El proyecto de Presupuesto 2027 prevé una recuperación de la inversión nacional en educación después de varios años de caída, aunque los recursos seguirían muy por debajo de los niveles registrados en 2023. Según un informe de Argentinos por la Educación, la función “Educación y Cultura” tendría un incremento nominal del 27,2% respecto de la previsión de cierre de 2026, que se traduciría en una mejora real del 5,6% si se cumple la inflación promedio del 20,5% proyectada por el Gobierno.

Aun con esa recuperación, el gasto educativo nacional representaría en 2027 apenas el 0,79% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 1,42% que alcanzaba en 2023. De acuerdo con el informe elaborado por Javier Curcio, Tomás Besada y María Sol Alzú, la inversión quedaría así un 44,4% por debajo de la de aquel año. Además, sería el cuarto año consecutivo en que el financiamiento educativo nacional se ubicaría por debajo del 1% del PBI.

El análisis toma como referencia tanto los recursos asignados a la Secretaría de Educación como el conjunto de gastos de la Administración Pública Nacional incluidos en la función “Educación y Cultura”. En valores constantes de 2026, el gasto pasó de $ 16,7 billones en 2023 a $ 9,4 billones en 2024 y $ 8,7 billones en 2025. Para 2026 se proyectan $ 8,8 billones y para 2027, $ 9,3 billones.

La distribución de los recursos muestra diferencias importantes según el nivel educativo. Las universidades nacionales continuarían concentrando la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Educación: el programa Desarrollo de la Educación Superior representaría el 80,1% de los recursos en 2027.

Para la educación universitaria se prevé un aumento nominal del 20,9%, prácticamente equivalente a la inflación proyectada, por lo que la mejora real sería de apenas 0,3%. Según el informe, el presupuesto universitario pasaría de representar el 0,71% del PBI en 2023 al 0,53% en 2027.

Los autores también advierten que los recursos previstos para el próximo año no contemplan una recomposición compatible con la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. De acuerdo con sus estimaciones, cumplir con esa normativa implicaría una ampliación presupuestaria real cercana al 30% respecto de 2026.

Javier Curcio, uno de los autores del informe, señaló que, en el caso de la educación superior, resulta fundamental garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario por el papel de las universidades nacionales en la formación de profesionales, la generación de conocimiento y el desarrollo económico y social.

El escenario es diferente para los programas destinados a Educación Obligatoria y Superior No Universitaria. Para 2027 se proyecta un incremento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2% frente a 2026.

Uno de los principales motores de ese aumento será el Plan Nacional de Alfabetización, que tendría asignados $ 773.830 millones, un 38,3% más que el crédito vigente de 2026. El 75,8% de esos recursos ($ 586.781 millones) se destinaría a la universalización de la jornada extendida.

También están previstos fondos para promoción de la lectura, materiales educativos, el Fondo Red de Alfabetización y acciones de formación docente orientadas a la alfabetización.

Sin embargo, la recuperación parte de un nivel muy inferior al de años anteriores. La educación obligatoria y superior no universitaria representaba el 0,32% del PBI en 2023 y pasó al 0,08% en 2025. El informe proyecta que se mantendrá en ese nivel tanto en 2026 como en 2027.

El proyecto incorpora para 2027 el Compromiso Federal por la Matemática, establecido mediante la Resolución 513/26 del Consejo Federal de Educación. La iniciativa contempla acciones relacionadas con la extensión de la jornada escolar, materiales pedagógicos y recursos digitales, formación docente, evaluación y monitoreo, además de la participación de las familias y la comunidad.

El informe advierte, no obstante, que el proyecto de Presupuesto no identifica una partida específica para financiar esta política. Por ese motivo, los autores señalan que no es posible determinar a partir del presupuesto cuánto dinero será destinado concretamente a estas acciones.

El proyecto también contempla incrementos nominales para otros programas. Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes tendría una suba del 35%; Información y Evaluación de la Calidad Educativa, del 87,57%; Acciones de Formación Docente, del 113,65%; e Infraestructura y Equipamiento, del 22,89%.

Estos porcentajes, sin embargo, deben leerse en función del peso que cada programa tiene dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación. Según el informe, evaluación representa el 0,6%, formación docente el 0,2% e infraestructura y equipamiento apenas el 0,3%.

En el caso de la Secretaría de Educación en su conjunto, el proyecto prevé un aumento nominal del 23% respecto de la previsión de cierre de 2026, que equivaldría a una mejora real del 2,1%.

La evolución de los últimos años permite dimensionar el escenario previsto para 2027. Después de alcanzar el equivalente a $ 16,7 billones constantes de 2026 en 2023, el gasto nacional en Educación y Cultura cayó a $ 9,4 billones en 2024 y a $ 8,7 billones en 2025. La proyección para 2027, de $ 9,3 billones, supone una recuperación frente a los niveles más bajos, pero todavía deja una brecha considerable respecto de 2023.

El informe también ubica estos cambios en el contexto de la modificación del esquema de financiamiento educativo nacional. Desde el ejercicio 2026 fue derogado el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establecía desde 2006 el objetivo de alcanzar una inversión consolidada de Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires equivalente como mínimo al 6% del PBI. Según el documento, esa meta solo se había alcanzado en 2015.

El financiamiento educativo argentino está descentralizado: las provincias concentran aproximadamente el 75% del gasto público destinado a educación y tienen a su cargo el sostenimiento de las escuelas de los niveles inicial, primario y secundario, además del superior no universitario. La Nación, en cambio, concentra principalmente el financiamiento de las universidades nacionales y de programas y políticas educativas de alcance federal.

Para Javier Curcio, la mejora prevista para 2027 en alfabetización y en las iniciativas vinculadas con Matemática constituye una señal a considerar, pero debe analizarse dentro de la caída acumulada de los últimos años. “Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles”, sostuvo.

El Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe se prepara para una nueva Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo miércoles 23 de septiembre, en la que se renovarán representantes de cinco de los diez sectores que integran su estructura institucional.

El presidente Alejandro Faber explicó que esta instancia refleja una de las principales características de la entidad: un modelo de participación donde distintos sectores de la comunidad regional tienen representación y capacidad de decisión.

Con 35 años de trayectoria, la institución se consolidó como un espacio de articulación entre sectores productivos, sociales, educativos, gremiales y comunitarios del sur santafesino. Su estructura está conformada por diez sectores: Industrial, Trabajo, Servicios a la Comunidad, Financiero, Educación y Cultura, Salud, Rural, Profesionales, Comercial y Particulares.

Cada sector cuenta con representación dentro del Directorio mediante la designación de un director titular y un suplente. En esta oportunidad renovarán sus representantes los sectores Industrial, Trabajo, Servicios a la Comunidad, Financiero y Educación y Cultura, mientras que continuarán los representantes de Salud, Rural, Profesionales, Comercial y Particulares.

“Cada sector designa un director y un director suplente. Y de ese conjunto de directores surge la conducción ejecutiva, con presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Es una estructura muy democrática, porque son los propios sectores los que participan y definen sus representantes”, detalló Faber.

La diversidad institucional quedó reflejada en la reciente reunión del Directorio que convocó a la Asamblea General Ordinaria y que se caracterizó por la participación de referentes de distintos sectores, tales como el presidente Alejandro Faber; Jorge Amigo, por la UTN Facultad Regional Venado Tuerto; Jorge Docampo, por la Sociedad Rural Venado Tuerto; Matías Bordoli, representante del sector Servicios a la Comunidad; Darío Luciani, por el Colegio de Ingenieros Agrónomos; Héctor Vidal, por Cricex y Copain; Liliana Benedetti, por la CGT Regional Venado Tuerto; Esteban Boyle, de la firma Matassi e Imperiale; Raúl Alemán y Jorge Panfili, por la Cooperativa de Obras Sanitarias; Federico Bello, síndico titular del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas del Sur de Santa Fe; y Miguel Ángel Murtagh.

De cara a la Asamblea, Faber remarcó la importancia de que las instituciones que forman parte del CRD tengan una participación activa y puedan aprovechar las herramientas que genera este espacio de articulación.

En ese sentido, sostuvo que el desafío está en que cada integrante pueda comprender el valor estratégico de formar parte de una organización que permite vincular sectores y generar iniciativas de alcance regional.

Para el directivo, la participación sectorial no tiene solamente un valor representativo, sino también operativo, ya que permite transformar la articulación institucional en acciones concretas.

“Un ejemplo de capitalización es lo que pasó con el sector Educación: las diferentes facultades se fueron juntando, generando acuerdos y salieron a la región a dar capacitaciones. Eso es usar al Centro como una herramienta de vínculo”, ejemplificó.

La mesa de integración financiera, el sistema de imágenes satelitales, las capacitaciones regionales y los programas de apoyo a emprendedores reflejan el crecimiento y la capacidad de articulación del CRD.

Durante los últimos años, la entidad impulsó diferentes iniciativas que fortalecieron su presencia como espacio de encuentro entre instituciones y sectores productivos.

Uno de los avances más recientes fue la conformación de una mesa de integración financiera, que permitió reunir por primera vez al mutualismo del sur santafesino con objetivos comunes vinculados a la cooperación, el financiamiento regional y nuevas oportunidades de desarrollo.

“Fue la primera vez que se juntó el mutualismo del sur con un fin común. Hay tres cuestiones importantes: la ayuda mutua entre mutuales, la posibilidad de generar herramientas de financiamiento para empleados estatales y también trabajar en colocaciones a gran escala”, explicó Faber.

Asimismo, destacó el desarrollo del sistema de imágenes satelitales, una herramienta orientada al seguimiento productivo y climático que ya cuenta con convenios establecidos con municipios y comunas.

“Tal vez hoy las imágenes satelitales no tienen tanta demanda por parte del productor, pero cuando venga la época de lluvias vamos a tener el sistema coordinado. Ya tenemos los contratos firmados y los convenios con los municipios realizados”, señaló.

Actualmente, la iniciativa tiene como referencia a las localidades vinculadas al Comité de Cuenca La Picasa y apunta a ampliar progresivamente su alcance hacia las 31 localidades del departamento General López.

Por otra parte, Faber valoró la continuidad del programa de microcréditos para emprendedores, que tendrá una nueva etapa luego de la Asamblea, con una mayor disponibilidad de fondos para acompañar proyectos productivos.

“Lo bueno es que duplicamos el capital que teníamos, así que tenemos muy buen margen para seguir prestando en este nuevo período”, indicó.