Mauro L. Muñoz

El 2025 cerró en Argentina con más empleo precario y mayor proporción de ocupaciones sin protección social. Así se desprende del informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos que profundiza en la informalidad del mercado de trabajo.

Al cuarto trimestre del año pasado, los indicadores de INDEC sobre informalidad laboral según la EPH mostraron una tasa que alcanzó al 43% de la población ocupada en los 31 aglomerados urbanos. En el mismo período de 2024 había sido de 42%. Y si se la compara con el punto de partida de la gestión de Javier Milei el alza llega a 1,6 puntos porcentuales.

Desde diciembre de 2023 a diciembre de 2025, la informalidad avanzó 1,6 puntos porcentuales.

“La informalidad laboral refiere al conjunto de personas ocupadas, ya sean independientes o en relación de dependencia, que desarrolla sus actividades al margen de las normas que las regulan”, indica el informe englobando a trabajadores sin aportes, sin cobertura y sin estabilidad. Asimismo, ubica en 13,5 millones a la población ocupada de referencia. Si el 43% de ese universo se desempeñó en la informalidad, el resultado proyecta a casi 5,8 millones de personas en esa condición.

El movimiento de la informalidad durante todo el 2025 no fue lineal, aunque sí persistente. La serie indica que arrancó en 42% en el primer trimestre, subió a 43,2% en el segundo, tocó 43,3% en el tercero y terminó cerrando en 43% en el cuarto. Es decir, hubo un leve recorte frente al trimestre inmediato anterior, pero con un incremento en el año que se ubicó por encima del de fines de 2024 y bastante por encima de fines de 2023.

Casi la mitad de la fuerza laboral en argentina trabajó hasta 2025 al margen de la reglamentación vigente.

En el cuarto trimestre de 2025, de esos 43 puntos de informalidad, 26 correspondieron a asalariados, 16,6 a trabajadores independientes y, dentro de estos últimos, 15,7 a cuentapropistas. La informalidad, entonces, no se concentró sólo en un sector del mercado, sino que se presenta como un componente estructural del mercado de trabajo nacional.

Las mujeres registraron una tasa de informalidad de 44,5%, por encima del 41,8% de los varones. La brecha se agranda al considerar edades: entre las mujeres de hasta 29 años la informalidad llegó a 59,7%, mientras que entre las de más de 65 años trepó a 61,6%. En los varones, esos registros fueron de 57,3% y 55,6%, respectivamente. La franja de 30 a 64 años mostró niveles más bajos, aunque todavía elevados: 39,2% para mujeres y 36,3% para varones.

La puerta de entrada al primer empleo y la puerta de salida hacia la jubilación son los que más influyen en la informalidad.

Según la estadística, la precariedad se concentra en los jóvenes que intentan su primera inserción, y en los mayores que buscan permanecer en el mercado laboral. El 58,4% de informalidad se ubicó en en los menores de 29 años, 37,6% entre quienes tienen de 30 a 64 y 58% entre los de 65 y más.

La educación, por su parte, volvió a funcionar como la tamiz. En quienes tienen hasta secundario incompleto, la informalidad llegó a 67,2%. Entre quienes completaron el secundario, fue de 45,1%. Bajó a 36,2% entre quienes tenían superior o universitario incompleto y cayó hasta 16% en el caso de quienes terminaron estudios superiores o universitarios.

Por rama de actividad, el servicio doméstico siguió encabezando el ranking, con una informalidad del 78%. Le siguió la construcción, con 73,8%. En menor medida se ubicaron hoteles y restaurantes, con 59,7%, y el comercio, con 52,6%. Más abajo quedaron la industria, con 37,2%; otras ramas, con 32,9%; y los servicios sociales y de salud, con 20,8%. En el extremo de menor precariedad estuvo la enseñanza, con 14%.

Las estadísticas de informalidad laboral aportan información relevante en el análisis de la calidad del empleo y de las condiciones laborales del país.

En la composición de la tasa según ramas de actividad, el comercio explicó 9,8 puntos del total de la informalidad; la construcción, 6,6; el servicio doméstico, 5,3; hoteles y restaurantes, 3,4; e industria manufacturera, 3,7.

El informe oficial también confirma que la informalidad se da en mayor medida entre los trabajadores independientes. En el cuarto trimestre de 2025, la tasa fue de 59,2% entre los independientes y de 63,3% entre los cuentapropistas. Entre los asalariados, bajó a 36,3%.

La descomposición por sector de la unidad económica agrega otro matiz relevante. El esquema oficial indica que 70,5% de la población ocupada se desempeñó en el sector formal, 22,5% en el sector informal y 7% en el sector hogares. Desagregado, esos componentes muestras que en el sector formal hubo 18,6% de empleo informal y 81,4% de empleo formal. En el sector hogares, en cambio, el 77,8% fue informal y 22,2% formal.

En cuanto al empleo asalariado, el informe muestra que sobre el total el 64,1% fueron formales, 5,6% informales con aportes propios y 30,3% informales sin aportes propios. Es decir, casi un tercio del trabajo asalariado siguió sin el componente básico previsional.

El Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina presentó un informe en el que plantea que, para mejorar la competitividad y dinamizar el mercado laboral, es preferible una estrategia de "gradualismo tributario" para avanzar de manera más decidida en una reforma estructural del sistema impositivo.

El Centro de Estudios que dirige Jorge Colina propone la eliminación de "malos impuestos" o impuestos distorsivos. El informe señala específicamente la necesidad de suprimir el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas a las ventas municipales, algo que gobernadores e intendentes no concederán sin una compensación a lo que consideran imprescindible para “seguir funcionando”.

El ministro Olivares, defensor de los recursos provinciales.

Pero en línea con la mayoría de los economistas y el equipo económico nacional, pero sobre todo con los empresarios, Idesa sostiene que estos tributos son considerados obstáculos que conspiran contra la competitividad de las empresas y su capacidad para generar empleo.

El ministro de Economía ha sido bastante claro en que el Gobierno no busca (al menos en el corto plazo) una "ley ómnibus" única de reforma tributaria integral, sino más bien un camino de desmantelamiento gradual de lo que él llama "el infierno impositivo".

Para Idesa, el fortalecimiento de "buenos impuestos" compensará la eliminación de los impuestos distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal. Propone potenciar la recaudación a través del IVA y el Impuesto a las Ganancias.

Se trata de un cambio de enfoque en la presión impositiva: el documento sostiene que el problema principal no es solo la magnitud de la carga tributaria, sino el peso predominante de los impuestos distorsivos dentro de esa estructura.

El “entorno regulatorio y tributario hostil” es parte incluso del problema de crecimiento de la economía con baja del empleo. Idesa destaca que subsiste una infraestructura deficiente que conspira contra la competitividad de las empresas, dificultando que estas sostengan o expandan sus plantillas de trabajadores.

Señala en esa escena el aumento del 4,8% en el PBI durante los últimos dos años, traccionado principalmente por el agro, la energía, la minería y la intermediación financiera, sectores que se caracterizan por generar mucho valor agregado pero demandar poca mano de obra y estar localizados lejos de los grandes centros urbanos.

Por el contrario, las actividades que más empleo urbano generan, como la construcción, la industria, el comercio y los servicios, siguen en un estado de aletargamiento. Repasa la caída en el empleo asalariado privado (casi 190 mil puestos menos en dos años) con empresas en un nuevo contexto de mayor estabilidad e integración al mundo, tras años de operar en una economía cerrada e inflacionaria.

Destrucción de empleo, un dato significativo en el "crecimiento económico" argentino.

Expone también el deterioro de la calidad del empleo. Ante las trabas para generar trabajo formal, el único componente dinámico del mercado laboral ha sido el cuentapropismo informal (trabajadores no registrados), lo que refleja que la gente busca alternativas de subsistencia fuera del sistema formal ante la falta de vacantes en empresas.

Los sectores que tienen una ponderación muy importante desde el punto de vista del empleo urbano son la construcción, la industria, el comercio y los servicios.

La industria manufacturera perdió aproximadamente 73.000 empleos registrados en dos años. Su participación en el PBI cayó del 16,5% al 13,7%, niveles mínimos históricos.

El trabajo en el comercio logró sostenerse mejor gracias a la mayor flexibilidad para ajustar márgenes y a que es el sector con mayor cantidad de empleo privado (representa el 20% del total).

La construcción es el sector más golpeado; fue el "epicentro" de la pérdida de empleo debido a la paralización casi total de la obra pública y el encarecimiento de insumos. Se estima una caída entre el 14% y el 16% de su plantilla total de trabajadores registrados (entre 60.000 y 75.000 puestos directos de trabajo formal).

La construcción pública en Santa Fe, un dato decisivo en la menor desocupación.

Para Idesa, un cambio profundo en el esquema tributario es fundamental para mejorar el empleo urbano, ya que permitiría dinamizar empresas en sectores que más mano de obra demandan en las ciudades.

Cabe recordar que mientras la desocupación nacional fue del 7,5% al cuarto trimestre del 2025 (últimos datos disponibles del Indec), el registro alcanzó 9,5% en los distritos del Gran Buenos Aires; 8,8% en el Gran Córdoba; 6,5% en el Gran Rosario y 4,8% en el Gran Santa Fe. En estos casos el dato refleja que la obra pública provincial fue sostenida por el gobierno santafesino.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, realizó esta semana la primera Ronda de Empleo destinada a personas mayores de 40 años, con foco en los sectores de turismo, hotelería y gastronomía, junto a la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar).La actividad se desarrolló en la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (Fecoi), donde más de 150 postulantes accedieron a entrevistas laborales con empresas del sector gastronómico, hotelero y turístico, que buscan incorporar personal en una amplia variedad de puestos de trabajo, entre ellos: mozos, personal de limpieza, camareros, conserjes, mucamas para hotel, ayudantes de cocina, cajeros, encargados de turno y vendedores.

Al respecto, el secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor de la Provincia, Hernán Franco, destacó “la iniciativa, para poder cubrir la demanda de las personas mayores de 40 años con las necesidades concretas de las empresas”.

Durante la jornada también se firmó un convenio de innovación laboral entre la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, la Federación Gremial del Comercio e Industria (Fecoi) y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar), con el objetivo de promover la innovación en el mundo del trabajo y fomentar la adopción de habilidades digitales que fortalezcan la empleabilidad en el sector.

En el marco del encuentro, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) estuvo presente para gestionar los trámites necesarios para la obtención del carnet de manipulación de alimentos, requisito indispensable para varios de los puestos ofrecidos.Asimismo, los participantes pudieron acceder a la oferta formativa del programa Impulsa, vigente en la provincia para mejorar la empleabilidad.

Por último, durante el evento, las empresas participantes respaldaron la Ley Tributaria, presentada por el Gobierno, en un contexto económico difícil para el sector. La norma contempla que la industria, comercio y servicios, construcción, transporte y hotelería, puedan descontar del pago de ingresos brutos el sueldo de los empleados incorporen para ampliar la planta de trabajadores. Además el sector industrial, comercial, y de hotelería, podrán descontar hasta un 30 % del pago del mismo tributo, el importe abonado por energía eléctrica.Con estas acciones, el Gobierno de Santa Fe reafirma su compromiso de potenciar las oportunidades de empleo genuino, articulando las necesidades del sector privado con el talento de los santafesinos.

El mercado laboral de Venado Tuerto atraviesa un proceso de cambio que refleja las transformaciones económicas y sociales del país. Según la directora de Empleo e Innovación del Gobierno local, Inés Paitoví, en los últimos tiempos se ha observado un incremento sostenido de personas que, aunque tienen trabajo, buscan un empleo adicional para reforzar sus ingresos.

"Recibimos cada vez más gente que busca un segundo trabajo. Muchas veces ya están empleadas, pero necesitan complementar con otro ingreso porque el actual no alcanza o porque tienen pocas horas de trabajo", explicó Paitoví.

La funcionaria indicó que este fenómeno se repite a nivel nacional y evidencia una presión creciente sobre el mercado laboral. "Ocurre que, si bien hay empleo, en algunos casos ese trabajo no es suficiente para cubrir los gastos básicos. Por eso, muchas personas buscan ampliar su jornada o sumar otra ocupación", señaló.

Para acompañar de manera más eficiente y acertada a los vecinos, desde el municipio llevan adelante hace cinco años un relevamiento para determinar indicadores clave de empleo. Este estudio es crucial para que la Dirección de Empleo e Innovación y la Secretaría de Desarrollo Productivo puedan tomar decisiones alineadas con las demandas de la ciudad.

Este estudio, que este año se realizó entre agosto y septiembre, es fundamental para obtener una "radiografía" detallada de la situación laboral y económica de los hogares. La información recabada permitirá conocer la tasa de empleo y desocupación de la ciudad; cuántas personas están buscando trabajo activamente; las características del empleo existente (si es registrado o no registrado); las fuentes de ingresos de los hogares, abarcando ingresos laborales y no laborales (como jubilaciones, asignaciones, y ayudas en dinero o alimentos); y la caracterización de la población, identificando a quienes tienen empleo en relación de dependencia, a quienes trabajan de manera independiente, a los desocupados, y a las personas inactivas (estudiantes, amas de casa).

Sobre el diagnóstico, Paitoví manifestó que se no es un censo sino "un relevamiento por muestra, es decir, se utiliza una metodología de muestreo aleatorio, estratificado y proporcional". Esto explica que se hallan entrevistado 400 hogares en el territorio urbano, lo que equivale aproximadamente a 800 o 900 individuos del total de la ciudad.

Para ello, la localidad "se divide en cuatro zonas según el nivel socioeconómico y se realiza una selección aleatoria de manzanas dentro de esas zonas. Dentro de las manzanas seleccionadas, el encuestador sigue un método estricto para la selección aleatoria de viviendas, por ejemplo, comenzando con un timbreo en la esquina, seleccionando la primera vivienda, dejando pasar tres, seleccionando otra, y así sucesivamente", detalló la funcionaria municipal que adelantó que los datos de las entrevistas se conocerán en el mes de diciembre.

El cuestionario utilizado se basa en el modelo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Indec a través del IPEC en la provincia de Santa Fe. El método de muestreo permite extrapolar los resultados al total de la población para la mayoría de los indicadores.

Desde la Dirección de Empleo e Innovación se trabaja de manera constante para acompañar a quienes buscan mejorar su situación laboral, ofreciendo capacitaciones gratuitas en oficios y habilidades demandadas por las empresas locales.

"La capacitación es clave. Queremos que quienes se acercan a dejar su currículum también encuentren la posibilidad de formarse y mejorar su perfil laboral", destacó Paitoví.

Cada año, más de 200 vecinos egresan de los distintos cursos organizados por el municipio en articulación con la Secretaría de Producción y el sector privado. Estas instancias de formación no solo fortalecen las competencias de los participantes, sino que también responden a las necesidades reales del mercado local de trabajo.

Paitoví también subrayó la importancia de la terminalidad educativa como condición para acceder a un empleo formal. "Casi la mitad de las personas que se acercan a la oficina no tienen el secundario completo, y eso es un requisito cada vez más común en las búsquedas de personal", afirmó.

Para atender esta problemática, el municipio desarrolla un programa de finalización del nivel secundario en conjunto con el Ministerio de Educación provincial. "Acompañamos a quienes buscan trabajo para que puedan terminar sus estudios, porque sabemos que eso amplía sus oportunidades", agregó.

Otro dato relevante del panorama local es la mayor participación de mujeres en la búsqueda de empleo. "En general recibimos más currículums de mujeres que de varones, lo cual coincide con la tendencia nacional: la tasa de desempleo femenino suele ser más alta", explicó la funcionaria.

En ese sentido, el municipio promueve programas de formación y empleabilidad con enfoque de género, que buscan fortalecer la autonomía económica y abrir nuevas oportunidades laborales.

También se destaca que en la oficina se reciben currículums de personas adultas que en otro momento estarían fuera del mercado laboral, pero que en la actualidad tienen la necesidad de continuar trabajando.

Mientras se procesan los resultados del nuevo relevamiento anual de empleo, desde el área destacan la importancia de contar con información actualizada para orientar las políticas locales.

"Contar con datos confiables nos permite tomar decisiones más precisas y planificar programas que realmente respondan a la realidad de Venado Tuerto", concluyó Paitoví. 

La desocupación en el país alcanzó al 6,4% en el cuarto trimestre del año según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que había marcado 5,7% en el cuarto trimestre de 2023. Sin embargo la desocupación abierta marcó 7,7% en el primer trimestre del 2024; 7,6% en el segundo y 6,9% en el tercer trimestre, por lo que ratifica cifras en retroceso.

El registro fue del 5,1% en el Gran Santa Fe, donde la desocupación bajó desde el 6,3% del último tramo del 2023, y del 6% en Rosario y su conurbano, donde la desocupación creció desde el 4,7% de octubre-diciembre del pasado año, siempre según los reportes del Indec.

En los 31 aglomerados urbanos de la Argentina viven 29,8 millones de personas; sólo 48,8% (14,5 millones) es Población Económicamente Activa (tiene o busca ocupación). Sobre ese universo hay 13,6 millones de ocupados y 900 mil desocupados.

A su vez, 27,7% de los ocupados (3,8 millones de personas) son "no asalariados": 1,2% patrones; 12,8% cuentapropistas y 86% trabajadores familiares sin remuneración (3,3 millones de personas).

El 72,3% de ocupados "asalariados" (9,8 millones de personas) incluye a 6,3 millones de empleados formales con descuentos jubilatorios, y 3,6 millones que no realizan aportes.

En el cuarto trimestre de 2024, la Tasa de Actividad (mide la población económicamente activa sobre el total de la población) alcanzó el 48,8%, dos décimas por encima que un año antes. Cabe destacar que la Tasa de Actividad de los varones fue de 70,8%, mientras que para las mujeres se ubicó en 53,1%.

A su vez, la Tasa de Empleo (mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total) se ubicó en 45,7%; y la tasa de desocupación (personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA) se ubicó en 6,4%.

La tasa de subocupación resultó del 11,3 % de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,6% de la PEA.

"Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 29,4% de la PEA", destaca el análisis oficial.

En enero de 2025, de acuerdo a la información que brinda la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el nivel de empleo privado registrado (en empresas de más de 10 personas ocupadas) del total de los aglomerados urbanos relevados presenta un incremento de 0,1% con relación al mes anterior.

El informe oficial de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ministerio de Capital Humano) revela que en ese contexto el Gran Rosario tuvo una mejora del 0,2% respecto del mes anterior y un comparativo neutro con relación a enero del 2024.

Pero el Gran Santa Fe se llevó registros de una caída del 0,7% respecto de diciembre y de -2,4% con relación a enero del 2024. De los 10 aglomerados urbanos medidos por el gobierno, las cifras de la capital santafesina y su conurbano fueron las que mostraron las peores mediciones.

A nivel nacional, se destaca que las cifras retoman "la expansión observada desde septiembre de 2024. Esta variación porcentual se mantiene inalterada aun excluyendo del nivel general del empleo al sector Construcción, que en los meses de enero suele presentar una dinámica expansiva explicada exclusivamente por razones estacionales (que compensa la caída que muestra en los meses de diciembre)".

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) releva desde 1998, de forma mensual y permanente, a empresas privadas formales de todos los sectores económicos, a excepción del sector primario. Según la EIL, el universo de empresas santafesinas con más de 10 empleados es de 1.640 firmas con 40.731 personas ocupadas formalmente.

“El empleo industrial sigue bien, incluso creció en el primer trimestre; sí hubo una caída del 3,8% de la actividad y una leve caída de la capacidad instalada del sector” señaló el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri al resumir el encuentro que junto a su par de Producción, Daniel Costmagna, mantuvieron con el presidente de la Fisfe, Javier Martín y otros industriales, entre ellos el titular de la Unión Industrial local, Alejandro Taborda.

“La cadena de pagos no está cortada y sí preocupa la inflación y la brecha cambiaria”, agregó Pusineri al resumir ante El Litoral el encuentro que lo tuvo como anfitrión. Es más, el ministro señaló que los industriales atribuyen a la sequía la caída de la producción y de la capacidad instalada.

Pusineri reunió en la semana a la comisión tripartita de la construcción donde se sientan gobierno, Cámara de la Construcción y Uocra para analizar la marcha de los contratos con el sector público donde hay atrasos en los pagos de dos importantes obras con financiamiento nacional. “No hay obras públicas santafesinas paralizadas”, se dijo aunque habrá análisis caso por caso sobre cómo seguirán los trabajos.

“Llevamos 29 meses consecutivos de creación de empleo de acuerdo a nuestros registros”, señaló Martín a El Litoral.

“En enero de 2023 el total de asalariados registrados en la industria manufacturera (prácticamente 140 mil) creció un 3,4% interanual. Un grupo mayoritario de 19 sectores industriales sobre un total de 24 mostraron mayor nivel de empleo respecto del año anterior. El nivel de empleo industrial en la provincia de Santa Fe muestra una fase de expansión que alcanza a 29 meses consecutivos. En ese período en la industria se crearon 14 mil puestos de trabajo registrados. Revirtiendo la etapa anterior de caída de empleo (desde 2018 y hasta el primer semestre de 2020), a partir del mes de septiembre de 2020 y hasta el presente la industria santafesina atraviesa una considerable etapa de recuperación y crecimiento de sus puestos de trabajo. El empleo privado registrado en el total de actividades económicas en la provincia de Santa Fe presentó en el inicio de 2023 un incremento de 3,3% interanual”, señala el último informe del Centro de Estudio de Compartimiento Industrial de la Unión Industrial

Pusineri dijo que con los industriales “hemos convenido una instancia de un ida y vuelta permanente durante este tiempo, lo cual también va a incluir a los representantes de los trabajadores”. La industria tiene varios gremios que dependen de la actividad, caso contrario a la construcción.

Persiste el estancamiento en la economía de la provincia de Santa Fe

Costamagna destacó que el gobierno tiene “una articulación permanente con la industria para hacer las gestiones necesarias que permitan que el abastecimiento de componentes importados no se detenga. En Santa Fe tenemos un perfil muy exportador. Cada dólar que se invierte como insumo a la industria se multiplica en bienes de capital que son exportados a distintos mercados. Por eso trabajamos ofreciendo apoyo al gobierno nacional en la búsqueda de las mejores herramientas para lograr que no falten componentes, y monitoreando de forma permanente para garantizar que ningún proceso productivo se vea interrumpido”.

Martín explicitó que “nuestra prioridad es mantener las operaciones en marcha. Frente a un escenario que es complejo, lo que debe primar es el diálogo para que, si se produjesen situaciones difíciles en alguna empresa en particular, estemos todos atentos para ver cómo podemos colaborar”. Taborda coincidió en privilegiar este tipo de encuentros: “Con los ministros acordamos trabajar en situaciones puntuales, que seguramente estas circunstancias nos van a acarrear, en una mesa de diálogo y coordinación constantes. Las preocupaciones de los industriales pasan por los insumos importados, por lo que estamos trabajando con la Secretaría de Comercio de la provincia los pagos al exterior y el incremento de costos. Sin embargo estamos manteniendo el nivel del empleo y el 70% de los empresarios nos ha manifestado que van a seguir invirtiendo y que ven el año 2024 con mejores perspectivas”.

Este viernes, el gobernador Omar Perotti mantuvo un encuentro con ministros y algunos secretarios para analizar el momento económico y detallar algunas de las gestiones realizadas el jueves en Capital Federal. “Ordenar las prioridades” fue el pedido realizado a cada área en línea con el planteo realizado ante la Asamblea Legislativa del lunes último.

La prohibición de despidos dejará de regir el 1 de enero y el recargo indemnizatorio vigente para las cesantías que de todos modos se producen se reducirá a partir de ese día de manera gradual hasta desaparecer antes de mitad de año. Se trata de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Trabajo y el gabinete económico, que debe convalidar en última instancia Alberto Fernández, respecto de dos de las medidas clave sobre las que el Gobierno buscó blindar los puestos de trabajo desde el arranque de su gestión y, en particular, a partir de la pandemia. El agravamiento de las indemnizaciones arrancó con la gestión del Frente de Todos con la duplicación de los montos y se mantuvo en el tiempo como un recargo del pago legal que en la actualidad tiene un tope de 500 mil pesos. La prohibición de las cesantías, en tanto, fue implantada en marzo de 2020 como coletazo directo de las tensiones en el mercado laboral por las restricciones a la actividad económica derivadas de la crisis sanitaria. Desde entonces el sindicalismo bregó por mantener ambas medidas y las cámaras empresarias, por derogarlas con el argumento de que representaban un desaliento a la creación de empleo. El criterio fue expuesto a dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante una charla de la que participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y sus respectivos equipos. Moroni respondió a una pregunta al respecto y blanqueó la planificación, confirmada luego por funcionarios a este diario: la prohibición de despidos tendrá fecha de defunción junto con el año y al mismo tiempo la penalidad se reducirá en un escalonamiento todavía no resuelto en el lapso de cuatro a seis meses. Una opción es bajarle 20% por mes a los 500 mil pesos del actual recargo indemnizatorio.

El equipo económico se convenció de tomar ambas determinaciones con los últimos números del mercado laboral: en septiembre la medición del segundo trimestre del año marcó un 9,6% de desempleo, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández y por primera vez, de vuelta en un dígito. En el segundo trimestre de 2020 la desocupación tocó un pico de 13,1 por ciento en el momento de mayor rigor de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Desde entonces la actividad económica mostró mejorías aunque en el caso del mercado laboral lo hicieron en un contexto de sostenibilidad de una mayor precarización, marcada por el reemplazo de empleos de calidad, formales y de salarios de medios a altos, por otros precarios y ligados a formas como el monotributismo. Junto con la crisis sanitaria el Ejecutivo desplegó acciones para garantizar el sostén de los puestos de trabajo en el sector privado que incluyeron, además de la prohibición de despidos y la multa indemnizatoria, el pago de parte de los salarios a través de herramientas como la Asignación para el Trabajo y la Producción (ATP), primero, y un fortalecimiento del subsidio Repro que abona el Ministerio de Trabajo a las empresas de los sectores más golpeados por la baja en la actividad económica. La prohibición de efectuar despidos fue una de las primeras reacciones en momentos en que el Grupo Techint anunció la cesantía de 1.450 operarios de la construcción en obras que desarrollaba en varias provincias. Pese a las instancias de negociación abiertas y a los reclamos del propio Alberto Fernández (sugirió que Paolo Rocca era “miserable” por echar personal en el inicio de las restricciones) el conglomerado siderúrgico completó todas las desafectaciones pautadas.

Con información de Ámbito.com

Juan Chiummiento Mirador Provincial La crisis de Vicentin no generó hasta aquí una pérdida masiva de empleos, pero ello podría cambiar si no se encauzan las negociaciones con el Banco Nación. Las tratativas, orientadas a determinar cómo saldar la deuda por casi u$ s 300 millones, se encuentran actualmente trabadas y ponen en riesgo 200 fuentes laborales en la planta de etanol que la agroexportadora tiene en Avellaneda. “El panorama es complicado”, reconoció Dionisio Alfonso, secretario del gremio aceitero con base en el norte provincial. A diferencia del resto de los acreedores incluidos en el concurso, el Banco Nación tiene el carácter de “privilegiado”. Por lo tanto, viene cobrando parte de su crédito a través de una prenda sobre la facturación de esa fábrica. Se trata de un retorno por goteo: en el último año significó unos u$ s 1,5 millones. La situación le está generando un problema a la planta, que según denunció recientemente Vicentin sufre una “limitación objetiva” en su operación. Por ello, el pasado 1° de noviembre propuso un nuevo esquema, en el que ofrece cambiar la prenda por una garantía real sobre la fábrica y que solo vaya al banco el resultado neto de las operaciones -y no el ingreso total-. “La retención por parte del BNA del 100% de la facturación significa en los hechos una limitación objetiva a la operación de la planta, dado que representa una severa descapitalización al consumir todo el capital de trabajo en cada venta, lo que se traduce en un perjuicio no solo para la sociedad sino para la masa de acreedores”, advirtió Vicentin en el escrito ingresado en el expediente que conduce el juez Fabián Lorenzini. En la argumentación de la propuesta, la agroexportadora indicó que la situación actual lleva a un resultado negativo “que una empresa concursada no puede sostener”. Los motivos expuestos no convencieron a las autoridades del banco, que se disponen a rechazar la propuesta. Desde el entorno de Eduardo Hecker -presidente del BNA- indicaron que, con este nuevo esquema, la deuda sufriría una gran licuación y se terminaría cobrando en más de 500 años. El caso es que más allá de las posiciones de uno y otro, hay 200 familias que ven peligrar su fuente de ingreso. “Tiene que haber una alternativa”, bregó Alfonso, secretario general del Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de Reconquista. La situación de la planta generó la preocupación de los legisladores provinciales que integran la comisión de seguimiento de Vicentin, quienes esta semana se reunieron con el director del Banco Nación, Claudio Lozano.

El problema con la planta de etanol es que no se encuentra dentro de los activos que interesaron a Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina (ex Glencore), los tres inversores que aspiran a quedarse con la mayoría del paquete accionario de Vicentin. “El panorama es complicado”, reconoció Alfonso, quien dijo que actualmente la fábrica de etanol funciona a un 25%, aunque aseveró que por ahora se continúan pagando los sueldos en tiempo y forma.

El Litoral A casi una década de su gestación, la biotecnológica Keclon inauguró su planta productiva en la localidad de San Lorenzo. La empresa, fundada por investigadores locales del Conicet, se especializa en la producción de enzimas, un insumo clave para industrias con gran presencia en la región, como la aceitera y la alimenticia. Del corte de cintas participaron, entre otros, el ministro de Agricultura Julián Domínguez y el gobernador Omar Perotti. Keclon es un ejemplo exitoso de la tantas veces citada articulación público privada. La firma nació a raíz de una inquietud de investigadores del organismo estatal, preocupados por dificultades que por ese entonces tenía la industria del biodiesel, que presentaba problemas de calidad debido a su método de producción. Decididos, desarrollaron una plataforma tecnológica que les permitió lograr los primeros financiamientos, 100% públicos. Con el paso de los años apareció la oportunidad de escalar el proyecto, es decir, pasar del laboratorio a la fábrica. En ello talló mucho el interés del sector privado, que vio en Keclon la posibilidad de dar un salto de escala a su producción, fundamentalmente en lo que respecta a los sectores alimenticio y de aceites. La planta inaugurada este jueves demandó más de u$s 14 millones, aportados por Puerto Asís Investments, Ganagrin, Molinos Agro y el fondo AxVentures-Pymar Fund, entre otros. “Para cualquier persona del mundo de los negocios, no hay mayor satisfacción que completar un proyecto innovador, desafiante y complejo como el de la planta que estamos inaugurando, por el impacto positivo que genera en nuestra comunidad, en la propia empresa y, a nivel agregado, en nuestro país”, comentó Agustín Otero Monsegur, presidente de Keclon. Según los números que difundió la empresa, en total se generarán más de 80 nuevos puestos de trabajo. La planta, que cuenta con una capacidad de fermentación de 65 mil litros ampliable a 200 mil litros, permitirá potenciar la producción y comercialización de productos de excelencia a nivel global, posicionando a la Argentina como referente en soluciones biotecnológicas. A propósito del lugar del país en el nuevo paradigma del sector alimenticio, el ministro de Agricultura Julián Domínguez refirió que “Argentina puede perfectamente liderar esta rápida adaptación a la demanda del cambio climático, y convertir lo que plantean como dificultad en un nuevo modelo de adaptación al cambio climático”. En línea con el discurso del funcionario nacional, desde Keclon hicieron saber los resultados de un reciente estudio elaborado por la consultora de opinión pública Opinaia, que revela que 78% de los argentinos (89% en Latinoamérica) tiene una buena predisposición al consumo de nuevos alimentos, donde los principales motivos son lograr una alimentación más sana y cuidar la salud (56%), porque son más nutritivos (28%) y para probar nuevos sabores (26%). Además de incrementar los rendimientos productivos, la adopción de soluciones biotecnológicas a gran escala, como las enzimas, constituye el pilar más importante de las tecnologías sustentables o “química verde” ya que reducen el impacto ambiental de los procesos industriales; son 100% biodegradables, ahorran energía y reducen el consumo de agua y otros recursos esenciales. A su turno, el gobernador Omar Perotti resaltó las condiciones de Santa Fe para proyectos como el de Keclon, encuadrados dentro de la economía del conocimiento. Vinculó esta inversión a la decisión tomada este año, de aportar $ 300 millones a un fondo que busca potenciar startups, dentro de un ecosistema que incluye universidades, centros de investigación, institutos científicos y grandes firmas de base tecnológica. Del acto realizado en la ciudad de San Lorenzo participaron además la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito; el vicepresidente del Conicet, Roberto Daniel Rivarola; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y el intendente local Leonardo Raimundo.

En diálogo con la prensa, el CEO de Keclon, Leonardo Marraffini, manifestó que la planta operará a capacidad plena en tres años, momento en el que se espera una facturación de u$s 50 millones, en productos que hoy son 100% importados. Según describió Marrafini, la producción se encauzará inicialmente hacia el mercado alimenticio, a través de dos patentes “que para una firma con nuestra escala son más fáciles de incorporar, con contratos que ya tenemos firmados con clientes de Argentina y Brasil”. Sin embargo, ya están trabajando en mercados “de nicho” -como el farmacéutico y de diagnóstico- a través de nuevas inversiones en tecnología de laboratorio. “Son enzimas de menor escala pero mucho valor agregado”, acotó.

El presidente Alberto Fernández firmó este lunes el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, el cual será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. Uno de los objetivos principales del Gobierno nacional es que “los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado, o a otros modos de desarrollo de actividad productiva ajustados a las formalidades tanto registrales como tributarias”, indica el escrito en sus considerandos. Para cumplir este objetivo se requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo local “Potenciar Trabajo” y del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo. El Decreto dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en “incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”. La prestación se considerará “parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”. Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que esta tarde el oficialismo presentará formalmente ante ese cuerpo un proyecto de ley que procura convertir los planes sociales “en trabajo genuino”, con impacto en diversas actividades de la economía nacional que se están reactivando, según confirmaron fuentes parlamentarias. De hecho, Massa ultima los detalles del proyecto que presentará esta misma tarde y decidió suspender el viaje que tenía previsto realizar a Roma para participar de la 7ma Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20, en la que finalmente tendrá una participación de manera virtual. “Mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas”, había publicado ayer Massa en su cuenta en la red social Twitter. Las fuentes adelantaron que el proyecto contempla “un alivio económico para pymes, capacitación, y establecer un puente del plan social a un plan de empleo”. El presidente Alberto Fernández destacó desde el comienzo de su gestión la decisión gubernamental de transformar los planes sociales en trabajo, lo cual se concretó en anuncios en diversos rubros en los últimos días. Fuentes oficiales habían adelantado que el Gobierno nacional avanza en su objetivo de reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo genuino, una idea que Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato, y ya incorporó a trabajadores rurales y de la construcción al plan que forma parte de la reactivación económica y de la etapa actual de la pospandemia. También Massa había destacado esa idea durante recorridas diversas, por ejemplo en una pyme de impresiones gráficas en el municipio de Pilar. “Ese trabajo es el que tenemos que recuperar y potenciar, transformando los planes sociales en planes de empleo. El plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo. Tenemos que hacerlo por Ley, para obligar al Estado a recorrer ese camino”, había expresado en esa ocasión el exintendente de Tigre. En esa línea, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, también destacó ayer que el Gobierno busca “reconvertir los planes sociales en empleo genuino” con diversas iniciativas para la reconstrucción del país. “Toda herramienta, instrumento o decisión que vaya en el camino al trabajo genuino, registrado y la reconstrucción del empleo, el Gobierno del presidente Fernández no va a tener dudas en discutirlo; así lo hacemos con empresarios y empresarias, con dirigentes de organizaciones sociales y sindicatos”, indicó. Si bien la decisión había sido tomada antes de la irrupción del coronavirus, la emergencia sanitaria obligó al Poder Ejecutivo a reordenar sus prioridades, por lo que recién iniciado 2021 el Gobierno retomó ese punto de la agenda enfocado en la coexistencia entre la asistencia social y el mercado laboral. Así, tanto el Presidente como los dos ministros de Desarrollo Social de su gestión (Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor, el actual ministro Zabaleta) pusieron el foco en la necesidad de transformar los distintos planes en puestos de trabajo, en un acuerdo tripartito con las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores. El primer paso fue dado en agosto pasado con el sector rural, en el que un total de 250 mil personas pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones. A ese inicio le siguió el programa “Construir Trabajo e Igualdad”, anunciado el lunes último por el Gobierno, que implica la transformación de planes en trabajo en el sector de la construcción.

Análisis en la Rosada

El miércoles por la tarde, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y los dirigentes de la CGT Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez coincidieron en la importancia tanto del proyecto de reconversión de la ayuda estatal en trabajo genuino como en el del “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal”. La reunión se realizó en el despacho de De Pedro en casa Rosada, donde el ministro y los dirigentes de la central sindical repasaron distintos temas de agenda, como la situación general de la economía, de los sectores de la producción y el trabajo, informaron fuentes oficiales. “La cultura del trabajo debe construirse a través del diálogo entre todos los sectores y creando las condiciones necesarias para poder transformar los subsidios, los planes y el permanente acompañamiento del Estado en políticas públicas que generen empleo de calidad”, resaltó De Pedro. El titular de Interior destacó que el proyecto de reconversión de planes “era una demanda genuina que venía escuchando en cada recorrida, en cada contacto con la gente”. De Pedro aseguró que “las condiciones que se dan entre lo que es la formalidad y la informalidad, en la distancia entre tener trabajo o no, se va resolviendo con acompañamiento desde el Estado con medidas urgentes; teniendo en claro que este es un camino de transición y que el verdadero objetivo es generar que cada plan y cada ayuda se transformen en soluciones de fondo a partir de la creación de puestos de trabajo”.

Nuevo pedido de Guzmán al FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que los intereses aplicados por el FMI a los créditos “desestabilizan” la economía e impiden la recuperación de los países, por lo que reiteró su pedido de reducirlos. “Las cargas de la deuda insostenibles impiden que los países establezcan caminos de recuperación y crean una dinámica económica y social desestabilizadora”, señaló el ministro. Guzmán dijo que “la mayoría de los países, cuando realizan reestructuraciones de deuda soberana, no obtienen el alivio de carga necesario para restaurar la sostenibilidad” de sus economías. Agregó que los países “no tienen la capacidad de luchar de la forma necesaria para lograr una resolución efectiva para la crisis de la deuda soberana y es evidente que necesitamos reformas”. El ministro reiteró las críticas al FMI al intervenir en conferencia en la XV Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Consideró que la situación financiera internacional “no es buena” y reclamó reformas, al sostener que “hay deficiencias estructurales que dañan las posibilidades de desarrollo”. Pidió “la creación de un mecanismo multinacional de reestructuración de deuda soberana debe partir de los principios de sostenibilidad, transparencia y trato equitativo”.