Una serie de allanamientos realizados este lunes en Venado Tuerto culminó con la detención de dos personas en el marco de una investigación por presuntas maniobras vinculadas al narcotráfico y operaciones ilegales con divisas.

Los procedimientos fueron llevados adelante de manera conjunta entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia Federal, en una causa que se desprende de investigaciones previas por comercialización de estupefacientes.

En este marco, el fiscal del MPA, Iván Raposo, explicó que la investigación se originó a partir de declaraciones de imputadas detenidas el año pasado por venta de drogas, lo que permitió avanzar sobre nuevas líneas investigativas.

“Con el análisis de billeteras virtuales y nueva evidencia, se pudo identificar a personas vinculadas a la organización, lo que derivó en los allanamientos realizados este lunes”, detalló el fiscal en diálogo con Antes que Nada (LT29) .

En paralelo, la Justicia Federal investiga otro tramo de la causa relacionado con operaciones económicas, aunque ambas jurisdicciones coinciden en los mismos sujetos investigados.

Desde la órbita provincial se realizaron cuatro allanamientos: dos en domicilios particulares de los titulares de una agencia de turismo local, uno en un domicilio vinculado a familiares y otro en la propia agencia.

En uno de los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo: dispositivos electrónicos (computadoras, celulares y memorias digitales); documentación relevante; dinero en efectivo en distintas monedas (pesos, dólares y euros) y armas de fuego de diferentes calibres.

“Se incautó una gran cantidad de material que ahora deberá ser analizado en profundidad, ya que hoy la información relevante está mayormente en formato digital”, indicó Raposo .

Según explicó el fiscal, la principal línea investigativa apunta a una presunta participación secundaria en el circuito del narcotráfico.

“Lo que se investiga es que estas personas habrían recibido dinero proveniente de la venta de estupefacientes y lo canalizaban a través de operaciones de cambio de divisas, facilitando así la actividad ilícita”, precisó .

En ese sentido, aclaró que no se les atribuye directamente la comercialización de drogas, sino una colaboración en el manejo y circulación del dinero generado por esa actividad.

Como resultado de los operativos, fueron detenidas dos personas: uno de los titulares de la agencia de turismo y un familiar directo vinculado a la investigación.

Ambos permanecerán detenidos al menos hasta la audiencia imputativa y cautelar, que podría realizarse en los próximos días.

Debido a la complejidad del caso y la existencia de múltiples imputados, el fiscal solicitó la aplicación de un plazo extraordinario de hasta 15 días para avanzar con la imputación formal.

“Se trata de una causa compleja, con organización delictiva y múltiples líneas de investigación abiertas”, remarcó Raposo .

El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos predominó la estabilidad, aunque algunas entidades ajustaron a la baja, mientras que el blue terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El MEP, en tanto, cerró en $1.420,68 y $1.421,25.

En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.365 y $1.415, con baja de 0,35% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar cerró en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, finalizó en $1.355 y $1.415, sin cambios porcentuales y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $56. En Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, también con 0,00% y spread de $50.

El MEP cerró con baja de 1,15%: $1.420,68 para la compra y $1.421,25 para la venta. El spread fue de $0,57, con subas en compra y caída en venta respecto del registro previo.

El dólar blue bajó 0,70% y terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 en ambas puntas frente a la referencia anterior.

El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos prevaleció la estabilidad, con bajas puntuales en algunas pizarras, mientras que el blue terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El MEP, en tanto, cerró en $1.420,04 y $1.420,61.

En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 0,35% y spread de $50. En ICBC, finalizó en $1.355 y $1.415, con caída de 0,70% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.372 para la compra y $1.428 para la venta, sin variación porcentual y spread de $56. En Banco Entre Ríos, cerró en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

El MEP cayó 0,60% y terminó en $1.420,61, con spread de $0,57.

El MEP cerró con baja de 0,60%: $1.420,04 para la compra y $1.420,61 para la venta. El spread fue de $0,57, con retrocesos de $9,03 y $8,51 en cada punta respecto del registro previo.

El dólar blue bajó 0,35% y cerró en $1.430, con spread de $20.

El dólar blue bajó 0,35% y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $5 en ambas puntas frente a la referencia anterior.

Con la publicación del decreto 93/2006 y la Resolución General de ARCA 5820/26, el gobierno puso en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las Ganancias, clave para la operatividad del denominado “régimen de reparación histórica del ahorro”. Lo que en la calle se denomina “los dólares del colchón”.

Luis Caputo estima que hay una caja disponible de unos US$ 170 mil millones y hasta US$ 200 mil millones con los que podría monetizar la economía, fondear a los bancos para que presten en dólares (a tasas menores a las de pesos) a fin de reactivar el consumo o la inversión, y fortalecer el proceso de acumulación de reservas del BCRA.

Javier Milei junto a Luis Caputo. Segundo intento para que la gente use US$ 300 mil millones "encanutados".

La normativa publicada este lunes en el Boletín Oficial busca doblegar el temor de gente que tiene pero no usa esos dólares por temor a que AFIP/ARCA/UIF los investigue por origen de fondos o evasión pasada.

La "Inocencia Fiscal" ofrece garantías de no mirar hacia atrás (no revisan patrimonio previo), posibilita un blanqueo sin impuestos retroactivos, y grava en adelante (con regímenes simplificados como el RSG). Así, los dólares dejan de estar "encanutados" y empiezan a circular.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal realizó un esquema de cómo acceder al beneficio y en qué condiciones. También advirtió que si bien las instituciones bancarias y agentes de bolsa deben considerar la inclusión de su cliente dentro del RS como una presunción a su favor, deben seguir aplicando la normativa relacionada a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El propio ministro alentó a los ahorristas desde su cuenta de X: “ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios. Además cobrarían un interés por sus dólares”.

Para que este bloqueo de períodos no prescriptos sea efectivo, la Declaración Jurada (DDJJ) presentada bajo el Régimen Simplificado debe generar una "presunción de exactitud" y, si arroja saldo a favor del fisco, debe ser cancelada (pagada al contado, compensada o incluida en un plan de pagos).

La autoridad fiscal no podrá ir "hacia atrás" con los blanqueos.

Diferencia. El bloqueo se mantiene vigente siempre y cuando ARCA no detecte diferencias graves entre la DDJJ nueva y la última declaración presentada, la que no puede superar el 15% o ser mayor a $100 millones (el umbral de evasión simple).

Facturas apócrifas. El uso de documentación falsa también cancela el beneficio. Sin embargo, existe una flexibilización: si el proveedor es incluido en la base de apócrifos después de la operación, el contribuyente puede "salvar" el bloqueo rectificando y pagando antes de que ARCA determine la deuda de oficio.

El "Blanqueo Encubierto". Un aspecto fundamental de este bloqueo es lo que Iaraf llama la "médula del blanqueo encubierto". El fisco no puede considerar como "discrepancia significativa" las variaciones patrimoniales (como depósitos o bienes registrables) que provengan de ingresos de períodos anteriores.

Esto significa que se pueden incorporar activos ocultos al circuito formal (simplemente usándolos o bancarizándolos) sin que eso habilite al fisco a reclamar impuestos pasados (Ganancias, IVA o Bienes Personales) sobre los ingresos que generaron esos bienes.

Alcance de la Protección. Mientras la DDJJ del RS no sea impugnada por las causas previstas, ARCA no puede ejercer ninguna pretensión fiscal sobre el pasado en relación con los activos incorporados o los ingresos que permitieron comprarlos.

Para acceder al nuevo Régimen Simplificado (RS), la normativa establece límites claros tanto para el dinero que generaste como para los bienes que posees. Aquí te detallo los "números" que definen la entrada.

