Singapur ejecutó a Tangaraju Suppiah este miércoles 26 de abril por su participación en una conspiración para traficar un kilogramo de marihuana. El hombre de 46 años, de origen tamil, fue ahorcado en la prisión de Changi tras ser declarado culpable y condenado a muerte en 2018.

La ejecución de Suppiah ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas pidió detener por dudas sobre las garantías del proceso judicial.

A pesar de los pedidos de clemencia de la familia de Suppiah, así como de las llamadas de las ONG y la ONU, las autoridades de Singapur procedieron a la ejecución, citando la participación de Suppiah en la conspiración de drogas.

El uso de la pena de muerte en Singapur por delitos de drogas ha sido objeto de controversia durante años, y muchas organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la práctica como inhumana e ineficaz. La dura postura de Singapur sobre el narcotráfico le ha valido la reputación de líder regional en la lucha contra las drogas, pero los críticos argumentan que el uso de la pena de muerte en el país es excesivo y socava los principios de justicia y derechos humanos.

La ejecución de Suppiah es la primera que se lleva a cabo este año, después de que en 2022 se ejecutará en la horca a 11 presos, un récord. Países de todo el mundo están aboliendo la práctica en los últimos años.

El gobierno de Singapur ha defendido su uso de la pena de muerte por tráfico de drogas, argumentando que es necesario para disuadir y proteger la seguridad pública. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos argumentan que el uso de la pena de muerte no es un elemento disuasorio efectivo y que viola los derechos humanos fundamentales.

El caso de Tangaraju Suppiah destaca el marcado contraste entre la dura postura de Singapur sobre el tráfico de drogas y la creciente tendencia hacia la legalización y despenalización de la marihuana en muchas partes del mundo. Mientras países vecinos como Tailandia avanzan hacia la legalización de la marihuana para uso médico y exploran los beneficios económicos de la industria del cannabis, Singapur sigue comprometido con su enfoque duro y controvertido para el control de drogas.

Pero este centro financiero asiático mantiene una de las leyes antidrogas más estrictas del mundo y asegura que la pena capital funciona como un disuasivo efectivo ante el narcotráfico. Sin embargo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU asegura que esta creencia es “un mito”.

El multimillonario británico Richard Brandson, miembro de la Comisión Mundial de Lucha contra las Drogas, pidió el lunes a Singapur que reconsiderara la ejecución y aseguró que “se trata en gran parte de un caso basado en presunciones”. El Ministerio de Interior del país respondió el martes que la culpabilidad del reo había sido demostrada más allá de cualquier duda razonable.

El ministerio señaló que dos teléfonos móviles, que según la fiscalía pertenecían a él, fueron usados para coordinar la entrega de los narcóticos. “La evidencia muestra claramente que era la persona coordinando la entrega de drogas, con el propósito de traficar”, aseguró. En numerosas partes del mundo, incluida la cercana Tailandia, el cannabis se ha regularizado.

Por otro lado, la familia y los activistas han afirmado que no recibió representación legal adecuada y que se le negó el acceso a un intérprete tamil durante el interrogatorio policial inicial. También argumentan que la evidencia contra Suppiah fue débil y circunstancial.

Irán ejecutó al exviceministro de Defensa, Alireza Akbari, condenado a muerte por espionaje a favor de los servicios secretos británicos.

El también ciudadano del Reino Unido, había presentado un recurso de apelación, pero el tribunal se negó a cambiar el veredicto.

Ante el anuncio, el Reino Unido calificó la condena como “un acto insensible y cobarde”. El ministro de Exteriores británico, James Cleverly, había llamado a Irán a cancelar la ejecución pero no obtuvo respuesta.

El futbolista iraní condenado a muerte finalmente pasará 26 años en prisión

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, a su vez, condenó la ejecución a través de su cuenta de Twitter. “Estoy horrorizado por la ejecución del ciudadano británico-iraní Alireza Akbari en Irán”, escribió.

“Este fue un acto insensible y cobarde, llevado a cabo por un régimen bárbaro que no respeta los derechos humanos de su propia gente”, agregó.

I am appalled by the execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran.

This was a callous and cowardly act, carried out by a barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with Alireza’s friends and family.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 14, 2023

La ejecución se produjo en medio de las protestas que sacuden a Irán tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, después de ser detenida por la policía de la moral. El país acusó a Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia y Alemania de estar detrás de las protestas, en las que han muerto cerca de 500 personas en la represión policial.

La República Islámica de Irán ha sido acusada en numerosas oportunidades de usar a presos con doble nacionalidad o de otros países, como medida de presión o para intercambio de prisioneros, denominado como la “diplomacia de los rehenes” por las organizaciones de derechos humanos.

Amir Nasr-Azadani, el futbolista iraní que estaba condenado muerte, fue finalmente castigado con una pena de 26 años de cárcel por un tribunal revolucionario.

Azanadi había sido imputado por “incurrir en delitos contra el orden público, reunirse y conspirar para vulnerar la seguridad del país”, además de cometer ‘moharebé’, “un delito contra Dios”.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022

El jugador enfrentaba su ejecución en la horca por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad y otros dos delitos cometidos durante las protestas que sacuden el país persa desde mediados de septiembre.

Sin embargo, la presión internacional a través de diferentes organizaciones de derechos humanos lograron modificar la pena.

En su momento el sindicato internacional de jugadores, FIFPRO, pidió “la eliminación inmediata de su castigo” al igual que se manifestaron en ese sentido distintos organismos ligados a los derechos humanos.

Irán confirmó la ejecución de un joven de 19 años. La Justicia lo acusa de atacar a un guardia de seguridad en el marco de las protestas contra el régimen gobernante.

La agencia judicial local, Mizan Online, comunicó que “la condena a muerte de Mohammad Boroghani fue confirmada el 6 de diciembre por el Tribunal Supremo”.

El juicio contra Boroghani había comenzado en octubre pasado y fue procesado como “moharebeh” (“enemigo de Dios” en persa), un cargo punible con la muerte.

Según la agencia iraní, el joven había “herido con un cuchillo a un guardia de seguridad con intención de matarlo”, “sembrado el terror entre los ciudadanos” e “incendiado la sede de la gobernación en la ciudad de Pakdasht”, al sudeste de Teherán.

El presidente de Irán advirtió que “no habrá piedad” con los enemigos del país

Irán es escenario de una ola de manifestaciones que se desencadenaron en el mes de septiembre por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años, tras ser detenida por la policía de la moral por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

Las autoridades detuvieron a miles de personas, mientras que otros fueron condenados a muerte.

La pena de muerte de un segundo acusado, Mohammad Ghobadlou, había sido confirmada por la justicia iraní el 24 de diciembre. Ninguno posee recurso de apelación y pueden ser ejecutados en cualquier momento.

Irán ejecutó a un segundo manifestante por protestar contra el régimen

El tribunal anunció que había condenado a muerte a 11 personas por su participación en las protestas, aunque las organizaciones de derechos humanos creen que la cifra podría ser mayor.

En relación a esto, la ONG Iran Human Rights (IHR) denunció que al menos otros 39 manifestantes corren el riesgo de ser ejecutados. Además, al menos 469 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad durante las violentas represiones a las manifestaciones.

Irán ejecutó públicamente a un segundo condenado por su participación en las protestas contra el régimen que sacuden el país desde septiembre pasado.

La nueva víctima es Majidreza Rahnavard, quien fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad. Fue ahorcado en público y no dentro de la prisión.

Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas, tras el ahorcamiento el jueves último de Mohsen Shekari, un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights (IHR), declaró que “la ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes”.

Esta nueva ejecución es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, a pesar de la indignación internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones.

La joven kurda iraní de 22 años falleció tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.

El poder judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora once condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de “disturbios”, pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.

Entre otros condenados a la misma pena se encuentra el rapero Saman Seyedi, de 24 años, de la minoría kurda de Irán. Otro rapero, Toomaj Salehi, que apoyó las protestas contra el régimen, está acusado de “corrupción en la tierra” y podría ser condenado a muerte, confirmaron el mes pasado las autoridades judiciales iraníes.

La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido condenaron la ejecución de Shekari, y la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, denunció un “desprecio sin límites por la vida humana”.

Sin embargo, activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas.

Mario Cáffaro

La finalidad económica “Servicios de seguridad” es la que menor porcentaje de presupuesto asignado en gastos de capital ejecutó a septiembre último. Es el 16,92% del presupuesto aprobado pero apenas el 13,93% del presupuesto vigente. El dato está contenido en la planilla que -en base a datos contenidos en la web del ministerio de Economía- elaboró el ex ministro Gonzalo Saglione para el bloque de diputados del Partido Socialista.

La escasa inversión en materia de Seguridad viene siendo advertida desde diferentes ámbitos políticos e incluso la socialista Clara García lo remarcó durante toda la campaña electoral reciente. También era admitido por funcionarios del Poder Ejecutivo que advertían de la situación y lo adjudicaban a las diferencias entre el ministro Jorge Lagna con el equipo que había quedado de la gestión del antecesor, Marcelo Sain.

La planilla que tienen los diputados socialistas señala que al 30 de septiembre fue devengado el 37,89% del presupuesto asignado a gastos de capital: 35,38% en administración gubernamental; 16,92% en servicios de seguridad; 39,27% en servicios sociales; y 45,80% en servicios económicos.

En cuanto a la ejecución de gastos en servicios de seguridad, al 30 de septiembre se ejecutaron 1.411 millones de los cuales 873.650.000 fue para seguridad interior y 537.460.000 para el sistema penal.