En días más perderá vigencia la llamada Ley de Emergencia en Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo no insistirá en nueva prórroga integral. Así lo informó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni quien recibió a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados que encabeza la radical Ximena García.

Al ministro le interesa prorrogar las facultades especiales en el tema personal para continuar con la reincorporación de personal retirado. En lo que hace a compras, contrataciones y construcciones, la cartera entiende que ya se puede trabajar en forma planificada.

García destacó la articulación entre los poderes Ejecutivo y el Legislativo.

García explicó que con el equipo de Seguridad, los diputados profundizaron la articulación del Ejecutivo con el Poder legislativo. "La articulación fue permanente" señaló y recordó el paquete de leyes en materia de seguridad aprobadas al inicio de la gestión.

"Son las herramientas normativas fundamentales para que después el Ministerio de Seguridad pueda combatir el delito y el crimen organizado. Queríamos saber cómo esas herramientas habían impactado en las políticas públicas concretas y en los indicadores de seguridad pública", le dijo a El Litoral.

La ley de Emergencia en Seguridad fue sancionada en diciembre de 2023, prorrogada por un año y vencerá el mes próximo.

Este estado de emergencia otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y un marco de agilización administrativa y presupuestaria para abordar la crisis de seguridad, la violencia y el delito organizado en el territorio provincial.

Cococcioni se reunió con diputados y confirmó que no habrá prórroga integral de la emergencia

Alcanza a todos los órganos del sector público provincial que cumplen funciones relacionadas con la seguridad pública provincial y el objeto es lograr y garantizar la protección integral de la vida y los bienes de las personas.

La provincia de Santa Fe abrió la convocatoria a personal retirado de la Policía para realizar funciones operativas para la custodia de escuelas, hospitales o edificios públicos de la ciudad de Rosario. "La convocatoria es para retirados de toda la provincia" le aclaró a El Litoral la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani. Uno de los requisitos exigidos es que se hayan retirado en la última década y por supuesto sin haber sido sancionado o exonerado.

Orciani precisó que la convocatoria es para prestar servicios, en principio, por 18 meses que es el plazo estipulado de la vigente Ley de Emergencia en Seguridad de la provincia, la Nº 14237, una de las primeras dictadas en el inicio de la actual gestión. El artículo 13 de la norma habla sobre la reincorporación del personal retirado. "El Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para convocar personal retirado de las fuerzas de seguridad a reincorporarse al servicio activo. La retribución que recibirán será equivalente al doble del importe que perciban en su calidad de retirados, no rigiendo al respecto ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en el artículo 57 de la Ley N° 6830 durante ese período. El Poder Ejecutivo debe confeccionar la nómina del personal a convocar, no existiendo un derecho a favor del personal retirado a ser convocado por fuera de dicha nómina". En el siguiente artículo se aclara que "en ningún caso puede reintegrarse al servicio a personal de la Policía de la Provincia que haya sido exonerado de la fuerza policial o de la Administración Pública Provincial y/o Nacional o se encuentre con auto de procesamiento en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena".

En el artículo 15 ordena que el personal de las fuerzas de seguridad que hubiera sido reincorporado conforme lo establecido en los artículos precedentes y hubiere permanecido en el servicio activo por un plazo mayor a 18 meses demostrando un desempeño ejemplar en el ejercicio de sus funciones, podrá obtener un ascenso extraordinario de un grado en la escala respecto de la que ostentaba cuando se concretó su reincorporación. El Poder Ejecutivo establecerá el procedimiento para obtener dicho ascenso".

En este caso, dijo Orciani, que el llamado es para desempeñar funciones en la Unidad Regional II, en Rosario. Los interesados deben inscribirse, de manera presencial, en el Ministerio de Justicia y Seguridad de Rosario, o en las delegaciones del resto de la provincia.

El anuncio de la convocatoria lo había adelantado el gobernador Maximiliano Pullaro durante la conferencia de prensa que realizó, junto a los ministros nacionales de Seguridad, Patricias Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, para brindar detalles sobre el trabajo conjunto: "Estamos lanzando, en este momento, una convocatoria a todos los policías retirados para cubrir funciones, solamente, operativas. Estamos poniendo todos los recursos necesarios para desentrañar esta lógica criminal", precisó el mandatario santafesino en esa oportunidad", señaló.

Para Orciani "es una medida extraordinaria dentro del marco de la situación compleja que vive la ciudad de Rosario, y toda la Unidad Regional II. Convocamos a todos los policías retirados, por causas ordinarias y que no estén condenados por delitos contra la administración pública ni hayan sido exonerados de la fuerza, para que se reincorporen y vuelvan a ser personal activo. La ley Nº14.237, de Emergencia en Seguridad, es la que nos ha posibilitado contar con esta herramienta para recuperar personal operativo".

Recalcó que esta convocatoria es "para desempeñar tareas únicamente en la ciudad de Rosario" y permitirá al gobierno provincial "contar con un nuevo recurso que posibilita las tareas operativas en edificios públicos y que ese personal que hoy está abocado a esas tareas pueda ser volcado a tareas operativas en calle".

Orciani aclaró que "quienes cumplan con la normativa y puedan ser reincorporados como personal activo", recibirán una remuneración que significa "el doble de lo que percibían como personal retirado, por lo cual sus haberes dejan de ser abonados por la Caja de Jubilaciones de la Provincia y pasa a ser personal activo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia".