La Declaración Jurada tiene límites prestablecidos para quienes busquen acceder al beneficio.

Requisitos Cuantitativos (Topes)

Ingresos: El total de los ingresos por todo concepto (sumando incluso los de fuente extranjera) en los dos períodos fiscales previos a la adhesión no puede superar los $1.000 millones.

Patrimonio: El valor de los bienes al 31 de diciembre del año anterior a la incorporación debe ser inferior a $10.000 millones.

Requisitos Cualitativos (Perfil)

Además de los montos, el régimen impone condiciones sobre el contribuyente y de dónde vienen sus ganancias:

Origen de los fondos: Aunque para el cálculo del tope de ingresos se miran los globales, la norma especifica como requisito que el contribuyente solo debe percibir rentas de fuente argentina.

Sujetos: Está diseñado exclusivamente para personas físicas y sucesiones indivisas que sean residentes en el país.

Exclusión: No pueden ingresar quienes estén categorizados como un "Gran Contribuyente Nacional".

En resumen, este régimen apunta a contribuyentes de ingresos medios-altos locales, dejando fuera a las grandes fortunas y empresas.

Como dato destacable, Iaraf menciona que el Monotributista es el "gran excluido" de esta operatoria, ya que si exterioriza bienes similares, podría ser expulsado de su régimen y sancionado, incentivando su migración a este nuevo sistem

Según la concepción filosófica de la normativa vigente, todo contribuyente tiene la intención de evadir. Y una evasión de un millón y medio de pesos al año representa delito tributario sujeto a denuncia penal. Regulaciones, regímenes de información y controles extensivos e invasivos no han logrado, sin embargo, atemorizar comportamientos.

De hecho en los “colchones” del país hay unos US$ 250 mil millones según se infiere de cálculos del Indec. Y en el país -de acuerdo a los últimos datos disponibles del BID en 2019- la evasión del IVA alcanza a 2,6 puntos del PBI.

“Otros tributos, como el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales o las Contribuciones a la Seguridad Social, registran niveles de evasión similares o más altos”,advierte un informe del Ieral/Fundación Mediterránea.

“Por ejemplo, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la informalidad laboral afecta aproximadamente al 42% de los ocupados del sector privado. Esto alerta que la evasión, además de erosionar los ingresos públicos, está íntimamente ligada a la degradación social y es fuente de distorsiones en la competencia entre empresas”.

El oficialismo se dispone a tratar esta tarde en Diputados -junto al presupuesto 2026- la ley de “Regla Fiscal y de Inocencia Fiscal”, en la que ahora la “sospecha” es que el ciudadano es en principio un contribuyente, no un evasor. Pero eso no elimina las responsabilidades.

“La determinación de umbrales monetarios a partir de los cuales un delito tributario se considera punible penalmente tiene una importancia clave tanto para el contribuyente como para el sistema judicial”, advierte el Ieral.

El proyecto eleva de un $1,5 millón a $100 millones ese umbral, lo que implica además -de sancionarse la norma- el cierre de causas vigente por “la ley penal más benigna”. De igual manera, el umbral para la evasión agravada pasa de $15 millones a $1.000 millones.

Pero incluso para quienes superen esos parámetros, la norma busca incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Si una persona -humana o jurídica- paga el total de la deuda tributaria más los intereses antes de que la ARCA presente una denuncia penal, entonces la administración no está obligada a iniciar la causa. “Esta dispensa opera una sola vez por contribuyente”.

Para el análisis del Ieral, quienes decidan usar los dólares del colchón ya despojados de ulterioridades penales, deberán sin embargo tener en cuenta el destino que le dan.

Uno de los aspectos más difundido del proyecto son los posibles estímulos para que los contribuyentes exterioricen dólares que tienen acumulados por fuera del sistema formal.

“En este aspecto, dado que el proyecto no contempla cambios en el impuesto a las ganancias, el impacto solo podría llegar a operar de manera indirecta en función de las conductas que adopten los contribuyentes”, advierte el análisis.

El proyecto mileísta plantea modificaciones al Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial. Reduce el monto de prescripción del delito de evasión a 3 años para limitar las denuncias penales.

El dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal reunió 44 firmas; a “Fuerzas del Cambio” se le sumaron votos de legisladores de Tucumán, San Juan, Misiones, Catamarca y los aliados del PRO, la UCR y el MID.

• Actualización de Multas: Se introduce una actualización integral del régimen de multas formales (artículos 38, 39 y 40 de la Ley N° 11.683) para adecuar los montos sancionatorios a la realidad económica vigente.

• Reducción y Unificación de Plazos de Prescripción: Se unifican y reducen los plazos de prescripción para las acciones fiscales.

Para contribuyentes cumplidores sin discrepancias significativas, la prescripción se reduce de 5 a 3 años.

El plazo de prescripción se mantiene en 10 años para contribuyentes no inscriptos.

La acción de repetición de impuestos prescribe a los 5 años.

Se aplica la misma lógica a los aportes y contribuciones a la seguridad social, reduciendo el plazo a 5 años si media la debida presentación jurada sin diferencias significativas.

• Fin de la Suspensión Automática: Se propone eliminar la suspensión automática del plazo de prescripción que actualmente se produce cuando la ARCA notifica al contribuyente el inicio del procedimiento de determinación de oficio. Esto busca obligar al fisco a actuar con mayor celeridad.

• Armonización Federal: Se busca unificar y armonizar los plazos de prescripción para los tributos locales (provinciales, municipales y CABA) con lo establecido en la ley nacional para otorgar coherencia y uniformidad.

• Declaración Opcional: Se incorpora, con carácter opcional, una forma simplificada de declaración del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonio que no superen ciertos límites (ej. ingresos anuales de hasta $1.000 millones).

• Eliminación de la Obligación Patrimonial: Quienes opten por la declaración simplificada quedan liberados de la obligación de presentar el cuadro de variaciones patrimoniales y el consumo. Este era un componente adicional que generaba una carga administrativa importante.

• Efecto Liberatorio: La declaración jurada simplificada, elaborada por ARCA con la información disponible, tendrá efecto liberatorio del pago siempre que no se detecten errores graves o una discrepancia significativa.

• Restricción a las Presunciones: ARCA no podrá basarse en incrementos patrimoniales o gastos no justificados (indicios de riqueza) como prueba automática de evasión para objetar la declaración, sino que deberá basarse en pruebas concretas y directas, respetando el principio de verdad material.

El gobierno nacional convocó una licitación para colocar un Bono del Tesoro Nacional en dólares identificado como BONAR 2029N, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 y un cupón anual del 6,50% TNA. La emisión, anunciada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se realizará en dos tramos y la suscripción será exclusivamente en dólares estadounidenses.

La recepción de ofertas quedó fijada para el miércoles 10 de diciembre de 2025, entre las 10:00 y las 15:00, y la liquidación de las adjudicaciones operará el 12 de diciembre de 2025 (T+2), fecha que también figura como emisión del título. El instrumento amortiza íntegramente al vencimiento y pagará intereses semestrales los días 30 de mayo y 30 de noviembre, con el primer pago previsto para el 30 de mayo de 2026 debido a un período irregular.

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda diseñaron la operación para ofrecer alternativas de financiamiento en moneda extranjera. Caputo explicó que la colocación busca afrontar “una parte” de los vencimientos de capital en dólares sin reducir las reservas netas del Banco Central, en un contexto de compresión de tasas en bonos en moneda extranjera y con el objetivo de mantener sostenibles los costos financieros del Estado.

La licitación se realizará por indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo, y se dividirá en un tramo no competitivo y otro competitivo. El tramo no competitivo está destinado a personas físicas o jurídicas sin la especialización necesaria para evaluar condiciones financieras. En ese tramo la oferta mínima será de Valor Nominal Original (VNO) USD 1.000 y la oferta máxima por inversor será VNO USD 50.000, con la obligación de presentar una única orden por CUIL o CUIT.

