(Por Gabriel Rosini) - La industria metalúrgica tuvo en abril una nueva retracción interanual del 4,3%; el uso de la capacidad instalada se mantiene en torno del 40%, 6 puntos menos que en el mismo mes del año pasado, que es una de las más bajas de los últimos tiempos; 5 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses y el empleo registró una caída interanual de -2,3% y -0,1% con respecto al mes anterior.

Estos son algunos de los datos que contiene el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) para el cuarto mes del año para el sector que acumula en el primer cuatrimestre del año una caída de -6,2% en los primeros cuatro meses de 2026.

El comportamiento de los distintos sectores sigue siendo contractivo, con la mayoría de los sectores a la baja: Fundición (-13,6%) Otros Productos de Metal (-5,7%), Equipamiento Médico (-5,6%), Bienes de Capital (-4,8%), Equipo Eléctrico (-4,5%) y Autopartes (-1,7%) registraron caídas interanuales persistentes. Sólo Maquinaria Agrícola (5,1%), y Carrocerías y Remolques (3,9%).

El uso de la capacidad instalada ronda apenas el 40% en las fábricas metalúrgicas.

Respecto de los niveles de actividad por provincias, la contracción más importante se registró en Buenos Aires (-5,1%) mientras que la más leve la tuvo Mendoza (-0,6%). El resto también tuvieron caídas de la actividad: Córdoba (-3,7%), Entre Ríos (-4,7%) y Santa Fe (-0,9%).

El relevamiento del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) hace un análisis del comportamiento de las distintas cadenas de valor que integran el sector, de las cuales solo las vinculadas a la Agrícola tuvo un registro positivo (+2,1%), mientras que continuaron mostrando resultados negativos Alimentos y bebidas (-6,6%), Consumo Final (-5,8%), Construcción (-4,5%), Petróleo y Gas (-3,8%), Automotriz (-3,8%), Energía Eléctrica (-3,2%), y Minería (-1,4%).

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que “el bajo uso de la capacidad instalada es el dato más preocupante y el más gráfico de lo que sucede en el sector, porque no nos tenemos que olvidar que el año 2025 contra el año 2024 también había dado una caída. O sea, estamos midiendo caída tras caída”.

Desde Adimra alertaron por la baja demanda y el impacto sobre el empleo industrial.

En esa línea, sostuvo que “la demanda continúa en niveles bajos en la mayoría de los sectores y las empresas metalúrgicas enfrentan una situación crítica, con márgenes cada vez más comprometidos y un horizonte inmediato muy poco alentador. Este escenario tiene un impacto directo sobre el empleo, configurando un cuadro de extrema preocupación para toda la cadena productiva”.

La Universidad de San Andrés dio a conocer el resultado de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, de acuerdo a los datos recogidos en 1006 consultas realizadas entre el 6 y el 8 de mayo, entre personas mayores de 18 años conectadas a Internet.

Una de las principales conclusiones involucra el "top de preocupaciones" que tiene a "bajos salarios" y "falta de trabajo" a la cabeza del ranking, cada uno con una representación del 37 %.

En tercer lugar, pero muy cerca, aparece la corrupción (36 %) y, luego, inflación (22 %) que, aclara la institución, "retoma la preocupación en la opinión pública, luego de haber perdido centralidad en años anteriores".

Precisamente el índice de inflación se mantuvo en niveles bajos (comparados con otros períodos) pero en sostenido aumento desde hace varios meses. El próximo número se conocerá el jueves.

La inflación vuelve a ocupar un lugar de preferencia entre las preocupaciones de los argentinos, aunque está en cuarto lugar, luego del los salarios, el desempleo y la corrupción.

Como contrapartida, en una suerte de ránking invertido aparecen Enfermedades y epidemias, Cambo climático, Policía, Transporte e Inmigración como las materias que despiertan menos preocupación.

La encuesta se hizo teniendo en cuenta género, nivel socioeconómico, generación y el voto de 2023. Pero hay un "amplio consenso entre segmentos", en los que falta de trabajo, bajos salarios, corrupción y pobreza lideran las preocupaciones".

"Este informe de mayo sugiere que, aunque el gobierno ha logrado frenar la caída de su aprobación general, el humor social está muy castigado por la situación del empleo y los salarios, y la figura de sus principales comunicadores se está erosionando rápidamente", establece el estudio.

Así, se tiene que el nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas se mantiene estable en un 29%, apenas un punto por encima de abril. La insatisfacción neta continúa siendo muy alta, alcanzando al 68% de los encuestados.

La imagen de Diego Santilli crece dentro del gabinete. La del vocero Manuel Adorni sigue en picada.

Las mujeres (74%) se encuentran más insatisfechas con la marcha general de las cosas que los hombres (63%), con una diferencia de 10 puntos porcentuales. Los más satisfechos son los votantes de Milei (55%) y de Bullrich (51%), mientras que los más insatisfechos son los votantes de Massa (93%) y las personas con ideología de centroizquierda (93%).

Por otra parte, la aprobación presidencial se ubica en el 37%, mientras que la desaprobación llega al 60%. Estos valores muestran una estabilización tras las caídas de meses anteriores, con una variación de apenas +/- 1 punto respecto a abril.

En términos comparativos, la aprobación se mantiene por debajo de la de Macri (42%) y por encima de la de Alberto Fernández (21%) en igual momento de sus gestiones.

A pesar de la estabilidad en la aprobación general, la satisfacción específica con el desempeño del Poder Ejecutivo cayó 3 puntos, pasando del 26% al 23%. Es el poder que más sufre este mes, mientras que el Legislativo se mantiene en sus mínimos históricos: Senado con 16% y Diputados con 15%.

Con todo, los encuestados están más satisfechos con las Políticas de exterior (38%), Defensa (37%) y Energética (35%) aunque hay insatisfacción en todas las áreas.

En contraste, las políticas con mayor nivel de insatisfacción son Obras Públicas (71%), Salud (69%) y Política Educativa (68%).

Más del 63% está de acuerdo con la decisión de no haber dolarizado la economía. "Lo más interesante es que este acuerdo se mantiene alto sin importar el argumento (atribución a la gente o técnica) ni quién lo exponga, sugiriendo que la sociedad ha internalizado la inviabilidad o el riesgo de la medida en este contexto".

El porcentaje es mayor entre quienes sostienen una ideología de derecha.

En línea con el punto anterior, el 47% de los encuestados prefiere cobrar en pesos, frente a solo un 29% que preferiría hacerlo en dólares, "evidenciando una resistencia cultural o práctica a la dolarización total del salario".

Las emociones que genera Milei están fracturadas: entre quienes lo aprueban predomina la esperanza , pero entre quienes lo desaprueban (60% de la muestra) dominan sentimientos de "vergüenza", "rechazo" y "asco".

Un contundente 58% de los argentinos cree que la situación del país empeoró en comparación con un año atrás. En lo personal, el 56% también afirma que su situación económica es peor que en mayo de 2025.

Hacia el futuro, el pesimismo es moderadamente menor pero sigue mandando: el 44% cree que el país empeorará en el próximo año, frente a un 26% que espera una mejora. La brecha más grande se da en los votantes de Milei, quienes evalúan muy mal el pasado pero mantienen altas expectativas de mejora.

En un escenario de fuerte polarización, la oposición parece consolidarse en torno a referentes con perfiles muy marcados: entre quienes desaprueban la gestión de Milei, Axel Kicillof (49%), Cristina Kirchner (49%) y Myriam Bregman (46%) emergen como las figuras de mayor consenso.

"Esto indica que no hay un liderazgo único, sino un archipiélago de referentes que logran retener a casi la mitad de los críticos del gobierno".

Por otro lado, la imagen positiva general refleja el desgaste del oficialismo: aunque Patricia Bullrich (37%) y Javier Milei (35%) siguen liderando el ranking nacional, sus niveles de apoyo han bajado, lo que sugiere que "el núcleo duro del gobierno está perdiendo su diferencial positivo mientras la oposición mantiene sus bases compactas".

Los niveles más bajos de imagen positiva corresponden a Sergio Uñac (7%), Miguel Ángel Pichetto (9%), Lilia Lemoine y Dante Gebel (10%).

En cuanto al vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa con una caída sostenida en su imagen. Su desaprobación alcanzó un récord del 73% y registra el diferencial de imagen más negativo de todo el gabinete (-59%).

Por último, el dirigente político y social con mayor imagen positiva es Diego Santilli, actual ministro del Interior del gobierno nacional.

Por Mariano Cuvertino

Esta conmemoración del Día Internacional del Trabajador nos encuentra frente a una realidad compleja: muchos argentinos no tienen trabajo, y los que lo tienen, viven entre la inestabilidad y la autoexplotación, luchando por llegar a fin de mes. Si bien la calidad de los trabajos y la precarización laboral son un fenómeno mundial que se profundizó tras la pandemia, en nuestro país el modelo económico del gobierno libertario aceleró esta tendencia.

Desde hace meses venimos alertando que la estrategia elegida para bajar la inflación (tipo de cambio bajo, altas tasas de interés, apertura indiscriminada y salarios reales pisados), no solo no fue exitosa sino que dejó a la economía en un punto muerto, afectando especialmente a los sectores que más empleo generan: la industria, el comercio y la construcción.

