Mauro L. Muñoz

El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de la oposición que reforma la Ley 26.122, que modifica el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), delegación legislativa y de promulgación parcial de las leyes.

La iniciativa fue aprobada en general con 56 afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones. La votación en particular resultó con los mismos números para los artículos del 1, 2 y 3; mientras que los artículos 4, 5 y 6 alcanzaron 54 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

Estuvieron ausentes en la votación seis senadores Luis Juez (PRO-Córdoba), Mariana Juri (UCR-Mendoza), Carolina Losada (UCR-Santa Fe), Antonio Rodas (PJ-Chaco), Rodolfo Suarez (UCR-Mendoza) y Víctor Zimmermann (UCR-Chaco).

La Cámara alta dio media sanción a un proyecto para reformar la Ley de DNU.

El texto, girado a Diputados, establece modificaciones sobre la herramienta prevista en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional; principalmente, establece que los DNU sean ratificados por ambas cámaras y dentro de un plazo máximo de 90 días.

La reforma complementó una jornada con otra dura derrota para el oficialismo en la Cámara alta, que más temprano había dejado firme la Emergencia en Discapacidad mediante el rechazo definitivo al veto presidencial de la ley.

La reforma sobre DNU no implica erogaciones, pero sí tiene efectos institucionales. Tuvo dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales con el impulso de distintos bloques de la oposición (UP, parte de la UCR, PRO y bloques provinciales) que se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado.

Propone ajustar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio más restrictivo al tratamiento de DNU y de facultades delegadas del Poder Ejecutivo.

La Cámara alta dio media sanción a un proyecto para reformar la Ley de DNU.

La ley 26.122, sancionada en 2006, instauró la “sanción ficta”: si el Congreso guarda silencio, los decretos siguen vigentes y pueden quedar convalidados si una de las cámaras los aprueba.

El nuevo texto invierte esa lógica: exige ratificación explícita de ambas cámaras para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida; si no hay pronunciamiento en ese lapso, el decreto cae.

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", establece el texto.

La otra reforma fuerte es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.

La Cámara alta comenzó la sesión minutos después de las 11 de la mañana. Fue habilitada con 39 senadores presentes. Luego de las cuestiones de privilegios, se habilitó la discusión en torno al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 62 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención. Continuaba en el temario el proyecto para limitar los DNU y una modificación del Régimen de Retiro Anticipado.

La sesión estuvo presidido este jueves por el senador puntano y presidente provisional Bartolomé Abdala, ante la ausencia obligada de la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo en ausencia del presidente Javier Milei, en viaje a los Estados Unidos.

Abdala presidió la sesión ante la ausencia de Villarruel a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos.

Antes de llegar al núcleo de la reunión, bajo la figura de cuestiones de privilegio, senadoras y senadores plantearon fuertes críticas sobre lo que se interpretó como un avance del gobierno nacional sobre la libertad de prensa, a partir del fallo que prohibió hacer públicos audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, en lo que se considera un caso de “censura previa”.

En tanto, el bloque de Unión por la Patria bajó de su plan el pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a fin de que aclare su participación en el caso $Libra y en el caso de las presuntas coimas que se desprende de los audios atribuidos al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo.

El jefe de la bancada peronista, José Mayans, anunció que la solicitud será impulsada en un próximo debate porque la hermana del Presidente va a ser convocada por la comisión de la Cámara de Diputados. En tanto, mencionó la posibilidad de avanzar con un juicio político contra la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la ofensiva contra los periodistas por revelar presuntos hechos de corrupción.

Luego, se procedió a tratar sobre tablas el veto del Presidente al proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad. El debate quedó habilitado por mayoría espacial y se extendió durante poco más de cuatro horas. A las 16.44 fue aprobada la insistencia de la norma por los dos tercios necesarios.

Por César Rodríguez

El destino del DNU 70/2023 depende ahora de Diputados. Por el momento, el corazón de las reformas libertarias sigue en pie pero, tras el rechazo del Senado, la Cámara baja deberá definir si lo aprueba o lo voltea en su totalidad. En la Casa Rosada se muestran entusiasmados con una aprobación, sumando votos del PRO, la UCR y aliados provinciales.

Aún sin fecha definida para su tratamiento, el gobierno ya ensaya estrategias políticas que aseguren la vigencia del mega decreto. Para ello, mantienen reuniones periódicas con los diferentes bloques opositores, reforzando los intentos por asegurar el apoyo necesario.

Este domingo, el presidente de Diputados, Martín Menem, adelantó que persiste la ilusión de mantener vigente el DNU, a partir del apoyo de "más de 130 ó 135 diputados que tienen la voluntad de ir hacia adelante". Incluso, se animó a minimizar las chances de que se caiga.

Menem hizo énfasis en "salir adelante" dejando de lado "de una vez por todas" aquellas políticas que a su juicio "tanto daño le hicieron a la Argentina". "Llevamos casi 14 años sin crecer, sin que crezca el empleo formal y con el poder adquisitivo que se cayó a pedazos. Por eso, el DNU es una parte necesaria para salir de esta situación", remarcó el presidente de la Cámara baja.

El titular de la Cámara baja se mostró confiado en que el oficialismo contará con el número necesario para poder aprobar las reformas incluidas en el DNU. El mensaje de Menem está dirigido a los legisladores del PRO, a sectores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, junto a quienes evalúan distintas alternativas para congelar el debate sobre la legalidad del mega decreto y evitar así otra resonante derrota para el Gobierno.

"Veremos, esto es muy dinámico, también se puede dar que esté el número para aprobar el DNU. Es difícil, la política es el arte de lo posible dicen. Hay un número importante dentro de la cámara que piensa que el DNU se puede aprobar y otro que piensa que tiene que darle fuerza de ley", dijo, al tiempo que habló de entre 130 y 135 legisladores nacionales que creen que el contenido está bien, aunque cuestionan el "mecanismo" del decreto.

DNU / TOMEN NOTA (hilo)Fue en el año 1994 que se le dió rango constitucional a los DNU (decretos de necesidad y urgencia)Llama la atención que el jueves haya sido la primera vez en 30 años que una cámara (El Senado) rechaza un DNU.Muy loco no?Más aún cuando se trata de un…

"Se está viendo quién es quién, qué intereses defienden, si van a acompañar la política del Presidente más legitimado de la historia. Se están quedando en las formas cuando no existe ningún DNU que haya sido rechazado en plena vigencia a los dos meses de estar vigente, esto habla de quienes todavía defienden intereses o que protegen sus carreras políticas antes de pensar en el interés de 45 millones de argentinos que están esperando que las cosas empiecen a darse vuelta y empezar a caminar el sendero del crecimiento", sentenció el diputado de La Libertad Avanza.

Además, sostuvo que el kirchnerismo no tiene los números suficientes para poder dar de baja el decreto. "No hay lugar para tibios, cualquier decisión contra el DNU es hacerle juego al kirchnerismo. Y va a queda en claro a qué quiere jugar cada espacio político", afirmó en declaraciones radiales.

"Hay una clara y manifiesta decisión del Poder Ejecutivo de lo que está dispuesto a hacer para sostener el rumbo, no se negocia el objetivo que tenemos déficit cero y estabilidad monetaria. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer en pos del rumbo que nos hemos propuesto", asestó Menem.

Tras el cachetazo propinado por la oposición en el Senado, el pronunciamiento del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, trajo algo de alivio en el gobierno.

Massot aclaró que no va a rechazar el mega DNU de Milei cuando el debate llegue a la Cámara de Diputados. "No voy a rechazar el DNU. Debemos aprobarlo por ley. Creo que el decreto fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes pero no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes que volverían a afectar la vida diaria de la gente", resaltó en su cuenta de X.

No voy a rechazar el DNU. Debemos tratar su contenido por ley. Creo que el decreto fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes pero no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes que volverían a afectar la vida diaria de la gente. Como hace… pic.twitter.com/0YRNOPCFJ7

"Como hace tiempo sostengo, creo que la solución es tratar legislativamente de manera inmediata los contenidos del decreto y entonces reemplazarlo por ley antes que derogarlo. Así, entre otras cosas, podremos dejar firme por ley la reforma laboral, que constituye el corazón del decreto y urge para la expansión del empleo entre industriales y emprendedores", completó el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal .

El mensaje de Massot trae alivio no solo por su posicionamiento personal sino porque se interpreta como una línea que podría seguir su bloque, que está integrado por el diputado entrerriano Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio, el cordobés Oscar Agost Carreño, el economista Ricardo López Murphy, el bonaerense Florencio Randazzo y la misionera Florencia Klipawka también podrían inclinarse por validar el DNU.

Sin embargo, no es seguro que en el bloque de Hacemos haya una postura unificada, ya que por ejemplo los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón podrían votar en contra, rememorando una situación similar a la que se vivió en el tratamiento de la ley ómnibus. Lo mismo se espera de la bonaerense Margarita Stolbizer y de los seis diputados de La Coalición Cívica.

De todas formas, en el gobierno, las dudas más grandes giran en torno de lo que harán los cinco diputados de la provincia de Córdoba: Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota y Juan Brügge.

La otra bancada que tiene una de las llaves para decidir el futuro del DNU en Diputados es la Unión Cívica Radical. Sin embargo, el centenario partido se encuentra desgarrado por una interna a carne viva tras la decisión de su titular, Martín Lousteau, de votar en contra del DNU 70/2023 en el Senado.

Los gobernadores de esa fuerza política cuestionaron la decisión del presidente del Comité de la UCR y respaldaron las medidas que impulsa el presidente Javier Milei, llamando al oficialismo a promover el diálogo sin "prolongar la narrativa electoral".

“El reciente posicionamiento de los cuerpos orgánicos partidarios como la Mesa del Comité Nacional y de la Convención Nacional sobre la inconstitucionalidad del DNU y los efectos concretos que produce en la vida de la ciudadanía, constituye una declaración contundente de revalidación de los principios y de la trayectoria institucional y republicana de la Unión Cívica Radical", planteó el comunicado, firmado por los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdes (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco) y los jefes de bloque radicales, Eduardo Vischi (Senado) y Rodrigo De Loredo (Diputados).

Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina. pic.twitter.com/ZQKpo4Iwj8

Por su parte, este fin de semana, Lousteau salió a defender su voto en contra del DNU y aseguró que no le "da miedo el gobierno" de Javier Milei -que lo culpabilizó por la derrota en el Senado- sino que le "da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo".

Quien también se expresó sobre el posicionamiento de Lousteau en la votación del Senado que derivó en el rechazo al DNU fue Martín Menem. El titular de la Cámara baja no se guardó críticas: "No me extraña de él. Fue empleado de Cristina Kirchner y llevó al país al borde de una guerra civil en 2009 con la 125. Está pensando en su carrera política y se olvida de la gente que lo votó", indicó.

La relación con Villarruel

Si bien desde el entorno de ambos aseguran que mantienen diálogo fluido, pero formal, la decisión de la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, de incluir el debate del DNU en el temario de la sesión especial en el la Cámara alta el pasado jueves no cayó bien en el Poder Ejecutivo, que buscaba dilatar el tratamiento hasta conquistar los números necesarios para su aprobación. Incluso, derivó en un fuerte comunicado del entorno de Javier Milei.

Frente a las especulaciones de crisis entre el Presidente y la vice, Menem descartó la posibilidad de un enfrentamiento, y atribuyó los rumores al "círculo rojo". "Están a la vuelta esperando que mal le puede pasar al Gobierno para sacar provecho", acusó.

“Creo que son muchas más especulaciones por parte del círculo rojo y de los que están a la vuelta esperando a lo malo que le puede pasar al Gobierno para sacar provecho”, sostuvo el titular de la Cámara baja.

“No hay que darle entidad, creo que se ha hecho un mundo de una situación que es de todos los días. Hay que bajarle el precio a esto”, siguió Menem en declaraciones radiales.

“La política naturalmente genera intercambio de opiniones. Hay consenso en algunas ideas y algún disenso, pero se charla, se discute, se acuerda y se sigue adelante en el marco interno. Me pasa a mí todos los días con diputados de La Libertad Avanza”, aseguró.

