En la última sesión del Concejo de Venado Tuerto, el concejal Santiago Meardi (Primero Venado) presentó un proyecto de Ordenanza para regular la provisión del servicio eléctrico para las personas electrodependientes residentes en la ciudad, quienes cuentan con beneficios contemplados en a ley nacional 27.351 o Ley de Electrodependientes , sancionada en 2017 y que establece un tratamiento tarifario especial gratuito para el titular del servicio público de provisión de energía eléctrica, o su conviviente que se encuentre registrado como electrodependientes. 

En lo específico, el autor del proyecto explicó a Sur24, que pese a la cobertura que está garantizada bajo la ley nacional, "este año hay dos resoluciones (329/2024 y 330/2024) la cuales dan de baja algunos beneficios, con lo cual creemos que hay una clara intención de ir cercenando estos derechos adquiridos", expresó Meardi, al explicar la intervención desde el Legislativo y Ejecutivo local para aminorar esta posible parálisis del sistema para pacientes que dependen de la energía eléctrica para una mejor calidad de vida.

En lo específico, el autor del proyecto explicó a Sur24, que pese a la cobertura que está garantizada bajo la ley nacional, "este año hay dos resoluciones (329/2024 y 330/2024) las cuales dan de baja algunos beneficios, con lo cual creemos que hay una clara intención de ir cercenando estos derechos adquiridos", expresó Meardi, al explicar la intervención desde el Legislativo y Ejecutivo local para aminorar esta posible parálisis del sistema para pacientes que dependen de la energía eléctrica para una mejor calidad de vida.

"Por eso, desde el gobierno local, vamos a garantizar con esta Ordenanza que los electrodependientes de Venado Tuerto tengan estos beneficios que implica que la Cooperativa Eléctrica tiene que proporcionar atención y reconexión en un plazo no mayor de 48 horas como estipula la ley nacional", amplió sobre la iniciativa impulsada por el oficialismo venadense.

Y aunque adujo que en Venado Tuerto no se producen muchos cortes del suministro eléctrico y si ocurren no son por un tiempo prolongado, "igualmente lo vamos a garantizar a través de una reglamentación local, donde la cooperativa provea de forma gratuita un equipo electrógeno o un UPS con baterías, que es una tecnología que viene a suplir el equipo electrógeno o bien alguna tecnología que reemplace estas para el suministro de equipos de salud o refrigeración o lo necesario para la vida de cada una de las personas electrodependientes", detalló el edil, manifestando que en la ciudad hay 15 vecinos registrados como electrodependientes.

Entre los argumentos del texto presentado, contó que al hablar con familiares de electrodependientes "nos decían que cada vez que se corta la luz es una angustia porque no saben cómo actuar y más allá de tener el equipamiento a veces no funciona y se desesperan", afirmó. 

Para que esta situación sea contenida de la mejor manera "se genera un protocolo para llevar tranquilidad en ese sentido, además de condonar la tarifa mensual que tenga cada uno de esos electrodependientes y cada vez que se vaya a producir un corte programado, haya un aviso previo". 

Lo establecido por la ordenanza especifica que:

Que dicen las resoluciones 329 y 330

las resoluciones 329/2024 y 330/2024, oficializadas en el Boletín Oficial en el mes de junio, se reformularon los procedimientos para la realización de las obras correspondientes y para la aplicación de las sanciones por incumplimiento de plazos.

Asimismo, en la Resolución 329/2024 se establece que las empresas distribuidoras ahora tienen más tiempo para responder a las denuncias de falta de suministro eléctrico.

Antes, disponían de 48 horas para actuar, contando tanto días hábiles como inhábiles. Ahora, se les otorga hasta dos días hábiles desde el momento de la denuncia, lo que podría significar una larga espera para los electrodependientes si, por ejemplo, el corte ocurre en un fin de semana largo.

También, se adecuó la aplicación de la sanción por incumplimiento de este nuevo plazo máximo: ahora las empresas de energía deben abonar al usuario una multa en pesos equivalente a 2.000 kWh “por cada día hábil de atraso” (hasta un valor máximo de 500.000 kWh) y valorizada según la tarifa promedio vigente.