Mariano Cuvertino

En la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe que presido nos toca abordar esta realidad a diario. Haciendo eco de los reclamos de diferentes sectores, comparto tres reflexiones sobre el empleo hoy:

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 324.284 puestos de trabajo formales a nivel nacional y 16.105 en la provincia de Santa Fe, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esta situación constituye un deterioro repentino del mercado laboral.

La situación se agrava porque el plan económico del gobierno apuesta por la apreciación cambiaria y la apertura importadora, es decir que no basa el crecimiento en la fuerza de la producción sino que depende del ingreso de divisas para sostenerse, e incluso, prioriza el trabajo extranjero (importaciones) al tener un tipo de cambio artificialmente bajo.

Las consecuencias de este modelo son claramente visibles en el sector industrial: Fate, Peabody y TN Platex son algunas empresas históricas que cerraron en el último año. Más acá, la santotomesina Bahco dejó de producir, la fábrica de implementos gastronómicos Fornax anunció el cierre definitivo y cientos de pequeños y medianos comercios bajaron sus persianas. Este dato es central: sin empresas no hay empleo, y sin empleo, el discurso de que “lo peor ya pasó” es pura ficción.

A pesar de la desaceleración inflacionaria, el salario real sigue golpeado por el aumento de los servicios, alquileres y combustibles. En Santa Fe, los ingresos están un 10% por debajo de 2023.

El deterioro del salario aumenta la presión sobre los hogares: cae el consumo y aumenta el endeudamiento. Argentina es el país de la región que más poder de compra perdió desde 2018, casi un 20%, ubicándose por debajo de Paraguay y Perú. Y en términos de deuda, los últimos datos disponibles muestran que el endeudamiento de las familias se agranda y que desde hace 13 meses sube la mora en el pago de los créditos.

Casi un tercio de la población económicamente activa de Santa Fe (31,8%) busca otro empleo o necesita trabajar más horas porque lo que gana no les alcanza. Dentro de ese grupo, el componente principal son los ocupados demandantes, los trabajadores que buscan otro empleo o ampliar la jornada para cubrir sus necesidades básicas.

Así, crece la inserción en formas de trabajo más inestables, con menores ingresos y sin protección, como las plataformas digitales de delivery y movilidad (Rappi, PedidosYa, Uber, etc.), algo que el politólogo Federico Zapata definió como “informalariado”. En un país con un mercado de trabajo altamente dualizado (dividido entre trabajadores formales e informales) la precarización cumple un rol paradójico: funciona como una válvula que amortigua el aumento del desempleo abierto.

La realidad del pluriempleo va más allá de lo material e impacta en la calidad de vida: son padres y madres que no están en sus casas, chicos que pasan horas solos y un agobio que se vuelve crónico. El agotamiento físico, mental y emocional, así como la falta de perspectivas a futuro, se está extendiendo entre la población como una verdadera epidemia.

Entonces, volvamos al principio: el modelo económico que impulsa el gobierno nacional muestra sus límites más crueles en el deterioro del salario y la pérdida y precarización del empleo.

En este 1 de mayo volvamos a poner a la producción y el trabajo en el centro, no como consigna sino como proyecto económico para transformar la realidad. Porque podemos tener cosechas récord, dólares financieros, RIGI para la minería, pero si el sueldo no alcanza, la economía real se frena. Y no hay forma de crear empleo, crecimiento, desarrollo e inclusión en una economía estancada.

Gabriel Rossini

En un contexto nacional donde la economía cotidiana está muy delicada y a los argentinos les cuesta llegar a fin de mes, con niveles de actividad deprimidos que se refleja en una caída de la actividad comercial, Santa Fe ha decidido diferenciarse del resto de las provincia con políticas públicas de apoyo a los sectores productivos, tanto por la vía tributaria y como por la baja del costo financiero, apuntalas en un programa de obras públicos que mantiene su ritmo lo que permitió recuperar el empleo perdido en la construcción en 2024 y mejorar esos niveles en 2025 convirtiendo a Santa Fe en la provincia que lidera el número de trabajadores en términos absolutos del país.

Santa Fe lidera en trabajadores de la construcción impulsada por inversión estatal y créditos subsidiados.

"Quiero destacar que todo esto se está haciendo en un contexto nacional bastante preocupante y marca la diferencia entre Santa Fe y el resto de las provincias, como muestran las estadísticas de empleo en la construcción de la que viven 40 mil familias con tendencia al crecimiento; el subsidio a las tasas de interés en el medio de la preocupación de las empresas por los costos financieros y las medidas fiscales para quienes contraten nuevos trabajadores, entre otras, que se refleja en los menores niveles de desempleo en los grandes aglomerados urbanos provinciales. Todo este hace que seamos diferentes del resto, aunque estamos viviendo en el mismo país", dice el ministro de Trabajo Roald Báscolo.

Desde el gobierno de Santa Fe vienen insistiendo todos los días todos sus funcionarios sobre los resultados que tienen las políticas impulsadas desde la administración provincial en la economía local que, en el caso de la construcción, por ejemplo, y a partir de la decisión de mantener el programa de obra pública, ha permitido no solo sostener sino también hacer crecer el empleo en el sector, el más castigado por el gobierno nacional y donde más puestos de trabajo se perdieron, a tal punto que hoy en la provincia hay 40 mil familias que viven de esta actividad.

"En un contexto nacional donde la construcción es el sector de la economía que más empleos perdió en 2024, que representó el 20% del total nacional, ese año en Santa Fe fue menor al 10% y en 2025 se empezó a recuperar, a tal punto que mientras en el país sigue 10% por debajo de 2023, en la provincia ya hay crecimiento lo que la convierte en líder nacional en términos absolutos aunque relativo respecto de Neuquén y Río Negro donde el impacto de Vaca Muerta es muy importante", dice el ministro de Trabajo Roald Báscolo.

Un informe preparado por el ministerio de Trabajo de la provincia indica que Santa Fe, que es el tercer distrito del país en empleo registrado en la construcción, detrás de Buenos Aires y CABA, exhibe desde diciembre de 2023 "un desempeño claramente superior al promedio nacional" y se consolida "como un caso diferencial dentro del escenario nacional, al pasar de una fuerte contracción en el primer semestre de 2024 a un crecimiento del 13% desde ese piso, ubicándose en noviembre de 2025 un 2,9% por encima de diciembre de 2023 y constituyéndose como la jurisdicción que más empleo generó en términos absolutos en el período impulsado por el plan de obras públicas provincial ejecutado durante 2024 y 2025".

En este sentido, el titular de la cartera de Trabajo provincial fue un paso más e insistió con el "efecto multiplicador" que tiene la construcción en el resto de las actividades económicas, generando actividad en el sector de servicios y actividades vinculadas a la obra que se ejecuta. "Pongo siempre como ejemplo la cárcel de Recreo que está en construcción que además genera actividad en ciudades del norte de la provincia como Reconquista, donde dos empresas metalúrgicas están trabajando a plena capacidad para proveer las aberturas, además de un sector que ha tenido muchos problemas en los últimos tiempos por el ingreso de las importaciones y la caída de ingreso", dice el ministro Báscolo.

- ¿Es el sector metalúrgico el más complicado en cuanto al nivel de actividad de la provincia?

-Teniendo en cuenta el contexto nacional, hay dos sectores que están en caída: la construcción y la industria, que son los dos sectores más demandantes de empleos. Dicen que la economía crece porque crece la producción de gas, de petróleo, la minería y la intermediación financiera, pero son todos sectores poco demandantes de empleos. En el caso de la construcción estamos por encima de la media nacional, en el del comercio Santa Fe logra mantener el nivel de empleo y la industria, que en la provincia es muy competitiva, está perdiendo empleos por distintos factores como las importaciones y la retracción del mercado interno. En primer lugar, el sector textil, también el del cuero, del calzado, la línea blanca y el siderúrgico, también algunos metalúrgicos. Santa Fe no escapa al contexto nacional y está dentro de las provincias más afectadas con Buenos Aires y Córdoba, que tienen un perfil similar a nuestra provincia.

-El desempleo impacta de manera diferente en estas provincias.

-Los datos confirman una gran suba en Buenos Aires y Córdoba. En este tema también uno puede rescatar datos positivos en Santa Fe. A nivel país, la última encuesta permanente de hogares del último trimestre del 2025 dio que a nivel nacional el desempleo se ubicó en el 7,5%. En ese contexto Rosario quedó en 6,5%, por abajo del promedio y la ciudad de Santa Fe en 4,8%, mientras que, en el gran La Plata, el gran Mar del Plata y partidos del gran Buenos Aires tenemos la desocupación llegando al 9,5%. En el gran Córdoba están en el 8,8%. Los números del desempleo en todos estos grandes centros urbanos ya están cercanos los dos dígitos y pasaron a ser una de las principales preocupaciones del país, llegar a fin de mes y la incertidumbre por el futuro del trabajo, cuando hace dos años eran la inflación, el dólar, el riesgo país y el déficit fiscal.

-Santa Fe inició el año con casi cuatro mil trabajadores suspendidos en 44 empresas. ¿Creció en el primer trimestre?

-No, se mantuvo estable e unas 50 empresas con 3.000 trabajadores suspendidos.

La obra pública provincial sostiene el empleo en la construcción y marca diferencias con el resto del país.

-Una de las medidas que tomó el gobierno provincial fue el de incluir para su tratamiento legislativo en el proyecto de Presupuesto y la ley Tributaria fueron una serie de exenciones impositivas para apuntalar la industria, el comercio y el empleo. En enero les fue bien, de acuerdo con los números que difundieron y las expectativas que tenían puestas. ¿Qué esperan para febrero?

-Son medidas del gobierno novedosas y disruptivas que nos trajeron buenos resultados en enero y que serán mucho mejores en febrero. Los datos los vamos a dar a conocer en los próximos días. La provincia de Santa Fe tomó como política de estado bajar ingresos brutos a todas aquellas empresas o emprendedores que tributan en la provincia e incorporen trabajadores nuevos, descontando hasta 1,6 millón de pesos mensuales por cada uno de los nuevos trabajadores durante todo el ejercicio 2026. Quiero destacar que esta medido se ha tomado en un contexto 11:02) Eso es algo que nunca se vio en Santa Fe (11:05) y yo me atrevo a decir que no lo donde es muy difícil que se generen nuevos empleos y la recaudación cayendo, encontrándose un 7% abajo del bimestre anterior por una caída del consumo.

-Hay empresas en problemas como Bahco y sectores complicados en sus niveles de actividad como el lácteo y el metalúrgico. ¿Qué están viendo en el ministerio?

-Los sectores vinculados a la agroindustria van a tener un buen 2026 porque la campaña de trigo fue muy buena, récord de los últimos 20 años, la de girasol es la más alta de los últimos 15 años y el maíz y la soja vienen muy bien, está todo, está dado para que la cosecha sea récord y obviamente que esto va a tener un gran impacto en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en el sector de la maquinaria e implementos agrícolas. Después tenemos otros sectores que también son muy competitivos como el frigorífico, con un contexto internacional inmejorable con precios récord, pero con el problema en Argentina de la escasez de hacienda que hizo subir el precio del novillo también a precios récord, que hace que los frigoríficos no tengan actividad plena. En el sector lácteo hay empresas como Sancor que están en crisis por temas administrativos de gestión interna que del rubro en sí. En los dos últimos años hubo crecimiento en la producción lechera, más allá de algunos meses con dificultades. Hay nuevos proyectos de inversión en el sector lácteo. El tema ahora es que todo este crecimiento se vea reflejada en la rentabilidad, este mes tuvimos un importante aumento del precio de los combustibles que se va a trasladar y va a pegar en la época de la cosecha gruesa. El volumen está garantizado pero la rentabilidad no tanto porque dependen del endeudamiento que tenga cada uno que con las tasas de interés en relación con la inflación proyectada están muy altas y el dólar pisado. Acá Santa Fe también marcó una diferencia en la último Expoagro porque los créditos con tasas subsidiadas de la provincia a través de bancos privados sumaron 180.000 millones de pesos.

(Por María José Valdéz) - En un contexto nacional atravesado por la caída de la actividad y el deterioro del empleo, Santa Fe construye una dinámica propia que busca amortiguar el impacto de la recesión. El dato central que expone el gobierno provincial es contundente: unas 40.000 familias dependen directamente de la obra pública, un volumen que transforma a la inversión estatal en un actor decisivo dentro del mercado laboral.

Ese esquema no es aislado ni coyuntural. Forma parte de una estrategia más amplia que combina gasto en infraestructura, alivio impositivo y herramientas de financiamiento para el sector productivo. En términos concretos, la Provincia asume un rol activo para sostener la demanda de empleo en momentos en los que el sector privado, condicionado por la macroeconomía, reduce su capacidad de expansión.

El planteo oficial se apoya en una lógica clara: cuando la economía se retrae, el Estado incrementa su intervención para evitar una caída más profunda del empleo. En ese sentido, Pullaro remarca que la obra pública no solo genera trabajo directo en la construcción, sino que dinamiza una cadena de valor que impacta en proveedores, servicios y economías regionales.

El gobierno provincial apuesta a sostener el empleo con inversión, incentivos fiscales y apoyo a pymes.

A esa política se suma un esquema de incentivos fiscales que apunta a sostener la competitividad empresarial. La reducción de Ingresos Brutos y la posibilidad de deducir costos asociados al empleo forman parte de una batería de medidas que buscan evitar despidos y promover nuevas contrataciones, incluso en un contexto de baja actividad.

El resultado de esa combinación se refleja en los principales indicadores. El Gran Rosario alcanzó una tasa de empleo del 49,1%, ubicándose entre los niveles más altos del país según el Indec. No se trata de un dato menor: en un escenario donde el desempleo crece a nivel nacional, sostener esos valores implica una diferencia estructural en la dinámica económica.

Sin embargo, el propio gobierno reconoce que el escenario sigue siendo frágil. “¿Estamos bien? No. Pero estamos resistiendo”, sintetizó Pullaro, en una definición que refleja tanto el alcance como los límites de la estrategia provincial. La capacidad de sostener el empleo depende, en gran medida, de mantener el nivel de inversión pública y de que el sector privado logre recuperar dinamismo.

En ese punto, aparece otro de los ejes de la política económica: el acompañamiento a pymes. La Provincia busca sostener ese entramado productivo con financiamiento, rondas de negocios y programas de inserción laboral, entendiendo que allí se concentra una parte sustancial del empleo formal.

El Gran Rosario muestra indicadores laborales por encima del promedio nacional en un contexto recesivo.

El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, aportó un dato que refuerza esta lectura: Santa Fe es una de las pocas provincias donde la construcción muestra signos de crecimiento, mientras a nivel nacional el sector cae en torno al 10%. Este diferencial permite explicar, en parte, por qué los aglomerados urbanos santafesinos presentan mejores indicadores que otros grandes centros del país.

De cara a 2026, la apuesta oficial es sostener este equilibrio. La continuidad de la obra pública, sumada a la expectativa de que las medidas fiscales impulsen el empleo privado, aparece como la clave para consolidar una tendencia que, hasta ahora, muestra a Santa Fe mejor posicionada frente a un contexto nacional complejo.

Mauro L. Muñoz

A partir de abril, el gobierno nacional avanzará con el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo y reemplazará la asistencia de $78 mil mensuales por un sistema de vouchers de capacitación laboral destinado a un universo cercano a las 900 mil personas.

La medida fue informada este martes por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y se inscribe en una hoja de ruta que la gestión libertaria ya había definido desde el comienzo de la gestión: desarmar la lógica de intermediación, revisar programas y condicionar la ayuda estatal a resultados verificables.

La decisión, además del cambio metodológico, implica una definición política de la administración libertaria, que da por terminada la transición dispuesta para sostener el esquema heredado y apuesta a reemplazar la transferencia directa por una herramienta atada a formación profesional. "No es ajuste, es eficiencia", había adelantado Pettovello semanas atrás.

El punto final que ahora se oficializa tiene una historia previa. El Potenciar Trabajo había sido lanzado en marzo de 2020, en el gobierno de Alberto Fernández, en respuesta a la pandemia y la crisis económica del gobierno anterior unificando planes previos, para promover la inserción laboral formal, la capacitación y una mejora en los ingresos de trabajadores en situación de vulnerabilidad. En su origen, pagaba la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con el cambio de gobierno, ese esquema empezó a ser desmontado. En 2024 nació Volver al Trabajo como reemplazo del Potenciar, bajo la premisa de corregir deficiencias estructurales, mejorar la transparencia y quitarle a las organizaciones sociales el control de los planes. La apuesta era que la relación entre el Estado y el beneficiario dejara de pasar por gestores o intermediarios.

Ahora, el programa transitorio dejará de abonarse y será sustituido por un nuevo sistema de vouchers de capacitación para luego dar paso a la inserción laboral. En los hechos, el Gobierno da por terminada la última versión de una política de asistencia social que duró más de seis años y había llegado a reunir más de 1,3 millones de beneficiarios, al calor del deterioro económico y del crecimiento de los movimientos sociales implicados en su administración.

El cambio será concreto. Volver al Trabajo se pagará por última vez y, desde entonces, quienes integraban ese universo podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de formación. Los beneficiarios ya comenzaron a recibir notificaciones por la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa que el plan finaliza y que, de ahora en más, podrán anotarse en el nuevo esquema.

El segmento alcanzado ronda las 900 mil personas según la información suministrada por el gobierno, se trata del tramo del programa que funcionaba como transición hacia el empleo y en el que la mayoría de las inscriptas eran mujeres. En paralelo, quedará afuera de esta baja otro grupo estimado en unas 300 mil personas, encuadradas en un esquema de asistencia más permanente y orientado a quienes tienen mayores dificultades para insertarse laboralmente.

La reconversión, por lo tanto, no será homogénea para todo el universo que alguna vez estuvo dentro del Potenciar Trabajo. El Gobierno volvió a segmentar a sus beneficiarios. Un grupo sale del esquema de transferencia mensual y pasa a uno condicionado por capacitación. Otro permanece, por el momento, en la red asistencial.

Pettovello había anticipado semanas atrás el encuadre con el que el oficialismo presenta el rediseño de la asistencia estatal. En un video difundido el pasado viernes 6 de marzo por redes sociales, sostuvo que “técnicamente, los planes sociales no existen”, sostuvo, dando pie a la diferenciación entre prestaciones de la seguridad social y programas sociales.

De un lado, ubicó a la AUH, las jubilaciones y las pensiones como “derechos establecidos por ley”, que no dependen de cupos, intermediarios ni discrecionalidad. Del otro, a los programas sociales, definidos como herramientas focalizadas, con objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. “Si no funcionan, se modifican o se cierran”, dijo. Ahí, sin vueltas, quedó enunciado el principio que ahora se aplica sobre Volver al Trabajo.