Mirabella presentó un proyecto de ley que busca otorgar un margen constitucional y formal frente a las discusiones en el Congreso de la Nación. “La Constitución, como la sociedad en la que rige, tiene su propia vida y tiene una potencialidad transformadora para organizar el complejo proceso del Poder y de la vida social”  argumenta el legislador.El principal punto que postula el Diputado es que “El DNU debe de tratarse independientemente del periodo legislativo en que nos encontremos”, sostuvo, cuestionando lo ocurrido con los legisladores oficialistas con la Ley Ómnibus, que querían tratar los decretos solo en el período ordinario.Entonces Mirabella propuso modificar el artículo 17 de la ley para dejar explícitamente claro que en caso de que el DNU sea dictado durante el receso, su publicación implica automáticamente la convocatoria a sesiones extraordinarias.

El Diputado santafesino también contempla mejorar la representatividad de las fuerzas políticas que forman parte del poder Legislativo Nacional aumentando el números de integrantes de la comisión bicameral de 8 y 8 a 12 y 12 legisladores.Por otro lado, el proyecto establece la modificación del artículo 24 de la ley, para que el rechazo del DNU quede efectivo desde el momento en que cualquiera de las dos Cámaras se expida en sentido contrario, y no ambas como ocurre actualmente. Además, a través de la modificación de los artículos 19 y 20 se busca regular con mayor precisión los plazos de las distintas etapas del trámite legislativo en 10 días. Para concluir, Mirabella afirmó “Estas modificaciones evitarían que estos tipos de decretos sean ejercidos de manera abusiva. Asimismo, la situación vigente supone una anomalía contraria al espíritu parlamentario donde es más fácil obtener validez con un Decreto que con una Ley”.

La justicia nacional de primera instancia del Trabajo declaró este miércoles la invalidez de seis artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica del gobierno de Javier Milei.

La decisión fue adoptada por la jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández, que hizo "parcialmente lugar a la acción de amparo" de la Confederación General del Trabajo (CGT), que este miércoles realizó un paro nacional con movilización contra el DNU 70/23.

La magistrada resolvió “declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97” del DNU 70/2023, aunque aclaró que “gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario”.

La jueza laboral de feria acotó su decisión a aquellos artículos del DNU que, según su consideración, afectan “de modo directo” los intereses de la CGT por afectar derechos colectivos de los trabajadores.

“El artículo 73, que modifica las condiciones de retención de la cuota sindical; el artículo 79, que establece reglas para la negociación colectiva; el artículo 86, que modifica la vigencia de las cláusulas obligacionales; los artículos 87 y 88, que incorporan a su vez los artículos 20 bis y 20 ter a la ley 23551; y el artículo 97, que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos”, resumió la jueza en su resolución de 10 páginas.

“Tal como lo he sostenido en ocasión de analizar la constitucionalidad de normas anteriores (entre otras, los DNU 699/2019 y 761/2020, en los que me pronuncié por su invalidez), una objeción determinante estaría dada por la circunstancia de que el Congreso se encontrara funcionando. Y el Congreso, en este caso, se encuentra funcionando”, explicó.

“Es más, no sólo se encuentra funcionado, sino que ha sido el propio Poder Ejecutivo quien incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación del DNU 70/2023 (ver el ya mencionado artículo 654 del Proyecto de Ley de ‘Bases…’). Si bien este argumento es suficiente para invalidar las normas mencionadas, tampoco puede pasarse por alto que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparece debidamente justificada”, continuó la jueza.

Tampoco “puede presumirse (la supuesta necesidad y urgencia) a partir de analizar la correlación entre las dificultades económicas que se describen (por todos conocidas) y la posibilidad de conjurarlas con el conjunto de las normas contenidas en el Título IV”, se explayó.

“Normas vinculadas al concepto de ‘situación legal de desempleo’, al modo en que se confeccionan los recibos de sueldo, o a las modificaciones sobre presunciones o carga de la prueba no parecen a simple vista tener impacto alguno en los problemas macroeconómicos que el propio decreto invoca”, señaló la jueza.

En ese punto, la magistrada aclaró: “No abro juicio de valor sobre la eventual necesidad de alguna de las reformas propuestas, pero claramente no se configura la urgencia invocada en el caso de todas ellas”.

“He de reiterar, para ser precisa sobre los fundamentos de esta decisión, que no analizo aquí la conveniencia o la inconveniencia económica o social de la reforma (aspecto en principio ajeno al control judicial), las ventajas o las desventajas en el nivel de empleo o en el impulso de la economía que podrían derivar de su sanción y, menos todavía, mis propias preferencias, juicios de valor o criterios individuales en relación con todas las normas involucradas”, explicó la jueza.

