Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe derribaron en Venado Tuerto el búnker de venta de droga número 100 desde que está en vigencia hace dos años la ley de microtráfico.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, acompañado por el intendente Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio, el diputado Leo Calaianov, el fiscal Iván Raposo, el jefe Regional de fiscales Matías Merlo y el jefe de fiscales de microtráfico, Franco Carbone.

Estas intervenciones responden a un trabajo conjunto entre distintos poderes y niveles estatales, que golpea a bandas narcocriminales y reduce los niveles de violencia lesiva, pacificando territorios para tranquilidad de los vecinos.

Historia reciente

La investigación comenzó el 29 de abril de 2025 cuando Leonel Chiarella presentó una denuncia formal ante la Justicia, luego de recibir alertas de vecinos que señalaban que en el domicilio de calle Pavón 568 se cometían distintos ilícitos, entre ellos la venta de drogas.

Posteriormente el fiscal Raposo solicitó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, los investigadores hallaron 17,3 gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, recortes de nylon, un plato y cucharas con vestigios de cocaína, anotaciones con nombres y números telefónicos, y $53.500 en efectivo.

Luego en audiencia imputativa, el fiscal formalizó cargos contra Alejandra Patricia T. (48 años) y Matías David R. (34), ambos domiciliados en la vivienda allanada, quienes fueron imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y el juez dispuso que permanezcan en prisión preventiva.

Finalmente, en una audiencia que se llevó adelante el viernes de la semana pasada, a instancias de Iván Raposo, el juez Adrián Godoy autorizó el derribo del búnker.

Palabras oficiales

El primer mandatario venadense sostuvo que “para nosotros es un mensaje contundente en el marco de la lucha que venimos llevando adelante contra la venta de drogas”.

En tal sentido destacó el “trabajo que realiza el ministro (Pablo Cococcioni) y el gobernador Pullaro para combatir al narcotráfico, a los que venden drogas, a los delincuentes. en este caso están los dos presos junto a su banda conformada por ocho personas”.

Por su parte, el ministro Pablo Cococcioni, manifestó que la Ley de Microtráfico, “es una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que realmente asolaba a muchísimas ciudades. La ley nos está permitiendo dar una respuesta inmediata y efectiva, trabajando en coordinación con la fiscalía”.

En este marco, agregó que “contamos con esta herramienta que es fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta territorial de estupefacientes hay uso de armas, personas con antecedentes, comisión de otros delitos, hay robos para comprar estupefacientes, hay fomento de la prostitución, entre otros delitos”.

Dos personas fueron detenidas con un kilo de marihuana y 60 gramos de cocaína en el ex peaje de Venado Tuerto en el marco de un operativo de rutina que se llevó adelante durante el fin de semana. Al mismo tiempo, en una audiencia realizada en la jornada del miércoles, la jueza Paula Borrello determinó la prisión preventiva ordinaria a instancias de la fiscal Mayra Vuletic.

Ahora, desde el Ministerio Público de la Acusación continúan investigando con el objetivo de determinar el origen y destino final de la droga.

Historia del hecho

Fuentes consultadas por Sur24 indicaron que el procedimiento se registró durante el fin de semana en un operativo de rutina en la vieja estación de peaje ubicada en Ruta 33 entre Venado Tuerto y Murphy. Personal de la policía vial detuvo la marcha de un remis y al requisar las pertenencias de la persona que viajaba en el asiento trasero, encontraron un kilo de marihuana, 60 gramos de cocaína y una réplica de pistola 9 mm.

Se trata de Rodrigo B. y Pablo M. que en un principio se movilizaban en un remis perteneciente a una empresa radicada en la ciudad de Casilda, aunque por el momento no se pudo determinar el destino final de los estupefacientes, o si abastecían a distintas localidades del sur santafesino.

Tras el posteo realizado en las redes sociales, donde confirmó el desmantelamiento de una banda narco-criminal que traía droga desde La Matanza para abastecer distintos puntos de venta en el sur santafesino, el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella brindó más detalles de la investigación a través de la cual lograron la detención de cinco personas, entre ellas Diego Torancio y Nahir Cervera que están sindicados como líderes de la organización.  

Según explicó el propio mandatario, se trató de una investigación de gran alcance, ya que operaba con base en el conurbano bonaerense y extendía su accionar en Venado Tuerto y otras localidades de la región. A partir de una serie de allanamientos, en un trabajo coordinado Justicia Federal, fuerzas de seguridad, fiscales y autoridades municipales, no sólo se logró detener a los supuestos involucrados, se secuestraron evidencias importantes y hasta se destruyeron dos búnkers que funcionaban en el barrio Villa Moisés, en la zona sur venadense. 

“En Venado hay una decisión política firme: enfrentar al narcotráfico con nombre y apellido. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace tiempo”, sostuvo Chiarella.

