Por Valentina Chiaraviglio y ileana Hotschewer (El Litoral)

Este miércoles 6 de mayo, el Colegio Inmaculada de Santa Fe se convertirá en el epicentro del debate educativo regional. Bajo el lema “La Educación en Santa Fe: consensos para una Ley Provincial”, el tercer Congreso Provincial de Educación reunirá a referentes del ámbito académico, legislativo y eclesial con un objetivo urgente: trazar las bases de una normativa propia para la provincia, en sintonía con las discusiones por una nueva ley a nivel nacional.

El encuentro, que iniciará a las 9 con una atención a los medios, contará con la participación de figuras centrales como Adrián Álvarez, presidente del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), y Walter Van Meegroot, titular del Consejo Provincial de Educación Católica (Conprodec).

Santa Fe enfrenta hoy un desafío institucional histórico: es una de las pocas provincias argentinas que aún no cuenta con una Ley General de Educación. Esta carencia obliga al sistema a regirse por normas dispersas que dificultan la unidad de criterios pedagógicos y administrativos.

“La Constitución ya definió que el sistema educativo santafesino es uno solo, de gestión oficial y de gestión privada. Con ese objetivo estamos trabajando”, destacaron desde la organización. La urgencia se acentúa ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional avance en la reforma de la Ley 26.206, lo que obliga a la provincia a consolidar una postura propia que defienda la libertad y la pluralidad educativa.

La importancia de este congreso radica en la representatividad del sector. En Santa Fe, la gestión privada representa el 30% del sistema educativo. Las cifras son elocuentes: de los 800.000 alumnos que tiene la provincia, 200.000 asisten a instituciones privadas; mientras que, de los 80.000 docentes totales, 23.000 se desempeñan en este ámbito, distribuido en unas 1.000 escuelas.

El sector busca que la futura ley no solo mantenga los derechos adquiridos históricamente, sino que también garantice una formación integral que contemple la dimensión espiritual. “Queremos que tanto en la gestión oficial como en la privada se redescubran valores como la paz, la fortaleza y la búsqueda de virtudes en nuestros jóvenes”, señalaron referentes eclesiales.

El congreso no se limitará a la reflexión doctrinaria. Contará con la presencia del filósofo Carlos Hoevel, quien analizará el anteproyecto de ley nacional, y del padre Alberto Bustamante, encargado de aportar la visión espiritual de la Iglesia. Uno de los momentos más esperados será el panel con legisladores provinciales, quienes expondrán los proyectos que actualmente se tramitan en las cámaras santafesinas.

Además del marco legal, el encuentro abordará el preocupante diagnóstico de las pruebas de aprendizaje en matemática y lengua. Ante la crisis de resultados, la propuesta del congreso es clara: no renunciar al deseo de educar, pero hacerlo fortaleciendo el vínculo escuela-familia, entendiendo que la institución escolar no puede cumplir su tarea de manera aislada.

El encuentro, que se extenderá hasta las 16 horas, no se agota en la formalidad técnica de un congreso; pretende ser un eslabón fundamental en la arquitectura de un sistema educativo sólido, capaz de trascender las urgencias del presente para proyectar las próximas décadas. La convocatoria, abierta a docentes, directivos y a la comunidad en general, subraya que la educación no es una variable aislada de la política o la economía, sino el eje sobre el cual debe pivotar el desarrollo humano y social de la región.

En última instancia, lo que se debate mañana en el Colegio Inmaculada es el perfil de ciudadano que Santa Fe aspira a formar. En un tiempo de profundas transformaciones legislativas y desafíos pedagógicos, el compromiso colectivo aparece como la única herramienta válida para garantizar que la futura ley provincial no sea solo un texto normativo, sino un reflejo fiel de las virtudes, los valores y el anhelo de progreso que identifica a las familias santafesinas.

Por Mariela Goy

El Gobierno Nacional aprobó el programa de "vouchers educativos" para 54.663 padres o tutores con sus 74.844 hijos a cargo que asisten a establecimientos privados de la provincia de Santa Fe, tanto de nivel inicial como primario y secundario, con una subvención del 75% o más. El dato fue suministrado a El Litoral por la Secretaría de Educación nacional, que integra el Ministerio de Capital Humano.

Los montos se vienen pagando desde mayo y lo que se otorga es "el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio", detalló la cartera nacional.

Hasta el momento, no se informó sobre si el beneficio tendría continuidad, pero en principio se había anunciado que sería una "prestación temporaria" por tres meses, a favor de las familias con menores recursos para que puedan afrontar el costo que supone la educación de sus hijos.

De esta manera -salvo que se anuncie la extensión-, quienes se hayan anotado para recibir esta ayuda estatal, el miércoles 10 de julio percibieron la tercera y última cuota del programa.

Una familia de la ciudad de Santa Fe que envía a tres hijos a un colegio privado confirmó que cobró la tercera cuota por un monto total de 44.703 pesos, lo que significa un beneficio de 14.901 por cada hijo. Las familias se anotaron en Ansés y recibieron los montos directamente en sus cuentas bancarias.

"Fue muy simple el trámite a través de Ansés, porque tiene todos nuestros datos, incluido el colegio de mis hijos que figuraba en el listado. Así que en nuestro caso lo empezamos a percibir sin problemas. Entiendo que esta fue la última cuota y no nos informaron si se extiende", destacó la santafesina consultada.

El tope que podían recibir es de 27.198 pesos por cada hijo, y para contar con el beneficio, el valor de la cuota mensual escolar no debía superar los 54.396 pesos.

Como se recordará, el Gobierno Nacional lanzó a principios de año el Programa de Asistencia "vouchers educativos" para ayudar a familias que envían a sus hijos a establecimientos privados.

La medida entró en vigencia luego de haberse publicado la Resolución 61/2024 del Ministerio de Capital Humano en el Boletín Oficial. Se trata de una herramienta de asistencia para los estudiantes que cursan en establecimientos pagos y que, por el ritmo inflacionario, no pueden afrontar la totalidad de la cuota mensual, por lo que esta ayuda estaba disponible si se cumplían determinados requisitos.

Las personas que podían acceder a la asistencia estatal eran aquellas que tenían bajo su responsabilidad parental a estudiantes de hasta 18 años de edad. Asimismo, era requisito que el colegio contara con al menos 75% de subvención estatal y que el ingreso familiar no fuera superior a siete salarios mínimos, vitales y móviles.

Para aquellos que se habían inscripto pero no recibieron el beneficio, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, explicó a un medio nacional que el 7 de junio finalizó el periodo de rectificación y, si quienes lo hicieron, quedan adjudicados, dijo que cobrarán las tres cuotas juntas.

A nivel nacional se firmó un acuerdo para incorporar dentro del programa Precios Justos las cuotas de los colegios privados. Si bien este jueves en el marco del Consejo Federal de Educación se va a formalizar el anuncio a los ministros de todas las provincias, la noticia causó un gran revuelo en la comunidad educativa que asiste a escuelas de esta gestión, ya que pretenden conocer qué impacto podría llegar a tener este convenio.

En resumen, la propuesta del gobierno nacional consiste en un tope a los incrementos de las cuotas que, por ejemplo, en marzo no deberían superar el 16,38% y y, a partir de entonces, un 3,35% mensual hasta junio y de 4% para julio. En compensación, los colegios recibirían una compensación “en términos de energía y de subsidios para gastos de infraestructura a través de distintos mecanismos que construirá el gobierno”, explicó el titular de la cartera educativa nacional, Jaime Perczyk.

Massa y Perczyk firmaron con representantes de colegios privados un tope a los aumentos de cuotas

La pregunta que sobrevuela es qué puede llegar a pasar si las paritarias superan estos indicadores de porcentaje. Cabe recordar que hoy, en las provincia de Santa Fe, las cuotas de los colegios privados se aumentan con proporcionalidad a lo que se fija en las negociaciones salariales.

“En principio, nosotros tenemos una norma que tiene 20 años y que ya regula este tema. Veremos cómo se trabaja mañana en el Consejo Federal”, fue la respuesta desde la cartera educativa provincial a este medio.

Sergio Massa y Jaime Perczyk firmaron con representantes de escuelas privadas un tope a los aumentos de cuotas de los colegios.

A su vez, desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) señalaron que dicha norma es la disposición nº18 que rige desde el año 2003, y que actualiza las cuotas -de los cerca de 850 escuelas de esta gestión que existen en la provincia- en función del salario docente y el grado de subsidio estatal que recibe cada establecimiento.

De acuerdo a ello, y con previa notificación a la dirección provincial del SPEP, se actualiza la grilla de aranceles. Desde enero de 2023, la escala vigente tiene como base de cálculo el sueldo de una maestra de grado que recién se inicia en $166.634,60 y se establece de la siguiente manera: escuelas con 100% de aporte estatal tienen un máximo de $8.332 aunque el arancel es voluntario); las que reciben un 80% de aporte estatal el tope es de $22.496; las del 66% un $29.994 de tope; las de 60% un $32.494 de máximo y los colegios con 40% de aportes del Estado pueden cobrar hasta $37.493 de cuota.

Norberto Baloira, secretario ejecutivo de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep), que nuclea a la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas (Fesaiep), formó parte de la mesa de coordinación de este acuerdo nacional y dialogó con El Litoral para responder las principales dudas.

“Esto es un acompañamiento a las familias que mandan sus hijos a las escuelas de gestión privada para tratar de no impactar todo junto en el mes de marzo, que son aumentos que vienen trayéndose acumulados en el 2022 y los que se prevén para el 2023”, resumió Baloira.

-La primera pregunta que surge es si esto se va a aplicar también en la provincia de Santa Fe

-Lo primero que tenemos que aclarar es que lo que se firmó se hizo a nivel nacional, pero el gobierno de la Nación no tiene facultad para establecer aranceles en las provincias. Ahora, cada jurisdicción va a tener que llevar su postura al Consejo Federal de Educación.