Pettovello insistió además en que la gestión no redujo personas asistidas, sino que ordenó estructuras. Dijo que al asumir encontraron 125 programas sociales, “muchos superpuestos, duplicados, sin evaluación y con intermediación en la asignación de recursos”, que fueron unificados en 49 con “reglas claras y trazabilidad”. Y resumió esa política en que "eso no es ajuste, es eficiencia”, cerró.

En la práctica del Volver al Trabajo, el Estado dejará ahora de otorgar una transferencia mensual generalizada para pasar a un esquema ligado a la formación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, que primero deberán inscribirse y manifestar su voluntad de participar. Recién entonces podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación que está en proceso de formación en todo el país.

Según la información difundida por el Ministerio de Capital Humano durante las últimas semanas, se viene montando una red federal de instituciones con propuestas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia. En ese armado, el Estado aporta la infraestructura y las empresas privadas se encargan de los contenidos, de los capacitadores y de los materiales. La idea oficial es que el regreso al empleo se produzca a partir de capacitaciones en oficios, certificaciones del gobierno y convenios con firmas privadas.

También cambiarán las condiciones de permanencia. Quienes accedan al nuevo sistema deberán cumplir con requisitos de asistencia y continuidad en los cursos. Si abandonan, perderían el beneficio sin poder volver a ingresar. El mensaje de la administración libertaria es que el gasto público debe estar asociado a resultados concretos en términos de formación.

Uno de los ejes más insistidos por el Gobierno desde el inicio de la gestión es la eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales en la política asistencial. La reconversión de Volver al Trabajo refuerza esa línea. El vínculo será directo entre beneficiario y Estado, sin gestores, sin mediadores, sin la estructura política que durante años funcionó como articuladora del acceso al plan.

Por el momento, el monto de los vouchers no fue informado, y podría depender tanto del número de inscriptos como del costo de las capacitaciones disponibles. Es decir, si bien fue anunciado, el nuevo esquema tiene todavía algunos cabos sueltos.

Dentro del propio Gobierno reconocen que no todos los actuales titulares de Volver al Trabajo se inscribirán en el nuevo sistema. Esa admisión también dice bastante. Se espera que una parte de los beneficiarios opte por capacitarse, mientras otro segmento no lo haga, ya sea por desinterés o porque actualmente realiza tareas en la informalidad ya que el plan de $78 mil no alcanzaba como ingreso suficiente.

Bajo esa lectura, la reconversión no retiraría personas del mercado de trabajo sino que modificaría la forma en que el Estado interviene sobre ese universo. En línea con el rediseño de la política social del gobierno de Javier Milei se destaca que se fortalecieron la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, mejorando la cobertura de básica alimentaria y permitió amortiguar los meses más duros del ajuste, aunque también dejó abierto un problema de incentivos para la formalización laboral en los segmentos de menor calificación. De ahí el mensaje de Pettovello sobre la diferenciación entre la “seguridad social” de los “programas sociales”.

Tomas Bertero

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo, destacó a El Litoral los primeros resultados del esquema de beneficios fiscales impulsado por la provincia, que permitió la creación de nuevos puestos laborales en el inicio del año.

“Se crearon 649 nuevos puestos de trabajo en 366 empresas”, afirmó. Según explicó, estos datos corresponden al corte realizado en enero, en el marco de una política que estará vigente durante todo el 2026.

El funcionario situó estos resultados en un escenario económico complejo, tanto a nivel nacional como provincial. Foto: Carolina Nicklison

Báscolo explicó que el programa fue incorporado dentro de la tributaria 2026 y está dirigido a todos los contribuyentes que tributan Ingresos Brutos en la provincia. El objetivo es estimular la contratación de nuevos trabajadores. “Por cada nuevo trabajador que incorporen durante 2026, pueden acceder a un beneficio fiscal”, indicó. En ese sentido, remarcó que cuanto antes se realicen las incorporaciones, mayor será el tiempo durante el cual las empresas podrán aprovechar el incentivo.

El funcionario situó estos resultados en un escenario económico complejo, tanto a nivel nacional como provincial. En ese marco, consideró relevante el impacto positivo de la medida.

"Las noticias cotidianas son de cierre de empresas, dificultades para pagar sueldos y caída de la actividad”, señaló. A pesar de ello, destacó que la provincia logró generar empleo en este contexto adverso.

Báscolo también subrayó el rol de la obra pública provincial como herramienta para sostener el empleo, especialmente en sectores como la construcción, uno de los más afectados a nivel nacional.

“La provincia invirtió 500 millones de dólares en 2024 y 1.500 millones en 2025 en obra pública”, detalló. Según explicó, esta política permitió amortiguar el impacto de la paralización de la obra pública nacional.

En ese sentido, el ministro aseguró que Santa Fe no solo logró recuperar puestos de trabajo, sino también posicionarse entre las provincias con mejores indicadores en generación de empleo en la construcción.

“La provincia no solo recuperó los puestos perdidos, sino que lidera la creación de empleo en el sector”, afirmó. Este desempeño se da en un contexto donde otras jurisdicciones aún no logran recomponer los niveles previos.

Finalmente, Báscolo recordó que las empresas que aún no se sumaron al programa están a tiempo de hacerlo, ya que el beneficio se mantiene vigente durante todo el año. “Aquellos que no se acogieron todavía pueden hacerlo, consultando con sus asesores”, indicó. Además, señaló que el esquema también contempla otros beneficios vinculados al pago de servicios como la energía.

Báscolo también subrayó el rol de la obra pública provincial como herramienta para sostener el empleo, especialmente en sectores como la construcción, uno de los más afectados a nivel nacional. Foto: Carolina Nicklison

En total se generaron 649 nuevos puestos de trabajo distribuidos en 366 empresas de distintos tamaños. La mayor parte corresponde a pequeñas estructuras productivas: 283 firmas incorporaron un trabajador y otras 41 sumaron dos empleados.

En cuanto a la distribución por sectores, el comercio lidera la creación de nuevos puestos de trabajo, seguido por la industria y la construcción. También se registraron incorporaciones en actividades como servicios de alojamiento y gastronomía, transporte y almacenamiento, agricultura y tareas administrativas, entre otras.

En el caso de la industria, 137 empresas descontaron de Ingresos Brutos el costo de la energía eléctrica, lo que representó una reducción impositiva de 134 millones de pesos mensuales.

Por su parte, 1.147 comercios aplicaron el mismo beneficio sobre su consumo energético, alcanzando una reducción de 432 millones de pesos por mes. Además, 816 pequeños comercios accedieron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5 %, lo que implicó un alivio fiscal de 58 millones de pesos mensuales.

En total, 2.466 empresas santafesinas accedieron al menos a uno de los beneficios tributarios vigentes, mientras que 276 lograron combinar más de un incentivo fiscal.

Casi 1 de cada 4 trabajadores no come durante su jornada laboral, más de 8 de cada 10 restringe la cantidad o calidad de los alimentos por motivos económicos, más de mitad ha tenido que saltear comidas y/o elegir alimentos menos nutritivos por motivos económicos y menos de 2 de cada 10 está libre de estas privaciones, son algunas de las conclusiones a las que llegó un relevamiento técnico realizado por el Observatorio de la Deuda Social de Argentina de la UCA y Edenred que lleva por título “La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina”.

El informe destaca la importancia que tiene la alimentación en el trabajo para diseñar políticas que tiendan a disminuir los problemas que causan la mala alimentación, el exceso de peso y enfermedades asociadas en el rendimiento laboral y el ausentismo en el normal desarrollo de una actividad productiva.

En Argentina, dice la encuesta, los datos revelan una importante heterogeneidad entre los trabajadores asalariados de acuerdo a la región geográfico del país, el sector económico, el tamaño de la empresa y el nivel de ingresos; situación que replican las desigualdades que se revelan en las mediciones sobre la calidad de los empleos, el porcentaje de trabajadores registrados y los ingresos promedios respecto de otras regiones del país.

Alguna de las conclusiones a las que arriba fueron las siguientes:

-Casi uno de cada cuatro trabajadores asalariados (23%) no come durante la jornada laboral. La mayoría son trabajadores mayores de 45 años, del sector público y de empresas pequeñas. En la región del NEA la mitad de los trabajadores declara no comer en su horario laboral.

-Las regiones del NEA y el NOA presentan las mayores dificultades tanto en el acceso a la comida como en las oportunidades de comensalidad. En contraste, el AMBA y la región Centro muestran mejores condiciones.

-La economía personal determina la calidad de lo que se come: más de la mitad (56,2%) ha tenido que saltear comidas y/o elegir alimentos menos nutritivos por motivos económicos. Solo 16,5% está libre de estas privaciones.

-El tamaño de la empresa y el sector de actividad son determinantes: en empresas medianas/grandes y en el sector primario-manufacturero predomina la comida compartida mientras que en pequeñas empresas y ciertos servicios aumenta el consumo individual.

-El 26% enfrenta dificultades para comer de forma regular. Los trabajadores del sector público, con menores ingresos y con menos equipamiento en su lugar de trabajo son los más perjudicados, lo que sugiere que la organización laboral y los recursos disponibles condicionan este tiempo básico para el bienestar.

-Contar con infraestructura básica (comedor, heladera, microondas) y recibir aportes del

empleador se asocia con mejores hábitos alimentarios, mayor regularidad en las pausas y menores niveles de privación alimentaria.

-El 23,1% de los asalariados presenta obesidad, con mayor prevalencia en adultos y en contextos laborales menos favorables. Esto refuerza la idea de que las condiciones de trabajo y los hábitos alimentarios que permiten (o impiden) impactan directamente en indicadores de salud, generando riesgos a mediano y largo plazo.

-Respecto de las expectativas de los trabajadores asalariados: el 80,4% está a favor, con mayor interés en construcción (90,1%), jóvenes (84,9%) y quienes ya enfrentan vulnerabilidad alimentaria (91,5%); el 76% considera que una pausa fuera del trabajo mejoraría su bienestar; un 69% consideraría útil un aporte económico para cubrir gastos diarios y el 50,8% lo usaría para comer más saludable.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes de la apertura de Expoagro, la principal exposición agroindustrial del país que se desarrolla del 10 al 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás, en Buenos Aires. En ese marco, defendió el modelo productivo de la provincia y aseguró que es posible combinar eficiencia en la administración del Estado con una reducción sostenida de la presión impositiva.

“Se puede administrar de manera eficiente el Estado y bajar impuestos como nunca se habían bajado en la provincia en los últimos 20 años”, afirmó el mandatario durante su intervención en el acto inaugural.

Pullaro estuvo acompañado en el palco oficial por los ministros Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Pablo Olivares (Economía), junto a la diputada nacional Gisela Scaglia, la diputada provincial Clara García, el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, además de autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector agropecuario.

Durante su discurso, el gobernador subrayó que Expoagro permite exhibir el potencial productivo santafesino y diferenciar el perfil económico de la provincia. “Santa Fe no representa la especulación financiera. Representa el trabajo, a quienes se levantan temprano y terminan tarde, a quienes reinvierten cada peso en ciencia, tecnología y producción”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el modelo santafesino se apoya en la producción como eje del desarrollo económico. “Somos todo lo que necesita la República Argentina para salir adelante. Nuestro modelo apuesta a la producción y al empleo”, afirmó.

Pullaro explicó que la política económica provincial combina incentivos fiscales con herramientas de financiamiento para sostener la actividad industrial y agropecuaria. “Pese a la caída de la recaudación y de la coparticipación demostramos que se pueden hacer inversiones productivas en toda la provincia y, al mismo tiempo, bajar impuestos”, indicó.

Entre las medidas adoptadas, mencionó la posibilidad de que las empresas deduzcan del impuesto sobre los Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos trabajadores incorporados, que permitió generar en un solo mes 649 puestos de trabajo. También destacó que los consumos de energía eléctrica pueden descontarse del mismo tributo y que la maquinaria agrícola quedó exenta del pago de patentes.

Según explicó, el objetivo de estas medidas es reducir los costos de producción y estimular la generación de empleo privado. “Gobernar la Argentina es generar empleo, y eso se logra asociando al Estado con el sector privado y con el sistema financiero”, sostuvo.

Durante la jornada también habló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien destacó la importancia de Expoagro como espacio de vinculación entre empresas, productores y gobiernos.

“El valor de esta feria es la posibilidad de generar vínculos. Santa Fe es el campo, la industria, el comercio, los emprendedores y el cooperativismo. Somos granos, biocombustibles, economías regionales y tecnología”, afirmó.

El ministro también reclamó una agenda productiva de alcance nacional. “Necesitamos una mirada federal y un acuerdo productivo que permita liberar las fuerzas de la economía”, planteó.

En ese sentido, pidió al Gobierno nacional avanzar en la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Según estimó, el sector aporta alrededor de 4.000 millones de dólares anuales por este concepto. “Si el Gobierno nacional decide reducirlas o eliminarlas, no sería un costo fiscal sino una inversión para liberar recursos productivos que volverían a la economía”, sostuvo.

El Gobierno de Santa Fe participa de Expoagro 2026 con una agenda centrada en la promoción del entramado agroindustrial de la provincia. A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, el stand institucional funciona como un espacio de promoción de inversiones, generación de negocios y articulación entre el sector público y el privado.

En total, 170 empresas santafesinas forman parte de la megamuestra con stands, presentaciones, programas de financiamiento y rondas comerciales.

La presencia provincial busca mostrar el potencial tecnológico e innovador de Santa Fe y su aporte a la cadena de valor agroindustrial, uno de los principales motores de la economía argentina.

En el marco de la implementación de políticas públicas que promueven el acceso al empleo y fortalecen las oportunidades de desarrollo laboral para toda la comunidad, el Gobierno Provincial, a través del  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría de Coordinación de Transformación Digital, lanzó el “Orientador Laboral”, un asistente virtual para acompañar la búsqueda de empleo. Funciona mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, y está diseñado para brindar apoyo personalizado a personas que buscan trabajo o desean mejorar su situación laboral.

Se trata de una herramienta fácil, gratuita y accesible desde el dispositivo celular que funciona mediante un chat automatizado, disponible las 24 horas, los 365 días del año, con el objetivo de acompañar a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo del trabajo, ofreciendo orientación inmediata, práctica y adaptada a cada necesidad.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, destacó la importancia del trabajo conjunto y señaló que “en un contexto laboral difícil como el que atraviesa la Argentina -que también afecta a Santa Fe- seguimos generando herramientas para poder acompañar a las personas que están en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. En esta ocasión, lo hacemos a través de una herramienta simple, ágil y accesible para todos los santafesinos”.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso, indicó que “la tecnología es una aliada fundamental en la gestión pública porque nos permite llegar a cada santafesino con herramientas gratuitas, simples y al alcance de todos, facilitando el acceso a la información y acompañando la toma de decisiones. En esta oportunidad logramos avanzar con este recurso que es accesible y está disponible para toda la ciudadanía”.

En tanto, el secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco, remarcó que “Orientador Laboral viene a dar respuesta a demandas que veníamos observando en las personas que buscan trabajo por primera vez o que desean una nueva oportunidad laboral. Por eso, desde el Gobierno Provincial queremos acompañarlas en ese proceso para que puedan crecer, desarrollarse y encontrar oportunidades reales a sus necesidades”.

“Orientador Laboral” está pensado como una herramienta de acompañamiento permanente, que brinda información clara y consejos útiles para enfrentar cada etapa del proceso laboral.

Para acceder a esta herramienta solo es necesario iniciar una conversación por WhatsApp al 3426313853 y comenzar a interactuar con el asistente. Su utilización es muy sencilla, sin costo y desde el celular personal.  

A través del chat, las y los usuarios pueden acceder a distintos servicios vinculados al empleo, entre ellos:

* Armar un CV desde cero o mejorar uno existente, generando un nuevo currículum en formato PDF, listo para entregar o presentar en cualquier empresa o consultora.

* Prepararse para entrevistas laborales a través de recomendaciones para realizar antes, durante y después de la misma.

* Buscar oportunidades de trabajo, es decir, dónde y cómo buscar los avisos publicados y postularse.

* Recibir orientación para el primer día de trabajo, sugerencias para llegar preparado yempezar con una nueva etapa laboral.

(Por Agustina Azcoaga) - El Día del Tambero se conmemora cada 23 de febrero en recuerdo de la fundación de la Unión General de Tamberos, una organización gremial nacida en 1920 con el objetivo de representar a los productores lecheros y defender sus derechos laborales y productivos.

La efeméride fue instituida oficialmente en 1968 por el entonces Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y, desde entonces, se mantiene como una jornada de reconocimiento a uno de los oficios más constantes y demandantes del sector agropecuario.

Los tamberos son los responsables del ordeñe, la alimentación y el cuidado del rodeo lechero. Su tarea, que se extiende los 365 días del año, constituye el primer eslabón de la cadena láctea, una de las más importantes para las economías regionales del país.

23 de febrero: reconocimiento al primer eslabón de la cadena láctea.

Provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran la mayor producción, generando empleo directo e indirecto y abasteciendo tanto el consumo interno como las exportaciones.

A lo largo de las últimas décadas, el sector lechero ha atravesado profundas transformaciones. La incorporación de nuevas tecnologías —sistemas de ordeñe automatizado, monitoreo digital de los rodeos y alimentación de precisión— ha mejorado la eficiencia y la productividad, aunque también ha incrementado la necesidad de inversión y formación técnica.

En ese sentido, el trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido clave en la profesionalización del oficio.

A través del programa “El Profesional Tambero”, la institución ofrece capacitaciones que abordan desde la rutina de ordeñe y la calidad de la leche, hasta la alimentación, la sanidad animal y la seguridad laboral.

Sin embargo, la actividad también enfrenta desafíos estructurales: la concentración productiva, los costos crecientes, la volatilidad de precios y la presión impositiva son factores que afectan especialmente a los pequeños y medianos productores.

23 de febrero: reconocimiento al primer eslabón de la cadena láctea.

En este contexto, el Día del Tambero se convierte no solo en una celebración, sino también en una oportunidad para valorar el trabajo de quienes, con constancia y vocación, sostienen día a día una de las producciones más emblemáticas de la ruralidad argentina.

(Por Gabriel Rossini) - El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, mantuvo un encuentro informal con dirigentes de la Federación Industrial de Santa Fe con quienes analizó la situación de crisis que atraviesa la industria en nuestra provincia como consecuencia de las políticas de apertura de importaciones y caída del poder adquisitivo de los salarios que han derrumbado el consumo.