El tramo competitivo exigirá que los participantes indiquen el monto del VNO a suscribir y el precio en dólares por cada VNO USD 1.000, con dos decimales. Este tramo está abierto a inversores con montos superiores a VNO USD 50.000 y a entidades excluidas del tramo no competitivo. La oferta mínima en ambos tramos será VNO USD 1.000 y las órdenes deberán canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación inscriptos en la Comisión Nacional de Valores.

La normativa establece que el monto máximo a colocar será el autorizado por la regulación vigente y se determinará en la licitación. La colocación se efectuará conforme a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta Nº 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, y no se pagarán comisiones por la operación.

El bono tendrá fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2029 y un plazo aproximado de cuatro años desde la emisión del 12 de diciembre de 2025. La moneda de emisión, suscripción y pago será dólares estadounidenses. El precio de colocación se definirá en la subasta y la amortización del capital se efectuará íntegramente al vencimiento.

Los intereses se calcularán con base 30/360 y se pagarán semestralmente en dólares los días 30 de mayo y 30 de noviembre. En caso de que una fecha de pago no fuera hábil, el pago se realizará el primer día hábil siguiente sin prorrogar el devengamiento de intereses. La denominación mínima será VNO USD 1 y el título podrá negociarse en A3 MERCADOS S.A. y en bolsas y mercados de valores del país.

Los certificados globales se emitirán a nombre de la Cámara de Registro y Liquidación (CRYL) del Banco Central de la República Argentina, que actuará como agente de registro del bono. El instrumento se regirá por la ley de la República Argentina y gozará de las exenciones impositivas aplicables según las normas vigentes. Los pagos se cursarán a través de la CRYL mediante transferencias a las cuentas de efectivo de los titulares registradas en esa entidad.

“Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón”, indicó Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo detalló que la operación forma parte de una estrategia para ampliar las alternativas financieras del Tesoro y cubrir vencimientos en moneda extranjera sin impactar negativamente las reservas del Banco Central. Señaló que la emisión busca refinanciar vencimientos de capital manteniendo el proceso de fortalecimiento del balance del BCRA.

En particular, el comunicado oficial indicó que los fondos obtenidos se destinarán, en parte, a cancelar capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29 que vencen el 9 de enero de 2026. Esa aplicación de lo recaudado constituye la consecuencia inmediata de la licitación y define el uso principal de la colocación.

La Secretaría de Finanzas recomendó consultar los canales oficiales para trámites y precisiones técnicas sobre la presentación de órdenes y los requisitos para participar en cada tramo.

De todos los productos que Argentina produce, el que el mundo más nos compra es la harina de soja. Este producto ha sido por décadas la principal exportación del país, convirtiendo a la vez a la Argentina en el exportador número uno del mundo de harina y pellets de soja.

Tomando el promedio 2019-2024, la harina de soja ha representado más del 13% de las exportaciones nacionales. Asimismo, este producto por sí sólo ha llegado a superar más del 17% del comercio exterior argentino en períodos como 2014-2016.

La coyuntura actual encuentra al principal producto de exportación del país con valores FOB relativamente bajos y llegando a operar a precios mínimos de más de 15 años durante parte de la campaña actual 2024/25. Esto tuvo un impacto marcado sobre las exportaciones de la harina de soja en dólares.

Con los precios promedio de exportación casi 20% por debajo de la campaña anterior, los valores por tonelada exportada se ubicaron en mínimos no vistos desde la campaña 2007/08.

El panorama es aún más complejo si consideramos que dichos precios están expresados en términos nominales. Si los ajustáramos por inflación, el valor real de las exportaciones de harina de soja sería aún menor en términos comparativos con años previos.

Los valores por tonelada exportada se ubicaron en mínimos no vistos desde la campaña 2007/08.

Además de las variaciones en precios y las oscilaciones en las cantidades a lo largo de las últimas décadas, hay otro factor que también mostró transformaciones para la harina de soja argentina: sus destinos. En los primeros años de este siglo Europa era el destino por excelencia de la harina y pellets de soja, concentrando en promedio 54% del total exportado en la primera década del 2000.

El segundo lugar lo ocupaba el continente asiático, siendo destino del 30% de las exportaciones en el mismo período. Cerraban el total África y América, continentes con participaciones del 10% y 6% respectivamente.

Finalizada la primera década de los 2000, el país seguía creciendo en su producción de soja, logrando en 2016 el máximo nivel exportador de harina de soja, récord que persiste en la actualidad.

Sin embargo, el volumen exportado de este subproducto a Europa tocó su máximo de casi 2,6 Mt en la campaña 2013/2014, marcando desde entonces una tendencia descendente hasta ubicarse en 1,4 Mt en la cosecha 2023/24.

En ese marco, los países de Asia comenzaron a ampliar sus compras y ganar participación en los embarques argentinos de harina de soja. Para el fin de la década del 2010, ya promediaban el 45% de los despachos. Mientras tanto, el Viejo Continente pasaba a concentrar el 35% del total exportado, 19 puntos menos que la década pasada.

Con énfasis en el detalle por bloque comercial, el grueso de las exportaciones a Europa tuvo por destino final la Unión Europea, con España, Italia, Países Bajos, Polonia e Irlanda como destacados compradores. Por fuera de la UE, el Reino Unido es otro relevante demandante de la harina de soja.

Apuntalando la participación de Asia en el total, los países del Sudeste Asiático ganaron mucho peso en las exportaciones argentinas de harina de soja en la década pasada. Vietnam e Indonesia son los dos países ubicados al tope del podio en términos de países importadores, con Malasia también como un destacado comprador del subproducto clave del crush de soja.

Sin embargo, la participación del Sudeste Asiático en los embarques de harina de soja se ha mantenido relativamente estable entre el 25-30% en la última década. El protagonista reciente en compras de harina de soja ha venido de países asiáticos, pero no del sudeste.

En este sentido, los países de la región de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Irán, Jordania y Emiratos Árabes Unidos explican gran parte del crecimiento reciente en despachos de harina de soja hacia el continente asiático. Asimismo, Turquía también creció sostenidamente en sus compras desde Argentina.

Si bien el norte de África supo ser destino de cerca de 1 de cada 10 toneladas de harina y pellets de soja, la participación de esta región y del continente africano es la más baja en más de 15 años en lo que va de la campaña actual.

Los valores por tonelada exportada se ubicaron en mínimos no vistos desde la campaña 2007/08.

Sin embargo, gran parte de la participación pérdida por África fue ganada por el continente americano, específicamente por países de la Alianza del Pacífico. Colombia, Chile, Ecuador y Perú han sido los protagonistas de este crecimiento, con su bloque marcando récords de importaciones de harina de soja desde Argentina en la anterior campaña 2023/24.

La industria aceitera argentina tiene una formidable capacidad de procesamiento para que la producción de soja en el país siga creciendo.

El desarrollo del polo de procesamiento del Up River en nuestra región es una inmensa ventaja competitiva de la Argentina, con el crush para generar exportaciones de harina, aceite y biodiesel a base de soja, además de subproductos como lecitina y glicerina.

Mientras cerca del 90% del poroto de soja tiene un solo destino año tras año, la harina de soja argentina se exportó a más de 64 países en lo que va de la campaña 2024/25. Mientras que, si se considera la campaña completa 2023/24 implicó exportaciones de harina y pellets de soja a 68 países.

Con 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), podemos afirmar que la harina de soja argentina nos vinculó comercialmente con más de un tercio del mundo, superando el 35% de los países del planeta.