Por otra parte, lo que nosotros firmamos es un acuerdo para tratar de llegar no a una reducción de aranceles, sino a una redistribución de los aranceles que iban a impactar en marzo. Entonces ahora esto va a pasar por una decisión que tome el gobierno de Santa Fe.

En lo particular de Santa Fe, tuve ocasión de hablar de este tema con el señor ministro de Educación de la Nación y plantearle que la provincia tiene unas características muy particulares, cosa que él está en conocimiento, y que seguramente estará en el planteo que se haga en el Consejo Federal de Educación donde tratarán de llegar a un acuerdo”.

-De ponerse a este tope, ¿cuál sería el aumento que regiría como máximo?

-La sugerencia que se ha puesto es marzo el 16,38%, después viene abril, mayo y junio sumando un 3,35% y culmina en julio con un 4%, de acuerdo a las perspectivas que estaban planteadas en un 30 y 30 por cada semestre, alcanzando un 60% de inflación anual.

Por supuesto que en esto quiero dejarles aclarado que nosotros somos conscientes que todavía no se han dado las paritarias ni a nivel nacional ni a nivel jurisdiccional. Lo que nosotros dejamos a salvo es que en caso de que las paritarias surgieran unos números que superan lo que ya estaba más o menos establecido, nos permitiría transferir esa diferencia a los aranceles de marzo o de abril cuando sea el tiempo de la paritaria.

-¿Qué pasará después de julio?

-Si bien esto rige hasta julio, se acordó una cláusula que establece que en el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales en el ámbito de las reglas salariales. Todos estamos trabajando todos para tratar de terminar con este flagelo que nos afecta a todos que es la inflación. Pero, paralelamente, nuestra idea no es permitir que ningún colegio pierda su existencia por sujetarse a valores que no van a permitir su normal desarrollo.

Primeras rebeliones

Todo esta información de normativas será la que llevará Santa Fe a la mesa del Consejo Federal. Y lo propio harán las demás jurisdicciones, algunas de las cuales ya descartaron adherirse al programa mientras que otras adelantaron su voluntad. Córdoba fue la primera en descartar la iniciativa, apuntando que traería “zozobra” a las instituciones y vincularon las cuotas con el salario docente. En la provincia de Buenos Aires hay cierto desconcierto por el momento del anuncio: ya habían habilitado una suba del 20% promedio desde marzo y enviado a las familias la notificaciones pertinentes. Por su lado, la Ciudad de Buenos Aires anticipó que modificaron el aumento que tenían previsto y que éste estará por debajo del 18% en línea con lo que impulsa el gobierno nacional.

Los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, acordaron este martes con las cámaras y entidades que agrupan a las instituciones de educación privada fijar un tope a los aumentos de las cuotas de esos colegios.

Massa y Perczyk firmaron un acuerdo con la Cámara Argentina de Instituciones Privadas (CAIEP), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), en la sede de la cartera de Economía.

El convenio establece que las escuelas privadas con subvención estatal podrán aumentar las cuotas un 16,8% en marzo y 3,35 en abril, mayo y junio.

Tras la firma, el ministro Massa expresó su agradecimiento “a las cámaras que representan a las entidades educativas privadas de la argentina, a las instituciones de educación privada”.

Con el ministro de Educación @JaimePerczyk y el secretario de Comercio @MatiasTombolini, firmamos la adhesión de las entidades educativas privadas al programa #PreciosJustos, llevando previsibilidad al valor de las cuotas escolares y certidumbre a los hogares argentinos. pic.twitter.com/LJfKxpFHaZ

— Sergio Massa (@SergioMassa) February 7, 2023

“Pudimos avanzar en un acuerdo que nos da la tranquilidad de saber que para todos los hogares argentinos que tienen a sus chicos o a sus hijos en edad escolar les damos previsibilidad, les damos certidumbre”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Asimismo, el ministro destacó que “se trabajó en el compromiso de este tema con la enorme mayoría de las jurisdicciones de la Argentina para que no sea sólo un acuerdo que influye en las escuelas de Capital o Provincia sino en las escuelas de todo el país. Esperamos el compromiso de todos los gobiernos provinciales, entendiendo que cuando bajamos el gasto de las familias en términos de lo que influye el gasto de inicio de clases de marzo, lo que estamos haciendo es que vivan un poco mejor”.

Por su parte, Perczyk agradeció “el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de los representantes de la educación privada para dar previsibilidad a los aumentos de las cuotas de los colegios y llevar tranquilidad económica a las familias”. “Argentina tiene un sistema educativo en el que el 75% son establecimientos públicos y el 25 restante privados, por eso agradecemos que se sumen a este acuerdo”, resaltó.

Consignó que este acuerdo “es un paso más hacia el inicio del próximo ciclo lectivo” e invitó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a “que adhieran al convenio firmado”.

De la firma del convenio, participaron también el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el Asesor Ejecutivo del Ministerio de Educación, Mario Caputo; la directora de Educación Pública de Gestión Privada, María Gloria Zingoni; el secretario General del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz.