El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado en Argentina y Patricia Bullrich celebró su entrada en vigencia con un mensaje en redes sociales en el que destacó el cambio en el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes.

“Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”, expresó la senadora nacional a través de una publicación en X. En el mismo mensaje, sostuvo que quienes roben, maten o lesionen deberán responder por los hechos cometidos.

La exministra de Seguridad vinculó la implementación del nuevo régimen con uno de los principales ejes de su discurso político: el endurecimiento de las respuestas frente al delito y una mayor protección para las víctimas.

“Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”, afirmó Bullrich en su publicación.

La dirigente también cuestionó el funcionamiento del sistema anterior y sostuvo que durante años los menores que cometían delitos gozaron de una situación de impunidad.

“Se terminó la impunidad”, escribió al finalizar el mensaje, en el que también hizo referencia a las familias de personas afectadas por delitos cometidos por menores de edad.

La entrada en vigencia del régimen constituye uno de los cambios más relevantes en materia penal juvenil de los últimos años y establece un esquema específico para adolescentes involucrados en causas penales.

La nueva normativa establece un sistema penal diferenciado para adolescentes de entre 14 y 18 años. La reforma reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual una persona puede quedar alcanzada por el régimen penal juvenil.

El sistema contempla procedimientos específicos y busca diferenciar el tratamiento de los adolescentes respecto del régimen penal destinado a los adultos.

Entre sus principales características se encuentran la especialización de los operadores judiciales, la aplicación de medidas socioeducativas y un esquema de sanciones que contempla distintas alternativas según la gravedad del delito.

La privación de la libertad queda reservada para determinados casos y bajo condiciones específicas. También se prevé una mayor participación de las víctimas durante el proceso, además de mecanismos orientados a la reparación del daño.

La reforma había sido aprobada por el Congreso luego de un debate atravesado por fuertes diferencias políticas. Sus impulsores defendieron la reducción de la edad de imputabilidad como una herramienta para abordar delitos graves cometidos por adolescentes.

Desde sectores de la oposición, en cambio, se cuestionaron distintos aspectos de la normativa, entre ellos su implementación y los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de un sistema especializado.

Con la entrada en vigencia, comienza ahora una nueva etapa para la aplicación de la legislación penal juvenil en el país. La implementación deberá contemplar la adecuación de los organismos judiciales y de los dispositivos destinados a adolescentes que queden alcanzados por el nuevo régimen.

El debate político en torno a la edad de imputabilidad, las sanciones y las políticas de prevención continuará formando parte de la discusión pública, mientras el nuevo esquema comienza a aplicarse en todo el territorio nacional.

Este 5 de septiembre entrará en vigencia en todo el país la ley 27.801 que, entre otros aspectos, baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Desde el gobierno santafesino expresaron que “la provincia está preparada” para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que el Senado nacional convirtió en ley a fines de febrero pasado.

El Litoral consultó a Juan Cruz Giménez, Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, quien marcó diferencias entre el proceso que siguió la Nación y el que viene sosteniendo la Provincia en la última década. En ese sentido, sostuvo que “a algunas provincias las encuentra mejor paradas” la aplicación del nuevo régimen nacional.

-¿A Santa Fe cómo la encuentra?

-La Provincia hizo una tarea previa y comenzó un proceso de reforma de la justicia juvenil que culminó con la sanción en 2023 de la Ley 14.228 y su puesta en marcha en junio de 2025. En realidad la Provincia realizó a partir del año 2014 una reforma total del sistema de enjuiciamiento, pasando de uno inquisitivo a otro adversarial y acusatorio.

Se comenzó primero por la población adulta y en 2025 se puso en marcha la reforma para jóvenes y adolescentes, abandonando el modelo de justicia tutelar y jueces de menores.

La ley que finalmente se terminó aprobando, la 14.228, fue fruto del debate y el consenso de muchos proyectos de ley anteriores, que comenzaron a tratarse hace aproximadamente 10 años. Con lo cual, cuando finalmente fue sancionada, recibió la aprobación prácticamente de todos los operadores de la justicia juvenil.

Esto es muy diferente del proceso que ocurrió a nivel nacional dado que, si bien desde todos los ámbitos se reclamaba una reforma del Decreto Ley 22.278, lo que se terminó sancionando ha recibido muchas críticas de todos los sectores especializados en adolescencia y juventudes puesto que amplía notablemente la franja de punibilidad.

-¿Cómo podemos pensar las acciones de cuidado, preventivas, el enfoque social que debe tener esta temática?

-Debemos evitar una compartimentalización del abordaje. Pensar en acciones preventivas requiere, tal como este organismo viene planteando, del fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en todos sus sectores y en todos sus niveles. Es el enfoque que ordena tener todo el plexo normativo internacional en materia de justicia penal juvenil.

A su vez, en el marco de una situación que involucra la faz punitiva del Estado, es fundamental que se fortalezcan las intervenciones desde las áreas de niñez y adolescencia quiénes tienen a su cargo la implementación de políticas de cuidado, acciones preventivas y de garantía de acceso a derechos.

La justicia tiene que disponer de programas alternativos al encierro, tiene que garantizarse el derecho a la educación, la capacitación en oficios, el acceso a empleo, así como la atención en salud mental y consumos problemáticos en vistas a pensar qué sucede con las y los jóvenes (más aún si pensamos en la baja de la edad a 14 años) luego del tránsito por el sistema penal.

Por su parte, es preciso avanzar hacia enfoques restaurativos que permitan otra forma de abordar las situaciones de jóvenes en conflicto con la ley penal. Ahí es donde entendemos que la política pública provincial debe tomar ese eje con mucha más fuerza ampliando las acciones que den herramientas al Sistema de Justicia Juvenil para poder desplegar estrategias restaurativas.

Esto no significa que no se cumpla una sanción de pena, pero ésta no debería ser la única opción en caso de adolescentes, sino que también debe estar vinculada por una medida socioeducativa. El objetivo tiene que ser la responsabilización, la revinculación, la reinserción y también la reparación para las víctimas.

-¿Cuáles serían esas medidas restaurativas?

-El enfoque restaurativo tiene que ver con poner el eje en el conflicto subyacente más que en la sanción. En este conflicto se encuentra involucrada principalmente la víctima y también la comunidad donde sucede.

Entonces, una medida restaurativa tiene que lograr la reparación del daño ocasionado por el delito y la restauración del tejido social y comunitario, mediante un proceso de responsabilización del ofensor. No es algo que proceda en cualquier caso pero es importante intentarlo y contar con programas y equipos capacitados que puedan llevar a cabo estos procesos.

- La pregunta es si este nuevo enfoque de la ley nacional deja algún lugar a las Defensorías de NNyA. ¿O no están contempladas?

- La ley nacional no menciona a las Defensorías provinciales ni nacional. Ahí hay una clara diferencia, porque la ley provincial 14.228 expresa específicamente que la Defensoría Provincial de NNyA podrá tomar parte en estos procesos cuando sea convocada y especialmente en los procesos con adolescentes que no han alcanzado la edad de punibilidad.

La Defensoría tiene el rol de participar en el proceso y ese es un cambio importante que introduce esta ley provincial.

En este punto hay dos elementos que se contraponen a nivel nacional y provincial: uno es que por años no se ha designado Defensor del Pueblo nacional y que la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional se encuentra acéfala. Eso es una gran deuda del Congreso Nacional.

En este sentido, para las seis provincias (a las que ahora se suma Tierra del Fuego) que integramos el Consejo Federal de Defensores y Defensoras especializados en niñez, si no tenemos el defensor o defensora nacional, el trabajo es muy complejo.

Y por otro lado, la Secretaría de Niñez a nivel nacional se ha desfinanciado y eso no ha pasado a nivel provincial, donde la política de Niñez se cuadruplicó.

Todos miran a Santa Fe, incluso los organismos especializados, porque ven que se ha hecho un buen trabajo con la reforma del proceso juvenil. Por otro lado, la provincia viene manteniendo una política de Estado que es el programa Nueva Oportunidad, específicamente destinado a adolescentes, adonde van más recursos.

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, afirmó este miércoles en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, que la Provincia está preparada para aplicar la Ley 27.801, que entrará en vigor el próximo 5 de septiembre. La norma establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

“En Santa Fe estamos preparados para aplicar la ley”, aseguró la funcionaria. Señaló que la Provincia cuenta con “la infraestructura, los cargos, las oficinas y los recursos humanos” necesarios, ya que se venía preparando a partir de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Coudannes destacó que el nuevo régimen contempla medidas alternativas y también privativas de la libertad, desde la prisión domiciliaria hasta establecimientos de puertas abiertas -que ya existen en la provincia- y de puertas cerradas, con un régimen similar al penitenciario.

“Santa Fe cuenta con un Estado capaz de responder a los cambios normativos de manera eficiente, eficaz y rápida”, sostuvo.

La vocera provincial repasó indicadores de seguridad y señaló que, en cinco días, la Policía de la Unidad Regional II secuestró en Rosario más de cuatro kilos de cocaína y marihuana compactadas, además de cerca de 2.000 dosis de ambas sustancias.

Según precisó, los procedimientos derivaron en múltiples detenciones e incluyeron el secuestro de estupefacientes valuados en unos 35 millones de pesos.

Para Coudannes, estos resultados son consecuencia de “las políticas de seguridad de Pullaro”, mediante las cuales “pierde la economía del delito y gana la tranquilidad de los santafesinos”.

En ese sentido, destacó el impacto del patrullaje preventivo y de la identificación de personas y vehículos, herramientas que, afirmó, permiten detectar y desalentar maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

Además, comparó las estadísticas de homicidios con las de la anterior administración provincial. “A esta altura de 2023 teníamos 259 homicidios y hoy, con un gobernador que tiene un plan de seguridad robusto, tenemos 94 en lo que va de 2026”, afirmó.

La vocera reconoció la necesidad de “profundizar los cambios que los santafesinos nos pidieron” y subrayó: “No nos vamos a dormir. Los gigantes se durmieron, pero nosotros no”.

También se refirió a los eventos públicos desarrollados en las últimas semanas en la provincia y a la proximidad de los Juegos Suramericanos, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre. “Se pueden hacer porque hay resultados en materia de seguridad. En la gestión anterior, lamentablemente, estos Juegos no se hubieran podido realizar”, aseguró.

Durante la conferencia, Coudannes también fue consultada por la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, este miércoles ante la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados de la Nación.

El funcionario expondrá sobre un proyecto presentado por integrantes de la bancada de Provincias Unidas, elaborado con el aporte de la cartera santafesina, que busca ampliar las competencias de las provincias en materia de estupefacientes.

“Como provincia se nos presentan situaciones y fallos con cierta complejidad a la hora de delimitar qué se considera microtráfico y qué narcotráfico”, explicó Coudannes. Por ello, indicó que la iniciativa busca aportar mayor claridad sobre esa distinción.

Finalmente, subrayó que “Pullaro se hace cargo sin miedo de la violencia en los barrios porque Santa Fe tiene todas las herramientas para perseguir este delito”.