El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores dará a conocer el lunes si condena o no a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa.

En caso que la justicia considere que son culpables, deberá determinar si los ocho imputados reciben la prisión perpetua o si en el caso de alguno de ellos el hecho se encuadra en una figura más leve y recibe una pena menor que, incluso, podría derivar en una salida de la cárcel en poco tiempo.

El fallo de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia se conocerá a partir de las 13 en el primer piso de los tribunales dolorenses, donde se realizó el debate oral por el crimen entre el 2 y el 26 de enero últimos.

El veredicto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa se conocerá el 6 de febrero

–Prisión perpetua:

Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) llegaron a juicio imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y el mismo fue sostenido en sus alegatos por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, quienes representan los padres de la víctima.

Si los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia hacen lugar a lo planteado por fiscales y particular damnificado y entienden que todos o algunos son coautores del mismo delito, la pena que les cabe es la prisión perpetua.

En caso de que el tribunal considere acreditado uno solo de los agravantes, la pena será también de perpetua para aquellos que sean hallados penalmente responsables como coautores.

-Absolución:

El abogado defensor de los ocho imputados, Hugo Tomei, planteó en su alegato ante el tribunal que los ocho imputados sean absueltos ya que existió una “incongruencia” entre la imputación original con la que llegó a juicio y la que la fiscalía planteó en su alegato, pidió la nulidad del secuestro de los celulares y prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, y dedicó parte de su argumentación a cuestionar distintos procedimientos de la causa y el tratamiento mediático recibido por el hecho.

Crimen de Fernando Báez Sosa: la fiscalía pidió “prisión perpetua” para los ocho imputados

–Pena de 2 a 6 años de prisión:

Tomei explicó que, de manera subsidiaria y en caso de ser condenados, que a sus defendidos se los acuse de un “homicidio en riña”. El abogado aseguró que existió “una agresión” y que el hecho “se encuadra en un homicidio en agresión conocido como riña”, por lo que con los tres años que llevan en prisión preventiva, “quedarían todos en libertad”.

-Pena de 3 a 6 años de prisión:

También, el abogado defensor planteó que los rugbiers sean condenados por un “homicidio preterintencional” que, de acuerdo al código penal se lo considera al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de otra persona, produce su muerte, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. En ese caso, los acusados también podrían salir de prisión.

-Pena de 8 a 25 años de prisión:

Finalmente propuso que se los condene por un “homicidio simple con dolo eventual”, es decir que los acusados debieron haberse representado que, al estar golpeando de esa manera a Báez Sosa, podrían ocasionarle la muerte y, pese a eso, continuaron con su accionar.

Si los jueces condenan a los rugbiers por este delito, podría existir la opción de que les imponga distinta pena a cada uno de ellos de acuerdo al rol desempeñado en el ataque a la víctima.

Los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa reciben este miércoles la visita de sus familiares antes de conocer el veredicto del juicio el próximo lunes.

Será en la Unidad 6 de Dolores donde están alojados desde el 1° de enero pasado y para estar en cercanía de los tribunales donde se los viene juzgando desde ese momento. Están detenidos temporalmente hasta que finalice el proceso el próximo 6 de febrero, cuando se conocerá si son o no condenados a prisión perpetua tal cual lo pidió la fiscalía y la querella, representante de los papás de Fernando.

Todos los miércoles de enero los rugbiers recibieron la visita de sus familias en el penal ubicado a unas diez cuadras de los tribunales. Hacia allí también fue varias veces su abogado, Hugo Tomei, para planificar el desarrollo del juicio y hasta el día previo a lo que fue la declaración indagatoria de la mayoría de los imputados, el 18 de enero pasado.

Previo a estar alojados en Dolores, los ocho implicados por el crimen venían con prisión preventiva alojados en el penal de Melchor Romero y aún no está confirmado si luego de un eventual veredicto condenatorio, volverán a ese lugar o se les destinará otro lugar de detención.

El lugar de detención es un asunto que mantiene en vilo al Servicio Penitenciario Bonaerense pues los ocho permanecen aislados del resto de la población carcelaria ante el temor de que sean agredidos. A tal punto que no sólo están en un lugar aislado, sino que el poco tiempo de aire libre que se les concede también lo hacen solos.

En el penal de Dolores también permanecen aislados y hace poco hubo un operativo donde se les secuestró los celulares a Blas Cinalli y Enzo Comelli, a raíz de un supuesto uso indebido porque habrían interactuado con cuentas de la red social Instagram que los apoyan ante la llegada del veredicto.

Los celulares en la cárcel fueron otorgados durante la pandemia y para que los detenidos no pierdan el contacto con sus familiares, pero el uso de las redes sociales les está prohibido, y ante la sospecha es que se les quitó sus equipos.

