Entre diciembre de 2023 y enero de 2026, Nación contabilizó un “ahorro” el equivalente a 10.700 millones de dólares en erogaciones salariales, impulsado principalmente por una fuerte caída en el poder adquisitivo de los sueldos y un recorte del 18% en la cantidad de empleados.

El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal especifica que el 63,5% del ajuste se debió a la pérdida salarial real, mientras que el resto fue resultado de la supresión de más de 62.000 puestos de trabajo.

Instituciones como el INADI y el INCAA figuran entre las más afectadas, reflejando una transformación profunda en la estructura del Estado en la era MiIei, en contraste con la última gestión kirchnerista. El gasto salarial pasó de representar el 2,62% al 1,9% del PBI en poco más de dos años.

La reducción de la cantidad de sueldos que paga el Estado nacional explicó el 36,5% de la caída total del gasto salarial. Esto equivale a una disminución equivalente a US$3.900 millones (o $4,3 billones de pesos constantes a febrero de 2026) según las estimaciones del Iaraf.

Pero la reducción del salario real se llevó la mayor tajada del ajuste. Representó el 63,5% restante de la reducción. En términos monetarios, esto significó un ahorro de US$ 6.800 millones (o $7,4 billones de pesos constantes).

En total, la reducción acumulada en pesos alcanzó los $11,7 billones. Esta contracción se debe a que, por un lado, hubo una merma del 18% en la cantidad de cargos (pasando de 341.473 a 278.705) y, por otro, los empleados públicos nacionales sufrieron una pérdida del salario real del 27% respecto a diciembre de 2023.

De acuerdo con los documentos relevados por Iaraf, la reducción de personal se puede analizar tanto por la cantidad absoluta de cargos eliminados como por la intensidad (porcentaje) de la reducción en cada institución.

Las mayores reducciones en términos absolutos se registraron en la administración central; fue la que registró la contracción más importante, con una pérdida de 15.105 cargos.

Otros organismos y empresas con reducciones significativas de personal fueron el Correo oficial: 5.290 cargos; Operadora Ferroviaria S.E.: 3.615 cargos; ARCA: 3.221 cargos; CONICET: 2.261 ocupaciones; Banco de la Nación Argentina: 2.116 cargos y Aerolíneas Argentinas: 1.899 cargos.

A su vez, las mayores reducciones por intensidad (porcentaje sobre el total de cada planta), la evaluación muestra a cuatro organismos que desaparecieron por completo (reducción del 100%).

n esa lista están el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo); INAFCI (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena); Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

Además, sufrieron recortes muy profundos en su dotación la Agencia de Publicidad del Estado: -78%; el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales): reducción del 56%; Casa de la Moneda: baja del 49%.

En términos generales, entre diciembre de 2023 y enero de 2026, la planta del sector público nacional no financiero se redujo en un 18%, lo que representa un total de 62.768 cargos menos

(Por Ivana Fux y Emerio Agretti) - La convencional Lucía Masneri defendió que la Constitución Provincial habilite al Poder Ejecutivo a dictar indultos y conmutaciones de pena a funcionarios y empleados públicos, cosa que actualmente está prohibida de manera integral, y que en la reforma introducida está vedada específicamente para los delitos contra la administración pública.

Tras un arduo y por momentos tenso debate, el plenario del cuerpo aprobó, por mayoría de 36 votos (los correspondientes a Unidos y a Fe) contra 31 (correspondientes a los demás bloques), que el gobernador "puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe de la Corte Suprema de Justicia, excepto delitos contra la administración pública".

Es la fórmula votada para el inciso 18 del artículo 72, que refiere a las atribuciones del Poder Ejecutivo. El texto del actual artículo 72, en su inciso 16, habilita la facultad de indultar o conmutar penas en las mismas condiciones, pero aclara que "no puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones". Ahora se levanta esa restricción en general, y se la circunscribe a los delitos contra la administración pública.

El plenario aprobó por mayoría la nueva cláusula, en una sesión marcada por el debate intenso.

En diálogo con El Litoral, la convencional Lucía Masneri (actual titular del Servicio Penitenciario) fundamento y defendió el criterio adoptado.

"Este es un tema que ya había sido analizado anteriormente, al inicio de nuestra gestión, cuando se anunció que se iba a indultar, por ejemplo, a Luciano Nocelli (N. de la R: el oficial del Comando Radioeléctrico de Rosario que había sido condenado a 25 años de prisión por matar a tiros a dos sospechosos de robo que escapaban en una moto, aunque luego la Corte Suprema anuló ese fallo por considerarlo "arbitrario"). Eso fue en razón de lo que, entendemos, se da en el marco de un acto de servicio y de una legítima defensa de terceros, y no el reproche que en su momento había determinado la Cámara (exceso de legítima defensa). Entonces, se había entendido que (la Constitución santafesina) solo hacía referencia a lo mismo que la Constitución nacional. Es decir, a aquellos quienes, utilizando por sí o por terceros su lugar de poder, buscaban abusarse y obtener réditos, al menos ilegales o ilegítimos por parte del Estado.

- No sería este el caso.

- Claro. Pensar en que una persona, simplemente por ser agente o empleado, no podía ser indultada, no tenía que ver con lo que se estaba intentando proteger. Porque si un funcionario a través de un tercero buscaba un beneficio, el problema no estaba en el delito del tercero, sino en la actitud del funcionario. Con lo cual, se eliminó esa redacción y se cambió a una redacción que lo impide, pero específicamente respecto a los delitos que afectan a la administración pública. Planteándonos el criterio y lo que realmente buscamos proteger. Esto siempre estaba, por supuesto, vinculado con lo que es la cláusula democrática y el impedimento de afectar al Etado; afectar, en definitiva, la democracia. No pensar en la persona. Digo, dejar de hacer un análisis de un delito de un derecho penal de autor, sino pensar en el delito. Es el acto lo que estamos tratando de impedir.

- Por lo tanto, el indulto ahora se va a poder aplicar a funcionarios públicos también, excepto que hayan cometido actos de corrupción o contra la administración pública, ¿es así?

- Exactamente. Hoy, si no tuviéramos, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que cambia la determinación en el caso de Noceli, podríamos (para indultarlo) no tener que recurrir a la versión taquigráfica. Que igual es una fuente de interpretación del derecho, pero hubiéramos tenido el camino más allanado con una mejor redacción.

- Es decir, Noceli hubiese podido ser indultado si esta Constitución hubiese sido modificado antes, digamos.

- Exactamente. Pero por eso digo que de todas maneras se podía hacer, porque las versiones taquigráficas, es decir, todo lo que estamos diciendo en el recinto, forma parte del derecho, es una fuente del derecho.

El caso del oficial Nocelli fue citado como ejemplo de los límites de la redacción actual. Crédito: Flavio Raina

- ¿Y cuáles son los delitos en el marco de lo que es la administración pública que están contemplados dentro de ese universo que no permitiría el indulto?

- Es un universo absolutamente grande, porque hablamos de 44 artículos del Código Penal. Con lo cual, por ejemplo, y como un delito fácil y que todos podemos entender, es el caso del cohecho, las coimas. Ese es un delito que no podría ser indultado.

- Ni conmutadas sus penas…

- Así es. Cualquier persona que haya cometido hechos contra la administración, sea funcionario o no. Porque, por ejemplo, el cohecho es un delito que el que recibe tiene que ser funcionario, pero el que ofrece la coima, no necesariamente.

- En el momento en el que se trató este artículo hubo mucho debate. Hay quienes cuestionaron que esto se modificara de esta manera, entendieron que generaba una especie de retroceso respecto de la actual Constitución. Ustedes claramente no lo entienden así.

- No, de ninguna manera. Porque creo que es confundir a la sociedad plantearlo como algo regular. Y de siempre. Esto se trata de casos específicos. Y puntualmente, en el mismo recinto yo cité una instancia en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Argentina a la aplicación de un indulto o una conmutación de penas. Entonces, si el máximo tribunal de derechos humanos de América nos viene a decir esto, ¿en qué universo podemos entender que sería un retroceso?. Y por supuesto, entendemos que es un mecanismo absolutamente excepcional y para casos específicos.

La Secretaría de Función Pública, en coordinación con la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores, detectó la presentación de certificados de salud apócrifos. La falsedad de los documentos fue constatada por los propios profesionales médicos que figuraban como emisores. Actualmente, se tramitan los sumarios correspondientes y, en algunos casos, los empleados implicados ya no forman parte de la administración pública.

Hasta el momento, la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores identificó 11 casos, en el marco de un trabajo conjunto con la Secretaría de Función Pública. Los agentes involucrados pertenecen al Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y al Iapos. En este último organismo, la empleada denunciada presentó su renuncia tras conocerse la irregularidad.

El procedimiento de detección comienza con los controles habituales que realiza la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores. Allí, se cita a los médicos consignados en los certificados para verificar su autenticidad. Una vez confirmada la falsedad, la Secretaría de Función Pública instruye a las asesorías jurídicas de cada dependencia a iniciar los sumarios correspondientes.

“Estas medidas son producto de los controles que desde el Estado se están realizando para reducir el ausentismo”, resaltó la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario.La funcionaria destacó además que se está trabajando en la transformación de los controles que, procurando el resguardo de la salud de los trabajadores, permita brindar un servicio eficiente a la comunidad sin sobrecargar aquellos sectores de la administración pública que se vean afectados por un elevado porcentaje de ausentismo.

La Ley 8529 -Estatuto General del Personal de la Administración Pública- establece los derechos, deberes y prohibiciones de los empleados estatales. De acuerdo con el artículo 50, las sanciones pueden ser apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, según la gravedad de la falta y su reiteración.

En el caso del Ministerio de Obras Públicas, el sumario ya determinó la suspensión del agente que presentó el certificado falso. Los demás expedientes continúan en trámite en cada organismo.

Según el informe correspondiente a diciembre de 2024, la dotación total de personal en la APN y entidades estatales fue de 302.045 personas, lo que representa una reducción de 35.345 empleados respecto de diciembre de 2023, cuando la dotación alcanzaba los 337.374 trabajadores.

Dentro de este universo, la administración pública nacional concentró 205.677 puestos, mientras que el resto correspondió a empresas y sociedades estatales (96.368 empleados). La mayor parte de la reducción se dio en la administración descentralizada y en las empresas del Estado.

La reducción en la Administración Pública Nacional (APN) y en las empresas y sociedades del Estado ha generado un impacto profundo en diversas áreas del sector público. En la APN, la disminución de personal afectó principalmente a ministerios y organismos descentralizados, limitando la capacidad operativa en sectores estratégicos como la educación, la salud y la ciencia y tecnología. La reducción en la administración centralizada, que pasó de 54.791 empleados en diciembre de 2023 a 43.527 en diciembre de 2024, ha llevado a la reasignación de funciones y a una mayor carga laboral para los empleados restantes.

Por otro lado, las empresas y sociedades del Estado han sido las más golpeadas por el recorte de personal, con una disminución del 12,5% en su dotación. Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y AySA, entre otras, han visto reducidas sus plantillas, lo que ha repercutido en la prestación de servicios y en la operatividad general de estas entidades. La caída en el empleo en estos sectores refleja un intento de reestructuración y control del gasto, pero también genera incertidumbre sobre la continuidad de ciertos programas y servicios esenciales para la ciudadanía.

La administración centralizada, que abarca ministerios y organismos bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, redujo su dotación en un 20,5%, pasando de 54.791 empleados en diciembre de 2023 a 43.527 en diciembre de 2024.

Por su parte, la administración descentralizada, que incluye organismos con autonomía funcional como el CONICET y el INTA, sufrió una disminución del 8,9%, quedando en 124.337 empleados al cierre de 2024.

El sector más impactado fue el de empresas y sociedades del Estado, donde la reducción alcanzó el 12,5%. En diciembre de 2023, estas entidades contaban con 110.168 empleados, cifra que descendió a 96.368 en diciembre de 2024.

Dotacion Personal Apn 01 25...

Uno de los cambios más relevantes fue la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) a través del Decreto 1020/24, lo que impactó en la dotación de personal al dejar de informar su plantilla desde diciembre de 2024.

Asimismo, por Decreto 993/24, la Secretaría de Cultura fue transferida del Ministerio de Capital Humano a la órbita de la Presidencia de la Nación, aunque su dotación aún sigue contabilizándose dentro del Ministerio de Capital Humano hasta completar la transición administrativa.

Los datos revelan una tendencia a la reducción del empleo público en Argentina, en línea con las políticas de reorganización estatal y control del gasto implementadas en el último año. Si bien algunos sectores mantienen una estabilidad relativa, las empresas del Estado y la administración descentralizada han sido las más afectadas por los recortes.

INDEC: Informes sobre dotación de personal de la APN (Diciembre 2023 - Diciembre 2024).

El Gobierno Nacional oficializó el asueto laboral destinado al personal de la administración pública con el fin de que las familias puedan llevar “adelante los preparativos para sus reuniones”.

La medida quedó oficializada por medio del decreto 1108/2024 publicado en el Boletín Oficial durante este jueves por la madrugada. Allí se oficializó el asueto que regirá para los días 24 y 31 de diciembre de 2024.

En los considerando del decreto se recordó que la “Ley N° 27.399 les otorga carácter de feriados nacionales inamovibles a los días 25 de diciembre y 1° de enero de cada año”.

En ese marco, se destacó que “las festividades de la Navidad y del Año Nuevo constituyen, tradicionalmente, motivo de festejos para todas las familias argentinas y extranjeras que habitan en nuestro territorio”.

Por tal motivo, tanto el 24 como el 31 de diciembre “forman parte de las festividades, y son días en los que las familias llevan adelante los preparativos para sus reuniones”, indicó el texto. De modo que “resulta oportuno asegurar el tiempo razonable para la organización y el disfrute de los días festivos familiares”.

El Gobierno destacó que la medida también “repercutirá de manera beneficiosa en el sector turístico” de todo el país. Y se aclaró que la medida “no implica erogación presupuestaria alguna para el Estado Nacional y garantizará que todos los argentinos puedan disfrutar de las fiestas en un marco de libertad”.

De ese modo, el artículo 1 del decreto 1108/2024 establece: “Otórgase asueto al personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL los días 24 y 31 de diciembre de 2024″. Y se pidió que los distintos organismos implementen las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Si bien la medida tiene impacto sobre los empleados públicos, el Gobierno aclaró que la misma “no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras”.

Siendo asueto los días 24 y 31 de diciembre, los empleados no cumplirán sus funciones durante dos días seguidos dado que el 25 de diciembre y el 1 de enero, son feriados inamovibles, por lo que el personal que deba trabajar en esas fechas cobrará el doble.

En el caso del ámbito privado, el panorama será diferente dado que allí cada empleador podrá decidir si concede el día libre a sus trabajadores. En tal caso, si la empresa decide que no se trabaje, ese día no será un feriado de modo que no se generará un pago adicional. De acuerdo con la normativa vigente, el 24 y el 31 de diciembre son días laborables comunes, por lo que quienes trabajen recibirán un pago estándar, salvo que su empresa disponga lo contrario.

El Gobierno Nacional aprobó un nuevo reglamento que establece la obligatoriedad de una Evaluación General de Conocimientos y Competencias para todos aquellos que deseen ingresar al empleo público. La medida fue oficializada mediante la Resolución 26/2024, emitida por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar que los aspirantes cuenten con las competencias necesarias para desempeñar funciones en la Administración Pública Nacional (APN). La evaluación también busca fomentar una gestión transparente, eficiente y de calidad, alineada con los principios establecidos en la Ley N.º 27.742 y su decreto reglamentario.

La resolución detalla los lineamientos generales para la implementación de esta evaluación, que será requisito obligatorio para acceder al régimen de empleo público regulado por la Ley N.º 25.164. Asimismo, podrá ser exigida en ciertas modalidades contractuales, según lo determine la autoridad competente.

En una primera etapa, la evaluación se implementará en organismos y dependencias de la APN que se encuentren dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos de la Provincia de Buenos Aires, como Almirante Brown, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro, Tigre, y otros municipios detallados en la normativa.

La evaluación será presencial, digital y anónima, diseñada para garantizar la equidad y transparencia del proceso. Cada aspirante será identificado únicamente después de que sus respuestas hayan sido calificadas.

El examen se realizará bajo las siguientes condiciones:

Categorías: Se dividirá en dos niveles según el perfil del aspirante:

Profesionales: Para quienes cuenten con títulos universitarios de al menos cuatro años de duración o títulos terciarios de tres años.

No profesionales: Para aquellos que busquen desempeñarse en tareas administrativas, de mantenimiento o servicios generales.

Duración: Tendrá una duración máxima de una hora.

Formato: Preguntas de opción múltiple. Los exámenes para profesionales incluirán 24 preguntas, mientras que los no profesionales responderán 20.

Puntaje: Será necesario alcanzar un mínimo de 60 puntos sobre 100 para aprobar.

Los interesados podrán rendir el examen hasta tres veces por año calendario.

El registro para participar en la evaluación se realizará exclusivamente a través del portal oficial Argentina.gob.ar, donde también se publicará toda la información relacionada con el proceso. Para registrarse, los aspirantes deberán completar un formulario en línea con sus datos personales y seleccionar el turno en el que desean rendir el examen.

Una vez confirmado el turno, se les enviarán las credenciales necesarias para acceder al sistema de evaluaciones, además de la fecha, lugar y hora asignados. Es importante que los postulantes presenten su DNI vigente y las credenciales al momento del examen.

La resolución establece una excepción para las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Estas personas estarán eximidas de realizar la evaluación hasta que se adapten las condiciones y materiales necesarios para garantizar la accesibilidad plena al examen.

Al finalizar el examen, el sistema notificará automáticamente si el aspirante aprobó o no la evaluación. En caso de aprobar, se podrá descargar un certificado digital desde el portal web oficial dentro de los tres días posteriores al examen. Este documento será validado con un código alfanumérico único para garantizar su autenticidad.

El Ministerio de Economía de la Provincia dio a conocer el cronograma de pagos del mes de julio para los trabajadores estatales.

Jueves 1 de agosto:

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 720.000

* Escalafón Policial

Viernes 2 de agosto:

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 685.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Lunes 5 de agosto: (lo verán en sus cuentas el sábado 3 de agosto)

* Resto de activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 685.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Martes 6 de agosto:

* Resto de pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 720.000

Miércoles 7 de agosto:

* Autoridades Superiores, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Por Mario Cáffaro

Un organismo del gobierno de Santa Fe presentó el balance del primer semestre donde demuestra que en ese lapso se produjo una fuerte caída de agentes del Estado provincial con licencia por denuncias de accidentes de trabajo y enfermedades inculpables.