“Con independencia de cualquier análisis sobre el contenido normativo del DNU 70/2023 no se han cumplido aquí los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido", remató.

Este martes, el Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto (CCeIVT) emitió un comunicado fundamentando porqué la entidad no apoya el paro general de este miércoles 24, que tendrá movilizaciones en gran parte del país (incluido Venado Tuerto) en rechazo al DNU presidencial y a la Ley Ómnibus, que por estas horas se discute en el Congreso de la Nación. 

De esta manera, y en sintonía con las cámaras empresarias y de comercio del resto del país, desde el CCeIVT analizaron algunos puntos del DNU presentado por el gobierno de Javier Milei manifestando sus coincidencias en algunos títulos puntuales de la denominada ‘Bases para la reconstrucción de la economía argentina’.

En primer lugar, desde la entidad venadense manifestaron su opinión con respecto al DNU 70/2023, y en particular al Título VI que modifica las actuales leyes de trabajo donde, entre otras cosas, se amplía el período de prueba de los empleados de tres a seis meses y se incluyen modificaciones a las indemnizaciones en caso de despido. Desde el CCeIVT destacaron que “la institución apoya lo presentado por el Gobierno nacional”. Además, subrayaron su coincidencia en que “las actuales leyes laborales están obsoletas y obstruyen la creación de empleo”.

En ese sentido, desde el Centro Comercial expresaron su apoyo a la “charla del señor Teddy Karagozian en el año 2023, donde propone un régimen de indemnización similar al que se plantea en el actual DNU”, asegurando que “la aplicación del decreto no afectaría derechos adquiridos”.

Por otro lado, señalan que, en Argentina, “el trabajo autónomo es muy significativo. La mayoría son pequeños comercios y prestadores de servicios que necesitan crecer, y muchas veces optan por no generar empleo por los altos costos laborales y por los pasivos contingentes”.

Seguidamente, desde el Centro Comercial e Industrial venadense dieron su postura sobre el Titulo XVI (Resgistro del automotor”, apuntando a que “coincidimos con el Gobierno nacional en que todo lo que conlleve a bajas en los costos de los tramites, es algo que nos facilita la vida a los argentinos y pensamos que es algo muy beneficioso”.

Respecto a lo que refiere a la reforma en seguridad contemplado en el proyecto de ley, indicaron que “hace tiempo sostenemos que la seguridad es un tema que nos preocupa”, acotando que “hasta la fecha no hubo respuesta de parte de nuestros gobernantes”. Tambien consideraron como “positivo” que se trabaje sobre tales temas y que, “si los cambios que propone el Gobierno son necesarios para ordenar el país, también apoyamos”.

Por último y, en resumen, aseguraron que “no apoyamos el paro del 24; las PYMES trabajamos”. 

El DNU de Javier Milei ha generado ya una catarata de presentaciones contra el mismo en la Justicia, la cual de alguna forma dividió en reclamos que apuntan a la totalidad de las reformas, o bien a las laborales o al aumento de prepagas.

En mesa de entradas la búsqueda de las demandas contra el DNU 70/2023 arroja un largo listado de amparos presentados. Hasta el momento, no hubo ninguno que frene toda la reforma tal cual lo reclamaron varios sino sólo 3 cautelares que lo hicieron respecto a las reformas laborales.

De alguna forma, los reclamos se fueron agrupando por tipo en distintos fueros de la Justicia, como ser aquel que cuestiona a la totalidad y están todos presentados en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Pero ahí hay una batalla pendiente: el Gobierno quiere que se trate como amparo colectivo en el juzgado donde fueron los primeros presentados, pero el juez Enrique Lavié Pico lo desarmó lo que implica que lo que se resuelve sólo afecta a quien se presenta.

Eso está pendiente de resolver por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Mientras tanto Lavié Pico tendrá que definir si hace lugar al amparo del Observatorio del Derecho en la Ciudad, la primera en presentarse contra el DNU.

Pero en el fuero laboral siguen los expedientes por las reformas introducidas por Milei y que en tres resoluciones distintas fueron frenadas. Una por pedido de la CGT, otra de la CTA y de la Federación de Viajantes.

Asimismo, en el fuero Civil y Comercial Federal también se agruparon allí los amparos presentados contra la desregulación de las prepagas que ha provocado ya aumentos y que muchos particulares reclaman una cautelar.

Pero en lo que hace al fuero Civil y Comercial recientemente la Cámara del fuero rechazó la habilitación de la feria judicial de verano por lo que se prevé que recién comience a analizarse en febrero.

Pero en febrero ya habrá una intervención de la Corte Suprema de Justicia pues ya adelantó que ante una presentación del Gobierno de La Rioja se meterá en el análisis del DNU previo dictamen de la Procuración General de la Nación.

La cuestión es si el momento en que defina la Corte Suprema de Justicia ya el conflicto generado por el DNU ya habrá tenido algún tipo de acuerdo desde el Poder Político, esto es el Congreso de la Nación, para destrabarlo y permitir la vigencia de las reformas.

Jueves negro para el DNU 70/23 de Javier Milei. Una serie de fallos dictados por la Justicia complican la estrategia que el gobierno nacional pergeñaba luego del primer freno recibido tras el amparo interpuesto por la central obrera.

Mientras que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU, un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal habilitó la tramitación por separado de cada presentación judicial que se haga contra el decreto de necesidad y urgencia.

El primer fallo se conoció en horas del mediodía y conforma la segunda cautelar concedida por la cámara del fuero laboral, luego de que el miércoles le haya hecho lugar a un planteo de la CGT y este jueves a uno de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).

En tanto que, dos horas más tarde, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para tratar, por separado, distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU, lo que complica el proceso colectivo en el cual el gobierno de Javier Milei pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a esa medida.

El magistrado declaró la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo -como había sido considerada la presentación del Observatorio de Derecho de la Ciudad- y comunicó al Registro de Procesos Colectivos, para su "desvinculación inmediata".

En esa dirección, Lavié Pico -quien se encuentra de turno en la feria judicial- ordenó que sean remitidas a "las jurisdicciones correspondientes" las "actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso" colectivo.

La resolución es contraria al pedido del gobierno nacional a través de la Procuración del Tesoro. Ahora, el gobierno podrá apelar esa determinación del juez que decide tratar cada uno por separado, el que él tiene que es contra la totalidad, y aquel del fuero laboral donde en dos cautelares ya se frenaron las demandas. De hacerlo, intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que resolverá si los amparos siguen analizándose por separados o se concentran todos en este último fuero.

“Torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial”, explicó el juzgado en su fallo.

Los jueces del fuero laboral, en tanto, resolvieron "disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/23 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo".

La decisión fue alcanzada con el voto de la jueza Andrea García Vior, al que adhirió su colega Alejandro Sudera, mientras que no votó la magistrada María Dora González. Ellos integran la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En la primera parte del fallo, los jueces aceptaron intervenir ante el planteo de la CTA y rechazaron enviar la causa al fuero Contencioso Administrativo, que es aquel al que el Gobierno nacional quiere llevar todos los planteos contra el DNU.

"En el caso planteado se dan a mi ver circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de la competencia y la habilitación de la vía elegida en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable, no sólo en base a las normas procesales antes mencionadas que definen su ámbito material de actuación, sino también por su especial versación en materia de derecho social", señaló la jueza González Vior en su voto.

"No se trata meramente de derechos económicos, sino que lo que se alega es la grave vulneración de derechos humanos fundamentales", enfatizó González Vior en el voto al que adhirió el juez Sudera.

Además, la jueza remarcó: "Hecha pública la convocatoria a un paro general por las centrales obreras para el día 24 de enero en curso y habiendo dispuesto la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) no dar tratamiento inmediato al proceso originario habilitado ante su sede con motivo del DNU cuestionado, el peligro en la demora es aún mayor teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas por el DNU a las leyes 25.877, 23.551 y 14250 -reitero, de aplicación inmediata, conforme la cuestionada ley 26122- y los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada".

Tan pronto como se conoció el primer fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, desde el gobierno nacional habían dejado trascender que "los abogados del Estado apelarán la medida cautelar" y que la presentación ya está siendo elaborada por la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra.

Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, ratificó este jueves que el gobierno apelará, mediante un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, el fallo dictado por la Cámara del Trabajo en contra del DNU.