La vicegobernadora Gisela Scaglia lamentó que, luego de tres días de vigencia de la medida que dejó transitoriamente sin efecto las retenciones agropecuarias, se las haya repuesto mucho antes del plazo prefijado del 31 de octubre, con el argumento de que se alcanzó el tope de U$S 7.000 millones.

La vicegobernadora lamentó la medida que dejó sin efecto las retenciones agropecuarias Créditos: Flavio Raina

En declaraciones formuladas en Rosario, Scaglia lamentó, en tono irónico, que "se acabó rápido la platita". Pero hizo notar que "nosotros lo dijimos el primer día: esto era un hot sale del campo, en dos días grandes cerealeras vendieron todo. Yo puedo asegurar que casi ningún productor ha podido llegar a vender cereal con retenciones cero, y anoche yo se lo escribí al gobernador: anoche volvimos a ser un país con retenciones. Eso es lo que hay que decir hoy, porque esa es la verdad. Todo productor que quiera ir a vender hoy va a vender con retenciones, tal cual estaban establecidas dos días atrás".

“Casi ningún productor ha podido llegar a vender cereal con retenciones cero”.

La funcionaria atribuyó esto exclusivamente a "un sentido oportunista del gobierno, que era ir a negociar con Estados Unidos para que no se desbandara el dólar, que los mercados pudieran confiar un poco. Pero es muy endeble lo que hicieron: solo tener un colchón de dólares, que siempre van a buscar al mismo lugar, que es el campo, y con eso pudieron contener el dólar en la banda. Pero no es una medida de largo alcance, ni tampoco genera ninguna estabilidad en el país. Y es triste, porque si a la baja de retenciones la continuaran para siempre, y con un criterio, eso daría mayor productividad, mayor desarrollo en la Argentina. Y los productores podrían haber salido con esa baja de retenciones a comprar, por ejemplo, maquinaria agrícola; cosa que no va a pasar en la provincia de Santa Fe, pero que hubiera sido una gran oportunidad para nuestra industria".

Scaglia no cuestionó el provecho que puedan haber sacado las exportadoras, ya que "estaban en su derecho". Pero remarcó que "lo que es triste es que las medidas no estén pensadas desde el corazón productivo y desde quien produce todos los días. Porque creo que tenían que llegar al chacarero, al que en este momento está arreglando el tractor, poniendo en condiciones la cosechadora para cuando venga la cosecha del trigo o tratando de preparar la sembradora para la nueva siembra. O muchos de ellos endeudados, tratando de comprar semillas, y que no pudieron llegar al menos este mes a poder hacer una compra sin retenciones".

Kristalina Georgieva celebró este lunes en redes sociales el apoyo expresado por Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, hacia la Argentina.

La directora gerente del FMI destacó que dicho respaldo es esencial para impulsar políticas "en beneficio del pueblo", mediante políticas de estabilización de las negociaciones de asistencia financiera.

La publicación de Georgieva en X.

“Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, expresó Georgieva en X.

Bessent señaló que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa” para la Argentina, incluyendo medidas como líneas de swap, compras directas de divisas estadounidenses, e incluso la compra de deuda pública en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

El anuncio de la autoridad norteamericana ocurre en medio del complejo escenario económico, marcado por la fragilidad de las reservas y la tensión cambiaria tras el revés electoral bonaerense y las sucesivas derrotas legislativas.

El presidente Javier Milei expresó su gratitud en redes sociales: "Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York".

Javier Milei junto a Scott Bessent se habían reunido meses atrás en Casa Rosada.

También el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su agradecimiento, citando la publicación con una larga fila de banderas argentinas, en señal de entusiasmo por el respaldo. Además, en otro tuit escribió: "Gracias Secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!", agregó luego.

Asimismo, el mandatario celebró en Casa Rosada con los miembros de su gabinete el gesto de la administración de Trump. Temprano por la mañana recibió en su despacho al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Cabe mencionar que Javier Milei tiene previsto mantener una bilateral con Donald Trump y Scott Bessent este martes, donde se presume que se podrá avanzar con los detalles de la asistencia financiera proclamada.

También está previsto para este mismo martes un encuentro entre la titular del Fondo Monetario Internacional y el presidente argentino en el viaje que emprenderá por la tarde-noche de este lunes a los Estados Unidos.

Hasta el cierre de la semana pasada, ninguna de las reuniones figuraban en la agenda de los funcionarios debido a que el mandatario tenía intenciones de emprender su doceava visita a Estados Unidos para participar del Debate General de la Asamblea General de la ONU.

Originalmente estaba en los planes partir durante la noche del domingo con la idea de llegar a Nueva York, el lunes a las 9.30. Sin embargo, según acusan en Casa Rosada, el mandatario prefirió acotar su salida y reprogramó la partida para este lunes a las 20.30, incluso evalúa recortar actividades y retornar antes al país.

Se espera que la delegación arribe a primera hora del martes, con intención de reunirse con par estadounidense Donald Trump y concretar el encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.

El libertario estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, quien ya se encuentra en Estados Unidos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

(Por Fiorella Carrión y Leonardo Botta) - El Gobierno Nacional dispuso suspender hasta el 31 de octubre las retenciones a la exportación de todos los granos. El anuncio busca que el agro acelere la liquidación de divisas y de esa forma reforzar la oferta de dólares en el mercado cambiario. La decisión generó reacciones diversas entre referentes del sector.

En este sentido, Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura, no ocultó su sorpresa: “Era una medida no prevista, sobre todo después de que el presidente Milei, a fines de julio en la Rural de Palermo, había establecido un esquema de derecho a exportación permanente con una reducción del 20%. Esta medida sorprende”.

Para el funcionario, la iniciativa tiene un sesgo coyuntural: “Es una señal cortoplacista que claramente refleja que el Gobierno nacional en materia de exportación no está estableciendo una política para los productores, sino que es una cuestión puramente de caja y de necesidad de divisas”.

Según Mántaras, no todos podrán beneficiarse con esta eliminación temporal: “La gran mayoría ya ha vendido sus granos, estamos en plena campaña gruesa y se implantó la fina. Los que van a liquidar son otros eslabones de la cadena, exportadores que se verán más favorecidos. El productor que vendió con las reglas de juego de julio puede sentirse engañado”.

El secretario también advirtió sobre impactos en otros sectores: “Este decreto desordena otras cadenas como la aviar, porcina, bovina y el sector lácteo, que requieren mucha previsibilidad”. Respecto a los precios, señaló que “se va a producir una suerte de puerta 12 si se liquida un volumen importante que quizá no tenga un impacto tan considerable como se cree”.

Desde la Sociedad Rural, en cambio, la lectura fue más positiva. Juan Pujato celebró la decisión aunque también marcó matices: “Desde el sector siempre vemos que una baja de retenciones es positiva. Quizá la falta de previsibilidad no ayuda, pero que durante 30 días bajen a cero es un indicador de que el campo es parte de la solución y está disponible para ser caja rápida”.

El dirigente recordó que se trata de un reclamo histórico: “Estamos peleando por la baja de retenciones hace 23 años, no podemos verlo con malos ojos”. Sin embargo, advirtió que cada productor deberá evaluar su situación: “Cada cual sabrá cuál es su número y hará sus cuentas. No estamos diciendo que liquiden, cada productor decidirá si vender o no”.

Productores de soja evalúan si aprovechar la ventana de 30 días para vender sus granos.

Pujato también puso en perspectiva el volumen en juego: “En soja, que es lo que más afecta la balanza, hay un 34% de la producción en manos de los productores. Son 17 millones de toneladas, unos 7.000 millones de dólares a valor Chicago que pueden ingresar al gobierno”.

La suspensión de las retenciones refleja, por un lado, la urgencia del Ejecutivo por obtener dólares y, por otro, la demanda de los productores de contar con reglas claras y sostenibles. Mientras para algunos actores del agro la medida es una oportunidad inmediata, para otros evidencia la falta de un programa estable en materia de política agropecuaria.

La Sociedad Rural celebró la baja a cero de las retenciones como un hito histórico.

En este escenario, el debate se concentra en si la decisión será un alivio transitorio o una fuente de mayor incertidumbre para una de las actividades centrales de la economía argentina.

“En las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y -si nos va bien- de julio del año que viene también”.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, buscó este jueves por la noche despejar dudas de los mercados para asegurar la capacidad de pago de la deuda del gobierno, que en medio de la incertidumbre política observa fluctuaciones en algunas de las variables macroeconómicas.

El jueves cerró con un fuerte saldo negativo en los mercados financieros. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y los bonos cayeron 10%, y el Banco Central volvió a vender divisas -US$ 379 millones- y el Riesgo País trepó hasta 1450 puntos.

“No nos vamos a mover del programa” y “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos”, dijo el ministro en medio de una escalada de la divisa que se incrementó 20% desde el “comprá campeón”.

Para completar la jornada, el banco británico Barclays evaluó que el gobierno argentino "parece estar priorizando la estabilidad cambiaria de cara a las elecciones intermedias de octubre" y advirtió: "En nuestra opinión, las probabilidades de una disminución de las reservas en este contexto son altas".

Sin embargo, y con unos US$22 mil millones disponibles para intervenir, el equipo económico confía que tiene los recursos para “secar la plaza” de pesos si la demanda de divisas sigue en este ritmo. Una especulación razonable en el margen contable, pero vertiginosa en materia de reservas netas negativas.

Por la noche, Luis Caputo señaló que “estamos viendo una cosa medio bizarra en Argentina. Hay un ataque político como probablemente yo por lo menos no haya visto nunca”, dijo en relación a la andanada de derrotas oficialistas en el Congreso.

Sin embargo expuso que “esta vez este ataque eh político está combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca”.

En agosto el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $ 390.301 millones, luego del pago de intereses por $ 1.166.564 millones. Y el superávit comercial creció a US$1.402 millones en agosto, la cifra más alta desde diciembre del año pasado.

“Hoy estamos en un tipo de cambio real bilateral históricamente alto; para dar una idea, estamos casi 15% arriba del tipo de cambio, o sea, del dólar de la salida del CEPO de Macri”.

En el canal de streaming Carajo, el funcionario nacional aseguró que “la gente se asusta por razones obvias, porque ve lo que hay enfrente, y ve el nivel de ataque que están haciendo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno ya envió al Congreso de la Nación los proyectos de ley que apuntan a fomentar la regularización de activos no declarados y modificar el marco legal vigente en materia de delitos económicos. Según precisó el funcionario, el texto ingresó por vía electrónica tras haber sido firmado por él y por el presidente Javier Milei en la noche previa a su declaración pública.

En este marco, Francos explicó que el contenido del proyecto incluye cambios normativos vinculados con los montos establecidos en la Ley Penal Económica, la prescripción de delitos y otros aspectos orientados a dar seguridad jurídica a quienes posean ahorros no declarados. El funcionario remarcó que el objetivo central de esta iniciativa es permitir que estos fondos puedan integrarse a la economía sin enfrentar penalidades derivadas de legislaciones anteriores.

El ministro explicó que la iniciativa busca atender la situación de muchos ciudadanos que, ante años de inestabilidad macroeconómica, optaron por conservar sus ahorros en dólares fuera del sistema formal. “La protección de los ahorros de los argentinos” fue una de las expresiones que utilizó Francos al describir el espíritu del texto enviado al Parlamento. Según indicó, se apunta a regularizar lo que definió como “los dólares del colchón”, en referencia a los fondos mantenidos por fuera del circuito bancario o financiero tradicional.

El jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre el nombre oficial del proyecto de ley, aunque confirmó que el contenido se centró en asegurar condiciones para que aquellos que realicen gastos con fondos propios y ahorros no queden sujetos a sanciones previstas por normas anteriores. Además, señaló que la legislación busca reducir los plazos de prescripción de ciertos delitos, como una de las herramientas para brindar garantías a los eventuales participantes del régimen.

Francos afirmó que el nuevo marco busca incentivar el vuelco de esos fondos a la actividad económica. “Queremos que eso se vuelque a la actividad económica para generar crecimiento", dijo al explicar el espíritu de la iniciativa. En su intervención, utilizó como ejemplo la conducta de quienes, en décadas pasadas, buscaron preservar el valor de su dinero recurriendo al mercado informal de divisas, debido a las restricciones cambiarias y los procesos inflacionarios recurrentes.

El funcionario se refirió a estos recursos como “un canuto, que lo guardaban y que no tenían dólares", y argumentó que la decisión de impulsar una legislación que contemple este tipo de situaciones responde a una visión que reconoce la realidad económica y cultural del país.

Durante su intervención, el ministro no precisó si la ley incluirá un blanqueo de capitales en los términos tradicionales, pero sí destacó que el texto firmado por el Ejecutivo contempla “modificaciones de normativa vigente” y apunta a legalizar ciertos comportamientos del pasado. También mencionó que estas modificaciones podrían tener impactos en el sistema tributario, aunque no abundó en detalles sobre ese aspecto.

Francos explicó que la elaboración del texto contempló distintas dimensiones legales y fiscales, y que la firma del proyecto se concretó la noche anterior a su declaración pública. Indicó que el envío al Congreso se realizó a través del sistema electrónico y que desde ese momento quedó habilitado el tratamiento parlamentario del proyecto.

El contenido completo del texto legislativo no fue divulgado en detalle, pero el funcionario insistió en que su eje principal es brindar garantías legales para la utilización de ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema. También mencionó que se busca eliminar obstáculos legales que podrían disuadir a los potenciales usuarios del nuevo régimen.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de incrementar la base monetaria sin emisión, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal. El objetivo, según se desprende de las declaraciones del jefe de Gabinete, es que estos fondos contribuyan a estimular la inversión y el consumo, en lugar de mantenerse inmovilizados por temor a eventuales sanciones legales.

En sus declaraciones, Francos evitó vincular esta iniciativa con intentos anteriores de regularización de activos no declarados, aunque admitió que la práctica de ahorrar en dólares fuera del sistema bancario responde a una conducta arraigada desde hace décadas en la sociedad argentina. Mencionó como referencia temporal el período posterior al Rodrigazo, en alusión a la crisis económica de 1975, aunque no lo desarrolló en profundidad.

A lo largo de la entrevista, el ministro subrayó que el enfoque del Gobierno es evitar mecanismos que impliquen nueva emisión monetaria o incremento de la presión impositiva. Reiteró que el plan del presidente Milei es mantener el equilibrio fiscal y que toda iniciativa legislativa que implique un gasto sin financiamiento será vetada. En ese marco, la recuperación de fondos existentes dentro del país aparece como una vía para fortalecer la disponibilidad de recursos sin afectar el esquema fiscal del Ejecutivo.

Francos también sostuvo que muchos de los ahorristas que recurrieron al mercado informal no tenían una intención delictiva, sino que actuaban motivados por la necesidad de proteger el valor de sus recursos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria. Por ese motivo, consideró razonable que el Estado habilite condiciones para que esos fondos puedan ser reutilizados sin riesgo de sanciones retroactivas.

Gustavo Ocampo - María José Valdéz

Germán Rollandi, licenciado en Economía, explicó en el programa Primera Mañana que el gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío urgente: obtener divisas para cumplir con compromisos externos, en particular con el Fondo Monetario Internacional.