Se trata de Dirección Provincial de Autoseguros de Riesgos de Trabajo (Dipart), la ART del gobierno santafesino que dirige Laura Primucci y que depende de la secretaría de Seguridad Social. La ART comprende a todos los estatales así como a agentes municipales y comunales de varias localidades del interior santafesino.

En el ministerio de Economía estiman que la mayor tarea de control realizada por la Dipart significó un ahorro cercano a los $ 7 mil millones en el primer semestre. Desde Seguridad Social se indicó que la clave está en ajustar todos los controles, desde la aceptación o rechazo de la denuncia hasta las mayores exigencias para acreditar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

"Además estamos auditando caso por caso de los agentes que vienen del año pasado con largas licencias", destacan desde la citada secretaría a El Litoral.

A la cifra de $ 7 mil millones de ahorro se llega partiendo de un costo laboral diario, en promedio, de $ 35.000 más el pago del reemplazo en los 135.874 días que consumieron esas faltas.

En la Dipart explicaron que en el primer semestre del 2023 hubo 1.672 denuncias ante el organismo de las cuales 1.399 fueron accidentes de trabajo y 159 por enfermedades profesionales. En este año, con los mayores controles hubo 1.386 denuncias (1.302 por accidentes y 84 por enfermedades).

En este caso, la caída de denuncias es del 17%. "Se proyecta para finales del 2024 una caída de enfermedades profesionales respecto del año anterior, y si bien los accidentes de trabajo es algo mutable, también se proyecta una caída", señalan desde la Dipart.

El semestre empezó con un incremento de denuncias en enero con respecto al 2023 del 51% y en marzo, merced a cambios en el sistema de controles y en mesa de entradas de la dirección la baja fue del 47%. En lo que hace a enfermedades profesionales, la caída de ingresos se da especialmente en Rosario debido a que en febrero la DIpart empezó a utilizar el estudio de estroboscopía para las denuncias por disfonía.

La Dipart elabora estadísticas trimestrales. Al final del gobierno anterior eran 514 docentes que acumulaban 114.017 días de licencias, seguidos por 241 agentes de seguridad con 53.306 días y 90 de salud con 20.542 días.

Muy atrás le seguían Desarrollo Social (7 agentes con 1.606); Gobierno (4/1446); Assa (3/255); Economía (3/1401); Vialidad (2/278); Cultura (2/103); Producción (2/281); Medio Ambiente (1/258) y Trabajo (1/124). Ese cuadro significó que 870 empleados estatales estaban con licencia por accidentes o enfermedades y llevaban ya consumidos 193.617 días.

Al finalizar el primer semestre del año eran 289 los estatales con licencias y con un acumulado de 57.743 días. Las estadísticas las siguen encabezando los docentes pero ahora son 146 con licencias y 26.038 días; seguidos por personal de seguridad con 98 agentes y 21.367 días, completando el podio salud con 37 agentes y 7.437 días. Le siguen Economía (1/1134); Vialidad (2/744); Gobierno (2/583), Iapos (1/100); Desarrollo Productivo (1/39) y el aeropuerto de Rosario (1/31).

"Ha caído un 70% las licencias otorgadas a cuando iniciamos la gestión" aseguraron desde Seguridad Social de la provincia y agregaron que hay un 66% menos de agentes en esa situación.

Traumatología, disfonía y sinovitis - tenosinovitis, son, en ese orden, las patologías principales de las solicitudes de las licencias laborales..

Sobre el final del año, 629 agentes estaban en uso de licencias por temas traumatológicos consumiendo 124.225 días. En este primer semestre, son 222 con 40.263 días de pérdidas laborales. En disfonía se pasó de 171 personas a fin de 2023 a 49 en este año con 12.509 días de trabajo. En cuanto a sinovitis bajó de 33 a 5 agentes. Otras enfermedades, en tanto, bajaron de 37 a 16 casos en un semestre.

La Dipart cubre el universo de agentes estatales que son 157.114 y el porcentaje de empleados siniestrados lo encabeza Seguridad con el 0,32%, seguido por Educación con 0,71 y Salud, 0,33%.

Trabajadores de la administración provincial y organismos descentralizados en caso de haber sufrido un accidente de trabajo o enfermedad profesional denuncian el hecho ante la DIPART que tiene oficinas en esta capital (en el Puerto) y en Rosario pero también admite hacerlo en forma virtual.