La convocatoria hecha por el gobernador, que estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Trabajo y Producción, se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno este jueves por la noche donde repasaron los distintos problemas que afrontan las empresas manufactureras santafesinas, que, en algunos casos, como la metalúrgica, están funcionando muy por debajo de sus posibilidades.

“Estamos todos muy preocupados por lo que está pasando con la industria. La idea es juntarnos todos los actores de Santa Fe para ver de qué manera atemperamos las consecuencias de las políticas nacionales con las herramientas que tiene la provincia. Quedamos en seguir trabajando y probablemente la semana que viene volvamos a encontrarnos incorporando a más actores”, contó uno de los participantes del encuentro.

En la Federación destacan la predisposición del gobierno santafesino para atender las distintas situaciones que deben enfrentar; al tiempo que destacaron la fortaleza que les genera el conocer el entramado pyme industrial de la provincia porque les permite conocer de qué manera impacta en el interior de la provincia y en el crecimiento de ciudades y pueblos el desarrollo industrial.

Tras un primer semestre de recuperación, en general producto del bajo nivel de comparación con el de 2024, desde julio acumula cinco retracciones en términos interanuales y en noviembre tuvo el peor mes de 2025, con una caída del 5,4% respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con el informe elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), donde el 75% del total de ramas industriales presentó una caída interanual de su nivel de producción.

Esta crisis de la industria manufacturera empezó a hacerse sentir sobre el empleo. De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe el 2026 empezó en la provincia con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, 7 de ellas ubicadas en el centro norte provincial y el resto en el centro sur santafesino, en tanto 26 del total (casi el 60%) pertenecen al sector industrial metalúrgico, seguido por las de vigilancia privada con 8 empresas acogidas al proceso.

Las malas noticias en la actividad manufacturera en la provincia son diarios, Este viernes un comunicado de la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales informa que Europa dejará de importar biodiesel de soja o aceite de soja lo que implica para el país una pérdida de US$350 millones anuales.

“La Comisión Europea publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiesel a nivel global”, señaló CIARA-CEC

Añadió que “como resultado de ese estudio, que puso en consulta por un par de semanas, la CE concluye que la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma. Esto significa que la UE no importará más biodiesel de soja o aceite de soja para uso de biodiesel para siempre. El único aceite autorizada será el de colza, que es producido en la UE”.

Esto implica que “de prosperar este proyecto y sea adoptado este año, todas las exportaciones de biodiesel de soja desde Argentina Brasil y los Estados Unidos quedarán fuera de mercado europeo, representando para el país un daño comercial de US$350 millones anuales”.

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, trazó un balance del mercado laboral provincial al cierre de 2025 y anticipó un panorama complejo para el año en curso. Si bien destacó una recuperación parcial en la construcción, alertó que la industria y las pymes continúan afectadas por la caída del consumo y el ingreso de importaciones.

Según explicó, 2024 fue el año más crítico para el empleo privado registrado, con la construcción como el sector más golpeado tras el freno de la obra pública nacional. En ese contexto, la provincia decidió sostener la actividad con inversión propia, lo que permitió amortiguar la pérdida de puestos de trabajo.

Durante 2025, la construcción logró recuperar parte del empleo perdido gracias a la inversión provincial, que pasó de 500 millones de dólares en 2024 a casi 1.500 millones en 2025. A eso se sumó el empuje del sector privado, que mantuvo obras en marcha pese al contexto nacional.

El escenario fue distinto para la industria. Báscolo señaló que en 2025 la performance industrial fue peor que en 2024, principalmente porque el mercado interno no terminó de recuperarse y se intensificó el ingreso de importaciones. Esa combinación golpeó con fuerza a varios rubros.

Textil, calzado, cuero, línea blanca y metalurgia aparecen entre los sectores más afectados. A eso se suma el crecimiento de las compras directas al exterior mediante plataformas digitales, que multiplicaron el volumen de importaciones y trasladaron el impacto directamente al consumo.

La construcción recuperó empleo gracias a la inversión en obra pública provincial.

El ministro advirtió que estos factores configuran un escenario de mayor conflictividad laboral hacia 2026. Aunque se espera una recuperación económica, aclaró que no será homogénea y que los sectores dinámicos a nivel nacional no son los que concentran empleo en Santa Fe.

Mientras actividades como el gas, el petróleo y la minería traccionan el crecimiento en otras provincias, el entramado pyme santafesino sigue condicionado por la falta de demanda interna y el financiamiento. “Es el sector que más empleo genera y el que más está sufriendo”, resumió.

En materia de suspensiones, Báscolo indicó que el pico se dio en 2024, con más de 10 mil trabajadores afectados. En 2025 la cifra bajó, aunque volvió a crecer hacia fin de año: 44 empresas cerraron el período con unas 4.000 suspensiones vigentes.

Textil y metalurgia, entre los sectores más afectados por la caída del consumo y las importaciones.

La incertidumbre cambiaria y financiera de los últimos meses de 2025 también dejó huella. El salto del dólar y las tasas de interés elevadas impactaron en la producción y en el consumo, agravando la situación de empresas con dificultades previas.

Respecto del sector lácteo, aclaró que no atraviesa una crisis generalizada. La producción de leche creció más de 10% en la provincia y los conflictos recientes responden a problemas particulares de algunas firmas, como Sancor y Verónica.

El caso de Vassalli, en cambio, sigue siendo crítico. La empresa no logró cumplir con acuerdos de jornada reducida y atraviesa un proceso incierto de posibles ventas. Desde el Ministerio esperan definiciones para evaluar los próximos pasos.

Santa Fe está al frente de las estadísticas nacionales de juicios laborales cada mil trabajadores, y es la provincia en la que más creció el indicador de litigiosidad. Eso en el marco de una tendencia nacional en la que las demandas crecen cuando los accidentes y las enfermedades laborales retroceden.

Así lo revela un informe de Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral del Ieral-Fundación Mediterránea, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

“Las tasas de juicios iniciados por cada mil trabajadores presentan grandes diferencias: van desde 0,1 casos en Salta, hasta 24 y 23 juicios por mil asegurados en Santa Fe y San Luis, respectivamente. La consecuencia es un fenómeno de arbitrariedad territorial que erosiona el principio de igualdad ante la ley y profundiza la incertidumbre económica”.

Los juicios por trabajadores asegurados crecieron en Santa Fe hasta el tope de la escala nacional.

Caullo expone que nueve jurisdicciones concentran cerca del 80% de los juicios del sistema. “Se observa que en la mayoría hubo más juicios en 2025 respecto de 2024. Los incrementos son particularmente marcados en Santa Fe, San Luis y Chubut”, expone la analista.

“La litigiosidad laboral volvió a convertirse en un factor que condiciona la generación de empleo formal. Los datos recientes muestran un retorno a niveles de judicialización cercanos a los que motivaron la reforma de 2017, borrando en pocos años los avances logrados tras la sanción de la Ley 27.348”.

En un contexto de “menos siniestros, pero más juicios” es uno de los capítulos desafiantes de la reforma laboral que promete el gobierno central. En tanto, es “incertidumbre operativa, costos crecientes para las empresas y presiones sobre las alícuotas del seguro.

Una escala que revela desventajas en la productividad sistémica santafesina.

“Entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentó un marcado rebote, estimando al cierre de 2025 alrededor de 125.000 presentaciones, volumen semejante al máximo histórico de 2017.

“Este incremento -expone el reporte del Ieral- se da en un contexto donde la siniestralidad descendió, lo que confirma que el motor del fenómeno no está en la ocurrencia de accidentes, sino en la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia”.

Caullo señala que las pericias médicas son centrales para comprender el problema. En varias provincias rige un esquema en el cual el perito judicial (en alguno casos se designa por sorteo) percibe honorarios que “no están fijados en función del trabajo realizado, sino que se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada”, lo que “genera una tendencia sistemática al sobrediagnóstico.

La evolución de litigiosidad a nivel país.

“A esto se agrega que muchas veces son profesionales que no cuentan con especialización en la valuación del daño laboral ni capacitación específica en la temática y no existen mecanismos sistemáticos de monitoreo de su desempeño.

“Pero la distorsión más grave la genera el hecho de que el procedimiento vigente los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica”.

Caullo recuerda que la Ley 27.348 “buscó corregir esta falla mediante la creación de Cuerpos de Peritos Médicos (CPM) integrados por médicos seleccionados por concurso, especializados y capacitados, con un esquema adecuado de remuneración, sujetos a monitoreo y con procedimientos que los obligan a revisar técnicamente el dictamen de la Comisión Médica”.

“Sin embargo, la implementación de la ley fue muy parcial. En la mayoría de las provincias se mantienen condiciones que incentivan a litigar”, dice la especialista. Y eso sucede en Santa Fe.

Cabe recordar que el gobernador Maximiliano Pullaro firmó horas atrás un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia santafesina y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia.

El gobernador Pullaro, el presidente de la Corte, Falistocco y el gerente de la SRT, Fernando Pérez.

El presidente de la Corte, Roberto Falistocco, destacó que ya se ha llamado a concurso para designar los peritos del Poder Judicial. El gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Fernando Pérez, auguró que “los empleadores estarán asegurados y podrán reducir costos laborales, lo que generará mayor margen para la inversión y el crecimiento de la industria santafesina”.

Ese es uno de los puntos neurálgicos de un problema que le resta competitividad sistémica a la economía santafesina. Si la instancia administrativa de las ART tiene en sus comisiones médicas criterios opuestos a los de una dinámica jurídica sin peritos especializados, el margen de litigiosidad -en los hechos- crece.

Caullo expuso que “la cuota que las empresas pagan a las ART (expresadas como porcentaje de la masa salarial) combina dos componentes: el riesgo real de la actividad y el costo esperado de litigiosidad.

“Cuando este último crece y se desacopla de la siniestralidad, termina dominando la estructura de costos del seguro. Así, las empresas argentinas terminan pagando menos por accidentes reales y más por riesgo judicial. El resultado es que las alícuotas vienen creciendo al punto que en agosto ya llegó a 2,9% de la masa salarial”, expuso Caullo.

La especialista del Ieral recordó que entre 2010 y 2016, mientras la siniestralidad caía, la alícuota promedio del sistema subió de 3,20% a 3,46% de la masa salarial. Tras la reforma de 2017, y con la reducción de juicios, las alícuotas iniciaron un descenso consistente.

“Pero desde 2021/2022, con el retorno de la litigiosidad, las primas volvieron a presionar al alza impulsadas por la masificación de juicios que distorsiona la lógica actuarial del sistema. Se estima que actualmente los juicios insumen aproximadamente un tercio de la alícuota, amenazando la sustentabilidad de la cobertura”.

Concluye que “el aumento de las alícuotas justifica la preocupación y reclamo de los empleadores. Pero en la medida en que estos incrementos alcanzan para cubrir sólo parcialmente el impacto financiero de la judicialización, la sostenibilidad del sistema se está erosionando.

“Las recientes disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación estableciendo, ante una situación de déficit financiero, una inhibición general de bienes sobre una ART alerta sobre posibles riesgos sistémicos”.

“El proyecto de reforma laboral que el gobierno elevaría al Congreso plantea que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los convenios colectivos sectoriales. La idea es correcta. Pero para que sea efectiva hay que habilitar a los trabajadores de cada empresa para que puedan negociar su propio acuerdo con su empleador”.

Mientras la CGT define su nueva conducción, Gerardo Martínez (Uocra) afirmó que “no somos una máquina de impedir” pero advirtió “movilizaciones” si el gobierno de Milei no les garantiza un diálogo profundo sobre el proyecto. Además ya dejó en claro sus cuestionamientos preventivos a Federico Sturzenegger, una de las plumas del proyecto.

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA.

Pero desde 2011 el empleo formal creció 2%, el empleo público 34% y los monotributistas 42%. Un 36,8% de quienes reciben un salario, no paga contribuciones a la seguridad social ni recibe aportes de su empleador. Y si se toman los empleos independientes, esto llega a un 42% al cierre del 2024. El sistema previsional está quebrado y los empleadores formales temen los costos indemnizatorios.

Bulat, durante su exposición en el Coloquio de IDEA, trazó un crudo diagnóstico del mercado laboral.

Raúl Alfonsín (1983–1989) intentó “democratizar” sindicatos con la Ley Mucci en 1994. Los 13 paros generales de la CGT y el señorío del PJ en el Senado fueron la antesala del fracaso económico del radicalismo, que sepultó con populismo electoral el intento estabilizador del Plan Austral.

Carlos Menem (1989–1999), con la Ley de Empleo 24.013 (1991), introdujo contratos temporales, de aprendizaje y modalidades más flexibles. La ley Ley 24.465 (1995): profundizó la flexibilización y la 25.013 (1998) introdujo topes indemnizatorios y reducciones de aportes. Pero el desempleo superó el 18% tras la crisis de 1998.

Fernando de la Rúa (1999–2001) logró una reforma laboral (2000) que terminó conocida como “Ley Banelco”; introdujo la negociación por empresa pero el escándalo precipitó la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez y la norma fue parcialmente derogada tras la crisis de 2001.

Eduardo Duhalde (2002–2003) congeló despidos por decreto y no promovió reformas estructurales. Néstor Kirchner (2003–2007) recompuso el poder sindical desactivando gran parte de la flexibilización de los ‘90.

Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) mantuvo la negociación colectiva y fortaleció el rol del Ministerio de Trabajo. Mauricio Macri (2015–2019) planteó “modernizar” las relaciones laborales y reducir litigiosidad, pero su blanqueo laboral fue impedido por los sindicatos, aunque pudo sancionar la ley de ART.

Alberto Fernández (2019–2023) prohibió los despidos en pandemia y duplicó el costo de indemnización. Y Javier Milei (2023– ) dictó el decreto 70/2023 que incluía una reforma laboral amplia (contratos, indemnizaciones, contribuciones, derechos sindicales), que fue judicialmente suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo.

Alberto Fernández prohibió despidos y duplicó indemnizaciones.

La Ley Bases (2024) contenía parte de esas reformas pero el capítulo laboral fue retirado para garantizar la aprobación del resto de la norma. Ahora la Casa Rosada hará un nuevo intento, tras el resultado electoral de las elecciones de medio término.

“Está circulando informalmente un borrador de proyecto de reforma laboral que eventualmente sería presentado al Congreso Nacional. Según el diagnóstico oficial, de esta reforma se derivará una masiva formalización de trabajadores lo que permitirá aliviar la crítica situación financiera del sistema previsional”, señala el reporte de Idesa, que dirige el economista Jorge Colina.

El borrador tiene más de 100 artículos. La mayoría son cambios aclaratorios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT): propone una excluir el trabajo de plataforma de la LCT; propone eliminar la exigencia de matrícula para el ejercicio liberal de la profesión; permite que las empresas organicen su producción y las remuneraciones en acuerdo con sus trabajadores.

En el diagnóstico, los trabajadores informales, entre asalariados y cuentapropistas no registrados, son unos 7 millones de trabajadores. Y de ellos, 3 millones poseen bajo nivel de educación (secundaria incompleta) y trabajan en establecimientos con menos de 10 empleados son unos 3 millones.

El 42% de los empleados informales tiene baja calificación y trabaja en microempresas.

Para Idesa, “como mínimo, en el 42% de la informalidad laboral prevalecen condiciones de muy baja productividad laboral. Estos datos muestran que en la mayoría de los casos, el incumplimiento de las normas laborales es una estrategia de supervivencia”.

En esa lectura, “mejorar el diseño de las regulaciones laborales es positivo, pero para casi la mitad de los trabajadores informales es insuficiente, ya que necesitan, además, aumentar el capital humano y tecnológico a fin de elevar su productividad”.

Mientras el gobierno habla de reforma laboral y tributaria, postergando la previsional. Idesa sostiene que los cambios propuestos “sirven de poco si los únicos habilitados a negociar ambos convenios son las cúpulas sindicales y empresariales.

“El gran paso transformador es romper con el monopolio que actualmente detentan las cúpulas. Esto es, hay que permitir que el convenio a nivel de empresa lo puedan celebrar los propios trabajadores con su empleador”.

Sugiere Idesa que en la negociación para las microempresas (hasta 10 trabajadores) el convenio sectorial no aplique sino que operen sólo las leyes laborales y lo que acuerden sus trabajadores con el empleador.

Plantea además “para las pequeñas y medianas empresas, habilitar a los trabajadores de cada empresa a negociar su propio acuerdo sin necesidad de autorización del sindicato de actividad.

“Se puede prever que esta regla se aplica en la medida que dicho sindicato tenga un convenio colectivo ultraactivo. Esto es, un convenio colectivo vencido pero que sigue vigente por la cláusula de ultraactividad que impone la Ley de Negociación Colectiva”.

Para no repetir frustraciones es imprescindible incorporar estas reglas orientadas a sacarles el monopolio a las cúpulas sindicales y empresariales.

“Un antecedente muy sugerente es el fracaso de la ley 24.467 de 1995 que estableció la descentralización de la negociación colectiva a nivel de pymes. En esta ley está regulada la prevalencia de los convenios de empresa, como se propone en el borrador de proyecto, e incluso se establece que el sindicato de actividad puede facultar a los trabajadores de la empresa a negociar.

“Esta ley está vigente desde hace 30 años. Pero ningún sindicato facultó a los trabajadores a negociar su propio acuerdo con su empleador. Hay que aprender de este error para no volver a fracasar”, concluye Idesa.

(Por Gabriel Rossini) - La actividad metalúrgica argentina en septiembre tuvo una caída del 5,2% en términos interanuales y del 1,1% contra agosto de este año con sectores que cayeron por encima del 10% y ponen al sector en una situación de extrema tensión de cara al fin de año por el aumento de las tensiones como consecuencia de las suspensiones y la pérdida de empleos que muestra una disminución interanual de -3,2% y de -0,3% intermensual.

De acuerdo con el informe que difundió este lunes la Asociación de Entidades Metalúrgicas de la República Argentina (ADIMRA) el sector se encuentra un 18% por debajo de sus niveles máximos recientes y 30% por debajo de sus picos históricos; en tanto el uso de la capacidad instalada continúa con su caída constante hasta llegar al 44,5% similar a marzo-junio de 2020, en el peor momento de la pandemia, cuando la economía mundial estaba paralizada.

El informe proviene de la Asociación de Entidades Metalúrgicas de la República Argentina (Adimra).

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que "la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024, lo que refleja la parálisis de la actividad y la imposibilidad de recuperar la base en donde estábamos parados lo que nos pone en una situación compleja". Y enfatizó: "Necesitamos que la producción argentina se vuelva a tener en cuenta, porque sino afectará los niveles de empleo. Argentina necesita de más industria para consolidar un crecimiento sostenido con todos los sectores trabajando en conjunto."

La medición de los distintos rubros que integran la actividad metalúrgica mostró caídas en casi todos los sectores más importantes: Autopartes (-10,8%), Fundición (-9,7%), Maquinaria Agrícola (-4,8%) y Bienes de Capital (-3,1%), mientras que Carrocerías y Remolques, fue el único con incremento del 5,4%.

El presidente de Adimra, Elio Del Re.

Del impulso inicial de los primeros meses del año, apuntalado fundamentalmente por el bajo nivel de comparación, solo quedan recuerdos nostálgicos, sobre todo en el sector de la maquinaria agrícola que tras un primer semestre con buenos niveles de actividad esta teniendo un mal segundo semestre.

Medido por provincia, el nivel de actividad cató en todas: Buenos Aires (-6,2%), Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%), Santa Fe (-3,5%) y Entre Ríos (-3,2%).

Este panorama productivo se ve reflejado en las perspectivas para los próximos meses por parte de los empleados metalúrgicos ya que el 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones.

Organizado por el Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, el próximo jueves 2 de octubre se realizará en el predio de la Sociedad Rural (Chile 1490) la Jornada de Bioeconomía, Innovación y Producción “Núcleo”.

La actividad, que dará comienzo a las 8 con las inscripciones, contará con una serie de paneles y presentación de experiencias de inspiración entre las 8.30 y las 13; y de 14 a 16 se efectuarán visitas a distintos establecimientos productivos.

En el caso de los Paneles y Experiencias de Inspiración los puntos a tratar serán: Del Laboratorio al Campo: Mejoramiento Genético en Ganadería Regional; Transformación Digital en el Agro: Nuevas Tecnologías y Habilidades para el trabajo; Biofertilizantes e Innovación: Suelos Vivos para una Agricultura Sustentable; Charla sobre Futuro y Vocación, y Visitas al camión de Larti Innova.

El objetivo de esta jornada intensiva es instalar en la comunidad la existencia de empresas y emprendimientos orientados a la producción eficiente y sustentable de biomasa, equipos e implementos de precisión, empresas de servicios tecnológicos en nuestra región y su potencial en términos de empleo.

A partir de este conocimiento, la intención es que la comunidad de la región se involucre y reconozca la importancia de este sector, y los vecinos pasen a ser usuarios y creadores de estas tecnologías.

Esta propuesta está orientada, principalmente, a los jóvenes con el fin de entusiasmar y despertar vocaciones vinculadas a la innovación, tecnología y el uso de datos (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), haciendo foco en estudiantes de escuelas secundarias, institutos terciarios y universidades.

Al mismo tiempo, se apunta a las empresas y emprendedores interesados en conocer los avances en el campo de la tecnología y la sustentabilidad, con la meta de inspirar y mostrar el potencial de la industria del conocimiento y las habilidades relacionales y de comunicación para el desarrollo laboral.

Durante su recorrido por el sur-su provincial, la diputada Fernanda Castellani visitó el emprendimiento Nueces Pecán, ubicado en San Gregorio. Allí, María García y Ariel Villa iniciaron su proyecto productivo en 2003 con 66 ejemplares de pecán y tres variedades, logrando expandirse en 2007 a más de 150 ejemplares y más de diez variedades.

“Teníamos pensado el proyecto, pero también lo que implicaba. Decidimos ‘vamos para adelante’ y comenzamos”, recordó María García. Por su parte, Ariel Villa señaló que “la plantación de pecán exige paciencia, ya que los frutos tardan varios años en aparecer. Los primeros cinco años solo producíamos para consumo propio y algunos vecinos. Hoy distribuimos a dietéticas locales y de la zona, y estamos pensando en exportar”.

García añadió: “Lo que más nos preocupa son los factores climáticos, porque en 10 minutos podés perder el trabajo de 15 años. Ya nos pasó, pero salimos adelante y seguimos apostando”.

La legisladora dialogó con empleados y propietarios sobre el potencial de exportación de los productos.

Luego, Castellani se trasladó a Rufino para visitar Frama Fogoneros, una empresa familiar creada hace cinco años por Franchi Francescato y Marina Pero, dueños de la ferretería Franchi y un taller metalúrgico. Durante la pandemia, decidieron desarrollar una alternativa innovadora para mantener las fuentes laborales junto a sus empleados.

“Empezamos fabricando los primeros fogoneros para la gente de Rufino, y con el tiempo nos perfeccionamos. Hoy producimos hornos, braseros, fogoneros y parrillas, vendiendo en todo el país y con la idea de poder exportar próximamente”, explicó Francescato.

Al finalizar la recorrida, Castellani destacó: “Estas historias de trabajo, compromiso y visión de futuro son un orgullo para Santa Fe. Forman parte de la esencia de nuestra provincia: familias que apuestan, innovan y generan empleo. Desde mi rol como legisladora seguiré acompañando y escuchando a cada productor, porque mi compromiso está con quienes sostienen el campo y la producción en todo el territorio”.

El sector industrial argentino atraviesa una de sus etapas más complejas, marcada por una crisis económica que amenaza su sostenibilidad y crecimiento. En medio de esta situación, la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento ha generado un fuerte rechazo desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que expresó su profunda preocupación por el impacto que esta medida tendrá en la economía nacional.

Fisfe subraya que la industria argentina es un pilar fundamental para el país, destacando que “el sector representa el 21% del empleo formal privado, genera uno de cada tres pesos de recaudación fiscal y explica más del 80% de las exportaciones con valor agregado”. La eliminación de las secretarías representa una severa reducción en la capacidad del Estado para apoyar, fortalecer y proyectar el desarrollo de estos sectores clave.

Particularmente, la eliminación de las políticas específicas para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) industriales es vista como un golpe directo a un sector que, según Fisfe, “constituyen el 96,3% de las empresas industriales del país, generan el 45% del empleo registrado y son responsables del 91,3% de las empresas industriales exportadoras”. Estos datos evidencian la magnitud del impacto que puede tener la falta de un apoyo institucional eficaz para las Pymes, especialmente en un contexto económico donde el crecimiento y la resiliencia de estas empresas resultan fundamentales para el desarrollo social y productivo de cada región.

La Federación destaca que las Pymes no solo son una fuente crucial de empleo de calidad, sino que también desempeñan un papel esencial en la construcción de un modelo productivo federal y sostenible. Empresas de origen familiar, profundamente arraigadas en sus comunidades, han demostrado una notable capacidad de resiliencia a lo largo de los años, enfrentando contextos económicos adversos con un compromiso inquebrantable hacia el crecimiento regional y la generación de valor agregado.

A la crítica por la eliminación de estas secretarías, se suman las recientes renuncias de dos funcionarios clave dentro del Gobierno nacional: Esteban Marzorati, quien se desempeñaba al frente de la Secretaría de Industria y Comercio, y Marcos Ayerra, quien encabezaba la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento. Ambos presentaron su renuncia por “motivos personales”, según precisaron fuentes gubernamentales. Esta salida, en un momento crítico para la industria, ha generado aún más incertidumbre sobre el futuro del sector, dejando un vacío importante en la conducción de políticas que afectan directamente a las Pymes y a la industria nacional en su conjunto. 

Como expresó Fisfe, “el cierre de estos espacios institucionales implica una señal negativa hacia un sector que, históricamente, ha sido motor del desarrollo, la innovación y el empleo de calidad en todo el país”.

Desde Fisfe, se hace hincapié en que el impulso a la industria nacional y a las Pymes no debe ser considerado una opción ideológica, sino una necesidad para la construcción de un país con más trabajo, más valor agregado y con un futuro próspero para todas las regiones de Argentina. En este contexto, las políticas públicas activas y la existencia de instituciones sólidas se presentan como condiciones imprescindibles para poder superar la crisis y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo.

Una semana atrás se concretó una nueva entrega de fondos rotatorios gestionados a través del Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe que dirige el presidente Alejandro Faber, en el marco del vínculo con la Agencia de Desarrollo Regional que promueve el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en distintos puntos del territorio. 

En esta oportunidad, el préstamo fue por un monto total de 4.400.000 pesos y, una vez más, con el objetivo de promover el crecimiento y la sostenibilidad de los emprendedores de nuestra región.

“Nosotros recibimos Aportes no Reembolsables (ANR) de la provincia y, luego de aplicar esos fondos a diferentes sectores, los transformamos en fondos rotatorios. Eso quiere decir que cuando el dinero vuelve, lo volvemos a prestar. Es un sistema que se retroalimenta y llega donde no llegan otros”, explicó Faber. 

El beneficiario es Pablo Cornejo, un destacado emprendedor y propietario de una fábrica de carbones para motores eléctricos, ubicada en la localidad de Chapuy.

“Su compromiso con la calidad y la innovación en su sector lo convierte en un referente para otros emprendedores de la zona que apuesten al crecimiento”, destacan desde el Centro Regional, y agregan que “la entrega de estos fondos permitirá a Pablo expandir su producción y mejorar sus procesos, contribuyendo así al desarrollo económico local y a la generación de empleo”.          

“Desde el Centro Regional, seguimos apoyando a nuestros emprendedores, facilitando recursos que impulsen sus proyectos y fortalezcan la economía de Santa Fe”, concluyeron los directivos a través de un comunicado institucional.