Mauro L. Muñoz

El Gobierno tendría resuelto declarar la Emergencia Ígnea mediante un DNU. La decisión surgió luego de la reunión de la mesa política de la Casa Rosada que tuvo lugar este jueves desde el mediodía.

Así, el núcleo duro de la administración libertaria habría descartado la vía legislativa para acelerar la respuesta a los reclamos de las provincias del sur argentino e incrementar partidas presupuestarias destinadas al combate del fuego en la Patagonia.

La decisión, acordada en medio de la presión de los gobernadores del sur, se coló en el corazón de una reunión que tenía entre sus ejes las negociaciones por la reforma laboral, el principal proyecto al que apunta el gobierno nacional para las extraordinarias de febrero.

Continúan los reclamos por los incendios activos en la Patagonia y obligan a la Casa Rosada a tomar decisiones. Foto: REUTERS / Matias Garay.

La reunión de mesa política estuvo encabezada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); y el titular de Diputados, Martín Menem.

En el mismo sentido se expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, luego de la reunión que mantuvo con los gobernadores dialoguistas a la que calificó de “positiva”.

En declaraciones a la prensa, remarcó que “en las próximas horas”, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resolverá el posible tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea.

La solicitud había sido encabezada por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La Mesa Política del Gobierno nacional volvió a reunirse este jueves.

Los mandatarios patagónicos habían pedido que el Congreso trate con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

Santilli remarcó que el Gobierno nacional está al tanto de lo que sucede en el sur del país y “presente en los incendios”, por lo que avanzaría directamente mediante la vía ejecutiva, para no demorar los plazos en el combate del fuego.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $ 129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación, fiscalización y sostenimiento operativo del sistema federal de respuesta ante emergencias.

Fue a través de la Resolución 91/2026 firmada por la Ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La gestión de Monteoliva fue destacada por Santilli tanto en el envío de brigadistas y de equipamiento de helicópteros hidrantes, al mismo tiempo en que remarcó que “se está trabajando” en todos los incendios.

En tanto, los principales incendios que afectan al territorio patagónico se concentran en el Parque Nacional Los Alerces y Epuyén, que avanzan sin control en dirección a poblaciones y zonas rurales, luego de arrasar con la vegetación que tenía por delante. La situación se ve agravada por el clima sin precipitaciones a la vista y días con temperaturas por encima de los 30 grados.

La política previsional ha vuelto a ser un tema de debate en la opinión pública, luego de la difusión de un informe del Centro de Política Económica Argentina (CEPA) que analiza la evolución de las jubilaciones desde la asunción de Javier Milei. Según el informe, el cambio en la fórmula de movilidad no representó una mejora estructural de los haberes, sino que consolidó a las jubilaciones como una de las principales variables de ajuste en el programa económico del actual gobierno.

El informe estimó que, tras los aumentos por inflación de diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886.

En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279, lo que representa una brecha de $93.393 mensuales para los beneficiarios del sistema previsional.

En suma, los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del 27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei.

El informe se enfoca especialmente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609, vinculando ahora las jubilaciones a la inflación de manera mensual. Aunque el Gobierno presentó la medida como una forma de evitar que los haberes pierdan frente a los precios, el estudio concluye que este sistema fija un techo: si bien las jubilaciones no continúan cayendo, tampoco pueden recuperar lo perdido.

Además, el bono que complementa la jubilación mínima se mantendrá congelado por segundo año consecutivo, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, especialmente aquellos con ingresos más bajos.

Según el informe de CEPA, el primer trimestre de 2024 fue uno de los más difíciles para los jubilados. La aceleración inflacionaria, heredada de 2023 y profundizada por la devaluación de diciembre y la liberalización de precios, golpeó fuertemente los ingresos previsionales. En ese contexto, el cambio en la fórmula de movilidad no logró compensar la pérdida de poder adquisitivo. Si bien se realizó una recomposición inicial del 12,5%, el informe señala que esta mejora solo consolidó la pérdida que ya había tenido lugar.

Uno de los puntos más críticos del análisis es que el nuevo esquema de movilidad no permite recuperar el terreno perdido. Aunque las jubilaciones se ajustan mensualmente con el índice de precios, no se incorpora ningún mecanismo que permita una recomposición real del poder adquisitivo. 

Por su parte, el congelamiento del bono, que afecta a la mayoría de los jubilados, fue identificado como un recorte encubierto. La cifra de $70.000, que no se actualiza desde marzo de 2024, ha perdido valor en términos reales debido a la inflación, afectando gravemente a aquellos que dependen de este complemento.

El estudio también compara la evolución de las jubilaciones bajo la nueva fórmula con la que se habría registrado si se hubiera mantenido la fórmula derogada, que estaba basada en la evolución de los salarios y la recaudación. En un escenario de inflación descendente, el análisis concluye que esta fórmula hubiera sido más favorable para los jubilados, ya que su reemplazo por un sistema estrictamente atado a la inflación consolidó la pérdida acumulada y cerró la puerta a una posible recuperación.

A nivel histórico, el informe destaca que, tras una etapa de mejora del poder adquisitivo entre 2003 y 2015, las jubilaciones han atravesado sucesivas caídas. El cambio en la fórmula previsional iniciado en diciembre de 2023 marcó un retroceso rápido y profundo que lleva los haberes a niveles comparables con los de la década de los noventa. La conclusión es clara: el sistema previsional está estabilizado en un nivel bajo, sin previsión de mejoras en el corto o mediano plazo.

Uno de los cambios más significativos que se mencionan en el informe es el fin de la moratoria previsional. Sin esta herramienta, la gran mayoría de los nuevos jubilados no alcanzan los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación plena, quedando relegados a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que es menor al haber mínimo y presenta restricciones adicionales. Esta decisión también tiene un fuerte impacto de género, ya que afecta principalmente a las mujeres, que suelen tener trayectorias laborales más interrumpidas.

El análisis de CEPA concluye que la política previsional vigente tiene tres elementos regresivos: la consolidación de la pérdida inicial, el congelamiento del bono y la eliminación de la moratoria. El resultado es un sistema previsional que estabiliza las jubilaciones en un nivel históricamente bajo, trasladando el peso del ajuste a los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

(Por María José Valdéz) - El Gobierno nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce una profunda reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional. El documento, firmado el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, redefine el funcionamiento del área, crea nuevas agencias, disuelve otras y unifica tareas con el objetivo de centralizar decisiones y facilitar el intercambio de información entre organismos del Estado.

Uno de los ejes centrales del decreto es que todas las actividades de inteligencia pasan a tener, de manera expresa, carácter encubierto. Aunque históricamente esta condición se infería por la naturaleza de la tarea, ahora queda establecida de forma explícita en la ley, reforzando el secreto y limitando los márgenes de publicidad y control indirecto.

El DNU también introduce por primera vez una definición legal de “investigación de inteligencia”. Bajo esta categoría se legitiman tareas orientadas a identificar actores, conductas y procesos considerados de interés estratégico, aun cuando no exista la comisión de un delito concreto, lo que amplía el campo de acción preventivo del sistema.

La reforma amplía las funciones de contrainteligencia e involucra a todo el Estado.

Otro cambio sustancial es la ampliación explícita del concepto de contrainteligencia. El decreto incorpora como amenazas no solo el espionaje y el sabotaje, sino también la injerencia, la influencia y la interferencia externa, categorías amplias que habilitan nuevas líneas de actuación.

Además, se establecen “medidas pasivas de seguridad de contrainteligencia” obligatorias para todo el Sector Público Nacional. Ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos del esquema, bajo la responsabilidad directa de sus titulares, lo que implica un involucramiento institucional inédito.

Si bien el texto mantiene las prohibiciones históricas de realizar inteligencia por motivos ideológicos, religiosos o sobre actividades lícitas, introduce excepciones amplias en materia de contrainteligencia. En determinados supuestos, incluso, se habilitan facultades compulsivas, lo que genera un cambio conceptual relevante respecto del régimen previo.

El decreto reorganiza por completo el Sistema de Inteligencia Nacional. La SIDE se consolida como órgano rector de un esquema altamente centralizado que incluye al Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia, además de los organismos militares y de control interno.

La transformación de la ex Agencia de Seguridad Nacional en Agencia Nacional de Contrainteligencia marca un cambio de enfoque. Deja de intervenir en crimen organizado para concentrarse exclusivamente en amenazas estratégicas, espionaje e influencia extranjera, evitando superposiciones con fuerzas de seguridad.

En paralelo, se separan de manera tajante la ciberseguridad y la ciberinteligencia. Mientras la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia produce información estratégica sobre el ciberespacio, se crea un Centro Nacional de Ciberseguridad, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, encargado de la protección de infraestructuras críticas y la respuesta a incidentes.

Uno de los puntos más delicados del DNU es la habilitación expresa para que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia o auxilio judicial, con obligación de dar intervención inmediata a las fuerzas de seguridad. Se trata de una atribución inédita que modifica límites operativos históricos.

El decreto también crea dos ámbitos de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por fuerzas armadas, de seguridad y organismos clave, y la Comunidad Informativa Nacional, conformada por áreas civiles como Migraciones, Renaper y Aduana. De este modo, todo el Estado pasa a alimentar el sistema, con distintos niveles de intervención.

