A pesar de que durante mucho tiempo se pensó que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad difícilmente pudieran escolarizarse en aulas regulares, las nuevas miradas sobre el sujeto, sus derechos y sus vicisitudes han confirmado que estos niños y jóvenes como cualquier otro, no sólo puedan, sino que deben educarse en instituciones escolares comunes. Como consecuencia de la llegada de personas con discapacidad a las escuelas y buscando encontrar respuestas a aquellos interrogantes que surgían en relación a esta situación, Mary Warnock planteó en su informe de 1978 la eliminación de la idea de "ineducabilidad" y el principio de integración en el ámbito escolar, introduciendo por primera vez el término Necesidades Educativas Especiales (NEE).

La educabilidad es un concepto amplio que no necesariamente se restringe a la figura de "la capacidad de aprender" de un individuo, sino que se vincula también con los modos de enseñar, con los dispositivos y prácticas de enseñanza, con los condicionantes escolares. Esta mirada abarca al sujeto que aprende en su educabilidad y al que enseña en las posibilidades de ejercer la educatividad.

Cabe entonces preguntarnos: ¿Educabilidad en relación a qué? ¿A la homogeneización de la escuela tradicional, que define como educable al alumno que cumple con las expectativas de aprendizaje planteadas en ciertas y determinadas condiciones, y atrapa al sujeto desde una única modalidad de instituir las prácticas educativas?

Por lo general, cuando se cierne la sospecha acerca de la posibilidad de ser o no ser educado en aulas regulares el análisis se enfatiza en el aprendiz y sus NEE, y no en las condiciones y ofertas socioeducativas, que por lo general suponen homogeneidad de expectativas, de logros y de metodologías. Tampoco se articula la mirada con el contexto socio histórico en el que el sujeto se desarrolla, lo que da por resultado una evaluación sobre su educabilidad muy sesgada y unidireccional.

La mera etiqueta con que se mencione lo que acontece con cada alumno en conflicto con el aprendizaje, no define, por sí misma, un criterio de educabilidad ni de escolarización. La idea de in-educabilidad es una herencia del paradigma médico-rehabilitador y se asocia a la idea de inteligencia y las clasificaciones de su "falta" - debilidad mental, retardo mental, déficit intelectual, discapacidad intelectual, retraso madurativo - y otras que señalan dificultades cognitivas vistas desde el binarismo de lo normal-anormal, lo esperable y la carencia, asociado al rango etario.

La idea de educabilidad se liga al concepto de devenir inteligente, del aprendizaje como acontecimiento inter e intra-subjetivo, de los tiempos y las experiencias subjetivas que no dependen de la edad del sujeto o de un supuesto Coeficiente Intelectual (CI) sino de construcciones socio-históricas ecológico contextuales que se articulan con la subjetividad.

En este considerando se articula el legado de Paulo Freire, al decir que "nadie aprende solo, todos aprenden de todos, mediatizados por el mundo", con el de Maud Mannoni cuando afirma que "un ser humano tiene todo por ganar si no recibe de la sociedad un veredicto inapelable".

En el ámbito educativo el debate se ha centrado en si los alumnos con dificultades progresan más y mejor en contextos integrados o en contextos segregados, y si bien aún suele haber división de opiniones y respuestas a la pregunta de si es preferible y más provechosa la escuela ordinaria o la escuela especial, la postura inclusiva supera a la separatista.

El principio de inclusión educativa presupone la disponibilidad de un entorno escolar amplio y democrático, y no hay duda de que se aprende mejor en contextos inclusivos.

En el 2006 durante el proceso de elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se presentó un interesante debate respecto de la aparente disyuntiva entre educación especial y educación inclusiva. A pesar de que las nuevas tendencias en educación de personas con discapacidad apuntan hacia su inclusión en el sistema educativo general, existen ciertos colectivos de personas con discapacidad y ciertas situaciones concretas que, al parecer, demandan la educación en espacios de escuela especial.

Si bien los Estados, como las organizaciones representativas de personas con discapacidad, son conscientes que el acceso a la educación es la puerta de entrada del resto de los derechos reconocidos hacia la efectiva realización en la Convención, el tema sigue generando controversias entre la pertinencia de la educación especial o la regular.

La Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. "Para la realización de dicho derecho se requiere que los Estados partes aseguren un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, desarrollando plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, para permitir así el máximo desarrollo de la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, haciendo posible su participación de manera efectiva en una sociedad inclusiva" (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006).

La educación especial ha pasado por diversas etapas de desarrollo durante las cuales los sistemas educativos han explorado distintas maneras de responder a las necesidades de los niños con discapacidad o con algún tipo de dificultad de aprendizaje. En algunos casos se ha ofertado educación especial en forma complementaria a la educación general, en otros se ha impartido en forma separada. En los últimos años, se ha puesto en duda la conveniencia de tener sistemas educativos separados, tanto desde la perspectiva de los derechos humanos como desde el punto de vista de la efectividad.

Las prácticas de la educación especial se han ido incorporando al sistema convencional de educación a través de los proyectos de integración en un primer momento y, a posteriori y desde una mirada superadora, a través de la educación inclusiva.

La integración educativa postula, en efecto -y numerosas investigaciones lo han corroborado- que los niños y los jóvenes con "necesidades educativas especiales" avanzan mejor y aprenden más al estar integrados en clases normales que en las escuelas especiales, tanto desde el punto de vista de su desarrollo intelectual como afectivo y social. Este planteamiento ya se ha convertido en norma en la mayoría de los países desarrollados y cada vez se consolida más la idea de que es preferible escolarizar a los niños con discapacidad y/o "necesidades educativas especiales" en centros educativos comunes, recibiendo diferentes formas de ayuda o abordajes pertinentes.

No obstante, las políticas de integración/ inclusión aún son resistidas y distan de contar con el apoyo unánime. Incluso en los países desarrollados suelen tropezar con resistencias "ideológicas" que insisten en que las necesidades especiales de niños y jóvenes requieren necesariamente la atención de especialistas, al margen del sistema educativo normal, lo que supone una educación segregada y "corporativista", principalmente de parte de educadores especializados, instituciones, profesionales especialistas en discapacidad e incluso médicos que no coinciden con los postulados inclusivos.

Los alumnos matriculados en la escuela ordinaria establecen relaciones que les brindan oportunidades de adquirir habilidades sociales y comunicativas más amplias, están constantemente expuestos a modelos de pares que les proporcionan vías para relacionarse y aprender, generalizan con más facilidad sus adquisiciones educativas y aumentan sus probabilidades de un mejor desempeño social a largo plazo.

La cuestión primordial no es si los alumnos con trastornos deben recibir educación especializada aislados o junto a un grupo de pares lo más heterogéneo, sino que pasa por cómo se puede responder mejor a sus necesidades educativas teniendo en cuenta que la condición del diagnóstico no puede ni debe determinar el tipo de compañeros con quienes compartir, total o parcialmente, un proyecto escolar, sino que señala el tipo de apoyo necesario para lograr el aprendizaje.

La inclusión educativa no implica, bajo ningún aspecto, la adaptación pasiva del aprendiz a las modalidades y/o pretensiones de los otros o de la institución, exigiéndole que cambie forzadamente lo que no se puede modificar. Se trata de la construcción de una instancia posible de sujeción subjetiva dentro de la institución escolar, no de adiestramiento coercitivo, normalización o sumisión.

(*) Extracto del primer capítulo del libro titulado "De la Integración Educativa a la Educación Inclusiva. De la opción al derecho", de María José Borsani. Homo Sapiens Ediciones, año 2018.

(**) Terapista Ocupacional en Salud Mental (UNR) y Maestra Especializada en Educación Diferencial. Docente de la Diplomatura en Inclusión Escolar de la Universidad Católica de Santa Fe.

Ana Inés Dobal

Con el lema “una escuela para una sociedad inclusiva” se realizó una Caminata por la Inclusión organizada por el Centro de Día y Centro Educativo Terapéutico “San Teodoro”, que invitó a toda la comunidad rufinense a asistir con carteles y pancartas alusivas a la conmemoración.

“Desde mi humilde lugar, decidí multiplicar la campaña iniciada en España por un colectivo de personas comprometidas con garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad”, expresó la docente Betina Peppino en sus redes sociales luego de la caminata.

El encuentro se realizó el lunes 31, en plaza Sarmiento de Rufino con el objetivo de visibilizar y replicar esta fecha importante con acciones y mensajes concretos en la ciudad. Los caminantes portaron carteles con mensajes como: “Un mundo con inclusión es un mundo con oportunidades”, “Educación inclusiva: quererla es crearla”, “La lengua de señas es un derecho, no una opción” y “Sin accesibilidad no hay inclusión”.

“La caminata inclusiva con distintas instituciones de nuestra ciudad se enmarca en el mes de concientización de la inclusión de las personas con discapacidad. Llevamos a cabo charlas y actividades con establecimientos escolares, con el mismo fin”, manifestó la directora de San Teodoro, Soledad Garavaglia, y agregó: “Creemos que informarnos y conocer, nos da la posibilidad de tomar otras elecciones y decisiones. Comprender que la diferencia forma parte de todos nosotros y que nos iguala, es lo que nos permite encontrarnos para construir una comunidad más saludable y habitable para todos”.

Se contó además con la participación de las instituciones educativas, Lalcec, el Concejo Deliberante de Rufino, la Codim, el espacio Creo en Rufino, la Municipalidad local y el apoyo de medios de comunicación durante todo el recorrido.

Sobre los objetivos a desandar en el horizonte, Peppino -quien milita por convicción a favor de una sociedad más inclusiva desde la accesibilidad como aspecto indispensable- sumó: “Tenemos el desafío de construir las mejores condiciones de oportunidad para todos y derribar las barreras que limiten el acceso, el aprendizaje y la participación plena del estudiantado”.

