El secretario de Cooperación de Santa Fe, y coordinador del programa Objetivo Dengue, Cristian Cuhna, y el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, supervisaron el arribo a San Miguel de Tucumán de 40 mil repelentes producidos en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), una donación del Gobierno de Santa Fe que permitirá reforzar las acciones de prevención ante la proliferación de mosquitos luego de las inundaciones por lluvias.

La iniciativa se enmarca en un convenio de cooperación y asistencia recíproca firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y su par tucumano, Osvaldo Jaldo

Al respecto, Ruiz agradeció el gesto y “la muestra de solidaridad”, gracias a “dos gobernadores que priorizan la vida, la salud, la educación y la seguridad de las personas. Si en algún momento podemos colaborar estaremos ahí”.

En el mismo sentido, Cuhna señaló que “en este caso hay solidaridad de la Provincia de Santa Fe hacia Tucumán, como seguramente en algún momento pasará al revés, o con otra provincia”. Además, manifestó que la “prioridad número uno es la salud de las personas”; para lo cual es importante la “solidaridad y el trabajo conjunto de todos los gobernadores” y resaltó “la mirada federal que tiene nuestro gobernador Maximiliano Pullaro: miró al sur cuando se estaban incendiando los Parques Nacionales, y mira al norte ahora con inundación”.

Asimismo, el secretario de Cooperación destacó que la donación fue posible, debido a que Santa Fe “es la única provincia en el país que produce su propio repelente”, y gracias al impacto positivo del programa interministerial “Objetivo Dengue”, que permitió generar un excedente en la producción de repelentes, lo que posibilita la donación sin descuidar la demanda de los santafesinos.

Los repelentes producidos por el LIF serán distribuidos casa por casa a las familias afectadas por las inundaciones, especialmente en la localidad de La Madrid y la región, según detalló el titular de la cartera sanitaria tucumana.

El Gobierno de Santa Fe completó el envío a Tucumán de 40 mil repelentes ante la emergencia por inundaciones sufridas en esa provincia. El convenio de cooperación y asistencia recíproca firmado entre el gobernador Maximiliano Pullaro y su par Osvaldo Jaldo da cuenta de la relación entre ambas provincias y, a la vez, pone en valor la producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) santafesino.

Al respecto, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, manifestó que “de la misma manera que hemos enviado brigadas y bomberos a las provincias del sur cuando había que apagar los incendios en los Parques Nacionales, el gobernador Maximiliano Pullaro vio la situación que estaban padeciendo Tucumán y lo que viene después de la inundación y las enfermedades, y entendió que debía dar una mano a los hermanos tucumanos”.

El primer camión partió el viernes, y este miércoles partió otro, junto a otras dos camionetas de LIF. “Entendemos que va a ser una ayuda muy importante”, dijo al respecto el secretario de Cooperación, valorando que que Santa Fe “es la única provincia en el país que produce su propio repelente”, y destacando “la mirada federal que tiene nuestro gobernador de mirar al sur cuando se estaban incendiando los Parques Nacionales, y mirar al norte ahora con inundación”.

La donación de los 40 mil frascos del LIF se da en el marco de la emergencia climática que atraviesa la provincia de Tucumán. Gracias al impacto positivo del programa interministerial "Objetivo Dengue", que permitió generar un excedente en la producción de repelentes, es que Santa Fe puede hoy colaborar activamente para mitigar los riesgos sanitarios en las zonas tucumanas más afectadas por el agua, sin descuidar la demanda de los santafesinos.

Cunha consideró que “el dengue no sabe de fronteras” por lo que siempre es necesario “prevenir”. Por eso, “es importante esta mirada que tiene el gobernador, que lo hacemos todos juntos. Si tenemos la posibilidad, en la eficiencia que ha logrado esta provincia de Santa Fe, de poder producir y de poder acompañar con una producción propia, creemos que es muy importante”.

El secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, marcó “la diferencia de lo que está pasando a nivel nacional con las provincias en lo que tiene que ver con la retracción y con el retiro cada vez más creciente que va haciendo el gobierno nacional de medicación que históricamente llegaba a las provincias”.