Durante la etapa de liquidación de la cosecha gruesa, el Banco Central no logró acumular reservas como se esperaba. Frente a esto, la administración libertaria avanza con una estrategia dual: por un lado, un acuerdo repo con bancos internacionales y, por el otro, una inédita colocación de bonos en pesos que deben integrarse en dólares.

“Lo que busca el Gobierno es captar unos 4.000 millones de dólares que necesita para cumplir con el Fondo al 30 de junio. Y lo intenta haciendo atractivo el rendimiento en pesos, que está por encima del 29% anual”, explicó Rollandi.

El objetivo es captar capitales internacionales mediante un mecanismo de carry trade: invertir en pesos, obtener rendimientos altos, y luego salir del mercado cambiando nuevamente a dólares. Una apuesta que, según el economista, no apunta al ahorrista argentino, sino a fondos de inversión extranjeros.

El plan oficial llega en un momento clave. En julio, el país enfrenta un vencimiento de deuda de 4.300 millones de dólares, mientras las reservas del Banco Central siguen estancadas o en leve descenso. “Si las reservas no se recuperan, el pago de esa cifra puede golpear fuerte las expectativas del mercado”, advirtió Rollandi.

A esto se suma otro dato preocupante: la balanza comercial se deterioró rápidamente. “Pasamos de un superávit de 5.000 millones en el primer trimestre a apenas 500 millones. Eso refleja que estamos exportando menos e importando más”, detalló.

El fenómeno tiene también una cara visible en la vida cotidiana: el aumento del turismo emisivo, es decir, los argentinos que viajan al exterior. En el primer trimestre del año, creció un 67%, mientras que el ingreso de turistas extranjeros cayó más del 20%. “Esto implica una salida neta de dólares, justo cuando más se necesitan”, analizó.

Según Rollandi, el plan de financiamiento puede funcionar como una solución temporal para evitar una corrida cambiaria o un salto en la brecha. Pero está lejos de resolver los desequilibrios de fondo.

“Si esta colocación de bonos no tiene el éxito esperado, pueden volver los cimbronazos. La apuesta del Gobierno es total. Si sale bien, se gana tiempo. Si no, hay riesgo de inestabilidad”, concluyó.

En el corto plazo, el mercado estará atento al resultado de esta jugada financiera. Pero también a otros factores que influyen en la economía argentina: los precios de los commodities, el tipo de cambio y el humor social. Porque, como señaló Rollandi, “el problema no es solo conseguir los dólares, sino lograr que quieran quedarse”.

Juan Pablo Peralta - Periodista acreditado en Casa Rosada.

Este martes, tras recibir al secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. -con quien se firmaron acuerdos bilaterales junto al ministro del área local Mario Lugones- el presidente Javier Milei dio una charla magistral de economía en Casa de Gobierno a los diputados nacionales de La Libertad Avanza, referida al proyecto de ley que se enviará al Congreso para intentar blindar a quienes usen para consumo sus dólares no declarados.

El lugar elegido fue el Salón Héroes de Malvinas (ex Pueblos Originarios), donde el mandatario utilizó pizarrón, fibrones y un atril desde el que fue desgranando las modificaciones normativas anunciadas la semana pasada por el equipo del Palacio de Hacienda, con el objetivo de eliminar diversos controles que animen a los ahorristas que hayan resguardado su poder adquisitivo en otras monedas a “sacarlos del colchón”.

Como se adelantó la semana pasada, el denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, requiere de dos partes. La primera vinculada a la utilización de herramientas de parte del Poder Ejecutivo nacional, como decretos y resoluciones, y una segunda, que depende de iniciativas de carácter parlamentario que requieren de una mayoría que el mileísmo no tiene en ninguna de las dos cámaras. Por eso la importancia de alcanzar acuerdos con bancadas dialoguistas y con los caciques provinciales.

En su papel de economista, el jefe de Estado hizo un recorrido por lo que considera importantes logros de su gestión, haciendo especial hincapié en lo que se refiere al equilibrio de las cuentas públicas y la baja de inflación, de la que sostuvo que “va a dejar de ser un problema” que permitirá un desarrollo sostenido del Producto Bruto Interno. Los 33 legisladores del partido violeta estuvieron encabezados por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni.

Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, le manifestó a la prensa acreditada que “fue una muy linda reunión de economía donde se habló de inflación, de crecimiento y de la dolarización endógena”. Asimismo, adelantó que “probablemente en las próximas semanas salgan los dos proyectos de los que faltan: ley penal tributaria -para garantizar y dar estabilidad a las desregulaciones y flexibilizaciones aplicadas en el decreto 353/25- y el cambio en la ley de procedimiento fiscal”. A la vez, agregó que “el régimen simplificado de ganancias ya está funcionando”.

Consultado por El Litoral acerca de si considera que están los números para aprobar las iniciativas, el diputado expresó escuetamente, “no sé, lo veremos”. El correntino Lisandro Almirón añadió que “siempre es importante un tipo de relación con el Ejecutivo de esta magnitud”.

La administración central quiere acelerar los tiempos y que las medidas salgan antes de que empiece la campaña electoral nacional y los congresistas queden atados a las actividades partidarias en sus distritos. Vale decir que, entre otras cosas, el Gobierno de la Nación propondrá reducir de cinco a tres años la prescripción penal de los delitos tributarios y modificar el monto con el cual se califica la evasión fiscal. Según se aseguró en Balcarce 50, el texto oficial no incluye cambios en la Ley Penal Cambiaria.

Caputo, el encargado del "Plan Colchón". Foto: Reuters

En esa línea, y apuntando a conseguir el aval de la mayor cantidad de gobernadores, el ministro coordinador, Guillermo Francos; su segundo de Interior, Lisandro Catalán; el mandamás de Economía, Luis Caputo, y el responsable de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, tuvieron un zoom para explicar los alcances de las medidas -en dos tandas- con mandatarios provinciales de Catamarca (Raúl Jalil); Jujuy (Carlos Sadir); Misiones (Hugo Passalacqua); Neuquén (Rolando Figueroa); Río Negro (Alberto Weretilneck); Salta (Gustavo Sáenz); Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y Tucumán (Osvaldo Jaldo). El segundo bloque, estuvo integrado por: Chaco (Leandro Zdero); Chubut (Ignacio Torres); Corrientes (Gustavo Valdés); Entre Ríos (Rogelio Frigerio); Mendoza (Alfredo Cornejo); San Juan (Marcelo Orrego); San Luis (Claudio Poggi); Córdoba (Martín Llaryora) y Santa Cruz (Claudio Vidal).

Por el momento no fueron de la partida: la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof); Formosa (Gildo Insfrán); Tierra del Fuego (Gustavo Melella); Santa Fe (Maximiliano Pullaro); La Pampa (Sergio Ziliotto); La Rioja (Ricardo Quintela), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jorge Macri). En la sede del PEN informaron que algunos de los ausentes podrían participar en los próximos días -de manera presencial- de encuentros similares en búsqueda de los mismos objetivos.

En el marco de las acciones que el Gobierno de la Provincia lleva adelante en la lucha contra el narcotráfico y las economías del delito, el Ejecutivo santafesino reforzará acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito, tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación. Desde la Provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad pública.

Así lo informaron los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, este viernes al dar a conocer medidas concretas que se tomarán en la Provincia.

“La lucha contra las mafias en Santa Fe es un mandato indeclinable por lo que tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios a la provincia” consideró Cococcioni, por lo cual aseguró que las medidas “tienen como blanco poblacional gente ligada directamente a la actividad criminal en la provincia y apuntan a resguardar la seguridad pública”.

