Este miércoles, en dependencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia de Santa Fe y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) expondrán sus puntos de vista ante los alcances de un artículo del DNU 280 del año 2024 que cesó los giros mensuales automáticos del organismo previsional a Santa Fe para saldar en parte el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La provincia de Santa Fe, en agosto del año pasado, presentó una medida cautelar ante la Corte para que el Gobierno Nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Anses con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe. La Corte convocó a una audiencia de conciliación para este miércoles y si las partes no acuerdan, será el tribunal máximo el encargado de pronunciarse en las próximas semanas.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el fiscal de estado, Domingo Rondina, serán las voces de la provincia en la audiencia, según pudo saber El Litoral. El gobernador llevando la postura política del planteo y Rondina la postura técnica. La delegación santafesina estará integrada además por el ministro de Economía, Pablo Olivares; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso y por los ex gobernadores y actuales diputados provinciales Omar Perotti y Antonio Bonfatti.

Se señaló a El Litoral que este tipo de audiencia convoca por la Corte tiene mucho de informalidad y el propósito central es que las partes puedan conciliar posturas, expongan sus puntos de vista para, en caso de que no haya acuerdo, luego será la propia Corte la que deba pronunciarse en un lapso de semanas.

Santa Fe, a través de la vía judicial, cuestionó la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera "inconsulta e intempestiva" el cese de pagos a cuenta; y exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales.

En la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.

Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $ 1,3 billones de acuerdo a lo señalado por el propio Pullaro en su discurso de apertura del año legislativo el pasado 1 de mayo. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.

A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establecía que Anses "transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas" y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a "las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)".

"A los fines de cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $ 69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para atender áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras", indicó en el recurso interpuesto ante la Corte en agosto de 2024.

A la hora de esa presentación, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe tenía 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.

Al mes siguiente de la presentación, la Legislatura dictó la Ley N° 14283 que declaró la emergencia previsional por dos años y con la posibilidad de prorrogarlo por otro más "a instancia del Poder Ejecutivo Provincial si subsisten las condiciones de falta de sustentabilidad contempladas" para dictar la norma.

La conducción de Amsafe provincial formalizó este martes la presentación de un nuevo amparo contra la reforma previsional votada en la Legislatura hace tres semanas. La medida se suma a otras similares impulsadas por el bloque de diputados Somos Vida, y por el Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de San Carlos (Sitram).

Precisamente, en las últimas horas y a través de la Fiscalía de Estado conducida por Domingo Rondina, el gobierno respondió a la requisitoria judicial derivada de la cautelar planteada por ese gremio. Allí habían centrado su argumentación en el procedimiento legislativo, por considerarlo "viciado" a raíz de una votación apresurada como consecuencia de los incidentes que se registraban en la explanada de la Legislatura.

En su respuesta, la Fiscalía se respaldó en jurisprudencia nacional y consignó, justamente, que "el Poder Judicial tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, pero no para resolver en la forma como ellas han llegado a ser aprobadas".

"Si bien el Poder Judicial puede declarar una ley inconstitucional – se planteó-, no tiene la autoridad para cuestionar o resolver sobre el proceso mediante el cual esa ley fue aprobada por la Legislatura". Y ello se justifica -se acota- en el principio de separación de poderes. El escrito sostiene que "el Congreso (en este caso, la Legislatura) tiene la autoridad exclusiva sobre el proceso de creación y aprobación de leyes. El Poder Judicial no puede interferir en este proceso interno del Legislativo (…). El control de constitucionalidad se limita al contenido de la ley, y no al procedimiento legislativo que llevó a su aprobación", se insistió.

Para la Fiscalía, resulta "imprescindible establecer claramente los límites del control judicial sobre las acciones del Poder Legislativo, manteniendo un equilibrio en el sistema de pesos y contrapesos de nuestro sistema de gobierno". Al respecto, propone diferenciar "entre un control formal y un control material; el primero alude a la revisión del procedimiento de sanción de la ley y el segundo se centra en el contenido de la norma y su compatibilidad con la Constitución". Y acota que "el Poder Judicial tiene más margen para ejercer el control material que el formal (…). Se trata de cuestiones políticas no judiciables porque se encuentra en la razón misma y rol fundamental de otro poder del Estado, que es sin más el proceso de formación de leyes. El análisis de los límites del Poder Judicial en este contexto revela una delicada balanza entre el respeto a la voluntad popular expresada a través del legislativo y la necesidad de garantizar la supremacía constitucional", manifiesta.