En materia de control, la antigua Dirección de Asuntos Internos se transforma en Inspectoría General de Inteligencia, con funciones de auditoría técnica, evaluación de desempeño y control de eficacia. El modelo prioriza el control interno especializado por sobre la supervisión política externa.

El nuevo esquema entra en vigencia inmediata y será comunicado a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que deberá ejercer un control posterior. Mientras tanto, el DNU ya genera debate por el alcance de las atribuciones otorgadas y el impacto que tendrá en el equilibrio institucional y los mecanismos de control democrático.

Pese a que la idea de crear en Santa Fe Decretos de Necesidad y Urgencia (de modo muy limitado) fue parte de la Ley 14.384 que habilitó la necesidad de la Reforma, hoy todo indica que su sola mención en la futura Constitución crea más objeciones que adhesiones.

Acaso la experiencia nacional donde predominan los abusos, haya hecho retroceder posiciones a quienes pensaron en incorporar los polémicos DNU.

Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Esas posiciones fueron públicas en el debate de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, cuya mayoría oficialista decidió escribir lo siguiente, ante las críticas de la oposición, en especial del convencional Emiliano Peralta y -curiosamente- de La Libertad Avanza, se da marcha atrás con el tema.

Emiliano Peralta.

“La Comisión manifiesta que, atento a la decisión de no incluir la figura de los decretos de necesidad y urgencia y la delegación legislativa, en el texto de dictamen propuesto, no corresponde referirse a limitación alguna y, en efecto, es competencia de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana manifestarse sobre el tema habilitado, con exclusión de toda mención al dictado de disposiciones de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo”, indica el dictamen de mayoría de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Además de la cadena presidencial donde ratificó la voluntad de sostener el déficit cero y vetar cualquier ley que a su entender lo comprometa, el Gobierno nacional anticipó que sostendrá las reformas implementadas por decreto, en base a facultades delegadas por el Congreso, a pesar de que ahora esas normas sufran el rechazo parlamentario. Se trata de la disolución o reestructuración de organismos como Vialidad, INTA e INTI, estructuras culturales, Banco de Datos Genéticos o el régimen de la marina mercante, cuyos respectivos decretos fueron rechazados por la Cámara de Diputados con media sanción, y ahora podrían quedar definitivamente sin efecto si el Senado hace lo propio. Se trata principalmente de las modificaciones impulsadas desde el Ministerio de Desregulación por Federico Sturzenegger, y popularmente asociadas a “la motosierra”.

En ese sentido, en una entrevista en Radio Rivadavia y consultado sobre la posibilidad de frenar en el Senado el rechazo a los decretos, el jefe de Gabinete Guillermo Francos entendió que la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada con el presidente Javier Milei, no cuenta con las posibilidades de impedir la sesión que tratará el tema en la Cámara de Senadores.

"No sé si tendrá la presidenta del Senado la posibilidad de hacerlo, de interrumpir o si le impondrán el número. No lo hizo la vez anterior…", deslizó, y sumó: "No sé si esta vez podrá hacerlo, dependerá de las circunstancias que tenga el Senado en ese momento".

Esto en virtud de que, luego de la votación en Diputados, resta que el Senado los deje sin efecto; cosa que podría pasar en las próximas semanas, habida cuenta de la mayoría opositora que existe en esa cámara. Se trata de la cuestión que más preocupación causa en el Gobierno nacional ya que, a diferencia de las leyes, que pueden ser vetadas por el Poder Ejecutivo (y trabajar después para que ese veto no sea rechazado), en el caso de los decretos la decisión del Congreso es irreversible.

De todos modos, Francos aclaró que, tal como lo ve el Gobierno nacional, "por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron", aseguró.

El funcionario criticó con dureza que diputados que antes habían acompañado los proyectos oficiales, como la Ley Bases, ahora se unieran a la oposición para rechazar los decretos. "Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica", cuestionó Francos, apuntando a la contradicción en el Congreso.

En la sesión del miércoles pasado, la sesión logró los votos necesarios para rechazar 5 decretos delegados: 462/25, que modifica organismos técnicos como el INTI y el INTA; 345/25, que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; 351/25 que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete; 340/25 que desregula la Marina Mercante; y el 461/25, que promueve la disolución de Vialidad Nacional.

En el debate sobre los organismos estatales, el jefe de Gabinete remarcó que buena parte de las reformas operadas por el Ejecutivo ya produjeron efecto. Destacó que el Gobierno avanzó con la fusión y reducción de organismos como el INTA y el INTI, y que la estructura y el gasto público resultaban insostenibles. "No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía", señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con 'como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?'.

"Hemos actuado eficientemente y los hemos puesto en vigencia, por lo cual hemos sacado personal y parte de la administración de empresas autárquicas, y concentrado en los ministerios la decisión del gasto", aseveró Francos.

Según Francos, estas reformas permitieron avanzar en el ajuste del gasto estatal. "Si vos tenés un déficit del 15% sobre un producto de seiscientos mil millones, estás teniendo un déficit de noventa mil millones de dólares de déficit público. Eso no lo puede resistir nadie. Nuestro país no lo puede resistir", advirtió, repasando los déficits de los últimos años. Subrayó que, tras la llegada del nuevo gobierno, "pasamos de déficit a superávit, 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en 2025. Eso fue la primera parte de nuestras reformas".

Francos defendió el proceso de simplificación administrativa liderado por Federico Sturzenegger: "Lo que ha hecho es simplificar el funcionamiento de la administración pública, hacerle más fácil al empresario convivir con el Estado y desarrollar su actividad. Y todo eso es lo que va generando el cambio".

Por lo demás, el jefe de Gabinete se refirió a la historia de las delegaciones de facultades entre el Congreso y el Ejecutivo. Sostuvo que "el peronismo y el kirchnerismo abusaron de la facultad constitucional durante todos sus gobiernos", mientras que el actual oficialismo pidió la delegación por un año y cumplió con el plazo sin pedir prórroga. "Hemos hecho lo que pedimos y la facultad que se nos atribuyó por el Congreso. Esos mismos que hoy están rechazando decretos delegados, son los que autorizaron a los gobiernos anteriores a funcionar todo el tiempo con delegación de facultades", disparó.

Horas más tarde, el propio Sturzenegger profundizó sus críticas en declaraciones a Radio Mitre. Calificó la votación como un hecho inédito en el funcionamiento institucional argentino y señaló que, por primera vez en mucho tiempo, la República funcionaba con independencia de poderes. "Tenemos esta cosa ruidosa, con visiones contrastantes, con conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. De eso se trata el republicanismo", sostuvo.

Sobre el efecto económico de la votación, destacó que ni el dólar ni el riesgo país reaccionaron negativamente y lo atribuyó a la confianza del mercado en el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal. "El sistema macroeconómico se mantiene incólume", dijo, y comparó la situación con la Italia de la posguerra, donde la política generaba ruido pero no afectaba la estabilidad macroeconómica.

Sturzenegger mostró en su despacho gráficos con la estructura de Vialidad e INTA para cuestionar la votación en Diputados.

Sturzenegger apuntó en particular contra la estructura de Vialidad Nacional, a la que definió como "el foco central de la corrupción del kirchnerismo" y de gobiernos anteriores. Señaló que de una red vial de 840.000 kilómetros, el organismo mantenía 20.000, con una plantilla de 5.000 empleados y 1.500 cargos jerárquicos. Explicó que el objetivo era transferir la auditoría a una agencia independiente, pasar la planificación a la Secretaría de Transporte y tercerizar el mantenimiento.

El ministro cuestionó que el Congreso votara para "preservar" esa estructura y sostuvo que algunos bloques, como la Coalición Cívica, actuaron de forma "incomprensible" al acompañar el rechazo. También vinculó la resistencia de ciertos sectores con el interés de mantener privilegios y fuentes de financiamiento político.

En la entrevista, extendió sus críticas a otros organismos y programas alcanzados por los decretos, como el Instituto Nacional del Teatro, cuya estructura burocrática, dijo, absorbía el 65 % de los fondos destinados a la actividad teatral. Afirmó que la reforma devolvía recursos directamente a la producción cultural. "Se escudan en causas nobles para armar un curro atrás", señaló.

El ministro advirtió que lo votado implicaba déficit y que eso se traducía en emisión monetaria e inflación. Vinculó el ajuste del gasto con la reducción de la pobreza y resaltó que, según el Gobierno, las jubilaciones habían recuperado entre 15 % y 20 % de poder adquisitivo en el actual mandato.

Consultado sobre la Marina Mercante, explicó que la reforma establecía el "cese de bandera" para permitir la operación de barcos extranjeros con tripulación argentina, bajo leyes laborales externas, lo que, según sostuvo, no fue rechazado por los gremios. Señaló que la oposición provenía de una sola empresa, National Shipping, que se vería obligada a modificar su convenio laboral.

Con radicales, peronistas y socialistas como público en la Comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, los bloques que representan las ideas ultra de la derecha se tiraron duros palos, como antes en la segunda sesión del pleno de la Convención.

Al encuentro lo debió presidir el vicepresidente de la Comisión, el convencional peronista Armando Traferri, de Mas para Santa Fe, porque el presidente Rodrigo Borla prefirió asistir a un acto importante en San Justo. El radical asistió a la licitación de la construcción del primer tramo de 22 km en la ruta entre San Justo-Saladero Cabal, valuada en $ 24 mil millones.

Hubo asistencia casi perfecta en la Comisión y por momentos fueron a escuchar los debates convencionales que no la integran. Entre ellos, el convencional de LLA Javier Meyer, que es intendente de Las Rosas y dejó una diatriba contra “la política” que incluyó acusaciones sobre “cajas de los senadores” y críticas a “la casta” que si bien no alteraron los ánimos de quienes atacó pareció haberlo hecho con un sector bastante más cercano ideológicamente: el de los celestes.

Comenzaba la discusión sobre la idea de “limitar” y de paso incorporar los Decretos de Necesidad y Urgencia a Santa Fe (que ha podido cursar inundaciones “y hasta la pandemia” sin ellos, como dijo el convencional del PJ Rubén Pirola) cuando los libertarios rechazaron que haya DNU en Santa Fe.

“¡Seamos coherentes, en la Nación el presidente Milei gobierna por decretos inconstitucionales que tienen pintado al Congreso y resulta que ahora acá La Libertad Avanza rechaza los DNU!”, bramó desde su banca, el convencional Emiliano Peralta, de Somos Vida y Libertad.

El encuentro fue presidido por el vicepresidente de la Comisión, Armando Traferri. Crédito: Prensa Convención

“Son jurisdicciones y situaciones completamente distintas”, se defendió su par de LLA, Nicolás Mayoráz, que también es diputado nacional de esa fuerza en el gobierno nacional y por Santa Fe.

El diputado provincial celeste les había marcado a los libertarios lo contradictorio de aceptar y hasta felicitar en Buenos Aires lo que aquí no se acepta -ni como proyecto- y aunque coincide en que no es una buena idea que haya unos DNU santafesinos, se ocupó de mostrar la hilacha de los libertarios.

Terció Silvia Malfesi, otra convencional que, como Peralta, fue electa por el bloque de Amalia Granata pero hoy se muestra muy cerca de la gestión del presidente Javier Milei y amparó la posición de Mayoráz: según interpretó está bien dictar los DNU desde la Casa Rosada y no deben existir para la Casa Gris. (En realidad, también Mayoráz fue electo diputado provincial en aquel bloque celeste que tuvo como figura principal a la periodista y conductora de radio y TV, que pronto perdió a sus integrantes, hasta quedar sola.

Silvia Malfesi, diputada provincial y convencional constituyente. Crédito: Prensa Convención

Malfesi primero dijo “¡Vamos a sacarnos la careta!, en la ley para la reforma pusieron ‘limitar los DNU’ dentro de los puntos a tratar” y remató: “lo que quieren es que aquí en Santa Fe el Poder Ejecutivo tenga esas facultades extraordinarias que son propias del Legislativo”.

Hasta ahí iba en concordancia con su par de bloque Peralta (que aclaró que su posición es personal), pero luego opinó en sentido contrario: “para mí, y esto también es personal, lo que ha hecho el presidente con los DNU es correcto, no había otra opción”, afirmó Malfesi.

La justicia federal frenó este martes el DNU 462/25 de Javier Milei que buscaba avanzar contra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Una jueza federal otorgó una medida cautelar solicitada por ATE contra el decreto que limita las funciones del organismo y pone en riesgo más de mil puestos de trabajo en todo el país.

La medida presidencial había dispuesto convertir al INTI en una “unidad organizativa” bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que representa una significativa pérdida de autonomía operativa y presupuestaria.

Además del INTI, el DNU de Milei alcanza a la estructura de cuatro organismos clave en ciencia, tecnología y producción del país: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase).

“Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO , ordenando al Estado Nacional -P.E.N- que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”, firmó la jueza federal de San Martín Martina Isabel Forns.

Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) destacaron el apoyo de distintos bloques de diputados que se manifestaron en contra del decreto 462/25 impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, el cual modifica la estructura de ese organismo.

Jueza federal Martina Isabel Forns.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Giselle Santana, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el INTI sostuvo que “parece bastante posible” que la normativa sea derogada en el Congreso Nacional.

“Por lo que pudimos dialogar con distintos bloques, que vinieron a visitarnos y pudimos tener reuniones, hay mucho apoyo para la derogación del decreto. Nos dijeron que están haciendo todo lo posible para que en la comisión de labor parlamentaria se pueda poner, en una sesión para el 5 de agosto, el tratamiento de los decretos delegados, entre los que está el 462 que es el del INTI”, señaló.

En la misma línea, declaró que “están a la expectativa” y esperan “garantizar la movilización para ese día”, no sólo con los trabajadores del organismo, sino con todos los que pertenecen a dependencias del Estado y que se encuentran “afectados” por decretos similares.

Sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Días atrás, desde el INTI señalaron que uno de los diputados que apoya la derogación es Esteban Paulón (Encuentro Federal) quien confirmó que hay 15 diputados de su bloque que “votarán a favor de abolir el Decreto” y así “preservar la autonomía y autarquía” que tiene INTI desde su fundación.

Otro diputado que confirmó su voto fue el santafesino Mario Barletta que sostiene que el Decreto 462/25 “degrada al INTI y al INTA” junto con otros organismos “claves” para el desarrollo productivo nacional.

El último nombre que, hasta el momento, se sumó fue el actual legislador y ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, Sergio Acevedo, quien manifestó “su total apoyo” y aseguró que “concretará su voto”.

“Seguimos voto a voto para obtener el quorum de 129 bancas ocupadas y allí conseguir la mayoría simple”, concluyeron los trabajadores del INTI.

En el marco del Congreso Educativo Nacional realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la expresidenta Cristina Kirchner advirtió sobre una creciente descomposición institucional y una crisis económica que atraviesa el país.

Durante su discurso, cuestionó la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei, señalando su supuesta intervención en la prohibición que le impuso el gobierno de Donald Trump para ingresar a Estados Unidos.

Kirchner vinculó la sanción impuesta por el gobierno estadounidense con el rechazo de la Cámara de Casación Federal al recurso extraordinario que presentó en la causa Vialidad. "Muy a pedido, este hombre no se la banca solo", afirmó, en referencia al presidente Milei. Asimismo, criticó la decisión del tribunal, al que calificó como "macrista", y denunció que se trata de una estrategia coordinada para perjudicarla.

Cristina Kirchner este sábado al mediodía. Crédito: NA

El Departamento de Estado de EE.UU., a través de Marco Rubio, anunció sanciones contra la exmandataria y su exministro de Planificación, Julio de Vido, por presuntos casos de corrupción, impidiendo su ingreso al país junto con sus familiares, incluidos Florencia y Máximo Kirchner. La decisión generó una rápida reacción de Milei en redes sociales, donde escribió "CHE Cristina... Fin", haciendo referencia al estilo que la expresidenta suele usar en sus publicaciones.

Kirchner arremetió contra el Poder Ejecutivo y se refirió a Milei como "el presidente que no sabe cómo se llama San Martín y lo llamó Juan José". También cuestionó la reciente transferencia de una mina de rodocrosita a la provincia de Catamarca, preguntándose si "vale entregar la dignidad por una mina de rodocrosita".

Finalmente, hizo un llamado a la organización política del pueblo argentino y criticó la "crisis del Poder Judicial", donde, según sus palabras, "tres de los cuatro jueces de la Corte Suprema aceptaron ser designados por decreto y otro juró pese a haber negado que lo haría".

Con su discurso, la expresidenta marcó su regreso a la escena pública como titular del Partido Justicialista, dejando en claro que su crítica al gobierno libertario y a la actual situación del país será un eje central en su accionar político en los próximos meses.

La exmandataria también apuntó contra los legisladores peronistas que apoyaron el DNU que habilita el nuevo acuerdo con el FMI. "Si los diputados peronistas de Catamarca, Misiones, Salta hubieran votado junto al peronismo y otras fuerzas, este cheque en blanco no existiría", sentenció, y agregó que le causaba "dolor" ver esa situación.

Cristina Kirchner este sábado al mediodía. Crédito: NA

Asimismo, criticó al vocero presidencial, Manuel Adorni, por utilizar la "rueda de auxilio" como una metáfora del acuerdo con el FMI. "Horrible metáfora, hermano... usamos la rueda de auxilio cuando pinchaste. Y pincharon. Le pesaron motosierra a Dios y María santísima", ironizó.

El gobierno nacional anunció que firmará un DNU para formalizar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y enviarlo al Congreso para su tratamiento.

La decisión fue informada en la tarde-noche de este jueves mediante un comunicado emitido en redes sociales por la Oficina del Presidente, en línea con lo anticipado por Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Parlamento.

"Tal como se comprometió el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", informó el comunicado oficial.

Según el Gobierno, el acuerdo con el FMI permitirá "una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central". De acuerdo con el comunicado, esto significará "una reducción del total de la deuda pública", lo que contribuiría a mejorar la estabilidad financiera del país.

El oficialismo argumenta que la renegociación del acuerdo con el organismo internacional es clave para "fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias".

El texto será remitido al Congreso para su discusión. El DNU deberá ser refrendado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, por lo que el oficialismo deberá negociar apoyos para garantizar su aprobación.

En su mensaje, el Ejecutivo destacó que "no existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos". En ese sentido, el Gobierno señala que esta decisión busca generar una "política de Estado" en torno a la lucha contra el aumento sostenido de precios.

Desde la Casa Rosada sostienen que el respaldo del Congreso es fundamental. "El Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores", destaca el comunicado.