Es por eso que el funcionario anunció la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de poner en marcha “un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y con convocatoria a otros organismos y poderes del Estado para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera (es decir, detectar un crecimiento patrimonial inusual) que se centrará en las personas y organizaciones vinculadas judicialmente y por los órganos de Inteligencia a actividades del crimen organizado en la provincia”. Para eso, se llevará adelante “un cruce de información para desarrollar una estrategia de bloqueo tendiente a contrarrestar la circulación económica ligada a estas actividades criminales”, subrayó Cococcioni. 

El comité funcionará “en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia, en la órbita de la Dirección Provincial de Información Patrimonial”, agregó el titular de Justicia y Seguridad con el objetivo de “reunir información y vincularlos a los movimientos de las organizaciones criminales y a partir de ahí diseñar medidas tendientes a limitar y bloquear accesos a servicios del propio Estado”. 

Vale recordar que ya en el blanqueo anterior el Gobierno santafesino investigó quiénes eran las personas que habían adherido, con una mirada puesta en verificar que no haya ningún fondo que sea directamente ilegal o que provenga de las economías criminales, o que organizaciones delictivas pretendan blanquear. “Estas no son medidas de investigación penal ni investigación judicial sino que son medidas administrativas para dificultar el financiamiento de la actividad del crimen organizado, mediante un mecanismo que reunirá información de distintos ámbitos del Estado, vinculándola al sistema de Inteligencia e Investigación Criminal, priorizando grupos criminales con capacidad de realizar actos violentos”, sumó Cococcioni.

Por su parte Olivares consideró que el blanqueo anunciado por la Nación “genera determinadas ventajas para la circulación económica y que dichas ventajas son favorables para el 99% de la población que es gente de bien pero al mismo tiempo genera ventajas para el otro 1%” donde están las organizaciones criminales, por lo que reconoció que “tratando de compatibilizar la recuperación económica pero evitando que pueda significar poner en riesgo la seguridad, es donde focalizamos en este 1%”. 

Además recordó que el Gobierno nacional ya había dispuesto que quienes “quería sacar los ‘dólares del colchón’ tuvieran un blanqueo generoso para hacerlo; lo pudieron hacer e incorporaron esos dólares al circuito formal” por lo cual consideró que “estas medidas apuntan a un nuevo blanqueo pero a expensas de quitar determinados controles, lo que nos genera interrogantes y por eso desde la Provincia tenemos que estar más atentos que nunca”.

Por Emerio Agretti

Bajo el título de Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el gobierno nacional presentó este jueves un paquete de medidas orientado a recuperar para el circuito formal de la economía los dólares que se guardan “en el colchón”.

El programa involucra la reducción de regímenes informativos que vigilan consumos, ahorros y gastos, y un paquete normativo que incluye un decreto y un proyecto legislativo para modificar los controles sobre los movimientos financieros. También se simplificará el régimen del Impuesto a las Ganancias

Antes de dar paso a los integrantes del equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, y por el titular de ARCA, Juan Pazo, más el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el vocero presidencial, Manuel Adorni dijo que se "acabó la ridiculez" de que en Argentina "paguen justos por pecadores" y dio a conocer algunos detalles del "plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos".

Adelantó que el programa “se implementará en dos etapas: todo lo que el PE puede hacer, se aplicará a través de un decreto. La UIF (Unidad de Información Financiera) adecuará su normativa al nuevo esquema”.

Asimismo, añadió: "Segunda etapa: un proyecto de ley. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete. ´Tus dólares, tu decisión´. Lo tuyo es tuyo. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario".

"La Argentina es uno de los países que más se empobreció en las últimas décadas. También en el que más criminalizado está el ahorro", indicó y añadió: "Bajo esta triste realidad normalizamos prácticas ridículas".

También, expresó: "En un acto de locura de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes. Es hora de terminar con esta gran hipocresía que tiene a los argentinos de rehén". "Se busca atraer a los argentinos de bien a la formalidad", dijo Adorni.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que se busca darle a la gente "la libertad de manejar sus ahorros".

El Gobierno sostuvo que el Estado tiene que "volver a confiar en la gente para recuperar la confianza y que el dinero circule libremente dejar de tratar a la gente como criminales por default".

En este marco, el titular de ARCA, Juan Pazo, anunció una serie de medidas destinadas a eliminar mecanismos de control fiscal que calificó como parte de una “exagerada burocracia”. Según dijo, el organismo “nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad”.

Una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.

Además, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de que una entidad insista con ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor. Según Pazo, la medida busca proteger el secreto fiscal y eliminar prácticas que consideró invasivas e injustificadas.

La tercera decisión incluyó la modificación de los umbrales de los regímenes que se mantienen vigentes. A partir de ahora, los bancos sólo deberán informar transferencias y acreditaciones bancarias superiores a $50 millones en el caso de personas físicas y $30 millones para personas jurídicas. Para las extracciones en efectivo, el piso se elevó a $10 millones tanto para individuos como para empresas, en línea con “los estándares internacionales”.

Finalmente, el titular del Banco Central, Rodolfo Bausili, dio cuenta de nuevas pautas para “reducir la carga burocrática de las personas que interactúen con las entidades del sistema financiero”, y a la vez “mejorar los servicios”.

Esto incluye “definir los parámetros para que la información se pueda compartir de manera segura”, y como y a quién quiera, liberando de la obligación de presentar declaraciones juradas “con mucha más información de la necesaria”, sino liberando el acceso a esos datos de manera digital y controlada.

El Director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Furiase, sostuvo que los ahorros en dólares que los argentinos conservan fuera del sistema pueden ayudar a remonetizar la economía mediante el plan para facilitar su uso que lanzará el Gobierno.

En diálogo con el programa Si pasa, pasa por Radio Rivadavia, Furiase aseguró que “producto de todas las crisis financieras, los argentinos tienen un colchón muy fuerte en dólares, que puede ayudar a remonetizar la economía".

Sobre la iniciativa que el Ejecutivo planea anunciar esta semana para que los dólares del colchón salgan a circulación, indicó que “la idea es facilitarle los mecanismos a la gente para que puedan volcar los dólares del colchón a la economía y eso genere crecimiento económico, más recaudación y el Estado lo pueda seguir devolviendo a la gente en términos de baja de impuestos porque para eso tenemos el superávit fiscal".

Al referirse al panorama en el que se encuadra el plan oficial, explicó que “hoy la economía va creciendo un 6% anual, y para sostener ese crecimiento con baja de inflación hay que darle nafta, hay que remonetizarla” al precisar que actualmente “los niveles de remonetización son muy bajos, producto de todas las crisis que tuvimos".

En este contexto, el Director del BCRA también destacó el aporte de divisas del campo señalando que “somos muy optimistas con la liquidación y la cosecha que va a tener el agro” y remarcó que “esto claramente aporta a la remonetización porque que haya más oferta de dólares, hace que haya más chances de que el dólar vaya al piso de la banda”.

Continuando en esta línea, reafirmó el rumbo económico valorando que “la verdadera competitividad de este programa de estabilización se da bajando impuestos, bajando la inflación, con orden macroeconómico y bajando el costo financiero”, indicando que “por eso tuvimos el mejor primer trimestre en 2025 de cantidades exportadas para derribar este mito de dólar atrasado y que no hay competitividad”.

El asesor del Ministerio de Economía en el BCRA resaltó los resultados de las políticas implementadas asegurando que “la estabilización sacó más de 10 millones de personas de la pobreza y va a seguir bajando”, y sosteniendo que “cuando hay orden macroeconómico puede bajar el dólar y los precios”.

Con respecto a la baja de la inflación, destacó que “estamos evidenciando baja de precios, el chip está empezando a cambiar” a partir de que “hay superávit fiscal y no hay emisión monetaria, por lo que no hay razones macroeconómicas para que haya inflación”.

Durante el mes de abril las empresas del sector agroexportador liquidaron US$2.524 millones de dólares, un 32% más en relación al mismo mes del año 2024 y un 34% por encima de marzo de 2025. Es una buena noticia para el gobierno nacional, que no se queda allí tras el acuerdo con el FMI.

El ministro de Economía apura medidas para que los argentinos usen unos 242 mil millones de dólares (estimación del Indec) "no blanqueados", que remoneticen la economía sin emitir pesos. Todo mientras el BCRA acumula reservas que vienen del campo y de la recomposición de confianza; los depósitos en dólares se recuperaron unos US$ 2 mil millones tras las turbulencias previas al levantamiento parcial del cepo.

Juan Carlos De Pablo, el economista que escucha ópera con Javier Milei los domingos a la noche, salió a reclamar que se apuren las medidas por las cuáles los argentinos puedan comprar bienes o servicios pagando con un QR que descuente dólares bancarizados. Pero Caputo va más allá: quieres los dólares encanutados en las medias, bajo el colchón o en cajas de seguridad.

En el marco de la liquidación agroindustrial, el acumulado anual entre enero y abril es del 35%, en la comparación interanual con el mismo período. La noticia se conoce en medio de la cosecha de oleaginosas y con le gobierno nacional advirtiendo que repondría retenciones al finalizar junio.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) destacaron que el ingreso de divisas de abril es el resultado de la reducción de derechos de exportación bajo el Decreto 38/25 y del nuevo régimen cambiario que eliminó el "blend" e impactó sobre el mercado de granos "con ventas a la exportación, así como el inicio de la cosecha de soja en los últimos días mes de abril".

La rebaja temporal de retenciones a las exportaciones de granos en Argentina termina el 30 de junio de 2025. Esa medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 38/2025, publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2025; temporalmente la soja pasó del 33% al 26%; sus derivados del 31% al 24,5%; el trigo del 12% al 9,5%; la cebada pasó del 12% al 9,5%; el maíz pasó del 12% al 9,5%; el girasol pasó del 7% al 5,5% y el sorgo pasó del 12% al 9,5%.

En medios económicos allegados a la producción siguen de cerca la evolución del precio de los granos; hay asesores económicos que no descartan que finalmente Milei mantenga las rebajas del referido decreto. El gobierno extendió la reducción de aranceles a las manufacturas de origen industrial y busca no sólo regenerar el incentivo de exportación, sino sobre todo promover climas de adhesión en un año electoral.

Economía anunció la eliminación de los derechos de exportación del 88% de los productos industriales. "De ahora en más, 4.411 productos no tendrán que pagar retenciones de entre el 3% y el 4,5% sobre el valor de la mercadería", posteó el ministro Luis Caputo al anunciar la medida.

La estrategia oficial procura cumplir con los compromisos firmados ante el FMI tras el acuerdo que incorporó US$12 mil millones equivalentes en Derechos Especiales de Giro. Las metas trimestrales para 2025 implican una acumulación de US$8.900 millones hasta fin de año para cerrar 2025 con un stock positivo de US$1.600 de Reservas Netas Internacionales.

Miles de bolivianos marcharon y bloquearon calles este miércoles (19.03.2025) en las ciudades de La Paz y El Alto en protesta por la escasez de dólares y de combustible que enfrenta el país.

Dos grupos, uno liderado por indígenas y otro por choferes, marcharon por separado durante varias horas hacia La Paz, sede del gobierno, desde la ciudad vecina El Alto.

Ataviados con ponchos rojos, sombreros negros y vestimenta celeste, miles de indígenas aymaras rodearon la Plaza de armas de La Paz, donde se encuentra la sede presidencial, y cuyo acceso fue bloqueado por la policía antimotines.

El precio de la canasta familiar es "muy alto", se quejó el dirigente indígena Leonardo Quispe al hablar con la AFP. La inflación interanual hasta enero fue de 12,03%, el nivel más alto desde 2008, según el gobierno.

"La falta de combustibles nos perjudica bastante en el campo", agregó Quispe, quien prometió presionar al gobierno con "otras medidas" si no atienden sus demandas.

"Esto viene desde mucho tiempo atrás, se le ha dado al gobierno suficiente tiempo para que pueda dar soluciones", dijo a periodistas el chofer Luis Chávez, que encabezó la protesta de conductores.

Cientos de vecinos se sumaron a los reclamos y bloquearon las principales calles de El Alto, donde se ubica el aeropuerto internacional que sirve a La Paz.

El gobierno de Luis Arce anunció la semana pasada una serie de medidas para reducir el consumo de combustibles, como clases virtuales en las escuelas y la reducción de la flota de vehículos del transporte público. También aseguró que comprarán más carburantes.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el 66% de las estaciones de servicio del país no tenían combustible esta semana. Y en las que sí había, los conductores debían esperar entre 4 y 24 horas para abastecerse.

Desde 2023, Bolivia atraviesa una crisis económica derivada de la falta de moneda estadounidense. Casi ha agotado sus reservas internacionales líquidas, que destina a importar combustibles para venderlos en el mercado interno a precio subsidiado.

Un hombre de 54 años, cuyas iniciales son CDE, quedó en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que se lo investiga por haber cometido un robo con un arma de fuego en Venado Tuerto. La víctima es una persona que pretendía comprarle dólares al imputado.

La cautelar fue ordenada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Paula Borrello, en una audiencia que se desarrolló este jueves en la mañana en los tribunales venadenses.

La fiscal Andrea Cavallero está a cargo de la investigación y es quien solicitó la preventiva. En tal sentido, informó que “la jueza valoró las evidencias que presentamos y sostuvo que son suficientes para acreditar la materialidad del hecho y la posible autoría por parte del hombre investigado, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa del proceso penal”.

Además, la fiscal afirmó que “se contempló que la pena en expectativa es a prisión de cumplimiento efectivo”. En tanto, indicó que “la magistrada consideró que el peligro de fuga estaba latente, en función de las propias circunstancias del hecho ilícito, así como de las medidas investigativas que resta realizar”, y mencionó que “todavía no se hallaron ni el arma de fuego utilizada en el robo ni el dinero sustraído”.

Por otro lado, Cavallero destacó que “antes de que el imputado ingresara a la sala de audiencias, la víctima fue escuchada por la jueza”.

La representante del MPA planteó que “alrededor de las 7:30 de la mañana del lunes pasado, el imputado fue hasta el domicilio de un hombre al que le había ofrecido 6.000 dólares a la venta”, y explicó que “habían acordado previamente que el comprador pagaría 7.560.000 pesos”.

“Cuando estaban por concretar la transacción, el investigado apuntó un arma de fuego hacia la cabeza de la víctima y le sustrajo el dinero que tenía en moneda nacional”, relató Cavallero. “Tras apoderarse ilegítimamente del efectivo en pesos, conservó consigo los dólares, que pertenecían a un tercero que se los había entregado para cambiarlos”, aseguró.

Asimismo, señaló que “antes de irse, el imputado agredió a la víctima con una patada que la hizo caer al suelo y, una vez allí, la golpeó de nuevo de la misma forma”. Al respecto, subrayó que “en el marco de la situación violenta, el investigado amenazó de muerte al hombre atacado y lo instó a que no denunciara lo sucedido”.

En cuanto a la aprehensión de quien quedó en preventiva, la fiscal precisó que “momentos después del hecho delictivo, una vecina de la víctima advirtió lo que había sucedido y se comunicó con la Central de Emergencias 911”, y añadió que “el imputado fue privado de su libertad ese mismo día por agentes policiales”.

El imputado es investigado como autor de robo calificado (por el uso de un arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada).