(Por Gabriel Rossini) - La industria metalúrgica tuvo en 2025 su peor desempeño desde el peor momento de la pandemia en 2020 y acumuló todo el año pasado un retroceso del 0,9% contra 2024, año en el que la actividad se había hundido el 12,1% a consecuencia de las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional, que anticipa un “escenario de correcciones” en el entramado de empresas en todo el país.

Los datos de actividad fueron dados a conocer por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que reveló que diciembre fue uno de los peores meses del año pasado, con una retracción del 7,1% y una contracción con respecto a noviembre de 2025 1,3%.

Con estos datos relevados el informe de ADIMRA reveló que la actividad continúa operando 19,8% por debajo de su último pico y a niveles similares a los del peor momento de la pandemia en 2020, mientras que el uso de la capacidad instalada profundizó su deterioro, ubicándose en 44%, uno de los registros más bajos de la serie histórica, lo que refleja “un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”.

La caída de la actividad impactó con fuerza en el empleo con una disminución del 2,5% en términos interanuales y en las expectativas de los industriales metalúrgicos donde 8 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses.

Diciembre fue un mal mes para el sector metalúrgico.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral”. Y agregó: “El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera”.

Desde el punto de vista sectorial, 7 de los 8 rubros que integran la actividad tuvieron caídas que en algunos casos son históricos como en Fundición (-19,8%), pero también lo hicieron en porcentajes importantes Maquinaria Agrícola (-8,5%), Equipo Eléctrico (-7,1%), Autopartes (-5,8%), Bienes de Capital (-5,4%), Otros Productos de Metal (-5,8%) y Equipamiento Médico (-2,8%).

El único que mostró un crecimiento de la actividad fue Carrocerías y Remolques (+1,5%), que había liderado el repunte del primer semestre, pero que ha venido mostrando una pérdida de dinamismo durante el segundo.

En tanto el análisis de la actividad por cadena de valor se ha mostrado en línea con el análisis sectorial donde todos mostraron retracción en el consumo liderados por Energía Eléctrica (-9,3%), Petróleo y Gas (-6,8%), Cadena Agropecuaria (-6,6%), Automotriz (-6,5%), Construcción (-5,1%), Consumo Final (-4,3%) y Minería (-4,1%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica. Este escenario vuelve indispensable la implementación de una política industrial integral”. Agregó que “el nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional. A ello se suma un consumo en marcado retroceso, configurando un panorama preocupante para el sector y para el empleo industrial que genera”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en diciembre, 8 de cada 10 empresas anticipa que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, no esperan incrementos en su dotación de personal e incluso proyecta reducciones.

Con respecto a las estadísticas provinciales, todos los distritos relevados por el informe y que representan el 90% del total del país, registraron caídas interanuales, encabezadas por la provincia de Buenos Aires (-9,2%), seguida por Córdoba (-8,6%), Santa Fe (-7,3%), Mendoza (-2%) y Entre Ríos (-1,6%).

Finalmente, el informe advierte sobre el importante crecimiento de las importaciones que vienen aumentando a un ritmo del 3,5% promedio mensual, en noviembre de 2025 aumentaron el 18,9% interanual y acumularon en los primeros 11 meses del año pasado un incremento acumulado de 50,8%. China, Brasil y Estados Unidos son los principales países de origen de los productos que ingresan.

A doce meses de la puesta en marcha del nuevo sistema de categorización ambiental, la provincia de Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas, marcando un hito en la modernización de la gestión ambiental. Este avance se logró gracias al Programa de Innovación Administrativa del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que se alinea con el proceso de modernización y digitalización que impulsa el Gobierno de Maximiliano Pullaro.

“Con esta herramienta avanzamos hacia un Estado moderno, que audita, controla y brinda respuestas al sector productivo con reglas claras”, señaló el ministro Enrique Estévez para luego indicar que “esto nos deja una conclusión clara: la innovación administrativa con rigor técnico puede ser sinónimo de mejor control”.

Transparencia y agilidad

La digitalización del trámite ha sido fundamental para agilizar el proceso de registro ambiental. Anteriormente, podía demorar hasta un año; hoy se completa en solo 15 minutos desde cualquier dispositivo, lo que permite al Ministerio a cargo del control ambiental tener un conocimiento mucho más detallado de las actividades que se desarrollan en el territorio provincial.

En cuanto a la comparativa, en 2024, se realizaron 602 categorizaciones, lo que ya implicaba un aumento del 30 % respecto a 2023 cuando se habían registrado 463 categorizaciones. En 2025, se alcanzaron las 3.000, multiplicando por seis la cantidad de registros logrados durante todo el año 2023. 

Nunca antes se había registrado un número tan alto de empresas en el sistema de gestión ambiental en un mismo año calendario. Gracias a esta información sistematizada, el Ministerio ahora cuenta con datos actualizados para planificar auditorías y priorizar intervenciones según el nivel de criticidad ambiental de cada actividad. Un 37 % de las empresas se ubicaron en categoría 1 o exentas, mientras que el 63 % restante pertenece a categorías 2 y 3, con mayores exigencias en términos de permisos.

Más eficiencia, sin flexibilizar condiciones

En el marco de esta transformación, también se incorporó la Licencia Ambiental Digital, una herramienta que reemplaza trámites que antes podían demorar entre 6 y 12 años. Este nuevo permiso digital, que se obtiene en pocos días, sin reducir requisitos, y representa un salto cualitativo en la gestión ambiental de la provincia, aporta reglas claras para el sector privado, menos arbitrariedad y más transparencia.

Además, el Ministerio capacitó a sus equipos técnicos junto al IRAM y Acumar, fortaleciendo la capacidad de fiscalización con criterios profesionales. A esto se suma la próxima incorporación de nuevas tecnologías que permitirán auditorías más rápidas, eficaces y trazables.

“Estamos consolidando un sistema ambiental moderno, que combina tecnología, formación técnica y presencia territorial. Esto no solo mejora el control, sino que también brinda previsibilidad al sector productivo y garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental”, expresó Gustavo Leone, secretario de Ambiente.

Con estos avances, Santa Fe consolida un modelo de desarrollo sostenible que conjuga producción y ambiente, y posiciona a la provincia como referencia nacional en materia de gestión ambiental inteligente.

Este viernes 12, desde las 13, la ciudad de Las Parejas será sede del tradicional Almuerzo por el Día de la Industria, un evento emblemático que reunirá a actores clave del sector industrial de la provincia de Santa Fe. La cita se llevará a cabo en el Sportivo Atlético Club (Calles 25 y 22) y se espera una nutrida participación de empresarios, cámaras industriales, autoridades gubernamentales y referentes del sistema científico-tecnológico.

Este evento, organizado por el Centro Industrial de Las Parejas con el acompañamiento de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Municipalidad de Las Parejas, tiene como principal objetivo poner en valor el rol estratégico de la industria en el desarrollo económico regional y nacional, al mismo tiempo que fortalece los lazos de cooperación entre los diferentes actores del sector productivo.

Un aspecto destacado de esta edición será la presencia de una delegación representativa de la Cámara Regional de la Industria y Comercio Exterior (Cricex), encabezada por su presidente Raúl Cipollone, quien acompañará a los referentes de Industria Metalúrgica Rossmet, la empresa venadense con planta fabril en el Parque Industrial “La Victoria” que en esta ocasión recibirá la Distinción al Mérito Industrial, un reconocimiento al esfuerzo y la innovación en el ámbito industrial.

Además, en representación del departamento General López, también será reconocida por la Fisfe la empresa firmatense Alcal Agrícola, con la compañía del Centro Económico de Firmat y la Cámara de la Industria de Firmat. 

El almuerzo, que se erigió en una jornada de diálogo, reconocimiento y proyección, también ofrecerá una oportunidad única para fortalecer el compromiso de las empresas y entidades con la producción, la innovación y el empleo argentino. Como es habitual, este encuentro será un espacio propicio para compartir experiencias, debatir sobre los desafíos actuales del sector y proyectar el futuro de la industria nacional.

Las tarjetas para participar del evento ya se encuentran a la venta de manera online a través del siguiente enlace: www.laoficinatickets.com. 

Este evento promete ser una jornada de celebración, reconocimiento y compromiso con el futuro de la industria nacional, un encuentro que refuerza el papel fundamental de la industria en el desarrollo económico y social de Santa Fe y del país.

Food Solutions (Rafaela); Sodecar (Rafaela); Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. (Avellaneda); LC Agro SA (San Jorge); Tecnac SA (Villa Constitución); AO Metalúrgica SRL (Las Parejas); Forbio (Roldán); Metal-Plat SAS (San José de la Esquina); Sola y Brusa S.A. (Franck); Vama - Valente Publicitaria SRL (Santa Fe); Terminal 6 SA (Puerto Gral. San Martín); Marpla (Armstrong); Metal -Nor Estructuras Metalúrgicas SRL (Avellaneda); Milkaut SA (Franck); Hardfacing SRL (San Lorenzo); Crucijuegos (Rosario); Alcal Agrícola (Firmat); Pierandrei SRL (Villa Gobernador Gálvez); Is-Fra SRL (Pérez); Sucoplass SAS (Sunchales); Lácteos La Ramada SA (Esperanza); Industria Metalúrgica Rossmet SRL (Venado Tuerto); Tecnigráfica (Rosario); Loma Alta (Gálvez); Bici Peeretti SA (Rafaela); Hidráulica Pirles - López; Concept Design SA (Casilda); Alberto Prieto SA (Reconquista); Construcciones Fundar SA (Rosario); Ceriotti Muebles (Pavón); Belardinelli y Cía. SRL (Rosario); Hierromas SRL (Cañada de Gómez); José Enrique Catalano (Alvear); La Valenziana SRL (Cañada de Gómez). 

Gabriel Rossini

En los primeros 18 meses del gobierno de Javier Milei se perdieron en el país 15.564 empresas, 166 unidades productivas más que durante la pandemia, cuando se perdieron entre marzo de 2020 y enero de 2021 un total de 15.398 empresas; de acuerdo a un informe elaborado por la consultora Vectorial en base a la información proporcionada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que depende del ministerio de Capital Humano.

Unidades productivas con personas trabajadoras declaradas.

El informe, difundido esta semana por la consultora cuyo economista jefe es Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán, además de economista jefe del Banco Nación (2021-2023) y jefe de División en la Comisión Económica para América Latina (Cepal); indica que cuando Javier Milei asumió la presidencia había en el país 512.357 unidades productivas mientras que en mayo de 2025 el número había disminuído a 496.793.

Pese a que el ritmo de destrucción de empresas durante la gestión libertaria es importante, aún esta lejos de las 23.632 empresas menos que dejó como legado de su gestión Mauricio Macri, que tuvo un desempeño que será difícil de igualar: en diciembre de 2019 la industria llevaba más de 20 meses de caída consecutiva del nivel de actividad; en 46 de los 48 meses de gestión se destruyeron empleos industriales, con una pérdida de 160 mil puestos de trabajo; y en diciembre de 2019 ningún sector de la industria tenía niveles de actividad superiores a diciembre de 2015.

Se perdieron en el país 15.564 empresas.

El informe se Vectorial se difundió el mismo día que el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió por primera vez que el nivel de tasas de interés que está pagando el Estado va a impactar sobre el nivel de actividad aunque dijo que van a ser transitorias y que después de las elecciones de octubre volverán a valores más normales porque La Libertad Avanza ganará los comicios nacionales.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, junto a autoridades provinciales, participaron este martes de la apertura de la Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos, realizada en La Fluvial de Rosario.

El encuentro, enmarcado en la Semana del Clima, reunió a referentes gubernamentales, empresariales, académicos y de la sociedad civil de distintos países para debatir el presente y futuro de los biocombustibles en América.

En su intervención, Scaglia aseguró que una nueva ley de biocombustibles es necesaria y debe plantearse con una visión productivista. “Tiene que aumentar el corte y permitirle a las empresas producir más. Si producimos más y podemos vender más, va a cambiar el esquema productivo”, afirmó.

La vicegobernadora recordó que el sector agropecuario ha evolucionado más allá de la exportación de granos. Señaló que la biotecnología, la industrialización de alimentos y la incorporación de los biocombustibles transformaron la matriz productiva provincial. “El biodiésel es poner valor agregado a lo que producimos en nuestros campos y en nuestro interior”, remarcó.

Desde el gobierno se resaltó la importancia de que el debate se realice en Santa Fe, provincia líder en biodiésel. La Cumbre ofrece un espacio de intercambio entre productores, cámaras y especialistas de diferentes países. “Es un ámbito propicio para discutir la nueva ley de biocombustibles, que se está trabajando en el Congreso”, señalaron.

La provincia forma parte de la Liga Bioenergética, junto con Córdoba, Entre Ríos, Salta y Tucumán, que aportan distintos insumos a la cadena: soja en el caso santafesino, maíz en Córdoba y Tucumán, o caña de azúcar en el norte.

La Cumbre Panamericana de Biocombustibles Líquidos es organizada por la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (Cpbio) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el apoyo de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA). También colaboran entidades clave de la cadena agroindustrial como Acsoja, Carbio, la Cámara de Bioetanol de Maíz, Ciara, Maizar y el Centro Azucarero Argentino (CAA).

El encuentro, que se desarrolla en paralelo a la Semana del Clima, busca delinear estrategias conjuntas para fortalecer la producción de biocombustibles en la región y avanzar hacia una matriz energética más sustentable.

(Por Gabriel Rossini) - Las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresaron la preocupación de los socios de la entidad por la caída de la actividad económica, pidieron que se generen líneas de crédito a tasas razonables que permitan sostener la producción e insistieron con un dato que muestra con énfasis las consecuencias de la situación que atraviesa el sector: en el último trimestre perdió 1.500 empleos mensuales.

Tras la reunión del Consejo Directivo de la entidad y después de los habituales reconocimientos al ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación y las medidas para alcanzar el equilibrio fiscal que toma el gobierno nacional, la UIA expresó su inquietud por la caída de la actividad y pidió líneas de crédito para sostener la producción y el empleo, que tras el aumento que tuvieron en las últimas semanas los bancos otorgan para producir a tasas impagables.

En este sentido, el presidente de la entidad, Martín Rapallini, destacó una reunión reciente que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, al que le plantearon la situación del sector y con el que analizaron posibles medidas para fomentar el crédito y el nivel de actividad.

"Los miembros de la Junta señalaron que las tasas de interés deberían estabilizarse en un nivel razonable para la capacidad de las empresas, y destacaron la necesidad de crédito para sostener el capital de trabajo, en particular en las PyMIs industriales, en un contexto de presión sobre los costos", dice el comunicado de prensa emitido por la UIA.

Consejo General de la UIA.

Respecto del empleo, el comunicado de la UIA vuelve a destacar un dato contenido en el último informe de actividad industrial elaborado por el Centro de Estudios de la entidad (CEU) en base a datos oficiales que revelan una pérdida de 1.500 empleos por mes en el último trimestre, con una caída acumulada de 37.000 empleos desde agosto de 2023.

Respecto de la actividad manufacturera, insisten con otro de los datos que el relevamiento del CEU viene informando que es el freno que la actividad tiene desde hace 5 meses, después de la recuperación insuficiente y heterogénea que tuvo en el segundo semestre de 2024.

Finalmente, destacaron el esfuerzo que el sector industrial viene haciendo en materia de inflación -mientras que el IPC acumulado desde diciembre de 2023 fue de 150%, el IPIM Manufacturero en el mismo período fue de 86% - e informaron de reuniones mantenidas con el Ministerio de Seguridad para plantear la necesidad de combatir y frenar el ingreso de mercadería por contrabando ya que "el aumento de la informalidad es un riesgo para los consumidores, y genera una competencia desleal y una presión adicional sobre el sector formal de la economía, que está muy penalizado por la alta presión tributaria vigente".

Unión Industrial Argentina hizo un pormenorizado relevamiento del sector.

En una entrevista con Infobae esta semana, Rapallini admitió que "Argentina está en un momento de gran transformación" y señaló que "es tiempo de empezar a mirar lo que pasa con la microeconomía", a la vez que sostuvo que en el sector hubo cierres de empresas, "lo que es muy doloroso porque el tejido industrial que se pierde es muy difícil de recuperar" y consideró que es necesario "tomar medidas para reactivar la economía, porque si no toda esta transición es muy difícil, y bajar los impuestos a la exportación".

El Gobierno Provincial dispuso que a partir del próximo 25 de agosto todos los trámites que actualmente se realizan en el Registro Público de Comercio y en la Inspección General de Personas Jurídicas pasarán a realizarse de manera unificada en un solo lugar: el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos, medida que permitirá simplificar trámites, ofrecer un servicio más ordenado, moderno y eficiente, con una administración ágil, digital y pensada para las personas. Estos cambios permitirán reducir tiempos de espera para quienes necesiten registrar una empresa, asociación o contrato en la provincia, entre otros trámites.

Esta decisión -oficializada en el decreto Nº 1021/25 con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro- forma parte de la reglamentación de la Ley N° 14276 sancionada en 2024 y busca unificar criterios de aplicación de normas y evitar la duplicación de pasos y papeles, algo que muchas personas venían reclamando. "Con este cambio, se agilizan los tiempos y se mejora la atención al público", expresó el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

La medida no solo implica una reorganización administrativa, sino también una fuerte apuesta por la modernización tecnológica (actualmente se están trasladando los sistemas informáticos, las bases de datos y toda la documentación del actual Registro Público de Comercio al nuevo organismo). Además, la Provincia digitalizará procesos como la rúbrica de libros de comercio, lo que permitirá hacer esos trámites de forma más rápida y, en el futuro, incluso desde el interior provincial sin necesidad de viajar. También se elimina la doble inscripción para sociedades anónimas; y simplifica la presentación anual de balances (generando un impacto positivo en ONGs, clubes y otras instituciones).