El Gobierno depositó su confianza en el Parlamento para respaldar la iniciativa. "Convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas", afirmó la Oficina del Presidente.

El texto también remarca la expectativa del Ejecutivo en la responsabilidad de los legisladores: "El Presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico".

Caputo: "El FMI no pide una devaluación"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el FMI no pide una devaluación como parte del programa económico para dar curso al nuevo acuerdo.

Asimismo, reiteró que el programa se cerraría en este primer cuatrimestre debido al trámite legislativo que se necesita y a la burocracia del FMI.

“Va a haber un acuerdo en el primer cuatrimestre. Nos pusimos de acuerdo con el programa económico. El FMI nunca pidió una devaluación”, dijo Caputo al hablar este mediodía en un Foro de Inversiones y Negocios en la provincia de Mendoza.

Caputo reiteró que el programa incluirá fondos frescos para recapitalizar los activos del BCRA y que esto “no implica aumento de la deuda bruta”. “Va al Tesoro y que después le recompra deuda que el BCRA tiene del Tesoro”, explicó.

Asimismo, el organismo aclaró que el pedido de aprobación por parte del Congreso Nacional es una decisión del gobierno argentino por la legislación vigente.

Más allá de que el Gobierno nacional venía anticipando la decisión de suprimir la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la disolución de la Administración General de Puertos para dar origen a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), en el gobierno santafesino mostraron cautela ante la concreción del cambio dispuesta por el DNU número 3 del corriente año.

La nueva Agencia, a cuyo cargo fue designado Iñaki Arreseygor, administrará el puerto de Buenos Aires y de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía) cuya licitación para el mantenimiento está en plena marcha.

El DNU 3/2025 publicado en el Boletín Oficial de este lunes, en primer lugar, ordenó la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

En tanto, el artículo 2° del extenso texto que lleva las firmas de Javier Milei y todo su Gabinete, dispuso "la disolución y posterior liquidación de Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU), continuando vigente su intervención a estos exclusivos efectos".

En el Ministerio de Desarrollo Productivo hay cautela pero no sorpresa y optaron por no emitir una declaración oficial ante la aparición del DNU. "A priori lo que hace el decreto es unificar todo en un solo organismo" dijo un vocero de la cartera ante la consulta de El Litoral para remarcar que la Administración General de Puertos venía muy cuestionada en ámbitos vinculados al negocio portuario.

La expectativa de Santa Fe es que la nueva Agencia sea más eficiente. "Esperamos que se concentre en un perfil más técnico, y que priorice al personal con más experiencia. Si esto permite eliminar burocracia, ser más ágiles y de alguna manera generar posibilidades y competencia para el privado, bienvenido sea", dijo un vocero a El Litoral.

Pero desde la cartera que conduce Gustavo Puccini se remarcó que "Santa Fe entiende que más allá de la Agencia, debe existir un organismo que controle la licitación donde estén representadas las provincias, tanto Santa Fe como las provincias de Región Centro y de la Región Litoral que son atravesadas por la vía navegable".

La referencia del vocero es al proceso en marcha de licitación para concesionar el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal en un modelo que contempla peajes a riesgo empresario y sin aval estatal. La concesión, tendrá una duración inicial de 30 años con posibilidad de extensión por un período similar.

Este corredor es crucial para el comercio exterior argentino y ha demandado, por décadas, mejoras en infraestructura y políticas operativas para garantizar su competitividad y sostenibilidad. Santa Fe puso reparos en los alcances de la licitación porque dejó fuera de un mayor calado al acceso al puerto capitalino.

En los considerandos del DNU 3, el Gobierno explicó que "a lo largo de los últimos años la AGP SAU ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a sus funciones y competencias".

Asimismo, consideró que esas circunstancias "generan un importante costo para el Estado Nacional, atento a que la citada sociedad requiere de aportes del tesoro para solventar su operatoria, a pesar de los ingresos que obtiene a través de los contratos de concesión bajo su órbita".

Por su parte, el siguiente apartado de la normativa ordenó la creación de la Anpyn "como un ente autárquico, con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado".

Dicha Agencia será la única Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación de las leyes vigentes y aplicables en las materias de su competencia, conjuntamente con sus reglamentaciones.

El nuevo ente, asegura el texto oficial, "será la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y a la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal".

Además, establece que la Anpyn "asumirá el rol de Concesionario de la Vía Navegable Troncal hasta tanto se adjudique la licitación pública encomendada por el Decreto Nº 709/24".

El artículo 6°, por su parte, indica que la conducción del flamante ente "estará a cargo de un Director Ejecutivo con rango y jerarquía de Secretario de Estado, quien será secundado por un Subdirector Ejecutivo con rango y jerarquía de Subsecretario, en ambos casos, designados y removidos por el Poder Ejecutivo Nacional.

En relación con esta última medida, el Gobierno dispuso a través de otro decreto, que lleva el número 5/2025, la designación de Iñaki Arreseygor como máximo responsable de Anpyn, a partir del 3 de enero de este año y por un período de ley.

Licitación:La apertura de ofertas para la Vía Navegable Troncal que estaba prevista para el 29 de enero fue postergada ya para el 12 de febrero, a pedido de grupos interesados en participar del proceso.

"En Santa Fe hay respeto a la institución del Presupuesto. Es una de las instituciones fundamentales del Estado. Que el sistema político honre la necesidad de tener un Presupuesto no es un dato menor", subrayó el ministro de Economía, Pablo Olivares, que diferenció esa actitud de lo ocurrido a nivel nacional donde por segundo año consecutivo hubo reconducción de la norma presupuestaria.

En el último día hábil, el Poder Ejecutivo provincial publicó las Leyes 14.385 y 14.386 con la norma presupuestaria y la norma tributaria para el ejercicio que se iniciará el miércoles. El gobierno nacional, en el Boletín Oficial, promulgó la reconducción del Presupuesto 2023 para el ejercicio siguiente. Es en ese marco donde El Litoral consultó al ministro de Economía quien valoró el diálogo institucional santafesino para tener una ley.

En cuanto a la reconducción nacional "nunca es bueno. Una reconducción, en algún momento, puede significar una limitación o una complicación para el Poder Ejecutivo, pero en otros casos puede ser más un cheque en blanco que otra cosa. Reconducción presupuestaria con el uso en sentido amplio de los DNU tenemos la posibilidad de un manejo autocrático del presupuesto" declaró el ministro.

Olivares remarca que "en Santa Fe es un valor tener Presupuesto, que se discuta ese Presupuesto, que se incorpore parte del diálogo. También hay otra cuestión que tiene más que ver con los estilos de gobierno: en este caso un gobierno que dialoga, que llega al momento de formular el Presupuesto teniendo gran parte de lo que va a incorporar en diálogo con el resto del sistema político y con los municipios y comunas. Por eso no es casual que las leyes se traten en tiempo y forma y se aprueben. Se abordan desde el diálogo y no desde la imposición y de la interrupción del diálogo cuando desde la oposición plantean cuestiones que puedan considerarse atendibles".

La Ley de Presupuesto ocupa 256 páginas del Boletín Oficial de este lunes ya que están todos los cuadros de composición y distribución del gasto y el programa de obra pública.

"Son dos leyes muy importantes, necesarias. Es el andamiaje que uno anualmente tiene que tener y que no es una autorización ni son herramientas que tiene un ministerio, sino un Estado para poder tener una orientación hacia dónde ir. Por un lado, cómo percibir sus recursos, y por otro lado, el esquema central de cuáles van a ser los números de la Administración Financiera con las priorizaciones correspondientes y las autorizaciones que toda ley de presupuesto tiene para cómo manejarse con todas las vicisitudes que suceden en el año", señaló Olivares a El Litoral.

Señala el ministro "si bien la mayoría de estas herramientas están en la Ley de Administración Financiera, en cada Ley de Presupuesto se incluyen algunas autorizaciones especiales, inclusive de toma de financiamiento para proyectos de inversión. Todo es importante, sobre todo en economías inflacionarias donde los presupuestos siempre tienen que tener una adecuación muy importante porque año año lamentablemente los valores nominales siempre son demasiado movedizos".

Acota que "el armado del presupuesto provincial arrastra una particularidad que es la incorporación de elementos que provienen de la órbita nacional. La estimación de coparticipación -la mitad de los recursos de la provincia- vienen de ese origen y la proyección de los recursos propios tiene que obedecer a las pautas macrofiscales que provienen del Estado Nacional.

"Con los recursos estimados se obliga a hacer bastante racional a la hora de cómo descomponer el gasto, gasto que no solamente se piensa en términos hacendales, sino que pueda contemplar las necesidades de un plan de gobierno. Hay que articular restricciones que implica una estimación con pauta macrofiscales bastante escuetas con el funcionamiento del Estado y al mismo tiempo un plan de un plan de gobierno", marca.

Fíjase en la suma de $10.467.479.052.000, los gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración Provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social) para el ejercicio 2025, artículo 1.

Estímase en la suma de $10.468.127.256.000, el Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el ejercicio 2025, destinado a atender las erogaciones, artículo 2.

Fijase el número de cargos de la planta de personal, incluyendo los correspondientes a profesionales universitarios de la salud en 147.824 agentes.