En ese contexto, destacó “esta diferenciación que hace el gobernador Maximiliano Pullaro en ayudar a quien más lo necesita, independientemente del color político que tenga la provincia. Esto me parece que hay que ponerlo en valor, la solidaridad. Me pone muy orgulloso tener un gobernador que ve que si otra provincia está sufriendo una situación particular, y nosotros contando con excedente de producto, ayudar”.

Finalmente, Álvarez puso en valor “el trabajo planificado” para el crecimiento de la producción de repelentes en el LIF: “En 2023 cuando llegamos había una producción de 80 mil frascos aproximadamente. Rápidamente, en menos de un año, pudimos quintuplicar esa producción, llegando a más de 450 mil frascos producidos. El contar con ese excedente hoy nos permite ayudar a otros que lo necesitan”.

El Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el plazo de un año.

La norma fue aprobada con el voto de las dos cámaras y promulgada tras la insistencia legislativa frente a la observación del Poder Ejecutivo.

Su objetivo es proteger el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, asegurar la continuidad de los servicios de atención pediátrica y fortalecer los sistemas de formación médica.

La ley, publicada este martes en el Boletín Oficial, reconoce la grave situación que atraviesa el sistema sanitario en materia de atención infantil y de formación de profesionales.

En su artículo primero, declara la emergencia “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud” y busca efectivizar la tutela del derecho a la salud de la población pediátrica.

Entre sus objetivos principales se destacan tres ejes:

Garantizar el acceso efectivo, equitativo y de calidad a los servicios de salud para niños, niñas y adolescentes, con especial atención a la red de hospitales públicos.

Asegurar la referencia y contrarreferencia dentro del sistema de salud para que toda la población pediátrica, independientemente de su cobertura, pueda acceder a prácticas de alta complejidad.

Fortalecer las residencias médicas y sanitarias, con condiciones laborales adecuadas, remuneraciones dignas y una planificación que garantice la cobertura de especialidades críticas.

De esta manera, la norma busca dar una respuesta estructural a las dificultades que enfrentan los hospitales pediátricos y los equipos de salud, en un contexto de creciente demanda y escasez de recursos humanos especializados.

La Ley 27.796 establece una asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios destinados al mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial para la atención pediátrica en todo el país.

También dispone la recomposición inmediata de los salarios del personal asistencial y no asistencial que atiende a la población infantil.

Según el texto, la actualización no podrá ser inferior al nivel real de ingresos que los trabajadores percibían en noviembre de 2023, antes del deterioro causado por la inflación.

La medida alcanza tanto a profesionales como a residentes nacionales de todas las especialidades, reconociendo su rol formativo y asistencial.

Otra disposición destacada es la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal que desempeñe actividades críticas, horas extras o guardias en efectores públicos y privados. Esta medida apunta a mejorar los ingresos de los trabajadores de la salud y a garantizar la cobertura de turnos y guardias en hospitales que enfrentan una alta demanda.

El artículo 4 de la ley declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y garantiza su funcionamiento pleno y sostenido.

Este reconocimiento formal refuerza el papel del Garrahan como centro de derivación y formación médica, y compromete al Estado a asegurar su financiamiento durante el período de emergencia.

Además, la norma autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud e incluso a ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de dictar las normas complementarias para poner en marcha las medidas.

La ley crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación, integrada por representantes del Congreso, del Ministerio de Salud, del Consejo Federal de Salud (COFESA) y de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Este organismo deberá emitir informes públicos trimestrales sobre el cumplimiento de las acciones previstas y el uso de los recursos asignados.

Durante el período de emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad presupuestaria. Esto incluye hospitales públicos de referencia, servicios de urgencias, internaciones, neonatología, trasplantes, cirugías cardíacas y oncología pediátrica.

La norma también deroga la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que había sido cuestionada por sectores profesionales por afectar el régimen de residencias.

Las temperaturas extremas que se registran desde hace semanas en gran parte del altiplano y los valles bolivianos desataron una emergencia climática sin precedentes. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que 92 municipios fueron declarados oficialmente en desastre, mientras que otros 12 están en situación de emergencia.

"Tenemos 3.499 comunidades afectadas y alrededor de 400.000 familias, entre damnificadas y afectadas", precisó la autoridad en declaraciones a medios locales.

Los departamentos más golpeados por las heladas son Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. Este último fue declarado en desastre a nivel departamental, mientras que Potosí se encuentra bajo emergencia por temperaturas que llegan hasta los -24°C en las zonas más altas y fronterizas.

El frío extremo no solo afecta a la población, sino también al sistema productivo. Según un informe, las heladas han causado la pérdida de cultivos clave como papa, haba y maíz, afectando principalmente a comunidades rurales del altiplano y los valles de Cochabamba y Potosí.

El saldo humano también es preocupante: al menos dos menores murieron por hipotermia en comunidades aisladas. La situación se agrava por la escasez de recursos para atender a los damnificados, muchos de los cuales viven en condiciones precarias sin acceso adecuado a calefacción o abrigo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia anticipó que las bajas temperaturas persistirán durante todo el mes de julio. Se esperan nuevos descensos térmicos en el occidente del país, lo que podría agravar aún más la crisis.

El gobierno boliviano analiza medidas adicionales para contener los efectos de la emergencia, mientras las autoridades locales reclaman asistencia urgente para comunidades rurales y pueblos originarios que permanecen aislados.

La ola polar en Sudamérica no solo golpea a Argentina, sino que también expone la vulnerabilidad climática de países vecinos como Bolivia, donde el frío extremo ya ha dejado un saldo trágico y miles de familias en situación crítica.

El Gobierno brasileño declaró la emergencia fitosanitaria en los estados norteños de Amapá, Amazonas, Pará y Roraima debido a la presencia de la mosca de la carambola (Bactrocera carambolae) y la amenaza que supone para la agricultura y la salud humana, según fuentes oficiales. La medida tiene validez de un año y pretende facilitar la vigilancia y contención de la amenaza, evitando su propagación a los estados vecinos.

Originaria de Indonesia, Malasia y Tailandia, la especie se encontró por primera vez en Brasil en 1996, en el estado de Amapá. Representa una gran amenaza para la agricultura brasileña, ya que plantea riesgos para la salud humana, la producción de alimentos sanos y los consiguientes daños económicos que esta plaga puede causar, especialmente al sector frutícola.

Cuando se alimenta de una fruta, esta mosca deposita larvas que se convierten en huéspedes y aceleran la maduración y caída de la fruta ya estropeada. Además de la carambola, su fruta preferida, el insecto también puede atacar la guayaba, el mango, el jambo, la acerola y la mandarina, haciéndolas no aptas para el consumo humano y aumentando los costes debido a las medidas para combatirla.

En 2017, el Ministerio de Agricultura brasileño estableció procedimientos para la prevención y erradicación de esta plaga cuarentenaria, restringida a determinadas regiones del país. Antes de 2023, la mosca de la carambola estaba restringida a los estados de Amapá, Roraima y Pará. En marzo, sin embargo, Roraima quedó bajo cuarentena indefinida.

La medida permitió realizar una serie de esfuerzos en huertos comerciales, zonas donde se da la fruta huésped, lugares de venta, además del transporte de carga y el equipaje de pasajeros. Las medidas van desde aconsejar a la gente que no recoja ni transporte fruta del suelo y de las zonas donde se da la especie, hasta información sobre el uso de trampas y pulverizadores.

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por la gripe aviar, el Gobierno nacional estableció “nuevas medidas extraordinarias”, con el fin de “contener de manera adecuada y diligente” la evolución de la enfermedad, que ya cuenta con 59 casos confirmados en todo el país.

Las disposiciones fueron precisadas este martes en la Resolución 230/2023, que fue publicada en la última edición del Boletín Oficial con la firma de Diana Guillén, presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Las autoridades resolvieron:

El Senasa detectó hasta el momento 59 casos en total. Desde el organismo precisaron que a poco más de que se cumpliera un mes del primer caso confirmado en el país, ya son 700.000 las aves muertas en los seis focos detectados al momento en el sector comercial, un 30% por la propia enfermedad y el 70% restante en el marco de las acciones sanitarias para evitar la dispersión.

La influenza aviar también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae, explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Al menos 240 mil gallinas murieron a causa de la gripe aviar en Río Negro y Buenos Aires

Según su subtipo, puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena. El virus del primero de esos tipos puede ocasionar enfermedad leve, que hasta puede llegar a pasar desapercibida y/o sin la presencia de síntomas.

En tanto, los altamente patógenos, que corresponden principalmente a los subtipos H5 y H7 del tipo A, causan una enfermedad grave en las aves, tanto de corral como silvestres y pueden propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies.

En ese marco, el Senasa recomienda al sector productivo reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad de sus granjas avícolas y que notifiquen inmediatamente toda detección de signos clínicos nerviosos, digestivos o respiratorios, disminución en la producción de huevos, en el consumo de agua o alimento y alta mortandad en aves domésticas o silvestres.

También les recuerda tomar todas las medidas de prevención y no manipular las aves cuando se detectan estos cuadros clínicos.

El Gobierno Nacional consideró que debido a la situación actual que se está viviendo en el país es necesario prorrogar nuevamente la emergencia pública en materia sanitaria. Además, argumentó que hay necesidades de atención especial por la pandemia de coronavirus y sus impactos incluso en el ámbito de la salud mental.

La medida se oficializó a través del DNU 863/2022, publicado este viernes en el Boletín Oficial. En el mismo se faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria.

Según se explica en el escrito, resulta fundamental continuar desarrollando una estrategia sanitaria consensuada para profundizar la integración de los subsistemas de salud con foco en la equidad, la eliminación de barreras en el acceso y el aumento de la calidad en los servicios de salud.

En el documento se informa que el “descenso progresivo y multifactorial de las coberturas nacionales de vacunación en los años prepandemia, al que se sumó el impacto negativo de la pandemia, se refleja en una significativa cantidad de la población objetivo no alcanzada por los servicios de inmunizaciones, con un incremento sustancial de individuos susceptibles que, sumados a los de años previos, generan un escenario que predispone y favorece la aparición de brotes, reemergencia o reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) que se encuentran controladas o eliminadas en nuestro país”.

La situación descripta se agrava con las consecuencias de la pandemia en la salud mental de la población, que se reflejan en el aumento de cuadros de ansiedad, de afectación del estado del ánimo y de problemáticas complejas como el suicidio, el consumo problemático de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. Como así también el mal uso y abuso de las tecnologías, por lo que resulta imprescindible desarrollar acciones urgentes en el campo de la salud mental y de apoyo psicosocial con el fin de aliviar los padecimientos subjetivos y fortalecer la prevención.

La emergencia sanitaria permite establecer un régimen de matriculación y/o certificación de especialidad provisoria para quienes no cuenten con el trámite de su titulación finalizado, reválida de título o certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de la salud, previa intervención del Ministerio de Educación y con certificación de competencias a cargo de los establecimientos asistenciales que los requieran.

También se puede contratar a personal de salud jubilado o retirado, y autorizar, en forma excepcional y temporal, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos y técnicas de salud, titulados y tituladas en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.

Asimismo, la emergencia sanitaria permite a la cartera de Salud autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas.

Además, se autoriza la reasignación de partidas presupuestarias, por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la implementación de las medidas que fueran necesarias bajo esta emergencia.

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El Gobierno Nacional consideró que debido a la situación actual que se está viviendo en el país es necesario prorrogar nuevamente la emergencia pública en materia sanitaria. Además, argumentó que hay necesidades de atención especial por la pandemia de coronavirus y sus impactos incluso en el ámbito de la salud mental.

La medida se oficializó a través del DNU 863/2022, publicado este viernes en el Boletín Oficial. En el mismo se faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la emergencia sanitaria.