Durante los primeros seis meses, se permitirá que los trámites ya iniciados ante el Registro Público, se finalicen en el mismo. Pero los nuevos deberán hacerse directamente en el nuevo Registro. Una vez pasado ese período, todo quedará unificado para facilitar el seguimiento de los expedientes.

El proceso también incluye garantías para proteger los datos personales y asegurar la confidencialidad de la información, respetando las normas vigentes sobre gobernanza de datos y acceso a la información pública.

El subsecretario a cargo del nuevo organismo, Roberto Ryan, explicó que la actual Inspección General de Personas Jurídicas pasará a denominarse Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos: "Queremos generar una transformación cultural, buscamos dejar atrás una visión burocrática", y destacó que "la incorporación de la palabra «empresa» no es casual. Reconocemos el rol fundamental que este Registro cumple en el desarrollo productivo de la provincia. Por eso, el cambio no es solo de nombre, es de enfoque".

Finalmente, el funcionario remarcó que este es solo el inicio de un proceso de transformación profunda: "Esto va mucho más allá de la despapelización. Apunta a crear un organismo inteligente, que se adapte a la Ley de Gobernanza de Datos, que sea más flexible sin perder el control, y que colabore activamente en la lucha contra el delito organizado. Y sobre todo, buscamos un organismo que innove de manera permanente, siempre pensando en facilitarle la vida a quienes producen, invierten y trabajan en Santa Fe".

Empresas de Rosario y Santa Fe participaron de los primeros desayunos de Comercio Exterior organizados por el Banco Santa Fe en sus Centros de Negocios con la finalidad de fomentar la cercanía con sus clientes y generar propuestas de valor que fortalezcan el intercambio con el mercado internacional, en el marco de su propósito de “agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”.

Los encuentros empresariales organizados por el Banco reunieron a representantes de importantes empresas locales como Boero, Rimon Cassis e Hijos, Rural Santa Fe e Ingeniera Técnica, quienes compartieron experiencias en el contexto del comercio internacional en un espacio de intercambio, aprendizaje mutuo y networking al tiempo que repasaron el rumbo del comercio exterior y el panorama normativo cambiario desde fines de 2023 hasta la actualidad.

También se abordó la transformación digital impulsada por el Banco por medio de soluciones digitales y su propuesta de productos Comex, con especial énfasis en las líneas de financiamiento para importación y exportación, que fueron altamente valoradas por los asistentes.

“Estamos convencidos de que estar cerca de nuestros clientes y generar estas propuestas de valor es vital para hacer crecer el negocio de Comercio Exterior, y estos espacios nos permiten no solo compartir conocimiento, sino también traccionar nuevas oportunidades entre las empresas de la región”, destacaron representantes de la entidad financiera.

Banco Santa Fe reafirma su compromiso de acompañar a las empresas de la región en su crecimiento, brindando herramientas y soluciones que potencien su competitividad en el mercado internacional.

La principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos, tramitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, buscando reducir salarios del personal o achicar drásticamente la planta laboral para hacer frente a las dificultades económicas.

La solicitud presentada por la empresa avícola se dio a finales de la semana pasada y obtuvo el aval del Gobierno, siendo la cuarta empresa que requiere encuadrarse en el mecanismo que permite avanzar con despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

En ese caso, Granja Tres Arroyos pretendería despedir 700 empleados o descontar el pago de adicionales, que equivalen al 21% del sueldo, de acuerdo a la información divulgada por el diario Clarín, que al mismo tiempo reveló que el pedido estaría vinculado a los problemas de sostenibilidad económica que viene atravesando la compañía en el último tiempo.

La productora avícola ostenta ocho plantas de faena, entre Argentina y Uruguay, de las cuales cuatro se ubican en Buenos Aires, dos en Entre Ríos, una en Córdoba y una en Montevideo. De dicho conjunto de establecimientos, hay dos ubicados en territorio bonaerense (Esteban Echeverría y Ezeiza), que fueron heredados al adquirir el negocio de la ex Cresta Roja.

A finales de octubre se instaló con fuerza el cierre de la planta de Ezeiza esgrimiendo la caída de la producción tras la gripe aviar y la pérdida del mercado de China. En ese entonces, se había anunciado que de las 270 personas de la planta, 55 pasarían a la de Echeverría, 15 quedarían en el lugar para mantenimiento y 200 serían desafectadas.

Ahora, se retoma la idea de desprenderse de dicha fábrica pero la declaración de crisis abarcaría a otros establecimientos. A los mencionados argumentos, que se mantienen, se le suman reclamos por un dólar poco competitivo y por la presión impositiva que eleva los costos internos en comparación con otros países de la región.

A pesar de los planteos expuestos por la compañía que produce 700.000 pollos diarios y emplea a 7.000 personas, las exportaciones del sector avícola crecieron un 20% en volumen y 26% en valor entre enero y octubre de este año, según el último informe publicado por la Secretaría de Agricultura.

Se trata de la cuarta empresa que solicita un procedimiento de crisis en los últimos meses. La cerealera Vicentín presentó uno la semana pasada y Aerolíneas Argentinas amagó con tomar la misma medida en noviembre, luego de que las fabricantes de neumáticos FATE y Bridgestone solicitaran ese mecanismo en julio.

El común denominador es el interés por reducir los costos laborales en un contexto donde la industria se queja de los "sobrecostos" para exportar, como un dólar menos competitivo, salarios en dólares supuestamente más altos que los de Brasil y la carga tributaria, mientras Brasil viene devaluando y los gremios buscan recuperar la pérdida de poder adquisitivo.

Por César Rodríguez

Con la recesión ya consolidada en la Argentina, la demanda laboral tiende a cero. La actividad económica lleva tres meses consecutivos de caída y el panorama no da garantías de una pronta recuperación. Debido a esto, apenas dos de cada cien empresas están pensando en contratar nuevos trabajadores en los próximos meses. El dato surge de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora mensualmente la Secretaría de Trabajo.

El último informe presentado -correspondiente a febrero de este año- arrojó que el 95,2% de las empresas planea mantener su planta de personal, el 2,5% analiza despidos y apenas el 2,3% evalúa contratar nuevos trabajadores. El estudio se centra sólo sobre empresas con 10 o más trabajadores, por lo que no están contempladas las micro empresas ni las pymes más chicas.

Si se analizan los datos históricos, se encuentra que la proporción de empresas que están pensando en aumentar su dosis de personal es la más baja de la última década. Tomando como referencia los meses de febrero, el año pasado, por ejemplo, la cantidad de empresas que planeaba sumar nueva mano de obra era prácticamente el doble (4,1%).

En años con otro escenario económico, como 2017 y 2018, el porcentaje de firmas con intenciones de contratar nuevo personal ha llegado a superar al 10%.

La tasa de búsqueda (el 2,3%) se puede desglosar en cuatro partes, según el nivel de calificación que se requiere. Los que mejores oportunidades tienen en este momento son los trabajadores "no calificados", que tienen una tasa de búsqueda del 3%; le siguen los técnicos (1,5%), los operativos (1,4%) y finalmente los profesionales, cuya tasa de búsqueda es de apenas 0,9%.

Además, del total de búsquedas, el 81,5% es para sexo indistinto, el 12,8% requiere sí o sí de mujeres y sólo un 5,7% requiere de empleados del sexo masculino. Otro dato que da cuenta de un escenario preocupante para el mercado laboral es la proporción de despidos sin causa. Según la EIL, del total de personas que perdieron su trabajo en febrero, el 12,6% sufrió despidos sin justificación alguna.

Se trata del número más alto para esa época del año desde 2020 hasta hoy. Se supera por ejemplo el 10% de febrero del 2023 y el 5,2% de igual mes de 2022. En tanto, la proporción de despidos con justa causa saltó de 2,7% en 2023 a 4,5% en 2024, mientras que las renuncias bajaron del 60,2% al 53,4%.

La Encuesta de Indicadores Laborales analiza también la evolución del mercado laboral en los últimos meses según rama de actividad. En este caso, los últimos datos publicados muestran cierta tendencia de estancamiento en varios sectores y una fuerte caída en uno de ellos.

En detalle, creció 0,6% el empleo en la industria manufacturera (entre febrero de 2023 e igual mes de este año), mejoró 1% "servicios comunales, sociales y personales" y repuntó 1,7% el sector de "comercio, restaurantes y hoteles". También mejoró la rama de "servicios financieros" (1,9%), mientras que "transporte, almacenamiento y comunicaciones" se mantuvo sin cambios (0% de variación).

Sólo un sector, la construcción, perdió trabajadores en los últimos doce meses, pero se trató de una fuerte baja del 11,2%. Si se analizan los resultados por tamaño de empresa, se encuentra que se redujo 0,5% la cantidad de empleados en empresas de entre 10 y 49 trabajadores, se mantuvo (0,1% de variación) en empresas de 50 a 199 personas y creció 0,7% en firmas de 200 o más empleados.