Tras la finalización de las audiencias correspondientes a la presentación de pruebas y testigos, el miércoles y jueves próximos serán los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa que se lleva adelante en la ciudad de Dolores, donde la fiscalía, el particular damnificado y la defensa expondrán sus fundamentos con relación a las condenas y penas que solicitarán para los ocho acusados por el homicidio del joven estudiante de abogacía.

El próximo miércoles, a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores comenzarán los alegatos con la exposición de los fiscales de juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García. Durante la misma jornada también expondrán sus fundamentos los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, representantes de los padres de Báez Sosa, Silvino Báez y Graciela Sosa.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados del particular damnificado adelantaron que continuarán con la acusación con la que la causa fue elevada a juicio y en la que los ocho acusados son considerados responsables del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, que prevé una pena de prisión perpetua, y “lesiones”, en relación a los ataques sufridos por amigos de Fernando.

Por su parte, el jueves será el turno de la defensa técnica, a cargo del abogado Hugo Tomei, representante de los acusados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

La estrategia de Tomei esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un “homicidio en riña o agresión”, que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años. En tanto, se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.

Durante la etapa de pruebas solicitaron declarar Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Máximo Thomsen y Blas Cinalli; mientras que Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Enzo Comelli aptaron por no hacerlo.

Una vez que fInalicen los alegatos y las últimas palabras de los acusados, los jueces del TOC 1 darán a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero.

El debate oral se extendió a través de 13 jornadas de presentación de pruebas y el testimonio de 87 personas, entre ellos familiares de la víctima y de los imputados, amigos de Fernando, testigos del ataque, policías, médicos, bomberos y profesionales de la salud.

Los ocho imputados aguardan los alegatos alojados en la alcaldía de la Unidad Penal 6 de Dolores, donde fueron trasladados desde la cárcel Melchor Romero el 1° de enero, previo al inicio del juicio. Los miércoles de cada semana recibieron la visita de sus familiares, quienes además les llevaron mercadería y elementos para el aseo personal.

La última semana la visita fue suspendida ya que coincidía con la fecha del tercer aniversario del crimen de Fernando y los familiares estimaron que podría realizarse una movilización al penal.

Por otra parte, Graciela y Silvino, los padres del joven asesinado, aguardan los alegatos en la ciudad de Dolores, donde el último viernes repartieron la mercadería que fue donada durante el acto interreligioso que realizaron en homenaje a su hijo al cumplirse tras años de su homicidio.

Según una de las organizadoras de la colecta, las donaciones fueron recibidas en Dolores por ocho merenderos, hogares de ancianos y de niños, clubes y la cooperadora del hospital local San Roque. También se repartieron en varios lugares las donaciones recibidas en el colegio Marianista del barrio porteño de Caballito al que asistió Fernando en la secundaria.

Este viernes se realizó la quinta audiencia del juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa y los testigos siguen complicando aún más a los ochos rugbiers acusados. El joven más complicado es Máximo Thomsen, quien es apuntado como el que le propinó la última patada a Báez Sosa.

Pero Máximo no es el único de los Thomsen que está viviendo tensas situaciones en Dolores. Marcial Thomsen y Rosalía Zárate, sus padres, pasaron un momento incómodo a la salida de la Unidad Penitenciaria Nº 6 cuando fueron a visitar a su hijo.

Los padres de Máximo Thomsen no fueron los únicos que recibieron insultos y escraches. El padre de Lucas Pertossi, Marcos Pertossi, a la mamá de Máximo Thomsen, Rosalía Zárate, al papá de Ayrton Viollaz, Sergio Viollaz, al papá de Enzo Comelli, el “Polaco” Comelli y a Mónica Zárate, la mamá de Matías Benicelli, también fueron a visitar a sus hijos en el penal y fueron increpados por el público presente. Todos se retiraron en silencio.

El ex presidente Mauricio Macri se presentará al mediodía ante la justicia federal de Dolores para ser indagado en la causa que investiga el espionaje a familiares de víctimas de Ara San Juan. Allí, Macri tiene previsto rechazar las acusaciones, tal como lo dijo en distintas entrevistas. Sin embargo, la defensa estará atenta a la jugada, aún pendiente, de apartar al juez federal Martín Bava de la causa. Y no se descarta que vuelva a pedir la postergación de la audiencia.

Es que, a diferencia de la primera recusación contra Bava, la Cámara Federal de Mar del Plata fijó una audiencia para el viernes 12 de noviembre para escuchar los argumentos del abogado Pablo Lanusse. E hizo lugar a las medidas de pruebas que solicitó la defensa. Entre ellas, la copia de la filmación de la audiencia que tuvo lugar el jueves pasado, en donde el juez habría reconocido que fue un “error del juzgdo” no haber solicitado al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el levantamiento del secreto de Estado para concretar la indagatoria de Macri.

La definición de la Cámara Federal sobre la continuidad de Bava al frente de la causa quedará entonces para después de las elecciones, una fecha clave que está mirando tanto el oficialismo como la oposición para saber cómo se resolverá la situación procesal de Mauricio Macri. El ex presidente afirmó que el juez lo va a procesar porque “ya lo prejuzgó”.

Macri volvió a recusar al juez de Dolores

En principio, los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza habían rechazado el temor de parcialidad y prejuzgamiento del que habló la defensa de Macri en su primera recusación. Pero, a 24 horas de esa audiencia a la que Macri llegó acompañado de políticos afines y simpatizantes, la Cámara Federal de Mar del Plata instó a Bava a guardar “mesura” y “adecuada compostura” al resolver “en causas judiciales”.

En ese contexto se dio la frustrada indagatoria del jueves 28 de octubre, cuando la lectura por parte del secretario de la respuesta enviada por la interventora de la AFI Cristina Caamaño sobre la consulta en torno al levantamiento de secreto de Estado para Mauricio Macri desató la suspensión de la audiencia y la defensa se fue denunciando el accionar de un “juez militante”.

En la presentación que hizo ayer, lunes, el abogado Lanusse, aseguró que la audiencia del jueves, el acta labrada, el pedido dirigido al Poder ejecutivo Nacional y lo proveído luego de ello el 29 del mismo mes y año, cuando se volvió a convocar a Macri para la indagatoria demuestran que Bava “actuó sin moderación; mesura; adecuada compostura; objetividad; imparcialidad; ecuanimidad; rectitud; recta administración de justicia; recato; despojado de cualquier injerencia extraña; independencia ni estilo moderado”.

Un par de horas después, Bava rechazó in límine su apartamiento. Aseguró que a su criterio “no resultaba necesario el relevamiento” del secreto de Estado por parte del presidente Alberto Fernández para Macri pero lo hizo en función del pedido de la defensa y el aval de la fiscalía. Y disparó sobre la defensa al señalar que ya habría estado al tanto de la nota de Caamaño en la causa desde el 19 de octubre cuando accedió por primera vez al expediente.

La puja entra la defensa de Macri y Bava sobre la continuidad del juez queda ahora en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata. Por eso llamó la atención que esta vez no resolvió rápidamente antes de la indagatoria, como había hecho la semana pasada, y al mismo tiempo habilitó la prueba solicitada por la defensa. También fijó la audiencia para bastantes días después de la indagatoria, cuando ya esté vigente la veda electoral de las elecciones legislativas. Su resolución sobre el papel de Bava, entonces, quedará para después de las elecciones.

Si llegara a hacerse lugar al apartamiento de Bava del expediente, también se debería apartar de las otras dos causas conexas: la causa D’Alessio y el expediente que investiga el funcionamiento de las bases AMBA de la AFI. La Cámara Federal de Mar del Plata debería designar a un juez federal del área para asumir esta megainvestigación.

Citan nuevamente a Mauricio Macri a indagatoria para el 3 de noviembre

La investigación por la que Macri fue llamado a indagatoria busca determinar si desde el gobierno de Cambiemos se buscó controlar -a través de la AFI- los movimientos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre fines de 2017 y diciembre de 2018. A Macri le imputan seis hechos de seguimientos, ciberpatrullajes y reportes fotográficos de un grupo de familiares que pedían que el Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017, fuera buscado para poder dar con los 44 tripulantes a bordo.

La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño. En la misma resolución en que se citó a Macri a indagatoria, Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes les dictó embargos por 20 millones de pesos. También fueron procesados un grupo de funcionarios y agentes que habían sido indagados

La citación fue firmada el 1 de octubre, con la prohibición -además- de Macri para salir del país. En ese momento, el ex jefe de Estado estaba en Miami. La primera convocatoria fue para el 7 de octubre. No se presentó por estar en el exterior. La segunda debía concretarse el 20 de octubre, a las 10 de la mañana. “No vamos”, decidió Macri tras reunirse con su abogado. La nueva convocatoria fue para el 28 de octubre, cuando el ex presidente se presentó pero la audiencia fue suspendida. Tras el decreto presidencial que habilitó el levantamiento del secreto de Estado, la cuarta audiencia está prevista para hoy a las 12.

“No espié a nadie, jamás vi un informe de ningún familiar del ARA San Juan”, dijo en varias entrevistas el ex jefe de Estado.

El juez ahora pendiente la respuesta a un planteo de Macri: la autorización para salir del país entre el 15 y el 25 de noviembre a raíz de una invitación del príncipe de Arabia Saudita. El juez le había prohibido la salida del país el día que lo llamó a indagatoria, pero esa medida fue apelada a la Cámara de Mar del Plata.

A raíz de ese planteo, los querellantes se oponen a que se le dé el permiso para cruzar la frontera. El abogado Luis Tagliapietra, querellante y padre de uno de las víctimas, sostuvo que se debe dictar la prisión preventiva porque ha demostrado riesgos procesales, mientras que la abogada Valeria Carreras -representante de una veintena de fallecidos- afirmó que el presidente podría pedir asilo en otro país.

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