Según se explica en el escrito, resulta fundamental continuar desarrollando una estrategia sanitaria consensuada para profundizar la integración de los subsistemas de salud con foco en la equidad, la eliminación de barreras en el acceso y el aumento de la calidad en los servicios de salud.

Resulta fundamental continuar desarrollando una estrategia sanitaria .Créditos: Pablo Aguirre

En el documento se informa que el “descenso progresivo y multifactorial de las coberturas nacionales de vacunación en los años prepandemia, al que se sumó el impacto negativo de la pandemia, se refleja en una significativa cantidad de la población objetivo no alcanzada por los servicios de inmunizaciones, con un incremento sustancial de individuos susceptibles que, sumados a los de años previos, generan un escenario que predispone y favorece la aparición de brotes, reemergencia o reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) que se encuentran controladas o eliminadas en nuestro país”.

Pese al aumento de casos, no es preocupante la actualidad Covid en Venado  

La situación descripta se agrava con las consecuencias de la pandemia en la salud mental de la población, que se reflejan en el aumento de cuadros de ansiedad, de afectación del estado del ánimo y de problemáticas complejas como el suicidio, el consumo problemático de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. Como así también el mal uso y abuso de las tecnologías, por lo que resulta imprescindible desarrollar acciones urgentes en el campo de la salud mental y de apoyo psicosocial con el fin de aliviar los padecimientos subjetivos y fortalecer la prevención.

La emergencia sanitaria permite establecer un régimen de matriculación y/o certificación de especialidad provisoria para quienes no cuenten con el trámite de su titulación finalizado, reválida de título o certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de la salud, previa intervención del Ministerio de Educación y con certificación de competencias a cargo de los establecimientos asistenciales que los requieran.

También se puede contratar a personal de salud jubilado o retirado, y autorizar, en forma excepcional y temporal, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos y técnicas de salud, titulados y tituladas en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.

Asimismo, la emergencia sanitaria permite a la cartera de Salud autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas.

Además, se autoriza la reasignación de partidas presupuestarias, por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la implementación de las medidas que fueran necesarias bajo esta emergencia.

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El Litoral

La ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, confirmó este miércoles que la emergencia sanitaria fue prorrogada hasta fin de año en todo el territorio. ¿Qué implicancias prácticas tiene esta medida?

“Implica que la pandemia por Covid-19 aún no ha terminado”, señaló, categórica. “Si bien vemos otro panorama desde la epidemiología y desde lo sanitario (menos contagios, pocas internaciones), aún estamos haciendo muchas prácticas que tienen que ver con el territorio”.

La titular de la cartera provincial recordó que sigue muy activo el plan de vacunación, de planificación, prevención en atención primaria de la salud (APS): “Durante la pandemia dimos vuelta la mirada que siempre fue la nuestra, la de trabajar en territorio y cercanía; pero en ese momento hubo que reforzar las terapias porque la enfermedad que nos azotaba así lo requería”.

Ahora, la prórroga de la emergencia “tiene que ver con la decisión de sostener a todas las personas que tanto y tan bien trabajaron en la pandemia”.

En definitiva, se trata de contar con una herramienta que agilice los procesos administrativos en caso de ser necesaria la compra de más insumos, por ejemplo, frente a una eventual nueva ola de coronavirus, y a disponer del personal del área sanitaria.

“Hoy se está hablando en todo el mundo de la agenda post pandemia, que no terminó pero nos permite empezar a ver otra realidad. Estamos viendo cómo reacomodamos, reordenamos, pensamos el futuro y como insertamos a estos agentes en la nueva coyuntura que viene a futuro”, expuso Martorano.

Por último, recordó que entre las acciones que se desarrollan con fuerte presencia territorial figura la vacunación Covid que permite evitar que los casos evolucionen a un cuadro de gravedad. En ese sentido evaluó como alta la respuesta para completar esquemas con las dos primeras dosis, en tanto que la tercera tuvo una adhesión del 65 % y la cuarta, solo de un 20 % hasta el momento. “Esas cuatro dosis son las que nos van a permitir salir de esta situación, y pensar a futuro y probablemente en una vacuna anual”.