Al igual que en las pocas audiencias públicas sobre tarifas del gas natural que se convocaron durante los últimos cuatro años, representantes del sector de la subdistribución reclamaron cambios de fondo sobre su situación al Ente Nacional Regulador del Gas Natural.

Como se sabe, muy pocos santafesinos participaron de la reunión realizada de manera virtual pero, además del defensor del pueblo adjunto Jorge Henn, hubo una ronda de cuatro intervenciones -que los organizadores agruparon- para mostrar la grave situación económica que transitan cooperativas, empresas y desarrollos de municipalidades y comunas que subdistribuyen el gas natural por redes.

Se trata de un sector especial que, en general, nació de la iniciativa comunitaria o asociativa en formas cooperativas o de empresas estatales de gobiernos locales que han permitido que el servicio llegue a donde ni el Estado Nacional, ni las Provincias ni la iniciativa privada tuvo interés en invertir.

En algunos casos, las redes y la infraestructura es anterior a las privatizaciones que en la década del 90 trazaron el actual panorama del sector del gas natural en la Argentina, pero también hay experiencias posteriores que se llevaron adelante ante la evidencia que al privado no le interesaría desarrollos en áreas urbanas de baja densidad poblacional y escasas posibilidades de recupero en el corto plazo de la inversión.

El lunes 8 de enero hablaron en representación de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Gas Natural, Obras y Servicios Públicos y Asistenciales de Recreo Ltda, hablará Roberto Casal; del Ente Regional Gasoducto Bombal-Bigand Asociación Cooperativa, Aníbal Orpianesi; y Ángel Basso, de la Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos, Asistenciales y Vivienda Setúbal Ltda. También, Lucrecia María Escobio de la empresa Oliveros Gas Sapem, cuyo paquete accionario pertenece a la comuna de esa localidad del departamento Iriondo.

Basso le puso números a la representación de la subdistribución. Dijo que el país tiene 10 millones de usuarios de gas por redes y que de ellos 500 mil "cuentan con el servicio gracias a 63 pymes, cooperativas y empresas sapem, operadas por municipios y comunas", en general en zonas más alejadas o postergadas de los grandes centros urbanos. Luego comentó: "somos impulsores del desarrollo, con un diferencial en la calidad de la prestación del servicio" como integrantes de las comunidades en las que actúan.

En pocas palabras las subdistribuidoras tienen "igual objeto que las distribuidoras zonales, pero no reciben el mismo trato", resumió en un mensaje dirigido tanto a Enargas, la Secretaría de Energía de la Nación como a las firmas Litoral Gas, Gas del Sur, Camuzzi Gas del Sur, GasNor, Gas Cuyana, Gas del Centro,, Camuzzi Gas Pampeana, Metrogas, Naturgy Ban, GasNea. Las distribuidoras han pedido aumentos de entre el 350 y el 700% para su porción de la tarifa. La primera, plantea duplicar los valores entre el 86 y el 119%.

Los subdistribuidores, que saben que su suerte está atada a la actualización de las tarifas de las distribuidoras, apuntaron a un problema que las afecta exclusivamente: en 2016, el Enargas cambió la forma de cálculo del gas que reciben de las distribuidoras que "representa el 85% de lo que se recauda por la facturación".

Tanto Basso como Casal, Orpianesi y Escobio explicaron que al establecerse una nueva metodología técnica para lo que las distribuidoras facturan a las subdistribuidoras hubo un incremento en esos costos que dañaron la economía de las cooperativas, las sapem comunales y municipales y las empresas privadas que tienen esa tarea.

Todos destacaron que sus números se han ajustado y que cuando no hay aportes de los gobiernos locales para emparejar las cuentas hubo subsidios cruzados entre los propios usuarios de las cooperativas, que también tienen otras prestaciones más rentables.

"Hay una asimetría regulatoria entre subdistribución y distribución, y una desconsideración histórica por parte de Enargas", coincidieron. Y compararon: "el sector no ha recibido las dos ayudas económicas que sí hubo para las distribuidoras zonales durante la pandemia y cada vez más vemos casos de flujo de caja negativo, lo que fue agravado por el congelamiento de las tarifas".

