El juez federal Ariel Lijo decidió enviar a juicio oral a la causa en la que se investiga a la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo, que tiene 17 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos, informaron este lunes fuentes judiciales. Además, dispuso la clausura parcial de la investigación, tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal federal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mangano, rechazando los pedidos de sobreseimiento y las nulidades planteadas por las defensas.

A través de un escrito con más de 400 páginas, en la elevación a juicio se les imputó a los acusados "haber formado parte de una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza espiritual".

Además, se apuntó que "captaba personas mediante engaños o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, con el único objetivo de explotar a sus miembros y obtener un beneficio económico".

Y "construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la República Argentina y en los Estados Unidos de América, que permitiera otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes".

La organización contaba con la que participación de aproximadamente 179 alumnos, repartidos entre sus diversas sedes ubicadas principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, y en las ciudades de Las Vegas, Chicago y Nueva York, a quienes se le otorgaba un rango.

La organización, formada bajo una fachada filosófica del yoga, se organizaba verticalmente en jerarquías, en las que cada número tenía un significado: 4) "el ser humano filosóficamente equilibrado"; 5) "el genio"; 6) "el santo" y 7) "el ángel".

En la cúspide estaba Juan Percowicz, a quien llamaban "el ángel", "maestro" o "papi", y sobre quien los testigos que declararon en la causa dijeron "llegaba Juan al edificio y era como si llegara el mismísimo Dios, todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos", según surge de la causa judicial.

Además, durante los allanamientos fueron secuestrados más de un millón de dólares en domicilios vinculados a los tres líderes de la organización: Juan Percowicz, Marcela Sorkin y Susana Barneix, un monto que no pueden justificar de acuerdo con el patrimonio y la actividad declarada ante la AFIP.

En ese sentido, el escrito aseguró que se logró probar que los acusados "efectivamente formaban parte de una organización delictiva con rasgos de secta coercitiva".

También que "lograron montar una estructura económica basada principalmente en las ganancias obtenidas a partir de la explotación sexual de por lo menos siete alumnas, estructura que les permitía mantener sus abultados gastos, inversiones, compras y viajes".

Además, se verificó que la organización contaba, al menos, con tres ámbitos de captación y despersonalización de nuevos miembros: la "Clínica CMI Abasto", la empresa de coaching "BA Group" y las clases impartidas en el Café de la sede central.

La investigación seinició a raíz de la denuncia realizada por la Protex. en el marco de la Investigación Preliminar Nro. 3540/21, por el funcionamiento de una organización denominada Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), fundada en la década de los 80 y que funcionaba en el barrio porteño de Villa Crespo, contando también con sedes en los Estados Unidos.

Cristina Fernández de Kirchner, a través de los abogados que le representan en la querella en la causa en la que se investiga el intento de asesinato que sufrió, pidió la suspensión de la elevación a juicio del caso. Y además solicitó que se realicen varias medidas en el caso.

En un escrito presentado hoy los abogados de la vicepresidenta criticaron al fiscal Carlos Rívolo quien pidió la elevación a juicio del caso en el que están detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. El fiscal consideró que el atentado se circunscribe a esos tres imputados y no tuvo ni financiamiento ni relación con otros grupos que realizaron manifestaciones violentas contra varios dirigentes políticos del oficialismo kirchnerista.

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Ese grupo llamado “Revolución Federal” está bajo investigación judicial en otro caso. Según Rívolo no hay relación entre la causa en la que se investiga el atentado contra la Vicepresidente y la que se investiga a la organización que encabezaba Jonathan Morel, quien fue procesado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Ese procesamiento fue revisado por la Cámara Federal que determinó que Morel y otros integrantes de Revolución Federal son responsables del delito de “incitación a la violencia colectiva”.

La querella de la Vicepresidenta insiste en relacionar una causa con otra. Considera probado que Revolución Federal fue financiada por la familia Caputo —Nicolás Caputo es socio y amigo de Mauricio Macri—. Pero hasta ahora no se pudo hallar ningún indicio que señale a Morel y sus seguidores como relacionados con Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.

El escrito de los abogados de CFK señala que en días antes de que Rívolo pidiera la elevación a juicio del caso se presentó un informe generado por la DATIP en la otra causa sobre el contenido de dispositivos digitales de Morel.

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Allí hallaron un mensaje recibido por Morel de parte de alguien agendado como “Dali Revolución” en el que manifestaba que contaran con ella para “actividad bala” y señalaba que tenía ganas de “usar la 9mm”.

A partir de ello la querella señaló: “Queda claro, entonces, que ‘Dali Revolución’ tenía y quería usar un arma. Además, del informe de la DATIP surge que el mensaje ‘Yo no estoy en el grupo pero costa conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm’ es de fecha 27 de agosto de 2022. Este dato es central: el 25 de agosto, Morel había hablado por Twitter Spaces y había dicho cómo haría para matar a la Vicepresidenta (recordemos que en esos días había una gran cantidad de militantes haciendo una vigilia en la casa de Cristina Fernández de Kirchner y que Morel propuso infiltrarse y disparar). Además, ese 27 de agosto Brenda Uliarte y Sabag Montiel estaban en los alrededores de la casa de la Vicepresidenta, dispuestos a atentar”.