En marzo, la actividad del sector manufacturero pyme registró una caída anual del 11,9%, experimentando así un nuevo descenso. A su vez, en el primer trimestre del año, la producción industrial acumuló una baja del 19,1% en comparación con el mismo período de 2023, según reportó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa

Además, se observó un retroceso del 3,4% en la comparación mensual desestacionalizada. Esta coyuntura refleja la gravedad de la situación del sector y la necesidad de tomar medidas urgentes para revertir esta tendencia. Es el cuarto mes consecutivo que la actividad fabril retrocede y, por como vienen los pedidos de producción, las pymes no ven un piso en el corto plazo.

Las empresas relevadas operaron en marzo con 70% de su capacidad instalada, mostrando una caída de 0,8 puntos porcentuales frente a febrero. Hay sectores con niveles altos de stock que se debaten entre seguir produciendo para no cortar el proceso y tener que cesantear personal o frenar.

Por otra parte, las industrias consultadas destacaron que los precios estuvieron más estables y un 25,3% señaló que siguen teniendo problemas para reponer stocks.

Según el análisis sectorial, cinco de los seis sectores manufactureros del segmento pyme tuvieron fuertes caídas en la comparación anual, siendo los más afectados "Papel e Impresiones" (-27,4%) y "Químicos y plásticos" (-20,7%). "Textil e indumentaria" fue el único rubro en alza (+10,9%).

El sector registró una caída de 5,6% anual a precios constantes en marzo y de 3,6% en la comparación mensual. En el primer trimestre del año acumula una baja de 14,2% anual. Las industrias operaron con 73,3% de su capacidad instalada.

A pesar de la performance del mes pasado, algunas empresas destacaron como positivo la desaceleración de los precios y la normalización en la importación de insumos. De todas maneras, el escenario esperado conjuga costos crecientes con márgenes cada vez más chicos y ventas decrecientes.

La automotriz General Motors anunció que paralizará otra vez su planta santafesina esta semana. Había reabierto en marzo luego de dos meses de estar parada, volvió a cerrar entre el 27 de marzo y el 14 de abril, y ahora paralizará su actividad nuevamente la semana que viene, entre el 22 y el 26 de abril.

Con una baja de 23% en la producción durante el primer trimestre producto a su vez de caídas en las ventas y en las exportaciones, el sector automotor es uno de los más complicados por el freno en la actividad económica que atraviesa toda la industria.

Toyota abrió un programa de retiros voluntarios y se suma GM, que emplea poco más de 1.200 operarios. Renault, por su parte, decidió no renovar los contratos de 270 de sus operarios, quienes a su vez representan 15% del total de la fábrica cordobesa de Santa Isabel, donde hasta marzo trabajaban poco menos de 1.900 personas.

"A pesar de que la situación productiva actual de las PyME industriales difiere sustancialmente de las PyME de Software y Servicios Informáticos (SSI), en el primer bimestre 2024 el nivel de la confianza empresarial para el próximo año aumentó un 20% en ambos sectores".

Así lo refiere la Fundación Observatorio Pyme en su último reporte del Índice de Confianza Empresarial PyME (ICEPyME), que elabora desde hace más de 20 años. El documento reconoce el "extraño fenómeno" entre la situación recesiva y las perspectivas empresarias.

"Las expectativas positivas sobre el país (uno de los subcomponentes del ICEPyME de FOP), arrancan desde muy abajo, pero entre octubre '23 y febrero '24 aumentaron un 57%, tanto entre las PyME industriales como entre las de SSI", señala el documento.

"También aumentaron en ambos sectores las expectativas en el subcomponente sobre el desempeño de la propia empresa que, aunque arrancando desde un nivel mucho más alto que el subcomponente País, crecieron desde octubre '23 un 12% entre las industriales y 16% entre las de SSI".

El indicador de confianza contrasta fuerte con la evidencia estadística de lo que sucede en los últimos meses. Cabe recordar que en febrero de 2024, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 9,9% respecto a igual mes de 2023 (-11,1% en el bimestre), medido por el Indec.

Y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa había advertido que la producción de la industria manufacturera pyme -si bien recortó el nivel de caída en febrero- retrocedió 9,9% en febrero, tras caer 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente.

El documento de la FOP advierte diferencias productivas entre Pymes convencionales e informáticas. "Las ventas reales (facturado deflactado por los precios de la propia empresa) de las PyME industriales en el cuarto trimestre de 2023 con relación al mismo período del año pasado cayeron un 12% y la ocupación disminuyó 3%, mientras que en el mismo periodo las ventas reales y ocupación de las PyME del SSI aumentaron (+15% y +4%, respectivamente).

"Asimismo, las expectativas de ventas y empleo para el primer trimestre resultaban negativas para las industriales y positivas para las del SSI".

La Fundación, que preside Paolo Roca y dirige el economista Vicente Donato, señala diferencias en la confianza industrial. En el sector del calzado y textil aumentó apenas 4%; trepó 35% entre los empresarios de maquinarias y 22% para quienes están al frente de firmas del sector químico.

La diferencia es consistente con los pronósticos de recuperación heterogénea de la economía que por estas horas padece recesión y provoca el debate sobre la posibilidad y la velocidad -o lentitud- de la recuperación.

Un contraste inédito

"Es la primera vez que, en la larga serie estadística de los indicadores de FOP, se verifica de manera tan drástica en el sector industrial el fenómeno de una caída del indicador de producción (mide la evolución de las variables de nivel de producción, empleo, cartera de pedidos, stock de materias primas e insumos y velocidad de entrega de los proveedores- y un simultáneo aumento del Índice de Confianza Empresarial.

"A modo de conclusión -dice el informe- cabe destacar que el aumento de la confianza de las PyME industriales no se traduce aún en un aumento del porcentaje de empresas que consideran que este es un buen momento para invertir en equipamiento.

"De hecho, frente al antes mencionado aumento del 20% de la confianza empresarial, la proporción de empresas manufactureras que consideran que es un buen momento para realizar inversiones se mantuvo constante (24% en octubre '23 y 23% en febrero '24), mientras que en entre los empresarios del SSI la consideración positiva del buen momento actual para invertir aumentó del 17% al 27% entre octubre '23 y febrero '24".

La Administración Provincial de Impuestos (API) emitió la resolución 13/2024, mediante la cual se modifica el Régimen de Retenciones y Percepciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Cerca de 2.500 micros y pequeñas empresas -según cálculos oficiales- dejan de ser agentes de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos si completan un trámite on line a tal fin. La norma entra en vigencia en la segunda quincena del presente mes.

Con la medida, quedan obligados a actuar como agentes de retención los responsables cuyos ingresos brutos, excluido el impuesto al valor agregado, obtenidos en el año calendario inmediato anterior superen, las sumas de mil doscientos millones de pesos atribuibles a la jurisdicción Santa Fe y de pesos mil quinientos millones ($1.500.000.000) en la totalidad de las jurisdicciones en las que operan. Hasta aquí el monto -tanto para contribuyentes locales como de Convenio Multilateral- ascendía a $160.000.000.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que "el nuevo piso es nueve veces superior al que regía desde octubre de 2022, lo que beneficiará a 2.500 micros y pequeñas empresas santafesinas que venían estando alcanzadas por esta obligación"; que implicaba una exigencia administrativa y burocrática, que se traducía en un costo adicional para la pequeña empresa.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que "es una medida a favor de las empresas santafesinas que no tiene precedentes. Esto demuestra la vocación y el compromiso que tenemos con los sectores que producen, y nuestra forma de entender la gestión, que es a favor de los buenos contribuyentes, reconociendo el esfuerzo que hacen. Pero no es una medida aislada, forma parte de otras que se están implementando en materia impositiva, en materia de financiamiento, como las lineas de crédito que pusimos en marcha con el programa 'Santa Fe Activa', que son líneas con tasa subsidiada orientada a fortalecer el capital de trabajo y promover la inversión".

Mediante la resolución 14/2024 y con el objetivo de desburocratizar el Estado, API dispuso que el trámite por el cual se gestione el reconocimiento de exención se realice online -clave fiscal mediante- , dejando atrás una modalidad presencial que insumía en promedio 50 hojas de papel y movimientos a través de distintas oficinas de esa administración.

Quienes deseen acceder al trámite deberán contar con CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), Clave Fiscal Nivel 3, otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y habilitar en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el servicio "API - Santa Fe - Padrón Web Contribuyentes Locales". Habilitado el mismo, deberá ingresar a www.santafe.gov.ar/padronweb y seleccionar el Trámite: Impuesto sobre los Ingresos Brutos "Padrón Web Contribuyentes Locales".

Una vez autenticado el contribuyente, se desplegarán las distintas opciones correspondientes al Padrón Web de Contribuyentes Locales referidas al módulo de exención:

La medida anunciada por los ministerios de Economía y Producción se suma a la devolución del impuesto inmobiliario rural a los productores agropecuarios santafesinos, que pagaron total o parcialmente este impuesto durante el año 2022 y 2023, y que se vieron afectados por el desastre agropecuario. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Economía Provincial, la devolución impositiva superará los $ 2.425 millones.

Olivares recordó que "debido a la declaración de desastre agropecuario, resultaban exentos del pago del Impuesto Inmobiliario y muchos ya lo habían abonado total o parcialmente, por esto se establecieron mecanismos para que, por primera vez, puedan aplicar ese saldo a favor a las cuotas de este año e inclusive con el descuento previsto del 35 % en el pago anual".