Indicaron que todos los valores de la actividad están regulados, por lo que el estado no puede desentenderse de la situación de quebranto que les provoca. La solución, según subrayaron, consiste en que los subdistribuidores vuelvan al esquema previo a 2016 en el que no se les recargaban costos propios del transporte (a nivel país) en el precio del gas que pagan a las distribuidoras.

Cooperativistas y miembros del directorio de la Sapem comunal indicaron que hay una creciente deuda de las subdistribuidoras con las distribuidoras.

Un punto clave es que lo hecho en el gobierno de Mauricio Macri tampoco fue revisado en el de Alberto Fernández. Y que cuando se dispuso ese cambio en las reglas de juego que alteran el marco regulatorio inicial "Enargas no realizó ningún estudio de razonabilidad sobre el perjuicio causado a los subdistribuidoras".

Otra salida alentada por el sector es que suban los cargos fijos de las tarifas para que sea menor el impacto en los usuarios durante los meses más fríos. Y advirtieron que hoy esos cargos apenas cubren un 45% de los gastos operativos, que deben hacerse haya o no consumo de gas.

Afirmaron que es "urgente recomponer margen bruto de ingresos en un revisión integral para las subdistribuidoras, que están en una situación crítica".

También fueron valiosos los comentarios sobre cómo nacieron esas prestaciones. En Santa Fe es conocida la iniciativa cooperativista de la Setúbal, con varias décadas de labor. En Recreo en cambio el servicio cumple 20 años y surgió "a instancias de 6 empresas que al ver que ninguna distribuidora de gas privada se interesaba recurrió a la Cooperativa y con aportes de capital propios pudo tender una red con 105 mil metros de extensión, que cubre el 80% de la localidad. Tiene 3.500 usuarios residenciales, 70 comercios y 11 industrias que solo con este sistema de aportes y cooperativo pudieron contar con el servicio. Hoy hay entre estas empresas hay firmas que exportan su producción", dijo su representante.

En Oliveros, la Sapem tiene desde 1997 participación estatal mayoritaria de la Comuna que también entendió que sería inconducente esperar la iniciativa privada. En el caso de Bombal y Bigand el eje es un gasoducto que las une, con 3.200 familias que reciben el servicio, así como industrias que emplean a 500 personas porque tienen gas natural.

Las distribuidoras y transportadoras de gas natural presentarán este lunes sus propuestas de aumentos en las tarifas públicas del servicio, en una audiencia pública que se realizará de manera virtual y será el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de "febrero o marzo", de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, comenzará a las 9 y contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108, ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En base al cronograma del evento, el primer expositor asignado será el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; a quien seguirá Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Entre los inscriptos también figura el ex ministro de Obras Públicas y actual titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros expositores.

Si todos los inscriptos hacen uso de la palabra y emplean el tiempo disponible asignado, la audiencia podría prolongarse al menos un día más, ya que serían necesarias por lo menos 19 horas de exposición continua.

La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la "determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes".

De esa forma, los incrementos de realizarán paulatinamente a lo largo de todo 2024, en una modalidad que podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.

Los seis puntos restantes son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución;el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios.

Hace un par de semanas, en declaraciones televisivas, el ministro Caputo adelantó la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién "para febrero o marzo"se podrían poner en marcha los nuevos números.

El nuevo esquema de subsidio a la demanda contemplará para los sectores más vulnerables un umbral de consumo a definir -tanto en gas como en electricidad- a partir del cual, todo el excedente se facturará a tarifa plena.

"El recorte de subsidios son 2 puntos del PBI, más o menos el 40% del déficit. No se puede decir en energía cómo va a terminar la tarifa porque vamos a un esquema diferente, con un esquema de optimización de las empresas. Se va a subsidiar la demanda. En vez de dar a las empresas se va a ayudar al que menos tiene", afirmó Caputo.

Las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria, que pueden consultarse en el apartado "Material de consulta" de la página web del Enargas.

Si bien se presentaron propuestas de ajustes tarifarios que superan el 350%, debe tenerse en cuenta que la audiencia pública no es vinculante, es decir que la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.

Por otra parte, la decisión de aplicar un índice de actualización mensual deja en evidencia que los incrementos no se harán de una sola vez sino de manera paulatina.

