El Centro de Documentación Rápida (CDR) se trasladó en la fecha a su nueva sede en la esquina de Sarmiento y Juan B. Justo, espacio ocupado anteriormente por la Oficina de Emisión de Licencias de Conducir.

Con mayor comodidad y funcionalidad para vecinos y empleados, allí podrá gestionarse el primer DNI; DNI nuevo por robo, extravío, inutilización o cambio de domicilio; el DNI Exprés y las actualizaciones; Pasaporte; Pasaporte Exprés; Tarjeta Sube; Certificados de Domicilio y Supervivencia.

El intendente Leonel Chiarella señaló que “para nosotros es un paso muy importante porque desde hoy los vecinos pueden hacer todas las gestiones del CDR e informarse de un modo más ágil y en un lugar más cómodo; es un paso adelante para seguir haciendo un Estado más moderno, un compromiso que asumimos como gestión”.

En esta línea, adelantó que la próxima etapa de la renovación edilicia en Sarmiento y Juan B. Justo comprenderá la construcción de un SUM, con la particularidad que será destinado exclusivamente a instituciones de la sociedad civil, que de este modo contarán con un espacio físico funcional para desarrollar sus actividades.

Las oficinas que desde hoy ocupa el CDR fueron intervenidas con una serie de mejoras, que entre otras incluyeron nuevo piso cerámico, reemplazo de aberturas y vidrios, revestimiento de paredes y nuevos tabiques, nuevo mobiliario y calefactores, pintura general, nueva instalación eléctrica y puesta en valor de fachada edilicia y veredas.

La atención como siempre será con turno previo, de lunes a viernes de 7 a 14.30, teléfonos 427802- (03462) 308432.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Gobierno de Estados Unidos levantó este miércoles el secreto oficial que pesaba sobre 1.491 documentos relativos a la muerte del expresidente del país John F. Kennedy en Dallas (Texas) en 1963.

Los archivos consisten en teletipos, informes y comunicados intergubernamentales que ahora son accesibles a todo el mundo a través de la página web de los Archivos Nacionales de EE.UU., aunque no incluyen la totalidad de los documentos en poder del Gobierno sobre este asunto.

Cientos de papeles, presumiblemente con la información más delicada, siguen bajo secreto, según indicó la prensa estadounidense este mismo miércoles.

Según la legislación oficial que data de 1992, los informes sobre el asesinato de JFK deberían haber sido hechos públicos en 25 años, es decir, en 2017, pero la ley contemplaba un posible aplazamiento si se consideraba que existían preocupaciones sobre seguridad nacional.

El expresidente Donald Trump (2017-2021) ordenó la divulgación de 2.800 documentos inéditos en octubre de 2017, pero decidió mantener en secreto otros cientos de ellos bajo esta premisa, varios de los cuales fueron los que se desclasificaron este miércoles. En total, los Archivos Nacionales han divulgado ya más del 90 % de los documentos gubernamentales sobre el asesinato de JFK.

El expresidente demócrata fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas) por Lee Harvey Oswald, quien según la investigación oficial de la comisión Warren actúo en solitario, algo sobre lo que muchos historiadores y estudiosos de este caso siguen planteando dudas.

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El Litoral Integrantes de la Oficina de Investigación realizaron pasadas las 13 de este lunes un nuevo procedimiento en una oficina del Ministerio de Seguridad en Santa Fe. La búsqueda se centró en la Secretaría de Coordinación Técnica y Administrativa, a cargo de Maximiliano Novas, uno de los funcionarios a quien se le secuestró el teléfono celular y que presentó la renuncia al cargo. Si bien no se conocieron detalles de la intervención, se filtró que fueron requeridos algunos teléfonos que fueron utilizados por funcionarios del área como, también, los oficiales actuantes se habrían llevado documentación adicional. Cabe recordar que desde el Ministerio Público de la Acusación se lleva adelante una profunda investigación que procura determinar si el ex ministro Marcelo Sain y sus principales colaboradores formaron una estructura dedicada al espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas. El pasado viernes tanto en Santa Fe como en Rosario fueron secuestrados gran cantidad de elementos que serán incorporados a la investigación que llevan adelante los fiscales de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, donde se investigan dos delitos principales: una licitación para la compra de armamento para la Policía a una empresa israelí, objetada por una empresa de fabricación de armas argentina, y el delito de espionaje.