Durante la última sesión del periodo ordinario el Honorable Senado de la Nación dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley de Educación Inclusiva el cual contiene el proyecto del senador Roberto Mirabella, garantizando el Derecho a la educación en niveles Inicial, Primario y Secundario para las personas que padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad  (TDAH).

El senador Mirabella destacó “el trabajo conjunto con otros senadores de distintos espacios políticos para arribar a acuerdos y formular un proyecto integral que contemple y sintetice los objetivos de 4 proyectos distintos” dado que en el texto definitivo de la Ley de Educación Inclusiva, además del proyecto de Mirabella, confluyen los proyectos de ley de la senadora Cristina López Valverde, regulando la Educación Inclusiva; el del senador Esteban Bullrich, también sobre Educación Inclusiva y el proyecto del  senador Julio Cobos, que propone la creación de un Régimen Nacional de Educación Inclusiva para personas con discapacidad. En ese sentido el senador nacional afirmó: “trabajamos por lo que nos une que es la educación de nuestros hijos”.

Luego de su aprobación, Mirabella sostuvo que “la educación implica y requiere actualizaciones y ajustes constantes en términos de un paradigma en constante evolución atravesado por la complejidad de nuestra sociedad, diversa y plural. En este marco se insertan las diferentes capacidades de las personas que acceden al sistema educativo en todas sus modalidades y niveles obligatorios, y sus necesidades al momento de ejercer su derecho a la educación”.

Con este proyecto “garantizamos el derecho a la educación, en los términos que establece la Ley de Educación Nacional (26.206) de las personas que presentan Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, tanto de gestión pública como privada” aseguró el senador nacional.

El proyecto aprobado tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva de las y los estudiantes en todos los niveles y modalidades de la educación afianzando el derecho a la educación sin discriminación, fomentando la igualdad, el respeto a la diversidad, el reconocimiento y la valoración de las necesidades, habilidades e intereses de las y los estudiantes estableciendo lineamientos que permitan asegurar la disponibilidad de recursos y estrategias para garantizar la educación inclusiva; promoviendo la capacitación inicial y continua de docentes y profesionales en la educación inclusiva.

En ese sentido, el texto aprobado asegura que las y los estudiantes con necesidades de apoyos tienen derecho a estar incluidos en instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional y especifica que las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de las y los estudiantes con necesidades de apoyo y el rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, será considerado un acto de discriminación.

Finalmente el proyecto que cuenta con la media sanción de la cámara alta establece partida específica que será incluida en forma anual en la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional y establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Durante la última sesión del periodo ordinario el Honorable Senado de la Nación dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley de Educación Inclusiva el cual contiene el proyecto del senador Roberto Mirabella, garantizando el Derecho a la educación en niveles Inicial, Primario y Secundario para las personas que padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). El senador Mirabella destacó “el trabajo conjunto con otros senadores de distintos espacios políticos para arribar a acuerdos y formular un proyecto integral que contemple y sintetice los objetivos de 4 proyectos distintos” dado que en el texto definitivo de la Ley de Educación Inclusiva, además del proyecto de Mirabella, confluyen los proyectos de ley de la senadora Cristina López Valverde, regulando la Educación Inclusiva; el del senador Esteban Bullrich, también sobre Educación Inclusiva y el proyecto del senador Julio Cobos, que propone la creación de un Régimen Nacional de Educación Inclusiva para personas con discapacidad. En ese sentido el senador nacional afirmó: “trabajamos por lo que nos une que es la educación de nuestros hijos”. Luego de su aprobación, Mirabella sostuvo que “la educación implica y requiere actualizaciones y ajustes constantes en términos de un paradigma en constante evolución atravesado por la complejidad de nuestra sociedad, diversa y plural. En este marco se insertan las diferentes capacidades de las personas que acceden al sistema educativo en todas sus modalidades y niveles obligatorios, y sus necesidades al momento de ejercer su derecho a la educación”. Con este proyecto “garantizamos el derecho a la educación, en los términos que establece la Ley de Educación Nacional (26.206) de las personas que presentan Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, tanto de gestión pública como privada” aseguró el senador nacional. El proyecto aprobado tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva de las y los estudiantes en todos los niveles y modalidades de la educación afianzando el derecho a la educación sin discriminación, fomentando la igualdad, el respeto a la diversidad, el reconocimiento y la valoración de las necesidades, habilidades e intereses de las y los estudiantes estableciendo lineamientos que permitan asegurar la disponibilidad de recursos y estrategias para garantizar la educación inclusiva; promoviendo la capacitación inicial y continua de docentes y profesionales en la educación inclusiva. En ese sentido, el texto aprobado asegura que las y los estudiantes con necesidades de apoyos tienen derecho a estar incluidos en instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional y especifica que las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de las y los estudiantes con necesidades de apoyo y el rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, será considerado un acto de discriminación. Finalmente el proyecto que cuenta con la media sanción de la cámara alta establece partida específica que será incluida en forma anual en la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional y establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace.