La discusión legislativa sobre el sobreendeudamiento llega este martes a un momento decisivo con un dato que endurece el diagnóstico: la mora por fuera de los bancos ya alcanza a uno de cada tres préstamos otorgados.

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de Diputados fueron convocadas para las 14 con el objetivo formal de emitir dictamen sobre la multiplicidad de proyectos vinculados al sobreendeudamiento que se vienen tratando durante las últimas dos semanas luego del emplazamiento, con exposiciones de economistas, bancos, especialistas y asociaciones.

Previo a la reunión, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) emitió un informe en el que calculó que a julio el 33,9% del crédito familiar otorgado por proveedores no financieros estaba en situación irregular, frente al 7,3% registrado en noviembre de 2024. Mientras que entre las entidades financieras, el indicador pasó en igual período de 2,5% a 13%.

El Banco Central, en tanto, ubicó en su último informe sobre Bancos que la mora de las familias en julio se ubicaba en 12,9% con las entidades financieras, mientras entre las empresas fue de apenas 3,6%. El organismo informó, además, que el crédito destinado al consumo se redujo durante ese mes.

El mayor deterioro aparece por fuera de las entidades financieras tradicionales, cuyos proveedores no son exclusivamente billeteras virtuales, ya que incluyen también emisoras de tarjetas no bancarias y empresas de financiamiento, aunque las fintech forman una parte importante y creciente de este mercado.

El BCRA ya había advertido que la irregularidad había alcanzado en el segundo semestre de 2025 al 26,9% de la cartera de prestamistas, y trepaba al 34,1% en préstamos personales. Ahora, CEPA extiende esa serie hasta julio mediante información de la Central de Deudores y lleva el indicador general al 33,9%. El salto equivale a 26,6 puntos porcentuales desde noviembre de 2024.

El Banco Central señala que las entidades conservan niveles elevados de liquidez y capital y que las previsiones cubrían 87,6% de la cartera irregular. La tensión está concentrada mucho más claramente del lado de quienes deben pagar. Motivo que derivó en la discusión en el Congreso.

El informe del CEPA dimensiona el alcance social de la mora. La distribución por edades arroja cerca de 5,9 millones de personas con alguna deuda irregular. De ellas, 4.185.913 tienen entre 25 y 54 años, equivalentes al 70,7% del total.

El mayor monto atrasado se concentra entre los 35 y 44 años: $4,64 billones, 30,6% de toda la deuda irregular relevada. De ese volumen, $3,20 billones corresponden a entidades financieras y $1,43 billones al universo no bancario utilizado en el estudio.

La magnitud ya había aparecido durante las audiencias legislativas. Alejandra Fernández Scarano, del CEPA, señaló ante los diputados que cuando se habla de alrededor de seis millones de personas “evidentemente es un problema macroeconómico”.

El último informe del CEPA vincula el deterioro con una pérdida del ingreso real y sostiene que durante una primera etapa el endeudamiento permitió amortiguar esa caída. La interpretación se sustenta en distintos indicadores: los salarios privados registrados crecen menos que la inflación y el aumento de los servicios que reduce el poder adquisitivo mensual afectando los datos de consumo.

En ese sentido se expresaron algunos de los expositores en Diputados. Claudio Montiel, director de Zentrix, afirmó que 60,2% de los consultados había tomado alguna deuda en los seis meses anteriores para llegar a fin de mes y que alrededor de tres cuartas partes la destinó a alimentos, salud, tarifas y otros gastos básicos.

El BCRA, por su parte, indicó en el informe de Bancos que después de una expansión durante 2024 y 2025, se registró en julio una caída real del crédito total y una contracción específica del financiamiento destinado al consumo.

Esa transición atraviesa también la discusión que deberá intentar sintetizar Diputados.

Sebastián Barocelli, especialista en Defensa del Consumidor, definió el sobreendeudamiento como una problemática “multicausal” y planteó combinar herramientas preventivas con mecanismos de conciliación para renegociar deudas, reglas sobre cobranzas extrajudiciales y principios de crédito responsable.

Desde las entidades bancarias introdujeron otro argumento. Javier Bolzico, de ADEBA, advirtió que refinanciaciones compulsivas o intervenciones sobre contratos podrían afectar el desarrollo del crédito, mientras Paz Adrogué, de ABA, sostuvo que una regulación demasiado rígida podría terminar provocando “menos crédito, más caro y más exclusión financiera”. Cámara de Diputados de la Nación

Son posiciones diferentes frente a una misma tensión: cómo ofrecer una salida a quienes acumularon deudas que ya no consiguen atender sin bloquear el financiamiento futuro para hogares que todavía dependen de él. El deterioro de julio agrega presión a esa discusión. La mora continúa en niveles extraordinariamente altos mientras el crédito de consumo comienza a retroceder, un escenario en el que el problema ya no pasa solamente por cuánto se endeudaron las familias sino por cuánto ingreso disponible les queda para volver a pagar.

La caída de los ingresos dejó de ser un problema coyuntural derivado de las medidas de ajuste aplicadas para estabilizar la economía. Lejos de dar paso al crecimiento y a una recuperación del poder adquisitivo, se convirtió en un problema estructural que generó un desequilibrio macroeconómico al que el Gobierno insiste en restar importancia como es el sobreendeudamiento de las familias argentinas.

Así, el 76% de las personas endeudadas recurrió al crédito para pagar alimentos, salud, tarifas y servicios. Cerca de la mitad de los argentinos se queda sin recursos antes del día 15 y uno de cada cuatro, antes del día 10. Además, el 60,2% tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses; el 37,6% califica su situación económica como mala o muy mala, y el 59,4% evalúa de la misma manera la economía del país.

Estas son algunas de las conclusiones del relevamiento que Zentrix Consultora realizó en agosto y publica mensualmente en su Monitor de Opinión Pública (MOP). El estudio también muestra que la mayoría de los argentinos está lejos de percibir la estabilización de precios que sostiene el Gobierno: el 65,8% afirma que la inflación informada por el Indec no refleja adecuadamente los aumentos que enfrenta en su vida cotidiana, y el 81,2% señala que sus salarios no le ganan a la inflación.

Según el relevamiento de Zentrix, el 65% de los argentinos se queda sin plata antes del día 20; el 44,4%, antes del día 15, y el 12,2% ni siquiera llega al día 5. La brecha social es marcada: en la clase baja, el 87,6% se queda sin ingresos antes del día 20, frente a solo el 7,3% en la clase alta. La diferencia por edad es menor, aunque también significativa: el 83,3% de los jóvenes de 18 a 39 años no llega al día 20, contra el 60,3% de los mayores de 60.

La medición de Zentrix revela un cambio relevante en el orden de las principales preocupaciones. Por primera vez en varios meses, la corrupción deja de ocupar el primer lugar (pasa al cuarto) y es desplazada por los ingresos y salarios (50,1%), la incertidumbre económica (49,8%) y el desempleo (40,9%). En cambio, la inflación queda última entre las diez opciones relevadas (12,7%). Este panorama también se refleja en las expectativas para los próximos doce meses, dominadas por la incertidumbre y la angustia.

Los datos de la consultora se reflejan también en el aumento de la morosidad, uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad argentina. Este fenómeno responde a la caída de los ingresos desde diciembre de 2023 y al encarecimiento de los servicios públicos, cuyos aumentos superaron ampliamente los índices de inflación difundidos por el Gobierno, que gran parte de la población considera alejados de su experiencia cotidiana.

Según un informe de Patria Grande, el 26,9% de las personas endeudadas está en mora. Esto equivale a 5,6 millones de los 20,6 millones de deudores, quienes registran al menos una línea de crédito con pagos atrasados. A su vez, el 16,8% —unos 3,4 millones de personas— acumula demoras de un año o más y está clasificado como “irrecuperable”.

El informe de Patria Grande señala que, en julio de 2026, había 1,7 millones más de deudores morosos que un año antes. Las mayores dificultades de pago se concentran entre quienes adeudan montos menores: la mitad de las personas clasificadas como “irrecuperables” debe $77.900 o menos.

Mauro L. Muñoz - Gustavo Ocampo

Pablo Farías, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, pidió que el Gobierno nacional haga uso de herramientas para evitar que los aumentos dificulten la atención en discapacidad, las deudas comprometan a las familias, la presión fiscal asfixie a pequeñas y medianas empresas y que la falta de infraestructura limite el desarrollo de las provincias.

El diputado nacional por Santa Fe, integrante del bloque de Provincias Unidas, habló en Primera Mañana, por CyD Litoral, después de que la Cámara baja aprobara emplazamientos para acelerar la prórroga de la emergencia en discapacidad y las iniciativas sobre morosidad familiar.

La sesión del 9 de septiembre dejó un cronograma concreto. Diputados aprobó por unanimidad que Discapacidad y Presupuesto y Hacienda se reúnan el 16 y 23 de septiembre para tratar la extensión de la emergencia hasta fines de 2027, mientras Finanzas y Defensa del Consumidor fueron emplazadas para abordar el endeudamiento los días 15, 22 y 29. Hay 50 proyectos en consideración.

Farías destacó primero el dato político. “No solo hubo quórum, sino que estuvieron todos los bloques presentes y las dos resoluciones que aprobamos las aprobamos prácticamente por unanimidad”, señaló. Para el legislador, ese acuerdo permite pensar en dictámenes rápidos.

Sobre discapacidad, sostuvo que la continuidad del régimen resulta indispensable porque “es evidente que es necesario extenderla por lo menos un año más”. Aunque cuestionó la actualización de las prestaciones, consideró que la emergencia permite garantizar el presupuesto para sostenerlas.

El segundo frente es más amplio. En Diputados se acumularon iniciativas para atender una morosidad que se acumuló en los hogares argentinos y que, según Farías, ya impacta sobre el consumo. Pero marcó un límite respecto del alcance de la respuesta estatal.

“El consenso mayoritario no tiene que ver con que el Estado vaya y recupere esas deudas, es decir, que ponga plata y le pague las deudas a todos los ciudadanos”, explicó. La búsqueda, dijo, pasa por “encontrar a través de los mecanismos que tiene el sistema financiero facilidades mayores de pago”, con extensión de plazos, tasas razonables y límites que eviten abusos.

Farías puso el foco en quienes tomaron créditos bajo un escenario que luego cambió. “Son personas que legítimamente han contraído deudas, han accedido a créditos con una expectativa quizás distinta que después no se vio reflejada en la realidad y hoy tienen grandes dificultades para pagar esas cuotas”, describió.

Desde allí trasladó la discusión al sector productivo. Como presidente de la comisión Pyme, Farías impulsa junto a otros legisladores un proyecto para estabilizar y reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas, girado a Pymes, Finanzas, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda.

“El sector pyme es el más golpeado de la economía”, afirmó. Y añadió: “La gran mayoría de las empresas de nuestro país son pymes y son las responsables de la mayor cantidad de puestos de trabajo registrados”.

La urgencia, en su diagnóstico, tiene hoy un nombre concreto: ARCA. Farías cuestionó una política de cobro que calificó de “excesivamente agresiva” frente a empresas con problemas de financiamiento y advirtió que la traba de embargos puede paralizar la actividad.

“Necesitamos suspender rápidamente esos embargos y también pensar en planes que permitan acceder a las empresas a un alivio en términos fiscales”, planteó. Para el diputado, resignar recaudación en lo inmediato puede evitar un daño mayor: “Empresa que cierra, empresa que se cae, obviamente es un aportante menos al fisco”.

Farías contrapuso esa situación con las políticas aplicadas por el Gobierno de Santa Fe. Mencionó subsidios de tasa para capital productivo, alivios tributarios, facilidades de pago y herramientas asociadas a la generación de empleo como ejemplos de una intervención que, sostuvo, no supone regresar a una economía cerrada.

“Acá también se trata de establecer una contradicción: que si no adherimos al actual modelo del Gobierno nacional, retrocedemos y tenemos que ir a un modelo de intervención estatal total. Nadie está planteando esto”, sostuvo.

Su cuestionamiento apunta al sesgo de las prioridades nacionales. Reconoció que el Gobierno promovió hidrocarburos, minería y producción agropecuaria mediante regímenes favorables, pero reclamó incorporar a la industria en esa planificación.

“No podemos pensar un país que solamente se desarrolle a través de la explotación de hidrocarburos, la minería y ni siquiera solamente a través de la producción o venta de productos agropecuarios”, afirmó. “Es un país que tiene un fuerte perfil industrial, descuidado durante muchos años, pero que hoy se ve fuertemente amenazado”.

La próxima pelea será presupuestaria. Farías anticipó que Provincias Unidas reclamará que el Presupuesto 2027 contemple las necesidades provinciales y puso a la infraestructura en el centro.

“Tenemos nuestras rutas totalmente destruidas”, afirmó. Si bien reconoció el avance del sistema de concesiones, cuestionó su alcance: “El plan de concesiones viales que está impulsando el Gobierno alcanza solo a 9.000 kilómetros de rutas nacionales cuando debe atender 40.000”.

“No hay desarrollo posible sin infraestructura”, sentenció. “El país necesita ampliar la red vial, mejorarla y mejorar su transitabilidad para tener un modelo económico de desarrollo real. Por lo tanto, nosotros vamos a estar reclamando eso también en el Presupuesto nacional”.

Por una vez, los empleados públicos provinciales sufrieron lo que tantas veces les ha pasado a trabajadores de empresas privadas: la tarjeta de crédito venció a los agentes del Estado santafesino antes de cobrar sus salarios, y todo sucedió en el mismo banco. El tema fue parte de los debates que, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, mostraron posiciones de los distintos bloques frente a asuntos que tiene al gobierno nacional como principal protagonista.

El cuerpo de 50 bancas aprobó con una sólida mayoría pronunciamientos sobre el problema del endeudamiento de las familias argentinas para cubrir gastos domésticos que hoy se han vuelto de morosidad estructural, de las política de género que se extinguieron con el inicio de la gestión libertaria y de otros ajustes nacionales que muestran como se dividen las aguas en Santa Fe.

En Unidos, cada uno de estos temas mostró a socialistas y radicales de un lado (unos con discursos más duros que otros) y a los miembros del Pro del otro. Al momento de votar resoluciones y declaraciones sobre tópicos en los que la Casa Rosada es responsable, el macrismo santafesino quedó del mismo lado que otras expresiones más a la derecha, como es el caso de los diputados de origen celeste.

En es contexto, lo que sucedió con las cuentas de los empleados públicos provinciales, que primero debieron afrontar sus gastos realizados con la tarjeta de crédito y pudieron cobrar recién unos días después, brindó a unos y otros la oportunidad de tomar posiciones frente a la morosidad de los hogares y al comportamiento de las entidades crediticias.

La socialista Gisel Mahmud propuso que la Cámara organice una jornada de debate sobre los el problema del endeudamiento, así como de las plataformas digitales y las entidades bancarias que ofrecen créditos sumamente accesibles, en apariencia. Su resolución se aprobó con votos en contra del Pro y los diputados que accedieron a su banca en 2023 (o antes) junto a Amalia Granata.

La diputada aprovechó para reprocharles a sus pares que recién en ahora habían votado su proyecto de ley (que ciertamente perdió estado parlamentario tres veces) para promover la educación financiera, pero pretendió que con esta última se podría haber evitado el drama que vive el 13% de los usuarios formales del sistema financiero en Santa Fe.

Esa ida fue rechazada por radicales, socialistas y peronistas. Lucila De Ponti del justicialismo, con lógica impecable, argumentó: hace diez años, o veinte, no se hablaba de educación financiera y no existía este fenómeno de la morosidad familiar. Rechazó "el prejuicio de que se endeudan porque son ignorantes".

Desde el bloque del Frente Amplio por la Soberanía se aportaron datos duros: Santa Fe es el tercer distrito con más deudores en mora y el 70% de ellos es menor a 54 años. Nada menos que 264 mil santafesinos son considerados deudores "irrecuperables".

En igual dirección, Marcos Corach reivindicó el rol activo del Estado provincial y aseguró que "se puede hacer más". Puso como ejemplo la billetera Santa Fe durante la pandemia que "había paralizado toda la actividad económica".

El motivo, explicó, "es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios" y adelantó su voto positivo para el proyecto. Luego, Alicia Azanza, con argumentos iguales se abstuvo. Pero antes les espetó a los oficialistas: "¡¿Los sueldos de los policías endeudados, de los maestros, de dónde son?!".

Silvia Malfesi, celeste y libertaria, dijo que los legisladores "no tienen que convocar a jornadas de educación financiera, ni de debate, sino legislar" e invitó a actuar sobre "el 40% de impuestos provinciales y municipales que gravan los créditos", aseguró.

A la ronda la cerró Joaquín Blanco, desde el socialismo. Recordó las desventuras y el procesamiento por lavado de dinero que siguieron a la privatización del ex Banco Provincial, y elogió a la comisión investigadora que revisó aquella venta de la década del '90.

Reivindicó las gestiones hechas esta misma semana por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, ante la entidad bancaria oficial, y luego desde la izquierda se dijo algo que nadie negó: "no hay nada en el contrato de vinculación con el Estado provincial que obligue a que cada empleado público sea cliente". Una norma de se tipo, se recordó, ya había sido presentada por Malfesi.

Entre la Cámara de Diputados y la de Senadores suman casi 60 proyectos de ley relacionados con la problemática que por estos días ocupa buena parte de la atención pública y política: la morosidad, que se traduce en un alto nivel de endeudamiento familiar.

Tras la última sesión de la Cámara baja, una variopinta representación opositora pidió una sesión especial para el 9 de septiembre a fin de emplazar a las comisiones lideradas por La Libertad Avanza para que inicien el tratamiento de un tema que preocupa a millones de personas.

Al día siguiente se conoció la convocatoria de la comisión de Finanzas hacia la que tienen giro la mayoría de los proyectos presentados. El grupo está bajo la presidencia de Santiago Pauli (LLA-Tierra del Fuego) y recibirá la exposición de autores de las distintas iniciativas (34 figuran en el temario), de las cuales varias pertenecen a legisladores de Santa Fe. Entre ellos, Caren Tepp, Esteban Paulón, Diego Giuliano, Germán Martínez y Agustín Rossi.

Algunos proyectos tienen giro a la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, que lidera Hugo Yasky (UxP-Buenos Aires) y ya organizó jornadas para escuchar opiniones de organismos y damnificados por lo que se descuenta que no recibirán objeciones. Otros, los menos, deberá pasar por Presupuesto y Hacienda donde el presidente es Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires) que, al menos de momento, no fue convocada.

De todos modos, el objetivo de buena parte de los diputados es impulsar medidas que no impliquen un costo fiscal, de manera de no recibir el rechazo del gobierno que sostiene el principio de equilibrio fiscal por encima de todo compromiso, aún si fuera establecido por ley.

Todo esto ocurre mientras el presidente de la Nación Javier Milei consideró que el endeudamiento es un tema “entre privados”, concepto que fue ratificado este lunes por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien no cree “necesario” que el Estado intervenga, “porque cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor".

“La mora de la que vienen hablando ya empezó a bajar, esto es dato. Yo veo que detrás de algunas buenas intenciones está siempre un sector de la política tratando de buscar algún efecto desestabilizador", siguió el riojano, en línea con la postura del gabinete nacional.

Precisamente, en la provincia de los Menem, el gobernador Ricardo Quintela anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas financieras a través del banco provincial, destinadas a contener el endeudamiento de las familias.

La iniciativa, que se presenta bajo el marco de una emergencia crediticia por 180 días contra los denominados "abusos financieros", busca dar respuesta a la progresiva erosión en la capacidad de pago de los hogares, de acuerdo a lo replicado por la agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, Quintela expresó que “en un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”.

El programa de asistencia del Banco Rioja se compone de tres herramientas concretas.Por un lado, la entidad dispondrá una baja de 20 puntos en la tasa de interés de sus préstamos personales. El beneficio alcanzará tanto a la solicitud de nuevos créditos como a las refinanciaciones de pasivos de aquellos clientes que se encuentren al día.

Además, se establecerán condiciones especiales de regularización dirigidas de manera específica a las personas que acumulen un atraso de 90 días o más en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Por último, se implementará un plan de reestructuración para saldos de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco Rioja que permitirá financiar las deudas en hasta 36 cuotas mensuales con tasas fijas.

Esta iniciativa se suma a otras que adoptaron, con matices, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, CABA, Misiones, Corrientes, Chubut y Santa Cruz.

Los proyectos para abordar este tema en el Congreso se cuentan por decenas, incluyendo los de ley y sumando aquellos de declaración, comunicación y resolución.

No solo en la Cámara baja: en el Senado hay 7 iniciativas de ley, incluidas dos de autoría de otro santafesino, Marcelo Lewandowski (Justicialista); una establece un régimen especial de regularización y asistencia para personas físicas que se encuentren en situación de mora con deudas por tarjetas de crédito, y otra para modificar la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito y reducir tasas de interés.

De acuerdo a los datos difundidos en las últimas semanas, cerca de 20 millones de personas mantienen algún tipo de crédito o financiamiento formal, mientras que el 70% de la población considera que su nivel de endeudamiento aumentó significativamente durante el último año.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, casi cuatro de cada diez se encuentran en situación de mora, impulsados principalmente por el uso de créditos digitales y billeteras virtuales.

Según información del Banco Central, la morosidad del crédito al sector privado pasó del 1,6% en diciembre de 2024 al 5,5% un año después. En el caso de las familias, el salto fue todavía más pronunciado: del 2,5% al 9,3% en apenas doce meses.

Durante 2026 la tendencia continuó agravándose y los registros alcanzaron niveles superiores al 12%, los más elevados en décadas según diversos análisis económicos, de acuerdo a lo publicado por Parlamentario.com que realiza un pormenorizado relevamiento de los proyectos presentados en el Congreso Nacional.

La escena se repite todos los meses: llega el resumen de la tarjeta de crédito, el total parece imposible de afrontar y aparece una cifra mucho más pequeña bajo el concepto de “pago mínimo”.

En un contexto en el que los gastos cotidianos pueden ocupar buena parte de los ingresos, esa alternativa puede parecer una solución rápida.

El problema es que pagar el mínimo no elimina la deuda: transforma el saldo que queda pendiente en una deuda financiada que tendrá un costo adicional.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) explica que el titular puede pagar el total del resumen, un monto intermedio o solamente el mínimo. En los dos últimos casos, el saldo que no se cancela acumula intereses.

Por eso, aunque pagar el mínimo permite mantener la cuenta al día y evita los intereses punitorios que corresponden al incumplimiento, no es recomendable convertirlo en una práctica permanente.

La primera diferencia que conviene tener clara es sencilla: el pago mínimo sirve para evitar entrar en mora, pero no para cancelar la deuda.

Por ejemplo, si una persona recibe un resumen de $500.000 y el banco establece un pago mínimo de $75.000, pagar esos $75.000 evita que la cuenta quede impaga en los términos previstos. Sin embargo, los $425.000 restantes no desaparecen. Quedan financiados y generan intereses.

El ejemplo es solamente ilustrativo: el porcentaje del pago mínimo y las tasas cambian según la tarjeta, el emisor, el contrato y las condiciones vigentes.

El propio BCRA recomienda prestar atención a la tasa de interés compensatoria, la tasa punitoria, el monto del pago mínimo y las comisiones que pueda cobrar la entidad. Además, las entidades deben informar las condiciones de financiación.

Hay otro dato importante: si se paga el mínimo en la fecha correspondiente, la legislación establece que no corresponde aplicar intereses punitorios por ese motivo. El problema, entonces, no es que pagar el mínimo genere automáticamente una penalización por mora, sino que el saldo que queda pendiente continúa financiándose y tiene un costo.

Por eso, una de las trampas más frecuentes es mirar únicamente cuánto dinero hay que desembolsar ese mes y no cuánto terminará costando la deuda.

El pago mínimo puede resolver un problema de liquidez hoy y, al mismo tiempo, generar un problema mayor para el mes siguiente.

Un pago mínimo aislado no significa necesariamente que una persona haya perdido el control de sus finanzas. Puede ser una herramienta de emergencia ante un gasto extraordinario o un mes particularmente difícil.

El problema aparece cuando se convierte en una rutina.

Si después de pagar el mínimo se continúa utilizando la tarjeta para supermercados, combustible, servicios, ropa, delivery o compras cotidianas, el nuevo resumen puede combinar tres elementos: la deuda anterior financiada, los intereses generados y los nuevos consumos.

Así, la persona puede encontrarse frente a una situación paradójica: paga todos los meses, pero la deuda prácticamente no baja o incluso aumenta.

El BCRA advierte precisamente que no es aconsejable pagar únicamente el mínimo de manera permanente porque la deuda pendiente genera intereses crecientes.

La mejor forma de detectar si esto está ocurriendo es dejar de mirar solamente el importe del pago mínimo y observar tres números del resumen: saldo total, saldo financiado y costo de financiación.

Si durante varios meses el saldo total se mantiene o aumenta pese a los pagos realizados, es una señal de que el problema ya no es solamente de un mes difícil, sino de una deuda que necesita ser reorganizada.

La primera recomendación es no esperar hasta el día del vencimiento para revisar las alternativas.

Si el dinero no alcanza, conviene hacer una fotografía completa de la situación. Anotar cuánto hay disponible, qué gastos son imprescindibles y cuánto dinero queda comprometido en otras deudas permite saber cuánto se puede destinar realmente a la tarjeta.

Una estrategia útil es establecer un “monto máximo de deuda” para el próximo resumen. No se trata simplemente de decidir cuánto pagar, sino de decidir cuánto saldo se está dispuesto a financiar.

En ese cálculo hay que incluir alquiler, servicios, alimentos, transporte, medicamentos y otros gastos esenciales antes de destinar dinero a cancelar consumos de la tarjeta.

Si pagar el total deja la cuenta bancaria prácticamente en cero y obliga a volver a utilizar la tarjeta para cubrir gastos básicos durante los días siguientes, puede ser necesario analizar otra estrategia.

El objetivo no debería ser solamente cancelar un resumen, sino evitar que la deuda vuelva a generarse inmediatamente.

También conviene comparar el costo de financiar el saldo de la tarjeta con otras alternativas disponibles. No hay que asumir que un préstamo personal siempre será más barato ni que financiar con la tarjeta siempre será la peor opción. La comparación debe hacerse sobre el costo financiero total y las condiciones concretas de cada alternativa, no solamente mirando una tasa aislada.

El BCRA dispone de información sobre tasas de interés y recomienda revisar las condiciones de financiación antes de tomar una decisión.

Para una persona que ya cayó en el pago mínimo, una alternativa práctica es plantearse un objetivo de tres meses.

Primer mes: no aumentar la deuda. Si es posible, dejar de utilizar la tarjeta para nuevos consumos mientras se reduce el saldo financiado.

Segundo mes: destinar un monto fijo superior al mínimo para disminuir el capital pendiente. La clave es que el pago sea sostenible: debe poder repetirse sin volver a financiar los gastos básicos.

Tercer mes: revisar nuevamente el resumen y comprobar cuánto bajó realmente la deuda. Si el saldo disminuyó de manera significativa, mantener la estrategia. Si prácticamente no cambió, hay que buscar una solución diferente y comparar opciones de financiación.

El objetivo no es simplemente “pagar más”, sino conseguir que cada pago reduzca de manera efectiva la deuda.

1. Mirar solamente el pago mínimo.

Es el error más habitual. El número más pequeño del resumen no representa el costo total de la deuda.

2. Seguir usando la tarjeta como si nada hubiera pasado.

Si ya existe un saldo financiado, sumar nuevos consumos puede dificultar todavía más la cancelación.

3. Elegir financiación mirando únicamente la cuota.

Una cuota baja puede extender la deuda durante más tiempo. Antes de aceptar una financiación hay que conocer cuánto se terminará pagando en total.

4. No revisar el resumen.

Además del total y el mínimo, es necesario controlar consumos, cuotas, intereses, cargos y vencimiento. Si aparece un consumo que no se reconoce, corresponde reclamar ante el emisor. La normativa contempla mecanismos específicos para cuestionar gastos y desconocer consumos.

Cuando una persona está intentando salir de una deuda de tarjeta, reducir temporalmente su utilización puede ser una de las medidas más efectivas. No porque la tarjeta sea necesariamente mala, sino porque resulta difícil reducir un saldo mientras simultáneamente se siguen incorporando nuevos gastos.

Una opción es reservarla únicamente para determinados consumos planificados y utilizar otros medios de pago para los gastos diarios, siempre que eso sea compatible con el presupuesto familiar.

También es importante recordar que tener deuda no impide necesariamente dar de baja una tarjeta.

El BCRA señala que una persona puede solicitar la baja aun cuando existan consumos pendientes; las cuotas que queden por vencer continúan cobrarse según lo pactado, pero no deberían generarse nuevos cargos de mantenimiento por la tarjeta dada de baja.

En lugar de preguntarse solamente “¿cuánto tengo que pagar este mes?”, conviene cambiar la pregunta por otra: “¿cuánto de esta deuda seguirá existiendo después de que haga el pago?”

Ese cambio permite entender el verdadero funcionamiento de la tarjeta.

Pagar el mínimo puede ser una herramienta para atravesar un mes complicado y evitar la mora. Pero si se transforma en la forma habitual de pagar, puede convertirse en una puerta de entrada a una deuda cada vez más costosa.

La salida no consiste necesariamente en dejar de usar para siempre la tarjeta ni en cancelar todo de golpe a cualquier precio.

Consiste en conocer cuánto se debe, cuánto cuesta financiarlo, detener la acumulación de nuevos consumos cuando sea necesario y establecer un plan de pagos que pueda sostenerse.

En definitiva, el mejor momento para actuar sobre una deuda de tarjeta no es cuando deja de poder pagarse: es cuando aparece por primera vez la necesidad de pagar solamente el mínimo.

Ese puede ser el primer dato de alerta para revisar las cuentas y evitar que un problema de liquidez de un mes termine convirtiéndose en una deuda que se arrastre durante mucho tiempo.

Más de 30 proyectos, propiciados por distintos bloques políticos, fueron presentados en las cámaras del Congreso para abordar la problemática de los altos niveles de endeudamiento que se registran un buena parte de los hogares argentinos, y el incremento en los índices de morosidad.

En términos generales, los impulsores de estas iniciativas apuntan que, por efecto del deterioro de los ingresos y el incremento en el costo de vida el universo de los créditos al consumo asumió un cariz diferente y alarmante.

Argumentan que las tarjetas de crédito y los microcréditos otorgados por proveedores no financieros o billeteras digitales dejaron de ser un instrumento de consumo extraordinario para convertirse en un paliativo recurrente destinado a cubrir gastos de primera necesidad: compras de alimentos en el supermercado, pago de medicamentos en farmacias y facturas de servicios públicos.

Más de 30 proyectos esperan tratamiento en el Congreso de la Nación. Fernando Nicola

En tal sentido, se basan en que los informes oficializados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan un incremento paulatino pero persistente en el incumplimiento de pago de las deudas familiares. La mora en préstamos al consumo alcanza niveles que encendieron las alertas tanto en el sector público como en el sistema bancario privado.

A su vez, relevamientos de consultoras privadas e instituciones académicas —como el reciente informe de la Fundación Pensar— advierten que “el peso de la deuda sobre los presupuestos de los hogares alcanzó niveles máximos en dos décadas”.

Según un reciente informe de Management & Fit, más del 50% de las familias argentinas asegura atravesar alguna dificultad en materia de ingresos que, en más de la mitad de los casos, les impide llegar a fin de mes. En ese escenario, un 71,9% de esos hogares se ve obligado a tomar alguna clase de endeudamiento, tanto en el sector financiero formal como el informal.

Al mismo tiempo, más de la mitad de esos préstamos no tiene como objeto satisfacer algún consumo o emprendimiento sino que está destinado al gasto corriente.

La combinación de elevadas tasas de interés, refinanciaciones sucesivas y la proliferación de costos administrativos no transparentes provocó una espiralización de pasivos en familias cuyos ingresos brutos no logran equiparar el costo de la Canasta Básica Total.

Entre los autores de los proyectos se encuentran la diputada Gabriela Estévez (Unión por la Patria), quien impulsa el Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, y los diputados Natalia Zaracho, Leonardo Grosso (ya ex legislador) y Mónica Macha, hoy senadora bonaerense.

También presentaron iniciativas los diputados Germán Martínez, Pablo Carro, Guillermo Michel, Pablo Juliano (Provincias Unidas) y la senadora Juliana Di Tullio, entre varios otros. Todas las propuestas comparten la preocupación por el sobreendeudamiento de los hogares y el impacto social de las ejecuciones y reportes negativos en los registros crediticios.

Los proyectos incorporan mecanismos como la condonación parcial de intereses, la suspensión de embargos y ejecuciones, la creación de procedimientos administrativos gratuitos y la posibilidad de limpiar el historial crediticio una vez cancelada la deuda. Se promueve la intervención estatal como regulador, sin que el Estado asuma el financiamiento directo de las soluciones.

En las iniciativas, la responsabilidad principal recae sobre el sistema financiero, al que se le exige asumir parte del costo mediante quitas, límites a los intereses y provisiones contables ya constituidas.

“El Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”, afirmó el diputado entrerriano Guillermo Michel, autor de un proyecto para generar una estrategia de créditos blandos desde Ansés.

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Archivo El Litoral

Por su parte, Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para crear el "régimen de protección y defensa de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento en el sistema de crédito". Y argumentó que "la morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente".

Aunque las propuestas provienen de espacios políticos con visiones económicas heterogéneas (Unión por la Patria, la Izquierda, bloques federales como Provincias Unidas e Innovación Federal, y sectores del radicalismo), existen pilares conceptuales donde convergen la mayoría de las iniciativas:

- Prohibición del anatocismo e intereses punitorios desmedidos: La eliminación o limitación estricta de la capitalización de intereses y recargos desproporcionados que multiplican el saldo adeudado original.

- Mecanismos de reestructuración y mediación: Creación de instancias administrativas o judiciales de mediación obligatoria entre el deudor de buena fe y las entidades financieras.

- Inembargabilidad de fondos mínimos de subsistencia: Garantía de inembargabilidad para las cuentas sueldo y billeteras de pago asociadas a ingresos familiares de subsistencia.

- Cese de conductas abusivas de cobro: Prohibición explícita a las agencias de cobranza de incurrir en hostigamiento, intimidación o contacto con terceros ajenos a la relación crediticia.

-Evaluación de solvencia previa (Crédito Responsable): Obligación legal para los prestadores de verificar la capacidad real de pago del usuario antes de otorgar financiamiento automático, evitando la sobreoferta de crédito a sectores vulnerables.

A pesar de las coincidencias en la necesidad de intervención, las propuestas se diferencian sustancialmente en el grado de asistencia estatal, los mecanismos de quita y el ámbito de aplicación, y van desde propuestas de condonación para los hogares con menores ingresos y tasas subsidiadas, hasta la educación financiera en el nivel secundario y patrocinio legal gratuito.

Mientras las comisiones de Defensa del Consumidor de la Cámara baja analizan la unificación de proyectos, el tratamiento parlamentario enfrenta importantes resistencias políticas y operativas.

Desde el Poder Ejecutivo y los sectores alineados con La Libertad Avanza se argumenta que la fijación de topes a las tasas o la alteración retroactiva de contratos crediticios incrementará la tasa de riesgo, restringirá aún más la oferta bancaria e impulsará a las familias vulnerables hacia el mercado informal de préstamos.

Por su parte, las cámaras del sistema financiero privado señalan que una regulación compulsiva puede minar la sostenibilidad del crédito privado y generar incertidumbre jurídica.

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, expresó: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”.

El empresario afirmó que “al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”.

Sin embargo, desde la oposición replican que la mora masiva trasciende el ámbito de las relaciones contractuales privadas y configura una problemática económica sistémica que paraliza la demanda agregada y afecta el consumo básico. La discusión, que aún no logra dictamen de comisión en el recinto, promete mantenerse en el centro de la agenda legislativa durante el período ordinario.

La Legislatura completó la sanción de dos leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a tomar deuda por 1.150 millones de dólares aunque con realidades diferentes. El crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de 150 millones ya fue concedido mientras que la posibilidad de emitir hasta 1.000 millones deberá atravesar un largo periplo administrativo para concretarse.

El peso del tratamiento de ambos mensajes del Poder Ejecutivo corrió por cuenta de la Cámara de Diputados ya que el Senado había aprobado ambos temas por unanimidad. Sin embargo, la Cámara Baja introdujo dos modificaciones al mensaje sobre la emisión de deudas por lo que el expediente volvió a la Cámara Alta que en pocos minutos lo convirtió en ley.

En Diputados, sobre el tema CAF hubo acompañamiento de gran parte del arco político. Solo votaron en rechazo los dos diputados de Somos Vida y Familia así como Natalia Armas Belavi mientras que Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) optó por la abstención. Unidos, los diferentes espacios justicialistas y el Frente Amplio por la Soberanía acompañaron con el voto.

Este crédito está destinado al financiamiento del llamado programa integral de logística urbana y metropolitana del Gran Rosario. El préstamo tendrá una tasa del 6% con un plazo de amortización de 18 años con 66 meses de gracia.

En cambio, hubo un amplio e interesante debate acerca del pedido del Poder Ejecutivo para realizar operaciones de crédito público por hasta la suma de U$S 1.000.000.000 con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la Administración Provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Tras negociaciones internas en Unidos, en Diputados, el oficialismo introdujo dos modificaciones al texto venido del Senado. Por un lado, precisa que el monto autorizado que se utilice para gastos de capital, será destinado en un cincuenta por ciento (50%) a gasto de capital en infraestructura productiva, en un veinticinco por ciento (25%) a gasto de capital en infraestructura social y, en el veinticinco por ciento (25%) restante a gasto de capital en seguridad pública.

La otra modificación apuntó a integrar en el ámbito de la Legislatura de una Comisión Bicameral permanente de Coordinación y Control de la Gestión y Ejecución del endeudamiento autorizado y que estará compuesta por cinco senadores y cinco diputados. "La Comisión podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus fines", agrega el artículo.

Con esos cambios, Unidos dio dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y luego en Asuntos Constitucionales y logró la habilitación del tratamiento sobre tablas de ambos despachos. El justicialismo no acompañó ni el tratamiento sobre tablas ni la aprobación del texto marcando claramente diferentes en cuenta al monto, oportunidad y camino elegido. Lo hizo especialmente a través de Walter Agosto y Omar Perotti sumando las voces de Marcos Corach y de Lucila De Ponti. Tampoco votaron Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar ni el Frente Amplio por la Soberanía que sí respaldo el tratamiento sobre tablas. Unidos más bloques aliados lograron 30 votos favorables contra 13 de rechazo.

Jimena Senn, Joaquín Blanco, Mariano Cuvertino, Dionisio Scarpin, Rubén Galassi y José Corral fueron las voces oficialistas defendiendo la decisión de salir a buscar capitales para avanzar con la necesidad de infraestructura que tiene la provincia.

Las otras voces opositoras que se escucharon contra el proyecto fueron las de Carlos Del Frade, Silvia Malfesi, Argañaraz y Armas Belavi aunque con diferentes miradas.

El justicialismo puso el acento en el monto de la deuda, la oportunidad de salir al mercado y la falta de ensayos de otros caminos para buscar financiamiento, no son dejar de mencionar las autorizaciones que tiene hoy el Poder Ejecutivo en la ley de Presupuesto y en otra ley especial. Agosto señaló que son 630 millones de dólares autorizados más el remanente que tiene la provincia de los títulos del pago de la deuda de Nación y que -subrayó- equivalen a 570 millones de dólares. La otra fuerte imputación que hizo el justicialismo fue la falta de precisión de las obras a financiar con ese dinero. El ex ministro Agosto en una exposición económica y política también cuestionó la autorización para canjear la deuda emitida oportunamente. "No hay apuro, ni hay justificación para emitir esta deuda" marcó.

Luego, fue Perotti quien pidió que no corran a su bancada en que no quiere obra pública ni autoriza endeudamiento y lamentó que no haya podido haber un acercamiento con el gobierno. "No entiendo el apuro; no entiendo como no ensayan otros caminos. No generamos dólares y cada vez que se produce una devaluación necesitamos más pesos para comprar los dólares para pagar la deuda", subrayó. No dejó de recordar que su administración no defaulteó la deuda como aconsejaba el gobierno nacional de entonces y eso pone en valor a la provincia de Santa Fe en los mercados externos.

"El oficialismo debió realizar mayores esfuerzos para consensuar este proyecto" destacó Perotti quien antes admitió las dificultades de su gestión por la pandemia y la mayor sequía padecida por la provincia.

Las voces oficialistas, en cambio, valoraron la solidez financiera de Santa Fe, la decisión de avanzar con el plan de infraestructura para equilibrar la provincia. "Santa Fe tiene cultura de responsabilidad de cumplir sus compromisos" destacó Blanco. Scarpin valoró el significado multiplicador de la obra pública y necesidades que tiene el norte; Galassi comparó el nivel de endeudamiento con otras provincias mientras que Corral ponderó la responsabilidad de los gobiernos, mencionando especialmente a Antonio Bonfatti y Perotti, ambos diputados, y recordó que Pullaro lo primero que atacó son los déficits para hacer una provincia más solvente.

Los términos financieros de las operaciones de crédito público autorizadas por hasta mil millones de dólares deberán ajustarse a los siguientes parámetros:

* Tipo de deuda: directa, externa y/o interna.

* Plazo mínimo de amortización: dos años.

* Plazo máximo de amortización: doce años.

* Tasa de interés: podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero para operaciones comparables.

El texto sancionado designa al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación facultándolo para dictar normas complementarias, reglamentarias y/o aclaratorias, incluyendo todas las reglamentaciones pertinentes que establezcan las formas o condiciones a las que deberán sujetarse las operatorias autorizadas en el marco de la presente ley.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, defendió el pedido de endeudamiento por U$S 1.000 millones de dólares que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, dijo que las condiciones actuales para tomar un préstamo son muy favorables para el país aunque dejó abierta la puerta para no hacerlo si estas cambian y aseguró que el sistema productivo provincial necesitaría U$S 8.000 millones de inversiones en infraestructura "para que esté acorde para los tiempos que corren".

"Santa Fe tiene que tener una infraestructura productiva mucho mayor. El año pasado invertimos 500 millones de dólares y este año vamos a invertir 1.500 millones de dólares. En la historia Santa Fe invirtió con recursos propios esos fondos, y si logramos tener 1.000 millones más aceleramos el proceso. La provincia necesita mejores rutas, más energía, principalmente gas para los domicilios pero también para las industrias, para bajar los costos de producción, necesitamos que las industrias tengan la potencia eléctrica suficiente para poder instalarse y producir, necesitamos conectividad", enumeró el gobernador.

"Argentina hoy se desarrolla a través del campo, la industria, la tecnología, la bioenergía y la biotecnología, pero también con la minería porque va a salir por los puertos de la provincia y tenemos que estar preparados porque va a generar trabajo, pero para eso necesitamos estructura, infraestructura, necesitamos rutas, energía, necesitamos estar preparados. Entonces, aceleramos el proceso", explicó mientras ingresaba a la ceremonia de entrega de diplomas a convencionales constituyentes.

"En mi gestión quiero invertir con recursos propios por U$S 4 mil millones en infraestructura, pero si tengo 1.000 millones más de endeudamiento mejor. Recordemos que Santa Fe es la provincia menos endeudada del país. Con eso generamos crecimiento económico y trabajo en toda la provincia. Además, la ventana de oportunidad para tomar endeudamiento es este momento porque bajó la tasa de interés a nivel internacional, bajó el riesgo país y bajó la inflación. No hay mejor momento en función de lo que vivimos los últimos años para tomar crédito para hacer obras que van a disfrutar las próximas generaciones", destacó el primer mandatario.

Respecto de si el gobierno nacional les va a dar el aval que necesitan para endeudarse en el exterior, Pullaro dijo que van a seguir charlando con los funcionarios nacionales y aseguró que, una vez aprobada la ley y conseguido el OK de Nación, va a salir a buscar la plata. "Si las condiciones no son las que entendemos que son las mejores para la provincia, no vamos a tomar el crédito", dijo.

Maximiliano Pullaro este jueves en el Museo de la Constitución. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe

"Se está arreglando la macroeconomía. Tenemos serios problemas con la industria que lo reclamamos permanentemente y tenemos problemas con la economía doméstica. La verdad que a la gente no le alcanza la plata para llegar a fin de mes y hay que empezar a mirar eso. Pero todo lo que hacemos nosotros para generar empleo, para generar crecimiento económico, para bajar la tasa de interés o subsidiarla con recursos que tiene la provincia apuntan a eso, a ponerle plata en el bolsillo a todos los santafesinos y santafesinas. y lo vamos a seguir haciendo", dijo Pullaro.

Según un estudio, un 16% de la población activa santafesina está sobreendeudada, es decir, tiene por lo menos tres meses de atraso en el pago de sus deudas. Los datos surgen de un proyecto de investigación realizado por docentes de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), y cuyas conclusiones se publicaron en el artículo "La problemática social del sobreendeudamiento. Un análisis circunstanciado de la provincia de Santa Fe", de la editorial Juris.

El proyecto de investigación, liderado por los doctores, Alexis Marega y Victoria Petean, docentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la sede Reconquista de la UCSF, junto a dos alumnas becarias, se planteó como objetivo conocer y analizar en términos cuantitativos, la cantidad de ciudadanos santafesinos que están sobreendeudados, lo cual arrojó datos interesantes.

El equipo se abocó en primera instancia a definir qué es lo que entiende el Derecho como sobreendeudamiento. Al no existir un concepto uniforme, siguieron la teoría según la cual se entiende el sobreendeudamiento como la situación en que las personas, los consumidores, no pueden pagar sus deudas con un nivel de atraso de tres meses.

Con los datos de la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, pero sabiendo que no cuenta con registros por provincia, los investigadores debieron recurrir al análisis de informes estadísticos para poder determinar qué porcentaje de la población santafesina estaba sobreendeudada.

"Tomamos los datos de los dos bancos públicos, el Municipal de Rosario y el de Santa Fe, cuya relevancia es muy importante porque son las entidades en los que cobran los empleados públicos. A esto le sumamos las deudas del sistema no financiero, como mutuales y asociaciones que brindan préstamos de dinero, y que también informan al Banco Central. Y además, tomamos las cinco mutuales más grandes que tiene la provincia de Santa Fe en términos de préstamos y de clientes", detalló Marega.

Los números que reflejan los resultados dan cuenta que el 16% de la población activa santafesina, personas que se encuentran trabajando, está sobreendeudada, es decir, registra por lo menos tres meses de atraso en el pago de sus deudas financieras y no financieras, registradas en el Banco Central.

A este dato no menor, se le deben sumar los números de los créditos y préstamos que se realizan y que no quedan registrados en ningún sistema estatal, es decir, que "se realizan en negro como comúnmente se los menciona".

"Puede ser el préstamo que hace un amigo o alguna entidad que se financia por sí misma y que no está registrada como entidad financiera. Ese el grueso de la deuda que tienen los consumidores, porque cuando empiezan a ser excluidos del sistema formal, recurren a estos sistemas informales de crédito. Estimamos que casi el 50% de la deuda total que hay entre los deudores, pertenecen al sistema no financiero y no formal. Entonces ese 16% que mencionamos se puede duplicar fácilmente si considerásemos estos números negros de crédito", aclara el docente e investigador. En números concretos, suma alrededor de 350 mil ciudadanos santafesinos con mora de más de 3 meses. Un dato revelador.

Otra alerta que dispararon estos datos tiene que ver con los resultados de una investigación realizada a principio de año por la UNL y la Defensoría del Pueblo en la que se estudió en qué gasta la población santafesina. "Lo que se demostró es que el mayor gasto de los santafesinos es en medicamentos, alimentos, salud, obras sociales, educación. Básicamente, el ciudadano santafesino se está endeudando para poder vivir", puntualizó Marega.

En ese sentido, el equipo realizó un cálculo sobre la cantidad de quiebras iniciadas por los consumidores y qué herramientas tiene la justicia para poder afrontar este fenómeno social. "Según los datos brindados por la oficina de estadísticas del Poder Judicial, entre el 2019 y el 2023, el 98% de las quiebras presentadas en la provincia corresponden a quiebras de consumidores. Es decir: de cada 100 quiebras, 98, son de personas que han recurrido a la justicia para decir, 'no pudo afrontar el pago de mis deudas y decido quebrar'".

A modo de conclusión, la investigación plantea el fenómeno del sobredeudamiento como un problema social. Para fundamentar esto, el equipo recurrió a diferentes investigaciones hechas con anterioridad, no solo en Argentina, sino en Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile de cómo el sobreendeudamiento de un ciudadano acarrea otros problemas: en su salud, en las relaciones sociales, públicas, familiares.

"Es un problema social que no solo involucra al deudor con los acreedores a quienes debe, sino que hay todo un juego de intereses de la comunidad misma y que también afectan al estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, que tiene que dar respuestas concretas y efectivas, entendiendo que la protección de un ciudadano, de un consumidor es una protección de un sujeto vulnerable, es una protección convencional y establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Entonces, es necesario que el Estado en todos sus niveles y con todos sus organismos brinde soluciones concretas a estas cuestiones", expresó el docente.

No se trata de una problemática propia de Santa Fe. "De hecho, los niveles de endeudamiento nacional están casi 2,3 puntos por encima del endeudamiento de la provincia de Santa Fe y se da en todo el mundo. Sucede que los países de América Latina, incluido Argentina, están bastante atrasados y tienen poco desarrollo legislativo sobre esa cuestión. Además, se suma que, en países como el nuestro, los problemas sociales y económicos, el sobreendeudamiento lo sufren especialmente las clases trabajadoras, las menos pudientes. Entonces, es una problemática que hace necesaria tenerla en cuenta y empezar a buscar soluciones efectivas".

Ante esta realidad, los investigadores sostienen como una "de las soluciones posibles, la educación de los consumidores. Darles herramientas sobre la toma de créditos responsables, controlar la publicidad engañosa y saber que la facilidad de acceso al crédito, incluso en personas que no tienen posibilidad de pagarlo es también responsabilidad del acreedor que lo otorga sabiendo que el riesgo de recupero es extremadamente alto. Es un problema multicausal, entonces el abordaje tiene que ser sistémico Y esos son los pasos que nosotros estamos llevando adelante en la investigación", concluye Marega.

La Cámara de Senadores aceptó en segunda revisión las modificaciones que realizó Diputados a la llamada Ley de Endeudamiento, que habilita en su texto al gobernador Maximiliano Pullaro a tomar créditos por 20.000 millones de pesos, pero que le extiende un límite para más operaciones de este tipo por una cifra bastante mayor, a tono con la incertidumbre económica que vive el país.

La ley, votada por unanimidad, contiene la letra que le impuso la Cámara baja que elevó del 1,5 al 3,5% la alícuota que opera como límite para tomar deuda. En la práctica implica la chance de llegar a acudir al mercado financiero por hasta 170 mil millones , según destacó desde su banca, el senador por Castellanos Alcides Calvo (PJ). Antes el presidente del bloque opositor , Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) explicó, palabras más palabras menos, que se otorgaba desde el justicialismo esa herramienta sin que ello constituya un cheque en blanco, para enfrentar las contingencias de un año difícil.

Es interesante el camino que siguió el expediente que fue tratado sobre tablas en el Senado este jueves 14 de diciembre. El mismo cuerpo había llevado adelante su primera media sanción con mayoría del justicialismo en julio de este año, cuando gobernaba Omar Perotti y todavía no se habían celebrado las elecciones generales de septiembre en las que triunfara Pullaro. El criterio de aquellos legisladores, con la anterior integración de la Cámara, fue el de alcanzar la unanimidad. Y lo mismo sucedió ahora, con un panorama inverso tanto en los roles que cumplen los senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe liderados por el radicalismo, como de los justicialistas: unos eran oposición y ahora son el mayoritario oficialismo y lo contrario: otros eran el mayoritario oficialismo y ahora son apenas 5 opositores.

Entre medio de esas dos cámaras de Senadores que votaron de manera idéntica para sostener el consenso y la unanimidad, también en Diputados se procuró el mayor acuerdo entre las autoridades salientes y las entrantes para ampliar -ante el crítico panorama que ofrece el país- las herramientas del endeudamiento. Se trata de poner a resguardo las funciones del Estado provincial; puede hacerlo por su bajo nivel de compromisos externos. Un punto a favor de las últimas administraciones de la alternancia en las últimas dos décadas.