Fijase el número de cargos de la planta de personal, correspondiente a Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M., Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado, Empresa Provincial de la Energía y Aguas Santafesinas S.A., en 5.851

La autorización para toma de deuda fue uno de los artículos objetados en la discusión del Presupuesto en la Cámara de Diputados. El ministro justificó la decisión en tener los instrumentos a mano si surgen posibilidades.

"Santa Fe tiene retraso en infraestructura. Santa Fe tiene una ventaja con respecto a otras provincias: es buena ejecutora de proyectos y esto la posicionada muy bien tanto en organismos multilaterales como en los mercados. Creemos que en 2025 se pueden llegar a abrir una ventana para poder tener financiamiento y vislumbramos una competencia muy intensa entre distintas provincias en la búsqueda de ese financiamiento" asegura el ministro.

"A veces en esa competencia la rapidez con la se concreten las operaciones hace esa diferencia. No es lo mismo tener autorizado para poder concretar operaciones de financiamiento, con restricciones en cuanto a las condiciones financieras, y al destino tener esa autorización para luego concretar rápidamente que ir a organismos y después gestionar la autorización" explica Olivares.

El ministro marca que "otro valor que tiene Santa Fe es que cada vez que ha tomado financiamiento lo ha hecho con seriedad y para inversión en infraestructura. El compromiso que tenemos es para invertirlo en infraestructura vial y principalmente infraestructura que necesita el sector empresario para producir".

Aclara que "en el ejercicio que cierra hoy, Santa Fe tomó 50.000 millones de pesos, 50 millones de dólares, no es un endeudamiento de significación, que se va a devolver durante esta misma gestión y está orientado a cuatro rutas fundamentales que aportan a la logística del sector agroexportador.

"Apuntamos a tener autorizaciones ya en la Ley de Presupuesto que nos permitan salir a buscar el financiamiento de una manera rápida. Por un lado autorizaciones para tomar de endeudamiento para obras de infraestructura, otro para la reposición de redes obsoletas en cabeza de la propia Empresa provincial de Energía de redes, obsoletas y otro para municipios y comunas, o sea, para equipamiento de municipios y comunas con lo cual, la finalidad es también explicitadas", finaliza Olivares.

La sesión especial de reforma de la ley de DNU prevista para este martes en la Cámara de Diputados se pospuso para el jueves 21 de la semana próxima ante la imposibilidad de la oposición de reunir el quórum necesario.

En la previa, los operadores de los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que habían solicitado la sesión junto a Unión por la Patria (UxP), se mostraban confiados en reunir quórum, pero la presión que ejerció la Casa Rosada en las últimas hora sobre los gobernadores surtió efecto y desactivó la embestida opositora.

En el temario de la sesión, que fue reprogramada para el jueves 21 de noviembre a las 11, figuraba el tratamiento de la reforma de la ley de DNU para acotar el poder del presidente para gobernar a través de esa vía, además del rechazo el decreto 846 que faculta al Poder Ejecutivo a restructurar deuda sin pasar por el Congreso.

El Gobierno amenazó con retirar el proyecto de Presupuesto como instrumento de presión para quebrar la voluntad de los legisladores que responden a los mandatarios provinciales, negando la posibilidad de modificar la ley de leyes del próximo año.

Los bloques que convocamos a la sesión especial de hoy decidimos postergarla para el jueves 21/11 a las 11 h. Motiva esta decisión que el oficialismo convocó a la comisión para tratar el presupuesto 2025.Veremos si el gobierno tiene voluntad o no de tener ley de presupuesto. pic.twitter.com/74B3ow5cPi

Así lo dio a entender el bloque de UxP, que preside el santafesino Germán Martínez, en un comunicado. "Los bloques que convocamos a la sesión especial de hoy decidimos postergarla para el jueves 21/11 a las 11 h. Motiva esta decisión que el oficialismo convocó a la comisión para tratar el presupuesto 2025. Veremos si el gobierno tiene voluntad o no de tener ley de presupuesto”.

La sesión debía reunir 129 diputados para habilitar el debate. Pero pasadas las 15.30, cuando la pantalla marcaba tan solo 2 diputados presentes y 255 ausentes, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la dio por concluida: "Habiendo fracasado la sesión convocada en los términos del artículo 35 del reglamento, esta presidencia autoriza las expresiones en minoría conforme al artículo 36 del mismo".

No hay quorum, no hay sesión. Los diputados del @proargentina no nos prestamos al circo del kirchnerismo. pic.twitter.com/Zf6Urnje6M

El bloque PRO, tras alguna demora en definirse, mantuvo su alianza parlamentaria con La Libertad Avanza. Decidió no dar quórum para la sesión, tras una reunión de la Mesa Ejecutiva, encabezada por Mauricio Macri.

Cristian Ritondo, titular del bloque PRO en la Cámara baja, celebró la falta de quórum para la sesión especial y adjudicó la victoria a su bloque. "No hay quorum, no hay sesión. Los diputados del @proargentina no nos prestamos al circo del kirchnerismo.", publicó en su cuenta de X.

Tampoco colaboró para reunir el quórum la bancada de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo. Este lunes, el presidente del bloque había informado que tras hablar con los gobernadores de su partido, no aportarían su presencia al debate para no poner en riesgo las negociaciones por el Presupuesto 2025.

La mayoría de @diputadosucr resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir…

"El kirchnerismo simula preocuparse por la institucionalidad, pero están tendiendo una trampa dañina para los argentinos. La reforma de los DNU es necesaria, porque los decretos están reglamentados por una mala ley que impulsó el peronismo allá por 2006", justificó el cordobés De Loredo a través de una extensa publicación en su cuenta de X.

Tres bloques de la oposición dieron un primer paso para establecer un límite a una modalidad de excepción que en numerosas ocasiones se convirtió en regla: el dictado de decretos de necesidad y urgencia, una herramienta para acelerar tiempos en situaciones excepcionales que se terminó utilizando en numerosas ocasiones para obviar el trámite legislativo.

Este miércoles, luego de tres horas de debate, las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación concluyeron el análisis de la ley 26.122 que regula el trámite y la intervención del Congreso sobre los DNU, modalidad que está contemplada en la reforma constitucional de 1994 y regulada por la ley 26.122 de 2006, que fue impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández y utilizada a destajo por varias administraciones.

A grandes rasgos, la ley vigente establece que se necesita el rechazo de las dos cámaras para que un decreto de necesidad y urgencia quede derogado. Así ocurrió en septiembre con el DNU que fijó montos extraordinarios en concepto de gastos reservados para la SIDE y que constituyó un primer revés para el actual gobierno nacional.

El principal cambio que se impulsa ahora es que será suficiente el rechazo de una de las cámaras para que un decreto de estas características se considere derogado.

El objetivo, según expresaron legisladores presentes en la reunión de este miércoles, es poner un freno al "exceso de presidencialismo".

Hubo cuatro dictámenes para modificar aspectos de la norma que fue dictada en el año 2006. El de mayoría reunió 36 firmas de Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre (el bloque escindido de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo).

A este siguieron otros tres de minoría: de Juan Manuel López, de Karina Banfi, con dos firmas cada uno, y de La Libertad Avanza que refrendan 9 legisladores y rechaza la modificación.

El PRO, que en su momento impulsó cambios en al ley, no acompañó ninguno de los proyectos.

Fueron tres reuniones conjuntas de las dos comisiones que se concretaron durante miércoles consecutivos (16, 23 y 30 de octubre) en las que se escuchó a especialistas que argumentaron sobre el alcance de la ley en cuestión y la conveniencia o no de la reforma.

Luego vinieron las exposiciones de las y los diputados que impulsan las reformas, como el caso de Mónica Litza (UxP) quien recordó que al inicio de la gestión, el Presidente envió al Congreso el decreto 70/23 con 366 artículos "donde había muchísimas materias que no tenían que ver con la necesidad y la urgencia, y empezamos a poner el foco en cuáles eran los puntos que deberíamos rever y trabajar para que el espíritu de los constituyentes de 1994 pudieran ser reflejados en una herramienta que tiene que tener una utilización mínima, limitada".

En esa línea, Diego Giuliano (UxP) también apuntó al mega DNU 70/23 y a los decretos que siguieron, como el que se dictó para cambiar el nombre del Centro Cultural Néstor Kirchner por Centro Cultural Palacio Libertad: "El DNU va en una sola rueda cuando en realidad nuestro sistema va con la bicameralidad", definió.

Desde Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, acompaño con su firma el dictamen de mayoría pero aclaró que lo hacía "con disidencias". "La ley no es una buena ley y es inconstitucional, no desde que gobierna Milei sino desde hace mucho tiempo", sostuvo la diputada para quien la estrategia debería ser una reforma total o sustitución por otra norma.

Por el mismo bloque, el socialista Esteban Paulón defendió la división de poderes y de tareas en una República. Y confió en que, si el dictamen llega al recinto, se convierte en ley y el Ejecutivo decide vetarla (como ya anticipó el propio Presidente), "los mismos bloques que gritaban desde sus bancas por la República, la democracia y las instituciones sumarán sus votos para respaldarla".

La posición del oficialismo quedó a cargo de Lisandro Almirón, quien retomó el discurso oficial de la "inseguridad jurídica que están propugnando desde adentro para que al país le vaya mal". Y advirtió: "Si llega el veto, bien merecido veto por hipócritas y por fomentar la inseguridad jurídica".

La última reunión conjunta de las dos comisiones se produjo en una fecha particular: los 41 años de la recuperación de la democracia en la Argentina. Justo en el día en que el presidente Javier Milei señaló a Raúl Alfonsín como "golpista" en medio de una disertación en la ciudad de Córdoba.

El hecho, insólito y grave, no pasó inadvertido en la sala. Fue Karina Banfi (UCR) quien repudió los dichos del mandatario de LLA y dijo no tener dudas de que son propios de "la ignorancia y los prejuicios". "En estos tiempos de la levedad del ser, las trayectorias son banalizadas", sostuvo la legisladora al reinvindicar la figura de Alfonsín como "nuestro héroe de la democracia".

En la misma línea se pronunciaron Silvana Ginocchio (UxP), Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) y Cecilia Moreau (UxP).

Por Emerio Agretti

Los partidos de la oposición apuran el tratamiento de proyectos orientados a modificar las condiciones de vigencia para los Decretos de Necesidad y Urgencia que dicta el Poder Ejecutivo, y que hoy requieren el rechazo de ambas cámaras para quedar sin efecto.

La movida se produce luego de la convulsión política generada por las normas de ese tipo dictadas por el presidente Javier Milei, que en el caso de la asignación de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) culminaron con el inédito caso de que un DNU presidencial fuese rechazado por el Congreso, mientras que en otros no se llegó a ese resultado por la imposibilidad de lograr número suficiente en ambas cámaras para poder hacerlo, como exige la ley.

La regulación de los DNU como facultad del Poder Ejecutivo, pero a la vez condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, fue introducida por la reforma constitucional de 1994 como parte del bloque orientado a la atenuación del presidencialismo. Algunos de los institutos generados en ese marco resultaron eficaces a tal efecto (como el Consejo de la Magistratura), otros inocuos (como la jefatura de Gabinete) y otros terminaron revirtiendo el propósito original por efecto de la regulación legal posterior. Tal es el caso de los DNU, que más allá del mayor uso o abuso que hayan realizado de ellos las sucesivas administraciones, terminó sobredimensionando las atribuciones legislativas del Ejecutivo, como advierten de manera coincidente los especialistas. Esto es así porque, una vez dictados, entran en vigencia automáticamente, y sólo quedan sin efecto si las dos cámaras del Congreso lo rechazan. Si lo hace una sola, o incluso si una de ellas nunca lo trata, el DNU se sigue aplicando aún sin acuerdo parlamentario. Lo cual hace que, en la práctica, sea más fácil para el Presidente de turno poner en vigencia una medida por decreto que hacerlo a través de una ley, que sólo obtendrá sanción si las dos cámaras aprueban el proyecto respectivo. Y, lógicamente, y como también ha quedado desmostrado recientemente, si después el Ejecutivo no la veta.

"El principio general en materia de decretos del Presidente, ya sea los decretos delegados, los decretos de urgencia y la promulgación parcial de leyes parcialmente vetadas, es prohibitivo. Sólo aparece la excepción cuando las circunstancias impidieran el proceso normal de sanción de las leyes. De todas maneras, excluye cuatro materias: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Pero el presidente lo toma como que fuera una facultad regular, como si el presidente fuera electo de una manera independiente del marco jurídico del país. Y no es así", consignó en su momento en constitucionalista Daniel Sabsay a El Litoral.

Por su parte, Roberto Gargarella dejó en claro porque el rechazo del DNU de la Side no registraba ningún antecedente. "Entre otras cosas, porque el kirchnerismo aprobó en el 2006 (presidencia de Néstor Kirchner e impulsado por la entonces senadora Cristina Fernández) una ley que exige que para que el DNU sea derogado, las dos cámaras tienen que derogarlo, con lo cual era una trampita fuerte para decir 'siempre algunas de las dos vamos a controlar desde el gobierno'. Con que se quede calladito el Senado, el DNU se mantiene. El mecanismo ha sido tan tramposo y tan jodido que hace muy difícil que un DNU sea derogado en el Congreso".

"El DNU rige desde que se firma y surte efectos hasta que ambas cámaras lo rechacen expresamente", explica Gustavo Arballo, abogado especialista en Derecho Público y magíster en Magistratura y Derecho Judicial. "Lo que implica que -paradójicamente- un Presidente debería tener dominio de ambas cámaras para una ley, pero le bastaría con tener dominio de una sola para lograr pasar un DNU y confiar en que la cámara que controla se abstenga de rechazarlo", advierte.

Un DNU es una herramienta prevista en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución que le permite al Presidente de la Nación legislar "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios", es decir, que un proyecto de ley sea tratado y aprobado por ambas cámaras.

Sin embargo, el artículo prohíbe su utilización en 4 casos: cuando se trata de normas que regulan materia penal, cuando se trata de un tema tributario, cuando se regula material electoral o cuando se trata del régimen de los partidos políticos.

"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, (el Presidente de la Nación) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el Jefe de Gabinete de Ministros", indica en forma textual el inciso 3 del artículo 99, que fue incorporado a la Constitución en la reforma de 1994.

Según la ley 26.122, sancionada en 2006, cada vez que el Presidente emite un DNU, el Jefe de Gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que funciona desde ese año en el ámbito del Congreso nacional y está compuesta por miembros de las 2 cámaras (8 senadores y 8 diputados).

Luego de que esta comisión emita dictamen, el DNU debe ser tratado por el pleno de las 2 cámaras. Mientras se lleva a cabo este proceso, el decreto está vigente. Además, el Congreso no puede hacer modificaciones a un DNU dictado por el Poder Ejecutivo, sólo puede aceptarlo o rechazarlo

Desde que asumió el Presidente, la oposición presentó 14 proyectos para modificar la ley 26.122, que establece el régimen de tratamiento de los DNU. El primero ingresó el 26 de diciembre en el Senado, pocos días después de que Milei firmara el mega DNU 70/2023.

Luego se sumaron otros proyectos que llevan la firma de diputados y senadores de la UCR, la Coalición Cívica (CC), el bloque Encuentro Federal y el peronismo. Todos apuntan a establecer tiempos razonables para el tratamiento de los DNU en el Congreso y a limitar su uso por parte del Poder Ejecutivo.

Entre ellos, uno del santafesino Roberto Mirabella (PJ), cuyo principal punto indica que en caso de que el DNU sea dictado durante el receso legislativo, su publicación implica automáticamente la convocatoria a sesiones extraordinarias, y no esperar al período ordinario para tratarlo.

Por otro lado, en coincidencia con otros de los proyectos presentados, establece la modificación del artículo 24 de la ley, para que el rechazo del DNU quede efectivo desde el momento en que cualquiera de las dos Cámaras se expida en sentido contrario, y no ambas como ocurre actualmente.

En cualquier caso, la oposición dialoguista quiere sancionar la nueva ley antes del fin del período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, para evitar que el Presidente aproveche el receso legislativo para abusar del uso de los DNU.

En ese proceso trabajan los diputados Juan José López, de la CC, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, y legisladores radicales, quienes buscan articular con Unión por la Patria (UP). Tanto Agost Carreño como López son autores de dos de los proyectos presentados. Ambos coinciden en proponer en sus textos que "el rechazo por alguna de las cámaras del Congreso del decreto que se trate implica su derogación".

Una de las novedades políticas es que el peronismo ahora apoya una estrategia de este tipo, mientras que durante los años en que fue gobierno las bloqueó de manera sistemática. La otra tiene que ver que, frente a la actual reticencia del PRO, uno de los antecedentes en el sentido de producir cambios proviene de un proyecto presentado en 2022 por Silvia Lospennato, para limitar los DNU del entonces presidente Alberto Fernández.

"Consideramos que exigir que las dos cámaras deban coincidir en una resolución de rechazo del decreto en cuestión se distancia de la voluntad del constituyente, el que dejó en claro el carácter excepcional de la atribución conferida al poder administrador", dice en los fundamentos el proyecto de la diputada del PRO.

Por Gonzalo Fracchia

Este viernes en horas de la madrugada se concretó la extensa jornada legislativa en el Senado de la Nación con el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024 que ya estaba vigente y otorgaba un presupuesto con gastos reservados de 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La votación se dio a las 2:25, luego de la aprobación de la Boleta Única Papel (BUP), el gran triunfo del oficialismo, y la actualización y blindaje del presupuesto universitario, el primero de los golpes del jueves.

Respecto a la votación sobre la SIDE, fueron 49 votos negativos contra el DNU, frente a 11 positivos para sostenerlo y dos abstenciones.

Se trata de la primera vez en la historia argentina que ambas cámaras del Congreso votan en contra de un DNU y “vetan” la firma del presidente de la Nación.

En primera instancia, el debate no se ubicaba en la agenda oficial, ya que el gobierno de Javier Milei pretendía realizar una sesión especial secreta con el objetivo de detallar el decreto, pero a su vez quitarlo del temario.

Con 11 votos afirmativos, 49 negativos y 2 abstenciones queda rechazado el DNU que asigna adicionalmente fondos de la administración nacional a la SIDE

Esto daba tiempo a ambos bandos, pero brindaba mayores oportunidades de negociación al oficialismo. Teniendo en cuenta la ausencia ya prevista de tres senadores justicialistas.

El pedido ingresó el martes por la tarde al Senado y fue recibido por la vicepresidente Victoria Villarruel. A pesar de ciertos acuerdos con el bloque radical, finalmente no fue rubricado y aprobado en la agenda por parte de la comisión de Labor Parlamentaria este jueves, logrando los dos tercios necesarios para plasmar la jugada.

En lo que ya representa un mal común en el Congreso y con el aliciente de las horas de labor acumuladas, los legisladores presentaron ciertas complicaciones al momento de manifestar su voto.

Previo a la votación, desde el kirchnerismo se manifestó Oscar Parrilli para solicitarle al Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, que detallara las metodología.

"Los que voten por la afirmativa es por la aprobación del decreto en tratamiento, la negativa por el rechazo del mismo", comentó el senador puntano.

"Lo que está en consideración es el tratamiento del DNU, no una resolución que no fue dictaminada por ninguna comisión. La Cámara debe aprobarlo o rechazarlo. La afirmativa implica la aprobación", aclaró Agustín Giustinian, secretario parlamentario, tras las reiteradas consultas de Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal) y Martín Goerling (PRO).

El formoseño Paoltroni, envuelto previamente en la interna de La Libertad Avanza por la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, redobló apuestas y propuso: “Votemos como está determinado o que levantemos la sesión y que vengan los miembros el jueves de la semana que viene", objetivo inicial del oficialismo.

Guadalupe Tagliaferri (PRO) pidió “no dar más vueltas” y Abdalá aseguró en consecuencia: “no hay que dilatar más este tema". Tras una nueva explicación de Giustinian, se concretó la votación que selló el rechazo.

Decreto 656/2024 by El Litoral

Desde que se cayó la ley de alquileres a nivel nacional, se impuso el nuevo Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que impulsó el nuevo presidente, Javier Milei, que estableció nuevas reglas de juego más “liberales” para establecer los contratos de alquiler.

En este sentido, en Rosario, la mayoría de los contratos se pactan con un plazo de dos años y con actualizaciones de precio que varían entre los tres o cuatro meses, según lo que se firme en el momento de establecer el convenio.

Los datos se obtuvieron de una encuesta, a la que tuvo acceso Mirador Provincial, que realizó el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe sede Rosario (Cocir), en pos de tener un panorama claro y transparente sobre cómo se están llevando a cabo los contratos de alquiler con las nuevas reglas del juego.

En base a lo publicado por Cocir, “el 83 % de las inmobiliarias matriculadas que participaron de la encuesta manifestaron que los nuevos contratos fueron celebrados por 24 meses, mientras que una proporción mucho menor de corredores, el 9%, expresó que en su mayoría los nuevos contratos tienen una duración de 12 meses”.

Con respecto a las renovaciones, “predominan los mismos plazos que en los nuevos contratos, respondiendo el 67% de los matriculados que éstas se hicieron por un plazo de 24 meses y, un poco más del 23% que fueron realizadas por 12 meses”.

En cuanto al plazo de actualización de los contratos, tanto de los nuevos como de las renovaciones hechas en 2024 “poco más del 63% de los matriculados manifestó que fueron pautados de manera cuatrimestral”.

“El 22 % de los corredores expresó que el plazo de actualización fue trimestral, mientras que el 14,5 % restante de manera semestral. Ninguno de los encuestados expresó un plazo de actualización anual”.

En cuanto al índice de actualización, “el 72,5 % de los encuestados manifestó que ha utilizado el Índice de contratos de locación (ICL) en los nuevos contratos de alquiler, el cual publica diariamente el Banco Central de la República Argentina”.

“Poco más de 26 % de los matriculados expresó haber utilizado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), como instrumento de actualización en los nuevos contratos de alquiler”.

La proporción de corredores que manifestó utilizar el Índice de Costo de la Construcción o Coeficiente Casa Propia, fueron muy poco significativos.

“El 28 % de los encuestados expresó tener más casos de los habituales de demora en el pago del alquiler. Apenas el 5,3 % de los matriculados manifestó tener una mayor cantidad de casos de propiedades en alquiler permanente que pasaron a alquiler temporario, mientras que casi el 30 % expresó haber tenido más casos de los habituales en el sentido contrario, es decir de propiedades que estaban en alquiler temporario a pasaron a estar ofrecidas en alquiler permanente”.

La encuesta de Cocir se desarrolló de manera online entre el 10 y el 13 de mayo de 2024. Respondieron la encuesta 433 matriculados pertenecientes a la 2° Circunscripción de la provincia de Santa Fe, teniendo como ciudad de cabecera a Rosario.

Con la firma de su titular Aurelio Cuello Murúa, el Juzgado Federal de Venado Tuerto dictó este jueves 11 una medida cautelar en beneficio de una familia venadense compuesta por un matrimonio (él de 71 años y ella de 58) y una hija con discapacidad (retraso mental grave), de 30 años, quienes presentaron la acción de amparo el 29 de febrero último contra una empresa de medicina prepaga, a fin de que se ordene dejar sin efecto los aumentos realizados en los servicios de salud prestados por ella en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023. Además, apuntaron a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU suscripto por el presidente Javier Milei.

Luego de una investigación de la delicada problemática, Cuello Murúa dispuso que el valor de la cuota del grupo familiar se ajustara en la medida y frecuencia que se ajusten los haberes previsionales, desde el mes de enero y hasta el dictado de la sentencia definitiva. Además, observó en la resolución que la demandada deberá refacturar los períodos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2024, tomando los pagos efectuados por la actora hasta la actualidad por dichos períodos, a cuenta de la suma total.

Para el magistrado, a partir de la vigencia del decreto -se aprobó el 29 de diciembre último-, los aumentos en la cuota de los servicios de salud son “desproporcionados e irrazonables”, debiendo ajustarlos “en la misma medida y con la misma frecuencia que los haberes previsionales” a partir de la vigencia del DNU, y teniendo en cuenta para la refacturación que las subas para pasivos fueron del 0% en enero; 0% en febrero; 27,18% en marzo y 12,70% en abril.

En su reclamo, los demandantes consignaron que la desregulación “llevó a que la cuota de la prepaga se incremente indiscriminada y ostentosamente”, habiendo abonado en diciembre de 2023 la suma de $249.787,63; en enero de 2024, $364.062,54; en febrero, $452.945,52; en marzo, $533.896,25 y en abril, $617.167,54.

Seguidamente, refieren que sus ingresos familiares son exiguos y están constituidos por la jubilación mínima y la pensión por discapacidad de su hija, sumando $229.829,23. Luego, con una actividad comercial complementaria, en algunos meses logran recaudar unos $200.000 más, aunque sólo el alquiler de la vivienda les representa $85.000 mensuales, demostrando la inviabilidad de seguir abonando las cuotas de la prepaga en las condiciones previas a la presentación judicial.

En síntesis, desde la entrada en vigencia del DNU, y por lo tanto desde que las empresas pueden fijar los precios sin intervención de la autoridad de aplicación, la prepaga escaló sus cuotas entre diciembre y abril un 147,08%, con ajustes todos los meses, en tanto que, en el mismo lapso, con dos actualizaciones, los haberes previsionales se incrementaron sólo un 43,36%. 

En este contexto, alegó el juez venadense, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “si bien la actividad de las empresas de medicina prepaga presenta ciertos rasgos mercantiles, dichas entidades adquieren, paralelamente, un compromiso social para con los usuarios, lo cual supone una responsabilidad que trasciende el mero plano negocial”.

Basada en una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que se desempeña en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, la Casa Rosada oficializó este miércoles la decisión de que algunas empresas de salud privada retrotraigan las cuotas a los montos de diciembre y que recalculen su valor ajustándolo por inflación (IPC).

Cabe señalar que son siete las empresas de medicina prepaga y hospitales de comunidad que integran la lista alcanzada por la medida de acuerdo al incremento de sus cuotas por encima de un 160% promedio, en el período comprendido entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.

Como surge de la lectura de ambos pronunciamientos, el planteo que este miércoles divulgó el gobierno nacional reconoce semejanzas conceptuales con la resolución adoptada seis días antes por el juez federal Aurelio Cuello Murúa, que además de ponerle un límite a los aumentos de las cuotas de la prepaga en cuestión, estableció que los futuros ajustes mensuales se adecuen a la suba de los haberes jubilatorios.

Cabe señalar que, en paralelo a la resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia, que alcanza, a través de siete empresas, al 75% de los afiliados a prepagas, la Casa Rosada solicitó ante el Poder Judicial una medida cautelar para frenar la escalada de aumentos, y que en este caso comprende a 18 empresas que aglutinan el 90% de los afiliados a los sistemas de salud privada.

No es la primera vez que Aurelio Cuello Murúa tiene entre manos planteos semejantes, y en anteriores oportunidades los había rechazado, pero esta vez hizo lugar a la medida cautelar porque, más allá de la presunción de legitimidad del DNU vigente, que permite fijar libremente las cuotas de los servicios médicos, interpretó que esa facultad fue ejercida de “modo irrazonable” por la empresa, sobre todo cuando se trata de un jubilado (con haberes mínimos), su esposa monotributista (también de la mínima) y una hija con discapacidad; además de ser inquilinos y acreditar 27 años de afiliación a la prepaga cuestionada.

El juez federal contempló en su decisión “las circunstancias particularísimas que envuelven el presente caso”, tales como una doble vulnerabilidad -jubilación y discapacidad-; la antigüedad en la prepaga demandada, la delicada situación patrimonial familiar y el impacto del aumento de las cuotas en su realidad económica.