En la habitual rueda de prensa llevada a cabo en Casa Rosada, Adorni confirmó que el Gobierno también pedirá "la incompetencia" de la Cámara del Trabajo.

"El fallo se apelará. Habrá un recurso extraordinario ante la Corte y, además, se impedirá la incompetencia por entender que el fuero es el Contencioso y no el Laboral. Además, todo esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia", comunicó Adorni.

Dentro de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en el paquete de leyes revelado durante su primera cadena nacional, se explicaron los alcances del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este tiene la intención de derogar alrededor de 300 leyes y modificar otras tantas para desregular la economía y las relaciones de la sociedad civil.

Entre estas modificaciones, capta especial atención, por la problemática abordada y todo el debate previo, la derogación de la Ley de Alquileres, aprobada en junio de 2020 y recientemente reformada. Es también el primer punto del DNU.

La norma, votada en 2020 y modificada este año, establecía contratos de tres años, con actualizaciones semestrales según el índice Casa Propia, y prohibía en forma expresa los acuerdos en dólares. Ahora, con la ley derogada, se vuelve al escenario anterior a 2020, en el que el Código Civil y Comercial de la Nación estipulaba contratos de 2 años, en moneda nacional, con el ajuste que pacten las partes, que puede ser trimestral, cuatrimestral o semestral.

La derogación disparó las consultas de actuales inquilinos y propietarios, además de la inquietud de quienes deberán establecer contratos de ese tipo en el futuro. Por lo pronto, hay que aclarar que los cambios no afectarán a los contratos que ya están en curso, los cuales suelen tener una duración de tres años con actualización semestral.

Así, la derogación de la normativa que rige los alquileres podría traer controversias a futuro, si bien el Presidete la presentó con el objetivo de que “el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”.

Sin ley específica, los acuerdos habitacionales a largo plazo volverían a regirse por el Código Civil y Comercial de 2015. Esto significa que tendrían una duración de dos años, con actualizaciones semestrales previamente pactadas entre el inquilino y el propietario (aunque también, las cuales quedarían establecidas en el contrato. Además, se libera la posibilidad de hacer los contratos en todo tipo de moneda como pesos, dólares y euros, entre otras.

En particular, en el DNU se estipula lo siguiente:

Artículo 256: Sustitúyese el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley N° 26.994 y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 1199: Moneda de pago y actualización. Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato.

En caso que no se haya establecido plazo, en los casos de locación temporal, se estará al que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble locado, (ii) en los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin muebles, será de dos (2) años y (iii) para los restantes destinos (como alquiler de oficinas o locales) será de tres (3) años.

Una vez publicada en el Boletín Oficial, la normativa se considera conocida por todos después de 8 días y, a partir de ese momento, entra en plena vigencia para nuevos contratos

“Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres. Si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada”, se detalló.

Otro aspecto que llega con la derogación de la ley anterior es que los contratos ya no se deben inscribir en la AFIP.

Los puntos centrales que generaron una escasez de oferta sin precedentes son el plazo y la forma de actualización. Aunque existen otros aspectos menos resistidos, como el principio de libre contratación.

En tanto, la vuelta al plazo de dos años es algo que reclaman agrupaciones de propietarios, no así las entidades que defienden a inquilinos.

En resumen

Junto a la derogación de la Ley de Alquileres el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves en el Boletín Oficial establece el nuevo conjunto de normas para las locaciones de inmuebles para residencia, que podrían sintetizarse de la siguiente forma:

1 - El contrato se puede realizar en cualquier moneda.

2 - El inquilino tiene que pagar en la moneda pactada.

3 - Los jueces no pueden cambiar la moneda pactada.

4 - Se puede pactar cualquier tipo de actualización.

5 - El contrato se puede realizar por cualquier plazo. No rige más un plazo mínimo del contrato.

6 - El locador deja de tener la obligación de pagar las mejoras introducidas por el locatario. Salvo que acuerde hacerlo.

7 - El locador puede rescindir el contrato por cualquier incumplimiento del mismo y no solamente por las tres causales que contemplaba el Código Civil y Comercial.

8 - El locatario ya no puede rescindir el contrato si el inmueble no queda apto para uso y goce cuando él mismo haya ocasionado el daño en forma directa o indirecta.

9 - Resolución Anticipada del contrato en cualquier momento pagando el 10% del monto de los alquileres hasta el fin del contrato. Por ejemplo, ya no debe esperar el inquilino que pasen 6 meses desde la firma del contrato para rescindir.

El decreto avanza sobre artículos de la Ley 25.065 que regula diversos aspectos vinculados con el sistema de tarjetas de crédito (TC), así como de débito y otras de compras. Hasta ahora se fijaban reglas para una relación equitativa entre el emisor de las tarjetas y los usuarios.

Se elimina por ejemplo el artículo 5, que obliga a que se encuentren en el plástico los datos del usuario pero también el 7mo que establece que los contratos se puedan leer y que sean claros: se habilita el conocido uso de la letra chica. El usuario pierde también el apartado c) de la ley votada en 1999, que dice que “las cláusulas que generen responsabilidad para el titular adherente estén redactadas mediante el empleo de caracteres destacados o subrayados”.

También se quita el artículo 8vo, que establecía que el contrato solo se consideraba vigente tras la firma por parte del usuario: se buscaba el “perfeccionamiento de la relación contractual” para que el banco no considere que el usuario había aceptado la tarjeta solo por haberla emitido. El DNU borra el derecho del usuario a que rija el contrato solo con “la firma” del cliente y la emisión de los plásticos.

El texto impuesto por decreto sobre la ley votada por el Congreso hace casi 25 años permite informar a las bases de datos quiénes son los deudores, al tacharse el artículo 53. De paso, suprime la condición solidaria entre bancos y emisores de tarjetas por “los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios de las extensiones u opciones de Tarjetas de Crédito por las consecuencias de la información provista”, ya que se suprime esa obligación de confidencialidad sobre el deudor. El negocio se extenderá también a vender datos sobre morosos.

Además, el articulo 15 se cambia y pasa a ser libre el cobro de aranceles y comisiones a los comercios, cada emisor podrá fijarlo; la ley hasta aquí establecía un tope del 3% “entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios”. De mantenerse el DNU se pierden los párrafos que indican que: “En todos los casos se evitarán diferencias que tiendan a discriminar, en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes” y que “el emisor en ningún caso efectuará descuentos superiores a un cinco por ciento (5%) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”. Ahora habrá libertad en la oferta para esos aspectos.

El Gobierno decretó que este martes será feriado nacional para recibir al plantel de la selección argentina que se consagró campeón del Mundial Qatar 2022.

La medida no correría para la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP), que estaría operativa todo el día, y los bancos, que estarían abiertos hasta el mediodía.

El domingo, el Gobierno analizó declarar un asueto administrativo para empleados públicos el día en que la Selección se encontrará con la gente. Primero se pensó en el lunes, pero cuando Aerolíneas Argentinas confirmó que el plantel recién llegaría en la medianoche, se descartó la posibilidad. Luego se evaluó un asueto para el martes, pero al final se decidió decretar el feriado.

Se trata de una medida inédita, ya que no se había declarado asueto ni feriado en las consagraciones mundiales anteriores de la Selección, en 1978 y 1986.

La comitiva llegará a Buenos Aires a primera hora del martes y se trasladará de inmediato al predio de la AFA, en donde descansarán jugadores y cuerpo técnico hasta que salgan rumbo al Obelisco para festejar con la multitud que los recibirá.

Será el comienzo de los festejos por la conquista del Mundial de Qatar, según anunció este lunes al mediodía el equipo campeón, a través de Twitter. “El plantel campeón del mundo partirá el martes al mediodía hacia el Obelisco para festejar el título mundial con los hinchas. ¡Sí, somos campeones del mundo!”, afirmó el posteo del seleccionado.

El plantel CAMPEÓN DEL MUNDO ? partirá el martes al mediodía hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas.

¡Sí, somos CAMPEONES DEL MUNDO! ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/YIjyyYJS4w

— ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 19, 2022

En tanto, el vuelo AR1915 de Aerolíneas Argentinas que trae de regreso de Qatar a los campeones, hizo escala técnica en el aeropuerto Leonardo Da Vinci en Roma, para reaprovisionarse y continuar viaje hacia el aeropuerto de Ezeiza, donde tiene previsto arribar a las 2 del martes, según indica el seguimiento del vuelo por internet.