Una larga reunión de Labor Parlamentaria y una corta sesión realizó este último miércoles la Cámara de Diputados para votar cinco proyectos de ley, entre ellos, el intento de protección a la vivienda única. Además dejó para este jueves varios proyectos de ley, entre ellos un mensaje del Poder Ejecutivo para tomar un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo por 65 millones de euros para el financiamiento del Proyecto Biodiversidad para la Acción Climática.

El objetivo de las autoridades de la Cámara y de los jefes de bloque es que los proyectos de ley tengan despacho de las comisiones para llegar al recinto y ser votados en este jueves, final del Período Ordinario. En algunos casos necesitarían el aval del Senado para lograr estatus de ley de la provincia. Pero también en la Labor Parlamentaria se decidió dejar para la próxima Cámara la consideración del proyecto de Código Procesal Penal Juvenil votado la semana pasada por el Senado y con acuerdo de Diputados. "Hay muchos puntos en duda" dijo un jefe de bloque que consideró no necesario apurar una votación dividida sobre un tema tan delicado. Como explicó El Litoral el asunto fue considerado en una forma conjunta por una comisión bicameral pero tras la aprobación del Senado hubo inquietudes planteadas desde la Corte Suprema de Justicia, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, el Ministerio Público de la Acusación e incluso desde futuros integrantes del gabinete de Maximiliano Pullaro.

Otro tema dejado de lado para este jueves es la creación del "Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos" presentado por el senador Felipe Michlig y que tiene como principal objeto brindar un servicio Integral de provisión de medicamentos a todos los habitantes de la provincia que carezcan de cobertura de salud mediante sistema de obra social y/o sistema de medicina privada. La iniciativa es muy resistida por las droguerías, se señala en los pasillos del Palacio Legislativo.

Entre los temas reservados para este jueves por Diputados está el mensaje del Poder Ejecutivo para tomar el crédito de la Agencia Francesa para el Desarrollo que socialistas y radicales pretendieron votar sobre tablas y Oscar Martínez (Frente Renovador) pidió que haya mirada en comisiones. El envío del mensaje fue acordado entre la actual gestión y la que encabezará Pullaro. Una delegación de la Agencia estuvo semanas atrás en Santa Fe avalando la petición del gobierno y se lo comunicó a Omar Perotti en Casa de Gobierno y luego a Pullaro en Legislatura. La gestión entrante solicitó que el mensaje contenga las condiciones y los requisitos para acceder al financiamiento. Es un crédito a diez años a una tasa de interés: fija o variable, Euribor a 6 meses+ 522 puntos básicos más una comisión del 0,50% por evaluación y un porcentaje similar de comisión de compromiso sobre saldos pendientes de desembolso.

También fue presentado un proyecto del radical Fabián Bastia, ingresado por su par Marcelo González, para regular el juego on line en la provincia, tema que sería aprobado este jueves.

Este mensaje más otro para tomar deuda de corto plazo serán votados este jueves así como la sanción de la Ley de Ministerios que utilizará la gestión Pullaro. En tanto, están avanzadas las negociaciones con el Senado para sancionar en forma cruzada cuatro leyes para transformar en municipios a cuatro localidades: Helvecia, San José de la Esquina, Teodelina y Alvear.

En cambio, Diputados dio media sanción a un proyecto ingresado por la socialista Lionella Cattalini suspendiendo por dos años los términos procesales "de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución hipotecaria de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente". Los requisitos esenciales de la vivienda hipotecada a proteger son que sea vivienda única, familiar y de ocupación permanente; que el origen del crédito hipotecario obtenido provenga de los programas financieros UVA, UVI y PROCREAR, o de cualquier otro programa o acto que previere un mecanismo de ajuste de dicho crédito sujeto a variación inflacionaria, para la adquisición, construcción, mejora y/o ampliación de vivienda; y que la vivienda sea habitada por la persona deudora, lo que justificará mediante declaración jurada.

Las bancadas justicialistas e Igualdad solicitaron incluir la firma de sus legisladores en el texto antes de ser votado. "El proceso inflacionario se intensificó y las dificultades para quienes afrontan este tipo de créditos se agudizó notablemente, estamos muy preocupados porque empezaron a llegar intimaciones", expresó Cattalini quien consideró como prioridad "proteger el acceso a una vivienda digna". "El Estado debe mantener su rol activo en la protección de este derecho fundamental, especialmente en un contexto de crisis económica como la que atravesamos", aseguró.

Cattalini señaló también que las legislaturas provinciales pueden tomar medidas "que protejan de los remates a los ciudadanos que se vieron afectados por políticas públicas erradas. De ninguna manera quienes tomaron la única línea de crédito hipotecario que se ofrecía en ese momento son los culpables de haber llegado a esta situación de tener que afrontar cuotas imposibles de pagar. La solución de fondo sigue siendo una responsabilidad del estado nacional. Así como interviene para salvar empresas, debe hacerlo con estas familias", concluyó.

Mario Cáffaro El Litoral

Un año después de la votación del Senado, sin cambio alguno al texto, la Cámara de Diputados sancionó la autorización para que el Poder Ejecutivo se endeude con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) hasta la suma de U$ S 100.000.000 más intereses y accesorios correspondientes. El crédito es para el financiamiento del Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa ‘Santa Fe + Conectada’. Con la abstención de los diez diputados los radicales de Evolución más Amalia Granata (Somos Vida) pero el voto favorable del resto del arco político, la Cámara Baja sancionó la ansiada norma esperada por el Poder Ejecutivo. La sanción se aceleró tras la reunión del miércoles entre el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y la Comisión de Asuntos Constitucionales y el compromiso de que la reglamentación de la ley contendrá los reclamos plasmados en la audiencia pública convocada por la Cámara y que quedaron plasmados en una minuta de comunicación. El monto del crédito podrá ser incrementado por el Poder Ejecutivo en hasta 20% más con la mera comunicación a la Legislatura. Tras la sanción hubo un extenso debate donde hubo coincidencias en marcar que lo votado no es una ley de conectividad, sino la habilitación de un endeudamiento; se valorizó el diálogo abierto con el Poder Ejecutivo; se hicieron compromisos para trabajar en una mejora en la conectividad pero también se abrió una polémica sobre el futuro de las 200 empresas -en su mayoría pymes y cooperativas- que prestan el servicio actualmente en la provincia de Santa Fe. Es que el radical Maximiliano Pullaro, presidente del bloque Evolución, planteó dudas que llevaron a su sector a pedir autorización para abstenerse. “Coincidimos en la importancia de la conectividad; en las ventajas del crédito pero llama la atención los cambios de posición de los bloques que hasta hace poco decían que esto no se podía votar. No confiamos en el gobierno de la provincia porque en muchas oportunidades hemos sido defraudados” acotó el radical para marcar los incumplimientos de la ley Covid, plan Abre, Obras Menores, etc. Pullaro señaló que nunca llegó el plan rector pero advirtió que no se protege a las 200 prestadoras del servicio que durante 35 años invirtieron. “Se va contra empresarios santafesinos que invirtieron; se los pone en condiciones de vulnerabilidad” aseguró. El tema motivó fuertes réplica del también radical Fabián Palo Oliver y del justicialista Leandro Busatto quien dijo que las pymes corren peligro por las grandes empresas y no por el Estado. Fue Ricardo Olivera quien abrió las fundamentaciones detallando los alcances que tiene la ley votada. “Esto es una política de Estado que va más allá del gobierno de Perotti. Este endeudamiento permitirá solucionar la conectividad a 200 localidades en forma directa y a 165 en forma indirecta. También a los hogares del 100% de los barrios populares de la ciudad de Santa Fe y de Rosario, mediante redes MeshWifi”, reseñó para acotar los alcances que tendrá en el sistema educativo. Precisó que es un crédito a 15 años, con una tasa menor al 2% arriba del Libor. El oficialismo sumó luego las voces de Busatto y de Oscar Martínez quien ingresó ayer mismo dos proyectos para completar el tema conectividad especialmente en el sistema educativo. La socialista Clara García hizo un racconto del tratamiento del tema, las demoras del propio Ejecutivo en responder dudas sobre el proyecto. Luego, su par Joaquín Blanco habló de la improvisación del gobierno en este y otros temas. García aclaró que no hay urgencia financiera para contar con los fondos. “Es una autorización para tomar endeudamiento de 10 mil millones de pesos y tienen en bancos casi ocho veces más en saldos bancarios”. La socialista rescató la resignificación del diálogo político. “Quiero creer en la institucionalidad pero celosos guardianes del cumplimiento de los compromisos. Votamos la deuda porque será buena para la gente y no la pagara esta gestión sino la que vuelva”, remató. Desde Juntos por el Cambio, los radicales Alejandro Boscarol y Julián Galdeano sumaron argumentos favorable. “Es una buena noticia para los santafesinos este crédito” dijo el primero quien precisó los alcances de la declaración inserta y votada. “Es un proceso que iniciamos esencial para dar Internet a todas las escuelas y edificios públicos”, acotó. El crédito tiene un plazo de ejecución de cuatro años “pero se puede hacer en mucho menos” agregó. También Rubén Giustiniani (Igualdad) aclaró que no es una ley de conectividad sino de endeudamiento pero admitió que es una necesidad darle conectividad a gran parte de la provincia.

El ministro de Gestión Público, Marcos Corach, celebró en Twitter la sanción de la norma. “¡Santa Fe tiene ley de conectividad! Finalmente, después de tanto trabajo, diálogos y debates, hemos dado un enorme paso hacia el futuro. La alegría de hoy es por la ley. Y la ley es el punto de partida para la alegría de los miles que verán cómo su vida cambia para bien”, escribió.

¡Santa Fe tiene ley de conectividad! Finalmente, después de tanto trabajo, diálogos y debates, hemos dado un enorme paso hacia el futuro. La alegría de hoy es por la ley. Y la ley es el punto de partida para la alegría de los miles que verán cómo su vida cambia para bien. pic.twitter.com/dEuPSiKDob

— marcos corach (@MCorach) October 21, 2021

A minutos de sancionar la ley sobre endeudamiento, la Cámara de Diputados votó una declaración donde pide al Poder Ejecutivo incluya en el decreto reglamentario de la ley una serie se seis aspectos “acordados oportunamente con el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach”.

1. Declarar de interés público el servicio de conectividad educativa. 2. Incorporar la infraestructura y el equipamiento interno de todas las instituciones educativas: debe comprender conexión a internet con anchos de banda suficientes para trabajo simultáneo; infraestructura de Red Local con equipos interconectados (incluyendo servidor, cableado, UPS, entre otras cosas); paquete de red Wifi con el equipamiento necesario; aula informática móvil con el equipamiento tecnológico necesario con acceso a internet en cualquier aula. 3. Disponer de mantenimiento de la red y el soporte técnico 4. Garantizar la complementariedad con proveedores locales: se dice que “el Estado provincial en materia de conectividad debe intervenir en el mercado de las telecomunicaciones para la prestación y comercialización del servicio a nivel mayorista, de manera complementaria al que actualmente desempeñan los prestadores locales del servicio y cubriendo la demanda en aquellos lugares donde los mismos no llegan”. 5. Incorporar dentro de la red provincial de datos a la red municipal de datos de Rosario y de otros municipios que dispongan de infraestructura similar 6. Readecuar y modificar las partidas de los componentes para la optimización del crédito solicitado. La Cámara sugiere aprovechar programas nacionales existentes para acceder a los beneficios de la Red Federal de Fibra Óptica; gestionar en el marco del Plan Conectar de la Nación, acceder al programa de aportes no reembolsables del ENACOM con los que se invierte en la última milla para conectar a escuelas, hospitales y  comisarías, etc; gestionar el acceso al programa “Desarrollo de infraestructura para internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana del ENACOM con recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU);  gestionar la participación en el programa “Acceso a conectividad para instituciones públicas” del ENACOM con recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) para actualizar infraestructura para acceso a internet en instituciones públicas (nacionales, provinciales o municipales) de salud, educación o seguridad;

En Venado Tuerto, uno de los reconocidos analistas económicos es el contador público José Toledo, quien en coincidencia con el Día del Graduado en Ciencias Económicas, compartió sus puntos de vista con Sur24 sobre las perspectivas de la economía en el marco de la agresiva segunda ola de la pandemia. En primer lugar, puso las cosas en contexto, señalando que “Argentina entró en la pandemia en un marco general de estancamiento, con altos niveles de inflación y recesión, situación que venimos sufriendo en los últimos 10 años. Y si bien era manejable el déficit fiscal, el endeudamiento externo se volvió muy complejo, incluyendo los leoninos compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional”, resumió.

CPN José C. Toledo, analista de temas económicos.

“Apenas asumido el nuevo Gobierno nos choca de frente una pandemia que potenció todos los males que arrastrábamos. Más allá de la gestión de la crisis sanitaria, que no fue para nada buena, la gran diferencia con la mayoría de los países es que ellos venían con deudas controlables, sin inflación y, además, pudiendo pedir plata prestada a tasas razonables. En la emergencia -continuó-, Argentina emitió a mansalva, que era lo que único que podía hacer, pese a las consecuencias inflacionarias futuras. Y la primera medición del desastre la tuvimos cuando cedió la primera ola de Covid-19 y nos encontramos con que otros países habían caído no más del cuatro o cinco por ciento, y nosotros nos derrumbamos el 10 por ciento del PBI”, analizó el economista.

Sobre el porqué de la abrupta caída, Toledo consideró que se mezclan la endeble situación económica previa; la “grieta” entre Gobierno y oposición (que se evitó en los comienzos y reapareció más adelante) y el cierre total de la economía, que durante varios meses resultó “exagerado” en la mayor parte del país, como en el sur santafesino. “Ese apresuramiento en imponer una cuarentena uniforme significó quiebras, desempleo y pobreza, más allá de las ayudas del Estado, que por supuesto no alcanzaron”, puntualizó, acotando que a pesar de las tarifas congeladas y la baja de la demanda en algunos rubros, “la inflación siguió siendo muy alta en 2020 y también lo es ahora”.

“Hoy estamos peor que en el inicio de la pandemia, porque si bien el Gobierno neutraliza el dinero emitido con títulos (antes eran Lebac y ahora son Leliq), ese mecanismo implica que en algún momento habrá que volver a emitir para pagar todo eso. Hay que pensar que la tasa que se paga por las Leliq anualmente es el 38 por ciento y hay tres billones de títulos emitidos que están en los bancos, generando un interés de 95 mil millones de pesos mensuales. Por ahora, el Gobierno patea los vencimientos para adelante, pero llegará un momento en que ‘la bola de nieve’ será tan grande que no se podrá seguir postergando los compromisos”, alertó José Toledo. Y especificó: “Esto es lo que los economistas denominan déficit cuasi fiscal, porque no figura en el Presupuesto, pero es barrer la tierra bajo la alfombra, es hipotecar el futuro con el único objetivo de llegar a las elecciones en la mejor situación posible, sin medir las consecuencias”, observó el economista. Mientras tanto, “a pesar de esos dibujos en el sistema financiero, la verdad es que la inflación sigue sin control, y el índice de mayo puede estar entre 3,5 y 4,1 por ciento, con una inflación núcleo (la de alimentos) que treparía al 4,4”, según estimaciones confiables. “Y todo esto con una economía muy frenada y con tarifas de servicios públicos congeladas (…) por eso temo que estos índices continúen en alza con los nuevos ajustes ya otorgados en telefonía, prepagas, energía eléctrica, gas natural, que aún no se trasladaron al índice de precios al consumidor”.

Después de poner en blanco sobre negro la amenaza en ciernes de la deuda con los acreedores externos y con los bancos, y del “impuesto” inflacionario que crece mes a mes, el analista se mostró indignado con una clase política, incluyendo a la oposición, que no está discutiendo los temas medulares que le preocupan a la gente. “La pandemia es un tema muy complejo, que por lógica se lleva todos los grandes títulos, pero cuando baje la marea sanitaria nos vamos a encontrar desnudos, con una crisis social de incalculable magnitud”, presagió con crudo realismo.

“Así como se convocó a un comité de expertos ante la pandemia, habría que hacer lo propio con la inflación, convocando a todos los sectores, con grandeza y sin exclusiones. El mundo solucionó este tema hace 40 años, a partir del entendimiento de que las prioridades eran fortalecer el valor de la moneda y alejar del Banco Central el cortoplacismo de la política. Si no podemos nosotros, contratemos técnicos de otros países que supieron hacerlo, pero claro, con la disposición de seguir al pie de la letra esas instrucciones para poder salir adelante de una vez por todas”, exclamó el contador.

Aunque en general la región se alinea con el panorama descripto a nivel nacional, José Toledo realzó algunas características distintivas: “En el sur provincial muchos precios aumentaron por encima de la media, por ejemplo en la comparación con el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Rosario. Sin embargo, una zona como la nuestra, con fuerte predominio agropecuario, se beneficia en general por el aumento del precio de los cereales”. “Este fenómeno, sumado a que el cierre de actividades no fue tan estricto como en el AMBA, redujo el impacto de la recesión, y así como a nivel país se promedia una caída del 10 por ciento del PBI, estimo que en nuestra región esa merma no supera el cinco por ciento”, evaluó el analista posando los ojos en el departamento Genera López y adyacencias.

“Los comercios locales en general atraviesan dificultades por la caída de las ventas, en distintos porcentajes, según los rubros. En cambio, aquellos relacionados con el agro mejoraron respecto de 2020 por la suba del precio de los cereales. Ahora, si dividimos el agro en leche, carne y cereales, el gran damnificado es el sector lácteo, no la industria, sino el productor tambero, que sufrió un fuerte aumento de los insumos (sobre todo el maíz) y eso no se vio reflejado en el valor de venta del litro de leche a la industria”, sentenció.