“Si bien me he pronunciado en otro sentido en casos con el mismo objeto de los presentes, en el caso de marras, el resultado arribado es en razón de estas circunstancias extraordinarias…”, argumentó el también juez federal subrogante en la ciudad de Santa Fe.

Con respecto a la declaración de inconstitucionalidad de sendos artículos del DNU, consideró Aurelio Cuello Murúa que, encontrándose el mismo bajo la revisión del Poder Legislativo -Cámara de Diputados-, “como es de público conocimiento, goza de validez hasta tanto este órgano dictamine lo contrario, resultando apresurado en esta instancia ordenar la suspensión de los efectos jurídicos del mismo, como lo solicita la actora”, acotando que “el análisis de razonabilidad del DNU 70/23 corresponderá efectuarlo una vez finalizado que estuviere su proceso de control y aprobación legislativa”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra las prepagas y aseguró que “le están declarando la guerra a la clase media”, luego de que las empresas confirmen un nuevo aumento para mayo, acumulando una suba de más del 100% desde que asumió el gobierno de Javier Milei.

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, expresó el funcionario a través de su cuenta de X.

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media.

De esta forma, el Jefe del Palacio de Hacienda volvió a hacer referencia a las empresas de salud privada. El viernes pasado en una entrevista en TN había expuesto que a las prepagas “se les fue la mano con los aumentos”.

Los aumentos en este rubro tienen su origen en la desregulación del sector a partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 desde el 20 de diciembre de 2023 que firmó el presidente Javier Milei y complementaba a la Ley Bases.

La misma derogó los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud facultades para fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”.

No obstante, ya hubo varios fallos judiciales contra el DNU y la liberación de precios pero para casos particulares de la persona que llevó a cabo la demanda.

"Estamos viendo cosas que se pueden hacer. Voy a tener una charla con ellos, por lo menos para entender, me van a tener que explicar, de alguna manera habrá que hacerlos competir o entender que esto es parte de un cambio cultural, y el cambio cultural implica todo. La competencia no es tan fácil como en el comercio, que se abre y compiten. Es una tarea", profundizó.

El enojo de Caputo se fundamenta en que la medicina privada registra este mes su cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Según la empresa, el aumento de abril es entre 16 y 19%. Esta suba se agrega a la de 40% de enero, 27% de febrero y 20% en marzo. Más del 100% desde que arrancó el año.

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados sigue buscando masa crítica con el fin de poder llevar al recinto el debate del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el mega DNU por el cual el Gobierno nacional derogó casi un centenar de leyes y modificó alrededor de otras 300 normas.

En esa línea es que para este martes organizó una Jornada Debate en el anexo del Palacio Legislativo en donde concurrirán especialistas en derecho con el fin de intercambiar opiniones sobre la norma que rige desde hace casi cuatro meses y que, entre otras cosas, eliminó la ley de alquileres.

“Es imprescindible rechazar el inconstitucional y nocivo DNU 70/2023. Por eso, diputadas y diputados de distintos bloques de la Cámara de Diputados mañana recibiremos a constitucionalistas y especialistas del derecho”, escribió el presidente del bloque de UP, Germán Martínez.

Entre los invitados estarán los constitucionalistas Andrés Gil Dominguez, Eduardo Barcesat, Pablo Manili, entre otros. “Va a ser variopinto. La idea es convocar a todos los constitucionalistas a que vengan a exponer. Van a hablar cada uno alrededor de unos 10 minutos y luego se va a abrir a preguntas de los diputados de todos los bloques”, explicó a Infobae uno de los organizadores de UP.

En pocos días más se va a cumplir un mes desde que el Senado de la Nación rechazó el DNU que el Ejecutivo firmó el 20 de diciembre y que se está aplicando desde el 21 de diciembre del año pasado -salvo el capítulo laboral, que se encuentra suspendido por la Justicia-. Y hasta ahora Diputados no logró conseguir el apoyo necesario para avanzar también en un rechazo.

A diferencia de lo que sucedió en el Senado en donde UP pidió en varias oportunidades llevar el tema al recinto y la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, estiró los plazos, en la Cámara Baja aún no se presentó un pedido de sesión especial para llevar el DNU 70/2023 al recinto.

“El reglamento es diferente. En Diputados, juntás 10 firmas y pedís una sesión especial. Se fija día y hora y la presidencia -Martín Menem- no puede hacer nada. El que pide es quien se tiene que cargar de reunir el quórum y esa es la principal razón por la que Martínez aún no hizo el pedido, aún no junta los 129 votos”, explicó una fuente parlamentaria.

En el caso de Diputados, el bloque de Martínez conformado por 99 diputados no parece lograr romper la barrera de los 110 votos que tiene como base para avanzar en el tratamiento del Mega DNU.

El DNU es muy extenso y genera muchas controversias el punto de la reforma laboral es el único que no es de aplicación por una decisión de la Justicia. Ahora, esto podría volver a discutirse ya que el Ejecutivo está definiendo por estas horas el camino a seguir ya que podría ser incluida en la nueva ley ómnibus el mismo articulado que figura en el DNU 70.

Pero mientras el bloque peronista busca sumar voluntades que le permitan ir al recinto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 sigue en vigencia, por eso es que en el Ejecutivo cuando se habla de la Ley Bases no hay tanta ansiedad. “Mucha de las desregulaciones que se buscan en la ley bases está en el DNU que está vigente y que hoy ya parece difícil de dar marcha atrás. ¿Cómo haces con los que cerraron un contrato de alquiler desde diciembre para acá? Hay cosas que no parecen tener una solución tan simple como rechazar el DNU y listo”, explicó un legislador libertario a la hora de analizar el por qué la oposición no logra seguir la línea que se impuso en el Senado.

La morosidad en el pago de las expensas viene aumentando con fuerza en Rosario, según advierten con preocupación desde el Consejo Asesor de la Vivienda local. Es que con la desregulación de los contratos de alquiler, sumado a los aumentos de servicios e impuestos, quienes tienen que alquilar “no están llegando”, señaló a Mirador el referente de la entidad, Ariel D’Orazio.

“Esto provocó que la oferta de alquileres en la ciudad crezca, pero las personas no logran pagar los alquileres, lo que tira la demanda hacia abajo, sumado a las complicaciones para afrontar los costos corrientes”.

En este sentido, “venimos detectando que en el último trimestre el aumento de la morosidad en el pago de las expensas, por ejemplo, aumentó un 30%, aunque estimamos que hay mucho más y que podría incrementarse próximamente ese número en un 40, 50%; Estábamos en un 18% el año pasado. Se incrementó un 50% a esta fecha”.

D´Orazio contó que detectan morosidad “tanto para pagar alquileres como expensas”. Además de los aumentos de luz y agua en nuestra provincia, las expensas también incrementaron notablemente.

“Vemos que hay una morosidad que venía en el alza en el pago de expensas. Estamos en un pico máximo en los últimos años. Se va generando una bola de nieve. Hoy tenemos muchas mediaciones para resolver situaciones de morosidad con intereses muy difíciles de abordar porque vienen muy golpeados".

A partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el nuevo presidente de la Nación en diciembre pasado -apenas asumió-, quedaron sin efecto las leyes 27.551 y la 27.7370, que regían los contratos de alquileres, y a partir de ese momento se firman contratos en los que priman los acuerdos entre partes.

Haciendo un rápido recorrido por el microcentro de la ciudad, se puede vislumbrar que los negocios están vacíos exponiendo el desplome de la demanda en el ámbito comercial local.

“Cuando alguien vuelca una propiedad al mercado locativo, quizás pueda estar un mes sin habitarse. Eso era algo que no estaba sucediendo en los últimos tiempos porque la demanda superaba la oferta en materia habitacional”, añadió D’Orazio.

“Esta supuesta autoregulación del mercado, que nos ofrecen como una panacea, claramente está fracasando y se lleva puesto a ciento de miles de argentinos producto de la especulación del mercado y de la deshumanización que plantea el gobierno al retirar las leyes y dejar a inquilinos e inquilinas mano a mano frente a inmobiliarias o propietarios”.

“Aunque se plantea que ha crecido la oferta de propiedades en alquiler, comparada con diciembre del año pasado, en otro contexto, la demanda ha caído mucho, producto de un desfasaje económico cuando la expectativa de rentabilidad del mercado supera ampliamente las posibilidades de las económicas de quienes alquilan", concluyó.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) aseguran que la oferta de inmuebles en alquiler comenzó a crecer. Mientras que el 17 de octubre de 2023 en la ciudad la oferta disponible de departamentos en alquiler era de 500 propiedades y el 19 de octubre de 481, en el nuevo año -el 3 de enero de 2024- la cifra ascendió a 554 y el 9 de enero a 703 unidades, según datos del portal Propia que agrupa a la oferta de los profesionales matriculados en el colegio y es el resultado de un trabajo que lleva adelante el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Explican que la reactivación tiene que ver con que en la región arriba del 80% de los propietarios tiene entre 1 y 2 propiedades y esto quiere decir que un inmueble desocupado no se puede “aguantar” más de uno o dos meses sin alquilar.

La tendencia del mercado muestras número en crecimiento, pero el panorama todavía es incierto y el final está abierto. Agrupaciones que representa los inquilinos se manifestaron en contra del DNU y realizaron presentaciones para dejar sin efecto el decreto.