En tanto, desde el Ministerio de Salud de la Nación respondieron que las resoluciones “aplican al ámbito del ENRE y la Secretaria de Energía, y no alcanzan ni afectan el funcionamiento del Registro de Electrodependientes por cuestiones de Salud (RECS), administrado por la cartera sanitaria nacional con el objetivo de garantizar el acceso al servicio de energía gratuito y a mejorar la calidad de vida de todas las personas electrodependientes”.

Destacando que “la Ley 27.351, que se encuentra en vigencia desde mayo de 2017, establece la gratuidad del servicio eléctrico para las personas electrodependientes. Por disposición de esta norma, para acceder a este beneficio, es necesario inscribirse en el RECS que administra el Ministerio de Salud de la Nación”.

A su vez, “desde la cartera sanitaria nacional se recuerda que la única forma de iniciar el trámite de inscripción o de renovación en el RECS será de manera digital a través de Trámites a Distancia”.

Con el número 14.085 fue promulgada la Ley Provincial que simplifica trámites a los usuarios que son electrodependientes o tienen un conviviente con esas características. La norma se ocupa de asegurar una pronta asistencia a esos pacientes que necesitan la asistencia permanente de equipos que consumen energía eléctrica y también de darle a la Empresa Provincial de la Energía un marco más claro para proceder ante esas solicitudes.

La ley en cuestión indica cómo es el procedimiento para que la EPE acepte o rechace los pedidos en un plazo perentorio de tan solo cinco días corridos, mientras se gestiona los beneficios previstos en la Ley Nacional 27.351 a la que Santa Fe ha adherido, en 2018, con la 13.811.

En pocas palabras, el solicitante tiene ahora el derecho a recibir esos beneficios tarifarios casi inmediatamente. A cambio, la EPE puede rechazar ese trámite y su resolución será “irrecurrible”.

El artículo tercero indica que “dentro de los cinco días corridos desde la presentación de la solicitud mencionada, la Distribuidora deberá resolver fundadamente, con carácter preliminar, si acordar o no los respectivos derechos al solicitante. La resolución es irrecurrible”.

Luego, el cuarto indica que “cumplido el plazo establecido en el artículo 3 los derechos quedarán otorgados con carácter preliminar” y el quinto que “luego de dictada la resolución y hasta tanto sea notificada por parte de la autoridad de aplicación nacional la resolución definitiva, la Distribuidora, a pedido de la parte interesada o por iniciativa propia, podrá dictar nuevas resoluciones ante eventuales cambios de situaciones de hecho”.

Obviamente, “si la autoridad de aplicación a nivel nacional” resolviera “no inscribir al solicitante” la EPE recuperará, “con carácter retroactivo, todos sus derechos en referencia a su relación comercial” con el usuario.

La ley promulgada nació en el Senado, por un proyecto del senador por Iriondo Hugo Rasetto (UCR-Unión Santafesina), y recibió modificaciones en Diputados que la Cámara alta aceptó. La iniciativa se ocupa de mejorar la situación de unos 500 pacientes santafesinos, cuyas vidas están literalmente atadas al servicio provisto por la Empresa Provincial de la Energía.

Aunque desde hace tiempo la EPE se encarga de brindar beneficios tarifarios a los enfermos que necesitan del fluido eléctrico de manera permanente, ahora la ley 14.085 convierte en permanentes esas políticas internas y da garantías a los pacientes al establecer pautas más claras en la relación entre esa empresa y esos usuarios residenciales.

El senador que impulsó la iniciativa destacó un mes atrás que contó con la colaboración de funcionarios de la EPE que buscaron una redacción alternativa que se llevó adelante en la otra Cámara y destacó, muy especialmente, los aportes de la Fundación Emperador que se ocupa de acompañar a quienes requieren de aparatología médica para sobrevivir en sus domicilios.