Y agregaron en el escrito: “Esto implica que un día antes del mensaje de ‘Dali Revolución’, Jonathan Morel había explicado públicamente cómo llevar adelante una ‘actividad bala’ contra la Vicepresidenta. Al otro día ‘Dali Revolución’ se ofreció para la ‘actividad bala’, al mismo tiempo que Sabag Montiel y Brenda Uliarte estaban a cargo lo que, evidentemente, puede concebirse como una ‘actividad bala’”.

La querella criticó al fiscal por no haber seguido la pista de “Dali Revolución” y agregó: “Más grave aún es que ni siquiera se haya preguntado quién es ‘Dali Revolución’ cuando hace meses solicitamos que se la convoque, situación que recordamos en la oposición a la elevación a juicio. De la información que hemos podido recabar, y que el fiscal también podría y debería haber recabado, parece surgir que ‘Dali Revolución’ podría ser Angélica Dalila Monti”.

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Los abogados explicaron en el escrito: “Es que, hasta ahora, la única persona con ese nombre (Dalila o ‘Dali’”) involucrada en Revolución Federal es Monti. Además, del teléfono de Leonardo Sosa surge que Angélica Dalila Monti está agendada como ‘Dalila Rebelión’, de manera casi idéntica a la persona que envió estos mensajes. Que la ‘Dalila Rebelión’ del teléfono de Sosa es Angélica Dalila Monti surge de varios contrastes que se hicieron con sus redes sociales y con imágenes de vigilancia discreta. La posibilidad de que Monti tenga dos números de teléfono no es para nada alocada: uno, el ya identificado, es un número paranaense, de donde es oriunda; el otro, el que queda por identificarse, es un número del área metropolitana de Buenos Aires, donde reside. Angélica Dalila Monti tendría, además, una relación sentimental con Jonathan Morel. Además, era la persona con quien estaba Morel al ser detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. De hecho, cuando fue detenido, Morel y Monti se encontraban camino a la casa de los padres de ella en razón de su cumpleaños número 24. En Buenos Aires, Morel y Monti conviven. Esto es de suma importancia, porque la conexión entre Morel y Monti aparece como especialmente fuerte y está claro que su intercambio de ideas iba más allá de pertenecer a la misma agrupación”.

Los abogados Marcos Aldazábal y Juan Manuel Ubeira concluyeron:

● “Sabemos que Monti tenía una relación sentimental con Morel, además de pertenecer ambos a una agrupación dirigida a amenazar y violentar a políticos, especialmente a la Vicepresidenta, y ocupar en ella roles protagónicos”.

● “Sabemos que ya en julio ‘Dali Revolución’, quien sería Dalila Monti, tenía un arma y le había manifestado a otro líder de Revolución Federal, Sosa, su voluntad de usarla”.

● “Sabemos que el 25 de agosto Morel habló en Twitter Spaces y explicó como asesinar a Cristina Fernández de Kirchner y que el 27 de agosto ‘Dali Revolución’, quien sería Monti, puso a disposición su arma para la ‘actividad bala’”.

● “Sabemos que ese día coincide con la primera ocasión en la que surge claramente un intento directo de asesinar a la Vicepresidenta por parte de Uliarte y Sabag Montiel”.

● “Sabemos que Dalila Monti sabía quién era Brenda Uliarte, porque había hablado con Ortega sobre el tema”.

● “También sabemos que Brenda Uliarte fue a una marcha de Revolución Federal y tenemos la fuerte intuición de que fue a dos. Es que Gastón del Canto, testigo en la causa CFP 2998/2022, expresó que cerca del mes de julio Uliarte llegó tarde a un compromiso que tenían por estar en el centro. Presumiblemente, el testigo hacía referencia o bien a la manifestación del 9 de julio en el Obelisco, o bien a la del 21 de julio en el Instituto Patria”.

Ante estos datos que aparecen como reveladores para la querella los abogados de CFK pidieron que se realicen varias medidas de prueba, fundamentalmente cruces telefónicos entre los números de “Dali Revolución”. Y cuando se confirme la identidad de la persona que coincide con ese contacto telefónico, se allane su domicilio, se busquen imágenes de los días previos al atentado a la Vicepresidenta, se analicen sus dispositivos y el contenido de sus redes sociales.

Con fuertes críticas a Rívolo, que tiene delegada la causa por parte de la jueza María Eugenia Capuchetti y el pedido de suspensión de la elevación a juicio, la querella de la vicepresidenta pidió, entonces, profundizar una nueva pista: “Dali Revolución”.