Para completar, hay que considerar las complicaciones propias del servicio de gas natural para determinar un valor promedio, ya que hay tres niveles de segmentación de usuarios, diez distribuidoras y una subdistribuidora divididas a su vez en 25 subzonas y, por último, ocho categorías residenciales, de lo que resultarían más de doscientas tarifas diferentes.

Como cuarta variable, la estacionalidad de la producción y el consumo de gas natural incide a su vez en el nivel de cobertura de la tarifa sobre el costo de explotación.

Esas diferencias fueron señaladas en el "Monitor de subsidios a la energía de la Administración Nacional" que elabora la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Por ejemplo, en 2022 la cobertura promedio fue del 69%, con extremos del 40% en julio y 87% en noviembre.

Al margen de esos altibajos estacionales, el seguimiento de la relación entre tarifas y subsidios de los últimos años permite identificar cuatro períodos: hasta 2015, con una alta participación de los subsidios y niveles tarifarios que no llegaban a cubrir la mitad de los costos de explotación; entre 2015 y 2019 con un cambio de tendencia que duplicó la cobertura tarifaria; y desde entonces hasta la actualidad, con dos etapas dentro de la presidencia de Alberto Fernández.

En ella, en un principio se retomó el congelamiento tarifario con el consecuente aumento de la proporción de subsidios, pero luego, con la segmentación en tres niveles de usuarios, se aplicó la tarifa plena para los de mayor poder adquisitivo, con una menor cobertura tarifaria para los otros dos segmentos.

A través de la Resolución 730/2023, , emitida por el Ente Nacional regulador del Gas (ENARGAS), se establecieron nuevos costos para las Obleas Habilitantes y Cédulas MERCOSUR destinadas a vehículos propulsados por Gas Natural Vehicular (GNV) para el año 2024. Esta decisión, fundamentada en el Artículo 52 de la Ley N° 24.076, busca no solo garantizar la seguridad del Sistema de GNV, sino también financiar las funciones de control sobre la actividad del GNV llevadas a cabo por el organismo regulador.

El ENARGAS, en cumplimiento de su rol regulatorio, tiene la facultad de dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, según lo establecido en la Ley N° 24.076. Esta ley asigna al ENARGAS la tarea de actualizar la normativa vigente, asegurando así la calidad, eficiencia y seguridad del servicio que se suministra en el ámbito del Gas Natural Vehicular.

La Oblea, es un instrumento público de vital importancia para la seguridad del Sistema de GNV, representa la legitimidad jurídica y técnica del equipo, siendo esencial para el funcionamiento adecuado en los vehículos. Según la Resolución N° RESOL-2022-537-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, a partir del 1° de enero de 2024, el costo de la Oblea será de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA ($870) por unidad.

Asimismo, la Cédula MERCOSUR, documento que respalda la legalidad administrativa y técnica del equipo, también experimentará un ajuste en su costo. A partir de la misma fecha, el valor de la Cédula se establece en PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250) por unidad.

El ENARGAS destaca que este ajuste tarifario tiene como objetivo financiar los costos incurridos por el organismo en relación con las funciones de control sobre la actividad del GNV. Es importante señalar que el ENARGAS opera sin fines de lucro y que los ingresos generados por la venta de Obleas y Cédulas MERCOSUR se destinan a cubrir los gastos asociados con la regulación y supervisión de la seguridad en el Sistema de GNV.

La medida también tiene en cuenta la planificación presupuestaria para el Ejercicio 2024. Según el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, se proyecta un ingreso de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.283.500.000) por la venta de Obleas y Cédulas de GNV para dicho año. Esta cifra se basa en la estimación de venta de 2.050.000 obleas a PESOS 870 cada una y 2.000.000 de cédulas a PESOS 250 la unidad.

Con el objetivo de no perjudicar la gestión administrativa de los Productores de Equipos Completos para GNV (PEC), el ENARGAS considera necesario notificar a los Sujetos del Sistema con anticipación sobre la modificación del valor de venta de las Obleas y Cédulas MERCOSUR. Esta medida pretende brindar a los involucrados el tiempo necesario para ajustar sus previsiones financieras.

Enargas by El Litoral

Durante mayo personal de Litoral Gas continuará recorriendo las veredas inspeccionando la red de media presión para localizar pérdidas en las localidades de Rufino, Venado Tuerto, Villa Cañás y Villada (el procedimiento puede reprogramarse por cuestiones climáticas).

Este relevamiento permite la detección de fugas bajo vereda en las instalaciones que son propiedad de Litoral Gas, cañerías principales y conexiones a cada domicilio. También las que puedan localizarse dentro del gabinete sobre el frente de la vivienda -instalaciones de propiedad del cliente-.

Se recomienda a quienes sean usuarios del servicio que realicen una revisión periódica de las instalaciones a través de un gasista matriculado. Las pérdidas detectadas en el gabinete podrían llevar, por seguridad de las personas, a la suspensión temporaria del suministro, que será restituido por personal de Litoral Gas una vez se haya regularizado la situación con la intervención de un gasista matriculado.

Por instrucción de la sección 723 de la Norma NAG 100 de Enargas, Litoral Gas debe recorrer con este procedimiento preventivo sus 13 mil kilómetros de redes y gasoductos una vez al año.

Como dato importante, se recuerda que el personal de Litoral Gas abocado al procedimiento de búsqueda sistemática de fugas notificará a quienes se les interrumpa el suministro, pero en ningún momento deberá ingresar a los domicilios.  

Se aprobaron los precios del gas natural que estarán vigentes para 2023. Uno de los componentes de las facturas que deberán ser abonadas y trasladadas a los usuarios por las distribuidoras.

Los nuevos precios de gas fueron dispuestos por la Secretaría de Energía mediante la resolución 610/2022 publicada el martes en el Boletín Oficial.

La normativa estableció que las productoras adjudicatarias del Plan Gas.Ar y Enarsa (Energía Argentina) deberán facturar las ventas de gas a las distribuidoras con los nuevos valores en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El precio del gas es uno de los componentes que integran la factura final que reciben los usuarios por parte de cada distribuidora.

El Enargas continuará aportando mensualmente, a las distribuidoras, la información respecto de los usuarios que hayan ingresado a la segmentación por ingresos, lo que determinará el nivel de subsidios, aunque el valor del gas se mantiene fijo.

Los nuevos valores que se aplicarán en la readecuación tarifaria en los próximos meses, así como la porción del precio PIST que el Estado tomará a su cargo, fueron evaluados en Audiencia Pública el mes pasado.

Gas natural: habrá subas de entre 45 y 55% para la Provincia de Santa Fe

En los considerandos se indicó que “es política del Gobierno en materia tarifaria de los servicios públicos, que estos estén en línea con al evolución de los ingresos salariales, de tal forma que los costos de la energía no crezcan por encima de ellos y, por el contrario representan proporciones progresivamente menores”.

Del mismo modo, se señala que para la fijación de precios se tuvieron en cuenta los valores estimados de importación del gas para este año: se calculó que el gas importado de Bolivia será del orden los US$ 9,91 el millón de BTU para 2023, y que el precio del GNL importado entre mayo y septiembre será de US$ 42,07 el millón de BTU, a lo cual hay que sumar el costo de regasificación.

3 millones y medio de hogares de bajos ingresos, que han solicitado y obtenido el subsidio a la energía, no tendrán aumentos en el costo del gas durante 2023.

— Flavia Royon (@FlaviaRoyon) January 6, 2023

Según anticipó la semana pasada la secretaria de Energía, Flavia Royon, durante 2023 solamente habrá una única actualización en el costo del gas de 28,3% para aquellos usuarios que no soliciten la segmentación o sean de ingresos altos, es decir, quienes cobren más de 3,5 canastas básicas por mes, equivalentes a $ 510.818.

En el caso del Nivel 3 (de ingresos medios), también recibirán un aumento, que, al igual que en el Nivel 1, contemplará los incrementos en el valor del fluido, el transporte y la distribución.

La funcionaria subrayó, en referencia a quienes perciben menores ingresos, que “no se producirá ningún aumento en el valor del gas natural para los usuarios inscriptos en el Nivel 2, cuyo único incremento anual se concentrará en los componentes del transporte y la distribución”.

Royon indicó, respecto de las pymes, que las que están anotadas en el registro Mipyme y tengan la categoría de usuario “P” “continuarán siendo alcanzadas por los subsidios”, de manera tal que se “cuida a los comercios de barrio, al vecino y al crecimiento de la industria contra la inflación”.

El Gobierno Nacional convocó a una audiencia pública para definir los aumentos de gas

De esta forma, destacó que “se apunta a cumplir con un doble objetivo, construir un sendero de precios previsible para el sector y reducir las expectativas inflacionarias para proteger el ingreso de los trabajadores y el conjunto de la actividad económica”.

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) sigue abierto en el sitio web oficial y cualquiera que no se haya inscripto puede hacerlo para notificar sus ingresos, y en caso de corresponder, seguir recibiendo el gas con subsidio.

El valor del PIST -el costo del gas en sí-, dado a conocer el martes, es el principal componente en la tarifa final del gas y representa casi el 50% de la misma.

Al mismo hay que sumar otros componentes cuyos valores aún no fueron dados a conocer y que inciden en la factura final: el transporte del gas a los centros de consumo, la distribución entre los hogares, y la carga impositiva (impuestos nacionales, provinciales y municipales).

Respecto a la distribución, el sector, en una audiencia pública virtual desarrollada la semana pasada, pidió una recomposición que promedia el 200% a aplicarse en febrero, para luego sumarse ajustes trimestrales que tomarán como parámetros la evolución de la inflación y los incrementos en los costos del sector.

Durante enero de 2023, personal de Litoral Gas continuará recorriendo las veredas inspeccionando la red de media presión para localizar pérdidas en Venado Tuerto. En todos los casos, el procedimiento puede reprogramarse por cuestiones climáticas.

Este relevamiento permite la detección de fugas bajo vereda en las instalaciones que son propiedad de Litoral Gas, cañerías principales y conexiones a cada domicilio. También las que puedan localizarse dentro del gabinete sobre el frente de la vivienda -instalaciones de propiedad del cliente-.

Se recomienda a quienes sean usuarios del servicio que realicen una revisión periódica de las instalaciones a través de un gasista matriculado. Las pérdidas detectadas en el gabinete podrían llevar, por seguridad de las personas, a la suspensión temporaria del suministro, que será restituido por personal de Litoral Gas una vez se haya regularizado la situación con la intervención de un gasista matriculado.

Por instrucción de la sección 723 de la Norma NAG 100 de Enargas, Litoral Gas debe recorrer con este procedimiento preventivo sus 13 mil kilómetros de redes y gasoductos una vez al año.

Cabe señalar que el personal de Litoral Gas abocado al procedimiento de búsqueda sistemática de fugas notificará a quienes se les interrumpa el suministro, pero en ningún momento deberá ingresar a los domicilios.

El Gobierno nacional convocó oficialmente para el 4 de enero próximo a una audiencia pública para definir los ajustes tarifarios del servicio de transporte y distribución de gas a nivel nacional, que se aplicarán a partir de febrero.

La decisión se formalizó por medio de la Resolución 523/2022 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicada este martes en el Boletín Oficial. En la audiencia, que se realizará de manera virtual, se tratarán los “nuevos cuadros tarifarios de transición” que solicitarán las operadoras privadas.

Según lo dispuesto, el 4 de enero a partir de las 09:00 y desde la Ciudad de Buenos Aires, se debatirá sobre la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural, de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes y el traslado a tarifas del precio de gas.

El Gobierno Nacional prepara aumentos para el gas natural

Quienes estén interesados en participar de la audiencia tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre inclusive para inscribirse a través de la página web del Enargas. En tanto, las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural deberán, a efectos de su pertinente publicidad, presentar ante el ente regulador -con fecha tope el 16 de diciembre- los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, “así como la información de sustento de los mismos que permita poner a conocimiento de la ciudadanía, usuarios y usuarias, el contenido propuesto para la adecuación transitoria de las tarifas bajo el Régimen Tarifario de Transición”, de acuerdo con la Resolución.

Los aumentos tarifarios a debatir incluyen a las transportadoras TGN y TGS y a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas, Ecogas y Redengas.