Rasetto recordó por entonces que fue su par por Rosario, el ex ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello quien primero tomó el tema al lograr que el Senado primero y Diputados luego apruebe una ley para que Santa Fe adhiera a la Ley Nacional 27.351, que fue sancionada por el Congreso de la Nación en abril de 2017. Sin embargo, aquella norma de adhesión a la legislación nacional no fue suficiente para resolver la situación de las personas en esa condición ya que el trámite ante las reparticiones nacionales para lograr ese beneficio en el suministro de la energía eléctrica podía demorar “hasta un año”, sostuvo Rasetto.

La ley denomina “electrodependientes por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”. El siguiente artículo dispone que “el titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente”, gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica así como del pago de derecho de conexión. También dispone que el Ministerio de Salud de la Nación tiene a su cargo el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.

Luis Rodrigo

El Litoral

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó por unanimidad, sobre tablas, y con las modificaciones que había impuesto Diputados, una ley que se ocupa de mejorar la situación de unos 500 pacientes santafesinos, cuyas vidas están literalmente atadas al servicio de provisto por la Empresa Provincial de la Energía.

El proyecto que había iniciado años atrás el senador radical por Iriondo Hugo Rasetto (UCR-Juntos por el Cambio) recibió fuertes cambios en la Cámara baja, que ahora fueron aceptados por los representantes de los 19 departamentos.

Aunque desde hace tiempo la Epe se encarga de brindar beneficios tarifarios a los enfermos que necesitan del fluido eléctrico de manera permanente ahora una ley da más garantías y establece pautas para la relación entre esa empresa y esos usuarios residenciales. El senador Hugo Rasetto aceptó los cambios que había hecho a su proyecto la otra cámara. Foto: Archivo El Litoral

El legislador agradeció en su corta intervención a los funcionarios de la Epe que buscaron una redacción alternativa, a los legisladores de la otra Cámara y muy especialmente los aportes de la Fundación Emperador que se ocupa de acompañar a quienes requieren de aparatología médica para sobrevivir en sus domicilios.

La norma sancionada este jueves 16 dispone que el electrodependiente deberá presentar la solicitud para inscribirse al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) ante la prestadora del servicio público de distribución de energía eléctrica y que “dentro de los cinco días corridos desde la presentación de la solicitud la distribuidora deberá resolver fundadamente, con carácter preliminar, si acordar o no los respectivos derechos al solicitante”, con un agregado: “La resolución es irrecurrible”. Cumplido ese plazo, los derechos quedarán otorgados con carácter preliminar.

También dispone que si la autoridad de aplicación a nivel nacional (Ministerio de Salud) resuelve la no inscripción al Registro, la distribuidora recupera, con carácter retroactivo, todos sus derechos en referencia a su relación comercial con la parte solicitante. Por último dispone las erogaciones por la prestación del servicio establecido por ley estarán a cargo del Ministerio de Economía.

Rasetto recordó que fue su par por Rosario, el ex ministro de Salud, Miguel Ángel Cappiello quien primero tomó el tema al lograr que el Senado primero y Diputados luego apruebe una ley para que Santa Fe adhiera a la Ley Nacional 27.351, que fue sancionada por el Congreso de la Nación en abril de 2017.. Sin embargo, aquella norma de adhesión a la legislación nacional no fue suficiente para resolver la situación de las personas en esa condición ya que el trámite ante las reparticiones nacionales para lograr ese beneficio en el suministro de la energía eléctrica podía demorar “hasta un año”, sostuvo Rasetto.

Con la norma sancionada se atiende la principal preocupación del legislador que es que cuanto antes los pacientes reciban energía bonificada y establece criterios menos onerosos para la Epe para eventuales casos en los que esas personas no sean declaradas bajo esa condición.

La ley denomina “electrodependientes por cuestiones de salud a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud”. El siguiente artículo dispone que “el titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente”, gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica así como del pago de derecho de conexión. También dispone que el Ministerio de Salud de la Nación tiene a su cargo el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.

En diciembre de 2018, la provincia adhirió a la norma nacional por una iniciativa del senador socialista Cappiello, que ahora la discusión legislativa logró fijar plazos para el cumplimiento de los derechos establecidos para este tipo de personas enfermas.