Además, aquellos que cuenten con este saldo a favor, y que de igual manera abonaron el pago anual 2024, por primera vez Provincia les reintegrará el impuesto por ese pago directamente a su propia CBU con trámite 100% digital.

Por Gabriel Rossini

Argentina alcanzó en 2022 un total de 340 empresas de biotecnología lo que la ubica entre las 10 paises del mundo con mayor cantidad de firmas de ese sector, uno de los más competitivos y de vanguardia del mundo, por la formacion de los recursos humanos que emplea y por la compeljidad de los productos que produce. Esto ubica a nuestro país por encima de otros como Dinamarca, Noruega y Austria.

Los datos están contenidos en el primer censo de empresas de Bio y Nanotecnología llevado adelante por la Agencia I+D+i que dependen del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, en conjunto con la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

De acuerdo a este relevamiento, las 340 empresas biotecnológicas que hay en nuestro país están distribuidas mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También hay una buena presencia de empresas en las provincias de Mendoza y Tucumán.

En su conjunto, facturaron más de US$1.400 millones y generaron más de 20.000 puestos de trabajo en 2022. De estas, el 27% del personal tiene al menos un título de grado universitario, el 6% posee título de doctor y otro 6% cuenta con otros títulos de posgrado (maestrías y/o especializaciones). A su vez, la participación de mujeres en el total de equipos emprendedores alcanza el 50%.

En el mismo sentido, la fundación Fundar publicó este martes un trabajo denominado "El rol de la bioeconomía en el desarrollo productivo regional", donde destaca que la gran diversidad de recursos desplegados en el extenso territorio puede permitir que una estrategia de promoción de la bioeconomía se vuelve sumamente relevante para desarrollar las distintas regiones apalancada en la demanda mundial de productos biotecnológicos que sustituyan a los basados en combustibles fósiles y que permitan aumentar la productividad agrícola, minimizando los daños sobre el ambiente.

"Los avances científicos y tecnológicos en biotecnología, nanotecnología y ciencia de materiales permiten una expansión de las oportunidades de innovación para atender a esa demanda y generan una oportunidad para nuestro país porque tiene las capacidades para encarar una estrategia sobre este tema que surgen de la diversidad de recursos biológicos a lo largo de nuestro territorio; del dinamismo de las cadenas agroindustriales y, sobre todo, de un sistema público de ciencia y tecnología de reconocida calidad y una serie de instrumentos públicos de promoción de las actividades basadas en el conocimiento", dice el informe.

El documento de Fundar pone como ejemplo el cluster de la biotecnología de Rosario y Santa Fe que desarrollan productos para atender desafíos del agro como la reducción de agroquímicos, hacer más eficiente la producción de biocombustibles o aumentar la tolerancia de los cultivos a las sequías porque es una región donde el sector agropecuario explica el 16,8% del valor agregado que genera la actividad a nivel nacional y el 17,5% del producto bruto geográfico de la provincia) y porque tiene las capacidades industriales, más un fuerte entramado de instituciones de ciencia y tecnología que permiten un desarrollo de la actividad.

Entres las fortalezas que destaca el informe se encuentran los institutos científicos como el Centro Científico y Tecnológico de Rosario y el Centro Científico y Tecnológico de Santa Fe, ambos organismos dependientes del CONICET más las políticas de ciencia y técnica nacionales y provinciales y la inversión pública para la generación de capacidades.

Algunas de las consideraciones contenidas en el informe de Fundar son las siguientes:

-En la provincia de Santa Fe existen cuarenta y ocho empresas que emplean técnicas modernas de biotecnología en sus procesos de I+D, así como en la fabricación de bienes y/o servicios.

-Estas empresas, en su mayoría relacionadas al sector agrobiotecnológico (29%) y de salud (27%), se ubican fundamentalmente en Rosario y en la ciudad de Santa Fe.

-El ecosistema biotecnológico de la provincia de Santa Fe es su orientación hacia los mercados globales. En 2021, de las cuarenta y ocho empresas mencionadas, trece lograron exportaciones por un total de USD 54 millones.

-Durante el período comprendido entre 2017 y 2021, Argentina solicitó doscientas cincuenta y una patentes relacionadas con la biotecnología en diferentes partes del mundo, de las cuales cuarenta y seis fueron solicitadas por instituciones y/o empresas en Santa Fe. De estas, aproximadamente el 45% fueron presentadas por empresas privadas o empresas privadas en colaboración con instituciones públicas, mientras que el resto provienen de institutos públicos como el CONICET y las universidades. En su conjunto, casi la totalidad de estas cuarenta y seis patentes surgieron del biocluster de Rosario-Santa Fe.

-La inversión en actividades de I+D en la provincia estuvo en el último decenio por arriba del promedio nacional, alcanzando un 0,7% del Producto Bruto geográfico. En términos de recursos humanos, con 715 investigadores por millón de habitantes, la provincia se encontró por encima del promedio nacional (654), pero por debajo de Capital Federal (1824) y Córdoba (981).

-A los centros científicos de Santa Fe y Rosario se suman otro tipo de estructuras, desde laboratorios de doble dependencia entre Universidad y Gobierno provincial (tal es el caso del Laboratorio Mixto de Biotecnología Acuática ubicado en el Acuario del Río Paraná), estaciones experimentales del INTA y sedes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

-Como se menciona en los estudios de caso, la totalidad de las empresas y los productos descritos en este estudio fueron desarrollados por investigadores formados en alguno de los institutos del sistema público de innovación, cuando no directamente perteneciente a ellos.

-El financiamiento privado fue crucial para las etapas avanzadas de desarrollo de productos y servicios biotecnológicos, en las cuales los costos se incrementan exponencialmente, mientras que la inversión pública a través del sistema de CyT es fundamental en la producción de la ciencia básica y los recursos humanos que posibilitaron el desarrollo del biocluster, e incluso en el desarrollo inicial de los proyectos.

-El aporte de capital privado, en gran parte proveniente de empresas del sector agroindustrial y del sector salud, tuvo un rol clave en el financiamiento de las empresas emergentes, sobre todo de empresas o individuos que ya operaban en el sector agroindustrial, resulta fundamental para iniciar primero el proceso de creación de la empresa (capital semilla) y para atravesar luego el "valle de la muerte" que media entre el descubrimiento científico y la llegada de un producto al mercado, donde se requiere pasar del piloto al testeo y el escalado industrial de la solución tecnológica.

-Hay hoy dieciséis aceleradoras y/o incubadoras de proyectos biotecnológicos con incidencia en la provincia, tanto de capital privado como con participación pública. Trece se encuentran radicadas en Santa Fe, mientras que la mitad operan desde el Gran Rosario. Un número importante de ellas fueron creadas a partir de 2017 con la creación de la Incubadora de Empresas de Ámbito Regional (IDEAR) y especialmente del Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC).

-En la ciudad capital, la Aceleradora Litoral - Santa Fe (2017): es una aceleradora de empresas de base científica-tecnológica, que surgió de la unión de la Universidad Nacional del Litoral, el Parque Tecnológico del Litoral Centro, la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Unión Industrial de Santa Fe, todas instituciones de la ciudad de Santa Fe. Se enfoca en crear empresas de base en las ciencias a través de distintos servicios de asesoramiento y montos de financiación semilla por USD 500 mil. A la fecha ha invertido en cinco emprendimientos.

Hace 27 años, de la mano de José María Brusa nacía en Coronda una empresa familiar que con el correr del tiempo se transformaría en una firma líder en la elaboración de mermeladas, almíbares y pulpas de fruta.

Esa apuesta empresarial que surgió para darle un valor agregado a la frutilla, se convirtió en la identidad de la familia. Hoy es Patricia (con el acompañamiento de sus hijos y sobrinos) quien está al frente y quien lleva a cabo la transformación de la empresa que busca a futuro colocar sus productos en todos los rincones del mundo.

“Pumeral S.R.L. a través de su marca Brucor, es una empresa que representa nuestra herencia, nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Es nuestro medio de subsistencia pero fundamentalmente es la identidad de nuestra familia. Se inicia con mi papá José María Brusa en el año 1996, como una necesidad de darle un valor agregado a la frutilla, en épocas de mucha producción, donde no había donde volcarla”, comentó Patricia Brusa a El Litoral.

La empresa orienta sus productos al cuidado de la salud y el medio ambiente; pero sin dejar de lado la autenticidad y la excelente calidad.

“Pretendemos que los mismos produzcan en nuestros consumidores estímulos sensoriales que generen pequeños placeres asociados a momentos felices y que al recordarlos reconfortan el alma. Los valores que nos inspiran son la responsabilidad ante el trabajo de cada día, el respeto por nuestros clientes, proveedores y empleados. Además del esfuerzo y la perseverancia cuando tenemos que sortear adversidades o generar proyectos innovadores, la solidaridad en toda nuestra cadena de valor, la responsabilidad empresarial y el amor por todo lo que hacemos”, añadió.