En la convocatoria, el Enargas recordó que el decreto 1020/20 estableció que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.

El gobierno prepara un amplio blanqueo

En ese sentido, indicó: “El establecimiento de un régimen tarifario de transición aparece como conveniente y como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias, debiendo tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”.

Esta semana comenzó a acrecentarse un conflicto en torno al gas natural destinado al GNC que podría llegar a convertirse en un problema a corto plazo.  

Algunas distribuidoras comenzaron a pedir a las estaciones de servicios el cese de consumo hasta regularizar la situación de abastecimiento que se vio afectada debido a la suba de la demanda por las bajas temperaturas.  

“Nos dirigimos a usted a fin de ponerlo en conocimiento de que ENARSA, actualmente su único proveedor de gas natural, ha dejado de confirmar el gas previsto para su actividad y, por consiguiente, nos vemos obligados a solicitarle el cese de su consumo hasta que regularice su situación de abastecimiento”, refleja la nota enviada por Litoral Gas. 

Desde la Cámara de Estaciones de Servicios (Cesgar), salieron al cruce de estas notificaciones, asegurando que, como declaró el presidente de la entidad, Juan Manuel Rumín, “a través de los asesores legales de la Federación se hizo un análisis de la resolución que instruía a Enarsa a inyectar ese gas y lo que se interpreta es que en todo caso Enarsa tiene que ser la que nos intime a dejar de consumir el gas y no Litoral Gas”. Por lo cual -continuó – “lo que se está buscando a través de notas a la Secretaría de Energía y Enargas es tener esa respuesta oficial por el ente que nosotros consideramos corresponde nos intime a actuar de una forma u otra”. 

La Secretaría de Energía en abril emitió una instrucción a fin de que IEASA proceda a abastecer de gas natural con destino a GNC. 

Uno de los puntos de la norma establecía que deben pagar el fluido a un precio 5 por ciento más elevado que el que YPF cobra a las Estaciones que abastece. Incluso, se prevé la posibilidad de prórroga, pero con un incremento de 7.5 por ciento bimestral. 

Edgardo Roma, estacionero local comentó a Sur24 que “el problema es con los que tienen contrato con IEASA”, asegurando que “hasta ahora, en el resto, no hemos tenido noticias, pero puede haber algunas restricciones”. 

“Por sugerencia de la Federación ya se han elevado notas a la Secretaría de Energía para ver si se puede anular o atenuar esa medida”, destacó Roma, añadiendo que “esto ocurre en estos días de tremendo frío. En nuestras dos estaciones, por ahora la venta y el abastecimiento es normal porque a nosotros no nos abastece IEASA”. 

Nada descarta que, como ya ha pasado en otros inviernos, se pueda limitar la venta de GNC en las próximas semanas y aseguran que todo el sector se encuentra en alerta, aunque la posibilidad que la venta se suspenda totalmente es lejana.  

Durante febrero de 2022, personal de Litoral Gas continuará recorriendo las veredas inspeccionando la red de media presión para localizar pérdidas en Venado Tuerto. También se aclaró que el procedimiento puede reprogramarse por cuestiones climáticas.

Este relevamiento permite la detección de fugas bajo vereda en las instalaciones que son propiedad de Litoral Gas, cañerías principales y conexiones a cada domicilio. También las que puedan localizarse dentro del gabinete sobre el frente de la vivienda -instalaciones de propiedad del cliente-.

Se recomienda a quienes sean usuarios del servicio que realicen una revisión periódica de las instalaciones a través de un gasista matriculado. Las pérdidas detectadas en el gabinete podrían llevar, por seguridad de las personas, a la suspensión temporaria del suministro, que será restituido por personal de Litoral Gas una vez regularizada la situación con la intervención de un gasista matriculado.

Por instrucción de la sección 723 de la Norma NAG 100 de Enargas, Litoral Gas debe recorrer con este procedimiento preventivo sus 13 mil kilómetros de redes y gasoductos una vez al año.

Cabe acotar que el personal de Litoral Gas abocado al procedimiento de búsqueda sistemática de fugas notificará a quienes se les interrumpa el suministro, pero en ningún momento deberá ingresar a los domicilios.