Los interesados deberán inscribirse, de manera presencial, en la ciudad de Rosario, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, situado en calle Santa Fe 1950, en el subsuelo, oficina 4; en la ciudad de Santa Fe, en el Ministerio, planta baja, oficina 6; y en las ciudades de Reconquista y Rafaela, en las oficinas de Asuntos Internos; y en Venado Tuerto, en el Nodo Regional.

La Cámara de Diputados realizará este jueves el reconocimiento a mujeres e instituciones santafesinas por su lucha y/o trayectoria en relación a los derechos de las mujeres. La actividad -en el recinto- será encabeza por la presidenta del cuerpo, Clara García, la primera mujer en presidir la Cámara Baja de la provincia en la historia institucional santafesina.

El reconocimiento a las mujeres en fechas cercanas al 8 de marzo tiene una larga historia en la Cámara de Diputados y se inició a instancias de Alicia Gutiérrez, legisladora que integró las bancadas del Frente Progresista, Cívico y Social.

Los nombres para esta ocasión ya fueron acercados por los integrantes del cuerpo y la distinción se hará este jueves, día en que no han sido citadas las cámaras a sesionar. Son 21 mujeres, una de ellas ya fallecidas y dos instituciones: la Asociación Civil de Hockey Amateur de Rosario y la Corriente Clasista y Combativa.

Las mujeres a ser reconocidas este año son Isabel Mac Donald (post morten), Susana Stochero, María Amalia Lucca, Nadia Fink; María Soledad Aramendi, Ivana Victoria Taborda, María Herminia Rabasedas, Juana Rodríguez, Noemí Berros, María Celeste Ortega, Stella Maris Kennes, María Gisela Ferreghini, Lidia Sartoris Ángeli, Irene Delfino, Ana María Deambrosi, Graciela Brondino, Betina Zubeldía, Carolina Cristinziano, Stella Maris Celestino, Alicia Perna y Araceli Díaz.

El diputado Dionisio Scarpin propuso el nombre de Alicia Perna e informó que es por su lucha y/o trayectoria en relación a los derechos de las mujeres en el norte santafesino. "Esta instancia nos permite visibilizar el trabajo que las mujeres de nuestra provincia llevan adelante en pos de la igualdad y la defensa de derechos. Alicia, siempre estuvo comprometida con la lucha social como representante gremial, como militante de la UCR y también como propulsora de actividades y espacios, que la convirtieron en una de las principales referentes en temas de género, en el norte santafesino", afirmó el legislador.

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados invitó para este jueves al presidente de Fatap, Gerardo Ingaramo, a la reunión semanal para analizar la crisis del sistema urbano e interurbano a partir del retiro de subsidios por parte del gobierno nacional. Lucila De Ponti encabeza la comisión de Transporte y confirmó que el objetivo es conocer de boca de los empresarios su mirada sobre el sistema.

Con dos medias sanciones que no hicieron ley al mensaje sobre Emergencia en Seguridad y el Servicio Penitenciario, la Legislatura santafesina vive sus últimos días antes del inicio del período ordinario de sesiones tras aprobar otros once proyectos habilitados por el gobernador Omar Perotti.

La norma que demandó más debates y sobre todo negociaciones, tanto en Senadores primero como en Diputados luego, no se concretó. O -mejor dicho- no se repitió, ya que Santa Fe contó con una ley de emergencia para ambas materias durante casi todo 2022, sin los efectos esperados según la oposición, pero con iguales necesidades que en aquel año según el oficialismo.

En cambio, para otros once asuntos hubo acuerdo y se sancionaron las siguientes leyes, entre las que se destacan la aceptación legislativa del veto parcial sobre “Ficha Limpia” para el sistema electoral santafesino, por el cual se modifica el artículo 8º de la Ley Nº 12.367 (Precandidatos – Elección – Requisitos para la integración de las Listas) y el artículo 30º de la Ley Nº 6808 (Ley Orgánica de los Partidos Políticos), autoría del senador Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal). Como Cámara de origen, el Senado por unanimidad, aceptó la corrección del Ejecutivo y lo mismo hizo luego Diputados.

Es relevante también la sanción por fin de una ley que convirtió en ciudad a Monte Vera que, por una situación extraña y difícil de presentar ante la ciudadanía, contaba con dos medias sanciones idénticas en sendas Cámaras que por meses compitieron por la autoría del proyecto. Finalmente el gobernador habilitó la iniciativa del senador Marcos Castelló (PJ-Lealtad-La Capital), que Diputados esta vez lo aceptó. Cabe recordar que en 2022 esa cámara baja se había adelantado a la alta y dio media sanción a otro de Oscar Martínez (Frente Renovador-100% Santafesino), que finalmente pasará al archivo.

Por ley, ahora Santa Fe tiene por fin una norma que busca regular el mercado de compra y venta de metales no ferrosos para luchar contra el robo de infraestructura de cobre y bronce que daña el patrimonio público. Fue ante un pedido de las víctimas de la inseguridad en la última Junta de Seguridad Urbana que la Casa Gris tomó nota del reclamo y envió las habilitaciones al Poder Legislativo. Hubo una pronta sanción para también crear un Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de esos metales, según el proyecto de los diputados Oscar Martínez y Lionella Cattalini (PS).