Brucor cuenta con producción propia, pero además es el principal comprador de fruta (este año procesarán más de 2 millones de kilos de frutilla) de la zona productiva que incluye Arocena, Coronda, Desvío Arijón y el corredor del la Ruta Provincial Nº 1 (Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines).

“La intención a futuro es poder empezar a exportar con marca propia. Hoy lo hacemos con nuestros clientes, principalmente a países limítrofes en lo que es mermeladas. Pero también en pulpas a través de heladerías que tienen su franquicia en el exterior. Nos estamos preparando para cuando llegue el momento oportuno lanzarnos a exportar”.

En su paleta de productos, Brucor cuenta con una importante línea de “Mermeladas Tradicionales”, elaboradas con frutas seleccionadas.

“El aroma, el color, el sabor y la alta proporción de fruta que se percibe al abrir las mermeladas, reflejan la calidad del producto que dio origen a nuestra empresa y el amor que ponemos en cada una de nuestras recetas. Hoy contamos con mermeladas de naranja; higo; frutilla; arándano; durazno y frutos rojos”.

También se elaboran “Mermeladas Dietéticas”, que se caracterizan por una alta proporción de fruta en la receta y por mantener el equilibrio perfecto de sabores. Además son aptas para dietas bajas en calorías.

Además en el último tiempo Brucor sumó a sus productos “Mermeladas sin azúcar agregado”, elaboradas en forma artesanal y con especial atención en cada una de las fases del proceso productivo. “Es nuestra última incorporación. Sin agregados de azúcar, logramos una fórmula exquisita que permite disfrutar de los sabores naturales de la fruta. Además son aprobadas por la liga argentina de protección al diabético (LAPDI)”, destacó Patricia.

Entre sus productos la empresa también cuenta con “Almíbares” de frutas frescas y naturales (higo; frutilla; arándano y quinoto) y “Pulpas de Fruta” elaboradas para las necesidades específicas de la industria láctea y del helado.

Por último Brusa sostuvo que la Fiesta Nacional de la Frutilla muestra a la región y el país, lo que significa la producción frutillera para Coronda.

“La Fiesta de la Frutilla es todo un evento para la empresa y principalmente para la ciudad y la región. Significa poder mostrar nuestro trabajo y lo que significa la frutilla para Coronda, no sólo representa el sustento de la gente que trabaja en la fábrica sino también el de toda la comunidad. Para nosotros es uno de los momentos más importantes del año y permite mostrarle al país quienes somos. Habla de nuestra idiosincrasia y de lo que somos. Personalmente lo disfruto muchísimo”, contó Patricia.

Hay quienes creen, de forma equivocada, que el trabajo remoto perjudica la productividad, la innovación y la cultura de la empresa. A partir de la pandemia, se dice que el trabajo remoto es la "nueva normalidad". En cierto punto, para mucha gente, eso sigue siendo así. Han pasado dos años y, sin embargo, todavía se escuchan opiniones al respecto que no son del todo ciertas.

1) "El trabajo remoto es menos productivo". Quienes son reticentes a esta modalidad suelen opinar que disminuye la productividad, que no permite a los gerentes supervisar las tareas y que sin las rutinas ni los espacios habituales de la oficina se altera la concentración de los empleados. La práctica demostró otra realidad: en muchos casos, quienes adoptaron esta modalidad trabajaron más que en la oficina. Es fácil pasar por alto que la jornada laboral en persona tiene mucho tiempo de inactividad incorporado, sobre todo vinculado a los desplazamientos. Las personas que trabajan desde casa tienden a conectarse más temprano y trabajar hasta más tarde, y muchos trabajadores indican que se concentran más y mejor, logrando así ser más eficientes. La buena comunicación y los estándares claros pueden ayudar a las empresas a disipar los temores de improductividad, en lugar de reducir la flexibilidad de los puestos laborales.

2) "La mayoría de los trabajos no pueden realizarse de forma remota". Gran parte de los trabajos de oficina se pudieron adaptar al home office con bastante facilidad gracias a la tecnología. Es cierto que algunos trabajos nunca serán factibles en remoto; sin embargo, los elementos "en persona" de muchos roles ya eran posibles en diferentes formatos, simplemente no se había presentado la obligación de aprender hasta que mundialmente apareció el uso masivo de plataformas de videollamadas, entre otras. Ahora que las personas entienden cuánto pueden lograr de forma remota, es cada vez más difícil para las empresas ignorarlo e insistir en que el trabajo que se ha realizado durante los últimos años no es viable mirando hacia adelante.

3) "El trabajo remoto perjudica la cultura empresarial". Cambiar de una oficina tradicional a modalidades de trabajo más flexibles sin duda modifica la cultura organizacional. Pero eso es un desafío, no un problema. El equipo se conserva, sólo se necesitan nuevas formas de fomentar la colaboración y un sentido de comunidad para mantenerlo. Eventos virtuales, reuniones de fin de año o incluso capacitaciones, se traducen en oportunidades para fomentar la cultura de la empresa y para que las personas se distiendan y fortalezcan vínculos con colegas.

4) "Los trabajadores no se relacionan en la modalidad remota". Cualquiera que haya usado alguna red social puede asegurar que es posible conectar con alguien de manera digital. De la misma manera, existen formas de conectar en lo laboral. Se pueden fomentar los encuentros o chats virtuales para conocer a los equipos, reunirse o presentar nuevos empleados. También se pueden organizar eventos informales de manera presencial específicamente para generar espacios de networking, sin renunciar a la modalidad de trabajo remoto.

5) "El trabajo a distancia implica menor innovación". Debido a que el trabajo remoto y flexible comenzó de forma abrupta en un momento tan incierto, llevó a la percepción de que era un recurso provisional y no el formato real para fomentar la creatividad o la innovación. En realidad, colocar a las personas en diferentes espacios de trabajo y ajustar tanto sus perspectivas como su forma de trabajar tiene el efecto contrario. Cuando las personas se sienten cómodas, se libera más energía para pensar de manera diferente y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Como en el caso anterior, también se pueden realizar jornadas presenciales específicamente de innovación, donde se trabaje en equipos multisectoriales para encontrar soluciones creativas a problemas existentes o, simplemente, fomentar la creación de nuevos proyectos.

Las empresas argentinas están firmemente en contra de la dolarización total de la economía, una de las propuestas clave del favorito para las elecciones presidenciales, Javier Milei, según 125 empresarios con los que habló Reuters. En una cumbre empresarial celebrada en la ciudad costera de Mar del Plata, Reuters consultó a ejecutivos de empresas de una amplia gama de sectores si querían que el gobierno mantuviera el peso, cambiara a un sistema dual peso-dólar, o hiciera un cambio total al sistema dólar. Sólo dos personas respaldaron la dolarización total.

El ministro de Economía, Sergio Massa, apoya mantener el peso, pero ha luchado por reducir la inflación o detener la depreciación. Los argentinos votarán el 22 de octubre, con una segunda vuelta un mes después si ningún candidato gana directamente, lo que significa obtener el 45% de los votos o el 40% con una ventaja de 10 puntos.

En el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Reuters pidió a ejecutivos empresariales de una amplia gama de sectores si querían que el gobierno se atenga al peso, cambiara a un sistema de doble peso-dólar o hiciera un cambio total al dólar. Sólo dos personas apoyaron la dolarización completa.

La encuesta da la visión más clara y profunda hasta ahora sobre cómo la Argentina corporativa ve el debate de dolarización, que está en el centro de la carrera electoral hacia el 22 de octubre próximo.

Alrededor de dos tercios de los consultados hablaron de apoyar un sistema bimonetario propuesto por la candidata conservadora Patricia Bullrich, quien es popular entre los líderes empresariales, pero se está rezagando en encuestas de opinión más amplias.

Casi un tercio favorecía quedarse con el peso, a pesar de su reciente deslizamiento y su inflación de tres dígitos. "Es realmente difícil para las empresas radicadas en Argentina pensar en la dolarización", dijo un alto ejecutivo del sector automotriz, que pidió no ser nombrado, citando los problemas que enfrentan otras economías en dólares como Ecuador y El Salvador.

"Nos queda sin un ancla para ajustar las variables monetarias y las experiencias en otros países no han sido buenas", indicó. La fuerte oposición empresarial subraya uno de los desafíos que enfrentaría un futuro presidente potencial Milei para impulsar sus planes para la economía, que también incluyen eventualmente cerrar el Banco Central.

El ministro de Economía y candidato rival, Sergio Massa, apoya seguir con el peso, pero ha luchado por bajar la inflación o la depreciación del desempleo. Los argentinos votarán el 22 de octubre, con una segunda salida un mes después si ningún candidato gana rotundamente, lo que significa obtener el 45% de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos.

La mayoría de los empresarios encuestados en la cumbre empresarial de IDEA dijeron que era importante quedarse con el peso para poder ajustar las variables monetarias y mantener la competitividad. Un cambio total al dólar significaría perder las palancas de política monetaria.

En la encuesta, un 80% dijo que preferiría un gobierno de Bullrich, respaldando sus planes para normalizar la economía. Un 11% se inclinó hacia Massa y sólo el 7% estaba a favor de Milei. La mayoría de los encuestados sitúan el valor real del peso entre 650 y 1.000 por dólar, mucho más débil que la tasa oficial controlada de 350 pesos. El país tiene estrictos controles de capital que limitan los intercambios oficiales de divisas, lo que ha ayudado a los mercados paralelos populares.

El Gobierno le aplicó una multa de 1.523 millones de pesos a un agente de liquidación y compensación (Alyc) y sus socios, en medio de la convulsión cambiaria. Las Alyc son claves para comprar y vender bonos que permiten hacerse de dólares.

Ante incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF) declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia. (Agente de Liquidación y Compensación), y sus socios, e impuso una sanción de multa que supera los mil quinientos millones de pesos.

Por no llevar a cabo el debido control y monitoreo que demanda la Ley y exige la UIF sobre las operaciones financieras sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo realizadas por sus clientes, la multa total establecida asciende a $1.523.430.568.

La operatoria que dio origen a la sanción por la ausencia de presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la UIF consistió en la realización de transferencias receptoras y emisoras efectuadas por el cliente del Sujeto Obligado, las cuales fueron realizadas sin tener correlación en alguna operación de índole bursátil y con carencia de documentación adecuada que justifique en forma razonable los montos transferidos.

La sanción aplicada se corresponde con la elevada cifra de las transacciones sospechosas de lavado de activos, en dólares y en pesos, que no fueron reportadas ante la UIF por el ALyC, tal como lo demanda la Ley 25.246, sus modificatorias y su reglamentación, las cuales fueron detectadas, analizadas y sancionadas por la labor que ejerce la UIF, junto con la colaboración conjunta de la Comisión Nacional de Valores.

"De esta manera, la UIF aplica una sanción eficaz, proporcional y disuasiva, en línea con los estándares internacionales en la materia", señaló el gobierno.

Fiscalizaciones de la Afip

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) finalizó el viernes el octavo día hábil consecutivo de tareas fiscalización en domicilios de los principales operadores bursátiles de la plaza financiera local, lo que permitió que en total se relevaron 290.000 operaciones con bonos por más de $2,1 billones de pesos.

En estas tareas intervinieron 160 agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto que verificaron el cumplimiento impositivo de 30 empresas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires. La AFIP precisó que los inspectores relevaron las operaciones de compraventa de bonos y retiros de valores por personas físicas y jurídicas a fin de determinar si contaban con la capacidad económica para concretarlas.

Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales de los operadores que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado.

A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.

En aquellos casos en los que no se verifiquen los extremos mencionados, se informará a la Comisión Nacional de Valores las inconsistencias detectadas y se fiscalizará a aquellos contribuyentes que de acuerdo a los registros informáticos con los que cuenta la AFIP, no dispongan con los medios económicos necesarios para realizar las operaciones informadas.

Por medio de estas tareas, el organismo detectó que 857 Contribuyentes con la CUIT inactiva, no localizados o incluidos en la base contribuyentes no confiables operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de dólar Mep por US$ 650.000.

También se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales.

“La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) expuso en una declaración pública su “profunda preocupación por las recientes medidas impulsadas desde el Gobierno Nacional, que afectarán el acceso a insumos importados para la producción y a servicios esenciales para el comercio exterior”.

La entidad expone que las recientes medidas dispuestas por el ministerio a cargo de Sergio Massa, terminan “imponiendo mayores costos que golpean aún más a la ya alicaída competitividad”.

Las entidades refieren a las cargas fiscales que se añaden sobre la disponibilidad de divisas para pagar transporte internacional, servicios de logística en el exterior, servicios de asesoramiento técnico, desarrollos de ingeniería, gestiones comerciales, actividades de promoción comercial y “otras prestaciones intangibles pero necesarias para la actividad industrial y exportadora.

Los salarios perdieron 7,9 % en la comparación interanual a mayo

“Entendemos -sostiene la Federación- que estas medidas serán de carácter transitorio ante la actual escasez de divisas, pero van absolutamente en contra de lo que el sector necesita para crecer”.

Explican las Cámaras que “el desarrollo productivo vinculado al comercio internacional implica para las empresas un esfuerzo que lleva años consolidar y, decisiones como la planteada, significan un duro retroceso en este proceso que requiere de un marco de estabilidad macroeconómica y condiciones de previsibilidad, con reglas de juego claras y permanentes que permitan a las empresas insertarse eficientemente en los mercados, compitiendo con el mundo”.

El comunicado lleva las firmas de las Cámaras de Comercio Exterior de Santa, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán, Norte Santafesino, Bahía Blanca (adherente); Rafaela, Iguazú, Entre Ríos, Gualeguaychú, San Francisco y la Región, San Juan, Corrientes, Jujuy, Chaco, Misiones, Paso de los Libres y Puerto Madryn.

A ellas se suman la Asociación de Empresarios Región Centro Argentino (AERCA) y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza.

La posición de las cámaras de Comercio Exterior se suman a las ya conocidas desde los sectores de la producción agrícola y desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial (UIA) y el Foro de Convergencia Empresaria, que cuestionaron los impuestos sobre diferentes tipos de cambio, encarecieron el acceso al dólar oficial y dificultan incluso el acceso a las divisas por parte del propio gobierno, según expusieron.

Productores tuvieron un 32% menos de margen bruto con la soja

El titular de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, Enzo Zamboni, advirtió que las medidas cuestionadas afectan “tanto a las empresas exportadoras como a las importadoras”, sean Pymes o grandes empresas.

“La ironía es que en vez de tener a la masa empresaria exportadora, pensando cómo exportar y ganar mercados, estamos más preocupados por problemas regulatorios y de logística, por los dólares que faltan, porque los que se recibieron y se emplearon mal”, explicó el empresario santafesino, a su vez vicepresidente de la Federación.

“En el caso de exportadoras que tratan de traer dólares al país, en este momento tan necesarios, es cada vez más grande el cúmulo de regulaciones. Las medidas que se han tomado encarecen fundamentalmente los fletes, la logística, por lo tanto se encarece de una forma directa las exportaciones argentinas”.

Explicó Zamboni que en el caso de los fletes, “hay que abonar en una moneda dura y a corto plazo, cuando antes estaban comprendidos en la factura”.

Advirtió además que “con la gran diversidad que hay de dólares, es muy difícil saber cuál es cuál es el precio final al cual hay que enviar la mercadería. Y por otra parte hay insumos en el país que no se producen. Un caso patético son algunos genéricos farmacológicos, algunos principios agroquímicos también; el más común es el acero inoxidable”.

Si bien admitió que aún no se han perdido negocios en el sector, advirtió que “algunos de estos insumos se están pagando exactamente al doble de lo que tenía que pagarse (se apela al dólar financiero) y eso afecta también el consumo interno” por el impacto en los precios. “Irónicamente en vez de cuidar el peso estamos cuidando más el dólar”, señaló. “Cada vez que se toman esas medidas tendiendo a resguardar una caja en dólares, se produce un fenómeno distorsivo”.

La actividad fabril cayó 2,5 interanual en junio

Al abordar el problema de productos para consumo final o insumos industriales que se deben importar, Zamboni explicó que hay muchas cosas que no se producen en el país porque no se tiene acceso a la tecnología o porque jamás se estableció un programa de prioridades.

“Siempre se habló -dijo- de sustituir importaciones de forma absolutamente intelectual; hay componentes que no se pueden hacer en el país o no se alcanza a justificar la inversión para que un empresario vaya por ese camino”.

Advirtió que “se está rompiendo toda la articulación público – privada con medidas inconsultas” y que “parecería que no se conoce la realidad del funcionamiento de la economía”.

Señaló que “en productos importados electrónicos para la industria, no hay lista de precios” por el cambio de reglas y su impacto en las divisas, mientras “estamos jugando con un factor inflacionario que va a explotar en algún momento; hay que tratar de estabilizar la situación”, concluyó.

“El tema es que no pueden existir para diferentes sectores económicos variaciones de dólares -o de pesos versus dólar- porque se pierden los parámetros”, señaló Zamboni.

“Tener un dólar soja, un dólar maíz, se va a crear un dólar leche, está el dólar para para todo lo que es suntuoso… el dólar tiene que ser único si se quieren evitar maniobras especulativas de sobrefacturaciones y subfacturaciones.

“Hay una falsa visión -advirtió- sobre lo que es exportar e importar. Pareciera que uno vende sólo por el hecho de salir al exterior. No es así; hay que ajustar los productos al mercado de destino, hay que respetar las normas internacionales, hay que respetar los acuerdos de precios a largo plazo”.

Por Juan Manuel Fernández

La avicultura argentina vive su hora más crítica, a partir de la cantidad de empresa que cerraron sus puertas a causa de la influenza aviar y la extrema incertidumbre sobre el futuro del sector.

“Con tristeza y amargura”, dijo Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), que se vivió el Día Nacional de la Avicultura, el pasado 2 de julio. “Tenemos 18 empresas desaparecidas”, lamentó, a raíz de haberse quedado sin producción tras el sacrificio sanitario de los planteles, como lo establece el protocolo sanitario ante la detección de la enfermedad.

Si bien el gobierno nacional dispuso un plan de asistencia, advirtió que “no resuelve el problema”. Se trata de un aporte de $1.700 por cada ave de postura sacrificada, que cubre aproximadamente el 50% del daño que hace la enfermedad. “No está mal, es una asistencia importante; pero no significa que es la salvación”, dijo Prida, y explicó que hoy un animal recriado vale $2.000, que al sumarle el lucro cesante alcanza un perjuicio equivalente a $3.500 por animal.

Pero el problema es el futuro. En primer lugar “porque hoy la asistencia está, pero el 16 de noviembre se termina”, indicó el directivo. Y añadió que varias de las empresas que cerraron percibieron la ayuda, pero “no vuelven a repoblar la granja” ante la incertidumbre que plantea la enfermedad. Sobre la ayuda, “probablemente no exista más, como pasa en otros países”, dijo sobre lo que ocurre en Uruguay, Bolivia, Perú o Colombia.

El tema fue abordado en una extensa reunión entre la cámara y el Senasa este martes 4 de julio. Allí se plantearon “muchos interrogantes sobre cómo continuar, qué decisiones tomar”, sobre todo en base a la posibilidad de vacunar. El tema es sensible y divide aguas dentro del sector, ya que los mercados no compran carne de países que vacunen pero la inmunización le da cierta garantía a los establecimientos de postura de no tener que sacrificar el plantel ante la aparición de la enfermedad.

Por este motivo, Prida planteó el dilema para los productores y las autoridades sanitarias. “Qué hacemos, solucionamos una cosa o la otra; esa es la dicotomía que enfrentamos”. De cualquier modo, consideró que la salida de esta situación “no será de la noche a la mañana ni en 6 meses, va a ser más largo”, porque una decisión equivocada puede generar un perjuicio mayor (vacuna o no vacunar).

El titular de CAPIA relató que el Senasa “es cauto”. Y si bien el camino más corto y fácil es vacunar, “no es la solución”. Al respecto, opinó: “hay que ver cómo se hace un ordenamiento sanitario, cómo se diseña una estrategia de bioseguridad en Argentina”. Porque “probablemente el año que viene no tengamos influenza”, dijo, porque la experiencia muestra que “se da fuerte como ahora y luego por dos o tres años no aparece”. Sin embargo en EE.UU. hubo un brote intenso que al siguiente año fue más fuerte aún.

Por ello, consideró que “la decisión que se tome tiene que ser muy prudente y consensuada”. Porque si no se vacuna y reaparece la enfermedad se perjudican una parte del negocio (postura); pero si se vacuna y no aparece, daña al otro sector (parrilleros).

El problema para los productores de carne que exportan radica en que los mercados no compran en países que vacunen porque, ante la detección del virus, no se puede determinar si es por la enfermedad o por el inmunógeno. Si bien “hay vacunas que permiten saber si el virus está por enfermedad o por antígeno”, aclaró: “no son las que mejor cobertura tienen”.

En relación a esto, reflexionó: “es el gran problema, que los compradores y no la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal) determinan la política sanitaria”. Recientemente, en el congreso anual la entidad sanitaria se recomendó la vacunación, acompañada de las demás medidas sanitarias de prevención.

Las empresas constructoras y el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, se reunirán este martes por la mañana, a partir de las 11 horas, con el fin de acordar mecanismos que permitan saldar la deuda por certificados impagos que la provincia, en algunos casos desde febrero, y sostener, en la medida de las posibilidades financieras, el ritmo de ejecución de las obras públicas provinciales.

El encuentro viene sido pedida desde hace tiempo por las empresas constructoras ante los ministerio de Economía y de Obras Públicas y se desarrollará en Casa de Gobierno.

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De acuerdo a lo que trascendió, uno de las temas más importantes de la reunión será el que las partes mantendrán para tratar de acordar el plazo y la disposición de los cheques de pago diferido que la provincia planteó como posibilidad emitir para hacer frente al pago de certificados de las obras.

En este tema, las constructoras se han mostrado reacias aceptar porque no contempla el pago de los intereses por el plazo de tiempo hasta cobrar. “Supongamos que nos dan cheques a 60 días de plazo. Cuando lo cobremos van a haber perdido al menos el 25 por ciento de su valor por la inflación, que con el plazo legal de pago de los certificados de 60 días posteriores a la presentación del certificado, la inflación licua alrededor del 50 por ciento del valor”, explicó un empresario consultado.

También sobre las condiciones de pago en el mediano plazo de las obras en marchas, aunque estas dependerán del estado de avance y la importancia estratégica que tienen en el contexto, según se informó del gobierno, cuando se admitió una ralentización de las obras públicas.

En este sentido, las empresas se mostraron su desacuerdo de que mientras el gobierno está atrasados en el pago de las deudas, licitan y adjudican obras millonarias. “Preguntamos y nos respondieron que son obras que se pagarán con los bonos que la provincia cobró por la deuda con el Estado nacional. ¿Por que no los utilizan para cancelar la deuda que tienen con nosotros?” se quejó una fuente consultada.

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“También les planteamos que para ponerse al día tomen un crédito con el agente financiero de la provincia a tasa preferencial, como hacemos nosotros cuando tenemos una deuda, pero no lo van a hacer porque les sale más barato pagarnos a nosotros sin los intereses correspondientes”, dijo el mismo empresario, al tiempo que adelantó el rechazo por parte del sector de la firma de una acta que está circulando donde se establece un mecanismo de pago al tiempo que se obliga a las empresas a renunciar a cualquier tipo de reclamo a la provincia”.

En un contexto de caída de la recaudación propia y merma de los recursos nacionales más inflación, el gobierno provincial admitió que renegocia los plazos de pago con las contratistas. Habrá un diferimiento y se pagarán las obras a noventa días. “Se van a extender los plazos producto de la situación”, confirmó el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Pusineri, aunque a renglón seguido aclaró que aun en estas condiciones, el panorama difiere del que habían heredado hace tres años y medio. “Cuando asumimos, había deudas de seis meses”, recordó.

En rigor, y de acuerdo con lo planteado a El Litoral desde el Ministerio de Infraestructura, los empresarios deben interpretar a partir de la decisión comunicada por Pusineri, que ningún pago se va a dilatar “más allá de los noventa días”. Según precisaron desde la cartera, la situación sigue implicando un análisis “obra por obra”, para determinar si se detienen, ralentizan o se mantienen a ritmo normal. Las hídricas, por ejemplo, deberían continuar. También es dispar la situación según el área de la que dependa cada proyecto; Viviendas e Infraestructuras adeudan desde marzo, en tanto que Vialidad mantiene compromisos no saldados en algunos casos hasta desde enero.

Pusineri admitió que la citada reprogramación de pagos “puede lógicamente influir en el ritmo de la obra pública, pero lo que cuenta es lo que lo podamos hacer sin que se produzcan despidos ni suspensiones; manteniendo todas las instancias de diálogo con los empleadores, con los representantes de los de los trabajadores y sabiendo que la provincia va a cumplir”, expresó. Y volvió a contraponer la situación actual con la “heredada” a partir del 10 de diciembre de 2019. “Cuando asumimos la gestión de gobierno, había una deuda importantísima en materia de obra pública; los certificados no se pagaban desde junio. Y nosotros no sólo pusimos al día los pagos o negociamos esas deudas con los empresarios, sino que cuando empezamos nuestro programa de obra pública, pagamos certificados a 30, 40 y 45 días. Hoy vamos a extender ese plazo, producto de la situación; vamos a llevar el pago de los certificados aproximadamente a noventa días y a partir de allí, en la medida en la que mejore la recaudación, también vamos a mejorar el perfil de los pagos”, prometió.

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El funcionario admitió que “en algunos casos puede haber conflictos o situaciones referidas a empresas puntuales, pero le vamos a dar tratamiento a cada una de esas situaciones en particular”, sostuvo. En Santa Fe y alrededores, de hecho, la UOCRA ya contabiliza entre 120 y 130 trabajadores despedidos.

– ¿Van a solicitar a las empresas una suerte de compromiso de no despidos? – consultó el El Litoral-

– Me parece que estamos en condiciones de tener un intercambio de este tipo. Nosotros damos la certidumbre de que vamos a mantener la obra y de que vamos a pagar; y nos parece que en este momento que es más complicado, debemos preservar la fuente de trabajo. Vamos a pedir ese compromiso a las empresas. También vamos a dialogar con el gremio, porque muchas veces esos compromisos implican trabajar alternativas. Hay alternativas – insistió- que no signifiquen la desvinculación de los de los trabajadores. En algunos momentos se concertaban suspensiones con pago de remuneración o de compensación. Son posibilidades que facilita el derecho laboral para poder llegar a un entendimiento. Los pagos se van a hacer, la obra pública se va a mantener, y en la medida en que mejore la situación económica, también se va a mejorar el perfil de los pagos a los contratistas de obra pública.