"Después del receso" fue la tajante respuesta de un funcionario de Casa Gris ante la consulta de El Litoral sobre la convocatoria a las mesas paritarias de estatales, docentes y profesionales universitarios de la salud.

Es decir que en esta última semana de receso no habrá reuniones oficiales más allá de algunos contactos entre funcionarios y dirigentes gremiales para empezar a trazar líneas de trabajo.

El último acuerdo salarial comprendió hasta el 30 de junio y las mejoras obtenidas por los distintos sectores también impactó en la primera cuota del Sueldo Anual Complementario.

(Por Ivana Fux) – Revelado el nivel de inflación que se registró en julio en el país y que se ubicó en el 6% – casi dos puntos menos que en mayo-, resta conocer en la provincia cuál será el Indice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Dicho indicador se difundiría el próximo miércoles 19 de julio. De todos modos, y pese al valor que termine representando dicha medición, no habrá cambios en la política salarial de los agentes públicos de la provincia.

En realidad, sí habrá una modificación y ella devendrá de la aplicación del último tramo del aumento acordado en las paritarias, celebradas tanto con docentes como con el resto de los sectores de la administración pública. Se trata de un 8% que se sumará a los tramos concedidos en marzo, mayo y junio, consecuencia este último de la aplicación de la cláusula gatillo. Esa mejora -la del 8%- se liquidará en julio, con los haberes que los trabajadores percibirán en los primeros días de agosto.

Consultado por El Litoral, el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, explicó que, entre la medición de inflación de junio, que implicó un descenso respecto del mes anterior, y el aumento salarial ya previsto del 8% para julio, los incrementos concedidos a los trabajadores públicos de la provincia terminarán quedando “casi empardados” con la inflación.

Sobre esa base, descartó algún otro tipo de aumento adicional. Recordó que los ingresos de los agentes estatales tuvieron en mayo una actualización automática, producto de la activación de la cláusula gatillo puesto que a ese mes, la inflación acumulada sí superaba considerablemente los aumentos otorgados, y así se había establecido en las actas paritarias. Dicha suba fue del 9% y la cobraron los trabajadores con los sueldos de junio, que percibieron los primeros días de julio.

La escala de aumentos prevista por el gobierno y acordada con los gremios implicó un aumento del 22% en marzo, del 10% en mayo y de 8% en julio. A ello se sumó un adicional del 9,11 por cláusula gatillo -los decretos respectivos fueron refrendados por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de junio-, con lo cual se totaliza un aumento del 49,11 a julio. En tanto, según mediciones nacionales, la inflación durante el primer semestre acumuló un 50,7%.

Pese a ello, Pusineri entendió que, en el mismo período, los trabajadores públicos habrán “empardado” a la inflación puesto que, a los incrementos citados, deben sumarse los “ajustes por aguinaldos” que representarán alrededor de dos puntos adicionales.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó este jueves cómo será el cronograma de pago para los empleados públicos. Como es habitual, el operativo arranca con los agentes policiales.

Lunes 3 de julio 2023

Martes 4 de julio 2023

Miércoles 5 de julio 2023

Jueves 6 de julio 2023

Viernes 7 de julio 2023

Desde la cartera económica se informó que los haberes de junio incluyen un aumento del 9,11 %, en línea con lo acordado en el ámbito paritario con los diferentes gremios. Dicho aumento también será percibido en simultáneo por el sector pasivo.

El gobierno provincial comenzará a abonar este miércoles la primera cuota del aguinaldo 2023 a activos y pasivos de la provincia de Santa Fe, de acuerdo al siguiente cronograma:

1. Todos los Pasivos.

2. Personal perteneciente al Escalafón policial.

1. Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones.

2. Personal Docente de las Escuelas Privadas.

1. Autoridades Superiores Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

El Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe informó que el pago correspondiente a la primera cuota del aguinaldo 2023, se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:

Aguinaldo para jubilados: qué trámite deben hacer cobrarlo

1. Todos los Pasivos

2. Personal perteneciente al Escalafón policial

1. Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones

2. Personal Docente de las Escuelas Privadas

1. Autoridades Superiores Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

El Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe informó este jueves que sueldos y jubilaciones de la Administración Pública Provincial se abonarán a partir de la semana próxima iniciada el lunes 3 de abril.

Desde la cartera económica se informó que los haberes de marzo incluyen el aumento del 22 % acordado en el ámbito paritario con los diferentes gremios y también serán percibidos en simultáneo por el sector pasivo.

Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

El gobierno de Santa Fe formuló este miércoles a los gremios UPCN y ATE la propuesta de incremento salarial para el sector de trabajadores de la administración pública central, que consiste en un 20 % más para el mes de diciembre, aparte del 5 % que ya estaba acordado. Con este 25 % se llegaría a un aumento total durante del año del 97 %, frente al 96 % de inflación estimada para el período, destacaron los gremialistas. En tanto, en enero se añadirá otro 5 % de incremento.

Así lo explicó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, al cabo de la reunión paritaria realizada en la mañana de este martes en Casa de Gobierno, en tanto confirmó que en febrero las partes se volverán a reunir para discutir nuevas pautas.

El gobierno de Santa Fe hará este miércoles una oferta salarial a la administración pública y docentes

Para hacer el cálculo, el funcionario explicó que “la provincia tomó un conjunto de referencias, entre ellas la paritaria nacional”; si bien no es esta la pauta determinante, ya que “solo mira un escalon o un piso, y no tiene todo el desarrollo que toman las paritarias provinciales”.

Con visible satisfacción, al término del encuentro Jorge Molina (UPCN) y Jorge Hoffmann (ATE), partieron de la base que ambos sindicatos sostuvieron durante todo el año “la necesidad imprescindible de que los salarios le ganen a la inflación”, como lo vienen sosteniendo como criterio desde hace tiempo, “y mas allá de la situación económica”.

En consonancia con lo informado por Pusineri, establecieron que “reformulamos diciembre, el 5 % se convierte en un 25%, lo que significa un incremento del 97 %, mas un 5 % en enero. Lo cual nos da la tranuilidad que vmos a estar encima de la inflación estimada, que es del 96 %”, consignaron.

Destacaron también que “obviamente esto se traslada al sector pasivo y a los reemplazantes, además de que se analizaron otros puntos, como pase a planta de contratados, correcciones de suplementos y ver cómo amortiguar el efecto de Ganancias”.

Para Molina, se trata de “una oferta salarial contundente, la mejor del país en el sector público. A partir de ahora los compañeros tienen que resolver y mañana se va votar en toda la provincia. La úlitma propuesta en septiembre tuvo un 70 % de aceptación, y creemos que esta propuesta es muy analizable, muy positiva, y estimamos que los compañeros la van a acompañar fuertemente”.

El Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe difundió el cronograma de pago de sueldos y jubilaciones correspondiente al mes de septiembre 2022.

Asimismo, se informó que los haberes incluirán el aumento remunerativo y bonificable del 20% estipulado en el marco de los acuerdos paritarios alcanzados con los diferentes gremios de la administración pública provincial.

Por otra parte, se informó que dicho incremento será percibido simultáneamente por el sector pasivo.

Cabe consignar, que se han previsto incrementos adicionales de 7% en Octubre, 7% en

Noviembre y 5% en Diciembre, con revisión en la primera semana de dicho mes.

Lunes 3 de octubre 2022

Martes 4 de octubre 2022

Miércoles 5 de octubre 2022

Jueves 6 de octubre 2022

Martes 11 de octubre 2022

El Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe difundió el cronograma de pago de sueldos y jubilaciones correspondiente al mes de agosto 2022. 

Asimismo, se informó que los haberes incluirán el aumento remunerativo y bonificable del 8% acordado oportunamente en el marco de las paritarias con los diferentes gremios de la Administración Pública Provincial. 

Por otra parte, se informó que dicho incremento también será trasladado en agosto al sector pasivo. 

Jueves 1 de septiembre 2022 

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 116.000 pesos 

Escalafón policial 

Viernes 2 de septiembre 2022 

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 110.000 pesos 

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1º y 2º Convenio 

Lunes 5 de septiembre 2022 

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 110.000 pesos 

Docentes de Escuelas Privadas Históricas 

Martes 6 de septiembre 2022 

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 116.000 pesos 

Miércoles 7 de septiembre 2022 

Autoridades Superiores Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo 

Ministerio de Economía 

Este jueves el gobierno de la provincia informó cómo será el cronograma de pago a los empleados públicos de Santa Fe. 

El operativo de cobro comenzará el lunes 1° de agosto con agentes policiales y jubilados con hasta 109 mil pesos de bolsillo. 

Lunes 1° de agosto 

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 109.000 pesos 

Escalafón policial 

Martes 2 de agosto 

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 104.000 pesos 

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1º y 2º Convenio. 

Miércoles 3 de agosto 

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 104.000 pesos 

Docentes de Escuelas Privadas Históricas. 

Jueves 4 de agosto 

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 109.000 pesos 

Viernes 5 de agosto 

Autoridades Superiores Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo 

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley que establece la capacitación obligatoria en la cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública. 

En su artículo 1°, la ley 27.671 establece “la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la ‘Cuestión de las Islas Malvinas’ para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. 

El proyecto sobre capacitación fue elaborado por la senadora fueguina del Frente de Todos (FdT) María Eugenia Duré. 

La iniciativa propone la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre Malvinas a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. 

En sus lineamientos generales, contempla la información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que esgrime la Nación Argentina en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas, así como también deberá contemplar información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. 

Se busca federalizar la Causa Malvinas invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a adherirse a la capacitación. 

El Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe difundió el cronograma de pago de sueldos y jubilaciones correspondiente al mes de abril de 2022. Los haberes incluyen la segunda cuota del pase de sumas no remunerativas otorgadas en 2020 a remunerativas. 

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 102.000 pesos. 

Escalafón policial. 

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 98.000 pesos. 

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1º y 2º Convenio. 

Resto de activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 98.000 pesos. 

Docentes de Escuelas Privadas Históricas. 

Resto de pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 102.000 pesos. 

Autoridades Superiores Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. 

Luego del fatídico martes en el que en medio de la de calor alrededor de 700 mil usuarios estuvieron durante varias horas sin luz, frente a las sofocantes temperaturas que se esperan para este jueves y viernes, para reducir el consumo eléctrico el Gobierno Nacional ordenó que los empleados públicos no asistan a las oficinas y desempeñen sus tareas a distancia. La medida regirá hoy y mañana a partir del mediodía.

“Trabajo a distancia por ahorro de energía”, reza el Decreto 16/2022 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo argumentó que “la reactivación económica sostenida” en diversos sectores durante el transcurso del año 2021 “ha redundado en un incremento considerable de la demanda energética”, y sumado a que “la temporada estival en la República Argentina ha reportado altas temperaturas debido al incremento de las mismas a nivel regional, por directa incidencia del fenómeno de La Niña, el cual afecta a gran parte del hemisferio Sur de América”, se ha producido la situación vivida esta semana en distintos puntos del país.

“Debido a que los mencionados factores actúan en forma conjunta y concurrente, se ha producido en los principales centros urbanos del país tales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otros, una ola de calor extremo registro de temperaturas superiores a los 40° grados centígrados”, agregó el Gobierno.

Consejos para un uso eficiente de la energía

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó máximas por encima de los 37° que pueden escalar a 40° para este jueves y viernes.

En este contexto, el Poder Ejecutivo Nacional “se ve en la obligación de contribuir a mitigar las condiciones en que, temporalmente, se puedan ver afectados los y las habitantes del país, adoptando medidas urgentes, de rápida implementación y breve duración, para lo cual se ha decidido reducir la presencialidad en las actividades de la Administración Pública Nacional a fin de evitar el consumo de energía eléctrica en todos los inmuebles afectados a su normal funcionamiento”.

De esta forma, por decreto se dispuso que los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las 12 del mediodía, “horario a partir del cual se verifican los mayores picos de consumo energético, las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional a los que se refiere el artículo 8° de la Ley N° 24.156, realicen la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de ser ello posible, absteniéndose de permanecer o concurrir a sus lugares de trabajo habituales”.

“Tal medida se adopta en el convencimiento que ello se sumará al esfuerzo de diversos sectores del país, que reducirán voluntariamente el consumo de energía eléctrica para así coadyudar a que la población pueda mantener los servicios de agua y energía eléctrica”, concluyó el Gobierno.

El decreto fue firmado por el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, quienes ayer analizaron el informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo sobre “la situación en las diferentes regiones frente a la ola de altas temperaturas que atraviesa el país y los recaudos que estamos tomando para la normal provisión de agua y electricidad”. En Casa Rosada no quieren que se repitan las imágenes del último martes en la que aproximadamente 700 mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estuvieron durante varias horas sin luz. El corte masivo provocó críticas en redes sociales y cruces con la oposición por la administración de la energía eléctrica.

Los organismos estatales deberán implementar las medidas correspondientes para mantener guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales. “A dicho fin, la o el titular de cada jurisdicción, organismo o entidad determinará los equipos de trabajadores y trabajadoras esenciales que deberán prestar funciones en forma presencial, en tanto se trate de áreas críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad”, se explicó.

No obstante, quedan excluidos del trabajo remoto los trabajadores del Instituto de Salud Carlos Malbrán; las fuerzas de seguridad federales; las Fuerzas Armadas; personal del Servicio Penitenciario Federal; personal de la salud y del sistema sanitario; guarda parques nacionales y personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego; de Migraciones; instituciones bancarias y entidades financieras.

Tras el leve descenso de ayer, para hoy se espera el regreso de la ola de calor que se extendería hasta el domingo. El SMN informó que se registrarán en Capital Federal y el conurbano mínimas que rondarán entre los 19 y 21 grados, con máximas que podrían alcanzar los 38°. Un anticipo de lo que será la agobiante jornada de mañana cuando la mínima parta de los 25° y se alcancen los 40°.

El alivio comenzará a sentirse luego del fin de semana en el que están pronosticadas lluvias y tormentas aisladas.

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