Por otra parte, a punto de que perdiera una vez más estado parlamentario un proyecto de ley del senador Hugo Rasetto (UCR-Cambiemos-Iriondo) que impulsa desde 2013, se sancionó la ley para fijarles reglas a las ferias multipunto y evitar las instalaciones de hecho. En este caso, fue el Senado el que aceptó un cambio en el texto que ya había efectuado Diputados y, habilitación del Ejecutivo mediante, se convirtió en ley. Más que una norma sobre las “Saladitas” se busca legislar para evitar sus peores procedimientos ilegales e informales, tanto de explotación laboral como de competencia desleal para con los comercios debidamente instalados.

En definitiva, cuando se presta atención a las normas más importantes sancionadas durante el periodo de sesiones extraordinarias se ve que de once, su número baja a solo cuatro. Como se verá más adelante, las otras leyes sancionadas responden a cuestiones que solo en el peor de los escenarios políticos de falta de diálogo no reciben la aprobación, se trata de expedientes que en tiempos institucionales normales siempre tienen (o tendrían que tener) el consenso necesario.

Se votaron leyes para sostener empresas en manos de trabajadores ante la defección de sus propietarios lo que se logra mediante unas normas de excepción que autorizan el uso temporal de sus bienes fabriles, y que se renuevan periódicamente. Es el caso de las firmas Naranpol que ya tiene su ley votada y de Tatra de la ciudad de Vera, que logró media sanción del Senado..

También es ley la modificación de la 12.639 para establecer la sede del “Espacio Cultural Museo de las Mujeres Santafesinas” en el “Museo Provincial de la Inmigración”; otra que modifica la Ley 12.069 de Grandes Superficies Comerciales para actualizar las multas y atar sus valores a un mecanismo de revisión periódica y varios mensajes referidos a convenios con organismos nacionales o la autorización para el gobernador Perotti y la vicegobernadora Alejandra Rodenas para ausentarse del país durante el corriente año.

Mensaje 5021, por el cual se autoriza al señor Gobernador y a la señora Vicegobernadora de la Provincia a ausentarse del país durante el año.

También se cuenta entre la actividad legislativa de mayor valor político la aceptación por la Asamblea Legislativa de 10 de los 12 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir los cargos más altos del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

A poco de la aprobación de esa decena, llegaron al Legislativo los nuevos pliegos para completar los cargos de los desplazados, para el cargo de fiscal regional de Rafaela y de defensor regional de Rosario.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni pidió a los senadores provinciales la sanción de una nueva ley de Emergencia en Seguridad y para el Servicio Penitenciario Provincial, cuyo mensaje del Poder Ejecutivo data de la gestión anterior en esa cartera.

Como se sabe, el ex gendarme, había postergado la reunión con los miembros de la Cámara alta para antes presentarse con representantes de las víctimas en la Junta de Seguridad Urbana y aceptó de inmediato la convocatoria de los senadores.

La reunión fue a puertas cerradas y de acuerdo con la información que el funcionario le proporcionó a El Litoral no fue por un pedido suyo que los cronistas parlamentarios no pudieron asistir a la reunión, por cierto bastante concurrida.

La negativa a tener tener testigos de las conversaciones habrá que buscarlas en otra parte. Y está claro que ha sido el temor a que se compliquen las negociaciones con la otra cámara (Diputados) lo que definió el carácter no público de la exposición.

Brilloni dialogó con la prensa luego de tres horas y media de exponer y responder a preguntas de los representantes territoriales. Dijo que para él era “un alto honor” ser invitado a la casa “de los representantes del pueblo” y evitó dar precisiones sobre qué se prefiere desde el Ejecutivo: si una ley de emergencia que permita compras más cómodas para proveer a la policía y al sistema penitenciario por uno, dos y hasta por tres años.

El mensaje enviado por el gobernador Omar Perotti habla de una vigencia que se extinguiría con su mandato, el 11 de diciembre. La oposición (que tiene la mayoría en Diputados) piensa en cambio que debería por lo menos plantearse una ley para dos años. Y advierte que a la gestión actual le quedan unos seis meses y medio.

Brilloni esquivó con elegancia una definición al respecto pero a la respuesta se la puede encontrar en la nada casual presencia del secretario de Gobierno, Oscar Urruty, entre quienes lo acompañaron. El ex diputado provincial del PJ es “el nexo” que negocia normas y agendas con los legisladores.

Se dice que un senador opositor buscó que durante el encuentro a puertas cerradas el ministro dijera algo al respecto, y que eso no sucedió.

El ministro repitió su visión del trabajo que pretende en el medio año que le resta, con un Plan que tiene tres ejes, “que ya han comenzado a aplicarse”. Comenzó por subrayar la importancia de fortalecer y potenciar “la inteligencia” para la prevenir y dar alertas sobre la actividad criminal, la vinculación permanente con los gobiernos nacional y municipales, y su confianza en “dos instituciones” a las que ponderó: la policía y el servicio penitenciario. Dijo que busca más prevención en las calles, lo que requiere de más recursos e inversión, para lo que necesita esa norma.

Ratificó su preocupación por las amenazas a legisladores, expresó que se ha comunicado con fiscales por ese tema y que mantendrá en cuanto se le requiera una reunión con los diputados provinciales.

En el Senado, el proyecto de ley de emergencia en seguridad y sobre el sistema carcelario no ha logrado avances en comisiones y tampoco se le ha aprobado una preferencia, como para marcarlo en la agenda, más allá de las exigencias que pronto comenzarán a notarse desde la opinión pública.

Con números en la mano, la oposición argumenta que la misma norma no fue aprovechada en las gestiones anteriores en ese ministerio, antes de que caduque. Y admite que se trata de una herramienta reclamada por el gobernador para algo urgente, pero que cabe también discutirlo por un período mayor, como para cubrir también parte del próximo gobierno. En el oficialismo esa tesis se rechaza.

El recinto de la Cámara de Senadores,con la presencia de 15 de sus 19 miembros, fue el escenario de la reunión que -a puertas cerradas- mantenían esos legisladores con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni.

La vicegobernadora presidía el encuentro que, salvo por la ausencia de taquígrafos y de cronistas parlamentarios, parecía una sesión. Junto a la Dra. Alejandra Rodenas se sentó el ex comandante de la Gendarmería. Al ingresar a la Legislatura, pasó a saludar a los periodistas que se quedarían luego fuera del hemiciclo, al que se le cerraron incluso las barras.

En sus bancas estuvieron los justicialistas del bloque Lealtad, Alcides Calvo (Castellanos) y Eduardo Rosconi (Caseros), así como sus compañeros de la bancada Juan Domingo Perón: Armando Traferri (San Lorenzo), Rubén Pirola (Las Colonias), Guillermo Cornaglia (Belgrano), Hugo Sosa (Vera) y José Baucero (San Javier). También asistió el peronista que representa a Rosario, la ciudad de la que tanto se habla cuando se trata de seguridad, Miguel Rabbia (Construyendo Futuro).

De la oposición, se destacan el presidente del bloque radical Lisandro Enrico (General López) y el titular del Comité Provincial de la UCR, Felipe Michlig (San Cristóbal), junto a Leonardo Diana (San Jerónimo), Orfilio Marcon (General Obligado), Rodrigo Borla (San Justo) y Germán Giacomino (Constitución). Todos ellos estuvieron o dejaron su mensaje de apoyo al diputado provincial Maximiliano Pullaro. El candidato a gobernador fue víctima de amenazas y esta mañana en una conferencia de prensa el bloque radical de ambas Cámaras mostró su preocupación, lo que seguramente fue trasladado al ministro.

Además de los mencionados, también asistió el senador radical que está en Cambiemos desde hace varios años atrás, y tiene su bloque unipersonal, Hugo Rasetto (Iriondo).

En síntesis, nueve de los diecinueve senadores son radicales. Y estaban todos. En el partido de gobierno, apenas menos de la mitad de las huestes del oficialismo de Lealtad y cinco de la media docena del Nuevo Espacio Santafesino (Nes).

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, concurrirá este miércoles 22 a las 16 horas, a la Cámara de Senadores de la Legislatura santafesina. El encuentro había sido pedido formalmente por los miembros de la bancada del radicalismo en la última sesión, luego de que se postergara su visita ante la proximidad de una reunión de la Junta de Seguridad Urbana, ya que el funcionario pidió primero tener un contacto directo con organizaciones que representan a las víctimas de la violencia en ese ámbito, a lo que accedieron los legisladores.

Como se sabe, el funcionario -que asumió el 8 de febrero pasado y proviene de la Gendarmería- tenía pendiente un encuentro con los miembros de la Cámara alta, donde se encuentra un mensaje del gobernador Omar Perotti que pide el tratamiento en sesiones extraordinarias de un proyecto del Poder Ejecutivo para sancionar nuevamente la ley de emergencia en Seguridad.

Con respecto al tema, los jefes de los bloques del oficialismo y de la oposición han comprometido su respaldo pero querían con anterioridad contar con una entrevista personal con el sucesor del ex ministro Rubén Grimoldi.

La oposición, con mayoría en la Cámara de Diputados, negaba la posibilidad de otorgar a aquel funcionario, un ex comisario de la Policía de Santa Fe, goce de una prórroga de la emergencia que estuvo vigente durante su gestión, ya que apenas una parte menor de los montos asignados habían sido utilizada por Seguridad, por errores de conducción.

A ese período corresponde el paso de la ex secretaria logística de la cartera, Ana Morel, en la Legislatura que no dejó dudas a los legisladores opositores respecto de no renovar dicha norma. En cambio, con las renuncias de Morel primero y de Grimoldi luego, esas objeciones han quedado atrás.

Por otra parte, gana terreno en la Legislatura santafesina la idea de extender la emergencia en Seguridad pedida por Perotti por un plazo mayor para que la próxima gestión gubernamental ya se encuentre con esta herramienta. Se habla de sancionar una ley que comprenda al menos al primer año de los próximos ocupantes de la Casa Gris.

(Por Luis Rodrigo) – El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, concurrirá este miércoles 22 a las 16 horas, a la Cámara de Senadores de la Legislatura santafesina. El encuentro había sido pedido formalmente por los miembros de la bancada del radicalismo en la última sesión, luego de que se postergara su visita ante la proximidad de una reunión de la Junta de Seguridad Urbana, ya que el funcionario pidió primero tener un contacto directo con organizaciones que representan a las víctimas de la violencia en ese ámbito, a lo que accedieron los legisladores.

Como se sabe, el funcionario -que asumió el 8 de febrero pasado y proviene de la Gendarmería- tenía pendiente un encuentro con los miembros de la Cámara alta, donde se encuentra un mensaje del gobernador Omar Perotti que pide el tratamiento en sesiones extraordinarias de un proyecto del Poder Ejecutivo para sancionar nuevamente la ley de emergencia en Seguridad.

Con respecto al tema, los jefes de los bloques del oficialismo y de la oposición han comprometido su respaldo, pero querían con anterioridad contar con una entrevista personal con el sucesor del exministro Rubén Grimoldi.

La oposición, con mayoría en la Cámara de Diputados, negaba la posibilidad de otorgar a aquel funcionario, un ex comisario de la Policía de Santa Fe, goce de una prórroga de la emergencia que estuvo vigente durante su gestión, ya que apenas una parte menor de los montos asignados habían sido utilizada por Seguridad, por errores de conducción.

A ese período corresponde el paso de la exsecretaria logística de la cartera, Ana Morel, en la Legislatura que no dejó dudas a los legisladores opositores respecto de no renovar dicha norma. En cambio, con las renuncias de Morel primero y de Grimoldi luego, esas objeciones han quedado atrás.

Por otra parte, gana terreno en la Legislatura santafesina la idea de extender la emergencia en Seguridad pedida por Perotti por un plazo mayor para que la próxima gestión gubernamental ya se encuentre con esta herramienta. Se habla de sancionar una ley que comprenda al menos al primer año de los próximos ocupantes de la Casa Gris.

Entre este martes y miércoles se activarán las reuniones entre el Poder Ejecutivo y las cámaras legislativas tendientes a definir los alcances de la futura Ley de Emergencia en Seguridad Pública y en el Servicio Penitenciario que podría ser sancionada este jueves, en caso de existir acuerdo político.

Fue uno de los compromisos surgidos del encuentro del pasado jueves en el marco de la Junta Provincial de Seguridad que se reunió en Rosario. El Ejecutivo incluyó un el receso de enero de la Legislatura el mensaje para disponer una emergencia en la materia hasta diciembre de este año. El asunto comenzó a ser analizado con el entonces ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi pero su salida, y reemplazo por Claudio Brilloni paralizó el trabajo en comisiones. El asunto está en Senado y en la agenda está una reunión conjunta a realizarse este miércoles entre las comisiones de Seguridad del Senado y de Diputados con el propio ministro.El propio Omar Perotti destacó tras la reunión de Junta que acordaron abordar un “trabajo común, desde las posiciones de cada una de las fuerzas políticas, con las diferencias que hay, pero sabiendo que tenemos coincidencias para subir el marco de actuaciones” para enumerar proyectos legislativos que deben tratarse, “desde la Ley de Emergencia hasta proyectos que mejoran las posibilidades de prevención en las instancias delictivas”.

En el Ministerio de Gobierno se trabaja en un nuevo mensaje a las cámaras habilitando proyectos -algunos de propios legisladores y otros del Ejecutivo- referidos especialmente a la reforma policial.

En el Senado, el radical de General López, Lisandro Enrico, preside la comisión de Seguridad Pública y participó de la reunión de la Junta donde el Ejecutivo se comprometió a enviar funcionarios a la reunión de este miércoles. “Si va el ministro (Brilloni) por una cuestión metodológica, reunimos a las comisiones de las dos cámaras para conocer las necesidades del nuevo funcionario. Nosotros pretendemos agregar algunas cuestiones vinculadas al Ministerio Público de la Acusación y al Organismo de Investigaciones más allá del plazo de vigencia. Parece razonable que estemos las dos comisiones con el ministro para definir los alcances. Sería el camino más corto y no que empiece una cámara, apruebe, vaya a la otra sin acuerdo”, señaló.

La misma apreciación tiene el diputado Juan Cruz Cándido (UCR – Evolución) que preside Seguridad en la Cámara Baja.

Todo parece estar ligado a agenda de Brilloni especialmente por la evolución de la situación en Rosario.

En caso de existir acuerdo, voceros parlamentarios no descartaron sancionar el mismo jueves el instrumento que -entre otras cosas- reduce los tiempos administrativos para compras o refacciones especialmente en el Servicio Penitenciario. Las dos cámaras serán convocadas este jueves para realizar sesiones extraordinarias y antes en Diputados se hará una jornada de reconocimiento a las mujeres con motivo de la nueva conmemoración del día internacional.

Mientras el Ejecutivo define los nuevos temas a incluir en Extraordinarias, este lunes, con la firma de los diputados del bloque Igualdad -Rubén Giustiniani y Agustina Donnet- fue ingresado el proyecto pidiéndole al Poder Ejecutivo incluya en el temario los proyectos de reforma del sistema policial, “a fin de dar respuesta a la grave situación que atraviesa la provincia en materia de seguridad”.

Tras reseñar la situación de crímenes e intimidaciones que se vive en Rosario, Giustiniani remarcó que “el narcotráfico ha ocupado los barrios y las calles, los vecinos quedaron desamparados ante la escalada de hechos delictivos. Hace tiempo insistimos en la necesidad de un acuerdo social y político de todas las fuerzas partidarias, que se sustente en la articulación entre los distintos niveles del Estado con el objeto de dar una respuesta institucional integral”.

Resalta que su bloque ha presentado proyectos “que significan importantes herramientas para atacar la raíz del problema, entre ellos, los de Ley de Participación Ciudadana en Seguridad y Ley de Policías Municipales. Estas iniciativas pueden significar un aporte sustancial al brindar a los gobiernos herramientas institucionales para afrontar la emergencia en materia de seguridad que afecta a los santafesinos y que exigen una respuesta urgente y cercana a la ciudadanía”. El rosarino insistió en que “la gravedad de la situación exige un abordaje integral desde los tres niveles del Estado -municipal, provincial y nacional- y la articulación de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- a los fines de terminar con la impunidad de las mafias y reducir los índices alarmantes de violencias y criminalidad en nuestra provincia”.

Los integrantes de la comisión Bicameral de Seguimiento del estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario se reunieron en Rosario para evaluar las acciones a seguir luego de que el Ejecutivo enviara al Senado una nueva Ley de Emergencia en Seguridad “sin haber cumplimentado, tal como lo exige la misma normativa, con la rendición de cuentas del ejercicio que finalizaba el 31 de diciembre de 2022”, advirtieron.

Los legisladores decidieron citar a todo el equipo del Ministerio de Seguridad, incluido el nuevo secretario financiero, Gustavo Bode, para que en febrero asistan a esta comisión y se pueda realizar un análisis exhaustivo y conjunto de los datos.

Luego de la reunión, la socialista Lionella Cattalini informó que “los integrantes de la Comisión resolvimos presentar por escrito un pedido para que el Poder Ejecutivo de cuentas de todo lo que hizo hasta el 31 de diciembre de 2022. Nuestra facultad es controlar y monitorear la Ley de Emergencia y por eso necesitamos conocer los datos de la rendición. Nos preocupa que el gobierno quiera una nueva ley de Emergencia sin haber presentado la rendición de gastos que deberíamos haber recibido en diciembre del 2022. Es alarmante la falta de gestión en todas las áreas del gobierno de Perotti y sobre todo en materia de seguridad”.

Por su parte, el diputado radical Juan Cruz Cándido expresó que “de 36 meses de gobierno, 30 transcurrieron bajo leyes de emergencia. No vimos resultados, como ningún ciudadano, y tampoco tuvimos la posibilidad de acceder a saber qué se hizo con los recursos que se asignaron con la ley de emergencia y con las facilidades para utilizar esos recursos que la propia ley garantizaba”.

Ximena Sola (Pro) destacó que “desde que inició el actual gobierno provincial siempre hemos sido una oposición constructiva y otorgamos al gobernador las emergencias que fue solicitando. Estaremos dispuestos a dar las herramientas necesarias para combatir el delito. Pero esta vez ¿estará dispuesto el gobernador a usarlas?”.

Cattalini concluyó que “la falta de gestión es total y las irregularidades en los procesos de licitación y compra cada vez más evidentes”. Para la diputada, la situación es “muy grave y se necesita actuar con premura”.

Las fuerzas políticas que trabajan en la constitución de un frente amplio en la provincia de Santa Fe están definiendo los detalles de un plenario a realizarse el miércoles próximo, en Rosario, para discutir los alcances del mensaje del Poder Ejecutivo declarando hasta el 31 de diciembre la emergencia en seguridad pública y del servicio penitenciario.

El mensaje fue enviado esta semana al Senado y más allá de que ambas cámaras están en receso hasta el 31 del corriente, la oposición pretende tener una postura unificada para dar el debate. “No se le quiere atar las manos al Poder Ejecutivo pero (Omar) Perotti debe explicar porqué no usó en todos sus alcances la emergencia en el 2022” dijo el radical Maximiliano Pullaro a Sur24. En tanto, la diputada socialista Lionella Cattalini manifestó su preocupación por la “incapacidad de Perotti para avanzar en una cuestión prioritaria como es la seguridad de los santafesinos”. Pullaro, ex ministro de Seguridad, optó por no tener emergencia en gran parte de su gestión en el área durante el gobierno de Miguel Lifschitz.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, el radical Juan Cruz Cándido advirtió que en el mensaje el gobierno “habla del tema seguridad, pero en el texto no se plantea ningún plan de acción ni objetivos concretos de las políticas públicas”. Subrayó que “en seguridad pública no enumera acciones como sí lo hace en materia de Servicio Penitenciario: compra de mobiliario, construcción de espacios nuevos, tecnología para modernizar el funcionamiento y la administración e incorporación de personal como objetivos”.

El mensaje 5.019 firmado por Perotti y el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, tiene cinco carillas de fundamentos y un proyecto de ley de once artículos donde resaltan nuevos montos para compras o adjudicaciones directas de obras así como plazos más estrictos de comunicación de las operaciones a las comisiones de Seguridad de ambas cámaras (72 horas) y de pronunciamientos del Tribunal de Cuentas (20 días).

En los fundamentos, se explica que el objetivo es “poder disponer de mecanismos tendientes a paliar las necesidades más urgentes en la materia, garantizando a la ciudadanía la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana, entendida ésta como el marco propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, posibilitando la realización de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad”. Menciona “la obligación del Estado Provincial de adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles tendientes a asegurar este derecho humano, priorizando la profundización de las políticas públicas, en el entendimiento que los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”. Acota que “es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal -vinculada o no a hechos delictivos”.

Tras reconocer la situación delictual en las ciudades de Rosario y Santa Fe considera que “el primer paso para paliar de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el Poder Ejecutivo”.

Un largo párrafo de los fundamentos los dedica a la seguridad en el ámbito penitenciario en base a informes de la plana mayor del Servicio Penitenciario que recomienda “concretar medidas urgentes para no menoscabar el cumplimiento de las misiones y funciones asignadas por la Ley N°8183 que organiza al Servicio”. Esa descripción pasa por condiciones de seguridad, traslados de internos, cumplimiento de órdenes judiciales, prestación de servicios de salud a los internos, condiciones mínimas de habitabilidad para los internos, superpoblación carcelaria, y déficit de personal. Considera urgente la compra de equipamiento mobiliario; al arreglo y la compra de móviles, la realización de obras de mejoras esenciales en unidades penitenciarias para garantizar condiciones dignas de habitabilidad para internos y laborales para el personal. También reclama la construcción de nuevos espacios de alojamiento de internos con recursos humanos, así como la compra de elementos de seguridad y de tecnología.