Desde el punto de vista de la Fiscalía, "admitir la justificación genérica del caso para la declaración de invalidez por vicio en su forma, deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo; y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares como la que se peticiona". Por todo, interpretaron los letrados que el planteo "constituye una falacia para enmascarar la real pretensión consistente en otorgarle a una sentencia judicial un efecto constitucional que no tiene. El mal uso o inobservancia del Reglamento interno no habilita a lograr judicialmente cuestiones de raigambre políticas", sostiene.

Respecto de lo sucedido (y objetado) sobre la votación, Fiscalía plantea que "cualquier desprolijidad previa a ella pudo obedecer a circunstancias de fuerza mayor que no se pueden desconocer ni dejar de merituar".

"Lo que la entidad sindical pretende – continúa- es la revisión de un acto del poder político no susceptible de revisión judicial. Se trata, en suma, de evitar la anulación de actos que por definición interesan a exigencias vitales del Estado y constituyen la exteriorización de funciones propiamente constitucionales, sometidas a un control exclusivamente político (...). No corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes". Por ello, se considera "inadmisible e improcedente" la acción de amparo.

Con el comienzo del mes de febrero, que marca el inicio de la actividad judicial, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro saludó esta mañana a los trabajadores de Fiscalía de Estado, en el segundo piso de Casa de Gobierno. 

Domingo Rondina, fiscal de Estado de la provincia, fue el encargado de dar la bienvenida al mandatario provincial. En la ocasión, Pullaro recorrió las distintas oficinas de la dependencia y participó de la colocación de un cuadro del Brigadier Estanislao López en el despacho principal.

El gobernador Pullaro agradeció a los trabajadores presentes al señalar que “para nosotros es importante, en este día que se pone en marcha el año judicial, venir a agradecer el trabajo de todos los días, porque tenemos enormes e intensos desafíos en los próximos casi cuatro años. Nos quedan tres años y casi 10 meses de gestión, y realmente entendemos que la provincia de Santa Fe, en el contexto nacional, puede dar muchísimo si logramos defenderla y si logramos consolidar un proyecto político de provincia, que sea institucional, que pueda trascender a los partidos políticos y que pueda llegar a ser llevarlo adelante como Estado de la provincia de Santa Fe”.

Por otro lado, Pullaro aprovechó la oportunidad para remarcar que “siento que a nuestra provincia durante muchos años no se la ha defendido como correspondía. Nuestra provincia realmente tiene muchísimo, pero muchísimo para dar en el contexto nacional. Nuestra provincia es de gente de trabajo, de gente que le pone mucho esfuerzo para salir adelante todos los días, tanto empleados públicos como del sector privado. Y lamentablemente no hemos sido mirados desde la política central”, aseveró. 

“Les quería agradecer personalmente y pedirles este compromiso de aportar no a un proyecto político, sino a un proyecto institucional que nos fortalezca como provincia, y que la provincia de Santa Fe salga adelante y que pueda ser la locomotora del cambio que tiene que venir a la República Argentina”, completó el gobernador.

Por su parte, Rondina explicó que “hoy, 1 de febrero, como todos los años, empieza la actividad judicial en Tribunales. Los abogados tenemos que empezar a presentar los escritos; llegan cédulas, hay que contestar demandas, hay que avanzar con la tramitación de los expedientes judiciales. Hoy está plenamente activo el año judicial”, precisó.

El Fiscal de Estado fue contundente al sostener que “la provincia de Santa Fe tiene un objetivo invariable que este gobernador recalcó hoy en el acto con mucha fuerza, que debe ser nuestro objetivo, la defensa de los intereses de la provincia en todos los ámbitos. La Fiscalía de Estado tiene confiado el dictamen de los expedientes administrativos antes que lleguen al gobernador, pero, además, todos los juicios que se hacen contra la provincia, tanto administrativos como no administrativos”. Y agregó que “además, la Fiscalía de Estado de la provincia también tiene aquellos juicios que el Estado inicia muchas veces, por ejemplo ante la Corte Suprema, cuando tiene diferencias con otras provincias o con el gobierno nacional”. 

En la actividad, también estuvo presente el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni: “Tenemos que encarar la acción administrativa y la administración de Justicia con una mirada hacia adelante, que prevea los cambios y las dificultades que vamos a tener, posiblemente por una situación que en el país puede resultar de fuerte puja distributiva, y con nuestros recursos afrontar esa responsabilidad”, agregó el funcionario.

El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, relativizó los efectos de la decisión de la gestión anterior a cargo de Omar Perotti de judicializar el reclamo a Anses para exigir que pague a Santa Fe los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Para el funcionario, la salida al conflicto tiene que darse "a través de la política".

El organismo nacional está obligado a cubrir parte del déficit del sistema previsional santafesino como consecuencia de no haber transferido oportunamente la Caja al gobierno central. Pero durante el último año, el incumplimiento de Nación en el envío de partidas acumuló una deuda de unos 400 mil millones de pesos. A fines de setiembre, aunque el hecho fue revelado a menos de una semana de que terminara la gestión, la administración de Omar Perotti decidió demandar ante la Corte Nacional a Anses, después de haber agotado el reclamo a través de la instancia administrativa. El escrito había sido observado en términos verbales por la nueva gestión. El Fiscal de Estado, Domingo Rondina, había dicho a El Litoral que padecía de "defectos formales" y cuestionaba el monto reclamado; según sostenía a El Litoral, la suma de 400 mil millones plasmada en la demanda estaba subestimada. Actualizado, dicho monto ya rondaría los 600 mil millones de pesos.

Esta semana, el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y el ministro Báscolo se reunieron con Osvaldo Giordano, titular de Anses. En el encuentro se abordó la problemática generada con Santa Fe a partir del incumplimiento, y se convino que la salida al conflicto "tiene que ser a través de la política".

El ministro de Trabajo, Roald Bascolo, y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, se reunieron con el director ejecutivo de Anses, Osvaldo Giordano.

Báscolo, en diálogo con la prensa, valoró la predisposición del funcionario nacional a quien "no hizo falta explicarle de qué se trababa el reclamo". Es que Giordano había sido ministro de Hacienda de Córdoba en la gestión de Juan Schiaretti, y promovió desde esa función las demandas contra la Corte nacional por el mismo concepto: las deudas que Anses mantiene en ese caso, con el sistema previsional cordobés.

"En la reunión -dijo Báscolo -, insistimos con el reclamo de estos fondos porque son recursos corrientes que hoy debería tener la provincia". Recordó que el citado "es un problema de las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas", y precisó que "Santa Fe y Córdoba son las provincias más grandes" que atraviesan esta situación. Acotó que "Giordano, siendo funcionario cordobés, impulsó dos juicios ante Nación; no esperó cuatro años como sí lo hizo la gestión de Perotti", reprochó. "Acá -acotó-, esa demanda se presentó apenas dos meses antes de terminar el mandato, mientras que Córdoba en 2020, ya había hecho su primera presentación".

El ministro Báscolo al momento de jurar con el gobernador Pullaro. Foto: Pablo Aguirre.

De todos modos, Báscolo advirtió que más allá de la instancia judicial abierta, la salida tiene que darse a través de la negociación política. "Lo que vamos a hacer a través del gobernador (Maxilimiliano) Pullaro es, junto a Córdoba y también Entre Ríos como provincias de la Región Centro, reclamar ante Nación porque esta deuda es legítima".

"Hoy – sostuvo-, estamos discutiendo si se coparticipa o no el Impuesto al Cheque, mientras que los fondos de Anses le corresponden a Santa Fe por ley. Si esta deuda que terminó siendo gigantesca se hubiese saldado, nos permitiría tener otra situación hasta para la política salarial o para continuar con todas las obras publicas provinciales".

- ¿Entonces no aguardarían la resolución judicial? ¿Se negociaría políticamente?

- La salida es ciento por ciento política. Lo tiene que tomar el gobernador pero en conjunto con las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

Para el constitucionalista y actual Fiscal de Estado de Santa Fe, la reforma de la carta magna provincial es "importante pero no urgente". En diálogo con El Litoral, Domingo Rondina, consideró que la actual "es una buena Constitución, incluso, mucho mejor que Constituciones más modernas de la Argentina". Desde su punto de vista, posee "una gran mirada social y republicana e institucional", aunque "claramente ha quedado vieja en algunos aspectos".

