La Justicia ordenó la prisión preventiva de A. E. A., de 20 años, luego de que el Ministerio Público de la Acusación le atribuyera siete hechos delictivos de distinta naturaleza. Entre las imputaciones se encuentran dos abusos sexuales con acceso carnal contra una adolescente, amenazas coactivas, violencia de género contra otra menor de edad, encubrimiento, amenazas y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada después de la audiencia imputativa celebrada en Venado Tuerto, en la que el fiscal Iván G. Raposo expuso las acusaciones y presentó las evidencias reunidas en cinco legajos diferentes. El imputado estuvo acompañado por su abogada defensora.

Los hechos más graves atribuidos al imputado tienen como víctima a una misma adolescente.

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió cuando la joven tenía 15 años, en un sector próximo a la plaza San Martín. El acusado habría sometido sexualmente a la menor y posteriormente la habría amenazado con matar a integrantes de su familia si revelaba lo sucedido.

El segundo ataque habría ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con la imputación, el acusado habría obligado a la adolescente a subir a una motocicleta, la trasladó hasta un sector descampado de Villa Casey y volvió a abusar sexualmente de ella. También en esa oportunidad habría utilizado amenazas contra la joven y su familia para asegurar su silencio.

La víctima prestó declaración mediante Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba. El informe profesional incorporado al expediente indica que pudo identificar al acusado, describir los lugares y relatar la mecánica de los episodios. Durante la entrevista manifestó que sentía temor y que había dejado de asistir a la escuela por miedo a encontrarse nuevamente con el imputado.

La identidad de la adolescente se mantiene reservada por tratarse de una víctima menor de edad.

El joven también fue imputado por un episodio ocurrido el 19 de julio de 2026 contra su entonces pareja, una adolescente de 15 años que cursaba un embarazo.

La Fiscalía sostiene que, después de una discusión dentro de una vivienda de calle Chile al 600, el acusado le habría propinado un golpe en el abdomen y otro en el rostro. Un familiar declaró haber ingresado a la habitación y encontrado a la adolescente llorando mientras el imputado la golpeaba.

Un informe médico constató múltiples contusiones en el rostro de la víctima, especialmente alrededor del ojo izquierdo. El examen obstétrico no detectó lesiones en el abdomen.

Esa misma noche, el acusado habría amenazado de muerte a la madre y al hermano de la adolescente cuando ambos fueron a reclamarle por la agresión. Según sus declaraciones, el joven se habría tomado la cintura simulando portar un arma, sujetado a la mujer del cuello y anunciado que los mataría a todos.

La acusación incluye otros dos episodios ocurridos el 9 de agosto de 2026 frente al domicilio de la familia de la adolescente.

Pese a existir una prohibición judicial de acercamiento y contacto hostil, el imputado habría pasado por el lugar profiriendo amenazas. La mujer llamó dos veces al 911 y afirmó que el joven había regresado acompañado por otras personas y con un objeto largo en la mano.

Minutos después, la Policía localizó al acusado en inmediaciones de las calles 2 de Abril y 3 de Febrero. Según el acta policial, intentó evadir a los agentes y fue aprehendido. En su poder se secuestró un palo de aproximadamente 60 centímetros con una punta metálica.

Otro de los hechos investigados se relaciona con una motocicleta Gilera Smash sustraída durante la madrugada del 4 de abril de 2026.

Un testigo aseguró haber visto al imputado circulando en el vehículo y afirmó que el joven le arrojó la documentación y la chapa patente. Horas después, la motocicleta fue encontrada oculta debajo de un colchón, parcialmente desarmada, dentro de una construcción ubicada en Pasaje Rosario y Neuquén.

Por este episodio, fue imputado como presunto autor del delito de encubrimiento.

Luego de analizar la gravedad y pluralidad de las imputaciones, las evidencias presentadas y los riesgos procesales alegados por la Fiscalía, la Justicia dispuso que el acusado permanezca privado de su libertad bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La resolución no constituye una condena. El imputado conserva su estado jurídico de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El caso reúne acusaciones de extrema gravedad y una presunta sucesión de episodios ocurridos entre 2024 y 2026. La investigación, que se encuentra a cargo del fiscal Iván G. Raposo, continuará con la producción y evaluación de las medidas probatorias pendientes.

“Los hechos atribuidos son de extrema gravedad. La investigación continuará con el rigor y la responsabilidad que el caso exige, respetando todas las garantías constitucionales. Si estas acusaciones quedan acreditadas mediante las pruebas y con una sentencia firme, solicitaremos que al responsable le recaiga todo el peso de la ley”, concluyó el fiscal Iván G. Raposo.

Un hombre de 31 años cuyas iniciales son OFC quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación penal en la que está imputado como autor del hurto de dos autos en la localidad de Diego de Alvear (departamento General López)

La medida cautelar fue impuesta por la jueza Lorena Garini a raíz del pedido formulado por el fiscal Mauro Menéndez en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de Rufino.

El fiscal del MPA también le atribuyó al hombre investigado haber tenido en su casa en San Gregorio (departamento General López), una bicicleta que fue robada en abril de este año en esa localidad.

En la audiencia en la que se debatieron las medidas cautelares, Menéndez detalló que “los dos hurtos que le atribuimos al imputado fueron cometidos en las primeras horas del domingo pasado”.

“En primer lugar se subió a un Ford Galaxy que estaba estacionado en la vía pública en calle España al 300 en Diego de Alvear. El auto tenía las puertas sin medidas de seguridad y las llaves puestas”, explicó el fiscal. “Sin ningún tipo de autorización, condujo el vehículo hasta un camino rural cercano, lo dejó abandonado en una cuneta y se llevó las llaves”, agregó.

Menéndez relató que “minutos más tarde, volvió a Diego de Alvear e hizo lo mismo con un Chevrolet Corsa Clasicc que también estaba estacionado en calle España y con las llaves puestas”. En tal sentido, puntualizó que “se fue manejando hasta las inmediaciones de un boliche bailable en San Gregorio, donde al vehículo comenzó a salirle humo del motor, motivo por el cual, personal policial le preguntó qué le había sucedido, y el imputado dio respuestas contradictorias e incongruentes”.

“Los agentes de la fuerza de seguridad advirtieron que el auto no era de él, motivo por el cual lo detuvieron”, señaló el fiscal y agregó que “al requisarlo, le encontraron en su poder las llaves del Ford Galaxy que había sustraído unos minutos antes”.

Menéndez también le endilgó al hombre investigado el encubrimiento del robo de una bicicleta denunciado el pasado 19 de abril. “A raíz de una requisa voluntaria que se llevó a cabo en su casa al día siguiente de la denuncia, se le encontró una bicicleta rodado 29 que la tenía en su poder a sabiendas de que había sido robada”, concluyó.

Por la sustracción de los dos autos, el fiscal Menéndez le atribuyó al imputado la autoría de dos hechos de hurto calificado. En tanto, por la bicicleta que le encontraron en su casa, se le endilgó el delito de encubrimiento.

El pasado miércoles, el presidente Donald Trump emitió un memorándum ordenando una investigación sobre un supuesto encubrimiento relacionado con el deterioro de la salud cognitiva de su predecesor, Joe Biden. Trump calificó la situación como "uno de los más peligrosos y preocupantes escándalos de la historia de Estados Unidos" .

La investigación se centrará en determinar si asesores de Biden ocultaron su estado de salud y firmaron documentos oficiales utilizando un autopen, un dispositivo que replica la firma del presidente, sin su conocimiento. Se examinarán más de 1.200 documentos, incluidos indultos y nombramientos judiciales.

Joe Biden ha negado enfáticamente las acusaciones, afirmando que tomó todas las decisiones durante su presidencia y calificando la investigación como una distracción política. La investigación ocurre en un contexto de creciente polarización política y tras la publicación de un libro que cuestiona la lucidez de Biden durante su campaña de reelección.

La orden de investigación emitida por Trump marca una intensificación en los ataques hacia su predecesor y podría tener implicaciones significativas en la percepción pública sobre la legitimidad de las acciones tomadas durante la presidencia de Biden.

Una de las principales preocupaciones expresadas por Trump y su equipo se centra en el uso del "autopen", una herramienta común en la administración estadounidense que permite firmar documentos de manera remota y automatizada.

Si bien su uso está autorizado en ciertas circunstancias, el equipo de Trump cuestiona si se utilizó de manera fraudulenta para avalar decisiones sin el consentimiento pleno del entonces presidente Biden.

Desde el Congreso, varios legisladores republicanos han respaldado la medida de Trump y pidieron una investigación “profunda y transparente”, mientras que demócratas denunciaron un intento de “persecución política” en un año electoral clave.

Algunos exfuncionarios de la Casa Blanca durante la gestión de Biden se han negado a hacer declaraciones, mientras otros insisten en que el expresidente “estaba en pleno uso de sus facultades” al momento de tomar decisiones.

Este no es el primer caso en que se cuestiona la capacidad cognitiva de un presidente estadounidense. Durante los últimos años del mandato de Ronald Reagan, surgieron dudas sobre su lucidez, que más tarde se relacionaron con su diagnóstico de Alzheimer.

También hubo especulaciones sobre la salud de Woodrow Wilson tras un derrame cerebral. Estos antecedentes refuerzan la importancia del control institucional sobre la salud de los jefes de Estado.

Una mujer fue imputada por el delito de encubrimiento tras ser interceptada por personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto cuando circulaba en un automóvil con pedido de secuestro. El operativo se desarrolló en la tarde del viernes, en la intersección de calles Pringles y Antártida Argentina.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron irregularidades en la documentación del vehículo, un Volkswagen Voyage. Al trasladarlo a sede policial, y tras la intervención del verificador policial y consulta a la Policía Federal, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 4ta de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. La causa judicial está a cargo de la Fiscalía N° 03 de ese distrito.

A raíz de esta situación, y por disposición de la Fiscalía de Venado Tuerto, la mujer fue notificada de la formación de causa en su contra por el delito de encubrimiento. En tanto, el vehículo fue formalmente secuestrado.

A raíz de una investigación por un supuesto delito de omisión en la custodia de animales porcinos, personal policial ingresó a una finca de la localidad de San Eduardo donde fueron halladas motopartes con pedido de secuestro. Al propietario de la vivienda se le formó causa por encubrimiento.

El procedimiento se realizó el viernes pasado a los fines de realizar una constatación por supuesta omisión en el cuidado de animales. Intervino personal de Subcomisaría 12 de la localidad y Guardia Rural Los Pumas.

Al realizar la inspección en el predio se observó en uno de los costados del patio partes de motos desarmadas, entre otros un cuadro de una motocicleta tipo Cross, sin motor y con sólo la rueda delantera, cuyos guarismos en su mayoría estaban devastados. También se halló otra motocicleta desarmada, tipo 110cc, sobre la cual se constató posee pedido de secuestro activo a requerimiento de Comisaría Segunda de Venado Tuerto.

Se realizó consulta con el fiscal de turno, Damián Casullo, quien ordenó que forme causa por infracción al Artículo 289, inc tercero, y encubrimiento al habitante de la vivienda, y se proceda al secuestro de las motocicletas.