En cuanto al proyecto en sí, declara la emergencia desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial hasta el 31 de diciembre, para “atender la seguridad pública y al sistema penitenciario provincial a los fines de brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”.

Uno de los artículos centrales es el 5 que lleve como, excepción legal, el límite máximo para la realización de licitaciones y concursos privados previstos en la Ley 12.150 de Administración Financiera hasta la suma de $ 12.000.000. “La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno”, aclara.

En el marco de la Ley 5.188 de Obras Públicas eleva a $ 18.000.000 la posibilidad de adjudicar mediante licitación privada, concurso de precios o contratación directa trámites de la licitación “por ser urgentes, impostergables o exigidas por circunstancias imprevistas que demandan una pronta ejecución”.

El Ministerio de Obras Públicas de la nación adjudicó a la unión transitoria integrada por las empresas Supercemento S.A.I.C; Benito Roggio e Hijos S.A; Rovella Carranza S.A.; y Centro Construcciones S.A, la ejecución del Acueducto San Javier – Tostado en la provincia de Santa Fe, por una inversión de $ 56.948 millones.

El mencionado acueducto es una de las obras hídricas más importantes del Plan Argentina Grande, que permitirá que 124.000 personas de 14 localidades del norte de la provincia, que hasta al momento carecen de agua potable, accedan a este servicio.

La construcción del acueducto tendrá, en esta primer etapa, una extensión de 330 km en siete tramos consecutivos. La obra se iniciará con la toma de agua en el Río San Javier y desde allí, un conducto principal la trasladará hasta la planta potabilizadora, ubicada al norte de la ciudad de San Javier. La obra contará también con nueve estaciones de bombeo ubicadas a lo largo del tramo troncal que impulsarán el líquido desde la obra de toma de San Javier hasta Tostado.

El Senado de la Nación giró a tres comisiones un proyecto de ley que declara la Emergencia en materia de Seguridad Pública, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, por el término de un año, reasigna partidas de Inteligencia para ampliar la AFI en Rosario y crea una agencia de la Unidad de Información Financiera para perseguir el lavado del narcotráfico en esa ciudad.

La iniciativa del bloque de la UCR, que fuera presentada por los santafesinos Carolina Losada y Dionisio Scarpin, faculta al presidente para enviar efectivos de fuerzas federales a la zona declarada en emergencia; incrementar la presencia de controles vehiculares con la incorporación de tecnología satelital, digital y de georreferenciación y suscribir convenios con organismos dependientes de la provincia de Santa Fe, a fin de fiscalizar desarmaderos de automóviles y autopartes, armerías y locales de venta de armas de fuego.

También posibilita al Ejecutivo ampliar el convenio vigente con la provincia de Santa Fe para otorgar al servicio penitenciario provincial más recursos y convenir con el Ministerio Público Fiscal y con el Ministerio Público de la Acusación, federal provincial respectivamente, la adquisición de equipamiento tecnológico para investigación criminal.

El expediente fue girado a las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. Losada recordó en el recinto que son 175 los homicidios en Rosario (39 mujeres, 19 menores) en lo que va del año, 500 son los heridos de bala, y 11 víctimas fatales en sólo 10 días.

El proyecto de ley constituye una Comisión de Emergencia en Seguridad compuesta por un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, un representante del Ministerio de Seguridad Provincial, un representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, un representante del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, un integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un integrantes del Honorable Senado de la Nación, un integrantes de cada una de las cámaras de la legislatura provincial, el intendente de la Ciudad de Santa Fe y el intendente de la Ciudad de Rosario.

Le asigna funciones para controlar y auditar la implementación de la emergencia en materia de Seguridad Pública; informar ante el Comité de Crisis situaciones urgentes; denunciar ante la autoridad competente, situaciones irregulares y/o criminales.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti apuntó a la oposición por las demoras en acordar el pliego de conjueces de Rosario. Losada mocionó “que se acuerde sobre la designación de los conjueces para la ciudad de Rosario. La provincia de Santa Fe tiene una justicia muy magra y necesitamos de una justicia federal robusta” ante la emergencia.

Fernández Sagasti, que preside la comisión de Acuerdos, señaló que “por pedido de Juntos por el Cambio” el Frente de Todos deberá obtener quórum propio para avanzar en “la designación de los conjueces de Rosario y de la Cámara de Rosario”.

“Así que cuando nuestros compañeros puedan salir de su problema de salud, porque hay dos compañeros –una compañera y un compañero– que tienen problemas de salud, con nuestro quórum y nuestra voluntad política vamos a designar a los conjueces de Rosario y al de la Cámara Federal de Rosario para colaborar, porque así es nuestro deber, con la justicia de Rosario y Santa Fe, para que puedan salir y tener más herramientas para el tema del combate de la inseguridad”, dijo la mendocina.

Los pliegos son los de Silvina María Andalaf Casiello para Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala B a la doctora, y para conjueces los de los doctores Tomás Malaponte (Tribunal Oral), Eleonora Pelozzi (Cámara Federal), Virginia Cassinese, Natalia Martínez, Gastón Salmain y Luciano Savignano (juzgados federales de primera instancia), también de Rosario.

“Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Rosario determinó que ‘en términos anuales, los consumos de marihuana y cocaína, trepa a los 111.569.669 millones de dólares en Santa Fe’ (esta última de acuerdo a la prevalencia estimada)”, dice el proyecto de ley en sus fundamentos. “A esto hay que sumarle que económica y geográficamente, la zona portuaria del Gran Rosario y por consiguiente, desde el Río Paraná, sale gran cantidad de cargamentos de estupefacientes a diferentes destinos del mundo”.

3.451 son los efectivos federales que actúan en Rosario, según el informe del Jefe de Gabinete de Ministros al Senado en junio pasado.

“Ya no hay más tiempo, los santafesinos nos están pidiendo ayuda a gritos. Es una vergüenza la liviandad con la que el gobierno encara la peor crisis de violencia extrema provocada por el narcotráfico que vive nuestra provincia”, señaló la senadora nacional por Juntos por el Cambio, Carolina Losada, al momento de presentar un proyecto de Ley para que sea declarada la Emergencia en materia de Seguridad para todo el territorio santafesino.

“Estamos viviendo un estado anárquico, con una llamativa ausencia del kirchnerismo, tanto a nivel nacional como provincial, en la lucha contra el narcotráfico” explicó también con los datos que indican que, en lo que va del año, Rosario cuenta con 170 homicidios y 224 en la provincia. De mantenerse la tendencia, Rosario estaría atravesando el año más sangriento de su historia.

“Los santafesinos nos piden ayuda a gritos. La situación es de extrema gravedad y, no solamente viven con miedo, sino que además sienten el abandono por parte del kirchnerismo que toma la situación con una desidia y liviandad abrumadora”, remarcó la senadora, quién días atrás cruzó al ministro de seguridad, Aníbal Fernández, quien llegó a comparar la grave situación de Rosario con un programa de Capusotto. “Me dio pena y vergüenza. Lo que está pasando no es un chiste. Siguen sin hacerse cargo, nos siguen mintiendo. No tiene idea de lo que pasa en la provincia, por eso lo invité a recorrerla conmigo. No tienen plan y lo poco que han hecho en materia de seguridad no tuvo ningún resultado. Los santafesinos no podemos más, la inseguridad no es una sensación”.

Accionando frente a la situación crítica, la senadora nacional presentó el proyecto de Emergencia en materia de seguridad para que se implemente durante el plazo de un año en todo el territorio de la provincia. “Este proyecto de ley es una respuesta contundente a la ineficiencia que tiene actualmente el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y su poco acercamiento a los santafesinos”.

La iniciativa llama a coordinar de forma urgente acciones efectivas entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Estado Provincial y la Justicia Federal con el fin de garantizar la protección de la ciudadanía. Además, supone la potestad de reasignar partidas presupuestarias, instalar una delegación de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) en la ciudad de Rosario, el envío de fuerzas federales a las zonas más calientes e incrementar la presencia de controles vehiculares particulares y de carga en rutas nacionales y provinciales que atraviesen la provincia.

Losada, también hizo foco en que la iniciativa propone también sumar tecnología satelital, digital y de georreferenciación que permita mejorar la eficiencia del trabajo de los organismos de seguridad y la firma de convenios con organismos dependientes de la provincia a fin de potenciar la fiscalización y control de desarmaderos de automóviles y autopartes, armerías y locales de venta de armas de juego.

Además de proponer la constitución de un Comité de Crisis, la iniciativa llama a la creación de una Comisión de Emergencia en Seguridad conformada por representantes del Ministerio de Seguridad Provincial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, el Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Honorable Senado de la Nación, de la legislatura provincial, el intendente de la Ciudad de Santa Fe y el intendente de la Ciudad de Rosario. Dicho ente tendrá como fin controlar y auditar la implementación de la emergencia en materia de Seguridad, elevar informes ante el Comité de Crisis ante situaciones extremas y denunciar a las autoridades correspondientes cualquier situación de irregularidad.

“Vamos a pelear por todos los santafesinos, por todos los que quieren vivir en paz, salir a trabajar y disfrutar, por toda esa gente que es la que quiere construir un país mejor. No les vamos a soltar la mano”, concluyó”.

Alan Vidaña

Este jueves, el Concejo Municipal sancionó una ordenanza que declara la emergencia en seguridad pública en esa ciudad cabecera del departamento Caseros. El proyecto fue presentado por el concejal Mauricio Maroevich, con el objetivo de abordar la problemática del delito de manera imperiosa. Dicha emergencia establece una serie de herramientas para que el Ejecutivo Municipal pueda adquirir bienes o servicios destinados a la prevención de los hechos en forma más rápida. La iniciativa tiene una vigencia de 180 días, con posibilidad de extenderse por más tiempo.

Por su parte, el autor de este proyecto, Maroevich, sostuvo: “Estoy satisfecho con haber logrado avanzar en materia de seguridad en la ciudad. La situación de inseguridad que vive la ciudad de Casilda, si bien no es ajena a lo que ocurre en otras ciudades del país, amerita a que nos ocupemos para crear herramientas que optimicen las respuestas destinadas a la protección de la vida y los bienes de nuestros vecinos”.

“Es cierto que la represión del delito es de competencia de los niveles provincial y nacional del gobierno, pero desde el ámbito local se puede hacer mucho en materia de prevención y hay que ponerse al frente. La declaración establece que por un período de seis meses, renovables, se puedan realizar contrataciones sin llamado a licitación de bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad”.