La semana pasada se concretaron 14 allanamientos simultáneos: 13 en territorio santafesino —la mayoría en Venado Tuerto— y uno en el conurbano bonaerense, específicamente en La Matanza, donde la banda tenía su epicentro. En total, participaron más de 60 efectivos y se logró la detención de varias personas, además del secuestro de droga, armas de fuego, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos clave para el funcionamiento de la red.

“La droga era traída desde Buenos Aires y distribuida en Venado por personas a las cuales veníamos denunciando hace tiempo. Ellos eran los nexos directos de la organización en nuestra ciudad”, explicó el intendente.

Según Chiarella, dos de los detenidos, integraban la estructura de una banda liderada por Maximiliano Ríos, alias “El Guacho Maxi”, actualmente detenido en una cárcel federal de máxima seguridad. “Muchos de los responsables de este tipo de delitos están hoy presos. Son los peces gordos del narcotráfico”, señaló Chiarella.

También fue detenido Lucas Torancio, hermano de Diego Torancio, y otros integrantes menores de la organización. Todos están sujetos a proceso judicial, pero su detención representa un paso fundamental para cortar el circuito delictivo.

Chiarella fue enfático al rechazar la idea de que “solo se atrapa a perejiles”. “No hay ningún perejil acá. Todos forman parte de una misma estructura que destruye familias y genera violencia. Desde los que traen la droga, hasta los que la venden en la esquina. Todos saben lo que hacen y deben rendir cuentas por eso”, dijo.

El mandatario recordó que la venta de drogas está directamente vinculada con otros delitos, como robos, violencia armada, y la descomposición del tejido social. “Por eso no subestimamos a nadie. Cada paso que damos en esta lucha es importante”, afirmó.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Federal, contó con intervenciones telefónicas, análisis de movimientos financieros y seguimientos en el terreno. “Imaginate la magnitud del trabajo: se llegó hasta La Matanza, con pruebas sólidas. No fue algo improvisado. Es el resultado de años de denuncias, vigilancia y trabajo articulado entre municipio, justicia y fuerzas federales”, enfatizó el intendente.

Según detalló, la causa aún está en desarrollo, y no se descartan nuevas detenciones ni la apertura de otras causas conexas a partir de los datos extraídos de los teléfonos celulares incautados.

En relación a los derribos de viviendas utilizadas como puntos de venta, Chiarella defendió la decisión judicial: “Muchos de esos lugares están marcados por el delito. Cuando se intenta reinsertar una familia trabajadora, muchas veces son atacadas por los mismos narcos que antes vivían allí. Se han visto casos de amenazas, disparos y violencia extrema”.

“No podemos exponer a los vecinos a ese riesgo. Por eso la Justicia determina el derrumbe de esos espacios. Es una señal clara: ahí no se vuelve a vender droga. Ahí empieza algo nuevo”, remarcó.

Incluso recordó que en algunas viviendas usurpadas para la venta de droga, tras las detenciones, los consumidores seguían yendo a comprar, lo que obligó a colocar carteles como “Aquí ya no se vende droga”.

El pasado 22 de mayo, la Policía de Investigaciones de la Unidad de Microtráfico llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Venado Tuerto. La investigación fue encabezada por el fiscal Iván Raposo y culminó con la detención de seis personas, de las cuales cinco fueron imputadas y quedaron bajo prisión preventiva por orden del juez Mauricio Clavero en una audiencia que se llevó adelante en la tarde de este lunes. 

Las tareas investigativas incluyeron filmaciones y seguimientos a distintos domicilios sospechados de funcionar como puntos de venta de drogas. Las pruebas reunidas derivaron en allanamientos, donde se incautaron estupefacientes, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La audiencia duró cinco horas, entre las 13.15 y las 17.30,  donde declararon todos los imputados. 

Además, desde Fiscalía se destaca “ el trabajo de la División Microtráfico de la Circunscripción 3, su actividad investigativa y posterior para la realización de este trabajo y los respectivos secuestros”.  

Detalles de los implicados

Juan Manuel S.

Fue detenido en una vivienda ubicada en calle Pavón al 1800. Según la investigación, se lo observó realizando maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. En el operativo se secuestraron 15,3 gramos de marihuana y un teléfono celular. El fiscal lo imputó como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Victoria C. y Brian J.

Los fueron hallados en una casa de calle Marenghini al 300. Allí se incautaron 22,1 gramos de marihuana en envoltorios, una planta de cannabis, frascos con más droga, 22 blisters de pastillas, un cigarrillo armado, celulares y elementos de corte. Según la investigación, Victoria sería quien organizaba las maniobras de venta en esa zona de la ciudad. También fueron imputados como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En tanto, una tercera persona que había sido detenida, quedó en libertad, al comprobarse que se encontraba en el lugar circunstanciamente. 

Joaquín M. y Micaela V. 

Fueron detenidos en otro allanamiento en calle Pavón al 1800 (vereda impar). En esa vivienda se hallaron 213,6 gramos de marihuana, 15 envoltorios de cocaína, seis celulares, dos balanzas de precisión, una contadora de billetes, una réplica de arma de fuego y $378.000 en efectivo. Ambos enfrentan cargos como coautores del mismo delito.

Medidas judiciales

El juez Clavero hizo lugar al pedido del fiscal Raposo y dictó la prisión preventiva ordinaria para los cinco imputados, medida que regirá mientras se avanza con la etapa investigativa y hasta que se celebre el juicio oral.

En la noche del lunes personal de Comando Radioeléctrico de la ciudad de Venado Tuerto, aprehendió a un hombre de 26 años y secuestró envoltorios con cocaína y marihuana.

Momentos en que la policía realizaba recorridas preventivas, una mujer les manifestó que su ex pareja se hizo presente en su domicilio y la amenazó.

La mujer aportó datos del sujeto e indicó que circulaba en un automóvil Chevrolet Corsa.

Paso seguido los agentes iniciaron una búsqueda por la zona, logrando la aprehensión del hombre. 

Los efectivos policiales hallaron en el interior del vehículo varios envoltorios que presume ser droga. 

En comunicación con el fiscal en turno y puesto en conocimiento de lo hallado, ordenó la presencia de personal de Microtráfico para que evalúen las muestras.

Después de realizar las pruebas se confirmó que se halló 209 gramos de cocaína y 114 gramos de marihuana. 

Una vez finalizadas las actuaciones procedieron al secuestro de las drogas, un celular, dinero en efectivo y el automóvil. 

Trasladaron al sujeto a sede de comisaría segunda, donde por orden de la Fiscalía lo notificaron de la Infracción a la Ley 23.737.

En un caso resuelto en menos de tres meses mediante un procedimiento abreviado contemplado en el Código Procesal Penal Federal que entró en vigor en la jurisdicción en mayo, tres jóvenes fueron condenados mediante un acuerdo pleno a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicionada al cumplimiento de diversas reglas de conducta. Los hechos, cometidos contra dos familias de la ciudad de Venado Tuerto, fueron calificados como tenencia simple de estupefacientes y amenazas, en un contexto de presuntas deudas por drogas del que las víctimas eran ajenas.

La investigación fue encabezada por la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, con la intervención de la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi. El acuerdo fue homologado por el juez federal de garantías, Antonio Cuello Murúa.

Los tres condenados -todos oriundos de Rosario-, son Gonzalo Catriel Giménez (30), Matías David Alba (30) y Kevin Tomás Alba (20).

Los hechos

Según pudo acreditar el Ministerio Público Fiscal, el 15 de agosto pasado, a las 21:15, los tres acusados irrumpieron de manera violenta en una vivienda ubicada en la calle Catamarca al 1400 de Venado Tuerto.

A los gritos, dijeron que buscaban a un hombre identificado como Álvaro B. y pidieron que aparezca la droga o el pago de 20000 dólares. Luego, ingresaron los sobrinos del dueño de casa y los imputados refirieron que, si no se les pagaba la deuda o le entregaban a quien buscaban los mataban a todos. De acuerdo al relato de las víctimas, los agresores exhibieron un arma de fuego, pero esta situación no pudo ser probada en la investigación.

Uno de los intrusos se comunicaba con otra persona -no identificada- quien, mediante videollamada a través de un teléfono celular, dio las órdenes e indicó que “bajen” a uno, se metan a la casa, aten a los chicos y los tengan encerrados dos o tres días si era necesario hasta que apareciera la plata, la droga o Álvaro, según indicaron las víctimas en sus declaraciones testimoniales.

El dueño de casa explicó que el hombre que buscaban no vivía allí, pero que la hermana residía en la zona, por lo que los tres agresores se retiraron e ingresaron por la fuerza al domicilio de esa mujer. Allí, a viva voz dijeron que aparezca Álvaro y que pague los 20000 dólares o que devuelva la droga, porque ataban a todos o mataban a uno.

Sin dar con la persona buscada, los jóvenes se retiraron y se subieron a un Chevrolet Prisma Joy identificado como taxi de Rosario, cuya titularidad correspondía a la madre del ahora condenado Giménez. A las 22.30 de ese día, fueron detenidos por personal policial de la localidad de Firmat mientras circulaban por la ruta 33.

De la requisa a Matías Alba surgió que, entre sus prendas, llevaba dos bolsas de nailon que contenían una sustancia blanquecina en su interior. Los test orientativos revelaron que una de ellas, la que contenía 8,9 gramos, dio positivo para cocaína. Además, a Giménez se le hallaron 33400 pesos y en el auto se secuestraron también dos teléfonos celulares.

El acuerdo

El hecho se investigó según las reglas del Código Procesal Penal Federal (CPPF) que rige de forma plena en gran parte del Distrito Rosario desde mayo pasado.

Así, la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto acumuló las evidencias y, en una audiencia celebrada el 21 de agosto último, se formalizó la imputación y se inició la investigación penal preparatoria.

La fiscalía enumeró los peritajes, informes de geolocalización, archivos de audio, constatación de vehículos, informes de telefonía sobre líneas de los involucrados, pruebas orientativas sobre el material estupefaciente y un reporte de posicionamiento histórico del taxi involucrado en los hechos que permitieron acreditar la participación de Giménez y los dos Alba.

Si bien se realizaron esfuerzos por ampliar la investigación a otros posibles hechos y a otras personas que pudieran estar implicadas, las medidas no arrojaron información de interés.

Luego, en los términos del CPPF, se suscribió un acuerdo pleno entre la fiscalía federal y las defensas de las personas ya implicadas. En esa instancia, los tres acusados prestaron conformidad en cuanto a la existencia de los hechos imputados, su participación en la comisión de los mismos, la calificación legal y la pena. El acuerdo se formalizó en una audiencia realizada el 30 de octubre pasado.

Las consideraciones del juez

Al homologar el acuerdo y declararlo admisible, el juez de garantías Cuello Murúa consideró que “la propuesta sintoniza con el espíritu de recomponer la paz social alterada por el ilícito, así como la armonía entre sus protagonistas y con el imperativo que tienen los fiscales de proveer a la gestión de los conflictos”.

Además, argumentó que el acuerdo suscripto “luce razonable, ajustado a derecho y se encuentra fundado por las partes en las pruebas colectadas durante la investigación, por lo que corresponde su aceptación y dictar un pronunciamiento de conformidad a lo establecido en las pautas referenciadas”.

El magistrado señaló que encontraba “correcta la calificación legal” del hecho atribuido que es “tenencia simple de estupefacientes y amenazas simples (dos hechos) cometidos en concurso real y en grado de coautores”.

Finalmente dictó la sentencia y remarcó que “luce razonable en atención al caso en cuestión y proporcional al grado de lesividad de la conducta endilgada, ya que se ha arribado al acuerdo de dos años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta y reparación económica a las víctimas (en el marco de la Ley de Víctimas de Delitos),  e inhabilitación especial por el plazo de un año para conducir vehículos de transporte de pasajeros en el caso de Giménez”, que estaba registrado como chofer de taxis de Rosario.

Por orden del Juzgado Federal de Venado Tuerto se realizaron 10 allanamientos por infracción a la Ley 23.737, solicitados por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de los doctores Javier M.Arzubi Calvo y Andrés Montefeltro.

Todas las medidas tuvieron lugar en domicilios de la ciudad, algunos correspondientes al llamado Barrio de la Carne y otro en calle Alvear y RN8 y en la Unidad de Detención N°1 de Coronda.

La causa se originó a partir de una nota anónima que daba cuenta sobre varias personas que realizaban las maniobras en coordinación con otras detenidas en la cárcel de Coronda.  

Los allanamientos fueron llevados a cabo por personal del Departamento Regional de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico, Región 4, de la Dirección de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal de la provincia de Santa Fe.

En el marco de los mismos se secuestró una cantidad aproximada de medio kilo de cocaína, plantas de marihuana, dinero en efectivo, armas de fabricación casera, teléfonos celulares, elementos de fraccionamiento y la totalidad de los vehículos que estas personas utilizaban.

Hasta el momento 10 personas (mayores de edad) se encuentran demoradas a disposición del Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa, Secretaría a cargo del doctor Juan Cruz Ara Aimar.

Personal de la Policía de Seguridad Vial detuvo en ruta 33, en la noche del miércoles, una persona quien conducía un auto del alquiler en el que trasladaba 11 panes compactos de marihuana y un envoltorio con cocaína. Por orden del Juzgado Federal de Venado Tuerto se lo detuvo y alojó en la Alcaldía de Melincué hasta su indagatoria.

El procedimiento se realizó en la base de la repartición ubicada en ruta 33 km 636, aproximadamente a las 21:30 cuando, en el marco de controles de rutina, se interceptó la marcha de un remís de una empresa de Venado Tuerto, cuyo chofer mostró un evidente nerviosismo.

Luego que el hombre bajó del vehículo se efectuó una requisa en el mismo, donde se hallaron 11 “ladrillos” de una sustancia compacta similar a marihuana, que dio un peso aproximado a los 10 kilos, además se halló un envoltorio de nylon con un polvo similar a clorhidrato de cocaína, estos elementos fueron secuestrados como así también un celular y dinero en efectivo.

Las actuaciones fueron informadas al Juzgado Federal de Venado Tuerto desde donde se ordenó el traslado del detenido incomunicado a sede de Alcaidía de Melincué.

El fiscal general Fernando Arrigo solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que imponga penas de entre 7 y 18 años de prisión para los cinco integrantes de una banda narcocriminal cuyo líder y financista manejaba desde su lugar de detención, y que está también imputado por haber ordenado un atentado contra una mujer imputada.

El juicio comenzó el 6 de febrero y para su celebración los jueces Osvaldo Facciano, Omar Paulucci y Eugenio Martínez Ferrero se trasladaron a la ciudad de Venado Tuerto y desarrollan las audiencias en la Casa del Bicentenario de la municipalidad local.

De acuerdo a la acusación, Matías Álvarez lideraba desde la prisión una organización junto a su hermano Luciano y a Maximiliano Rodríguez (también detenidos), Kevin Fabián Aranda y Daniel Antonio Núñez. El debate había comenzado con el abordaje de tres organizaciones que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto y sus alrededores. Los integrantes de dos de esas organizaciones firmaron acuerdos de juicio abreviado, en los que resultaron condenados y se tuvo por probado el vínculo entre los imputados como parte de una misma organización, como también la tenencia de sustancias con fines de comercialización en ocho domicilios distintos.

Cinco en el banquillo

Los cinco acusados que siguen en juicio están señalados como parte de esta maniobra. Se les atribuye la tenencia con fines de comercialización del material incautado, entre el que había marihuana y cocaína fraccionadas y listas para su venta al menudeo. Además, en los operativos se les habían secuestrado teléfonos celulares, balanzas digitales y documentación, además de semillas y plantas de cannabis. Por estos hechos, Matías Álvarez fue señalado como organizador y financista de las maniobras delictivas.

Tanto a Matías Álvarez como a González se les atribuye además la tenencia de armas sin su debida autorización legal. El primero asimismo fue acusado de ordenar que se dispare contra el domicilio de una mujer imputada en la causa, lo cual pudo constatarse el 29 de noviembre de 2018, después de que el domicilio de aquella sufriese un atentado. De acuerdo a la acusación, Álvarez había dirigido la operatoria telefónicamente y desde el interior del complejo penitenciario donde se encontraba detenido, además de haber suministrado los elementos necesarios para llevarla a cabo y señalar a su destinataria.

Condenas

Arrigo solicitó que se condene a una pena de 18 años de prisión y al pago de una multa de 4,5 millones de pesos a Matías Álvarez, al acusarlo como autor de los delitos de organizador y financista de la organización, y de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas, en concurso real con los delitos de instigador de disparo de arma de fuego y autor del delito de transporte de sustancias estupefacientes. Dado que Álvarez ya había recibido una condena previa, el fiscal solicitó se unifiquen las penas en 21 años de prisión y que se declare su reincidencia.

Para Maximiliano González, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 9 años de prisión y multa de un 1.2 millones de pesos por los delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. Dado que González se encuentra ya cumpliendo una pena, Arrigo solicitó una unificación de condenas en 13 años de prisión y la declaración de reincidencia.

Para Luciano Álvarez y Daniel Núñez, el fiscal solicitó penas de 7 años y multas de 600 mil pesos a cada uno por tráfico de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal. En el caso de Álvarez, Arrigo solicitó se lo declare reincidente -el acusado ya había sido condenado dos veces y cumplido las penas-, en tanto requirió que a Núñez se le dicte una pena única de 7 años y 6 meses de prisión y que se lo declare reincidente, en función de que se encuentra cumpliendo una condena por otros hechos.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 9 años de prisión y multa de 1.2 millones de pesos para Kevin Aranda, como autor del delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de cultivo de plantas y guarda de semillas para producir estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención en el hecho de tres o más personas organizadas para cometerlo.

En los casos de Matías y Luciano Álvarez, Aranda y González, el fiscal consideró como agravantes la magnitud de la organización que integraban y el rol que cada uno de ellos cumplía; el poder ofensivo que tenía la organización; la forma violenta que tenían para dirimir sus conflictos; la facilidad de acceso a armas de diverso calibre; y el “desprecio a la integridad física de quienes eran víctimas de las amenazas, aprietes y/o abusos de armas que Álvarez ordenaba desde su lugar de detención”.

Respecto al líder de la organización, Arrigo señaló también como agravante su edad y madurez a la fecha los hechos, sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido los hechos cumpliendo una condena a prisión. También remarcó “un comportamiento hostil e irreverente constante hacia el tribunal (…) que denota un profundo querer desconocer la autoridad y desapego a las normas de convivencia”, y la multiplicidad de hechos que se le atribuyen.

En el caso de Luciano Álvarez, el fiscal consideró como agravantes sus antecedentes penales, su actitud al momento de ser detenido (de acuerdo a uno de los testigos del operativo, amenazó a una mujer policía con violarla y matarla), el rol desempeñado dentro de la organización y la multiplicidad de hechos que se le imputan. En relación con Gónzález, el fiscal Arrigo destacó sus antecedentes penales y la circunstancia de haber cometido el hecho por el que fue imputado mientras gozaba de salidas laborales. Por último, para el caso de Núñez el representante del Ministerio Público Fiscal destacó la multiplicidad de hechos que se le endilgan, la cantidad de droga incautada en cada uno de los allanamientos realizados contra la finca que habitaba, la forma violenta en la que llevaba adelante la actividad ilícita que se le atribuye y sus antecedentes penales.

El Juzgado Federal de en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación están llevando adelante más de 50 allanamientos relacionados con la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto, Firmat, Miguel Torres, San Gregorio, la cárcel de Piñero y la Alcaidía de Melincué.

La noticia fue confirmada a Sur24 por altas fuentes judiciales, destacando que el trabajo en conjunto territorial comenzó en la madrugada de este martes.

En Venado Tuerto en total se están realizando 25 allanamientos, una de los operativos más importantes desde la apertura del Juzgado Federal. En tanto, al menos serían tres las intervenciones en Firmat, y otras tantas en San Gregorio, Miguel Torres y en los dos lugares de detención.

En horas de la tarde del martes, desde la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo de Javier Arzubi Calvo se confirmó la realización de aproximadamente 50 allanamientos por infracción a la Ley 23.737, tenencia de armas, amenazas y otros delitos vinculados solicitados en forma simultánea por la propia Fiscalía Federal y las Unidades Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con intervención de los doctores Matías Merlo (Fiscal Regional), Horacio Puyrredón y Vanina Servidio Pozzi.

Las investigaciones se originaron a partir de varias denuncias que daban cuenta de una organización liderada por Matías Ernesto A. quien se encuentra detenido con anterioridad por causas provinciales y federales y quien, desde las distintas unidades penitenciarias donde estuvo alojado dirigía no solo las actividades vinculadas al narcotráfico sino también hechos correspondientes la órbita de la justicia provincial. Algunas de esas denuncias fueron realizadas en el Buzón de la Vida de la Municipalidad de Venado Tuerto.

Parte de lo secuestrado en los allanamientos.

En el curso de las investigaciones se determinó que Matías A. realizaba las maniobras principalmente a través de personas que residían en Venado Tuerto y Firmat.

Las tareas investigativas y los operativos federales fueron realizados por personal del Departamento Regional de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico, Región 4, de la Dirección de Investigación Criminal Sobre Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la provincia de Santa Fe y las de la órbita provincial por personal de la propia AIC Venado Tuerto, la Agencia de Control Policial Delegación Venado Tuerto y el Organismo de Investigaciones dependiente la Fiscalía Regional del MPA.

A raíz de los allanamientos se produjo el secuestro de material estupefaciente (cocaína y marihuana, ambas fraccionadas en envoltorios), elementos de fraccionamiento y corte, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos, armas de fuego, municiones y otros elementos de interés para las investigaciones.

Se encontró dinero, celulares y droga.

Las personas vinculadas a la investigación de la justicia federal quedaron detenidas a disposición del juzgado a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa y serán indagadas en las próximas horas.

Implementar en las cárceles “inhibidores de teléfonos celulares es una buena señal” sostuvo el Fiscal Regional Matías Merlo a la hora de analizar medidas para combatir los hechos narcocriminales que se coordinan tras las rejas. El referente del MPA también considera necesario distinguir entre los presos con buena conducta y los de alto perfil. Y al mismo tiempo cree importante llevar adelante una reforma del servicio penitenciario.

Tras las rejas

En los tres últimos años Venado Tuerto fue blanco de una importante cantidad de balaceras. Además, se registró un aumento en la venta ilegal de armas y por primera vez en la historia se desactivó una “cocina” dedicada a la producción de drogas. También aumentó el número de allanamientos y operativos. En Firmat el escenario se puso denso en lo últimos meses.

Falleció Erika, la víctima de la brutal balacera en Firmat

Lo cierto es que gran parte de las investigaciones llegan a la conclusión que un porcentaje importante del narco delito en estos dos distritos del sur provincial se coordina desde una celda.

Mauro Nahuel N. se encuentra detenido en el penal de Rawson, y continúa sumando causas por venta y producción de drogas, de armas y balaceras, como así también de ofrecer 100.000 pesos para atacar la casa del intendente Leonel Chiarella. En tanto, Matías A. detenido en la misma cárcel, maneja el negocio en Firmat, donde amenazó, extorsionó, realizó balaceras y fue imputado como autor material del brutal asesinato de Érika Ávalos, a quien la fusilaron de 17 disparos. También está acusado de amenazar al primer mandatario venadense.

Terrible balacera contra una vivienda en Venado Tuerto

Posible solución

Desde distintos sectores sostienen que es necesario implementar un abanico de medidas en el servicio penitenciario tendientes a reducir o eliminar el acceso a la tecnología que actualmente tienen los presos de alto perfil.

“Poner inhibidores de celular es una buena señal, como así también el control. Pero si tenés una persona que va a ser enjuiciada por hechos federales, y desde la prisión sigue cometiendo delitos, ahí tiene que existir un mecanismo de traslado a los fines de evitar estas conductas. Hay varias medidas que se pueden ir tomando”, sostuvo Matías Merlo en el programa televiso Mesa Redonda Debate que se emite por TDC de Firmat.

A su vez consideró que “también hay que controlar el tema de las visitas de familiares, la comunicación entre los distintos presos. Pero para eso hay que definir quiénes son los presos de alto perfil y cuantos hay en la provincia. Y a ellos limitarle el libre acceso a la información”.

En la provincia de Santa Fe desde el año 2022 distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad vienen haciendo referencia a que instalarán inhibidores de celulares en las cárceles. Ahora aseguran que “sí o sí” será en el primer semestre de 2023.

El fiscal Matías Merlo brindó más detalles sobre las amenazas a Chiarella, Enrico y Pepino

Para Merlo “hay que poner en debate si la ley de ejecución sirve, si los servicios penitenciarios necesitan una reestructuración para tener una respuesta a los hechos delictivos cometidos desde la cárcel. Si nos centramos solo en la discusión de los teléfonos, no vamos a ver más allá”.

Si una persona “comete un hecho de robo calificado y tiene un pedido de ejecución de pena y lo va pasando favorablemente, la pregunta es si este individuo puede tener el mismo trato que una persona que comete hechos ilícitos estando condenado en la cárcel. Y ahí es necesario restringir beneficios o visitas que habitualmente tienen”, añadió.

Al pedido del poder judicial se suman el de intendentes que también solicitan una urgente reforma del servicio penitenciario y la reducción o eliminación de beneficios para los presos de alto perfil. En el sur santafesino, Leonel Chiarella de Venado Tuerto y Pablo Javkin en Rosario son quienes insisten permanentemente desde los medios de comunicación en avanzar en medidas que se encaminen en ese sentido.

Buscan a los asesinos de Érika Ávalos

En la madrugada del 28 de diciembre atacaron con 17 balazos a Érika Ávalos, quien estuvo internada en estado crítico en el hospital Gutiérrez, y terminó perdiendo la vida tres días después

El brutal asesinato se registró en inmediaciones de calles San Juan y Tiro Federal, barrio Carlos Casado.

Dos personas fueron detenidas en el marco de siete allanamientos, considerados los autores intelectuales del crimen. Mientras que aún están prófugos de la justicia los dos sujetos que ejecutaron los disparos.

La teoría principal que investiga fiscalía está relacionada con la venta de estupefacientes.

Uno de los apresados se encuentra alojado en el penal de Rawson en Chubut, mientas que la otra persona sería su ex pareja.

“Estamos recabando información y evidencias al fin de dar con las personas que fueron los autores materiales de este asesinato. Los autores intelectuales los tenemos identificados: una persona de nombre Matías que está detenido en Rawson y su mujer, quien habría brindado toda la logística para cometer el hecho”, precisó Matías Merlo.

El fiscal ligó las balaceras registradas en los últimos días de 2022 con esta organización ya que “tenemos evidencias firmes que fueron mandadas a ejecutar desde la cárcel de Rawson. Y esto se une a otros hechos ocurridos en Firmat y en Venado, entre ellos el intento de asesinato de la ex pareja de Matías”.

NOTA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA DE SUR24 DEL LUNES 6 DE FEBRERO.

La División Unidad Operativa Federal (DUOF) Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina en la jornada del jueves en horas de la noche procedió a la detención de una persona de sexo femenino de nacionalidad paraguaya mayor de edad, sobre quien pesaba una orden de captura por el delito de Infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes) librada por el Juzgado Federal de ésta ciudad a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, Secretaria Penal a cargo del Dr. Emiliano Cristaldi. Es así que personal de la Unidad realizó tareas investigativas en el ámbito de la ciudad de Venado Tuerto, logrando localizar a la femenina en el barrio Victoria  por lo que se procedió a su detención y posteriormente traslado a la Sede de la DUOF Venado Tuerto de calle Garibaldi 401, quedando a disposición del Juzgado Federal.

Nuevamente fue denunciado por amenazar con balear una vivienda o a la familia que la habita, Mauro N. N., quien cumple una condena en la cárcel de Piñero, y en marzo de 2022 planeaba llevar adelante una balacera contra la casa del intendente municipal Leonel Chiarella.

El hecho se conoció en la jornada del martes, cuando producto de una discusión entre madre e hijo, la progenitora se acercó a sede policial a radicar la denuncia. Y en ese momento observa una charla de Instagram en la que el presidiario le manifestaba a su hijo que le balearía el domicilio, o que, en su defecto, los tiros irían contra su persona.

Urgente: investigan plan de balacera contra la casa del intendente Chiarella

Detalles del caso

La información, a la cual tuvo acceso Sur24, indica que “la denunciante manifestó que mantuvo problemas con su hijo Agustín, por cual lo denuncio en la Comisaría de la Mujer. Mientras aguardaba para hacer la denuncia, observa que en su celular estaba abierto el Instagram de su hijo, (ya que él no tiene teléfono)”.

En ese momento “ve una conversación con Mauro N. N., donde le envía fotos del domicilio, capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp, donde amenaza con balear su casa o a él y su familia. La madre teme por lo que pueda suceder. Cabe señalar que el problema sería porque Agustín tiene una relación con J. F, ex pareja y madre de los hijos de Mauro N. N.”, finaliza el informe.

Antecedentes recientes y no tanto

Mauro N. N. enfrente distintas causas, en su mayoría por narcotráfico. E independientemente de estar detenido, pesan sobre su persona acusaciones por ser considerado el instigador de muchas de las balaceras que se registraron en Venado Tuerto entre el año 2020 y 2022.

En diciembre de 2018 fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión por una causa surgida en el 2015 como consecuencias de allanamientos en donde le incautaron marihuana.

Desde ese momento surgieron distintas denuncias.

En tanto, en julio 2021 el titular de la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, le solicitó al responsable del Juzgado Federal, Aurelio Cuello Murúa, la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra el líder de una organización narcocriminal y dieciocho de sus integrantes, que operó entre marzo y septiembre de 2019, en orden a los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de cultivo de plantas y guarda de semillas, agravado por ser cometido por tres o más personas en forma organizada, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada también por la cantidad de personas intervinientes.

Posteriormente, se acumularon otras causas por droga y una balacera, con lo cual todavía no se llevó adelante el Juicio Oral.

En tanto, en marzo de este año, fue acusado de organizar desde la cárcel una balacera contra la casa del intendente Leonel Chiarella, ofreciendo a “soldaditos” 100.000 pesos, armas, municiones y estupefacientes.

Finalmente, el primer mandatario local radicó la denuncia, y a las pocas semanas se llevó adelante un allanamiento en un garaje de Avenida Santa Fe, casi Esperanto, en donde se incautaron armas, automóviles, productos de corte, balanzas y municiones, entre otros elementos.

Personal de la Policía de la Provincia realizó un allanamiento en un estacionamiento en la ciudad de Venado Tuerto donde hallaron armas de fuego y municiones, entre otros elementos que fueron secuestrados por ser considerados de interés en la causa que investiga la denuncia de abuso de arma de fuego y amenazas contra el intendente Leonel Chiarella.

El procedimiento, realizado a requerimiento de la fiscalía regional, se concretó este jueves en el inmueble ubicado en Avenida Santa Fe, entre calles Las Heras y Esperanto.

Allí se realizó una requisa en la que se secuestraron cuatro armas de fuego calibres 9mm, 45mm y 22mm; 700 cartuchos de diversos calibres, entre ellos 9mm, 45mm, 22mm y 380; nueve cargadores; un cargador especial de 50 cartuchos; documentación de vehículos; y un vehículo marca Volkswagen Bora de color gris, dominio EKK-887.

También se incautaron dos barriles de 25 kilos cada uno conteniendo en su interior una sustancia blanquecina, polvorienta, identificada según su etiqueta como Lidocaine Hidrocloride UCP; dos bidones de 10 litros de Fenoclor Activador; tres botellas de líquido ACT de uso profesional de 1.000ml; cinco latas metálicas de líquido sin identificar; dos balanzas de precisión, una grande y una manual; una prensa; dos moldes de hierro, uno con placa L.N. y el otro con placa con dibujo de una corona; una estructura de hierro; tres bolsas pequeñas conteniendo una sustancia blanquecina, polvorienta; dos gatos hidráulicos; un taco de madera y un trozo de perfil doble, jarras plásticas, embudos, licuadora y pulverizadores.

En la causa quedó imputado un hombre cuyas iniciales son M.N.N.

(Imagen ilustrativa)

Fueron realizados en el día de ayer 4 allanamientos por infracción a la Ley 23.737, solicitados en forma simultánea por la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, a cargo del doctor Javier M. Arzubi Calvo, y ordenados por el Juzgado Federal de nuestra ciudad.

Se trata de dos causas por comercio de estupefacientes, una de ellas en la ciudad de Firmat y la otra en Venado Tuerto. Las investigaciones desde su inicio fueron delegadas en la Fiscalía Federal.

Venado Tuerto

En esta causa intervino la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional Argentina y la medida alcanzó un domicilio céntrico. Durante la investigación se determinó que la persona imputada comercializaba material en la plaza ubicada en Junín y Mitre y en su propia casa.

En la totalidad de las medidas fueron incautados material estupefaciente, cocaína y aproximadamente un kilogramo de marihuana (en distintos envoltorios, frascos de vidrio y plantas), elementos de fraccionamiento y corte, balanzas, dinero en efectivo ($300.000), teléfonos celulares, vehículos y documentación relacionada a las investigaciones.

Firmat

Las tareas de investigación y los allanamientos fueron realizados por la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Las personas imputadas comercializaban estupefacientes en un comercio céntrico ubicado en calle Entre Ríos al 900 y también en la modalidad delivery.

Las personas imputadas quedaron sujetas a la causa a disposición del Juzgado Federal a cargo del doctor Aurelio Cuello Murúa y serán indagadas en los próximos días por videoconferencia.