iniciativa de los gremios del sistema universitario, compuestos por los cuerpos docentes y no docentes, que convocaron a una movilización para este martes 23, y luego el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aglutina a las 57 universidades nacionales, decidió adherir a la marcha y movilizarse en todo el país". 

"Ya desde comienzo de año advertimos que, de no variar las restricciones presupuestarias para los gastos de funcionamiento, servicios, infraestructura y mantenimiento, en abril o mayo la situación sería insostenible y así se está verificando, porque cada vez es más difícil mantener los edificios en condiciones de prestar un servicio educativo de calidad", aseveró. Y agregó: "En la UTN se replantearon los gastos, y no porque hubiera excedentes, sino que se posponen actividades para atender urgencias, sobre todo los servicios, como la energía eléctrica, que nos demanda prácticamente la mitad de presupuesto asignado". 

También señaló el directivo que urge visibilizar el problema, porque "el presupuesto universitario nunca fue suficiente, pero en general no se notaba, porque la Universidad trabaja, gestiona y esa falta de fondos se cubría con servicios a terceros. Sin embargo, hoy la situación es más grave, porque comenzamos 2024 con el mismo presupuesto de 2023 en un marco de alta inflación y, además, la crisis económica conspiró contra la demanda de servicios ante la caída de la actividad".

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, compartió la realidad que les toca afrontar y los efectos que provoca las partidas insuficientes que están recibiendo.  

"Todos los días estamos recibiendo facturas de servicios con aumentos y tenemos que ir siguiendo los incrementos de los insumos básicos que debemos comprar para el mantenimiento edilicio, y claramente no alcanzan para funcionar con normalidad, sino que hay que trabajar en la emergencia", comentó. 

Cabe señalar que la partida para el funcionamiento general, que abarca todos los gastos que están por fuera de los salarios, estuvo, hasta marzo, en valores constantes desde enero de 2023. Y en abril recibieron una actualización del 70%, después de un período inflacionario de más del 270%, que es "totalmente insuficiente para desarrollar nuestras actividades de manera normal". 

Frente al anuncio del gobierno nacional de un nuevo incremento del 70% para mayo, el directivo exclamó: "Mejora, pero no alcanza". A su vez, remarcó que hay otros aspectos a discutir con Nación y que están relacionados con los salarios de docentes y no docentes; obras y mejoras edilicias; e investigaciones.  

A modo de ejemplo, el rector de la UNL indicó que "recibimos una factura de luz que está por encima del 50% del gasto total que tenemos para mantenimiento". 

Más adelante, contó que la alta casa de estudios trabaja en diferentes proyectos que apuntan a conseguir fondos para cubrir gastos. "Hay iniciativas, desarrollos, investigaciones, que se llevan a cabo con este fin. Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano para seguir no sólo con las puertas abiertas, sino funcionando con calidad, que es nuestra responsabilidad", puntualizó. 

Consultado por la infraestructura educativa, Mammarella informó: "Nuestra Universidad es centenaria, tiene edificios antiguos, de gran valor patrimonial, incluso fueron declarados monumentos históricos, lo que requiere de una inversión en mantenimiento muy importante. Tenemos 63 edificios, 180 mil metros cuadrados cubiertos en el centro norte de la provincia que necesitan atención".

Tras varias semanas de reclamos de las universidades públicas de todo el país contra el congelamiento del presupuesto decidido por el presidente Javier Milei y luego de los abrazos simbólicos, cacerolazos y medidas concretas, como la adoptada por la UBA, que redujo en forma drástica el uso de servicios elementales como la electricidad y la calefacción, hasta el anuncio de la marcha convocada para este martes, la Casa Rosada divulgó las mejoras presupuestarias.

Son tres puntos que expresan lo siguiente: "De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional, se dispuso un aumento del 70% en marzo, llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661".

En segundo lugar, se establece que "se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para conversar sobre cómo, juntos, avanzaremos en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad".

En tercer lugar, "se acordó desarrollar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoría existentes".

Sin embargo, "no se trata de un acuerdo", aclaró el CIN, y agregó: "Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria". A la vez, valora "que se reconozca parte de lo que venimos reclamando, sustancial e ineludible, para el normal funcionamiento de nuestras instituciones".

Mientras espera la invitación a una reunión para escuchar "de manera formal" la propuesta del gobierno, el organismo ratificó la realización de la marcha del martes, "pues es una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional".

Los institutos terciarios de gestión privada de Venado Tuerto pudieron sostener y, en algunos casos, ampliar la matrícula de inscriptos, impulsados principalmente por la realidad económica, donde cada vez es más difícil mantener un hijo estudiando en otras ciudades, como Rosario, Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba; y los altos niveles de inseguridad que registran las grandes urbes donde se concentran las principales universidades públicas del país. 

El valor accesible de las cuotas es otro factor que influye, junto con la cercanía y calidad educativa que presentan estas instituciones que poco a poco van ganando terreno. 

Incluso, la consolidación de la Esmeralda del Sur como un polo educativo regional motivó que muchos jóvenes oriundos de localidades vecinas del sur santafesino y de otras provincias, como Córdoba y Buenos Aires, aprovechen, beneficiados por las distancias, de las variadas ofertas que presentan estos institutos de educación superior.  

Por otro lado, entre los terciarios de gestión pública, el director del Instituto de Educación Superior N° 7, Daniel Guzmán, admitió que "el contexto es complejo y el Instituto no escapa a esta realidad, donde observamos mucho disgusto de los trabajadores en el plano salarial, dado que los aumentos no están en sintonía con la inflación, y si bien en la votación gremial se impuso la moción del acuerdo, todos sabemos que la situación sigue siendo complicada. Al docente lo afecta en lo anímico y en lo material, porque muchos están por debajo de la línea de la pobreza; y también se percibe la misma preocupación entre los estudiantes, muchos de ellos con serias dificultades económicas y hasta con problemas psicológicos en este marco de alta incertidumbre". 

Con respecto a los gastos de mantenimiento, señaló el directivo del IES N° 7: "Tenemos dificultades porque el Instituto, que cuenta con 11 carreras gratuitas, es muy grande, con 47 divisiones. Recibimos una partida mensual para gastos de funcionamiento, pero no alcanza, sobre todo con la inflación que afectó todos los rubros. De todos modos, contamos con una Cooperadora eficiente que nos ayuda a transitar esta etapa, desde la faz administrativa, hasta  la compra de productos de limpieza, por ejemplo, que influyen mucho en un edificio que abarca una manzana entera más un anexo".

En cuanto a inversiones en lo edilicio, "tenemos el apoyo desde el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Regional, al igual que la ayuda del gobierno municipal y de instituciones locales, con lo cual, si bien la situación es compleja, la venimos peleando y hasta el momento vamos por el buen camino", cerró Guzmán.

(Por Mariela Goy) - "Si no se consiguen más fondos, las opciones son dejar de hacer actividades críticas y estratégicas o desprendernos de algunos activos que forman parte de nuestro patrimonio". Sin vueltas, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, planteó la encerrona en la que se encuentra el sector universitario de mantenerse en el tiempo esta situación de falta de actualización de aportes nacionales.

La advertencia surge de una declaración suya en la última sesión del Consejo Superior -máximo órgano deliberativo de la Universidad-, en la que planteó que "para mantener el funcionamiento operativo de la UNL, ajustado a las restricciones del momento, necesitamos que, además del esfuerzo de triplicar nosotros el aporte a través del propio producido y de proyectos o programas externos, el Estado nacional actualice las partidas para funcionamiento, que están a los mismos valores que en enero de 2023".

Para decirlo de otro modo: si esto no sucede, es decir, no se "triplican" los fondos que pueda conseguir la UNL por sus propios medios y el Gobierno nacional no refuerza las partidas para funcionamiento, queda el camino de reducir actividades o bien liquidar bienes. "También se pueden suspender obras, por ejemplo", añadió, y aclaró que "si bien no son definiciones a tomar en lo inmediato, son cuestiones que podrían pasar".

Enrique Mammarella, rector de la UNL, viene advirtiendo hace tiempo que la situación de la casa de estudios se torna crítica. Crédito: Archivo / Manuel Fabatía

"No significa necesariamente pensar que vamos a vender el edificio del Rectorado", aclaró. Esos "activos" de los que habla Mammarella pueden ir "desde la propiedad intelectual, genética animal o vegetal, una instalación o hasta una propiedad", especificó en diálogo con El Litoral.

El rector aseguró que a lo largo de su historia y para poder llevar adelante un crecimiento territorial y un reacomodamiento en función de definiciones estratégicas, la universidad fue ejecutando cambios en sus bienes inmuebles. "Ha ido, a lo largo de todo su tiempo, vendiendo o cambiando parte de su patrimonio en un lado, para ir creciendo en otro lado. En ese marco, siempre está trabajando y siendo más eficiente en el uso del espacio físico y fundamentalmente también en el uso de los recursos", remarcó.

"Si se mira cuál era la proyección de la universidad en edificios en los años '90, hay muchos de ellos que hoy no los tiene. Pero también hoy la Universidad ha crecido en otros inmuebles y eso se ha dado como parte de la evolución típica del patrimonio. Entonces, hay un montón de edificios que se han vendido a partir del proyecto de seguir creciendo, de edificar una etapa, y eso implica también tener en cuenta qué se ahorra y qué se deja de ahorrar", amplió.

La semana pasada y, en la previa del paro docente universitario del 14 de marzo, el Gobierno nacional anunció un 70% de aumento para las universidades nacionales, pero sólo en concepto de gastos de funcionamiento, no para salarios, que representan el mayor porcentaje del costo que afrontan las casas de estudios.

Consultado al respecto, Mammarella advirtió que ese porcentaje de incremento de las partidas "no alcanza para cubrir lo que necesitamos en funcionamiento en el año". Y remarcó: "Hoy el 50% de los gastos de funcionamiento que nos envía el Estado Nacional, se invierte solo en la tarifa de energía eléctrica".

Además del pago de servicios, "hay que pensar en todo el mantenimiento, en el crecimiento edilicio que tiene la universidad, en el funcionamiento de los equipos y sus reparaciones, en las becas, en todos los insumos para los trabajos prácticos, en el mobiliario de las aulas, los laboratorios, y todos los programas que tienen que ver con la docencia, la investigación, la extensión y la cultura".

-¿Qué área estaría hoy en mayor peligro de no poder funcionar correctamente por la falta de fondos?

-No hablaría en términos de peligro. Lo que uno empieza haciendo es lo mismo que haría en cada una de nuestras casas: no llevar al día algunas cosas que tendríamos que hacer. Lo primero empieza a ser que lo urgente sea lo que nos mande, en vez de lo importante. Y eso es, de alguna manera, distraerse de necesidades como la de mantenimiento preventivo, de calibraciones, de que los equipos estén en las condiciones que correspondan, que tengan el service hecho, que pueda venir el personal técnico del exterior para ver el equipamiento científico. Entonces, pasado un tiempo, el no llevar esas cosas al día, terminan poniendo en riesgo el funcionamiento de la investigación, la calidad de la docencia y la extensión. Obviamente que hay algunas cuestiones que son más urgentes; de hecho el pago de servicios, por ejemplo, pero esas son cosas que nosotros estamos trabajando a todos los niveles.

Aquí lo más importante es aquello que no se ve en el mediano y largo plazo y que puede ser parar una línea de investigación o dejar de hacer alguna actividad que es crítica para mantener la calidad de la educación y fundamentalmente para que la universidad siga construyéndose como una posibilidad de generación de acciones y actividades que mejoren la calidad de vida de nuestra gente.

-¿Se viene son tiempos de "tapar agujeros", como se dice popularmente?

-Sí, son tiempos de "tapar agujeros". En ese esquema, en la toma de decisiones, nosotros hemos elaborado un presupuesto que está en consideración del Consejo Superior, ajustado a los tiempos que corren y a las necesidades de este tiempo difícil que nos toca. Tiene las actividades necesarias que nosotros consideramos que son críticas e importantes para que la universidad funcione con calidad. Ese presupuesto no nos alcanza con los fondos que la universidad consigue y en forma complementaria al Presupuesto que el Estado Nacional aporta. Para eso necesitamos que el Estado Nacional a través del Ejecutivo o a través del Congreso, actualice nuestra partida de gasto de funcionamiento. Aquí lamentablemente el mayor problema es tener que tomar las prioridades en el día a día y no en forma coordinada y pensada, que es como mejor lo podemos hacer las universidades.

-¿Qué va a pasar con la segunda etapa del Aulario de la Costanera Este?

-En lo que respecta a obras, estaba planteaba la segunda etapa del Aulario, pero en este momento su ejecución está suspendida, no hay avances porque no ha habido definiciones aún del Estado Nacional respecto de qué va a pasar con las obras. Esta en particular está financiada a través de un crédito internacional, de un programa de la CAF con contraparte del Estado argentino, y no tenemos noticia de cómo va a seguir. Tampoco están todavía designados los funcionarios que deberían encargarse del tema, con lo cual todo lo que se ha hecho hasta la fecha, está trabado administrativamente: el Poder Ejecutivo no ha hecho pagos de certificados de obra ni tampoco ha trabajado en una readecuación de los presupuestos.

También hay firmado un convenio a través de presupuesto nacional para construir residencias estudiantiles en la Escuela Granja y ese directamente no ha sido licitado, con lo cual obviamente entendemos que no va a empezar durante esta gestión.