"Hay muchas cuestiones de ese tipo y que están asociadas a una cuestión de época, sin embargo, ninguno de los problemas que tiene la provincia tiene que ver con la vejez de su Constitución. De hecho – acotó-, el gobernador (Maximiliano Pullaro) está tratando de demostrar que la gestión política es la que cambia la realidad y no la regla constitucional".

Sobre esa base, insistió en advertir que "es muy importante reformar la Constitución, pero no creo que sea urgente; y si se hace o no en este período, dependerá de la decisión de los legisladores".

Domingo Rondina juró como Fiscal de Estado el pasado 22 de diciembre de 2023, ante el gobernador Maximiliano Pullaro. Crédito: Guillermo Di Salvatore

-¿Cuál es su opinión sobre el DNU firmado por Javier Milei?

-La Constitución Nacional regula sabiamente el sistema de DNU. Creo que el problema ha sido la dinámica legislativa y especialmente política de los argentinos que llevó a convertir el DNU en una herramienta ordinaria. El problema es que no hemos definido correctamente la necesidad y la urgencia ni la hemos respetado. Semejante cantidad de leyes que se modifican y que cambian directamente la fisonomía del Estado argentino y del gobierno actual; semejante modificación legislativa tiene que ser consensuada en el Congreso porque cuando uno elige un Ejecutivo, lo hace para que ejecute las decisiones del legislador. Y mucha gente que votó a un candidato para presidente, votó a otro para diputado y senador. La tan criticada Constitución de Santa Fe tiene como muy bueno que no habilita los DNU, y la provincia nunca ha tenido problemas porque el gobernador no pueda decretar lo que quiere. Hemos tenido, incluso, gestiones con mayorías opositores y hubo que negociar.

Sobre el voto joven, el constitucionalista opinó que “fue una decisión unilateral” del Tribunal Electoral que en ese momento estaba a cargo Daniel Erbetta. Crédito: Guillermo Di Salvatore

-Usted patrocinó a un partido político en una presentación contraria al Voto Joven? ¿No está de acuerdo con ello?

- A ver… El gobierno de (Omar) Perotti no propuso nada respecto del Voto Joven. El Voto Joven tampoco fue algo que surgiera del Ejecutivo o de la Legislatura. El Voto Joven lo dispuso sorpresiva y unilateralmente el Tribunal Electoral que en ese momento estaba a cargo Daniel Erbetta, también presidente de la Corte. Él dispuso la incorporación de 100.000 jóvenes de entre 16 y 18 años al padrón; eso no fue consultado con los partidos políticos ni con el gobernador de ese momento ni con la Legislatura. Fue una decisión unilateral. El Tribunal Electoral no tiene función legislativa; no puede dictar normas y no puede incorporar electores. Por eso en ese momento, en representación de uno de los partidos provinciales, cuestioné ese expediente que está en la Corte de Santa Fe para su elevación a la nacional. Santa Fe tiene un problema grave que es que su Constitución expresamente dice que no votan los menores de 18. Entonces, para anular esa cláusula de la Constitución, en principio, hace falta una reforma constitucional. Yo soy de los que cree que eso podría resolverse por la Legislatura; soy muy fanático de los poderes legislativos, porque creo que expresan la composición más amplia y dialoguista de la sociedad. Eso se puede resolver legislativamente; lo que de ningún modo se puede resolver es a través del Ejecutivo, que es de quien depende el Tribunal Electoral.

“Tuvimos muchos cruces en redes y es cierto que pude haber dicho palabras fuertes contra la diputada Amalia Granata", lamentó el profesional. Crédito: Pablo Aguirre

-En la Asamblea Legislativa que trató su pliego, Amalia Granata lo acusó de "misógino" y votó en contra al igual que toda su bancada. ¿Qué puede decir sobre ello?

-Dos cosas para decir sobre ese episodio. Los escuché atentamente y con mucho respeto. La génesis de esa discusión tiene que ver con que yo me inscribo dentro del sector de los constitucionalistas más liberales en cuanto a derechos, que hemos defendido siempre la necesidad de que el aborto sea una decisión voluntaria de las mujeres. Cuando fue el debate sobre dicha ley, Granata tuvo una oposición a ultranza y yo, como muchos otros, estábamos muy comprometidos en la defensa de la voluntariedad del aborto.

Ella y yo tuvimos muchos cruces en redes y es cierto que pude haber dicho palabras fuertes contra la diputada, cosa que lamento porque nunca está bien decirlas. La he tratado de ignorante o cosas por el estilo y lo lamento, porque en la intensidad del debate se me pueden haber escapado palabras que no son de personas civilizadas y que tengo que tratar de no usar. De todos modos, cabe señalar que por su rol, el Fiscal de Estado no toma decisiones porque lo único que hace es cumplir instrucciones del gobierno electo.

“Tuve un apoyo contundente de los partidos mayoritarios, porque durante mis casi 25 años de profesión, he trabajado siempre con todos los bloques de la Legislatura”, señaló el entrevistado. Crédito: Flavio Raina

También quiero decir que muchos Fiscales de Estado de la provincia fueron aprobados sus pliegos de manera ficta. En mi caso, tuve un apoyo contundente de los partidos mayoritarios, porque durante mis casi 25 años de profesión, he trabajado siempre en el mismo lugar desde la discusión del derecho público y constitucional, y he trabajado siempre con todos los bloques de la Legislatura. Realmente tomé con mucho orgullo y con mucha alegría el acompañamiento de todos los partidos mayoritarios en la votación, con quienes siempre he trabajado de la mejor manera y espero seguir haciéndolo. Me siento un hombre de la Legislatura; he trabajado muchos años allí y quiero que la Legislatura tenga un rol cada vez más preponderante. Creo que la Legislatura también tiene que comprometerse a una modificación sustantiva de las normas provinciales para que Santa Fe sea más justa, y se defiendan mejor los valores republicanos y democráticos que asegura la Constitución del 62.

A menos de una semana de que concluyera la gestión anterior, el por entonces ministro de Economía, Walter Agosto, detallaba a la prensa el estado económico y financiero en el que entregarían la provincia apenas unos días después. En el marco de esa mismo diálogo con los periodistas, el actual diputado provincial revelaba que la provincia había demandado a la Anses por no girarle a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe los fondos destinados a financiar parte de su déficit. La presentación ante la Corte de la Nación se había efectuado en setiembre, pero no había trascendido hasta el momento de la conferencia de Agosto.

Desde la nueva administración, interpretan que dicha demanda constituye uno de los principales pleitos que deberá llevar adelante la provincia desde el punto de vista judicial. Sin embargo, advierten acerca de aspectos formales que no se habrían cumplimentado de manera correcta. El planteo provino del nuevo Fiscal de Estado, Domingo Rondina. En diálogo con El Litoral, el funcionario sostuvo que dicha presentación "tiene algunos problemas".

"Como se ve -dijo Rondina-, hubo una decisión política (de la gestión anterior) de ingresar dicha presentación (ante la Corte) antes de irse. Y no se cumplieron ciertos pasos que nos impone la reglamentación para la presentación de esas acciones. Por lo tanto, hay defectos que habrá que subsanar".

El fiscal de estado Domingo Rondina.

En segundo término, sostuvo que "es una acción sobre la que no hay constancias en Fiscalía respecto de cómo se arribó al monto que se está planteando en el reclamo. Y eso también lo tenemos que revisar". Para el Fiscal, la provincia "presentó a las corridas una demanda por 400 mil millones de pesos contra Anses que tiene que ser revisada". A modo de adelanto, expresó que desde la administración actual están convencidos de que el monto a reclamar "es muy superior" al incluido en la demanda.

Consultado sobre los juicios que se tramitan contra la provincia, Rondina dijo que "el empleo público" constituye la causa principal de las demandas. "Durante muchos años, el empleado público ha sido destratado y también se lo ha alentado al litigio. La Administración no resuelve internamente sus conflictos laborales, sino que se alienta el litigio, algo que también ocurre en el Estado Nacional. A la vez – acotó-, se generan muchas veces decisiones gubernamentales motivadas políticamente que luego acarrean problemas, por ejemplo, los 13.000 ingresos que dispuso el gobierno de Perotti incrementando en un 10% la planta de la administración y que va a generar conflictividad y litigiosidad porque hay muchos de esos ingresos que fueron totalmente ilegítimos". "Entonces – continuó Rondina-, cuando el gobierno por especulación partidista y electoral otorga falsos beneficios, en verdad se está abusando de la gente dejando una situación de inestabilidad jurídica para tirarle esa pelota al que viene atrás".

- Precisamente, ¿cuál será el rol de la comisión revisora de esos decretos y que usted integrará?

- El gobernador con buen criterio dictó el decreto 38 en el que dispone revisar la legalidad de todas las incorporaciones, titularizaciones y contratos que se dieron el último tiempo. Pensemos que el último día hábil, el 7 de diciembre, hubo decretos que incorporaron a miles de personas. Y así se vino haciendo los últimos seis meses. Desde que advirtieron que los números de las primarias les eran desfavorables, empezaron un proceso de incorporación de gente. Pero ésta no es una Comisión rescindidora o expulsadora; se revisará la legalidad de esas decisiones porque la gran mayoría de los ingresos tienen que ver con una situación real de precarización en que el gobierno de Perotti tenía a muchísimos empleados públicos. El caso más concreto es el de la pandemia; se incorporó personal que era y sigue siendo necesario. Pero bajo la excusa de la gente que estaba precarizada, se coló a un montón de personas; funcionarios políticos, arribistas, paracaidistas, que en verdad estaban en una función política, no eran empleados ni eran necesarios y se los hace aparecer como que ya venían desempeñando funciones. Hay situaciones espantosas de falsedad; gente que dice que se venía desempeñando de tantos meses y no aparecen transferencias bancarias para pagarle antes. O contratos donde, por ejemplo, se dice que están exentos de prestar servicio en algún lugar para encubrir que en verdad no trabajaban. O gente que estaba desvinculada de la administración, que hacía meses que no cobraba y que luego pasa a planta. Entonces, lo que la Comisión hará es revisar todos los ingresos a planta y todas las titularizaciones de 2023. Cuántos son los ilegítimos, eso lo va a determinar la Comisión Revisora. La Comisión no va a perjudicar a la masa de trabajadores verdaderos; va a evitar que se consoliden situaciones injustas porque los vecinos no pagan impuestos para que se incorporen ñoquis o gente que no sabe trabajar.

Durante el mediodía de este viernes, el gobernador Maximiliano Pullaro puso en funciones al fiscal de Estado de la provincia, Domingo Rondina, en una ceremonia desarrollada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

La actividad tuvo lugar el día siguiente a que la Asamblea Legislativa aprobara, por amplia mayoría, el pliego enviado desde el Ejecutivo. Rondina es abogado constitucionalista y desde el año 2015 se desempeñó como asesor de las dos Cámaras de la Legislatura de Santa Fe.

El gobernador Pullaro destacó la presencia multitudinaria que presenció el acto institucional en el Salón Blanco, e indicó que “para nosotros es importante porque hoy terminamos de conformar el equipo que va a estar cuatro años al frente de esta Casa del Gobierno de la provincia de Santa Fe”.Luego, sostuvo que la gestión “va a trabajar de manera incansable para resolver los problemas que hoy tenemos, que son muchos, que realmente nos angustian, pero que vemos una oportunidad gigantesca para poder llevar adelante las transformaciones, mejorar y cambiar”. 

Por último, el mandatario santafesino dijo que “este equipo va a dar todos los debates que sean necesarios de cara a la sociedad para lograr sacar esta provincia adelante, junto a los poderes institucionales que le agradezco que estén hoy aquí presentes”, concluyó. 

La vicegobernadora Gisela Scaglia, señaló, en referencia a Rondina, que “muchos amigos hoy en día te están acompañando por tu nobleza, por tu forma de encarar lo público y por tu forma de ser el mejor constitucionalista que tiene la provincia de Santa Fe”.

Scaglia expresó que ayer, cuando se aprobó el pliego en Asamblea Legislativa “fue un momento muy importante porque logramos consensos, muchos de ellos logrados en la trayectoria que tiene la cámara a través de Felipe (Michlig), de Clara (García), de que todos estuvieran de acuerdo en proceder rápidamente en una extraordinaria y poder darle al gobernador el fiscal de Estado que tanto necesitaba”.

En su discurso, Rondina dijo que “vemos que el gobierno está todos los días enfrentado a tratar de resolver problemas seculares de los santafesinos, y en esa búsqueda es que hace un tiempo Maximiliano Pullaro me dijo que era necesario estructurar la Fiscalía de Estado para que trabaje con otras lógicas, para que trate de ganar más juicios, para que pueda asesorar a la estructura del gobierno, para que pueda hacer cumplir la Constitución en todos los rincones de la provincia”. 

Ahora “me toca encabezar un órgano constitucional al que tenemos que devolverle precisamente su rol constitucional -prosiguió-, defender los intereses de la provincia, su Constitución y sus leyes. Y esa Constitución nos obliga a la defensa en todos los aspectos de las instituciones democráticas y de los derechos humanos".

“Hoy más que nunca tenemos que defender las instituciones de la democracia representativa y los derechos de las personas frente a estados que funcionan defectuosamente, frente a los poderes fácticos que quieren desconocer la esencial dignidad humana”, aseguró Rondina.

A la ceremonia asistieron parte el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; ministros, ministras y secretarios del gabinete del Poder Ejecutivo provincial; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Guido Spuler; el procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Barraguirre; la Defensora Provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson; legisladores provinciales; el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez; secretarios y subsecretarios legales y técnicos del Poder Ejecutivo; autoridades de las cámaras Contenciosas de la provincia; fiscales adjuntos; presidentes y representantes de los colegios de Abogados de la provincia, entre otros.

(Por Ivana Fux) – El Procurador Fiscal Electoral, Jorge Barraguirre, ratificó este miércoles su dictamen a favor de que los jóvenes de 16 y 17 años de la provincia de Santa Fe también puedan votar de manera voluntaria en las próximas elecciones locales, así como ya están en condiciones de hacerlo a nivel nacional.

De ese modo, aconsejó desestimar el planteo de reconsideración que los hermanos Mario y Néstor Deschi, con el patrocinio de Domingo Rondina, habían presentado ante el Tribunal Electoral. Dicho escrito objetaba la resolución del citado organismo, que hizo lugar a un planteo de los diputados Agustina Donnet y Rubén Giustiniani para que se habilitase el Voto Joven en Santa Fe. Ahora, es el Tribunal el que deberá resolver y decidir si, tal como lo hizo el Procurador, también ratifica su primera resolución favorable a la votación de los adolescentes.

En paralelo, deberá resolverse el planteo de inconstitucionalidad que el mismo Rondina presentó en simultáneo; y el pedido de avocamiento que materializó a comienzos de esta semana para que el máximo tribunal tome la causa.

En sus fundamentos, Barraguirre defiende la competencia del Tribunal Electoral para resolver en la materia, contra la objeción de Rondina quien lo define como un organismo meramente “administrativo”. Asimismo, sostiene que no se transgrede el texto de la Constitución provincial. “La resolución no violenta ni conmueve la sistemática constitucional local ni demanda una reforma legislativa al tratarse de derechos reconocidos en normas de jerarquía superior”, por ejemplo, las que integran “el bloque de constitucionalidad federal aplicable”.

En el mismo sentido, aclara que “el tribunal no declaró la inconstitucionalidad de la norma porque no era necesario”; y transcribe el artículo 6 de la Constitución provincial cuando plantea que los habitantes de la provincia “gozarán en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución nacional y la presente, incluso los no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran”.

En otro orden, el procurador alerta sobre la “falta de legitimación para el reclamo”, puesto que no se detecta un “perjuicio” a un interés jurídicamente protegido. Y ello es así, sostiene, puesto que el demandante “no participa ni postula candidatos para gobernador y vice, ni tampoco para la Cámara de Diputados.

Sólo lo hace en los cargos electivos de senadores y en el ámbito local para autoridades municipales y comunales”. Por lo tanto, interpreta el procurador, “no hay justificación para impugnar el padrón de la provincia; en todo caso, la impugnación estaría limitada a los padrones del distrito, ya sea departamental o municipal”.

Frente a ello, Barraguirre sostiene que la resolución del Tribunal Electoral “permanece incuestionable”, ya que “ningún postulante, con interés legítimamente protegido en estos términos, impugnó la decisión del tribunal”. Por lo expuesto, interpreta que existe de parte del demandante “un exceso reclamatorio”.

En la misma línea argumental, alude Barraguirre al planteo de Rondina cuando éste objeta que la habilitación del Voto Joven “aleja la posibilidad de alcanzar los pisos exigibles de votos para poder pasar a la instancia de la elección general, y lo perjudica en la distribución de bancas tanto de concejales como de diputados”. De nuevo, el procurador entiende que “la alegación es incorrecta puesto que no participan de la elección de diputados, y en la de senadores, sólo lo hacen por bancas en cinco de los 19 departamentos”.

Finalmente, el dictamen denuncia la “insustancialidad de los argumentos planteados contra el Tribunal”, y concluye afirmando que la decisión del organismo “desconsideró la política de sacar de juego (excluir) a un grupo desventajado que tiene ciudadanía local en todas las provincias; y lejos de alterar las reglas, vino a reconsiderarlas dándoles hospedaje común a quienes estaban a la intemperie”.

(Por Ivana Fux) – El derrotero judicial para saber si los jóvenes de 16 y 17 años podrán votar en las próximas elecciones provinciales sumó un nuevo capítulo. En este caso, con la solicitud de avocamiento a la Corte Suprema de Justicia para que de manera “urgente”, tome la causa y se expida al respecto. La nueva acción judicial fue impulsada por Domingo Rondina, patrocinante del partido PAIS.

El recurso siembra más incertidumbre a la chance de que el segmento citado pueda efectivamente participar en los comicios de julio. Paradójicamente, en el marco de dicho proceso electoral, las autoridades provinciales ya ordenaron imprimir los padrones incluyendo a los adolescentes de 16 y 17. Ello, sobre la base de que hasta aquí y más allá de los planteos presentados, la única resolución que sigue firme es la del Tribunal Electoral provincial (TEP), que hizo lugar al pedido de los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, para habilitar el Voto Joven en Santa Fe. “No hay resolución alguna con efectos suspensivos de la que dictara el TEP”, dijo a El Litoral su presidente, Daniel Erbetta. Y aseguró que si la Corte se expidiese en sentido contrario, “hay formas para ajustar operativamente los padrones”.

Una presentación de los diputados Giustiniani y Donnet ante el TEP abrió la posibilidad de que los jóvenes pudiesen votar en los próximos comicios locales. El fallo del Tribunal fue favorable, pero tropezó a los pocos días con una impugnación patrocinada por Rondina. El letrado presentó un recurso de reconsideración ante el propio TEP, y uno de inconstitucionalidad ante la Corte. Entre los argumentos, citó que no se puede alterar por la resolución de un “órgano administrativo” el texto de la Constitución; ni cambiar las reglas de juego en pleno proceso electoral.

Este lunes, Rondina volvió a la Corte con el pedido de avocamiento por interpretar que el TEP estaba dilatando los tiempos. “En este caso se da la gravísima situación de que el tiempo de resolución resulta esencial. Un decisorio que llegue más tarde no servirá de nada, y mientras más dure esta medida ilícita, más incertidumbre se cierne sobre los partidos, los electores, y enturbia la necesaria transparencia electoral”, planteó Rondina en su escrito. La imputación respecto de la presunta especulación con los tiempos fue desestimada por Erbetta quien aseguró que “todos los plazos se han respetado correctamente”.

Si el máximo Tribunal resolviese avocarse a la causa, podría haber una resolución a favor o contra del Voto Joven, incluso, antes de que se expidiese nuevamente el Tribunal Electoral.

En los fundamentos del pedido de avocamiento, Rondina plantea que a partir de la resolución del TEP se ha generado “un conflicto de poderes” en la provincia. “Mediante un decisorio del Tribunal Electoral, se pretenden incorporar casi cien mil personas que ya no podrán tacharse, ni agregarse, ni impugnarse por falta de residencia”, insistió. “Para evitar esas colisiones entre los tres poderes provinciales es justo y necesario que Vuestra Excelencia se avoque al conocimiento y resolución de la cuestión”, pidió.

Asimismo, se centró en el aspecto presuntamente inconstitucional de la resolución impugnada. “Más contrario a la Constitución que una resolución que decide la inaplicabilidad de una cláusula expresa y clarísima del texto constitucional, no se nos ocurre…”, expresó. “Estamos ante una situación de enorme gravedad institucional – dijo-, porque se rompen principios procedimentales y constitucionales a lomos de intereses individuales. Avasalla la Constitución de los santafesinos, la Legislatura que establece la legislación electoral; y el Poder Judicial, el único que puede decidir la inaplicabilidad de una norma en el marco de un debido proceso contencioso”.

Para concluir en que, si “el mecanismo de la decisión contraconstitucional del TEP fuese convalidado, podrían discutirse los 28 diputados para el ganador de la categoría, o la posibilidad de reelección de los gobernadores, controlando en sus manos la suma del poder público. Estamos ante la creación de un sistema paralelo de interpretación y validación de normas, con el cual el diálogo institucional democrático ya no es necesario”, sentenció.